Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06952-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA / Subsidiariedad – uso anticipado
del mecanismo constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 27 de agosto de 2026, la señora Yineth Karina Tovar Ochoa presentó acción
de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos, buena fe, mérito y prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas al haber sido
rechazada como aspirante a Juez Promiscuo de Familia del Circuito, en el marco de
la Convocatoria 28 de la Rama Judicial.
2. La accionante manifestó que a través del Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de
noviembre de 2025, se abrió el concurso de méritos 28 de la Rama Judicial, al cual
se postuló como aspirante a Juez Promiscuo de Familia del Circuito. No obstante, en
la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, fue incluida en la lista de
rechazados, por la causal 5, que corresponde a la presunta falta de presentación de
la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
suscrita y cargada en formato PDF.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.Su objeción se orienta a que la entidad no cuestionó su formación académica,
experiencia profesional, ni las capacidades para aspirar al cargo; sino la omisión de
cumplir con una carga meramente formal, como lo es el adjuntar una declaración
adicional en formato pdf, a pesar de que al diligenciar el aplicativo CARJUD APP
manifestó bajo la gravedad de juramento que cumplía con los requisitos del cargo y
no concurría en ella ninguna causal e inhabilidad e incompatibilidad.
4. Puso de presente que, en la sentencia STP5284-2023, la Corte Suprema de
Justicia estudió situaciones similares y concluyó que la exigencia de una declaración
adicional, que obvia las manifestaciones realizadas en la plataforma de inscripción,
puede configurar un exceso ritual manifiesto, en tanto se privilegian las formas sobre
lo sustancial, con una incidencia negativa en los derechos fundamentales.
5. Igualmente, señala que aunque existen mecanismos ordinarios de defensa ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, estos no resultan eficaces para evitar
la afectación actual de sus garantías, pues mientras se adopta una decisión no podrá
participar en el concurso y será imposible restablecer plenamente su situación. Por
otro lado, el debate planteado no es de naturaleza legal, en tanto puede configurar
un exceso ritual manifiesto, que demanda de la intervención del juez constitucional
para evitar la configuración del alegado perjuicio.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
6. Mediante auto de 01 de septiembre de 2026, se admitió la presente acción y se
negó la medida provisional deprecada. También se ordenó notificar su presentación
a la autoridad accionada y se vincularon a las personas inscritas en la Convocatoria
28 para el cargo de Juez Promiscuo de Familia del Circuito, en calidad de terceros
con interés.
7. Se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su
cargo. Se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial que notificara de la presente acción constitucional a las personas
inscritas en la Convocatoria 28 para el referido cargo.
(i) Unidad de Administración de Carrera Judicial2.
8.
Solicitó no acceder al amparo, en tanto la tutela es improcedente y, de cualquier
manera, no se vulneraron los derechos alegados.
9.
Indicó que, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.1 del artículo 6 del
Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, los participantes contaban con la oportunidad de
solicitar la verificación de documentos, en el término de 3 días hábiles siguientes a
la notificación del acto de rechazo. La tutela no puede ser empleada para que se
realice esa revisión que no se solicitó oportunamente.
2 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 7 folios.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.
Destacó que la exigencia de la declaración de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades está consagrada en el numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270
de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024. El Acuerdo de la
convocatoria se limitó a desarrollar ese mandato legal. Esta circunstancia normativa
diferencia la Convocatoria 28 de la Convocatoria 27 y evidencia que la aplicación de
tal exigencia no permite predicar una acción u omisión con incidencia en la garantía
de derechos fundamentales.
11.
Recordó que el Acuerdo de convocatoria vincula tanto a la administración como a
los participantes y en aquel se consagró ese requisito, la forma de acreditarlo y la
consecuencia de su incumplimiento, que es el rechazo. La decisión respecto a la
accionante estuvo sustentada en el incumplimiento de esa exigencia, pues la
verificación del aplicativo CARJUD APP, evidencia que la señora Tovar Ochoa sólo
adjuntó la referida declaración hasta el 21 de agosto de 2026, es decir, por fuera del
término de inscripción.
12.
