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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06877-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06877-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por la señora Dora Lilia Rodríguez de Vargas por las razones expuestas. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06877-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06877-00
Demandantes: DORA LILIA RODRÍGUEZ DE VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Se declara improcedente por
no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 del Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Dora Lilia Rodríguez de Vargas, por medio de apoderado, promovió esta
acción1 en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección constitucional al adulto
mayor y de acceso a la administración de justicia.

La accionante consideró desconocidas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 25 de junio de esta vigencia, dictada por la corporación
citada que modificó la providencia del 25 de septiembre del 2019, dictada por el
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-016-2017-00035-00/01, promovida contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

1 Samai, índice 2. Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2026.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Dora Lilia Rodríguez de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06877-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia de la señora DORA
LILIA RODRÍGUEZ DE VARGAS.

SEGUNDA. Dejar sin efectos el ordinal segundo de la sentencia proferida el 25 de
junio de 2026 dentro del expediente No. 11001-33-35-016-2017-00035-01,
únicamente en cuanto dispuso que los efectos fiscales del reconocimiento a favor
de la señora DORA LILIA RODRÍGUEZ DE VARGAS operarían a partir de la
ejecutoria de dicha sentencia.

TERCERA. Ordenar al Tribunal accionado proferir una nueva decisión en la que
disponga el pago del retroactivo pensional causado desde el 9 de julio de 2013, o
adopte la medida equivalente que garantice la plena efectividad del derecho ya
reconocido, sin perjuicio del derecho de la entidad de adelantar las acciones de
compensación o repetición a que haya lugar frente a la señora MARÍA MARGARITA
MARTÍNEZ ARÉVALO y demás beneficiarios, por los valores que les fueron
pagados de buena fe durante el mismo periodo.

CUARTA. Subsidiariamente, en caso de no accederse a la pretensión tercera,
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva decisión
debidamente motivada, en la que se ponderen expresamente alternativas menos
lesivas para los derechos fundamentales de la accionante, distintas del diferimiento
total del pago hasta la ejecutoria del fallo.

QUINTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca corregir la
inconsistencia numérica entre los porcentajes 58.79% y 58.97% que figuran en
distintos apartes de la sentencia atacada, unificando el porcentaje reconocido a
favor de la cónyuge supérstite.

SEXTA. Vincular a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR),
para que se haga parte y dé cumplimiento a la orden que eventualmente se emita.

SÉPTIMA. Vincular a la compañera permanente del causante como tercera
interesada, con el fin de asegurar el contradictorio y prevenir eventuales nulidades.

OCTAVA. Conceder medida provisional, si el despacho lo estima necesario, para
evitar que se consolide la pérdida del retroactivo mientras se decide de fondo la
presente acción de tutela.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes supuestos fácticos:

La tutelante puso de presente que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la
sustitución pensional, en su calidad de cónyuge supérstite, derivada de la
asignación de retiro de su esposo, el entonces agente Víctor Manuel Vargas
Martínez.

Indicó que en dicho proceso la controversia se generó por la concurrencia de ella
como cónyuge supérstite y la compañera permanente, así como la fecha de
causación del derecho y el alcance económico de las mesadas dejadas de percibir.

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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Demandante: Dora Lilia Rodríguez de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06877-00

Sostuvo que en primera instancia el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante providencia del 25 de septiembre de 2019, accedió a
las pretensiones, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y condenó a
CASUR a reconocerle y pagarle, en forma indexada y sin prescripción, la sustitución
de la asignación de retiro en un 58.97%, y a la señora María Margarita Martínez
Arévalo en un 41.03%, a partir del 9 de julio de 2013, fecha de causación del
derecho por el fallecimiento del causante.

Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia del 25 de junio de 2026, confirmó en lo sustancial
el reconocimiento del derecho pensional, la proporción entre beneficiarias, la fecha
de causación y la inexistencia de prescripción. No obstante, modificó el alcance
económico de la condena al disponer que los efectos fiscales del reconocimiento se
producirían únicamente a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia, en lugar de ordenar el pago del retroactivo causado desde el 9 de julio de
2013.

