Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06949-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: NORA ELENA OSPINA MÁRQUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN
CONTRATO REALIDAD MEDIADO POR CONTRATOS ESTATALES DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS: la jurisdicción competente para conocer sobre la existencia de un contrato
realidad mediado por contratos públicos de prestación de servicios es la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. REQUISITO DE INMEDIATEZ: no se satisface respecto de una
de las decisiones cuestionadas. DEFECTO ORGÁNICO: no se encuentra acreditado.
DEFECTO PROCEDIMENTAL: no se encuentra acreditado. DEFECTO FÁCTICO: la
omisión valorativa no es determinante.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 instaurada por la señora
Nora Elena Ospina Márquez, por conducto de apoderado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 26 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Primero (1°) Administrativo
del Circuito Judicial de Buga y el Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial
de Tuluá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. El 29 de noviembre de 2019, la accionante presentó demanda laboral contra la
Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo
Alvarado Cruz del municipio de Riofrío, Valle del Cauca. En el escrito introductorio
del libelo, pretendió que se declarara que entre la actora y la demandada existió una
1
Que ingresó al despacho para fallo el 14 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
relación laboral desde el 1° de febrero de 2010 que se encontraba vigente a la fecha
de presentación de la demanda. Así mismo, solicitó que se ordenara a la
corporación el pago de las acreencias laborales.
4. El proceso fue repartido al Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de
Tuluá (radicado 76-834-31-05-001-2019-00371-00), el cual, mediante auto del 17
de septiembre de 2021, admitió la demanda, dio traslado a la demandada y vinculó
al municipio de Riofrío. Posteriormente, mediante auto del 22 de febrero de 2022,
tuvo por contestada la demanda y fijó como fecha para la audiencia de conciliación,
decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio el 16 de
noviembre de 2022.
5. Mediante auto del 28 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero (1°) Laboral del
Circuito Judicial de Tuluá declaró la falta de jurisdicción para conocer del proceso,
por lo que lo remitió a los jueces del circuito administrativo de Buga. Como
fundamento de su decisión, señaló que la demanda se dirigió únicamente contra la
Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo
Alvarado Cruz y solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
dejadas de pagar. Además, indicó que la actora manifestó haber recibido el pago
de la municipalidad en los años 2010 y 2011 y que, el 4 de diciembre de 2018 solicitó
a la entidad territorial que ordenara el pago de $84.000.000 correspondientes a
honorarios por servicios profesionales prestados como gerente de la Corporación
para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo Alvarado
Cruz. Relacionó que, en la contestación de la demanda, las entidades convocadas
afirmaron que la demandante solo ejerció ese cargo durante 6 meses y que, a partir
de allí, se había desempeñado como contratista en diferentes actividades
relacionadas con la recreación, el deporte y la cultura. Para ello, allegaron una serie
de contratos de prestación de servicios, sobre los cuales había guardado silencio la
demandante. Por lo anterior, toda vez que el presunto vínculo laboral estuvo
intermediado por contratos estatales de prestación de servicios, el juzgado
consideró que la jurisdicción competente para dar cuenta de si existió una relación
laboral era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
6. El proceso fue asignado al Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito
Judicial de Buga (radicado 76-111-33-33-001-2023-00013-00), el cual, mediante
auto interlocutorio núm. 226 del 31 de marzo de 2023 avocó conocimiento del
asunto y la inadmitió. En la providencia, la autoridad judicial señaló que la demanda
carece de los requisitos del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, toda vez que el escrito introductorio se refería a una demanda ordinaria
laboral. Por ello, requirió a la parte demandante para que adecuara la demanda a
dicho medio de control.
7. Mediante memorial del 20 de abril de 2023, la parte actora señaló que la demanda
no alegó una relación laboral con una entidad pública, sino con la Corporación para
la Recreación Popular de Riofrío, que es una entidad con participación mixta. Por lo
anterior, señaló que la competencia correspondía a la Jurisdicción Ordinaria
Laboral. Afirmó que no existía acto administrativo alguno sobre el cual pudiera
solicitar la nulidad, pues la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío no
emite este tipo de actos, por lo que el nombramiento de la demandante no se realizó
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de esta manera. Así pues, señaló que no había manera de adecuar la demanda al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, solicitó
declarar un conflicto negativo de jurisdicción.
