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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06885-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06885-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación promovidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el presente proveído. Segundo: Negar la acción de tutela presentada por el señor Álvaro Javier Vides Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06885-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06885-00
Accionante: Álvaro Javier Vides Ramírez
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega. No se configuran los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Álvaro Javier Vides Ramírez, actuando por
conducto de apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y del
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso1, ocurrida de acuerdo al accionante, con
ocasión de las providencias del 19 de marzo de 20262 proferida por el ad quem, que
confirmó la sentencia del 30 de octubre de 20253 dictada por el a quo, que negó las
pretensiones de la demanda, dentro del proceso seguido bajo el medio de control de
reparación directa con radicado núm. 20001-33-33-003-2025-00017-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela4 y del expediente, se colige que el señor Álvaro Javier
Vides Ramírez estuvo privado de la libertad en un centro de detención transitoria
administrado por la Policía Nacional en la ciudad de Valledupar entre el 18 de mayo
y el 15 de diciembre de 2022. El actor indicó que posteriormente, mediante derecho
de petición presentado el 31 de enero de 2023, obtuvo un pronunciamiento oficial5
respecto a la capacidad del referido centro de detención.

3. Con fundamento en dicha información, el 29 de noviembre de 2024 presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación,
trámite que concluyó sin acuerdo el 22 de enero de 2025. Acto seguido, el 24 de
enero de 2025 presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación

1
Así como los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 93 y 229 constitucionales.
2
Índice 10 del aplicativo SAMAI, exp. 20001-33-33-003-2025-00017-01. Notificada el 24 de marzo de 2026.
3
Índice 41 del aplicativo SAMAI, exp. 20001-33-33-003-2025-00017-00
4
Presentado el 27 de agosto de 2026.
5
El Departamento de Policía del Cesar contestó el 9 de febrero del mismo año, mediante informe GS-2023 COMAN-ESVAL-
1.10, indicando que las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 70 PPL, revelando un porcentaje de
hacinamiento del 683%.

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Acción De Tutela
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Accionante: Álvaro Javier Vides Ramírez

directa contra distintas autoridades6, en procura de obtener la indemnización de los
perjuicios derivados de las condiciones de reclusión padecidas.

4. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo
de Valledupar, que mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 declaró probadas
varias excepciones presentadas por las demandadas relacionadas con la falta de
acreditación del daño antijurídico y negó las pretensiones de la demanda.

5. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. No obstante, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del
19 de marzo de 2026, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia al concluir
que, aunque estaba acreditada la situación de hacinamiento, no se demostraron
perjuicios individuales, ciertos y concretos susceptibles de reparación patrimonial7.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso8, al considerar que las autoridades judiciales accionadas negaron la
reparación solicitada con desconocimiento de las reglas constitucionales aplicables
al caso.

7. Como primer cargo adujo configurado un defecto fáctico, pues reprochó que,
en su sentir, las providencias cuestionadas omitieron valorar adecuadamente la
abundante documentación oficial que acreditaba el hacinamiento, los problemas de
salubridad, infraestructura y seguridad existentes en la Permanente Central de
Valledupar.

8. Adicionalmente, alegó que las autoridades judiciales accionadas le impusieron
una carga probatoria excesiva e incompatible con la situación de especial sujeción
de las personas privadas de la libertad, pues exigieron la demostración individual del
daño pese a que gran parte de la información relevante se encontraba en poder de
las autoridades estatales demandadas.

9. Igualmente, sostuvo que las sentencias cuestionadas desconocieron el
precedente fijado por la jurisprudencia constitucional en la SU-068 de 20239, según
el cual el hacinamiento puede constituir una afectación a la dignidad humana
susceptible de reparación y obliga a flexibilizar las exigencias probatorias frente a la
población reclusa.