Precisó que, si bien el derecho consagrado en el numeral 7 del artículo 40 de la
Constitución garantiza el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, ello
no comporta la garantía de ser admitido desatendiendo las reglas legalmente
establecidas. La exigencia de la declaración era aplicable a todos los concursantes,
por lo que que no se puede predicar un trato discriminatorio respecto de la
accionante.
13.
Esa falencia no se subsanaba allegando la documentación en forma
extemporánea. La verificación de documentos no es una oportunidad para corregir
esas falencias, sino una etapa para revisar que oportunamente -durante el término
dispuesto para la inscripción- se allegaran los soportes requeridos. Tampoco se
advierte vulneración de la buena fe o de la confianza legítima, pues las reglas fueron
claras desde el inicio de la convocatoria y no se modificaron durante el concurso.
14.
Adicionalmente, el escrito de tutela tampoco demuestra una afectación autónoma
del derecho al trabajo. La inscripción al concurso sólo generaba una expectativa,
cuya consolidación estaba supeditada a cumplir los requisitos de admisión, superar
las etapas eliminatorias, lograr acceder al registro de elegibles y ser nombrado.
15.
Respecto de la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de
Estado en el proceso 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023), en la cual se
declaró la nulidad de varias disposiciones del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 (que
reglamentó la Convocatoria 27) que exigían aportar la declaración juramentada y
establecían su omisión como causal de rechazo; se advierte un cambio normativo
relevante, pues bajo el texto de la Ley 270 de 1996 vigente al momento de expedirse
aquel acuerdo, esa obligación no se encontraba expresamente prevista. Para la
fecha en que se profirió el acuerdo de la Convocatoria 28, ya estaba en vigor la
modificación que sobre ese particular introdujo el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024
al artículo 164 de la Ley 270 de 1996.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
16.
En cuanto a la aplicación de la sentencia STP5284-2023, proferida el 31 de mayo
de 2023 por la Corte Suprema de Justicia, precisó que las razones que determinaron
la decisión de amparar el derecho de quienes no aportaron la mencionada
declaración estuvieron asociadas a que: (i) esa declaración se hizo en el aplicativo
Kactus, al momento de inscribirse, y (ii) las personas que tenían usuario registrado
previamente, en todo caso, al presentar la prueba de aptitudes y conocimientos,
suscribieron el cuadernillo que incorporaba una manifestación en ese sentido. Es
decir, que materialmente se cumplió la exigencia, por lo que se consideró
desproporcionada la exclusión.
17.
En esta ocasión, además de que ese es un requisito de origen legal, tampoco se
ha realizado la prueba, por lo que la accionante no ha suscrito ninguna manifestación
como la requerida.
18.
Finalmente, indicó que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues la señora
Tovr Ochoa cuenta con otros mecanismos para cuestionar la legalidad de la decisión,
y su falta de idoneidad y eficacia no está acreditada. Además de que, en el marco de
aquellos, puede solicitar las medidas cautelares que estime necesarias.
(ii) Otras intervenciones.
19.
Se recibieron 38 intervenciones de otros participantes de la convocatoria 28, que
pueden agruparse de la siguiente:
Tabla 1: Personas que solicitan NO acceder a las pretensiones
Nombre Intervención
Pide que se declare improcedente el amparo. Destaca que el check-list del
Hugo formulario web no reemplaza la prueba documental exigida, que es de
Lascarro naturaleza imperativa. Por lo que no se configura el exceso ritual
Polo manifiesto invocado. Señala que la exclusión no supone una vulneración
de derechos, sino la consecuencia por incumplir las bases del concurso.
Andrés
Pide negar las pretensiones, pues las instrucciones de inscripción eran
Felipe
claras y si la parte accionante no las cumplió no puede usar la tutela para
Barragán
revivir los términos.
Díaz
Indica que, al inscribirse, la accionante aceptó las reglas del concurso, que
se aplicaron a todos por igual. Destacó que la tutela no es procedente para
Franco José
cuestionar actos de trámite en un concurso, además no se acreditó un
Maldonado
perjuicio irremediable. También negó que se vulneren los derechos
Gámez
alegados o se configure el yerro advertido, pues claramente se desatendió
un presupuesto sustancial en la inscripción.
