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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06984-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06984-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06984-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06984-00
Accionantes: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS Y OTRA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B y otro. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 1 de septiembre de 20262, se admitió la acción constitucional de la
referencia. Es necesario poner de presente que, actualmente, el Juzgado que ha
continuado con las actuaciones del proceso ordinario conocido en primera
instancia por el Juzgado 607 Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá y objeto
de la presente tutela, es el Juzgado 807 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá, tal como consta en auto del 26 de junio del 2026, en el que
consignó: «El conocimiento de este proceso correspondió a este Despacho con
ocasión de lo dispuesto en el parágrafo primero, artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-
12377 del 30 de diciembre de 2025». Por este motivo, el mencionado despacho
fue vinculado e intervino en calidad de accionado en el presente trámite.

I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al
Juzgado 807 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Igualmente, fue vinculada la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso

1
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Accionante: Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06984-00

1. La Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS (en adelante, EPS Sanitas),
y la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas SA (en adelante, Colsanitas),
actuando a través de apoderada judicial, interpusieron acción de tutela en contra
del Juzgado 607 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá y de la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Con la solicitud de amparo, pretenden que se les protejan sus
derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia

2. Las anteriores garantías las estimaron vulneradas con ocasión al auto del
19 de septiembre del 2025 proferido por el Juzgado 607 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, a través del cual rechazó la demanda
por haber operado la caducidad, y al auto del 12 de junio del 2026 dictado por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que confirmó la anterior decisión. Esto, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
11001-33-33-607-2025-00180-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones3:

PRIMERO: TUTELAR o AMPARAR los derechos fundamentales a la DEFENSA,
al DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
de EPS SANITAS y COLSANTIAS, así como cualquier otro derecho fundamental
que pudo verse afectado con la actuación del JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (extinto) y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –SECCIÓN PRIMERA
“SUBSECCIÓN B” (en adelante LOS ACCIONADOS).
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las providencias emitidas 19 de septiembre
de 2025 y 12 de junio de 2026 por LOS ACCIONADOS dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-33-607-
2025-00180-01.
TERCERO: ORDENAR a LOS ACCIONADOS que dicten una providencia de
reemplazo que atienda los criterios legales que gobiernan esta materia y que se
expusieron ampliamente en este escrito y, en consecuencia, procedan a admitir
la demanda formulada por EPS SANITAS y COLSANITAS aplicando
correctamente el régimen de transición del Auto 1942 de 2023 bajo el principio
pro actione y difiriendo el debate de la validez de la notificación del acto
administrativo para la sentencia de mérito.

1.2. Hechos

4. El origen de la controversia se remonta al 15 de junio de 2017, fecha en
que EPS Sanitas y Colsanitas radicaron demanda ordinaria laboral contra la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante,
ADRES), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de sumas asumidas por
la EPS para cubrir servicios de salud no incluidos en el POS (hoy PBS), así como
el reconocimiento de perjuicios derivados del desgaste administrativo y judicial.

3 Transcripción literal del escrito de Tutela. Puede contener errores.

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Accionante: Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06984-00

Dicho proceso correspondió al Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, con
radicado núm. 11001-31-05-036-2017-00378-00.

5. En providencia del 7 de diciembre de 2021, el Juzgado 36 Laboral declaró
la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y ordenó la
remisión del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos
del Circuito de Bogotá, remisión que se materializó el 18 de febrero de 2022.

6. El 21 de febrero de 2022, el proceso fue asignado por reparto al Juzgado
05 Administrativo de Oralidad de Bogotá, con el radicado 11001-33-34-005-2022-
00078-00. Mediante providencia del 17 de enero de 2023, dicho despacho
inadmitió la demanda y ordenó su adecuación al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme a la Ley 1437 de 2011.

7. El 31 de marzo de 2023, el Juzgado rechazó la demanda al estimar que la
parte actora no subsanó los defectos señalados en el auto inadmisorio. Contra
dicho auto, las accionantes interpusieron recurso de reposición y, en subsidio
apelación. i

8. Mediante providencia del 12 de marzo de 2024, el Juzgado 05
Administrativo repuso parcialmente el auto de rechazo, prescindiendo de los
requisitos de agotamiento de recursos administrativos, conciliación extrajudicial
y caducidad del medio de control, en atención al Auto 1942 de 2023 de la Corte
Constitucional; sin embargo, mantuvo el rechazo por no haberse adecuado la
demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ni haber
aportado copia de los actos demandados.