1.4. Sustento de la vulneración

Para la parte actora se configuró un defecto sustantivo, porque al diferir los efectos
fiscales hasta el año 2026, el tribunal introdujo una regla no prevista en el Decreto
4433 de 2004, que en el artículo 40 dispone que los beneficiarios de la sustitución
tienen derecho a una pensión mensual equivalente a la totalidad de la asignación
que venía disfrutando el causante, sin condicionar el pago al momento de ejecutoria
de una sentencia posterior.

Específicamente, manifestó que fue por la indebida extensión analógica de la regla
jurisprudencial de «no doble pago», pues el sustento de la autoridad judicial
cuestionada fue la necesidad de evitar un «doble pago» a cargo de CASUR.

Alegó que no ha recibido pago alguno por el periodo entre los años 2013-2026, pues
estos fueron efectuados a personas distintas: la compañera permanente y los hijos
del causante y afirmó que existe una dificultad administrativa y presupuestal de la
entidad demandada derivada de haber pagado, de buena fe, a quien en su momento
consideró beneficiaria, pero que, según lo determinado en el proceso judicial, no lo
era en la proporción reconocida.

Expresó que la autoridad cuestionada desatendió la existencia de alternativas
menos lesivas para sus derechos como el descuento o la compensación de lo
pagado de buena fe a la compañera permanente con cargo al retroactivo debido a
la cónyuge, mecanismo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido en
supuestos de concurrencia o incompatibilidad de prestaciones.

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Reprochó una violación de la Constitución, particularmente de los artículos 2283 y
2294, pues transcurrieron más de seis años en el trámite de la segunda instancia,
lapso que no es atribuible a la conducta procesal de la tutelante y aseguró que
cuanto más tiempo tardó el propio tribunal en resolver el recurso, mayor fue el
periodo de mesadas que la accionante perdió.

Alegó una falta de adopción de una opción que no fuera perjudicial en razón a que
la corporación cuestionada optó por una solución que sacrificó el retroactivo de la
beneficiaria con el derecho reconocido, pese a que existían otras posibilidades,
como ordenar el pago del retroactivo desde el año 2013 y dejar a cargo de la entidad
las compensaciones, descuentos o gestiones de repetición que eventualmente
correspondieran.

Aseguró que esa decisión, la priva al pago de aproximadamente trece años de
mesadas retroactivas, pese a que el derecho fue judicialmente reconocido desde el
año 2013 y que el sustento de dicha corporación se justificó que en la necesidad de
evitar un supuesto doble pago y de proteger el erario, bajo la premisa de que
CASUR efectuaba los pagos a la compañera permanente y a los hijos del causante.

También, resaltó que la sentencia del a quo fue apelada por el apoderado judicial
de los terceros vinculados y por el mandatario judicial de la entidad demandada y
que el recurso fue concedido y admitido, mediante providencias del 7 de febrero del
2020 y del 29 de noviembre del 2022, respectivamente. Además, relató que hasta
el 25 de junio de esta vigencia se resolvió el recurso de alzada, por lo que la dilación
del proceso no le era imputable.

Subrayó que es una persona adulta mayor, que depende de esa sustitución para su
subsistencia, por lo que la mora judicial de más de seis años en la resolución del
recurso de apelación no puede ser trasladada ni traducirse en la pérdida efectiva de
trece años de mesadas pensionales a las que tiene un derecho reconocido.

Adicionalmente, se precisa que una de las pretensiones (número cinco) solicitó
ordenar a la autoridad judicial cuestionada corregir la inconsistencia numérica entre
los porcentajes 58.79% y 58.97% que figuran en distintos apartes de la sentencia
atacada, con la finalidad de que sea unificado el porcentaje reconocido a favor de
la cónyuge supérstite.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 31 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y se vinculó como terceros con interés al juez
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al director general de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR (demandado en el proceso
ordinario), a la señora María Margarita Martínez Arévalo, y a sus hijos: Viviana

3 Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.

Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
4 Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

La ley indicará en que casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

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Marcela Vargas Martínez y Víctor Gabriel Vargas Martínez (litisconsortes
necesarios dentro del proceso ordinario).