10. También invocó como precedente vinculante la sentencia de tutela proferida

6
El Municipio de Valledupar, el Departamento del Cesar, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC),
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
7
El ad quem reconoció que el actor permaneció recluido en la Permanente Central de Valledupar y que el establecimiento
afrontaba una situación estructural de hacinamiento acreditada mediante los documentos obrantes en el expediente. No
obstante, concluyó que la prueba recaudada únicamente demostraba la existencia del hacinamiento y de una
problemática general del sistema de reclusión transitoria, mas no la ocurrencia de perjuicios personales, ciertos y
concretos sufridos directamente por el demandante. Con fundamento en ello, sostuvo que el hacinamiento por sí solo
no configuraba un daño antijurídico autónomo indemnizable y que la ausencia de demostración de afectaciones
individualizadas impedía acceder a la reparación solicitada, razón por la cual confirmó íntegramente la sentencia apelada.
8
Así como los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 29, 93 y 229 constitucionales.
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU- 068 de 2023 del 16 de marzo de 2023, MP Natalia Ángel Cabo. – En la
providencia la Corte señaló que la especial relación de sujeción de las personas privadas de la libertad justifica una valoración
flexible de los medios de prueba encaminados a demostrar las condiciones de reclusión denunciadas. Ahora bien, en la
acreditación del hacinamiento en ese asunto se fundamentó en la valoración conjunta de testimonios, informes de organismos
de control, registros fotográficos e información objetiva sobre la capacidad y ocupación del establecimiento penitenciario,
elementos que permitieron constatar las condiciones materiales de reclusión alegadas.

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por esta Corporación el 21 de febrero de 202510, que dejó sin efectos una providencia
judicial al considerar insuficiente exigir prueba individual del daño en contextos de
hacinamiento extremo.

11. Con sustento en los principios pro homine, pro actione y pro damnato, afirmó
que las autoridades accionadas privilegiaron criterios formales de valoración
probatoria y omitieron realizar un examen acorde con los estándares constitucionales
de protección reforzada de los derechos de las personas privadas de la libertad.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante
y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 3 Administrativo de Valledupar el 30 de octubre de 2025, y
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 19 de marzo de
2026, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de ÁLVARO JAVIER VIDES
RAMÍREZ, radicado No. 20001-33-33-003-2025-00017-00, así como también las
actuaciones posteriores a la providencia, proferidas por el Juzgado 3 Administrativo
de Valledupar.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.» (Sic
en toda la cita)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto de 28 de
agosto de 2026,11 a través del cual se ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo del Cesar y al Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar.
Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Departamento del
Cesar, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Municipio de
Valledupar, a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a la Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, al Ministerio Público y a todos los demás
vinculados al medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado núm.
20001-33-33-003-2025-00017-00 /01.

14. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de febrero de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-
00349-00, MP Fernando Alexei Pardo Flórez. - La providencia referida trata del caso del señor Aldemar Torres Calderón, quien
junto con su núcleo familiar, instauró una acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la decisión proferida por el Juzgado 58 Administrativo del Circuito
de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negar la indemnización reclamada por las
condiciones de hacinamiento padecidas durante su reclusión. Una vez realizado el análisis correspondiente, la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado advirtió que, en ese caso particular, la autoridad judicial accionada exigió la
acreditación de un daño individual, cierto y concreto, sin valorar adecuadamente los criterios fijados por la jurisprudencia
constitucional y por esta Corporación sobre la incidencia del hacinamiento carcelario en la vulneración de derechos
fundamentales. En particular, el juez constitucional consideró que el ad quem omitió considerar las reglas relativas a la
flexibilización probatoria y a la distribución dinámica de la carga de la prueba en favor de las personas privadas de la libertad.
En ese entendido, el juez de amparo estableció que la providencia cuestionada desconoció el precedente vertical contenido en
la sentencia SU-068 de 2023 de la Corte Constitucional y en la decisión del 20 de noviembre de 2020 de esa misma Sección
de esta Corporación e indicó que dichos precedentes reconocen que las condiciones extremas de hacinamiento pueden
constituir, por sí mismas, una afectación antijurídica a la dignidad humana y que corresponde a las autoridades estatales
desvirtuar las consecuencias derivadas de esa situación cuando el afectado carece de acceso a los medios de prueba
necesarios. En consecuencia, el juez de tutela amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte actora, dejó sin efectos la sentencia proferida el 6 de junio de 2024 por el Tribunal
accionado y ordenó la expedición de un fallo de reemplazo, con estricta observancia de los lineamientos jurisprudenciales
fijados por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado sobre la materia-.
11
Índice 4 del aplicativo SAMAI

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Estado para lo de su competencia y se reconoció personería a la apoderada de la
parte actora.

