Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06860-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06860-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06860-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06860-00
Accionante: Gustavo Andrés Bula Medina
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa
Decisión: Negar el amparo porque no se acreditaron los defectos endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Gustavo Andrés Bula Medina, actuando por
conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
Primero Administrativo de Valledupar, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las providencias del 9 de octubre de 2025 y del 5 de marzo de 2026,
proferidas dentro del medio de control de reparación directa con radicado 20001-33-
33-001-2024-00347-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Gustavo Andrés Bula Medina, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, interpuso demanda en contra de la Nación - Ministerio de Justicia
y del Derecho, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Departamento del
Cesar , Municipio de Valledupar, Instituto Carcelario y Penitenciario – “INPEC” y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - “USPEC”, con la finalidad de que
se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el presunto
hacinamiento padecido como PPL2 en las instalaciones de Privación Transitoria de la
Policía de Valledupar desde el 11 de abril de 2022 hasta el 23 de noviembre de ese
mismo año.
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Valledupar que, mediante providencia del 9 de octubre de 2025, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se encontró demostrada la
1 Acción de tutela presentada el 27 de agosto de 2026.
2 Persona privada de la libertad.
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Accionante: Gustavo Andrés Bula Medina
existencia de un daño antijurídico atribuible al Estado, en la medida que no resultaba
suficiente que se mencionaran condiciones de hacinamiento ampliamente conocidas
y que sirvieron de sustento para la declaratoria por parte de la Corte Constitucional,
del estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país, pues ello se refería a
un hecho genérico respecto del cual no se logró probar su incidencia en el asunto en
cuestión.
4. En sede de apelación el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 5
de marzo de 2026 resolvió confirmar la anterior decisión.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
6. Al respecto, señaló que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico por
omisión en la valoración de material, particularmente, hizo referencia a los informes
relacionados con las condiciones de hacinamiento y sus consecuencias que, en su
criterio, permitía inferir la problemática que enfrentaban las personas privadas de la
libertad.
7. De otra parte, indicó que el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-068 de 2023 y de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la providencia del 20 de noviembre de 20203, según
el cual las altas tasas de hacinamiento, dadas las circunstancias particulares de la
reclusión, pueden constituir un daño antijurídico susceptible de reparación y que,
debido a la relación especial de sujeción de las personas privadas de la libertad, los
jueces deben flexibilizar la valoración probatoria y aplicar la carga dinámica de la
prueba.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar el 9 de octubre de 2025, y la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 5 de marzo de 2026, en el proceso
de REPARACIÓN DIRECTA de GUSTAVO ANDRÉS BULA MEDINA, radicado No.
20001-33-33-001-2024-00347-00, así como también las actuaciones posteriores a la
providencia, proferidas por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados. (…)»
2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 28 de agosto
de 2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar y al
Juzgado Primero Administrativo de Valledupar como accionados y a la Nación –
3
Radicado 18001-23-33-000-2013-00216-01
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Accionante: Gustavo Andrés Bula Medina
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Instituto
Penitenciario y Carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, Fiscalía General de la Nación, Departamento del Cesar, Municipio de
Valledupar como terceros interesados en el resultado del proceso.
10. El Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección porque en el trámite del proceso observó el
debido proceso, razón por la que solicitó que se niegue el amparo.
11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Valledupar,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario– INPEC, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación pidieron que se declare
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
12. El municipio de Valledupar solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que
pretende la parte actora con su interposición es reabrir el debate ya zanjado por el
juez natural.
13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20194 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Valledupar,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario– INPEC, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitaron ser
desvinculados del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva,
al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión,
toda vez que analizado el material probatorio se tiene que se les vinculó al trámite,
por cuanto, les asiste interés en el proceso, en tanto, hicieron parte del proceso
ordinario en el que se profirió la decisión que a través del mecanismo constitucional
se pretende infirmar, razón por la que procede la Sala a negar dicha solicitud.
3.3. Problema jurídico
16. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Cesar, al proferir la providencia del 5 de marzo de
2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento de
4 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
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constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 5
de marzo de 2026 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 27 de agosto
de 2026.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y
desconocimiento de precedente.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone contra providencia proferida
dentro del trámite de otra acción de la misma naturaleza.
21. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
22. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.
b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
23. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
5 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
7 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»8.
24. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
25. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18969, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
26. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
27. Respecto del precedente vertical10, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
28. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso11.
29. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación12.
30. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
9 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
12 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.5.1. Análisis de la presunta configuración de los defectos fáctico y
desconocimiento de precedente en el caso concreto
31. La parte actora alega que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por
omisión en la valoración del material probatorio, particularmente, hizo referencia a los
informes relacionados con las condiciones de hacinamiento y sus consecuencias que,
en su criterio, permitía inferir la problemática que enfrentaban las personas privadas
de la libertad.
