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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06892-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06892-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Municipio de Viotá (Cundinamarca), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría 199 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Girardot y la 11 Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00 Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (primera instancia) Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Sergio Augusto Ayala Silva contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06892-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: SERGIO AUGUSTO AYALA SILVA
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE GIRARDOT
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y
a la “eficacia de las acciones constitucionales” / MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS – Sentencia de primera instancia
recurrida en apelación / SUBSIDIARIEDAD – No se acredita porque el recurso de apelación
se encuentra pendiente de decisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela instaurada por Sergio
Augusto Ayala Silva, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 26 de agosto de 2026, la parte accionante promovió acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia y a la “eficacia de las acciones
constitucionales”.

Hechos relevantes

2. El señor Sergio Augusto Ayala Silva presentó demanda de protección de los
derechos e intereses colectivos - acción popular, contra el Municipio de Viotá -
Cundinamarca. Invocó los derechos colectivos a la seguridad pública y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente2.

3. El demandante pidió que se ordenara al municipio evaluar la vulnerabilidad
sísmica de las edificaciones construidas antes del 15 de julio de 2010 que el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 clasifica en el

1
Que ingresó a despacho para fallo el 10 de septiembre de 2026.
2
SAMAI, Expediente 25307-33-33-003-2022-00054-00, Índice 00001. Documento:
1_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf)
NroActua 1.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

grupo III, de atención a la comunidad, y en el grupo IV, indispensables. El proceso
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot, bajo
el radicado 25307-33-33-003-2022-00054-00.

4. El juzgado admitió la demanda mediante auto del 17 de marzo de 20223. El 12
de julio de 2024, previo a fijar fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento,
requirió al municipio para que informara si contaba con proyecto de acuerdo y, de
ser así, allegara el concepto de su comité de conciliación. En esa misma providencia
tuvo por contestada la demanda y reconoció personería al apoderado de la entidad4.

5. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, el juzgado prescindió de la audiencia de
pacto de cumplimiento, porque el municipio no allegó la certificación de su Comité
de Conciliación y Defensa Judicial, y abrió el proceso a pruebas. Tuvo como
documentales las aportadas con la demanda y accedió a la prueba que pidió el
demandante: oficiar al Municipio de Viotá para que allegara los documentos
relacionados en el escrito inicial. El municipio no aportó ni solicitó pruebas, y el
despacho se reservó la facultad de decretarlas de oficio.5

6. Con auto del 11 de diciembre de 2024, el juzgado advirtió que no había sido
posible recaudar la totalidad del material probatorio decretado y requirió al
demandante para que manifestara, dentro de los diez días siguientes, si insistía en
el recaudo de la prueba que él mismo había solicitado. Le advirtió que, de no
pronunciarse dentro de ese término, la prueba se tendría por desistida y el proceso
continuaría su curso6.

7. El juzgado por auto del 14 de febrero de 2025 corrió traslado a las partes por el
término común de cinco días para alegatos de conclusión, conforme al artículo 33
de la Ley 472 de 19987, entre tanto el municipio demandado solicitó la nulidad de lo
actuado a partir de ese traslado8.

8. Por medio de providencia del 17 de junio de 2025, el juzgado rechazó esa
solicitud de nulidad y decretó de oficio la práctica de pruebas. Además, ordenó al
municipio allegar el análisis de microzonificación sísmica, certificar la existencia y la
fecha de construcción de las edificaciones de los grupos III y IV, informar sobre los
estudios de vulnerabilidad estructural y aportar los soportes correspondientes9.

9. La administración municipal respondió de forma parcial sobre la situación
estructural de algunos inmuebles y trasladó el requerimiento a terceros respecto de
las demás edificaciones10.