2.4.1 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC12 solicitó declarar
improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad ya que
sostuvo que el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para
plantear sus inconformidades. Adicionalmente, adujo que no se podían desconocer
ni la cosa juzgada ni la autonomía judicial y sostuvo que la tutela no podía emplearse
como una instancia adicional para replantear asuntos ya decididos dentro del
proceso ordinario.

2.4.2. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC13 expuso
que carecía de competencia para anular o sustituir providencias judiciales y que
ninguna de las pretensiones de la acción de tutela podía ser cumplida por esa
entidad. En consideración a lo anterior propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

2.4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial14 manifestó que es una
entidad de naturaleza administrativa sin injerencia en la adopción de providencias
judiciales por lo que solicitó ser desvinculada de la actuación constitucional.
Adicionalmente, señaló que la solicitud de amparo buscaba reabrir un debate judicial
ya decidido ante dos instancias y que no se advertía una vulneración de derechos
fundamentales atribuible a esa entidad.

2.4.4. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar15 indicó
que ejerce funciones de apoyo administrativo a la función judicial y carece de
facultades para intervenir en las decisiones adoptadas por jueces y magistrados. Por
tal razón, sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva y pidió
expresamente su desvinculación de la presente acción constitucional.

2.4.5. La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional - Secretaría General-
Grupo de Asuntos Legales16 defendió las sentencias cuestionadas y sostuvo que
las mismas reconocieron el hacinamiento, pero concluyeron razonablemente que no
existía prueba suficiente de un daño individual indemnizable. Solicitó negar el
amparo invocado al considerar que no se configuró el defecto fáctico alegado ni se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Aunado a lo anterior reprochó
que el actor pretendía utilizar la acción de tutela como una tercera instancia.

2.4.6. La Policía Metropolitana de Valledupar17 insistió en que comparecía
únicamente como tercero con interés legítimo y no como autoridad accionada, pues
no profirió las providencias cuestionadas ni tiene facultades para modificarlas.
Adicionalmente, sostuvo que la flexibilización probatoria derivada de la SU-068 de
2023 no eliminaba la necesidad de acreditar, siquiera de manera indiciaria, los daños
cuya indemnización reclama el actor.

2.4.7. El Municipio de Valledupar18 adujo que la acción de tutela carecía de

12
Índice 13 del aplicativo SAMAI
13
Índice 17 del aplicativo SAMAI
14
Índice 14 del aplicativo SAMAI
15
Índice 19 del aplicativo SAMAI
16 Índice 23 del aplicativo SAMAI
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Índice 25 del aplicativo SAMAI
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Índice 21 del aplicativo SAMAI

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relevancia constitucional porque pretendía reabrir un debate estrictamente legal
relativo a la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales
accionadas. Con fundamento en la Sentencia SU-128 de 2021, solicitó declarar
improcedente la acción al considerar que la inconformidad del actor recae
exclusivamente sobre el sentido de las providencias judiciales.

2.4.8. El Ministerio de Justicia y del Derecho19 solicitó declarar improcedente la
acción o en subsidio negarla, toda vez que adujo que el actor pretendía desconocer
el criterio del juez natural y extender de manera impropia el debate judicial concluido
en sede de reparación directa, aunado a que no se advertía vulneración ius
fundamental arbitraria, irracional o desproporcionada que ameritara el ejercicio del
control constitucional.

2.4.5. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201920 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De las solicitudes de desvinculación

16. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Valledupar solicitaron ser desvinculadas de la presente acción. No
obstante, no se accederá a su solicitud, en consideración a que fueron vinculados
como terceros con interés y resulta necesario garantizar su derecho de defensa.

