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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06982-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06982-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Aceptar la solicitud de coadyuvancia a la sociedad Maquinaria Ingeniería Construcciones y Obras S.A.S en los términos señalados en la parte motiva de la providencia. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06982-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06982-00
Accionante: La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
controversias contractuales

Decisión: Negar el amparo porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, a
través de apoderado judicial, contra la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, ocurrida con la expedición
de la sentencia del 27 de febrero de 2026 y la providencia del 15 de julio del mismo
año, al interior del proceso de controversias contractuales con radicado 85001-23-
33-000-2021-00044-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Ecopetrol SA y la sociedad Maquinaria Ingeniería Construcciones y Obras SAS -
Miko SAS suscribieron el contrato de obra 3008874 con el propósito de construir la
vía perimetral de la instalación central de procesamiento CPF2 Cupiagua, por valor
de $9.179.587.275 y un plazo de 365 días calendario, negocio jurídico que incluía la
opción de ejecutar también el acceso al CPF Cupiagua y la construcción de un
puente en el sector de la quebrada Cupiaguera por la suma adicional de
$9.149.640.209 y un plazo de 270 días calendario.

3. Con fundamento en lo anterior, acordaron que Ecopetrol SA podría imponer multas
del 1% de su valor en caso de incumplimiento total o parcial del negocio, o cesión de
este sin autorización de la contratante; así como también se pactó una multa del 10%
del precio en caso de terminación anticipada del contrato, suma que Ecopetrol SA
podía descontar de los saldos en favor del contratista.

1 Acción de tutela presentada el 30 de julio de 2026.

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4. Así las cosas, La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo intervino
como garante en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento número AA020109.

5. El 30 de octubre de 2017, se dio inició a la ejecución del contrato y el 2 de marzo
del 2018 se activó la opción de ejecución de obras de acceso y construcción del
puente Quebrada Cupiaguera.

6. El 20 de marzo de 2019, el contratista y el interventor suscribieron un acta de
revisión de ítems y cantidades requeridas con el fin de pactar el otrosí, no obstante,
Ecopetrol SA advirtió que le sobrevino una inhabilidad al contratista producto de una
sanción impuesta por la Procuraduría General y que el contratista incumplió también
los plazos de ejecución del PDT, cedió sin autorización el contrato a la sociedad
MANTO SAS y, presentaba un atraso sistemático en el pago de la nómina, impuestos
y a proveedores la Nación, hecho que no fue notificado por su contratista.

7. El 30 de abril de 2019, Ecopetrol SA le notificó el incumplimiento del contrato a
Miko SAS.

8. Con ocasión de lo anterior, Ecopetrol SA en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales demandó a la sociedad Maquinaria Ingeniería
Construcciones y Obras SAS - Miko SAS, con el propósito de que se declarara el
incumplimiento del contrato 3008874 del 2017.

9. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 7 de mayo de 2025 resolvió acceder parcialmente a la
pretensiones de la demanda, al considerar que el contratista incumplió con sus
obligaciones contractuales porque se vio afectado por una inhabilidad sobreviniente
y no le informó de esta circunstancia a la contratante, subcontrató con la sociedad
Manto SAS el desarrollo del objeto contractual sin autorización de la contratante, no
cumplió con sus obligaciones laborales tal como lo reconoció en el acta de cierre y
balance del contrato e incurrió en atrasos en el avance de obra.

10. En consecuencia, declaró el incumplimiento del contratista y lo condenó junto con
la aseguradora del contrato, a pagar el valor de la multa impuesta por Ecopetrol SA
en cuantía equivalente a $723.976.490,32 y, denegó las demás súplicas de la
demanda.

11. En sede de apelación, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a través de la sentencia del 27 de febrero de 2026 confirmó parcialmente la
sentencia. Para lo cual, ordenó:

«1°) Declárase el incumplimiento del contrato número 3008874 de 15 de septiembre
de 2017 por parte del demandado sociedad Maquinaria Ingeniería Construcción y
Obras SAS – Miko SAS.