3
Ibidem.
4
SAMAI, ibidem, índice: 00022.
5
SAMAI, ibidem, índice: 00025.
6
SAMAI, ibidem, índice: 00031.
7
SAMAI, ibidem, índice: 00035.
8
SAMAI, ibidem, índice: 00040 del 21 de febrero de 2025.
9
SAMAI, ibidem, índice 00041.
10
SAMAI, ibidem, índice 00045, 00046 y 00047.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

10. Mediante auto del 29 de mayo de 2026, el juzgado declaró cerrado el debate
probatorio y desistió de la práctica de las pruebas de oficio pendientes11. Fundó esa
decisión en el incumplimiento del deber de colaboración previsto en el numeral 8
del artículo 78 del Código General del Proceso12.

11. El primero (1.º) de junio de 2026, el accionante radicó un memorial en el que se
pronunció frente a ese auto. Insistió en las pruebas que consideraba decisivas, pidió
el impulso de los oficios pendientes y solicitó la vinculación al proceso del
Departamento de Cundinamarca, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, el ICBF y la ESE Hospital San Francisco. Advirtió que un fallo dictado
en esas condiciones sería inhibitorio o parcial13.

12. El 23 de julio de 2026, el juzgado dictó sentencia de primera instancia y accedió
parcialmente a las pretensiones. Concluyó que no estaba acreditado el vínculo
jurídico, la administración ni la responsabilidad del municipio sobre todas las
edificaciones señaladas en la demanda. En cambio, encontró demostrado que el
municipio omitió la evaluación de vulnerabilidad sísmica del Palacio Municipal,
inmueble sobre el que ejerce uso, ocupación, administración y responsabilidad
funcional. Por esa razón declaró la amenaza de los derechos colectivos únicamente
respecto de ese inmueble, ordenó practicar los estudios de vulnerabilidad dentro de
los doce meses siguientes, dispuso la conformación de un comité de verificación
para el seguimiento y se abstuvo de condenar en costas14.

13. En esa misma fecha, el accionante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia. Pidió su revocatoria integral y sostuvo que el juzgado falló sin agotar la
actividad probatoria y sin las respuestas requeridas sobre todas las edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad. Afirmó que persistían pruebas
pendientes sobre la identificación de los inmuebles, su titularidad, su administración,
su fecha de construcción y la existencia de estudios de vulnerabilidad sísmica15.

14. Mediante auto del 3 de septiembre de 2026, el juzgado concedió el recurso en
el efecto suspensivo y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca16.

Pretensiones

15. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“Primero: Se reconozcan la violación y se protejan mis derechos
fundamentales tal como está consagrado en la constitución, en su artículo

11
SAMAI, ibidem, índice 00048.
12
ARTÍCULO 78. “Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus
apoderados: … 8. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias.”
13
SAMAI, ibidem, índice 00051. Solicitó: “(i) exigir al municipio una respuesta de fondo sobre las
edificaciones indispensables, y (ii) vincular al contradictorio al Departamento de Cundinamarca, la
Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, ICBF y la ESE Hospital San Francisco, advirtiendo que,
según él, omitir estas vinculaciones comprometería la eficacia de la sentencia y derivaría en un fallo
inhibitorio.”
14
SAMAI, ibidem, índice 00053.
15
SAMAI, ibidem, índice 00055.
16
SAMAI, ibidem, índice 00058.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

29, “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”, del proceso que curso acción popular.

Segundo: Dejar sin valor ni efecto la sentencia de primera instancia
proferida el 23 de julio de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Girardot dentro del proceso con radicado
25307333300320220005400.

Tercero: ORDENAR al Juzgado accionado que, en un término prudencial,
reabra la etapa probatoria para recaudar de manera integral las pruebas de
oficio pendientes de conformidad con las edificaciones indispensables y de
atención a la comunidad del municipio de Viotá, Cundinamarca.

Cuarto: Ordene la integración adecuada del contradictorio con las entidades
responsables de las edificaciones indispensables y de atención a la
comunidad del municipio de Viotá Cundinamarca, posteriormente, profiera
una nueva sentencia que resuelva de manera íntegra y de fondo la acción
popular.”