32. De otra parte, indica que, el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-068 de 2023 y de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la providencia del 20 de noviembre de 2020, según
el cual las altas tasas de hacinamiento, dadas las circunstancias particulares de la
reclusión, pueden constituir un daño antijurídico susceptible de reparación y que,
debido a la relación especial de sujeción de las personas privadas de la libertad, los
jueces deben flexibilizar la valoración probatoria y aplicar la carga dinámica de la
prueba.
33. De conformidad con el material probatorio, se tiene que el Tribunal Administrativo
del Cesar, en la providencia cuestionada consideró:
«(…)
Ahora bien, de la revisión de los elementos de prueba allegados al proceso y de los
argumentos presentados en la demanda es posible concluir que Gustavo Andrés Bula
Medina fue capturado por órdenes de autoridad judicial por la presunta comisión de la
conducta punible de hurto calificado agravado y estuvo recluido en la Estacion de
Policía Valledupar – Permanente Central desde el día 11 de abril hasta el 23 de
noviembre de 2022, hecho que se encuentra demostrado en el Oficio COAGE-ASEPO-
13.0 del 14 de junio de 2024.
De igual manera, se encuentra probado con suficiencia que la Sala Transitoria -
Permanente Central de Valledupar se encuentra en estado de hacinamiento desde
hace varios años y por lo menos hasta la fecha de la presentación de la demanda, lo
anterior tomando como sustento los oficios allegados con la demanda en que fueron
incluidas comunicaciones suscritas por el comandante de la estación, donde pone en
conocimiento de diversas entidades públicas la problemática de hacinamiento y las
dificultades o consecuencias que dicha situación acarrea para los reclusos. Se destaca
que las anotaciones que se realizan en esos oficios fueron hechas de manera general
frente a la situación de la Sala Transitoria sin mencionar de manera particular a
ninguno de los reclusos.
Sobre las condiciones de hacinamiento carcelario en el país, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en varias oportunidades al ejercer control de constitucionalidad
concreto, encontrando una realidad problemática estructural que vulnera y amenaza
sistemáticamente derechos fundamentales de los internos y reclusos del país. En
sentencia SU-122 de 2022, la alta corporación lo expuso así:
(…)
La apelante con las pruebas allegadas al proceso solo logra acreditar la reclusión del
demandante en el mencionado centro de reclusión y el hecho mismo de hacinamiento,
dejando de lado probar los daños y perjuicios concretos fueron causados por esa
razón.
En tal sentido, la ausencia de elementos probatorios concretos respecto de los
perjuicios invocados impide su reconocimiento judicial, así como la procedencia de una
eventual condena indemnizatoria. Si bien es cierto que el hacinamiento carcelario es
una realidad social en los establecimientos penitenciarios y carcelarios en todo el país
de tal manera que la Corte constitucional se ha pronunciado sobre su existencia,
también es cierto que el hacinamiento por sí solo no constituye un daño antijurídico
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autónomo que sea resarcible desde la perspectiva de la responsabilidad
extracontractual, sino que dicha circunstancia es causa eficiente y directa de otros
daños que si bien pueden ser reparados, no fueron probados en este proceso.
La sola demostración de una afectación a un bien jurídicamente protegido no satisface
los requisitos exigidos por la jurisprudencia para configurar un daño antijurídico
indemnizable, pues es indispensable que dicho menoscabo haya generado
consecuencias personales, ciertas y concretas en los derechos o intereses legítimos
de la víctima. Tales efectos deben traducirse en una afectación real y comprobable, ya
sea de índole patrimonial o moral.
En el caso concreto, no se constató la afectación a un bien jurídicamente protegido,
en la medida que la sola circunstancia de reclusión en condiciones de hacinamiento
en un centro carcelario no comporta una lesión a un interés jurídico protegido por la
Constitución y la ley, y más bien responde a una situación de problemática social e
institucional que amenaza algunos derechos fundamentales, pero no por ello generan
una situación de daño antijurídico resarcible.
En este sentido, aun probada la existencia del hacinamiento en el lugar de reclusión
del demandante, con solo enunciar padecimientos presuntamente sufridos por el
demandante, frente las pruebas que fueron arrimas al expediente, no es posible
establecer la existencia de un daño directo y concreto sufrido por este durante su
reclusión, dado que el perjuicio por el cual se pretende un resarcimiento debe provenir
de un daño efectivamente causado que no es susceptible de asumir.
(…)»
34. De las transcripciones la Sala considera que la autoridad judicial no incurrió en un
defecto fáctico, sino corresponde a una discrepancia con el mérito probatorio que le
atribuyó el Tribunal en la decisión que se pretender infirmar.