2°) Condénase a la sociedad Maquinaria Ingeniería Construcción y Obras SAS –
Miko SAS a pagar a Ecopetrol SA la suma de $723.976.490,62 por concepto de
multas.

3°) Condénase a la sociedad Maquinaria Ingeniería Construcción y Obras SAS –
Miko SAS a pagar a Ecopetrol SA la suma de $$1.854.656.179 por concepto de

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cláusula penal pecuniaria.

4°) Condénase a La Equidad Seguros Generales OC con cargo a la póliza de
cumplimiento número AA020109 a indemnizar a Ecopetrol SA por las sumas
dispuestas en los ordinales 2 y 3 de esta sentencia, hasta el límite del amparo de
cumplimiento.

5°) Niéganse las demás súplicas de la demanda.»

12. Contra la anterior decisión se presentó una solicitud de adición la cual fue
resuelta desfavorablemente por la autoridad judicial accionada a través de
providencia del 15 de julio de 2026.

2.2. Fundamento jurídico

13. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada incurrió en un defecto fáctico porque no se valoró el acta de cierre y
balance de mutuo acuerdo, en su criterio no se analizó el alcance respecto de las
reclamaciones posteriores, circunstancia relevante para determinar si la reclamación
posterior por cláusula penal podía prosperar respecto de hechos ya conocidos al
cierre.

14. Así como también, la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por
inaplicación de lo preceptuado en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código
de Comercio, disposiciones normativas que permitían moderar el monto de la
sanción, en la medida que el contrato tuvo una ejecución significativa.

15. Además de un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
relacionada con la graduación de la cláusula penal ante el cumplimiento parcial
significativo y la proporcionalidad de las consecuencias económicas del
incumplimiento.

16. Asimismo, sostiene que la decisión censurada adolece de una falta de
motivación, al imponer de manera simultánea las multas y la cláusula penal con
fundamento en el mismo incumplimiento, pues, no explicó suficientemente la
compatibilidad entre ambas condenas.

17. Finalmente, alegó violación directa de la Constitución, por la presunta
afectación de sus derechos al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la
administración de justicia.

2.3. Pretensiones

18. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la IGUALDAD (Art. 13
C.P.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.) y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (Art. 229 C.P.) a favor de mi representada LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO.

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SEGUNDO. Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental constitucional que
se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos y las pruebas con base
en la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela y el principio iura novit curia.

TERCERO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se ORDENE
DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra
Martínez dentro del proceso de controversias contractuales adelantado por Ecopetrol
SA en contra de MAQUINARIA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS SAS (MIKO
SAS) Y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO bajo
el radicado No. 85001-23-33-002-000-2021-00044-01 (73.154).
(…)»

2.4. Intervenciones

19. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 2 de
septiembre de 2026 en el que se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como accionado y a Ecopetrol S.A., la sociedad
Maquinaria Ingeniería Construcciones y Obras S.A.S y al Tribunal Administrativo de
Casanare como terceros interesados en el resultado del proceso.

20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario
manifestó que en la decisión que se pretende infirmar a través del presente
mecanismo estudió expresamente la solicitud de reducción proporcional de la
cláusula penal y ofreció una razón suficiente para descartarla.

21. De otra parte señaló que, no ignoró el porcentaje de ejecución del contrato ni la
prueba pericial invocada por la accionante, por el contrario, reconoció que existió una
ejecución parcial de la obra pero concluyó que ello no conducía a la reducción de la
pena convencional debido a que varios de los incumplimientos que fundamentaron
la condena recaían sobre obligaciones de carácter indivisible, particularmente las
consistentes en informar oportunamente la inhabilidad sobreviniente y abstenerse de
ceder o subcontratar sin autorización de Ecopetrol SA, precisamente por esa razón
expresó de manera inequívoca que no resultaba viable aplicar proporcionalmente la
cláusula penal.