9. Mediante providencia del 31 de octubre de 2024, notificada por estado el
6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, confirmó el auto de rechazo, al considerar que la parte
actora no adecuó la demanda al medio de control, ni aportó copia de los actos
demandados, y que, al no haberse recurrido el auto inadmisorio, este quedó
ejecutoriado, por lo que no era posible controvertir sus fundamentos al apelar el
auto de rechazo.

10. El 2 de mayo de 2025, la parte accionante, presentó un nuevo escrito de
demanda en contra de la ADRES, con la que pretende la nulidad parcial de las
de las comunicaciones UTF2014-OPE-0687 del 4 de septiembre de 2014 y
UTNF-OPE-3537 del 19 de septiembre de 2013, y UNTF-OPE-999 del 25 de
febrero de 2013, por las cuales se glosaron las solicitudes de 524 recobros
conformados por 905 ítems por valor de $209.053.645, y, en consecuencia, negó
el reconocimiento y pago por concepto de los servicios de salud prestados, que
habían sido objeto de demanda en el proceso 11001-33-34-005-2022-00078-00.

11. Esta nueva demanda le correspondió por reparto al Juzgado 606
Administrativo Transitorio de Bogotá que, mediante auto del 6 de julio de 2025,

3
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Accionante: Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS y otra
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Sección Primera, Subsección B y otro
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ordenó escindir la demanda respecto del estudio independiente de cada acto
administrativo.

12. . Bajo ese contexto, el Juzgado 607 Administrativo Transitorio avocó el
conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada
en contra del acto UTNF-OPE-3537 del 19 de septiembre de 2013. El proceso se
identificó con radicado 11001-33-33-607-2025-00180-00/01.

13. En el marco del proceso contencioso previamente referenciado, en
providencia del 19 de septiembre de dos mil veinticinco 2025 el Juzgado 607
Administrativo Transitorio de Bogotá decidió rechazar la demanda por haber
operado el fenómeno de la caducidad.

14. En el auto precitado sostuvo4:

«en el asunto, se pretende la nulidad de la comunicación UTNF-OPE-3537 del
19 de septiembre de 2013 cuya notificación se entiende realizada el 13 de enero
de 2015, por lo que, conforme lo expuesto por el Tribunal y lo dispuesto en el
literal b) del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el término para demandar venció
el 13 de enero de 2018, no obstante, la demanda se presentó el 2 de mayo de
2025, esto es, más de 10 años después, por tanto, fue presentada por fuera de
oportunidad.»

15. Dicha decisión fue recurrida por la parte accionante y en auto del 31 de
octubre de 2025, el Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá resolvió no
reponer la providencia y concedió el recurso de apelación. El despacho consideró
que la interrupción de la prescripción regulada por el artículo 489 del Código
Sustantivo del Trabajo no modificaba el término de caducidad aplicable al medio
de control. En consecuencia, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

16. En sede de apelación, la Sección Primera, Subsección B de la referida
corporación, confirmó el rechazo de la demanda mediante auto del 12 de junio
de 2026. La Sala concluyó que el Auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional
estableció un único término de seis meses contado desde la publicación de la
providencia y no desde la ejecutoria del rechazo de la demanda anterior. Por
tanto, determinó que la demanda presentada el 2 de mayo de 2025 por la parte
actora no estaba amparada por el régimen de transición.

17. En dicha providencia el Tribunal estimó que:

«La Sala no desconoce que el proceso inicial tuvo origen en la jurisdicción
ordinaria laboral y que luego fue remitido a la jurisdicción contencioso
administrativa por efecto del cambio de precedente. Esa circunstancia explica la

4 Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá. Auto del 19 de septiembre de 2025.

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finalidad garantista del Auto 1942 de 2023. Sin embargo, cuando el proceso
seguía en curso por apelación, la garantía debía operar en ese expediente y no
mediante la apertura de un nuevo término no previsto expresamente.