Adicionalmente, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte
actora, pues de los hechos que sustentaron esta acción no se advirtió, a priori, una
amenaza inminente a sus derechos fundamentales invocados, toda vez que no se
apreció una duda razonable respecto a la actuación adelantada por la autoridad
judicial cuestionada.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Afirmó que la accionante tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, pruebas,
saneamientos y recursos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
se le respetó el debido proceso, por lo que la tutela no podía convertirse en un
escenario para revisar el fondo de una decisión judicial, porque el resultado fue
adverso a las pretensiones, por lo que solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela y en caso de estudiar de fondo el asunto, negar el amparo solicitado,
al no existir vulneración alguna a los derechos fundamentales.

1.6.2. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Resaltó que el 25 de septiembre de 2019 profirió sentencia, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda y que la parte demandada, así como los
vinculados en el proceso presentaron recurso de apelación dentro del término el
cual fue concedido el 7 de febrero de 2020, previo a la audiencia de conciliación del
inciso 4 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda,
Subsección B dictó providencia el 25 de junio de 2026, mediante la que modificó la
de primera instancia. Aseguró que el proceso fue devuelto para auto de obedézcase
y cúmplase, el cual se expidió el 21 de agosto de 2026 con estado del 24 de agosto
de la misma vigencia.

Señaló que como las pretensiones de la acción no se dirigían contra ese despacho
judicial solicitó la desvinculación de este trámite.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sección Segunda,
Subsección B, la señora María Margarita Martínez Arévalo y sus hijos: Viviana
Marcela Vargas Martínez y Víctor Gabriel Vargas Martínez (litisconsortes
necesarios dentro del proceso ordinario): guardaron silencio en este trámite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

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La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 805 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Cuestión Previa

En el informe rendido por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá se solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, esta petición será denegada por cuanto su vinculación
obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del presente caso.

Esto, debido a que fue la autoridad judicial de primera instancia, en el proceso
dentro del cual se profirió la sentencia a la cual la accionante le atribuye el presunto
quebranto de sus derechos fundamentales, así que su comparecencia resulta
necesaria para garantizar su derecho de defensa y contradicción, por cuanto podría
verse afectada con la decisión que se adopte en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, especial, a la protección
constitucional al adulto mayor y de acceso a la administración de justicia, invocados
por la señora Rodríguez de Vargas, con la sentencia del 25 de junio de esta
vigencia, dictada por la autoridad judicial cuestionada, que modificó la providencia
del 25 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-016-2017-00035-
00/01, promovida contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad, se abordará,
ii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración6

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,

expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,

expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

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2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues
no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe
ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

En el presente caso, la parte actora le atribuye al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital,
especial, a la protección constitucional al adulto mayor y de acceso a la
administración de justicia, con la sentencia del 25 de junio de esta vigencia, dictada
por la autoridad judicial cuestionada, que modificó la providencia del 25 de
septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito

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Sección Segunda, Subsección B
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Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-016-2017-00035-00/01,
promovida contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

En criterio de la accionante la aludida autoridad judicial cuestionada incurrió en
defecto sustantivo, porque al diferir los efectos fiscales hasta el año 2026, el tribunal
introdujo una regla no prevista en el Decreto 4433 de 2004, que en el artículo 40
dispone que los beneficiarios de la sustitución tienen derecho a una pensión
mensual equivalente a la totalidad de la asignación que venía disfrutando el
causante, sin condicionar el pago al momento de ejecutoria de una sentencia
posterior.

Específicamente, manifestó que fue por la indebida extensión analógica de la regla
jurisprudencial de «no doble pago», pues el sustento de la autoridad judicial
cuestionada fue la necesidad de evitar un «doble pago» a cargo de CASUR.

Además, en razón a que el pago ordenado en el proceso judicial, no lo fue en la
proporción reconocida, por lo que el tribunal desatendió la existencia de otras
soluciones que causan menor daño para sus derechos como el descuento o la
compensación de lo pagado de buena fe a la compañera permanente con cargo al
retroactivo debido a la cónyuge, mecanismo que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha admitido en supuestos de concurrencia o incompatibilidad de
prestaciones.