Pide negar por improcedente la tutela, pues la exclusión de la accionante
Pedro Nel
obedeció al estricto cumplimiento de las reglas del concurso. Proceder de
Jiménez
otra forma implicaría quebrantar el principio de igualdad y la seguridad
Sánchez
jurídica.
Se opone al amparo, apelando a que se debe respetar el derecho de
Luis Gabriel quienes cumplieron con el requisito. Señala que la convocatoria 28 no
Carrillo puede judicializarse, ni someterse a suspensiones permanentes. Solicita
Navas que, en caso de que se acceda al amparo, se tenga en cuenta que el
problema planteado corresponde a una situación específica, por lo que se
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
deben evitar medidas desproporcionadas que impliquen la suspensión de
todo el concurso.
Tabla 2: Personas que apoyan las pretensiones de la accionante
Nombre Intervención
Coadyuva los argumentos y pretensiones de la accionante, pues estima
William
que el juramento deprecado está inmerso en el formulario de inscripción,
Ricardo
por lo que se debe dar prevalencia a lo sustancial. Además, señala que se
Insignares
presenta una vulneración "al espíritu de la jurisprudencia constitucional
Salazar
(sentencia STP5284-2023)".
César Informa que también fue excluido por la causal 5, reitera los argumentos
Augusto expuestos en la tutela y pide que, al momento de fallar esta, se tenga
García como contexto su situación particular, en la que se presentó un elemento
Ortega adicional porque sí allegó el documento, pero lo cargó en un ítem errado.
Tabla 3: Personas que solicitan la protección de sus propios derechos
Nombre Intervención
Gloria Señala que fue rechazada por la misma causal que la accionante y solicita
Milena que, en caso de acceder al amparo, también se protejan sus derechos,
Garzón para lo cual presenta argumentos similares a los de la tutela.
Ronal Coadyuva la tutela. Señala que fue rechazado por la misma causal que la
Gutiérrez accionante y solicita que, en caso de acceder al amparo, también se
Rodríguez protejan sus derechos.
Afirma que coadyuva las pretensiones, por encontrarse en una situación
sustancialmente similar a la de la accionante y no encuentra razonable su
Adriana
exclusión, a pesar de cumplir con los requisitos de experiencia y formación.
Arango
Señala que no se dio información suficiente sobre la obligatoriedad del
Blanquicet
documento y el sistema tampoco alertó sobre su ausencia. Explica que, en
su caso, se terminó privilegiando una formalidad sobre lo sustancial.
Adhiere al reclamo constitucional, alegando que el artículo 7 del Decreto
019 de 2012, que modificó el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 y el
artículo 25 de la Ley 962 de 2005, prohíben exigir declaraciones extra
juicio en actuaciones administrativas, por lo que las manifestaciones
Jaime
realizadas en el aplicativo son suficientes. Cuestiona su rechazo por esa
Hernán
causal y una adicional, relativa a la falta de acreditación de la experiencia.
Ardila
Pide que también se revise esta última, considerando que la omisión es
atribuible a los despachos judiciales que no certificaron sus actuaciones
como litigante, aspecto que -de cualquier manera- está documentado en
los registros institucionales de la Rama Judicial.
Juan Carlos Afirma que coadyuva y, como se encuentra en una situación idéntica a la
Santana accionante -como excluido por la causal 5-, pide que se le reconozca como
Balaguera litisconsorte necesario.
Indica que está en la misma situación que la accionante, por lo que
demanda el amparo de sus derechos bajo las mismas razones. Pone de
presente otras vinculaciones previas como contratista de entidades
Jairo Chara
públicas, que hacen presumir que no está incurso en ninguna inhabilidad o
Carbali
incompatibilidad. Coincide en que se incurre en un “exceso de ritualismo
manifiesto”. Informa que ya presentó una acción de tutela por esos
motivos.