8. A través de auto interlocutorio núm. 727 del 12 de octubre de 2023, el Juzgado
Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga rechazó la demanda. La
autoridad judicial sostuvo que la cuestión sobre la jurisdicción competente se había
decidido mediante el auto interlocutorio núm. 226 del 31 de marzo de 2023, por lo
que omitió pronunciarse sobre ello. Además, señaló que, en gracia de discusión, si
se adecuara el memorial como un recurso de reposición, el mismo fue presentado
de manera extemporánea. Por lo anterior, y toda vez que la parte actora no subsanó
la demanda, dispuso su rechazo.
9. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la autoridad judicial no tenía jurisdicción, pues los competentes eran
los juzgados laborales del circuito de Tuluá, por lo que debía plantearse un conflicto
negativo de jurisdicción. Argumentó que, en el caso demandado, se trataba de un
vínculo entre un trabajador oficial y una corporación sin ánimo de lucro con
participación del Estado. Señaló que las controversias entre trabajadores oficiales y
el Estado no corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino
a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral.
10. Mediante auto del 3 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión del a quo. Planteó el problema respecto a si la
determinación de la existencia de una relación laboral derivada de contratos de
prestación de servicios corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral o a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sostuvo que el vínculo que existió
entre la demandante y la entidad territorial fue un contrato de prestación de servicios
y no un contrato de trabajador oficial. Por lo anterior, afirmó que no existía
fundamento para que el juez laboral asumiera el conocimiento del asunto y tampoco
para que la actora desatendiera la orden de adecuación del medio de control.
Además, sostuvo que la Corte ha establecido que el conflicto negativo de
competencias requiere que ambas autoridades judiciales se declaren
incompetentes de forma motivada. Sin embargo, el Juzgado Primero (1°)
Administrativo del Circuito Judicial de Buga no rechazó el conocimiento. En
consecuencia, dado que la parte no adecuó la demanda, la autoridad judicial
confirmó su rechazo.
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, la demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso (artículo 29 C.P.), al acceso a la administración de justicia
(artículo 229 C.P.) y a la tutela judicial efectiva (artículo 229 C.P.) de
la señora NORA ELENA OSPINA MÁRQUEZ, vulnerados por el
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ, el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
VALLE DEL CAUCA SALA SEGUNDA JURISDICCIONAL DE
DECISIÓN.
SEGUNDA: NULIDAD DE LAS PROVIDENCIAS IMPUGNADAS,
Como consecuencia del amparo anterior, DEJAR SIN EFECTOS las
siguientes providencias: (i) el Auto No. 1974 del 28 de noviembre de
2022, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá,
que declaró la falta de jurisdicción y ordenó la remisión del proceso a
la jurisdicción contencioso administrativa; (ii) el Auto Interlocutorio No.
226 del 31 de marzo de 2023 y el Auto Interlocutorio No. 727 del 12
de octubre de 2023, proferidos por el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, que inadmitieron y
rechazaron la demanda; y (iii) el Auto de Segunda Instancia M.P.
FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ, del 3 de junio de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala
Segunda Jurisdiccional de Decisión (Rad. 76-111-33-33-001-2023-
00013-01), que confirmó el rechazo.
TERCERA: ORDEN DE ASUMIR CONOCIMIENTO Y DECIDIR DE
FONDO al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela, AVOQUE el conocimiento del proceso ordinario laboral No.
76-834-31-05-001-2019-00371-00 y lo tramite hasta proferir sentencia
de fondo sobre las pretensiones de reconocimiento del contrato
realidad y pago de las acreencias laborales de la señora NORA
ELENA OSPINA MÁRQUEZ, sin que pueda invocar nuevamente falta
de jurisdicción o remitir el proceso a otra autoridad judicial.
CUARTA. SUBSIDIARIA: RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE
JURISDICCIONES.
De manera subsidiaria, para el evento en que el Honorable Consejo
de Estado estime que el conflicto negativo de jurisdicción entre el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga no fue
resuelto definitivamente con las providencias impugnadas, REMITIR
el asunto a la Corte Constitucional para que, en ejercicio de las
atribuciones del artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política y
el artículo 139 del Código General del Proceso, dirima el conflicto y
determine cuál es la jurisdicción competente para conocer de las
pretensiones de la accionante, con la orden expresa de que esa
jurisdicción asuma el proceso y profiera decisión de fondo.