En consecuencia, la firmeza posterior del rechazo no habilitaba una nueva
ventana temporal de seis meses. La decisión definitiva de segunda instancia
cerró el proceso anterior, pero no reactivó el plazo del literal e)5 ni creó una nueva
oportunidad para demandar. Por tanto, la demanda presentada el 2 de mayo de
2025 no podía considerarse amparada por las reglas de transición.»

1.3. Sustento de la vulneración

18. Las accionantes consideraron que la decisión a proferida el 12 de junio del
2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, donde se confirmó el rechazo de la demanda, vulneró sus
derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en atención a la configuración de los i) defectos
procedimental, ii) fáctico, iii) sustantivo y iv) por desconocimiento del precedente.

19. Respecto del defecto procedimental, argumentaron que las autoridades
accionadas rechazaron la demanda al considerar que el término de caducidad
debía contabilizarse, a más tardar, desde el 23 de enero de 2015, con
fundamento en que la pretensión estaba dirigida a obtener la nulidad de la
comunicación UTNF-OPE-3537 del 19 de septiembre de 2013. En consecuencia,
concluyó que la demanda presentada el 2 de mayo de 2025 era extemporánea.
No obstante, al adoptar dicha decisión, asimilaron, en criterio de las accionantes,
de manera indebida la recepción material de una comunicación administrativa a
la notificación válida de un acto administrativo, sin efectuar el análisis jurídico
requerido por los artículos 65 y 73 del CPACA ni verificar el cumplimiento de las
garantías legales propias del trámite de notificación.

20. EPS Sanitas y Colsanitas afirmaron que sostuvieron de manera expresa,
tanto en la demanda subsanada como en los recursos de reposición y apelación,
que la fecha tomada por el Juzgado correspondía únicamente a la recepción de
una comunicación y no a una notificación realizada en debida forma, por lo que
no podía servir como punto de partida para el cómputo de la caducidad. Sin
embargo, el Juzgado, en su parecer, omitió pronunciarse de fondo sobre estos
planteamientos y se limitó a reiterar su posición inicial, sin controvertir
jurídicamente los argumentos expuestos sin explicar por qué la comunicación
recibida satisfacía los requisitos legales para considerarse una notificación válida.

5 El tribunal hace referencia al literal e) del párrafo 57 auto 1942 de 2023 de la corte constitucional

el cual reza:
57. De acuerdo con lo expuesto, es necesario fijar unas reglas de transición para un universo
determinado de casos, es decir, las demandas que:
(e) Se inicien hasta seis (6) meses después de la publicación por parte del Consejo Superior de
la Judicatura que se dispondrá en la parte resolutiva.

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21. En cuanto al defecto fáctico, estimó la parte accionante que al haberse
radicado la demanda el 15 de junio de 20176, resulta improcedente la afirmación
de las accionadas en cuanto a que operó la caducidad del medio de control
actualmente tramitado, pues tal apreciación, además de ser incorrecta desde el
punto de vista procesal, constituye un defecto fáctico, al omitir valorar hechos
plenamente acreditados y determinantes.

22. Consideraron que las autoridades judiciales se limitaron a efectuar un
cómputo formal del tiempo, sin examinar la incidencia jurídica de dicha
reclamación, pese a que la parte demandante alegó expresamente su efecto
dentro del régimen jurídico aplicable. Lo anterior, en contradicción con lo
señalado por la Sala de Casación Laboral, en la Sentencia SL4554-2020 con
ponencia del magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez de fecha 2 de septiembre
de 2020, quien reconoció expresamente que los efectos interruptivos del artículo
489 del CST se extienden, por analogía, a otros escenarios en los cuales el
reclamo escrito se presenta ante una autoridad administrativa o judicial con
competencia en el asunto.

23. Afirmaron que esta interpretación analógica se sustenta en los principios
de protección y favorabilidad que rigen el derecho del trabajo, así como en el
mandato de primacía del derecho sustancial sobre las formas procesales. En
consecuencia, la Corte ha entendido que la interrupción de la prescripción no se
limita al ámbito estrictamente laboral, sino que puede aplicarse a relaciones de
contenido social en las que se reclame el reconocimiento de derechos
económicos de fuente legal o reglamentaria.