Fundamentos de la demanda de tutela

16. El accionante le atribuye a la sentencia del 23 de julio de 2026 un defecto
procedimental absoluto. Sostiene que el juzgado actuó al margen del procedimiento
establecido, porque profirió el fallo sin recaudar en su integridad el material
probatorio que había decretado de oficio, pretermitió etapas procesales esenciales
y omitió la integración del contradictorio con los responsables de las edificaciones
indispensables.

17. También le atribuye un defecto fáctico. Afirma que la decisión careció de un
apoyo probatorio integral, porque limitó el análisis al Palacio Municipal e ignoró las
pruebas relativas al hospital, al cuerpo de bomberos, a la estación de policía y a las
sedes educativas.

Trámite procesal

18. Mediante auto del 28 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Girardot y vinculó al Municipio de Viotá (Cundinamarca), a la Defensoría del Pueblo,
al defensor del pueblo regional de Cundinamarca, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos radicado núm.
25307-33-33-003-2022-00054-00. Asimismo solicitó copia del expediente objeto de
cuestionamiento, entre otras decisiones.

Intervenciones

19. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot remitió el
enlace de acceso al expediente y solicitó que se niegue el amparo. Sostuvo que
adelantó las actuaciones procesales con apego al ordenamiento jurídico y que cerró
el debate probatorio de oficio ante la imposibilidad de recaudar la totalidad de las
pruebas y el incumplimiento del deber previsto en el numeral 8 del artículo 78 del
Código General del Proceso. Precisó que resolvió en la sentencia del 23 de julio de

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

2026 la solicitud de recaudo probatorio adicional y de vinculación de terceros, y que
concedió el recurso de apelación del accionante mediante auto del 3 de septiembre
de 202617.

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera,
Subsección A) manifestó que la conducta censurada no proviene de su despacho.
Explicó que, tras la revisión del sistema SAMAI, constató que el proceso popular a
su cargo corresponde al radicado 25307-33-30-022-2022-00054-01, que involucra
al mismo accionante, pero se refiere a un litigio y a un municipio distintos, el de
Guataquí. Por esa razón pidió desestimar la pretensión de amparo frente a esa
corporación judicial18.

21. El Municipio de Viotá (Cundinamarca) solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que la tutela
cuestiona exclusivamente una decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Girardot y que el ente territorial carece de competencia para modificar,
revocar o dejar sin efectos providencias judiciales. Añadió que no incumplió las
órdenes de la sentencia, porque el plazo de doce meses concedido para la
evaluación de vulnerabilidad sísmica del Palacio Municipal sigue vigente19.

22. La Procuraduría 199 Judicial I para la Conciliación Administrativa de
Girardot, a través del procurador Juan Carlos Rojas Cortés, solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva, al señalar que las pretensiones del amparo se dirigen exclusivamente
contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y que su
intervención en la acción popular se limitó al ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales de defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los
derechos colectivos. Indicó que dentro del proceso de acción popular rindió
concepto favorable al amparo de los derechos colectivos invocados, al considerar
acreditado que el Municipio de Viotá incumplió obligaciones relacionadas con la
evaluación y mitigación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones indispensables
para la comunidad, criterio que fue parcialmente acogido en la sentencia del 23 de
julio de 2026. Asimismo, destacó que dicha providencia no se encuentra
ejecutoriada debido a que el propio accionante interpuso recurso de apelación,
actualmente pendiente de resolución, y que los argumentos expuestos en la tutela
coinciden con los planteados en ese recurso, razón por la cual afirmó que sus
actuaciones no han vulnerado derecho fundamental alguno y reiteró la solicitud de
desvinculación de la entidad y de la agencia del Ministerio Público.20

23. La Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no tiene conocimiento ni participación en los hechos
relacionados con el trámite de la acción popular promovida por el accionante contra
el Municipio de Viotá, y verificó que no existe registro de solicitudes o intervenciones
de esa entidad respecto del asunto objeto del proceso. Asimismo, indicó que la