Coadyuva porque fue excluido por la misma causal y estima que ese no es
un argumento idóneo para considerar el mérito. Solicita que se acepte la
Fabián
declaración de inhabilidades e incompatibilidades que aporta en el correo y
Palma Arias
se ordene su inclusión, así mismo que se le extiendan todas las decisiones
favorables que se adopten.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Estima que la exigencia de la declaración constituye un exceso ritual
manifiesto, sin perjuicio de lo cual precisa que en su caso cargó el
David
documento (el 30 de octubre de 2025) y, aunque lo hizo en fecha posterior
Alejandro
a su inscripción (21 de noviembre de 2025), de cualquier manera fue antes
Leyes
de la fecha límite. Sostiene que su situación es particular porque se
Acevedo
desempeña como servidor judicial, lo que evidencia que no está incurso en
ninguna inhabilidad o incompatibilidad. Julio León
Afirma que allegó la declaración, pero en un formato diferente. Estima que
Solano De
tampoco es válida la exigencia de que aquella se presentara ante notario. La Hoz
Sostiene que se encuentra en una situación similar a la expuesta por la
accionante. A su juicio, la accionada incurrió en un exceso ritual manifiesto,
Alcides
al privilegiar una formalidad sobre lo sustancial. Invocó como antecedente
Rafael
la sentencia STP5284-2023 de la Corte Suprema de Justicia. Pidió un trato
Mendoza
igualitario, conforme al cual, si se accede al amparo de la accionante
Arrieta
también se debe hacer lo propio con él. Solicitó como medida provisional
que se le permita continuar participando en el concurso. Solicita que se haga una verificación integral de la documentación que
Albeiro
aportó en su inscripción y, de ser necesario, se le autorice aportar la
Márquez
declaración deprecada, que -en todo caso- considera una exigencia
Lozano
desproporcionada, que privilegia la forma sobre lo sustancial. Indicó que fue rechazada por no cumplir la exigencia de aportar la referida
declaración, que estima como un asunto meramente formal, que
Jenny Elisa desconoce la realidad, pues al inscribirse hizo esa manifestación en el
Pulido formulario. Pidió considerar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia
Gutiérrez en la sentencia STP5284-2023 y, conforme a ello, dejar sin efectos su
rechazo o, subsidiariamente, ordenar a la entidad realizar una nueva
revisión de sus documentos. Manifiesta que, en atención al rechazo por la causal 5, solicitó a la
William accionada la verificación de los documentos. Pide que se admita esa
Arbey Tepud solicitud y, en su estudio, se revise la legalidad de esa decisión de
Verdugo excluirlo, a la luz del precedente fijado por el Consejo de Estado en el
proceso 11001-03-25-000-2023-00263-00. Afirma que su situación es diferente a la de la accionante, pues su nombre
no figura ni en la lista de admitidos ni en la de rechazados. Censura la
actuación de la autoridad porque no hubo un acto debidamente motivado
que resolviera su situación, lo que implica que se vulneró su derecho de
Wilson
acceso a cargos públicos por cuenta de un exceso ritual manifiesto que
David
desatendió lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
Caycedo
STP5284-2023. A su vez, se desconocieron los principios de mérito e
Romero
igualdad, así como la razonabilidad que debía imperar en el concurso. Pidió su inclusión en la lista de admitidos o, subsidiariamente, ordenar una
revisión de la documentación, que derive en una decisión motivada y se
garantice su derecho a la contradicción. Solicita ser aceptada como coadyuvante y que se le extiendan los efectos
del amparo, que eventualmente se conceda. Coincide con lo expuesto por
Nazly la accionante y destaca que se configura un exceso ritual manifiesto
Andrea cuando se excluye a personas que, como ella, ya ejercen la función
Barrantes judicial, bajo el argumento de que no adjuntaron una declaración en
Ruge formato pdf. También reseñó como precedente aplicable la sentencia
STP5284-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Indica que su exclusión por la falta de la referida declaración constituye un
Jaime Alexis evidente exceso ritual manifiesto y una violación tanto del debido proceso,
Poveda como del derecho de acceso a cargos público, en consideración a que
Pineda sustancialmente cumplió con la manifestación deprecada al suscribir el
formulario de inscripción.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Señaló que en su caso se presentó un exceso ritual manifiesto en entornos
digitales, que desatiende el precedente fijado en la sentencia STP5284-
Edgar Daniel 2023 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se resolvió una situación
Lobo Arias idéntica. Pone de presente su vinculación como contratista a una entidad
estatal, que evidencia que no concurren en él inhabilidades o
incompatibilidades.