3.2.2. De la providencia objeto de análisis

17. Si bien la presente acción de tutela se dirige formalmente contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, la Sala
centrará su análisis en la sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por el ad
quem, que confirmó la providencia del 30 de octubre de 2025 dictada por el a quo,
que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso seguido bajo el medio
de control de reparación directa con radicado núm. 20001-33-33-003-2025-00017-
00/01.

18. Lo anterior, por cuanto se trata de la providencia que definió de manera
definitiva la controversia y puso fin al litigio, razón por la cual constituye la decisión
verdaderamente relevante para efectos del control constitucional que corresponde
adelantar en esta sede.

19
Índice 20 del aplicativo SAMAI
20 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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3.2.2. Del estudio de los defectos alegados

19. Antes de abordar el estudio de los defectos propuestos por el accionante, la
Sala advierte que, aunque el escrito de tutela señala configurados los defecto fáctico
y por desconocimiento de precedente, así como vulnerados los principios pro
homine, pro actione y pro damnato, una lectura integral de la demanda revela que
todos los argumentos convergen sobre un mismo núcleo de reproche constitucional:
la validez de la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales frente
a los efectos jurídicos del hacinamiento carcelario acreditado en el proceso ordinario.

20. En ese entendido, el alegado desconocimiento del precedente no se formuló
respecto de una regla autónoma e independiente, sino como fundamento para
sostener que el Tribunal erró al exigir prueba individualizada del daño y al no aplicar
criterios de flexibilización probatoria derivados de la SU-068 de 2023 y del fallo del
Consejo de Estado de 21 de febrero de 2025. Desde esa perspectiva, el defecto por
desconocimiento de precedente no persigue un fin distinto al defecto fáctico, sino
que pretende demostrar que la apreciación de las pruebas se realizó bajo parámetros
jurídicos equivocados.

21. Por ello, resulta metodológicamente viable estudiar ambos cargos de manera
conjunta, pues la eventual infracción al precedente invocado tendría relevancia
constitucional únicamente en la medida en que hubiera incidido en la valoración de
la prueba y, por consiguiente, en la conclusión relativa a la inexistencia del daño
antijurídico reclamado. En otras palabras, el cargo por desconocimiento de
precedente puede subsumirse dentro del examen más amplio del defecto fáctico,
evitando duplicidad argumentativa y garantizando los principios de economía
procesal y celeridad judicial.

22. Adicionalmente, tal enfoque resulta indispensable al considerar que el
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar
edificaron sus decisiones sobre una misma premisa: que la acreditación del
hacinamiento no relevaba al demandante de demostrar la existencia de un daño
cierto, concreto e individualizable.

23. Por consiguiente, el análisis que eventualmente se adelante deberá
concentrarse en establecer si esa comprensión de la carga probatoria y del concepto
de daño antijurídico resulta compatible con los precedentes invocados por el actor o
si, por el contrario, comporta una valoración constitucionalmente irrazonable de las
pruebas obrantes en el expediente.

3.3. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo del Cesar, con ocasión de la sentencia de 19 de marzo de 2026, que
confirmó la sentencia del 30 de octubre de 2025 dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del
proceso seguido bajo el medio de control de reparación directa con radicado núm.
20001-33-33-003-2025-00017-00/01, incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente, y si con ellos, vulneró el derecho fundamental al

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debido proceso21 del señor Álvaro Javier Vides Ramírez.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,

21
Así como los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 93 y 229 constitucionales.

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que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
efectuado el 27 de agosto de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso
«razonable y proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde
la ejecutoria22 de la providencia judicial cuestionada.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso23,
como consecuencia de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente,
los cuales, se encuentran fundamentados razonablemente.

3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.

29. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional24 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa25, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva26, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

22
En atención al criterio de la Sala, se tiene por satisfecho el requisito de inmediatez, en el entendido de que la sentencia
cuestionada fue notificada por estado el 24 de marzo de 2026 y tiene constancia de ejecutoria del 20 de mayo de la presente
anualidad. En consecuencia, la acción de tutela presentada el 27 de agosto de la presente vigencia fue promovida dentro del
término acogido por esta Corporación.
23
Así como los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 93 y 229 constitucionales.
24
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
25
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
26
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Accionante: Álvaro Javier Vides Ramírez

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»27. Negrillas de la Sala.