Asimismo, para la tutelante existe una violación de los artículos 228 y 229 de la
Constitución, pues al transcurrir más de seis años en el trámite de la segunda
instancia, mayor fue el periodo de mesadas que perdió y no le pagaron. En esa
medida, para la actora el tribunal pudo adoptar una alternativa menos lesiva en
razón a que la corporación cuestionada optó por una solución que sacrificó el
retroactivo de la beneficiaria con el derecho reconocido, a pesar de que pudo
ordenar la retroactividad del pago desde el año 2013. No obstante, no justificó lo
afirmado en alguna norma o precedente jurisprudencial a pesar de que menciona
que el Consejo de Estado ha adoptado esa solución, por lo que se advierte la
ausencia de carga argumentativa, frente a este reproche.

Ahora bien, según la providencia cuestionada, la señora Rodríguez de Vargas y el
señor Víctor Manuel Vargas Martínez en vida conformaron un vínculo de comunión
familiar permanente e ininterrumpido durante aproximadamente veintitrés años y
con la señora María Margarita Martínez Arévalo también existió una convivencia de
hecho durante aproximadamente dieciséis años, hasta antes del fallecimiento del
causante, por lo que se acreditó la existencia de la unión matrimonial con existencia
de sociedad conyugal no disuelta con separación de hecho, pero con una unión y
solidaridad vigente, en el primer caso, y una de hecho en el segundo, por lo que le
corresponde a las dos la sustitución de la asignación mensual de retiro que
devengaba el causante, en los porcentajes correspondientes.

Frente al momento en que se debían reconocer los porcentajes de la sustitución
pensional, dicha corporación lo explicó en los siguientes términos:
[…]

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06877-00

Finalmente, resulta necesario analizar el momento a partir del cual se debe reconocer
el porcentaje del 58.79% de la sustitución pensional a la señora Dora Lilia Rodríguez
de Vargas y sí éste debe hacerse a partir del fallecimiento del causante como lo
determinó el juzgado en la sentencia apelada. Al respecto, lo primero que debe indicar
la Sala, es que, el reconocimiento de la sustitución pensional a la señora María
Margarita Martínez Arévalo y sus hijos Víctor Gabriel y Viviana Marcela Vargas
Martínez, se efectuó conforme a derecho y verificando en su momento, el
cumplimiento de los requisitos para ello. Por lo que, dicha prestación ha sido pagada
de buena fe por parte de la entidad a la compañera permanente y los hijos menores
(para ese entonces) del causante desde el 09 de julio del 2013, fecha de fallecimiento
de éste.

Aunado a lo anterior, atendiendo igualmente a que, la señora Dora Lilia Rodríguez de
Vargas solicitó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro el 13 de
agosto del 2013 y que, tal solicitud fue negada por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, es claro que, el reconocimiento del 58.79% de la sustitución
pensional a favor de la demandante, en calidad de cónyuge se deber ordenar desde
el 09 de julio del 2013, fecha de fallecimiento del causante. Sin embargo, los efectos
fiscales para el pago de la prestación se ordenan a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, pues, ordenar el pago a partir del deceso implica una doble erogación a
cargo de la entidad demandada, que en cumplimiento del deber legal y bajo estrictos
parámetros legales reconoció y ha venido pagando la sustitución pensional a quienes
creyó deberla en su momento.

En consecuencia, dado que, el causante no disolvió su vínculo conyugal y continuaba
propinando la ayuda económica a su cónyuge y también hizo una vida familiar y de
pareja con su compañera permanente, como lo resolvió el juzgado de instancia, es
procedente reconocer en favor de la señora Dora Lilia Rodríguez de Vargas, como
cónyuge supérstite y de la señora María Margarita Martínez Arévalo, como
compañera permanente, la sustitución de la asignación de retiro en estudio, bajo la
misma distribución de los porcentajes reconocida en la sentencia apelada.

No obstante, se modificará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones, únicamente para precisar que, el 58.79% reconocido a la señora Dora
Lilia Rodríguez de Vargas, se reconoce a partir del 09 de julio del 2013, fecha de
fallecimiento del causante, pero, el pago deberá realizarse a partir de la ejecutoria de
la presente sentencia, con el objeto de no imponerle una doble erogación a la entidad,
por las mesadas pensionales ya reconocidas y pagadas a la señora María Margarita
Martínez Arévalo, como compañera permanente y a Víctor Gabriel y Viviana Marcela
Vargas Martínez, como hijos del causante. Así mismo, la disminución al 41.03%
reconocido a la señora Martínez Arévalo (compañera permanente) y su respectivo
pago en dicho porcentaje opera a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
pues, resulta beneficiaria de buena fe.

