Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06945-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06945-00
Accionante: Claudia Liliana Galindo Moreno
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Tutela por presunta mora judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por la señora Claudia Liliana Galindo Moreno,
actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Meta, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, ocurrida de acuerdo a la accionante, con
ocasión de la presunta mora judicial en que habría incurrido la Corporación
judicial accionada al no resolver un recurso de apelación presentado contra la
providencia del 29 de abril de 20221 dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio dentro del proceso seguido bajo
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
50001-33-33-007 2021-00055-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que la señora Claudia
Liliana Galindo Moreno instauró una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Guaviare,
seguida bajo el radicado 50001-33-33-007-2021-00055-01.
3. El 29 de abril de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio profirió sentencia de primera instancia, que fue notificada el 4 de
mayo siguiente. Contra esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación el 17 de mayo de 2022.
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Índice 16 del aplicativo SAMAI. Exp. 50001-33-33-007-2021-00055-00
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Presentado el 31 de agosto de 2026
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06945-00
Accionante: Claudia Liliana Galindo Moreno
4. Mediante auto del 10 de octubre de 2022, el juzgado concedió la alzada y
remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, donde fue repartido al
Despacho 004 el 15 de noviembre del mismo año.
5. El 1.º de febrero de 2023, el ad quem admitió el recurso3, señaló que no
había lugar a decretar pruebas y dispuso el ingreso del proceso al despacho para
dictar sentencia. El expediente quedó pendiente de fallo desde el 3 de marzo de
2023, con el turno 621.
6. Ante la ausencia de decisión, la señora Galindo Moreno indicó que su
apoderado presentó solicitudes de impulso procesal el 4 de marzo de 2025 y el
19 de junio de 2026. Asimismo, sostuvo que el 8 de abril de 2026 se registró un
cambio de ponente, sin que para el 26 de agosto siguiente se hubiera resuelto el
recurso de apelación.
2.2. Fundamento jurídico
7. La accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al reprochar que el Tribunal
Administrativo del Meta no ha resuelto el recurso de apelación, pese al tiempo
transcurrido desde su admisión e ingreso al despacho para fallo.
8. Sostuvo que el acceso a la administración de justicia no se agota en la
posibilidad formal de acudir ante el juez, sino que comprende el derecho a
obtener una decisión de fondo dentro de un plazo razonable y sin dilaciones
injustificadas.
9. Afirmó que la mora judicial se configuró por el incumplimiento de los
términos legales, pues habían transcurrido más de tres años y medio desde la
admisión de la apelación, sin que se profiriera sentencia ni constara una prórroga
motivada para decidir.
10. Señaló que, conforme al artículo 247 del CPACA, al no requerirse la
práctica de pruebas, el expediente debía ingresar directamente al despacho para
fallo. En consideración a lo anterior, sostuvo que, en su sentir, desde marzo de
2023 no restaba una actuación procesal distinta de la expedición de la sentencia
de segunda instancia.
11. Adicionalmente, manifestó que, pese a las solicitudes de impulso procesal
presentadas el 4 de marzo de 2025 y el 19 de junio de 2026 4, el recurso de
apelación continuó sin resolverse sin que se hubiera acreditado ninguna
circunstancia extraordinaria que justificara objetivamente la demora.
12. Finalmente, adujo que no disponía de otro medio judicial eficaz para
obtener una decisión sobre el recurso de apelación, por lo que acudió a la acción
de tutela. En consecuencia, solicitó ordenar al Tribunal resolverlo dentro de un
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Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 50001-33-33-007 2021-00055-01
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Ibidem, índices 10 y 12 del aplicativo SAMAI
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06945-00
Accionante: Claudia Liliana Galindo Moreno
término perentorio.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) 1. Se AMPARE el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO en
conexidad con el acceso a la administración de justicia de CLAUDIA LILIANA
GALINDO MORENO.
2. SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que, dentro de un
término perentorio, resuelva el recurso de apelación pendiente dentro del proceso
50001-33-33-007-2021 00055-01.» (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1 de
septiembre de 20265, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Meta como accionado y al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, a la Gobernación del Guaviare y a todos los demás vinculados al
proceso seguido bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 50001-33-33-007-2021-00055-00/01 como terceros
interesados en el resultado del proceso.
15. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su competencia.
2.4.1. El Tribunal Administrativo del Meta6 a través del magistrado titular del
Despacho 004 reconoció que el proceso ingresó para fallo el 3 de marzo de 2023
con el turno 621 y precisó que, para el 7 de septiembre de 2026, ocupaba el
turno 134. Explicó que los procesos ordinarios se evacúan junto con los asuntos
constitucionales y especiales sometidos a términos preferentes.
16. También informó acerca de los cambios de titularidad del Despacho
ocurridos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, y señaló que había asumido
el cargo el 15 de julio de 2026. El togado señaló que recibió un inventario de 875
procesos, de los cuales 702 carecían de decisión de fondo y 173 se encontraban
en trámite.