22. Indicó que, dedicó un capítulo específico al análisis del acta de cierre y balance
de mutuo acuerdo suscrita el 15 de julio de 2020; en ese aparte examinó
detalladamente su contenido, las declaraciones de las partes y las salvedades
expresamente consignadas por Ecopetrol y Miko SAS, luego de ese análisis
concluyó que precisamente los asuntos que dieron lugar al litigio quedaron excluidos
del efecto liberatorio propio del cierre contractual.

23. De otra parte, sostuvo que en la sentencia explicó que las multas y la cláusula
penal provenían de fundamentos contractuales diferentes y que la pretensión de
cláusula penal fue analizada porque prosperó parcialmente la apelación de Ecopetrol
SA frente a las pretensiones subsidiarias asociadas a la indemnización de perjuicios
que había sido negada; en ese orden de ideas, consideró expresamente que la
cláusula penal no había sido formulada como subsidiaria de las multas sino de las
pretensiones indemnizatorias, razón por la cual procedió a estudiarla y finalmente a
imponerla.

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24. En esos términos, concluyó que lo que plantea la accionante es, en realidad, una
discrepancia frente al alcance que le atribuyó a las estipulaciones contractuales y al
orden de estudio de las pretensiones, cuestión que pertenece al ámbito propio de la
interpretación judicial y no configura un defecto constitucional, razón por la que la
acción de tutela era improcedente.

25. Ecopetrol S.A. solicitó que se declare la improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que pretende la
parte actora es reabrir un debate ya zanjado por el juez natural o, en su defecto negar
el amparo, al no encontrarse acreditados los defectos endilgados.

26. La sociedad Maquinaria Ingeniería Construcciones y Obras S.A.S solicitó la
coadyuvancia en el presente trámite con el propósito de respaldar las pretensiones
de la demanda de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de coadyuvancia

28. Por conducto de apoderado judicial la sociedad Maquinaria Ingeniería
Construcciones y Obras S.A.S solicitó ser vinculada al proceso como coadyuvantes
del accionante dentro de la demanda de tutela, figura respecto de la cual el artículo
13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior,
o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

29. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia surge
en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas
por el demandante (…)»3.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
3
Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.

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30. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvante a la sociedad
Maquinaria Ingeniería Construcciones y Obras S.A.S en los términos señalados en
precedencia, sin que ello implique la posibilidad de realizar planteamientos o
reclamaciones distintas a las formuladas en la demanda de tutela, toda vez que una
vez revisado el material probatorio allegado al proceso se tiene que hizo parte en el
proceso ordinario en cuestión.

3.2.2. Por otro lado, la Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un
desconocimiento de precedente, falta de motivación y violación directa de la
Constitución, lo cierto es que la parte accionante argumentó de manera genérica que
la autoridad judicial accionada incurrió en las referidas causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

31. Al respecto,se observa que alegó un desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado relacionado con la graduación de la cláusula penal ante el
cumplimiento parcial significativo y la proporcionalidad de las consecuencias
económicas del incumplimiento.

32. Asimismo, sostiene que la decisión censurada adolece de una falta de motivación,
al imponer de manera simultánea las multas y la cláusula penal con fundamento en
el mismo incumplimiento, pues, no explicó suficientemente la compatibilidad entre
ambas condenas.

33. Igualmente, invocó una violación directa de la Constitución, por la presunta
afectación de sus derechos al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la
administración de justicia.

34. Lo anterior permite inferir que en el presente asunto no se exponen de manera
concreta las razones por las cuáles considera que la decisión cuestionada adolece
de tales defectos.

35. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dichos reparos, razón por la que, de encontrarse acreditados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
solamente se estudiarán los defectos fáctico y sustantivo.

3.2.3. Ahora, es menester indicar que, si bien la parte actora dirige la acción de tutela
contra el auto del 15 de julio de 2026, lo cierto, es que los argumentos de la demanda
están encaminados a reprochar la sentencia del 27 de febrero de 2026. En ese
sentido de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial, la Sala procederá a pronunciarse solo respecto de esta
última.

3.3. Problema jurídico

36. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la providencia
del 27 de febrero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo.

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3.4. Procedencia de la acción de tutela

37. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

38. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la carta le impone.

39. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

40. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

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3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el
18 de agosto de 20264 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 31 de
agosto de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos sustantivo
y fáctico, que se encuentra razonadamente fundamentados.

41. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

42. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»5.

43. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.

4
La ejecutoria se contabiliza una vez se resolvió la solicitud de adición.
5 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre

Lynett.

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(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»6.

44. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

45. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional7 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa8, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.

6 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
7 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
8 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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b. Una dimensión positiva9, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

46. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»10.

47. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.7. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico
en el caso concreto

48. La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada incurrió en un defecto fáctico porque no se valoró el acta de cierre y
balance mutuo acuerdo, en su criterio no se analizó el alcance respecto de las
reclamaciones posteriores, circunstancia relevante para determinar si la reclamación
posterior por cláusula penal podía prosperar respecto de hechos ya conocidos al
cierre.

49. Así como también, la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por
inaplicación de lo preceptuado en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código
de Comercio, disposiciones normativas que permitían moderar el monto de la
sanción, en la medida que el contrato tuvo una ejecución significativa.

50. Sobre el particular, se tiene que la Subsección B del Consejo de Estado, en la
providencia cuestionada consideró:

«2. Ausencia de cruce definitivo de cuentas que impida la prosperidad de las
reclamaciones económicas objeto del presente proceso debido a las salvedades
manifestadas por las partes en el acta de liquidación bilateral del negocio

1) Para la Sala es especialmente relevante analizar, como lo reclamó Miko SAS, el
contenido y alcance del documento que las partes denominaron “acta de cierre y
balance mutuo acuerdo” (fl. 134 y ss pruebas 2, índice 3 SAMAI), que según estima
constituyó materialmente un cruce de cuentas final y definitivo de las obligaciones
derivadas del contrato, en virtud del cual los extremos de la relación negocial se
declararon a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.

2) En la estipulación vigésima cuarta del contrato (fl. 22 archivo pruebas 2 índice 3
SAMAI), se dispuso que las partes realizarían dicho balance dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalización de la ejecución, documento en el cual se dejaría
constancia sobre el cumplimento de las obligaciones a cargo de las partes, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que lleguen con el fin de poder

9 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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declararse a paz y salvo, con la redacción que sigue:
(…)
3) En ese marco, se acreditó que el 15 de julio de 2020 las partes suscribieron
digitalmente el documento denominado “acta de cierre y balance mutuo acuerdo” del
contrato en el cual se determinó la existencia de un saldo en favor del contratista por
valor de $1.372.181.107 “sin aplicar el descuento por multas” (fl. 143 pruebas 2, índice
3 SAMAI); también se determinó que el valor final del contrato ascendió a
$14.248.991.978 sin incluir el IVA. Respecto del último pago en favor del contratista se
señaló que este se realizaría previa entrega de los soportes previstos en el contrato
para tal efecto, de la siguiente manera:
(…)
4) En el documento también se analizó el valor de los pagos retenidos en garantía al
contratista a través de la Fiduciaria de Occidente por la suma de $641.569.135,
correspondientes al 5% de cada pago según la forma de pago acordada. Sin embargo,
sobre este monto el contratista autorizó realizar pagos laborales, comisiones, aportes
a seguridad social y proveedores por la suma de $624.707.885; luego de este
descuento, el saldo insoluto se ordenaría en favor del contratista.
(…)
7) No obstante, las partes manifestaron salvedades. Miko SAS no reconoció las multas
e insistió en que no había lugar a imponerlas por fuera de la ejecución del contrato
porque no cumplían la finalidad de apremio y debido a que Ecopetrol SA no notificó
oportunamente el inicio del procedimiento para imponerlas por atraso del PDT, cesión
no autorizada del contrato y atrasos en pagos laborales, a subcontratistas y
proveedores sino después de vencido el plazo contractual. También dejó a salvo su
inconformidad con el supuesto incumplimiento derivado de la no comunicación de la
inhabilidad sobreviniente, el pago a proveedores y los pagos de impuestos.