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada
por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

33. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189628, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

34. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

35. Respecto del precedente vertical29, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

36. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso30.

37. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación31.

38. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la ley.

27
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
28
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
29
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
30
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
31
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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4. Análisis de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
en el caso concreto

39. La Sala advierte de entrada que la inconformidad del señor Álvaro Javier Vides
Ramírez no recae sobre la existencia misma del hacinamiento, sino sobre las
consecuencias jurídicas que las autoridades judiciales derivaron de dicha
circunstancia. En ese entendido, el debate planteado por el actor en esta sede
constitucional se encaminó a cuestionar la conclusión según la cual, pese a
encontrarse acreditada la situación de sobreocupación del centro de reclusión, no se
demostró la existencia de un daño antijurídico individual, cierto y resarcible.

40. Ahora bien, contrario a lo sostenido por el accionante, la sentencia proferida
el 30 de octubre de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar y
posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 19 de marzo
de esta anualidad, no desconoció ni omitió valorar el material probatorio allegado al
proceso.

41. Por el contrario, efectuó una detallada referencia a los oficios remitidos por el
Departamento de Policía del Cesar, a las respuestas suministradas por diferentes
entidades públicas y a la certificación relacionada con el tiempo de reclusión del
demandante, a partir de los cuales posteriormente el ad quem también tuvo por
demostrada la situación de hacinamiento alegada32.

42. En ese mismo sentido, el Tribunal reconoció de manera expresa que la Sala
Transitoria para la Privación de la Libertad presentaba índices significativos de
sobreocupación y que tal circunstancia se encontraba plenamente acreditada
mediante información oficial. No obstante, estimó que dichos elementos únicamente
permitían demostrar la existencia de una problemática institucional generalizada 33,
mas no la ocurrencia de afectaciones concretas sufridas personalmente por el actor
durante el período en que estuvo recluido.

43. Aunado a lo anterior, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal
Administrativo del Cesar concluyó que el material probatorio aportado no permitía
establecer las lesiones o padecimientos individuales que hubieren afectado
específicamente al señor Álvaro Javier Vides Ramírez34.

44. Bajo ese escenario, la Sala descarta la configuración del defecto fáctico
alegado, pues no se advierte que las autoridades judiciales hayan omitido,
pretermitido o desatendido el estudio del acervo probatorio obrante en el expediente.
Antes bien, las providencias cuestionadas identificaron, incorporaron y valoraron
expresamente los medios de convicción aportados por las partes.

32
Providencia del Tribunal. - «[…] De igual manera, se encuentra probado con suficiencia que la Sala Transitoria
Permanente Central de Valledupar se encuentra en estado de hacinamiento desde hace varios años y por lo menos hasta
la fecha de la presentación de la demanda, lo anterior tomando como sustento los oficios allegados con la demanda en que
fueron incluidas comunicaciones suscritas por el comandante de la estación, donde pone en conocimiento de diversas
entidades públicas la problemática de hacinamiento y las dificultades o consecuencias que dicha situación acarrea para los
reclusos[…]..» Negrillas y subrayas de esta Sala.
33
Ibidem. - «Se destaca que las anotaciones que se realizan en esos oficios fueron hechas de manera general frente a la
situación de la Sala Transitoria sin mencionar de manera particular a ninguno de los reclusos». Negrillas y subrayas de
esta Sala
34
Providencia del Tribunal. - «El apelante con las pruebas allegadas al proceso solo logra acreditar la reclusión del demandante
en el mencionado centro de reclusión y el hecho mismo de hacinamiento, dejando de lado probar los daños y perjuicios
concretos que fueron causados por esa razón”. Negrillas y subrayas de esta Sala.