Cuestiona que respecto de otras declaraciones requeridas para la
inscripción se dispuso un formato, mientras que para esta declaración no
se hizo, lo que generó confusión sobre las exigencias que resultaban
Robinson
obligatorias. De igual forma, precisa que la falta de esa declaración no
Amézquita
implica que se configure alguna inhabilidad o incompatibilidad. Cuestiona
Bustos
que la exclusión se sustente en esa omisión y no en aspectos objetivos
relacionados con el cumplimiento de las exigencias de formación y
experiencia. Pide que se revoque el rechazo de su inscripción.
Precisa que se encuentra en una situación equiparable a la expuesta por la
accionante porque fue excluida por la misma causal, con la diferencia de
Marisol
que ella cargó un documento, sólo que éste fue suscrito digitalmente y
Gómez
convertido a pdf, en lugar de imprimirlo y escanearlo posteriormente.
Camacho
Considera que esa exigencia es desproporcional, por lo que se debe
revisar su rechazo.
Tabla 4: Personas que apoyan las pretensiones de la accionante y solicitan
extender el amparo a otros participantes en su misma situación.
Nombre Intervención
Coadyuva y adhiere a la tutela. Aunque se inscribió para otro cargo fue
Néstor rechazado por la misma causal, que estima desproporcionada, más aun
Mauricio considerando que el aplicativo no fue parametrizado para alertar sobre la
Nieva obligatoriedad del documento. Pide amparar los derechos de la accionante
Quintero y de todos los terceros -como él-, afectados por la aplicación de esa
causal.
Coadyuva, por estar en una situación similar. Señala que "en la realidad
fáctica y jurídica" no se encuentra inmersa en ninguna inhabilidad o
Lisseth incompatibilidad. Afirma que la exigencia del documento desconoce la "Lex
Vanessa Concursus", el principio de legalidad y de confianza legitima. Concuerda
Londoño con la accionante en que se debe dar prevalencia a lo sustancial sobe lo
Badillo formal. Finalmente, en la medida en que el criterio restrictivo acogido por la
entidad no constituye una falla aislada, sino un patrón institucional, se debe
conceder el amparo con efectos inter pares.
Coadyuva, indicando que fue rechazado por la misma causal y otra
adicional. Señala que no están fundamentadas las razones para la
Jorge exclusión, por lo que -además de aportar varios documentos- pide como
Eduardo prueba que la accionada rinda un informe sobre los motivos por los cuales
Fonseca aduce que no se cumplió el requisito por parte de los participantes
Echeverri excluidos y que además se practique un peritaje o inspección judicial sobre
el sistema utilizado en la inscripción, para verificar si los documentos
fueron cargados.
Aunque aspiró a otro cargo, considera que se encuentra en la misma
situación de la accionante, por lo que coadyuva sus argumentos. Pide
Valentina tener en cuenta la sentencia STP5284-2023 de la Sala de Casación Penal
Solano de la Corte Suprema de Justicia. Solicita extender el eventual amparo a
Sucerquia todos los participantes y, si no se acepta su intervención, que su escrito se
incorpore como evidencia de la dimensión de la problemática planteada en
la tutela.