8) Por su parte, Ecopetrol SA también dejó una constancia en relación con las multas,
insistió en las razones por las cuales consideró que las impuso en forma legal, en que
la cesión del contrato sin autorización y la omisión de informar sobre la inhabilidad
sobreviniente constituyeron incumplimiento del contrato (…).

9) De conformidad con lo expuesto, más allá de la salvedad genérica plasmada en la
parte final del documento, la contratante no descontó ninguna suma en la liquidación
por concepto de multas, el contratista no aceptó su imposición, al tiempo que Ecopetrol
SA insistió en su procedencia, para lo cual acudió al proceso jurisdiccional que ahora
se define, lo que equivale a señalar que ese específico tópico no fue objeto de acuerdo.

10) En ese ámbito de comprensión, es claro que, contrario a lo afirmado por Miko SAS,
esta sí discutió la legalidad de la imposición de multas y dejó expresa constancia de
ello en el acta de liquidación y, de igual manera lo hizo Ecopetrol SA, quien,
adicionalmente, se reservó el derecho de reclamar indemnización de perjuicios
derivados del incumplimiento del contrato. En esas condiciones, los aspectos centrales
del litigio entre las partes del contrato fueron objeto de expresa salvedad y, en tal virtud
pueden ventilarse, válidamente, en este proceso judicial debido a que los oficios en los
cuales Ecopetrol SA dijo imponerlas no son actos administrativos ni están revestidos
de presunción de legalidad en los términos de la jurisprudencia unificada de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, no fueron aceptados por las partes ni incorporadas
válidamente en la liquidación del negocio y, por el contrario, Ecopetrol SA acudió al
juez en procura de su imposición. En consecuencia, no prospera la apelación
promovida por el contratista y corresponde definir judicialmente si hay lugar o no
imponerlas, aspecto que la aseguradora impugnó.
(…)
7. Decisión de las pretensiones subsidiarias

4) Contrario a ello, la pretensión subsidiaria dirigida a obtener que se imponga condena
por el valor de la cláusula penal pecuniaria sí prospera. Esta se pactó como una pena
para aquellos casos de terminación anticipada del contrato o incumplimiento definitivo,
en los siguientes términos:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL. Si se ejerce la terminación
anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para
ECOPETROL en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las

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partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte
del contratista, este conviene en pagar a ECOPETROL, a título de pena, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato.” (fl. 13
pruebas 2, índice 3 SAMAI –mayúsculas fijas del original – negrillas adicionales).

5) Debe advertirse que según consta en el acta de terminación del contrato (anexos fl.
15 acta de finalización índice 46 SAMAI), este finalizó por expiración del plazo y no por
decisión unilateral de Ecopetrol SA y, por ende, no se configura el primero de los
referidos supuestos; sin embargo, sí hay prueba de incumplimientos definitivos de Miko
SAS que justifican su imposición a cargo del contratista y la obligación del asegurador
de responder por estas.
(…)
8) El contratista no negó desconocer la inhabilidad sobreviniente, la cual no fue objeto
de debate en este proceso y justificó la ausencia de comunicación de este hecho a la
contratante en la subcontratación que realizó con un tercero de las obras faltantes;
contrario a justificar el incumplimiento, la subcontratación no autorizada también
constituyó transgresión del contrato, esta vez a la cláusula vigésima tercera que
imponía “solicitar autorización a ECOPETROL autorización previa, expresa y por
escrito, antes de celebrar los respectivos contratos” (fl. 21 pruebas 2 índice 3 SAMAI).

9) Aunque en un primer momento Miko SAS negó la subcontratación y manifestó a
Ecopetrol que Manto SAS era un proveedor (fl. 1 requerimientos cesión no autorizada,
rta 2019.032-367, índice 46 SAMAI), en la comunicación del 6 de mayo de 2019), en
respuesta al requerimiento por no informar la inhabilidad sobreviniente, aceptó que
“desde el mes de noviembre del año 2018 el contrato viene siendo ejecutado por otra
empresa a quien en la práctica se le cedió la ejecución de la obra” (fl. 2 comunicaciones
asociadas a la inhabilidad sobreviniente Ga-2019-073, índice 46 SAMAI). El contratista
no desvirtuó la negación indefinida en relación con la ausencia de autorización de
Ecopetrol de la cesión o subcontratación.