QUINTO: PROTECCIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES,
ORDENAR que el tiempo transcurrido desde la presentación de la
demanda ordinaria laboral (2019) hasta la ejecutoria del fallo de tutela
no sea computado en contra de la accionante para efectos de
caducidad, prescripción o cualquier otro término procesal que pudiera
alegarse como consecuencia directa de las inhibiciones sucesivas de
las autoridades judiciales accionadas”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte accionante argumentó que la demanda supera los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial. Además, sostuvo que se configuró un defecto
orgánico por parte del Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de Tuluá,
pues declaró la falta de jurisdicción cuando debía conocer del asunto. En esa
medida, indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado
2
Ver archivo “003_3ED_DEMANDA_26_8_202616_”, págs. 10-11.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga emitieron las providencias
cuestionadas sin competencia, toda vez que esta era de la Jurisdicción Ordinaria
Laboral.
13. También afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga incurrieron en un defecto
procedimental absoluto, pues exigieron la adecuación de la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual, a su juicio, era
incompatible con los hechos. En efecto, dado que su vínculo fue con la Corporación
para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo Alvarado
Cruz, no existía un acto administrativo al que demandar. Además, argumentó que
fue remitida del juez laboral a los jueces administrativos, pero no obtuvo una
solución de fondo sobre si existió o no un vínculo laboral, lo que configuró una
afectación de su derecho al acceso a la administración de justicia. Señaló que hubo
un “desconocimiento del precedente constitucional”3 relativo a la primacía de la
realidad en las relaciones laborales, pues se configuró un exceso ritual manifiesto
al sacrificar el derecho sustancial y el acceso efectivo a la administración de justicia
a favor de una interpretación excesivamente formalista.
14. Finalmente, la actora consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en un defecto fáctico pues, en su opinión, concluyó que el vínculo
fue relativo a contratos de prestación de servicios y omitió valorar el Acta núm. 71
de 2010 de la junta directiva de la demandada, por medio de la cual se nombró a la
accionante como gerente de la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío
– Parque Recreacional Ricardo Alvarado Cruz del municipio de Riofrío. Sostuvo que
la valoración de dicha prueba daba cuenta de que su relación no fue contractual con
el municipio, sino que fue un vínculo laboral con la Corporación.
Trámite procesal
15. Por medio de auto del 1° de septiembre de 2026, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado Primero (1°) Administrativo del
Circuito Judicial de Buga, al Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de
Tuluá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Igualmente, dispuso
la vinculación del municipio de Riofrío (Valle del Cauca), la Corporación para la
Recreación Popular de Riofrío, el Ministerio Público y los demás intervinientes
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
76111-33-33-001-2023-00013-00/01, así como a los intervinientes dentro del
proceso ordinario laboral con radicado núm. 76834-31-05-001-2019-00371-00.
Entre otras decisiones.
Intervenciones
16. El Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de Tuluá remitió copia
del expediente 76-834-31-05-001-2019-00371-00.
3
Ver “003_3ED_DEMANDA_26_8_202616_”, pág. 15.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió copia del expediente
76111-33-33-001-2023-00013-01.
18. El Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga remitió
copia del expediente 76-111-33-33-001-2023-00013-00 y las direcciones de
notificación de las partes e intervinientes en dicho proceso.
19. El municipio de Riofrío solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su
falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación.
Consideró que la actora presentó la tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga
y el Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de Tuluá, autoridades a las
que les atribuyó la vulneración de derechos. Además, consideró que las
controversias presentadas en la tutela fueron objeto de análisis en el proceso
ordinario. Por ello, argumentó que la accionante pretende examinar de nuevo un
asunto que se agotó en el trámite ordinario.
20. Pese a haber sido notificadas en debida forma4, las demás partes guardaron
silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
22. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales.