María de los Coadyuva la tutela para solicitar el amparo de derecho de todas las
Ángeles personas que fueron excluidas por la misma causal, de manera que se les
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Alquichire permita verificar y, de ser el caso, subsanar la referida omisión. Ello bajo la
Fuentes premisa de que se debe dar prevalencia al derecho sustancial. Coadyuva y pide que los efectos de la sentencia se hagan extensivo a
todos los participantes excluidos. Señala que en su caso aportó el
documento y presenta evidencias de ello. Precisa que, en todo caso, el
Álvaro numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
Hernan 81 de la Ley 2430 de 2024 dispone el rechazo por no cumplir los requisitos
Benavides de experiencia y formación, no por dejar de adjuntar la referida
Solarte declaración. Solicita tener en cuenta el fallo de tutela
11001023000020230033500 de la Corte Suprema de Justicia, en el que se
ampararon los derechos con efectos inter comunis, en una situación
similar. Coadyuva y pide adoptar un fallo con efectos erga omnes, que invalide la
resolución de rechazo, de manera que se extiendan a él sus efectos, en
Manuel tanto se encuentra en una situación similar. Estima que la exigencia de la
Javier Baez declaración implica un exceso ritual manifiesto, pues en el formulario se
Almanza dejó la constancia que se demanda, por lo que no se puede supeditar su
derecho a una formalidad operativa que había resuelto al diligenciar el
formulario web. Estima que se configura un "excesiva ritualidad manifiesta", pues los
procedimientos deben estar orientados a elegir al mejor candidato, no a
Pedro
eliminar personas por documentos innecesarios, en especial teniendo en
Pascacio
cuenta que esta no es la etapa para verificar ese requisito de ausencia de
Martínez
inhabilidades e incompatibilidades, que por demás es subsanable al
Reyes
momento de la posesión. Pide eliminar esa exigencia o, subsidiariamente,
habilitar un término para que los concursantes puedan subsanar. Coadyuva, por estar en una situación fáctica y jurídica idéntica a la
expuesta por la accionantes. Señala que hubo deficiencia en la información
John Jairo sobre la obligatoriedad de la declaración, así como una falla en el sistema
Marulanda que informó que la inscripción se completó, a pesar de supuestamente
Idarraga faltar ese documento, cuya exigencia materializa un exceso ritual
manifiesto. Pide amparar los derechos de la accionante y extender esa
orden a su caso. Señala que fue rechazada por la misma causal que la accionante. Destaca
falta de congruencia entre las instrucciones de la guía de orientación y la
Sergio estructuración del aplicativo, que pudieron generar confusión. Así mismo
Andrés cuestiona que al momento de la inscripción se generara un aviso que
Jaimes indicaba que aquella estaba 100% completada, cuando faltaba ese
Rueda documento que, en todo caso, es innecesario y su ausencia no determina
la existencia o no de inhabilidades o incompatibilidades. Solicita que se
haga un requerimiento de información a la accionada. Legman Coadyuva y pide que los efectos de la sentencia se hagan extensivo a
Robert todos los participantes excluidos. Coincide en que se incurrió en un exceso
Fuenmayor ritual manifiesto y que resulta imperativo aplicar el precedente fijado por la
Rivadeneira Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP5284-2023. Coincide con la accionante en que la exigencia de esa declaración
Katherin
configura un exceso ritual manifiesto, por lo que -en aplicación del principio
Pino Dizes
pro personae- se les debe conceder el amparo. Explica que se encuentra en una situación fáctica y jurídica igual a la de
quien acciona, en tanto fue rechazado del concurso por la misma causal. Yilmer Conforme a ello, a efectos de evitar situaciones contradictorias, pide que el
Osdey eventual amparo se extienda a otros participantes en la misma situación.
Velandia Igualmente señala como precedentes relevantes la sentencia STP5284-
Duarte 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así
como la decisión proferida el 22 de mayo de 2025 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06952-00
Accionante: Yineth Karina Tovar Ochoa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II.C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestiones previas.
(ii) Las solicitudes de coadyuvancia
20. De conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en materia de tutela,
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
21.
La Corte Constitucional3 ha definido la coadyuvancia como: (i) la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso (ii) que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante (iii) sin que ello suponga
que éste puede realizar nuevos planteamientos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante.
22.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de coadyuvancia
planteadas por las personas relacionadas en la Tabla 3 de los antecedentes, pues
cada uno presentó reclamaciones propias, que difieren de las planteadas por la
demandante en la solicitud de amparo, por lo que no es posible tener los escritos
presentados como coadyuvancias.
23.
