RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06907-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06907-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06907-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Higuera Avellaneda. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Banco Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura y el CENDOJ. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06907-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06907-00
Accionante: ROBERTO HIGUERA AVELLANEDA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Santander. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

El 27 de agosto del 2026, el Tribunal Administrativo de Santander remitió la
presente solicitud de amparo al Consejo de Estado. Por auto del despacho
sustanciador del 31 de agosto de siguiente, se admitió la solicitud de amparo de
la referencia2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 26 de agosto del 2026, el señor Roberto Higuera Avellaneda, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Juzgado 2
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo
de Santander. Con la presentación de la solicitud de amparo, pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción, de acceso a la administración de justicia y a la «prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas y proscripción de la indefensión».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al Juzgado 2

Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander. Además, se
vinculó como terceros con interés al Banco Agrario de Colombia S.A., a la Mesa de Ayuda de Correo
Electrónico del Consejo Superior de la Judicatura – CENDOJ, a la Relatoría del Tribunal Administrativo de
Santander, al Ministerio Público, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de los autos
proferidos (i) el 24 de septiembre de 2025 por el Juzgado 2 Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó el incidente de nulidad por indebida
notificación del auto admisorio de la demanda; y (ii) el 12 de agosto de 2026, por
el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la anterior decisión. Esto,
en el marco de la acción de repetición, identificada con el radicado 68001-33-33-
002-2024-00120-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales del suscrito accionante
ROBERTO HIGUERA AVELLANEDA al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso efectivo a la administración de justicia.

SEGUNDA DEJAR SIN EFECTOS el auto del 12 de agosto de 2026 proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander y, como consecuencia necesaria,
el auto del 24 de septiembre de 2025 del Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga.

TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro
del término que fije el juez constitucional, profiera una nueva decisión sobre
la apelación, valorando integralmente las pruebas, aplicando el CPACA y la
Ley 2213 de 2022, y respetando el precedente constitucional sobre recepción
o acceso al mensaje de datos.

CUARTA Si el juez constitucional, Ustedes Honorables Magistrados,
encuentran acreditada directamente la indebida notificación, DECLARAR la
nulidad de lo actuado desde la notificación del auto admisorio-sin afectar el
auto admisorio mismo- y ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga practicar nuevamente la notificación personal,
con entrega integra del auto, demanda y anexos, y conceder el término legal
completo para contestar.

QUINTA (subsidiaria). Ordenar la práctica y contradicción de prueba técnica
específica que determine: (i) entrega a la cuenta individual, no solo al
servidor del dominio; (ii) estado de la transacción y eventuales filtros; (iii)
archivos adjuntos o enlaces remitidos; (iv) integridad y disponibilidad; y (v)
fecha objetiva de acceso, antes de resolver nuevamente el incidente.

SEXTA. ORDENAR a las autoridades accionadas abstenerse de adoptar
decisiones que hagan irreversible la pérdida de la oportunidad defensiva
mientras se cumple el fallo de tutela3.

1.2. Hechos

4. El Banco Agrario de Colombia S.A. (en adelante, Banco Agrario) demandó
en ejercicio de la acción de repetición al señor Roberto Higuera Avellaneda. El
Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga admitió la
demanda mediante auto del 27 de junio del 2024.

3 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

5. El accionante indica que no fue notificado de este proveído en su correo
electrónico rhigueraa@msn.com. Indicó que, según la secretaría del despacho,
la decisión se notificó de manera personal mediante mensaje de datos enviado
desde el buzón jadmin02bga@notificacionesrj.gov.co a las 9:40 a.m., con el
asunto «NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL RAD 2024-00120-00».

6. Señaló que, de manera posterior, a través de auto del 23 de enero del
2025, se fijó fecha para la audiencia inicial, en el que se consignó que el actor
había guardado silencio en el traslado de la demanda. Afirmó que este proveído
le fue notificado el 24 de enero del 2025 a las 8:38 a.m. en su correo electrónico
rhigueraa@msn.com y que, solo hasta ese momento, conoció la existencia de la
acción de repetición incoada en su contra.