17
SAMAI, ibidem, índice: 00014.
18
SAMAI, ibidem, índice: 00013.
19
SAMAI, ibidem, índice: 00015.
20
SAMAI, ibidem, índice: 00019.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

controversia judicial aún cuenta con un mecanismo ordinario de defensa en curso,
pues la sentencia de la acción popular fue apelada y dicho recurso se encuentra
pendiente de decisión, por lo que estimó que la tutela resulta improcedente al
desconocer su carácter subsidiario y residual. En consecuencia, pidió su
desvinculación del trámite constitucional y precisó que la vigilancia del cumplimiento
de las decisiones judiciales corresponde constitucionalmente a la Procuraduría
General de la Nación.21

24. Pese a estar debidamente notificados, las demás partes guardaron silencio22.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. El accionante persigue la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, que estima
vulnerados por la sentencia del 23 de julio de 2026. Con ese propósito pide que se
deje sin efectos esa providencia, que se reabra la etapa probatoria para recaudar
las pruebas de oficio pendientes y que se integre el contradictorio con los
responsables de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad.

27. Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar: ¿la presente acción de tutela
cumple el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, cuando el accionante
interpuso recurso de apelación contra la sentencia que cuestiona y ese recurso se
encuentra pendiente de decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

28. De ser afirmativa la respuesta, la Sala resolverá: ¿el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Girardot incurrió en un defecto procedimental
absoluto y en un defecto fáctico al declarar cerrado el debate probatorio y proferir la
sentencia del 23 de julio de 2026, en lugar de recaudar los medios de convicción
que él mismo había decretado de oficio y de integrar el contradictorio con los
responsables de las demás edificaciones, lo que, en criterio del actor, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia del accionante?

29. Para responder esos interrogantes, la Subsección analizará: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional del amparo; y (iii) el caso concreto, que comprende la
legitimación en la causa y el examen del requisito de subsidiariedad.

21
SAMAI, ibidem, índice: 00021.
22
SAMAI, ibidem, índice: 00008.

6

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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

30. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200523, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

31. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar24: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela25, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional26 o el Consejo de Estado27,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP28; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable29 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.

Del principio de subsidiariedad

32. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.º del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

23
Corte Constitucional C-590 de 2005.
24
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
25
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
27
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
29
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

33. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante30.

34. Por ejemplo, en la Sentencia T-196 de 2019, la Corte Constitucional declaró
improcedente una acción de tutela al advertir que la controversia planteada podía
ser resuelta eficazmente dentro de una acción popular ya iniciada, cuya sentencia
de primera instancia se encontraba pendiente de apelación ante el Consejo de
Estado; precisó que la existencia de ese trámite en segunda instancia reforzaba el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues el juez popular contaba con
competencia y facultades suficientes para resolver la problemática sustancialmente
coincidente sometida al juez constitucional.

35. Asimismo, en la sentencia del 3 de junio de 2021, la Sección Primera del
Consejo de Estado examinó un caso en el que las últimas actuaciones del proceso
popular habían sido el cierre del periodo probatorio y el traslado para alegatos de
conclusión. Concluyó que el amparo no superaba el requisito de subsidiariedad,
porque los actores conservaban los recursos ordinarios frente a la decisión de
fondo, y que tampoco se acreditaba un perjuicio irremediable que habilitara la
procedencia transitoria. Por esa razón revocó el fallo impugnado y declaró
improcedente el amparo31.

Caso concreto

36. Sergio Augusto Ayala Silva está legitimado en la causa por activa. Promovió la
acción popular 25307-33-33-003-2022-00054-00 y es él quien soporta los efectos
de la sentencia que ahora cuestiona. Los derechos al debido proceso y a la defensa
que invoca los reclama en su condición de demandante de ese proceso.

37. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot está legitimado
en la causa por pasiva, porque profirió la providencia a la que se atribuye la
vulneración.