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45. En consecuencia, las decisiones censuradas tuvieron por acreditada la
existencia del hacinamiento y explicaron las razones por las cuales consideraron
insuficiente la demostración del daño reclamado. De esta manera, la controversia
propuesta por el accionante surge, no de una ausencia de valoración probatoria, sino
de su desacuerdo con la conclusión judicial según la cual los elementos de
convicción recaudados no demostraban la ocurrencia de un daño antijurídico
individual susceptible de reparación patrimonial35.

46. Esta Subsección debe señalar que el defecto fáctico no se configura por el
solo hecho de que una de las partes considere que las pruebas conducían a una
conclusión distinta. Así las cosas, deber recordarse que la intervención del juez
constitucional únicamente resulta procedente cuando la valoración efectuada por el
juez natural aparece desprovista de razonabilidad o se revela manifiestamente
arbitraria, circunstancia que no se presenta en el asunto objeto de estudio.

47. Adicionalmente, tampoco se advierte una valoración ostensiblemente
irrazonable o caprichosa del material probatorio, toda vez que el razonamiento
desarrollado por la autoridad judicial accionada36 consistió en distinguir entre la
acreditación del hacinamiento y la acreditación del daño cuya indemnización se
pretendía obtener. Esa diferenciación constituye una operación jurídica
explícitamente motivada dentro de las providencias cuestionadas y no una actuación
contraevidente o ajena a las pruebas obrantes en el expediente.

48. Descartada la existencia de una valoración probatoria arbitraria o
contraevidente, corresponde examinar el reproche asociado al presunto
desconocimiento del precedente. Sobre el particular, la Sala observa que, como ya
se advirtió, ninguna de las providencias censuradas ignoró ni la existencia del
fenómeno de hacinamiento ni la especial protección constitucional que ampara a las
personas privadas de la libertad. Por el contrario, desarrollaron ampliamente la
jurisprudencia constitucional37 relativa al estado de cosas inconstitucional del
sistema penitenciario y carcelario colombiano.

49. Ahora bien, la Sala debe señalar que la ratio decidendi de la Sentencia SU-
068 de 2023 no puede trasladarse mecánicamente al presente asunto pues, de
hecho, el accionante no desarrolló un ejercicio argumentativo dirigido a demostrar la
identidad fáctica y jurídica entre el caso allí examinado y el que fue objeto del proceso
de reparación directa que ahora cuestiona.

35
Ibidem. - «En tal sentido, la ausencia de elementos probatorios concretos respecto de los perjuicios invocados impide
su reconocimiento judicial, así como la procedencia de una eventual condena indemnizatoria. Si bien es cierto que el
hacinamiento carcelario es una realidad social en los establecimientos penitenciarios y carcelarios en todo el país de tal manera
que la Corte constitucional se ha pronunciado sobre su existencia, también es cierto que el hacinamiento por sí solo no
constituye un daño antijurídico autónomo que sea resarcible desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, sino
que dicha circunstancia es causa eficiente y directa de otros daños que si bien pueden ser reparados, no fueron probados en
este proceso.». Negrillas de esta Sala.
36
Ibidem. - «La sola demostración de una afectación a un bien jurídicamente protegido no satisface los requisitos
exigidos por la jurisprudencia para configurar un daño antijurídico indemnizable, pues es indispensable que dicho
menoscabo haya generado consecuencias personales, ciertas y concretas en los derechos o intereses legítimos de la
víctima. Tales efectos deben traducirse en una afectación real y comprobable, ya sea de índole patrimonial o moral.
En el caso concreto, no se constató la afectación a un bien jurídicamente protegido, en la medida que la sola circunstancia de
reclusión en condiciones de hacinamiento en un centro carcelario no comporta una lesión a un interés jurídico protegido por la
Constitución y la ley, y más bien responde a una situación de problemática social e institucional que amenaza algunos derechos
fundamentales, pero no por ello generan una situación de daño antijurídico resarcible. En este sentido, aun probada la
existencia del hacinamiento en el lugar de reclusión del demandante, con solo enunciar padecimientos presuntamente sufridos
por él, frente las pruebas que fueron arrimas al expediente, no es posible establecer la existencia de un daño directo y concreto
sufrido por este durante su reclusión, dado que el perjuicio por el cual se pretende un resarcimiento debe provenir de un daño
efectivamente causado que no es susceptible de asumir. (...)».
37
Providencia del Tribunal. - «Sobre las condiciones de hacinamiento carcelario en el país, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en varias oportunidades al ejercer control de constitucionalidad concreto, encontrando una realidad problemática
estructural que vulnera y amenaza sistemáticamente derechos fundamentales de los internos y reclusos del país (...)».