23. La Sala advierte que, de acuerdo con la parte actora, la decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un desconocimiento del precedente
constitucional, toda vez que hubo un exceso ritual manifiesto, pues las autoridades
judiciales sacrificaron el derecho sustancial y el acceso a la administración de
justicia a favor de una interpretación formalista. Este reproche será encauzado como
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
24. De superar el análisis de las causales generales de procedencia, la Sala
establecerá si las autoridades accionadas, mediante las providencias cuestionadas,
incurrieron en: (i) un defecto orgánico, por haber el Juzgado Primero (1°) Laboral
del Circuito Judicial de Tuluá declarado la falta de jurisdicción en lugar de avocar
conocimiento sobre el asunto; (ii) defecto procedimental absoluto y por exceso ritual
4
Véase índices 7, 12, y 25 de Samai.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
manifiesto, por remitir el asunto de la Jurisdicción Laboral a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo sin que se resuelva de fondo el asunto, por haber el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero (1°) Administrativo
del Circuito Judicial de Buga exigido la adecuación de la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y por sacrificar el derecho
sustancial al no conocer de fondo y adoptar una interpretación formalista; (iii)
defecto fáctico, por omitir la valoración del Acta núm. 71 de 2010 de la junta directiva
de la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío.
25. Para contestar los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
26. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20055, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que la actora satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
27. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, y (vii) que,
cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Jurisdicción competente para determinar la existencia de un contrato realidad
mediado por contratos estatales de prestación de servicios
28. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la jurisdicción
competente para conocer sobre la existencia de un contrato realidad mediado por
contratos públicos de prestación de servicios es la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En el Auto 492 de 2021, en atención al artículo 104 de la Ley 1437
de 2011, la Corte Constitucional consideró que las controversias planteadas
respecto de la revisión de contratos estatales de prestación de servicios es un
asunto que corresponde a la jurisdicción contenciosa. Igualmente, el
cuestionamiento de los actos expresos o fictos que niegan el reconocimiento del
vínculo laboral es del resorte de esta jurisdicción.
29. Por otra parte, en esa providencia, dicha Corporación argumentó que la
discusión respecto al reconocimiento de un vínculo laboral difiere de las
controversias surgidas en el marco laboral en las que no se pone en discusión el
tipo de vínculo. En efecto, cuando existe certeza de la relación laboral, no se discute
si aquella corresponde a la de un trabajador oficial o la de un funcionario público
con una relación legal y reglamentaria, así que también es clara la jurisdicción
competente. No obstante, cuando se trata de un contrato realidad mediado por
contratos de prestación de servicios, asignar el conocimiento a una jurisdicción
diferente a la contencioso-administrativa presupone un prejuzgamiento del tipo de
relación que presuntamente existe.
30. Con base en lo anterior, la Corte ha llegado a la subregla jurisprudencial que
indica que “(…) la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para
conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de
una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción
de contratos de prestación de servicios con el Estado”12.
31. La Corte Constitucional ha aplicado la anterior regla incluso cuando el proceso
se promueve para declarar la existencia de un vínculo laboral camuflado con una
entidad pública sometida al derecho privado. Así, por ejemplo, en el Auto 2290 de
2023, aplicó dicha regla en un proceso contra el Banco Agrario de Colombia S. A.,
que es una sociedad de economía mixta del orden nacional y está sometida al
régimen de empresa industrial y comercial del Estado.
32. Además de ello, dicha Corporación13 también ha atendido a esa regla
jurisprudencial cuando el presunto contrato realidad estuvo mediado no solo por
contratos de prestación de servicios, sino por otras modalidades de vinculación,
como un contrato verbal. En ese sentido, el juez administrativo es el llamado a
12
Corte Constitucional, auto 492 de 2021.
13
Corte Constitucional, Auto 794 de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
estudiar esos contratos estatales, independientemente de que concurran otras
modalidades de vinculación.
Caso concreto
33. Después de realizar las anteriores aclaraciones, la Sala estudiará los elementos
formales de procedibilidad y, en caso de superarlos, iniciará el estudio de mérito.