24. En lo atinente al defecto sustantivo, el extremo accionante estimó que
las autoridades accionadas incurrieron en un defecto material al interpretar de
manera ilógica las normas del CPACA relativas a la notificación de los actos
administrativos y al cómputo del término de caducidad y a las claras reglas de
transición que dijo la Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023,
atribuyéndoles efectos jurídicos que el legislador no previó y desconociendo,
además, el precedente constitucional vinculante aplicable al caso concreto, con
afectación directa del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.

25. Finalmente, en lo relativo al desconocimiento del precedente, la parte
actora sustenta la vulneración en dos puntos. En primer lugar, el desconocimiento
del precedente vertical, haciendo referencia a la providencia emitida el 21 de
septiembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del
proceso con radicación No. 47001233300020190064601 y; en segundo lugar, un
«desconocimiento de la Ratio Decidendi del Precedente de la Corte
Constitucional» contenida en el Auto 1942 de 2023.

6 Demanda laboral presentada ante la Jurisdicción Ordinaria.

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26. Respecto a la sentencia de la Sección Primera de esta corporación, estimó
que se omitió dar aplicación al citado pronunciamiento, en la medida en que se
discutió una indebida notificación de las comunicaciones, por cuanto en las
mismas no se indicó: i) la anotación de la fecha y la hora en que se surtió la
notificación, ii) los recursos procedentes frente a la comunicación, iii) la
determinación de las autoridades ante las cuales deben interponerse los medios
de impugnación, y iv) el plazo para su interposición.

27. En cuanto al desconocimiento del Auto 1942 de 2023, consideraron que,
en su caso particular, el plazo de los 6 meses señalado por la Corte
Constitucional, para presentar la demanda con las reglas de transición dispuestas
por el Alto Tribunal Constitucional, empezó a contar desde el rechazo del 6 de
noviembre de 2024; toda vez que, previo a dicha consideración no era posible, a
su criterio, interponer la nueva demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que da origen al caso sub judice.

1.4. Intervenciones

28. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B7. Solicitó negar el amparo, «toda vez que las decisiones
adoptadas en el proceso han sido respetuosas en todo momento de la
normatividad que regula la materia y de los derechos de las partes, sujetos e
intervinientes. De esta forma, es claro que no se ha quebrantado, ni desconocido
derecho fundamental alguno que le asista a la parte actora de la acción de tutela
de la referencia.»

29. Juzgado 807 Administrativo de Bogotá - Sección Primera8. Solicitó
negar las pretensiones de la demanda. Para ello, primero, realizó un exhaustivo
recuento de los hechos de la tutela y un análisis respecto al término oportuno y
requisitos de procedibilidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de controversia. Luego, señaló que estimó que la demanda
ordinaria fue extemporánea, decisión que, a su juicio, se encuentra ajustada a
derecho y soportada en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado.

II. CONSIDERACIONES

30. La Sala declarará la improcedencia de la acción sub examine, por
considerar que, en este caso, no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

7 Índice Samai 23.
8 Índice Samai 25. Actualmente, el Juzgado que ha continuado con las actuaciones del proceso

ordinario es el Juzgado 807 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá en atención
a la transitoriedad del Juzgado 607. Conforme al artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-12377 del 30
de diciembre de 2025.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

31. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10 , han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún
defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

32. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

33. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

34. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

35. La Sala advierte que EPS Sanitas y Colsanitas están legitimados en la
causa por activa, porque son las partes demandantes al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se emitió la decisión que se
cuestiona mediante esta vía.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-111 de 2025; SU-439

de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y
C-590 de 2005.
11 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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36. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Administrativo 607
Transitorio de Bogotá, están legitimados en la causa por pasiva por haber
proferido las decisiones reprochadas en la acción de tutela. Sin embargo, la Sala
limitará su examen al estudio de la providencia expedida por el tribunal
accionado, por ser la que puso fin al proceso ordinario.

37. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

38. Como se expuso previamente, las accionantes consideraron que la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales a la defensa, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia al confirmar mediante auto
del 12 de junio del 2026 el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, por haber operado la caducidad, previamente decretado en
providencia del 19 de septiembre del 2025 proferida por el Juzgado 607
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá.