7. En vista de lo anterior, el 10 de marzo del 2025 radicó incidente de nulidad
por indebida notificación del auto admisorio4. Para tales efectos, afirmó que
aportó, entre otras, imágenes de las bandejas de entrada y de spam del correo
electrónico y declaración juramentada extraprocesal y que, además, solicitó que
se decrete y practique declaración de parte.

8. El Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga decretó
de oficio una prueba documental dirigida al Centro de Documentación Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura (en adelante, CENDOJ)5 para que certificara
si el correo electrónico fue recibido por el actor en su bandeja de entrada el 8 de
julio del 2024 a las 9:40 a.m.

9. El 9 de septiembre del 2025, el CENDOJ certificó que:

Se realiza la verificación del mensaje enviado desde la cuenta
“jadmin02bga@notificacionesrj.gov.co” con el asunto: “NOTIFICA
ACTUACION PROCESAL RAD 2024-00120-00” y con destinatario
“rhigueraa@msn.com” Una vez efectuada la validación en servidor de correo
electrónico de la Rama Judicial, se confirma que el mensaje descrito “SI” fue
entregado al servidor de correo del destino, en este caso el servidor con
dominio “msn.com” el mensaje con el
IDSJ0PR01MB7237A3E723582EFB05FF80ABFFDA2@SJ0PR01MB7237.
prod.excha ngelabs.com en la fecha y hora 7/8/2024 9:40:31 AM

10. Con fundamento en esta prueba y en el certificado de envío de notificación
que se cargó en Samai, el juzgado accionado, a través de proveído del 24 de
septiembre del 2025, negó la solicitud de nulidad. Consideró que la notificación
personal del auto admisorio de la demanda se realizó en debida forma.

11. El actor apeló esta decisión. A tal efecto, reiteró que, al revisar sus
bandejas de entrada y de correo no deseado, no encontró la notificación del

4 Causal 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.
5 Índices 0026, 0030 y 031 de Samai, proceso ordinario, primera instancia.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

referido auto admisorio y que el juzgado accionado no tuvo en cuenta las
imágenes y la declaración juramentada aportada, sino que únicamente valoró la
certificación del CENDOJ. Afirmó que la última solo acredita que el mensaje fue
entregado al servidor del correo de destino, pero no que él lo hubiera abierto o
tenido conocimiento efectivo de su contenido. Refirió que el Banco Agrario
tampoco probó que él aún usara esa dirección electrónica, máxime cuando ya no
laboraba en la entidad y que no le envió copia de la demanda y de sus anexos al
momento de radicarla.

12. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 12 de agosto
del 2026, confirmó la decisión del a quo, al considerar que el mensaje de datos
no rebotó, sino que, por el contrario, se acreditó que sí lo recibió. Agregó que la
falta de prueba sobre la lectura de este no permite concluir, por sí mismo, que la
notificación no se hubiera surtido y que la misma dirección electrónica es la que
se consignó en el poder que otorgó el demandante para su representación en el
proceso ordinario.

1.3. Sustento de la vulneración

13. El actor reprocha que se incurrió en un defecto fáctico porque la
certificación del CENDOJ (i) afirmó que se entregó al servidor del dominio
msn.com, pero en las autoridades judiciales accionadas lo tuvieron como una
recepción efectiva, lo que desconoce que «un servidor de dominio es
infraestructura intermediaria; la certificación transcrita no da cuenta de la entrega
en la bandeja individual, de una regla de filtrado, cuarentena, rechazo posterior,
ni del acceso a la cuenta». Asimismo, alegó que (ii) no se acreditó que se hayan
enviado el escrito de demanda y sus anexos; (iii) no se contrastó con las
imágenes del correo electrónico ni con la declaración juramentada, ni explicó por
qué estas no tenían mérito probatorio.