35. Al respecto, la Sala no advierte la omisión del material probatorio, en la medida
que la autoridad judicial accionada relacionó expresamente los informes aportados
al proceso y, a partir de su valoración integral, tuvo por acreditado que el señor
Gustavo Andrés Bula Medina permaneció recluido en la Estación de Policía de
Valledupar entre el 11 de abril y el 23 de noviembre de 2022, y que dicho centro de
detención presentaba una situación de hacinamiento desde varios años atrás.
36. A partir de lo anterior, concluyó que, si bien los informes acreditaban la
sobreocupación del establecimiento y algunas deficiencias comunes de su
funcionamiento, lo cierto es que no demostraban necesariamente que todas ellas se
hubieran materializado respecto del accionante, con la intensidad afirmada en la
demanda. Máxime cuando describían la situación institucional del centro de
detención de manera general, pero no se referían particularmente al señor Bula
Medina.
37. En efecto, el Tribunal explicó que el hacinamiento se encontraba probado, pero
que los informes generales no permitían establecer una afectación cierta, concreta y
valorable del demandante. Por tal razón, para la Sala, dicha valoración no aparece
irrazonable, caprichosa o contraevidente, pues en la sentencia cuestionada se
explicó el contenido de las pruebas relevantes, las contrastó entre sí y señaló las
razones por las cuales no permitían acreditar el daño ni su imputación a las
autoridades allí demandadas.
38. En ese sentido, para la Sala emerge con claridad que lo que cuestiona el
accionante es el alcance que la autoridad judicial le otorgó a esos documentos, pues,
mientras aquel considera que permitían inferir la existencia del daño antijurídico, el
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Tribunal estimó que demostraban el hacinamiento, pero no la causación de los
perjuicios concretamente reclamados.
39. De modo que, lo que se evidencia es una discrepancia por parte del accionante
respecto a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa, pues, en
efecto lo que se observa es que el Tribunal no ignoró el material probatorio relevante
ni efectuó una valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que
valoró íntegramente los medios probatorios que reposaban en el proceso ordinario.
40. En ese sentido, para la Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como desconocidos.
41. Ahora, tampoco se advierte el desconocimiento de precedente contenido en la
Sentencia SU-068 de 2023 en la que se analizó entre otras la decisión del 20 de
noviembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado que, la parte actora también
alega como desconocida, en la medida que en dicha providencia la decisión
indemnizatoria no se sustentó exclusivamente en el porcentaje de hacinamiento,
puesto que el expediente contenía un informe elaborado por la Personería Municipal
de Florencia, fotografías y testimonios que describían detalladamente que las
internas debían dormir en pasillos, debajo de los camarotes y en espacios próximos
a los residuos y servicios sanitarios; que algunas compartían una misma colchoneta;
y que realizaban en un único espacio sus actividades de alimentación, descanso y
recepción de visitas.
42. De modo que fue a partir de ese conjunto probatorio que el Consejo de Estado
tuvo por acreditadas las condiciones inhumanas de reclusión y la consecuente
afectación de la dignidad e integridad de las internas, lo que la Corte Constitucional
en la aludida sentencia de unificación consideró razonable porque los distintos
medios de convicción eran coincidentes y permitían identificar las condiciones
concretas, comunes y permanentes a las que estuvo expuesto el grupo demandante.
43. Además, la Sentencia SU-068 de 2023 no estableció que todo índice elevado de
hacinamiento constituya, por sí solo, un daño antijurídico indemnizable, pues, por el
contrario, la Corte aclaró expresamente que no fijaba un régimen de responsabilidad
objetiva y que en cada caso deben acreditarse los elementos exigidos por la
Constitución y la ley para declarar la responsabilidad estatal.
44. Ahora, en el proceso promovido por el señor Bula Medina se demostró el
hacinamiento de la Sala Transitoria «Permanente Central», pero los informes
aportados se referían genéricamente a la problemática institucional y no detallaban
suficientemente las condiciones particulares en las que permaneció el demandante
ni acreditaban la existencia del daño que originara los perjuicios materiales e
inmateriales reclamados.
45. Así las cosas, la providencia cuestionada no desconoció una regla jurisprudencial
aplicable al asunto, sino que resolvió el caso de acuerdo con las pruebas
efectivamente recaudadas y distinguió entre la demostración del hacinamiento y la
acreditación del daño antijurídico indemnizable.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06860-00
Accionante: Gustavo Andrés Bula Medina
46. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de defecto alguno,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
47. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez13, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
48. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las solicitudes de desvinculación promovidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Valledupar, Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario– INPEC, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los argumentos esgrimidos en
el presente proveído.
Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Andrés Bula
Medina en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
13
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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