10) Por otra parte, las actas de finalización del contrato y el balance final, ambos
documentos bilaterales, dan cuenta de que la ejecución del contrato fue inferior a la
prevista y se acreditó que el contratista venía siendo requerido por sus atrasos en la
ejecución del PDT tanto de la obra principal como de la opción que las partes
habilitaron (requerimientos por atrasos en el PDT, índice 46 SAMAI, oficios 1421, 690,
749, 220, 280 y 330), lo cual desencadenó en la ejecución parcial y definitiva de las
obras contratadas.

11) El incumplimiento de obligaciones laborales con el personal también está probado
con suficiencia; consta que el contratista autorizó descontar de la fiducia que
administraba los recursos de retención en garantía distintos valores con el fin de
destinarlos al pago de seguridad social (pensión y riesgos laborales), comisiones a la
entidad financiera y otras obligaciones económicas (comunicación autorización pago
a terceros retegarantía, índice 3 SAMAI) y también autorizó desembolsos de la
remuneración que le correspondía en favor de terceros acreedores (solicitudes Miko
pago a terceros con saldos pend de pago, índice 3 SAMAI); todo lo anterior aunado al
hecho de que al momento de liquidar el contrato también se reconoció la existencia de
estos incumplimientos que no fueron subsanado, por ende, son definitivos y
consecuencialmente habilitan la imposición de la cláusula penal por el 10% del valor
estimado del contrato ($18.546.561.797), esto es, por la suma de $1.854.656.179 a
cargo del contratista. Teniendo en cuenta que las obligaciones incumplidas en forma
definitiva incluyen algunas que por su naturaleza son indivisibles (no informar acerca
de la inhabilidad sobreviniente o ceder sin autorización), no es viable en este caso
aplicarla en forma proporcional.

12) La aseguradora deberá responder por este valor de la cláusula penal
($1.854.656.179) y por el de las multas ($723.976.490,32) hasta el monto del amparo
de cumplimiento ($2.185.165.162,38), toda vez que la sumatoria de ambas lo supera.
(…)»

51. La Sala anticipa que los reparos no están llamados a prosperar, toda vez que de
la lectura integral de la providencia objeto de cuestionamiento no se advierte que la
autoridad judicial accionada hubiera omitido la valoración del acta de cierre y balance

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de mutuo acuerdo ni que hubiese dejado de examinar la incidencia de la ejecución
parcial del contrato para efectos de determinar la procedencia de la cláusula penal.

52. Al respecto, la Sala observa que la Sección Tercera de esta corporación dedicó
un acápite específico al estudio del alcance del documento denominado «acta de
cierre y balance mutuo acuerdo», precisamente con el propósito de establecer si este
constituía un cruce definitivo de cuentas que impidiera formular reclamaciones
económicas posteriores para lo cual, examinó la cláusula vigésima cuarta del
contrato, en la que se reguló el balance final del negocio, así como las declaraciones
y salvedades consignadas por las partes al momento de su suscripción.

53. En ese contexto, la autoridad judicial accionada verificó que en el acta se
reconoció un saldo a favor del contratista sin aplicar el descuento correspondiente a
las multas y que Ecopetrol manifestó expresamente que no efectuaría dicho
descuento en ese momento, entre otras razones, por la existencia de acreencias
pendientes a favor de proveedores y subcontratistas.

54. Asimismo, tuvo en cuenta que, aunque el contratista manifestó su conformidad
con las sumas reconocidas en el balance y declaró que Ecopetrol no le adeudaba
cantidades adicionales con ocasión del contrato, las partes formularon salvedades
expresas respecto de determinados aspectos del negocio jurídico.

55. De esta manera, contrario a lo sostenido en la solicitud de amparo, no se advierte
una omisión en la valoración del acta de cierre y balance, pues dicho documento
constituyó uno de los elementos centrales de la argumentación desarrollada en la
sentencia.