Estudio de forma de la demanda de tutela
34. En el presente asunto, se encuentra demostrado que, en primer lugar, la parte
accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí
expuesto. Sobre este punto, la Sala advierte que la actora cuestionó: el auto del 28
de noviembre de 2022 del Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de
Tuluá, que remitió por falta de jurisdicción; el auto núm. 727 del 12 de octubre de
2023 del Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga, que
rechazó la demanda, y el auto del 3 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que confirmó el rechazo. Frente a esas decisiones, la actora no
disponía de otros recursos ordinarios. En efecto, la actora interpuso recurso de
apelación contra la decisión que rechazó la demanda. Por otra parte, la demandante
tampoco disponía de recursos extraordinarios, como el recurso extraordinario de
revisión14.
35. En segundo lugar, la Sala advierte que el reproche contra el auto del 28 de
noviembre de 2022 del Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de Tuluá
no se interpuso en un plazo razonable. En efecto, la autoridad judicial profirió esta
decisión el 28 de noviembre de 2022, notificado por estado el 29 de noviembre del
mismo año. En ese sentido, la Sala encuentra que ha transcurrido un término que
excede lo razonable para plantear los cargos en contra de dicha decisión y la parte
no indicó alguna razón por la cual no planteó el reproche de manera oportuna. Por
otra parte, frente al auto núm. 727 del 12 de octubre de 2023 del Juzgado Primero
(1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga y al auto del 3 de junio de 2026 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sí se cumple el requisito de inmediatez,
toda vez que esta última decisión fue notificado por estado el 9 de junio de 2026 y
la tutela se interpuso el 26 de agosto de 2026.
36. En tercer lugar, la accionante identificó claramente las decisiones cuestionadas
y las razones por las cuales las autoridades judiciales presuntamente vulneraron
sus derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva. En cuarto lugar, no se trata de una sentencia de tutela, de una
decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado15 ni de una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz16.
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 11001-
03-28-000-2017-00013-00.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-388 de 2023.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
37. En quinto lugar, la actora alegó un defecto procedimental presuntamente
determinante para las decisiones cuestionadas. En efecto, la demandante señaló
que las autoridades judiciales solicitaron adecuar la demanda al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con la actora, esta decisión
configuró un defecto procedimental pues argumentó que su vínculo laboral fue con
la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional
Ricardo Alvarado Cruz, entidad sometida al régimen privado, por lo que no existía
un acto administrativo al que demandar. Además, por lo mismo, argumentó que la
competente era la Jurisdicción Ordinaria Laboral, así que no se debía solicitar la
adecuación a dicho medio de control. Este reproche es potencialmente
determinante, por lo que este requisito de procedibilidad se encuentra superado.
38. En sexto lugar, el requisito de relevancia constitucional también se encuentra
superado. En efecto, la demanda no reproduce únicamente debates de carácter
legal y económico, sino que alega una presunta vulneración de un aspecto esencial
del derecho al debido proceso. En efecto, la parte actora reclama la posibilidad de
acceder al juez natural de la causa y, por tanto, de obtener una decisión de fondo
sobre una situación donde presuntamente se configuró un contrato realidad. De
acuerdo con la demanda, la accionante fue privada de obtener una decisión que
definiera su situación jurídica y diera cuenta respecto a si se configuró o no un
vínculo laboral. Este alegato es relevante constitucionalmente pues incide en el
núcleo básico del derecho al debido proceso.
39. En conclusión, la Subsección concluye que los reproches contra el auto núm.
727 del 12 de octubre de 2023 del Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito
Judicial de Buga y el auto del 3 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca superan los requisitos generales de procedibilidad. Por ello, la Sala
realizará un estudio de fondo sobre los defectos alegados.
Estudio de los defectos
40. La Sala negará el amparo constitucional, por cuanto no se configuró el defecto
orgánico y el exceso ritual manifiesto. Respecto del defecto fáctico, si bien considera
que las autoridades judiciales no se pronunciaron sobre el Acta núm. 71 de la junta
directiva de la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque
Recreacional Ricardo Alvarado Cruz, ello no fue determinante para las decisiones
cuestionadas.
41. La Sala considera que, en el presente caso, los cargos de defecto orgánico, de
defecto fáctico y de exceso ritual manifiesto comparten un núcleo básico, por lo que
se estudiarán de manera conjunta.