14. Adicionalmente, reprochó que el tribunal hubiera indicado que es la misma
dirección electrónica que el actor consignó en el poder que le otorgó a su
abogado porque es un hecho posterior con base en el cual infiere
retrospectivamente la recepción del auto admisorio de la demanda. En ese
sentido, indicó que la titularidad o uso posterior del buzón no prueba que un
correo específico hubiera ingresado y que haya sido accesible.

15. También argumentó que se configuró un defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto porque tuvieron por acreditada la
entrega del referido correo, convirtiendo así la tecnología en una barrera para el
derecho sustancial, pues, mantuvieron una actuación con la que el actor perdió
la oportunidad de contestar la demanda y de ejercer su derecho a la defensa.

16. En relación con lo anterior, manifestó que el juzgado ordenó notificar el
auto admisorio de la demanda de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 806 del

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

2020, a pesar de estar vigente para esa fecha la Ley 2213 del 2022, en armonía
con el CPACA, lo que muestra una actuación procesal defectuosa y una
motivación insuficiente, pues, el Decreto 806 del 2020 regulaba «principalmente
la demanda y su envío simultáneo, no el perfeccionamiento de la notificación
personal».

17. Igualmente, señaló que se incurrió en un defecto sustantivo porque «las
decisiones interpretaron el artículo 199 del CPACA como si la sola remisión a
cualquier dirección indicada por la actora, acompañada de una trazabilidad hasta
el servidor del dominio, bastara de manera irrebatible. Esa lectura desconoce que
el régimen de notificaciones electrónicas contiene salvaguardas para discutir la
forma en que se practicó el acto y que la finalidad de la norma es poner la
providencia y el traslado a disposición real del destinatario».

18. Aunado a lo anterior, reprochó que, pese a estar vigente la Ley 2213 del
2022 al momento en que se radicó la demanda, el Banco Agrario no le remitió
simultáneamente la demanda y sus anexos e indicó que este argumento no lo
resolvió el Tribunal Administrativo de Santander.

19. Agregó que se incurrió en el defecto de decisión sin motivación
suficiente porque el tribunal no explicó:

• Por qué "entrega al servidor del destino" equivale técnicamente a entrega
a la cuenta individual;
• Qué documentos o enlaces contenía el mensaje y cómo se garantizó el
acceso a la demanda y anexos;
• Qué valor asignó a la declaración juramentada y a las capturas de
bandejas;
• Por qué el uso del correo en un poder posterior demuestra recepción
histórica del mensaje;
• Cómo se cumplió la carga de informar la forma de obtención y uso del
canal digital, ni la remisión simultánea del artículo 6 de la Ley 2213 de
2022;
• Por qué citó el artículo 6 del Decreto 806 de 2020 como parámetro para
una actuación de 2024, cuando regia la Ley 2213 de 20226.

20. Finalmente, cuestionó que se configuraron los defectos de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
porque la Corte Constitucional en la sentencia C-420 del 2020 «condicionó la
regla de cómputo de la notificación electrónica a que el iniciador recepcione
acuse de recibo o pueda constatarse por otro medio el acceso del destinatario»
porque «los términos no pueden descansar en el solo envío, sino en acuse de
recibo o constatación por otro medio del acceso del destinatario». También hizo
referencia a las sentencias T-298 de 2023, T-400 y T-515 de 2025 sobre esta
materia.

6 Transcripción literal que puede contener error.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

21. Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas no podían exigirle una
prueba de lectura voluntaria, sino que debían establecer de manera concreta la
recepción o acceso al mensaje de datos completo y que «al equiparar sin
explicación "servidor del dominio" con "destinatario" y omitir la prueba contraria,
sacrificaron la defensa en favor de una presunción tecnológica absoluta no
prevista en la Constitución ni en la ley».