38. El Municipio de Viotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Procuraduría 199 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Girardot y la
Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca solicitaron su desvinculación,
argumentan que ninguno dictó la providencia cuestionada. La Sala negará esas
peticiones. El municipio es la parte demandada en la acción popular y el Tribunal es
la autoridad de segunda instancia que conocerá del recurso de apelación contra la

30
Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-355 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
31
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado 25000-23-15-
000-2021-00355-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Girardot. Respecto del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son partes
intervinientes en el proceso ordinario, de manera que la decisión que aquí se adopte
puede incidir en sus intereses. Todos conservan su condición de terceros con
interés en las resultas del proceso.

39. Resuelto lo anterior, la Subsección considera que no hay lugar a un estudio de
fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple el requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad.

40. En el caso objeto de estudio, el accionante solicita que se deje sin efectos la
sentencia del 23 de julio de 2026, que se reabra la etapa probatoria para recaudar
de manera integral las pruebas de oficio pendientes y que se integre el contradictorio
con las entidades responsables de las edificaciones indispensables y de atención a
la comunidad.

41. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que, en el curso de la acción popular radicada bajo el núm. 25307-33-33-
003-2022-00054-00, se surtieron las siguientes actuaciones relevantes:

42. (i) El juzgado prescindió de la audiencia de pacto de cumplimiento mediante el
auto del 9 de agosto de 2024 y, en esa misma providencia, abrió el proceso a
pruebas y decretó la que había pedido el demandante. (ii) mediante auto del 11 de
diciembre de 2024, el juzgado requirió al demandante para que manifestara si
insistía en el recaudo de esa prueba, bajo la advertencia de tenerla por desistida.
En el expediente no obra constancia de que el demandante se hubiera pronunciado
dentro del término concedido. (iii) Mediante auto del 14 de febrero de 2025, el
juzgado corrió traslado para alegatos de conclusión. El 21 de febrero siguiente, el
demandando pidió la nulidad de lo actuado a partir de ese traslado y el juzgado
rechazó esa petición en el auto del 17 de junio de 2025, en el que además decretó
pruebas de oficio. (iv) Mediante auto del 29 de mayo de 2026, el juzgado declaró
cerrado el debate probatorio y desistió de la práctica de las pruebas de oficio
pendientes. (v) el 23 de julio de 2026, el juzgado profirió la sentencia de primera
instancia y ese mismo día el accionante interpuso recurso de apelación en su contra.
(vi) el juzgado concedió el recurso de apelación y por secretaría solicitó remitir el
expediente al superior.

43. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado. El accionante dispone de un medio
de defensa idóneo y eficaz que está en curso, pues el artículo 37 de la Ley 472 de
1998 permite apelar la sentencia de primera instancia dictada en una acción
popular32 y él ejerció ese recurso de manera oportuna. En efecto, las pretensiones
que formula en sede de tutela ya fueron planteadas ante el juez de lo contencioso
administrativo, autoridad competente para conocer y resolver este tipo de
controversias, lo cual impide que la acción constitucional sea utilizada como un
mecanismo alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias existentes.

32
Ley 472 de 1998, artículo 37.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

44. El recurso de apelación cuestiona el mismo aspecto que el accionante reprocha
en sede constitucional. En ese escrito pidió la revocatoria integral de la sentencia y
sostuvo que el juzgado falló sin agotar la actividad probatoria y sin las respuestas
requeridas sobre las demás edificaciones indispensables y de atención a la
comunidad. Ese planteamiento coincide, en idénticos términos, con el defecto
procedimental absoluto y con el defecto fáctico que ahora invoca. Corresponde
entonces al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez de segunda
instancia, pronunciarse sobre esa inconformidad.