39. Para las demandantes, la acción si tiene relevancia constitucional en
atención a que, en su criterio, los jueces de instancia realizaron interpretaciones
irrazonables, contradictorias y desproporcionadas de las reglas relativas a la
caducidad, la prescripción, la notificación de los actos administrativos y el
régimen de transición emitido por la Corte Constitucional y el cual es aplicable a
los procesos de recobro por servicios NO PBS. Al respecto, alegaron que, como
consecuencia de ello, se impidió de manera definitiva un pronunciamiento de
fondo sobre la legalidad de los actos administrativos demandados, cerrando el
acceso al juez natural por la aplicación excesivamente formalista de exigencias
procesales.

40. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir la discusión ya zanjada por el juez ordinario en lo relativo a la

13 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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caducidad del medio de control y la aplicación de los parámetros fijados en el
auto 1942 de 2023.

41. En concreto, las accionantes afirman en su impugnación que «[s]e vulneró
de manera directa el derecho de defensa, debido proceso y confianza legítima
de EPS SANITAS y COLSANITAS porque existían las reglas dispuestas por la
Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023 cuyo objetivo fue mitigar y regular
un período de transición con el cambio de la jurisprudencia en materia de
competencia en recobros y, la interpretación restrictiva de los jueces que
conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-33-33-607-2025-00180-01 desconoce de frente de la protección
constitucional que desarrollo el Alto Tribunal».

42. Bajo ese entendido, el reproche elevado no constituye un asunto de
relevancia constitucional, pues versa meramente de una discusión de carácter
legal. La cual fue plenamente abordada por el Tribunal en el estudio del recurso
de apelación.

43. En particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B estimó que «la providencia apelada14 acertó al concluir
que la demanda presentada el 2 de mayo de 2025 no podía beneficiarse de las
reglas de transición del Auto 1942 de 2023. Aunque algunas consideraciones del
juzgado pueden ser precisadas, la decisión de rechazo debe mantenerse. En
efecto, la demanda fue presentada por fuera del término excepcional fijado por la
Corte Constitucional y no existía una regla que permitiera reabrir dicho plazo
desde la notificación del auto de segunda instancia».

44. Para llegar a dicha conclusión, el tribunal ad quem explicó las reglas de
transición fijadas en el Auto 1942 de 2023, en particular, la contenida en el
fundamento 57(a) de la providencia15. Esta se refiere a los procesos que estaban
en trámite en la jurisdicción ordinaria laboral, pero que fueron remitidos a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde se adoptaron decisiones de
inadmisión y rechazo. En este evento, el tribunal reconoció que la Corte
Constitucional habilitó la posibilidad de que se presentase una nueva demanda,
pero con las siguientes precisiones:

63. Acotaciones sobre el universo de casos. Ahora bien, la Corte estima
necesario precisar las siguientes circunstancias respecto del universo de casos:
(i) Sobre la posibilidad de presentar nuevamente la demanda en los eventos en

14 Haciendo referencia al auto de rechazo de la demanda del 19 de septiembre de 2025 del
Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá.
15 «57. De acuerdo con lo expuesto, es necesario fijar unas reglas de transición para un universo

determinado de casos, es decir, las demandas que:
(a) Se encontraban en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral al momento de la expedición
del Auto 389 de 2021; sin embargo, tras el cambio de precedente se remitieron a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y en esta sede judicial se adoptó una decisión de rechazo o
inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia»
(negrilla original).

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los que exista decisión de inadmisión o rechazo (literales a y c). Los casos
consignados en los literales a y c, se refieren a las demandas en las que obra
una decisión de la jurisdicción contencioso administrativa en el sentido de
inadmitir o rechazar, ya sea por el incumplimiento de los requisitos de
procedibilidad (agotamiento de recursos obligatorios y/o conciliación extrajudicial)
o el presupuesto procesal de la caducidad. En caso de existir una decisión
definitiva respecto de esas demandas, las mismas podrán ser presentadas
nuevamente de acuerdo con el literal e, esto es, dentro de los 6 meses siguientes
a la publicación por parte del Consejo Superior de la Judicatura que se dispondrá
en la parte resolutiva. Por otro lado, en el evento de que las demandas solo hayan
sido inadmitidas, en su estudio los jueces deberán tener en consideración las
reglas que se señalarán en el acápite pertinente.

45. De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la expresión
«decisión definitiva» supone que la habilitación para presentar una nueva
demanda solo opera respecto de los procesos que ya estaban concluidos, y no
en relación con los cuales aún estaban pendientes por resolverse los recursos
procedentes. En este último supuesto, el «proceso anterior sigue vivo y la
discusión sobre la procedencia de la demanda debe resolverse dentro de esa
actuación».