56. No obstante, la Sala observa que la inconformidad de la parte accionante recae
sobre el alcance jurídico que el juez natural le atribuyó a esa prueba, al considerar
que las salvedades allí incorporadas permitían ventilar judicialmente las
controversias que no habían quedado definitivamente solucionadas entre las partes.

57. Así las cosas, la circunstancia de que la parte actora proponga una lectura
diferente de dicho material probatorio, dicha circunstancia no evidencia, por sí
misma, la configuración de un defecto fáctico, en la medida que supone controvertir
la conclusión interpretativa alcanzada por el juez ordinario a partir de una prueba que
fue expresamente examinada, cuestión que no habilita al juez constitucional para
sustituir la valoración efectuada por la autoridad judicial accionada, toda vez que
afectaría el principio de autonomía judicial.

58. En ese orden de ideas, no se configura el defecto fáctico invocado, pues no se
advierte la omisión de una prueba determinante, una valoración contraevidente ni
una conclusión probatoria manifiestamente irrazonable, pues, por el contrario, la
providencia identificó el documento, examinó sus estipulaciones y salvedades y
explicó las razones por las cuales consideró que este no impedía resolver
judicialmente las controversias sometidas a su conocimiento.

59. De otra parte, en cuanto al defecto sustantivo, la accionante sostiene que la
Sección Tercera desconoció los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de
Comercio, porque no redujo proporcionalmente la cláusula penal pese a que el
contrato había tenido una ejecución significativa.

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60. Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada al resolver sobre la
cláusula penal pecuniaria, consideró que los incumplimientos acreditados no estaban
relacionados exclusivamente con el porcentaje de obra dejado de ejecutar, sino que
comprendían obligaciones contractuales autónomas cuyo incumplimiento calificó
como definitivo, entre ellas, la falta de información sobre la inhabilidad sobreviniente,
la cesión o subcontratación sin autorización y otros incumplimientos contractuales
acreditados.

61. En efecto, la decisión judicial no desconoció que parte importante del objeto
contractual había sido ejecutada, sino que estimó que esa circunstancia no conducía,
en el caso concreto, a la reducción proporcional de la pena, debido a la naturaleza y
entidad de los incumplimientos que encontró acreditados.

62. Sobre el particular, conviene recordar que el defecto sustantivo no se configura
por la sola circunstancia de que exista una interpretación normativa diferente o
incluso más favorable a los intereses de alguna de las partes, toda vez que exige
que la decisión cuestionada se funde en una interpretación ostensiblemente
irrazonable, arbitraria o incompatible con el ordenamiento jurídico, de manera que
desborde el margen de autonomía interpretativa reconocido a los jueces, lo cual en
el presente asunto no ocurrió.

63. Lo anterior, teniendo en cuenta que la autoridad judicial expuso una razón
concreta para no reducir proporcionalmente la cláusula penal, asociada con la
existencia de incumplimientos definitivos y autónomos respecto de obligaciones
contractuales que no podían medirse exclusivamente en función del porcentaje
global de ejecución de la obra.

64. Así las cosas, para la Subsección tampoco encuentra acreditado el defecto
sustantivo, pues la providencia cuestionada no prescindió arbitrariamente del
régimen jurídico aplicable ni omitió valorar la incidencia de la ejecución parcial del
contrato. La parte actora pretende, en realidad, que el juez constitucional adopte una
interpretación diferente respecto de la proporcionalidad de la cláusula penal, sin
demostrar que la solución acogida por la autoridad accionada resulte
manifiestamente irrazonable o contraria al ordenamiento jurídico.

65. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión reprochada adolece de
algún defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

66. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez11, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

11 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo

Schlesinger.

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67. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Aceptar la solicitud de coadyuvancia a la sociedad Maquinaria Ingeniería
Construcciones y Obras S.A.S en los términos señalados en la parte motiva de la
providencia.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por La Equidad Seguros Generales
Organismo Cooperativo, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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