42. En efecto, la parte actora sostiene que las decisiones cuestionadas del Juzgado
Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrieron en un defecto orgánico, pues la
jurisdicción competente era la ordinaria laboral. Como fundamento de ello, afirma
que su vínculo no fue con el municipio de Riofrío, sino con la Corporación para la
Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo Alvarado Cruz, que
es una entidad sometida al derecho privado. Ahora bien, para dar cuenta de lo
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
anterior, afirma que el Acta núm. 71 de 2010 de la junta directiva de esa corporación
probaba la verdadera relación laboral de la actora, la cual, a su juicio, no fue
valorada por las autoridades demandadas, por lo que se configuró un defecto
fáctico. Lo anterior evidencia la relación entre los cargos de defecto orgánico y de
defecto fáctico.
43. Por otra parte, el defecto procedimental alegado también comparte un núcleo
argumentativo con los anteriores cargos. La parte actora sostuvo que las
autoridades incurrieron en un exceso ritual manifiesto al demandar la adecuación
de la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A su
juicio, el contexto fáctico no justifica esa exigencia, pues su vínculo no fue con el
municipio, sino con la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque
Recreacional Ricardo Alvarado Cruz, la cual es una entidad sometida al derecho
privado que no emite actos administrativos. Nuevamente, este reproche encuentra
sustento en que el acta no valorada por las autoridades judiciales daba cuenta de
esta situación. Además, la exigencia de adecuar el medio de control se debe al tipo
de jurisdicción al que, según la parte actora, fue remitido erróneamente el asunto.
44. Respecto a la jurisdicción competente, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca sostuvo que los vínculos que existieron fueron una serie de contratos de
prestación de servicios entre la actora y el municipio de Riofrío. Por ello, consideró
que el problema jurídico residía en determinar cuál era la jurisdicción competente
para determinar un vínculo laboral camuflado en una serie de contratos estatales de
prestación de servicios. En atención a la regla jurisprudencial de la Corte
Constitucional, consideró que el asunto era del resorte de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas, sostuvo que la actora no podía
negarse a adecuar la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
45. La Sala advierte que, en la decisión cuestionada, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no consideró el Acta núm. 71 de 2010 de la junta directiva de la
Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo
Alvarado Cruz del municipio de Riofrío. Al contrario, consideró de entrada que los
vínculos que tuvo la accionante fueron contratos de prestación de servicios con la
entidad territorial. No obstante, la Sala considera que esta omisión valorativa no fue
determinante para la decisión que tomó la autoridad judicial.
46. En efecto, a partir del Acta núm. 71 del 27 de enero de 2010 que anexó la actora
en su demanda de tutela, la Sala advierte que la señora Nora Elena Ospina Márquez
fue nombrada como gerente de la Corporación para la Recreación Popular de
Riofrío – Parque Recreacional Ricardo Alvarado Cruz desde el 1 de febrero de 2010
por un periodo de 6 meses:
“Analizadas las propuestas se ponen en consideración y se toma la
decisión por unanimidad de nombrar como gerente a la señora NORA
ELENA OSPINA MARQUEZ con c.c. 40.414.444 de Granada Meta,
por un periodo de seis meses con contrato de servicios por un valor
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
que entraría a ser pactado y asumido por la Administración Municipal,
a partir del 01 de Febrero del 2.010”17
47. En ese sentido, el acta por sí sola no acredita que la accionante haya tenido un
vínculo laboral que se extendiera más allá del periodo que el mismo documento
establece. Sin embargo, lo cierto es que tanto el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Circuito Judicial de Buga
valoraron los contratos de prestación de servicios que aportó el municipio de Riofrío,
los cuales daban cuenta de una serie de vinculaciones de orden civil que tuvo la
accionante desde el año 2010 hasta el 2019 con la entidad territorial.