Por el contrario, la Sala accederá a la solicitud de coadyuvancia formulada por los
señores William Ricardo Insignares Salazar y César Augusto García Ortega, por
cuanto manifestaron compartir los cuestionamientos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela, sin haber presentado nuevos argumentos o reclamaciones
propias que difieran de las esgrimidas por la accionante. Si bien el señor García
Ortega relata su situación, incluso expone que fue excluido por una causal adicional;
no formula una pretensión propia y aclara que la exposición que hace se orienta a
evidenciar el contexto en el que se presenta la vulneración de derechos de la señora
Tovar Ochoa.
24.
También se aceptará la coadyuvancia de las personas relacionadas en la Tabla
4, pero sólo en cuanto apoyan la pretensión de la accionante. No se tendrán en
cuenta los argumentos y solicitudes orientadas a que se amparen los derechos de
otras personas distintas a ella.
(ii) Solicitudes adicionales de los intervinientes
25. La Sala negará las solicitudes presentadas por algunas de las personas que
comparecieron al proceso, que están asociadas a los intereses que defienden. Entre
ellas, solicitudes de medidas cautelares (como la presentada por el señor Alcides
Rafael Mendoza Arrieta) a las cuales no se puede acceder, no sólo porque en esta
3 En sentencia T-1062 de 2010.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
providencia ya se adopta una decisión definitiva, sino también porque su propósito
es salvaguardar derechos de una persona diferente al accionante, lo que escapa de
la competencia de esta Sala.
26. También se destacan solicitudes probatorias, como las presentadas por los
señores Jorge Eduardo Fonseca Echeverri y Sergio Andrés Jaimes Rueda (ambos
relacionados en la Tabla 4), que en esta etapa procesal no se estiman necesarias,
por cuanto ya la entidad accionada rindió el informe correspondiente y aportó los
elementos de convicción que se requerían para desatar el litigio. Además, esos
requerimientos se refieren a aspectos que no serán abordados en esta decisión,
pues -como se expondrá a continuación- no se estudiará de fondo el asunto, ni la
discusión sobre la legalidad de la resolución censurada.
D. Análisis del caso concreto
27. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el presupuesto general de procedencia atinente a la subsidiariedad.
28. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable4. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de amparo, el interesado debió haber agotado todos los mecanismos -
idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la
situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene
improcedente.
29. En el presente caso, para esta Sala es claro que la accionante hizo un inadecuado
del mecanismo constitucional, pues, aunque fue inadmitida inicialmente de la
Convocatoria 28, la situación particular derivada de esa decisión podía ser
controvertida a través de la solicitud de verificación documental, de conformidad con
lo previsto en el numeral 4.1 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 20255.
30. La accionante no precisa si presentó esa solicitud y la contestación de la
accionada tampoco es explícita en ese sentido, por lo que no es posible determinar
si la determinación de rechazo ya quedó en firme. Lo anterior se pone de presente
sólo para evidenciar que la resolución inicial podía ser objeto de modificación.
31. Sin perjuicio de ello, se advierte que cuando el actor haya obtenido una decisión
definitiva de su caso particular, que estime afecte sus derechos, contará con los
mecanismos judiciales ordinarios para debatir esa determinación, que son los que
4 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
5 “…Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de las resoluciones expedidas, los aspirantes
rechazados podrán pedir la verificación de su documentación, mediante escrito tramitado únicamente en el
software CARJUDAPP, dentro del citado término. Cualquier solicitud extemporánea o enviada por un medio
diferente al indicado en el acto administrativo, se entenderá como no presentada...”.
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determinan la subsidiariedad de la acción, más allá de la posibilidad de cuestionarla
en sede administrativa.
32. El mecanismo idóneo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual además de permitirle debatir la presunción de legalidad de los actos
acusados y obtener el restablecimiento integral de los derechos presuntamente
vulnerados a causa de su expedición, también le ofrece la posibilidad de solicitar, en
cualquier estado del proceso, la suspensión provisional de dichos actos o la adopción
de cualquier otra medida que considere necesaria para garantizar -provisionalmente-
el objeto del proceso.
33. Ahora bien, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra actos administrativos
expedidos en el marco de concursos de méritos, la Corte Constitucional ha señalado
que, por regla general, aquellas resultan improcedentes cuando existen otros
mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas en el concurso.
Así lo precisó, entre otras, en la Sentencia SU-067 de 2022, donde indicó que “por
regla general (…) es improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los
actos proferidos por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de
un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales
como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011”.