22. Por lo anterior, indicó que las decisiones cuestionadas tienen un efecto
decisivo, que le causa un perjuicio, toda vez que le cercenaron la posibilidad de
ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

1.4. Intervenciones

23. El Banco Agrario solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo porque no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor y se
pretende reabrir el debate judicial ya zanjado, el cual quedó en firme a través de
decisiones ajustadas en derecho. También, pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva al no existir un nexo de responsabilidad entre
el Banco Agrario y los hechos de la tutela y no existir ninguna acción u omisión
que le sea atribuible.

24. El Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
afirmó que el auto admisorio de la demanda de repetición le fue debidamente
notificado al señor Higuera Avellaneda, como se demostró con el certificado de
la Mesa de Ayuda de Correo Electrónico del CENDOJ. Agregó que el tutelante
no aportó ninguna prueba técnica que acredite una falla en los sistemas
electrónicos y que, por el contrario, reconoce la existencia de la referida
certificación, la cual es una prueba técnica.

25. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no haber no existir vulneración de los
derechos del actor, por la inexistencia de un nexo causal entre los hechos de la
tutela, la presunta transgresión de sus garantías constitucionales y las acciones
u omisiones que se relatan.

26. Además, pidió que se declare la improcedencia de la acción constitucional
por falta de subsidiariedad, al poder acudir al mecanismo de vigilancia judicial
administrativa, previsto en el artículo 100 de la Ley 270 de 1996, reglamentado
en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, en el que puede solicitar ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Atlántico, […], que se requiera al despacho
accionado para que rinda un informe en donde se indique al actor, las razones
que han impedido dar trámite al proceso judicial del accionante, situación omitida
en el caso particular y concreto»7.

7 Se precisa que el argumento que platea el vinculado se refiere a una presunta mora judicial, la cual no se

reprocha en esta acción constitucional.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

27. El CENDOJ solicitó su desvinculación porque no ha vulnerado los
derechos fundamentales del señor Roberto Higuera Avellaneda. Igualmente, en
relación con la certificación emitida, manifestó que:

En atención a la solicitud relacionada con la verificación de entrega del
mensaje de datos remitido desde la plataforma de correo electrónico
institucional, me permito informar que, a través de la Mesas de Ayuda de
Soporte Correo Electrónico, una vez realizada la consulta de trazabilidad
correspondiente, se evidencia que el mensaje fue procesado y entregado por
los servidores de correo de la Rama Judicial al servidor receptor del dominio
de destino.

No obstante, es importante precisar que la certificación emitida por la Mesa
de Soporte de Microsoft Office 365 y aplicaciones complementarias se limita
a verificar la comunicación entre el servidor remitente de la Rama Judicial y
el servidor de correo del destinatario. En consecuencia, dicha certificación
no permite acreditar la entrega efectiva del mensaje en la bandeja de entrada
del usuario destinatario, ni su recepción, lectura o visualización por parte de
este.

Lo anterior obedece a que la administración y operación de la cuenta de
correo receptora corresponde al proveedor del servicio de correo del
destinatario, infraestructura sobre la cual la Rama Judicial no posee acceso,
visibilidad ni competencia técnica para realizar verificaciones adicionales. En
ese sentido, se adjunta la evidencia de trazabilidad obtenida y la certificación
expedida por la Mesa de Soporte, documentos que acreditan el tránsito y
entrega del mensaje al servidor de destino.

28. El Tribunal Administrativo de Santander se limitó a remitir el enlace del
expediente de la acción de repetición.

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional sub
examine. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

30. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

32. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.

33. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

34. La Sala advierte que el señor Roberto Higuera Avellaneda está legitimado
en la causa por activa porque es la parte demandada en la acción de repetición,
en la que se dictaron los autos que se reprochan mediante esta acción
constitucional. Asimismo, el Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander están legitimados en la
causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
que se cuestionan mediante esta solicitud de amparo12.

35. Además, la Sección advierte que el Banco Agrario, el Consejo Superior de
la Judicatura y el CENDOJ solicitaron su desvinculación. Sin embargo, no se
accederá a esta petición, por cuanto, de una parte, el Banco Agrario es el
demandante de la acción de repetición y, por otro lado, el CENDOJ es una
dependencia del Consejo Superior de la Judicatura, y es la entidad que emitió la
certificación sobre la entrega de la notificación del auto admisorio de la demanda
del proceso ordinario en el servidor del correo electrónico del actor.