45. Adicionalmente, el accionante no agotó el recurso ordinario procedente contra
el auto del 29 de mayo de 2026, mediante el cual se cerró el debate probatorio y se
desistió de la práctica de las pruebas pendientes. De acuerdo con el artículo 36 de
la Ley 472 de 1998, contra los autos proferidos durante el trámite de la acción
popular procede el recurso de reposición. El Consejo de Estado ha precisado que
esta disposición constituye la regla especial en materia de recursos dentro de dicho
medio de control y comprende, entre otras, las providencias relacionadas con el
decreto o práctica de pruebas33; por ello, no resulta necesario acudir al régimen
general del CPACA para determinar el medio de impugnación procedente.

46. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción. Por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual las autoridades judiciales fueron revestidas de autonomía e
independencia.

47. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela. La jurisprudencia
constitucional exige que el riesgo reúna cuatro características: i) inminente, esto es,
que la lesión del derecho esté próxima a ocurrir; ii) grave, de manera que el daño al
bien jurídico sea de gran intensidad; iii) urgente, en tanto las medidas para conjurar
la amenaza se requieran con rapidez; y iv) impostergable, porque solo el
restablecimiento inmediato evita la consumación del daño34. Esas cuatro
características deben predicarse de los derechos fundamentales que el accionante
invoca, que en este caso son el debido proceso, la defensa y el acceso a la
administración de justicia. Ninguna de ellas se acredita.

48. No se advierte un riesgo inminente para el debido proceso ni para la defensa.
El accionante intervino en todas las etapas del proceso popular: pidió pruebas y le

33
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 23 de julio de 2007, rad. 25000-2324-000-2005-
02295-01(AP), C.P. Enrique Gil Botero; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 26 de
junio de 2019, rad. 25000-23-27-000-2010-02540-01(AP); Sección Tercera, Subsección A, auto de
15 de marzo de 2024, rad. 25000-23-41-000-2021-00779-04 (70.880), C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
34
Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

fueron decretadas, fue requerido para insistir en su recaudo, alegó de conclusión,
se pronunció frente al auto que cerró el debate probatorio y apeló la sentencia.
Ninguna de esas oportunidades le fue negada, de modo que no hay una lesión
próxima a ocurrir sobre las garantías que invoca.

49. Tampoco se acredita un daño grave sobre esos mismos derechos. Lo que
plantea el accionante es una discrepancia con la valoración probatoria y con la
delimitación del objeto del litigio que efectuó el juzgado, asunto que se enmarca en
el ámbito propio de la autonomía e independencia del juez natural. Una diferencia
de criterio sobre el alcance del recaudo probatorio no equivale a una afectación
intensa del derecho de defensa.

50. La urgencia debe examinarse en relación con el derecho que se invoca y no con
el resultado económico o material del litigio. El accionante persigue que se recauden
unas pruebas y se integre el contradictorio, pretensiones que atañen al desarrollo
del proceso y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca puede satisfacer al
resolver la apelación, incluso con el decreto oficioso de pruebas en segunda
instancia. El derecho de acceso a la administración de justicia se está ejerciendo
hoy en ese escenario, de manera que no se requiere una medida inmediata para
conjurar su amenaza.

51. Finalmente, no se configura una condición impostergable. Los derechos
colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles no
quedaron desprotegidos con la sentencia, porque el juzgado declaró su amenaza
respecto del Palacio Municipal y ordenó los estudios de vulnerabilidad
correspondientes. Frente a las demás edificaciones, el accionante no demostró que
la espera derivada del trámite de la apelación produzca un daño definitivo o
irreversible sobre sus derechos fundamentales.

52. La improcedencia se refuerza porque el trámite ordinario no quedó cerrado
frente a la actividad probatoria. El artículo 28 de la Ley 472 de 1998 faculta al juez
de la acción popular para ordenar las pruebas que considere conducentes, potestad
que conserva el juez de segunda instancia. La tutela no puede desplazar ese
escenario procesal ni convertir al juez constitucional en una instancia adicional de
revisión probatoria.

53. En este contexto, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, esta Sala
declarará improcedente la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Municipio
de Viotá (Cundinamarca), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Procuraduría 199 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Girardot y la

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06892-00
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot - Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Sergio Augusto Ayala Silva contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Girardot, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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