46. Conforme a lo estimado por el ad quem ordinario, ello encuentra
justificación en que el Auto 1942 de 2023 no extendió la posibilidad de interponer
una nueva demanda desde la notificación de la providencia que resolvió la
apelación contra el auto de rechazo. Tal interpretación implicaría condicionar la
vigencia de la regla de transición a la duración del trámite de segunda instancia
que se surta en cada proceso, lo cual afectaría la seguridad jurídica «que el
propio régimen transicional procuró preservar».

47. En otras palabras, «si al vencimiento del término general la demanda
anterior no contaba con decisión firme de rechazo, sino que se encontraba
pendiente de apelación, no se abría automáticamente un nuevo término de seis
meses a partir de la decisión del superior. En ese evento, la protección
transicional debía operar dentro del proceso en curso, a través del análisis que
correspondía efectuar al juez de segunda instancia al resolver la alzada», como
sucedió en el caso de la primera demanda presentada por las accionantes.

48. Ciertamente, al estudiar la providencia cuestionada, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca señaló que, en el proceso inicialmente
presentado ante la jurisdicción ordinaria laboral y remitido a los jueces de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, el término de 6 meses previsto por
el Alto Tribunal Constitucional «empezó a correr y venció» cuando el rechazo de
la demanda aún no estaba en firme, pues se encontraba en trámite el recurso de
apelación. De allí que no pueda afirmarse que existía una decisión de rechazo
definitiva que habilitara una nueva presentación de la demanda y, en
consecuencia, el nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
estuviese caducado.

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49. Adicionalmente, el Tribunal en la providencia del 12 de junio de 2026
enfatizó el criterio general adoptado por dicha Sala de decisión en lo relativo al
cómputo del término de seis meses. Sobre el particular puso de presente que:

En auto del 13 de marzo de 2026, emitido dentro del expediente 11001-33-33-
608 2025-00097-01, la Sala precisó que la Corte Constitucional no vinculó el
cómputo únicamente a la publicación material de la providencia, sino también a
la certificación que debía expedir el Consejo Superior de la Judicatura. En esa
oportunidad se indicó:

Ante la ausencia de constancia expresa sobre la fecha de desfijación en la
certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, el término de
seis meses previsto en el literal e) del fundamento 57 del Auto 1942 de 2023
debe contarse a partir del día siguiente a la fecha de la propia certificación,
esto es, desde el 9 de noviembre de 2023.

Lo anterior, por ser este el único dato oficial, cierto y verificable emanado de
la autoridad llamada por la Corte a documentar, ‘para los efectos de las
reglas de transición’, el cumplimiento de la medida de publicidad ordenada.
Esta solución no desconoce el Auto 1942. Por el contrario, preserva su
diseño institucional, en la medida en que mantiene el cómputo anclado a la
certificación que la Corte erigió como instrumento formal de operatividad del
régimen transitorio.

Con fundamento en ese criterio, la regla general fijada por la Sala consiste en
que las demandas presentadas hasta el 9 de mayo de 2024, inclusive, quedaron
cobijadas por el régimen excepcional de transición previsto en el Auto 1942 de
2023. Esa regla responde a un hito objetivo, uniforme y verificable para los
despachos judiciales.

50. En línea con lo anterior, encuentra la sala que el Tribunal Administrativo,
no desconoció los criterios fijados por la Corte y abordó el reproche planteado
respecto de su aplicación, sosteniendo que «el auto apelado debe ser
confirmado. La nueva demanda no encaja en el supuesto habilitante del literal e)
del Auto 1942 de 2023, porque al momento relevante no existía decisión definitiva
de rechazo y el proceso anterior continuaba en trámite por apelación. En
consecuencia, no era posible presentar una nueva demanda el 2 de mayo de
2025 bajo el amparo de una ventana temporal posterior no prevista por la Corte
Constitucional»

51. Ahora bien, las accionantes consideran que el debate de amparo
propuesto supera la relevancia constitucional ante posibles yerros en la
notificación del acto objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho;
no obstante, para la Sala dicho argumento no está llamado a prosperar en
atención al estudio realizado por el Juzgado y citado en su literalidad por el
Tribunal en la decisión cuestionada así:

En el presente asunto se pretende la nulidad de la comunicación UTNF-OPE-
3537 del 19 de septiembre de 2013.