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50. Así las cosas, el accionante omitió explicar por qué los elementos probatorios
valorados en aquella oportunidad, integrados por testimonios coincidentes, informes
de organismos de control, registros fotográficos e información objetiva sobre las
condiciones concretas de reclusión, resultaban equiparables al acervo probatorio
obrante en su expediente. En esas condiciones, la sola invocación de la sentencia
de unificación no basta para estructurar un cargo por desconocimiento del
precedente.

51. Aunado a lo expuesto, la propia SU-068 de 2023 precisó que la decisión allí
adoptada no desarrollaba un régimen de responsabilidad objetiva para casos de
hacinamiento carcelario. De igual manera, reiteró que corresponde a quien pretende
el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado acreditar los
elementos exigidos por la Constitución y la ley, esto es, la existencia de un daño
antijurídico, su imputación a la administración y el nexo causal correspondiente38.

52. Asimismo, no resulta procedente afirmar que la autoridad judicial accionada
haya desconocido el precedente contenido en la sentencia de tutela proferida por
esta Corporación el 21 de febrero de 2025. Sobre este aspecto, se observa que el
accionante tampoco efectuó el análisis comparativo necesario para demostrar la
concurrencia de supuestos fácticos y probatorios sustancialmente equivalentes entre
aquel asunto y el presente caso.

53. Por el contrario, se limitó a transcribir apartes de dicha providencia y a alegar
su supuesta aplicabilidad, sin justificar por qué las circunstancias particulares que
condujeron al amparo constitucional allí concedido también concurrían en el proceso
que ahora se examina. En consecuencia, la alegación formulada carece de los
elementos mínimos que permitan concluir que las autoridades judiciales accionadas
estaban obligadas a reproducir la misma solución jurídica.

54. Finalmente, debe recordarse que el control que ejerce el juez de tutela sobre
las providencias judiciales es un juicio de validez constitucional y no una instancia
adicional destinada a corregir o sustituir los criterios interpretativos del juez natural.

55. Por ello, mientras la conclusión alcanzada por la autoridad judicial sea
razonable, motivada y compatible con el ordenamiento jurídico, el desacuerdo de la
parte vencida no habilita la intervención excepcional del juez constitucional.

56. En consecuencia, la Sala concluye que las providencias cuestionadas
valoraron de forma expresa el acervo probatorio obrante en el expediente,
reconocieron la existencia del hacinamiento alegado, motivaron razonadamente las
razones por las cuales consideraron insuficiente la demostración del daño reclamado
y no desconocieron de manera arbitraria los precedentes invocados por el actor. Por
consiguiente, al no configurarse los defectos reprochados por el accionante deviene
inexistente la presunta vulneración ius fundamental alegada.

38
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU- 068 de 2023 del 16 de marzo de 2023, MP Natalia Ángel Cabo. – «180.
Sin embargo, es importante reiterar que en esta decisión la Corte no desarrolla un régimen de responsabilidad objetiva
para casos de hacinamiento carcelario en el país. Por el contrario, le corresponderá a quien pretende el reconocimiento
de responsabilidad patrimonial del Estado probar cada uno de los elementos exigidos por la Constitución y la ley para
obtenerla, esto es: (i) la existencia de un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que el ciudadano no debía soportar;
(ii) una acción u omisión imputable al Estado y; (iii) el nexo de causalidad entre la acción u omisión estatal y el daño
antijurídico.”. Negrillas y subrayas de esta Sala.

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Accionante: Álvaro Javier Vides Ramírez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación promovidas por la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Valledupar, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el presente proveído.

Segundo: Negar la acción de tutela presentada por el señor Álvaro Javier Vides
Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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