17. En ese contexto, indicó que reorganizó el equipo de trabajo y adoptó
directrices para evacuar la carga, incluido el proceso de la accionante.
2.4.2. El Departamento del Guaviare,7 por conducto de su Secretaría Jurídica,
alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que carece de
competencia material y funcional para resolver el recurso de apelación objeto de
la tutela o intervenir en las medidas de descongestión de la autoridad judicial
accionada. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
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Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 13 del aplicativo SAMAI
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Índice 15 del aplicativo SAMAI
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06945-00
Accionante: Claudia Liliana Galindo Moreno
2.4.3. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20198 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
19. El Departamento del Guaviare solicitó su desvinculación de la presente
acción constitucional al aducir que carece de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, no se accederá a su solicitud en consideración a que intervino
directamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
se hace necesario garantizar su derecho de defensa.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Meta, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
señora Claudia Liliana Galindo Moreno, con ocasión de la presunta mora judicial
al interior del proceso seguido bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-007 2021-00055-00/01.
3.4. Mora judicial injustificada
21. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos9.
22. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
8 Reglamento interno del Consejo de Estado.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
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salvedades reconocidas por el legislador10.
23. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.
24. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la
Corte Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar
la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.
3.4.1. Análisis de la presunta mora judicial
25. La Sala advierte de entrada que negará el amparo solicitado, por cuanto
no se encuentra acreditada la mora judicial injustificada que la accionante
atribuye al Tribunal Administrativo del Meta, toda vez que la tardanza en resolver
el recurso de apelación no es atribuible a una conducta negligente, arbitraria o
caprichosa de la autoridad judicial accionada, sino a circunstancias objetivas que
justifican el tiempo empleado para adoptar la decisión.
26. En primer lugar, conviene precisar que el debate constitucional no se
contrae a establecer si el trámite ha tenido una duración prolongada,
circunstancia que no admite discusión, sino a determinar si el retardo obedece a
la falta de diligencia o a la omisión sistemática de los deberes funcionales del
Tribunal cuestionado.
27. Bajo esa perspectiva, se encuentra acreditado que el recurso de apelación
fue admitido el 1.º de febrero de 2023 y que, al no requerirse la práctica de
pruebas, el expediente ingresó al despacho para fallo el 3 de marzo siguiente.
Por tanto, es a partir de esta última fecha que debe examinarse la razonabilidad
del tiempo transcurrido.
28. Del expediente se advierte que, para ese momento, el proceso recibió el
turno 621 y, según el informe rendido por el ad quem, había avanzado hasta el
turno 134. Este movimiento permite descartar que el asunto hubiese
permanecido abandonado o paralizado y demuestra que el Despacho ha
evacuado progresivamente los procesos que lo anteceden.
10
Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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29. Asimismo, la autoridad judicial accionada explicó que los asuntos de
segunda instancia se resuelven de forma concurrente con los procesos de
primera instancia y con los mecanismos constitucionales y especiales sometidos
a términos preferentes, entre ellos las acciones de tutela, de cumplimiento y de
habeas corpus.
30. A ello se añaden los sucesivos cambios en la titularidad del Despacho 004,
derivados del traslado del anterior magistrado, un encargo, una designación
provisional y la posesión del actual titular el 15 de julio de 2026. Estas
circunstancias incidieron objetivamente en la continuidad de la gestión y no
resultan imputables al Despacho accionado.
31. De igual forma, el magistrado titular actual informó que, al asumir el cargo,
recibió un inventario de 875 procesos, de los cuales 702 se encontraban
pendientes de decisión de fondo y 173 en trámite posterior y sostuvo que, ante
esa carga, reorganizó el equipo de trabajo e impartió directrices para atender los
expedientes, incluido el instaurado por la accionante.
32. En esas condiciones, aunque se superaron los términos previstos para
adoptar la decisión, la tardanza encuentra respaldo en el volumen de asuntos, la
observancia del orden de turnos, la atención simultánea de procesos preferentes
y las situaciones administrativas del Despacho. Así las cosas, tales factores
descartan una conducta omisiva, negligente o deliberadamente dilatoria.
33. Por otra parte, la accionante no acreditó una condición de especial
protección constitucional, la configuración de un perjuicio irremediable ni otra
circunstancia excepcional que imponga alterar el orden de decisión. En ese
entendido, las solicitudes de impulso procesal y la prolongación del trámite, por
sí solas, no autorizan a desplazar los procesos con turno anterior.
34. En consecuencia, ordenar la expedición inmediata de la sentencia
desconocería el sistema de turnos y afectaría la igualdad de los demás usuarios
de la administración de justicia.
35. Por todo lo expuesto, como el retardo está objetivamente justificado y no
proviene del incumplimiento negligente de los deberes judiciales, se negará la
protección de los derechos fundamentales invocado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento
del Guaviare por las razones plasmadas en el numeral 3.2. de la presente
providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06945-00
Accionante: Claudia Liliana Galindo Moreno
Claudia Liliana Galindo Moreno en contra del Tribunal Administrativo del Meta,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
Tercera: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada la sentencia envíese a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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