10 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
12 La Sala precisa que, el estudio se realizará con base en el auto del 12 de agosto del 2026, por ser la

decisión que zanjó el incidente de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda de
repetición.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

37. Como se expuso previamente, a juicio de la parte tutelante, el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en los defectos fáctico, procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto, sustantivo, decisión sin motivación
«suficiente», desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

38. Al respecto, considera que no se valoró que la certificación emitida por el
CENDOJ únicamente acreditaba la entrega del correo en el servidor de dominio,
no en su bandeja de entrada. En ese sentido, se desconoció el artículo 199 del
CPACA porque no basta con el solo envío del mensaje de datos para practicarse
adecuadamente la notificación personal, pues, la finalidad de la norma es que el
destinatario tenga conocimiento efectivo de la providencia de la que se le está
corriendo traslado.

39. Tampoco se probó que se hubiera enviado la demanda con sus anexos,
máxime cuando el Banco Agrario no le envió dichos archivos cuando radicó la
acción de repetición, a pesar de estar vigente la Ley 2213 del 2022. En ese
sentido, también cuestionó que se le hubiera aplicado el Decreto 806 del 2020,
que ya no estaba vigente. Asimismo, no se contrastó el referido certificado con
las imágenes del buzón electrónico ni con la declaración juramentada que aportó
e indicó que la autoridad judicial no explicó por qué estas documentales no tenían
mérito probatorio.

40. Igualmente, reprochó que el tribunal accionado hubiera argumentado que
se trata del mismo correo que el señor Roberto Higuera Avellaneda consignó en
el poder del proceso ordinario, pues, ello no acredita que un correo específico
hubiera ingresado y que haya sido accesible.

41. Refirió que todo lo anterior, le impidió ejercer su derecho de defensa y
contradicción, al perder la oportunidad de contestar la demanda, lo cual lo puede
afectar gravemente en su patrimonio y, se desconoció el precedente de las
sentencias C-420 del 2020, T-298 de 2023, T-400 y T-515 de 2025 de la Corte

13 Sentencia SU-215 de 2022.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

Constitucional, en las que se previó que, para que una notificación se entienda
surtida en debida forma, debe acusarse recibo o constatarse por otros medios el
acceso efectivo al mensaje de datos.

42. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional sobre la
decisión de negar la solicitud de nulidad presentada por el señor Roberto Higuera
Avellaneda por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda de
repetición y, con ello, reabrir la discusión legal y probatoria zanjada y decidida
por el juez natural de la causa.

43. Lo anterior, debido a que todos los argumentos y cargos planteados en la
acción de tutela están dirigidos a mostrar una inconformidad con la valoración
que se realizó de la certificación del CENDOJ, en la que se acreditó la entrega al
servidor de dominio de la notificación referida y de los demás documentos que
aportó el accionante con el fin de que se declare la nulidad de lo actuado y se le
permita contestar la demanda de repetición.

44. Adicionalmente, frente al desconocimiento del precedente de las
sentencias C-420 del 2020, T-298 de 2023, T-400 y T-515 de 2025 de la Corte
Constitucional, el accionante tampoco cumplió con la carga argumentativa
requerida, pues no expuso en qué consiste la similitud fáctica y jurídica entre
dichos casos y el sub examine.

45. En ese orden, se evidencia que la parte accionante más allá de proponer
un debate que dé cuenta de la posible vulneración de garantías constitucionales,
en realidad, expone su discrepancia con lo decidido por la autoridad judicial y,
además, tampoco cumplió con la carga mínima argumentativa para la
procedencia de esta acción constitucional.

46. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.

47. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Roberto Higuera Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06907-00

2.2. Conclusión

48. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no superar el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Roberto Higuera Avellaneda.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Banco
Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura y el CENDOJ.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.