Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06844-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06844-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06844-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-06844-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ALBERTO VILLANUEVA MOLINA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO TODA VEZ QUE LA ACTUACIÓN
CUESTIONADA FUE RESUELTA CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE
LA ACCIÓN DE TUTELA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SALA DE DECISIÓN -“C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO1, su SECRETARÍA y la OFICINA DE SERVICIOS
DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LUIS ALBERTO VILLANUEVA MOLINA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante TRIBUNAL.
2
En adelante OFICINA DE SERVICIOS.
2
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artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL, su SECRETARÍA y la OFICINA DE SERVICIOS, al
haber incurrido en una presunta mora judicial, por cuanto al parecer
no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 30 de abril
de 2026, proferido por dicha Corporación, mediante el cual ordenó
remitir a esta última autoridad el medio de control de nulidad
identificado con el número único de radicación 2025-00507-00, para
el correspondiente reparto.
I.2. Hechos
Indicó que presentó demanda de nulidad contra el DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA3 y
su PERSONERÍA, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución núm. 058 del 10 de
noviembre de 20234, la cual le correspondió por reparto al
TRIBUNAL bajo el número único de radicación 2025-00507-00.
Señaló que mediante providencia de 30 de abril de 2026 el
TRIBUNAL declaró su falta de competencia para conocer del asunto,
3
En adelante DISTRITO.
4
“Por medio de la cual se registra la actualización de la plataforma distrital territorial de juventud del
distrito de barranquilla.”
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toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del
CPACA, la competencia radicaba en los juzgados administrativos del
circuito de Barranquilla por tratarse de un acto administrativo
expedido por una autoridad del orden distrital.
Manifestó que en el mencionado auto se ordenó remitir el expediente
a la OFICINA DE SERVICIOS para que efectuara el correspondiente
reparto, sin embargo, han transcurrido más de tres meses desde que
se profirió la referida actuación sin que a la fecha haya sido asignado
a algún Juzgado Administrativo del Circuito de Barranquilla.
I.3. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que el debido proceso comprende el derecho
a que las actuaciones judiciales se surtan sin dilaciones injustificadas.
Además, que la parte demandada tiene el deber de adelantar con
celeridad los trámites administrativos internos como el reparto de los
expedientes, lo cual también está bajo el control constitucional
cuando la demora injustificada impide que un proceso inicie su curso.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] SEGUNDA. ORDENAR a la Secretaría General del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico y/o a la Oficina de Servicios
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de los Juzgados Administrativos del Circuito de Barranquilla que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, efectúen el reparto del expediente radicado 08001-
2333-000-2025-00507-00 al Juzgado Administrativo del Circuito de
Barranquilla que corresponda, e informen de ello al accionante y a
este Despacho.
TERCERA. ORDENAR al Juzgado Administrativo al cual sea repartido
el expediente que, una vez recibido, le imprima el trámite prioritario
y de celeridad que corresponda, evitando en lo sucesivo dilaciones
injustificadas adicionales, en atención al tiempo ya transcurrido desde
la radicación de la demanda.
CUARTA. ORDENAR que se compulsen las copias que resulten
pertinentes ante los organismos de control competentes, en caso de
que se advierta responsabilidad disciplinaria por la demora
injustificada en el trámite del reparto […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECRETARÍA señaló que se adhiere a lo manifestado por
la OFICINA DE SERVICIOS en el escrito de contestación.
I.5.2.- La OFICINA DE SERVICIOS indicó que, contrario a lo
manifestado por el actor, el 15 de mayo de 2026 realizó el reparto
del proceso objeto de tutela, el cual le correspondió al JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA,
actuación de la cual se le remitió copia al abogado del actor al correo
sierraeliecerdejesus@gmail.com.
Finalmente, solicitó que se desestimen las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia por no existir vulneración alguna de los
derechos invocados por el actor.
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I.6. Intervinientes
I.6.1.- El DISTRITO solicitó ser desvinculado de la presente acción
constitucional, por cuanto no ha vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales alegados por el actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el DISTRITO solicitó ser desvinculado de la
acción constitucional de la referencia, por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…)
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
5
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre otros, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el DISTRITO funge como parte demandada dentro
del medio de control objeto de cuestionamiento, le asiste interés
directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia,
razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados
por el TRIBUNAL, su SECRETARÍA y la OFICINA DE SERVICIOS,
por presunta mora judicial, por cuanto al parecer no se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 30 de abril de 2026, que
ordenó remitir a esta última autoridad el medio de control de nulidad
identificado con el número único de radicación 2025-00507-00, para
el correspondiente reparto ante los juzgados administrativos del
Circuito de Barranquilla.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por el
actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro
del medio de control de nulidad cuestionado, toda vez que al parecer
no se ha remitido a la oficina de servicios el expediente de la
referencia.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
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estructural […]”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional8 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
8
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
9
Ibidem.
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incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora10. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”11.
13.5. En la providencia T-230 de 201312, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que, ante casos de
mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
10
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
11
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
12
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se
acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo
que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era
excepcional13.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional14, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad15; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio16.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
13
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
14
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
15
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
16
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
17
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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litigio.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la orden de
remisión del proceso de nulidad identificado con el radicado núm.
2025-00507-00, objeto de controversia, fue elaborada el 14 de mayo
de 2026 por el despacho del magistrado CESAR TORRES ORMAZA,
que lo envió a la OFICINA DE SERVICIOS, la cual lo recibió y el 15
de ese mes y año realizó el respectivo reparto. Además, el
conocimiento del asunto le correspondió al JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA18, tal
como consta en la siguiente acta:
Asimismo, en lo que respecta a la comunicación de dicho reparto, la
Sala encuentra que esta fue realizada a través de correo electrónico
el 15 de mayo de 2026 al JUZGADO y al apoderado del actor, en la
que se les informó que el conocimiento del proceso recaía en dicho
18
En adelante el Juzgado.
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despacho judicial bajo el nuevo número de radicación 2026-00156-
00, como se evidencia a continuación:
Ahora bien, para la Sala se encuentra acreditado que el proceso
identificado con el número único de radicación 2025-00507-00, fue
remitido por el TRIBUNAL a la OFICINA DE SERVICIOS el 14 de
mayo de 2026, repartido al día siguiente y comunicada tal actuación
ese mismo día a las partes interesadas. En consecuencia, para el
momento en que fue presentada la presente acción de tutela, esto
es, el 26 de agosto de este año, la actuación cuya omisión se
cuestionaba ya se había surtido, razón por la cual se denegará el
amparo solicitado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Asimismo, es preciso resaltar que una vez consultado el sistema de
gestión judicial SAMAI, se constató que el medio de control de
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nulidad radicado con el número 2026-00156-00 efectivamente cursa
ante el JUZGADO, el cual, mediante auto de 30 de junio del año en
curso admitió la demanda.
Finalmente, frente a la pretensión tendiente a que se ordene la
compulsa de copias por “presuntas responsabilidades disciplinarias”,
la Sala resalta que la acción de tutela no está instituida para analizar
y resolver tales escenarios y/o conductas, además de que dichas
situaciones deben ser ventiladas por los interesados directamente
ante las autoridades competentes19, razón por la que se rechazará
por improcedente y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
En el mismo sentido se pronunció esta Sección, esto es, en sentencia de 12 de junio de 2026, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, radicado núm. 11001-03-15-000-2026-03877-00.
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Actor: LUIS ALBERTO VILLANUEVA MOLINA
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO: RECHAZAR por improcedente la pretensión tendiente a
ordenar la compulsa de copias por “presuntas responsabilidades
disciplinarias”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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