Argumentó que la notificación del acto administrativo presenta vicios al no
contener información respecto a la hora y fecha de su recepción ante la entidad,

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y los recursos que proceden en su contra, así como la autoridad que conocería
de aquellos, como consecuencia de ello, aduce, no le es aplicable el término de
caducidad.

No obstante, advierte el Despacho una contradicción en tanto, en diferentes
apartes de la demanda, la actora anunció como fecha en la que recibió el acto
administrativo el 19 de septiembre de 2013, y según su propio relato podría
entenderse que conoció el contenido en su integridad, por ejemplo, en el acápite
de hechos, hace referencia en lo que corresponde al acto demandado en los
siguientes términos:

De lo anterior y de la lectura del escrito de demanda, el despacho puede concluir
que la accionante conoció del acto administrativo cuestionado UTNF-OPE-3537,
desde la fecha de su recepción el 19 de septiembre de 2013, o incluso, en
procura de garantizar el principio de publicidad y el derecho de contradicción, y
en aplicación a lo dispuesto en el artículo 72 del CPACA, , desde el 13 de enero
de 2015, fecha en la que la accionante afirmó haber radicado la solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, siendo esta
una fecha en la que se puede inferir, sin asomo de duda, que conocía en su
integridad el contenido de la comunicación UTNF-OPE-3537.

Por tanto, teniendo en cuenta que en asunto se pretende la nulidad de la
comunicación UTNF-OPE-3537 del 19 de septiembre de 2013, cuya notificación
se entiende surtida a más tardar el 13 de enero de 2015, es claro que la demanda
formulada el 2 de mayo de 2025, no es oportuna.

Por tanto, se impone en los términos del artículo 169.1 rechazar la demanda al
haber operado el fenómeno de caducidad el medio de control.

52. Entonces, para la Sala, la discusión propuesta por las accionantes
pretende reabrir el debate judicial del proceso ordinario, pues sus reproches
coinciden plenamente con aquello que fue objeto de estudio por los jueces
ordinarios de la controversia. Sin que fueran dichas interpretaciones irracionales
o caprichosas.

53. En igual medida, pretender superar la relevancia constitucional de los
reproches planteados argumentando un desconocimiento del precedente

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horizontal mediante la simple cita de jurisprudencia de esta corporación16 carece
también de vocación de prosperidad, pues pese a los planteamientos expuestos
por las accionantes, los argumentos ventilados no cuentan con la carga
argumentativa suficiente para ser analizado de fondo, por cuanto no identificó la
ratio decidendi, la analogía con su situación particular y con mayor razón, a
sabiendas que la jurisprudencia traída a colación estimó que «cuando existe duda
razonable en relación con la caducidad de la acción, se debe admitir la demanda
sin pronunciarse en relación con la oportunidad para la presentación de la
misma» sin ser este el caso atendiendo al exhaustivo análisis realizado por los
falladores ordinarios en lo relativo con la caducidad del medio de control.

54. Por ende, cualquier pronunciamiento del juez constitucional implicaría
entrar a definir cuestiones propias del proceso contencioso administrativo, lo cual
desnaturaliza la acción de tutela contra providencias judiciales como un
mecanismo excepcional.

55. Se reitera entonces que, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un «juicio
de validez» y no como un «juicio de corrección» del fallo cuestionado17. En ese
orden, no es posible emplear este mecanismo como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron origen al litigio, puesto que las partes cuentan con los
recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las
decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta
Política18.

56. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.

57. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las providencias de los
jueces naturales de la causa.

2.2. Conclusión

16 Según la parte actora « El Juzgado desconoció lo señalado por la Sección Primera de la Sala

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien mediante providencia emitida el
21 de septiembre de 2023 dentro del proceso con radicación No. 47001233300020190064601»
17 Sobre este punto consultar Sentencias T-310 de 2009, T-126 de 2018 y T-016 de 2019.
18 Sentencia T-553 de 2012.

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58. La Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por el
extremo accionante al ser un asunto que no reviste de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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