34. A lo anterior se suma que el accionante tampoco acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que active la posibilidad de intervención del juez de tutela, pues
aunque afirmó que existía un perjuicio porque el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025
no tenía ningún recurso para los no admitidos que permitiera corregir la vulneración
de derechos; como se explicó anteriormente, aquella afirmación es contraria a la
realidad. Sumado a que no se acreditó cuál sería el daño concreto, inminente, grave
y de carácter impostergable que se produciría, pues en tanto se están resolviendo
las solicitudes de verificación documental, el concurso no ha avanzado a otra etapa.
35. Eso descarta la urgencia de la situación que se pretende presentar, así como la
supuesta necesidad de que el juez de tutela intervenga ante la alegada ineficacia del
mecanismo ordinario de defensa, pues ni siquiera se ha fijado una fecha para el
examen de conocimientos y aptitudes, que es la siguiente etapa en el concurso.
Tampoco se explica la razón por la cual las medidas cautelares consagradas por el
legislador en la Ley 1437 de 2011 resultan insuficientes para garantizar la protección
provisional demandada.
36. Respecto a las providencias citadas como precedentes, se advierte que no lo son.
En primer lugar, la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de
Estado en el proceso de nulidad 11001-03-25-000-2023-00263-00, corresponde a un
control abstracto de legalidad sobre el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018 que reguló la Convocatoria 27. Es decir, esa decisión no constituye un referente
jurisprudencial vinculante para abordar el estudio de la situación fáctica que motivó
la presente acción constitucional.
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37. En cuanto al fallo de tutela STP5284-2023, proferido el 31 de mayo de 2023 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se estima pertinente
precisar que los efectos inter comunis que dicha corporación imprimió a la orden de
amparo cobijaron a “(…) los demás excluidos en la Fase II de la etapa de selección
de la Convocatoria 27 con sustento en el numeral 3.5. del artículo 3° del Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el cual establece la «[n]o presentación
de la declaración jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades»”. Es
decir, no se extiende a los participantes de la Convocatoria 28.
38. Por otro lado, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no vinculan a esta
corporación, mucho menos si se trata de fallos de tutela. En especial, considerando
que el invocado se adoptó en un contexto fáctico u sustantivo diferente, pues aunque
el reproche esté asociado a una situación similar, esto es la exclusión de un concurso
de méritos por no aportar una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades
e incompatibilidades; lo cierto es que entre la Convocatoria 27 y la 28 se han
presentado cambios normativos relevantes (como la expedición de la Ley 2430 de
2024, que modificó la Ley 270 de 1996), y la estructuración de ambos procesos
comporta diferencias importantes, como el hecho de que en el concurso actual la
revisión documental se hace a todos los participantes, luego de la inscripción y antes
de las pruebas de conocimiento y aptitudes; mientras que en la Convocatoria 27, esa
verificación se hizo sólo a las personas que habían aprobado ese examen, es decir,
en una etapa más avanzada del trámite.
39. Estasprecisiones se hacen sólo a efectos de evidenciar que no existe un
precedente judicial que determine a esta Subsección a adoptar una decisión en un
sentido específico; pues -como se indicó previamente- el estudio de legalidad de la
resolución objetada corresponderá al juez natural, en la medida en que, para la
accionante, ese rechazo implica un acto administrativo definitivo, en tanto la excluye
del concurso.
40.
En los términos precedentes, la Sala concluye que la presente acción de tutela
no satisface el presupuesto de subsidiariedad, por lo que se declarará
improcedente el amparo solicitado.
41. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por las personas
relacionadas en la Tabla 3 de los antecedentes.
SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de coadyuvancia presentadas los señores
William Ricardo Insignares Salazar y César Augusto García Ortega (Tabla 2), así
como de las personas relacionadas en la Tabla 4 de los antecedentes, pero sólo en
cuanto apoyan la pretensión de la accionante.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: NEGAR las solicitudes procesales presentadas por las personas
intervinientes, relacionadas con el decreto de medidas provisionales o pruebas
adicionales.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
6 VF
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