48. En el presente asunto, la determinación de la relación laboral pretendida no
puede escindirse del examen de los contratos de prestación de servicios que la
accionante celebró con el municipio de Riofrío durante una parte sustancial del
período respecto del cual afirma haber mantenido de manera continua el vínculo
que reclama. En consecuencia, para definir de fondo la controversia resulta
necesario establecer cuál fue la naturaleza real de esas vinculaciones contractuales
y si coexistieron con la relación alegada con la Corporación o si, por el contrario,
encubrieron total o parcialmente una relación laboral. De conformidad con la regla
establecida en el Auto 492 de 2021 y precisada, para supuestos de concurrencia de
modalidades de vinculación, en el Auto 794 de 2024, dicho examen corresponde a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
49. A partir de lo anterior, la Sala advierte que, independientemente de la omisión
valorativa del Acta núm. 71 del 27 de enero de 2010, la conclusión del tribunal
respecto a la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue
correcta. En efecto, está acreditado que la actora tuvo una serie de contratos de
prestación de servicios con una entidad pública. Por ello, los jueces administrativos
son los llamados a determinar si esos vínculos contractuales esconden una relación
laboral, en aplicación de la regla jurisprudencial del Auto 492 de 2021 de la Corte
Constitucional. Por lo anterior, en este aspecto, le asiste la razón a la autoridad
judicial y no se configuró un defecto orgánico.
50. Además, el nombramiento como gerente de la Corporación para la Recreación
Popular de Riofrío – Parque Recreacional Ricardo Alvarado Cruz no altera la regla
jurisprudencial contenida en el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional. En
efecto, en el presente caso concurren contratos de prestación de servicios con el
nombramiento como gerente, por lo que el juez administrativo es el llamado a
conocer, independientemente de que existan otros modos de vinculación diferentes
a la contratación por prestación de servicios18.
51. Finalmente, esta determinación sobre la competencia tampoco se ve afectada
por el hecho de que la Corporación para la Recreación Popular de Riofrío – Parque
Recreacional Ricardo Alvarado Cruz sea una entidad pública sometida al derecho
privado. Por un lado, la regla jurisprudencial contenida sobre la jurisdicción
competente se aplica siempre que concurran contratos de prestación de servicios,
17
Ver archivo “005_5ED_PRUEBA_26_8_202616_1”, pág. 4.
18
Corte Constitucional, Auto 794 de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
independientemente del régimen aplicado a la entidad pública. Así pues, sin
importar si el posible vínculo que hubiera surgido fuera el de un trabajador oficial o
el de un empleado público, la jurisdicción competente seguiría siendo la
contencioso-administrativa. Por otro lado, los contratos aportados en el presente
caso fueron celebrados con el municipio de Riofrío, entidad territorial sometida al
derecho público y con capacidad de emitir actos administrativos.
52. A su vez, y toda vez que la jurisdicción competente era la administrativa, la Sala
también concluye que estaba justificada la exigencia de adecuar la demanda al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Respecto a este punto,
la parte actora sostuvo que, toda vez que la jurisdicción competente no era la
contencioso-administrativa, esta exigencia constituyó un exceso ritual manifiesto.
No obstante, una vez resuelto el asunto de la jurisdicción, el reproche de la
demandante pierde sus bases. Además, la tutelante señaló que no existía acto
administrativo alguno, pero el reproche del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se podía dirigir contra actos expresos o fictos. En esa
medida, las solicitudes realizadas ante el municipio de Riofrío también podían
constituir actos demandables a través de la figura del silencio administrativo. Por lo
anterior, la Sala concluye que las decisiones cuestionadas tampoco incurrieron en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
53. Así pues, la Sala negará las pretensiones de la parte actora, por cuanto
encuentra que la conclusión de las autoridades judiciales respecto de la jurisdicción
competente fue acertada. Además, si bien encontró que tanto el tribunal como el
juzgado omitieron pronunciarse sobre el elemento probatorio relacionado por la
actora, ello no fue determinante en su decisión, la cual se fundamentó en los
contratos de prestación de servicios aportados por el municipio de Riofrío. Así pues,
toda vez que la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa, la Sala
encuentra que estuvo justificada la exigencia de adecuar la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por la señora Nora Elena Ospina Márquez, por conducto de apoderado,
respecto de los cargos frente al auto del 28 de noviembre de 2022 del Juzgado
Primero (1°) Laboral del Circuito Judicial de Tuluá de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: en lo demás, NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora Nora Elena Ospina Márquez, por conducto de apoderado,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Primero (1°)
Administrativo del Circuito Judicial de Buga y el Juzgado Primero (1°) Laboral del
Circuito Judicial de Tuluá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-06949-00
Accionante: Nora Elena Ospina Márquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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