Con base en lo anterior, para la sala, los defectos planteados coinciden en una
misma inconformidad que se relaciona con el desacuerdo de la señora Rodríguez
de Vargas por disponerse en la decisión cuestionada que los efectos fiscales del
pago del retroactivo pensional causado se producirían únicamente a partir de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y no desde el 9 de julio de 2013,
fecha de su causación con ocasión del fallecimiento del causante.

En relación con el reproche de violación directa de la Constitución al vulnerar los
artículos 228 y 229 y tardar más de seis años en resolver el recurso de apelación
tampoco se supera el requisito de relevancia constitucional, pues no existe, por
parte del tutelante una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de
sus derechos fundamentales, debido a que solo plantea un desacuerdo con la
decisión del tribunal que modificó la sentencia del 25 de septiembre del 2019.

En esa medida, no existe una argumentación tendiente a demostrar la grave
violación de la Constitución ni de sus derechos fundamentales y solo plantea un

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desacuerdo con la decisión que modificó la sentencia del 25 de septiembre del 2019,
emitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en su lugar, condenar
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, a reconocer y pagar
en forma indexada, la sustitución de la asignación mensual de retiro que en vida
devengaba el señor Víctor Manuel Vargas Martínez.

Además, porque esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, para interpretaciones o valoraciones probatorias
que son propias del juez natural.

Así las cosas, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Ahora bien, para esta sección los cuestionamientos de la tutelante se dirigen a que
se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada, tras no estar de acuerdo con
el análisis realizado, más allá de sugerir alguna discusión que justifique,
razonablemente, una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales
invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo núcleo esencial se definió de la
siguiente manera:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la
defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen
en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear
todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión
favorable”8.

Según lo expuesto, se observa que la intención de la actora es imponer una postura
que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela
e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente esta acción por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la señora Rodríguez
de Vargas no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que
su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en la providencia
objeto de reproche.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, la acción de tutela será declarada improcedente.

2.5.2. En lo concerniente al requisito de subsidiariedad cabe indicar que está

8 Corte Constitucional, Sentencia SU215 de 16 de junio de 2022, expediente T-8.497.337.

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previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución como un presupuesto de
procedencia de la tutela, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

Ahora bien, es importante precisar que el requisito de subsidiariedad, tiene origen
en la pretensión núm. cinco del escrito de tutela, que está relacionada con ordenar
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
corregir la sentencia en relación con la inconsistencia numérica entre los
porcentajes del 58.79% y 58.97% que figuran en distintos apartes para que se
unifique dicho porcentaje reconocido a favor de la cónyuge supérstite, la parte
actora cuenta con la posibilidad de solicitar, en cualquier tiempo, a dicha corporación
la corrección de errores aritméticos, según el artículo 286 del Código General del
Proceso que dispone:

Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que
se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que
la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por
aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva o influyan en ella.

Bajo este contexto, la sala advierte que, frente a la pretensión solicitada, le
corresponde a la parte actora solicitar la corrección de la sentencia o de oficio
deberá corregir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto, el
porcentaje del valor total de la mesada pensional que le corresponde a la señora
Dora Lilia Rodríguez de Vargas.

Ahora bien, en lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es
oportuno indicar que, en el caso particular, no se evidencia alguna de las situaciones
que permitan acceder al amparo de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora de manera urgente y desconocer los instrumentos idóneos y eficaces
que tienen a su alcance para que se ofrezca una solución a la controversia
planteada.

Lo anterior, por cuanto la tutelante no manifestaron ni acreditaron la configuración
de un perjuicio irremediable o una situación de gravedad e inminencia que torne

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urgente e impostergable la actuación del juez constitucional y haga procedente la
solicitud de amparo como mecanismo transitorio.

En este orden de ideas, la sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad, en relación con este cargo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia la acción de tutela presentada por la señora
Dora Lilia Rodríguez de Vargas por las razones expuestas.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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