Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-07009-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-07009-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-07009-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-07009-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07009-00
Accionante: Martha Cecilia Sisa López
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia. Reparación directa- muerte de soldado conscripto- dos
procesos con decisiones diferentes. DECLARA IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Martha Cecilia Sisa
López, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que considera
vulnerados con la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-36-031-2018-00069-
00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 24 de noviembre de 2017, el señor René Espinel Guerra interpuso demanda
de reparación directa en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército
1
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
Nacional y el Hospital Central Militar, por el fallecimiento del señor Junyor Alexis
Espinel Sisa ocurrido el 7 de octubre de 2016, cuando estaba prestando servicio
militar obligatorio, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Dos
Administrativo de Bogotá con radicado 11001-33-37-042-2017-00219-00.
Que el 9 de marzo de 2018, los señores Martha Cecilia Sisa López, en nombre
propio y en representación de sus dos hijos menores, Smith Espinel Sisa y Dany
David Espinel Sisa; Yeferson René Espinel Sisa, Kevin Bernardo Espinel Sisa y Billy
Fontana Espinel Rojas, presentaron demanda de reparación directa en contra de
las entidades antes mencionadas y por el mismo suceso; que correspondió al
Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá con radicado 11001-33-36-031-
2018-00069-00.
Que el 23 de septiembre de 2020, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y, el 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A revocó la decisión y negó las
súplicas.
Que el 16 de septiembre de 2024, el Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo de
Bogotá (proceso 2017-00219-00) negó las pretensiones y el 11 de diciembre de
2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, concedió las pretensiones.
Alega que se le violan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia y los principios de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima, como consecuencia de la existencia de dos (2)
decisiones judiciales contradictorias frente a un mismo supuesto fáctico y jurídico
sustancial.
Que la existencia de la sentencia del 11 de diciembre de 2024, mediante la cual se
declaró la responsabilidad civil y extracontractual de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Junyor Alexis Espinel Sisa,
evidencia una contradicción judicial objetiva respecto de un mismo hecho
generador, la cual resulta constitucionalmente relevante en la medida en que la
decisión adoptada en el proceso 2018-00069-00 produjo para la madre y los
hermanos de la víctima una consecuencia jurídica diametralmente opuesta a la que
posteriormente se reconoció al padre del señor Espinel.
Aduce que le corresponde al juez de tutela verificar si entre las dos decisiones
existen diferencias fácticas, probatorias o jurídicas suficientemente relevantes que
expliquen razonablemente el resultado divergente o si, por el contrario, ambas
providencias partieron de los mismos hechos esenciales y del mismo marco jurídico
para llegar a conclusiones incompatibles.
2
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se revoque la sentencia del 22 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso 11001-33-36-031-2018-00069-
00/01; y, en consecuencia, «se confirme la providencia del 22 de septiembre de
2020» emitida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y se ordene
a la autoridad judicial accionada «realizar un nuevo análisis del asunto, teniendo en
cuenta los derechos aquí invocados».
TRÁMITE PROCESAL
El 3 de septiembre de 2026, se admitió la acción, se vinculó a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y al Hospital Militar Central como terceros con interés
y se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
pidió que se declare improcedente la acción de tutela, por no satisfacer los requisitos
de: i) inmediatez, dado que se dirige contra una providencia de 2022, a la fecha han
transcurrido más de cuatro (4) años y en el escrito no expone una justificación
objetiva, razonable y suficiente para explicar la demora; y, ii) relevancia
constitucional, porque el mecanismo constitucional se dirige a reabrir el debate ya
resuelto en el proceso ordinario.
En cuanto al fallo del 11 de diciembre de 2024 adujo que esa decisión fue proferida
dos (2) años posteriores a la sentencia cuestionada, por lo que no es posible
sostener que el despacho desconoció, omitió aplicar o se apartó injustificadamente
de un criterio contenido en aquella providencia. Igualmente, indicó que no se puede
afirmar que las decisiones fueron adoptadas dentro de una controversia procesal
idéntica, pues se trató de procesos distintos del cual conocieron diferentes
autoridades judiciales.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Hospital Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional señalaron que la
tutela no cumple con el presupuesto de la inmediatez, dado que ha transcurrido un
tiempo prolongado desde la expedición de la providencia cuestionada sin que la
accionante acredite una justificación razonable para su inactividad.
Además, dijo que no se identificó ni sustentó razonablemente un defecto: orgánico,
procedimental, fáctico, sustantivo, error inducido, falta de motivación,
3
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución; por el
contrario, se evidencia que la accionante pretende reabrir el debate ordinario a partir
de una providencia posterior.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
4
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Al verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela para discutir providencias judiciales, la Sala encuentra que en el
caso particular no se satisface el presupuesto de inmediatez, exigencia que ha sido
establecida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, con el objetivo de que
no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan
la certidumbre de las decisiones judiciales.
Al respecto, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un término de
caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado. Así, esta
corporación7 ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida contra decisiones judiciales, seis (6) meses contados desde
la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada caso, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de los derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así
las cosas, el juez constitucional debe examinar si i) existe un motivo válido para la
inactividad; ii) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío y
la vulneración alegada; iv) el fundamento de la acción surge después de ocurrida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado de
la instauración; v) la vulneración es permanente en el tiempo; y, vi) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante8.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
6
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
En este caso, la notificación de la decisión cuestionada se efectuó el 27 de
septiembre de 2022 y quedó ejecutoriada el 4 octubre del mismo año; sin embargo,
la acción de tutela se radicó el 1º de septiembre de 2026, por lo que no fue
presentada dentro del término de los seis (6) meses, establecido por la
jurisprudencia. Ahora, como el malestar de la accionante surge a partir de la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; a partir de ese fallo tampoco se
establece el plazo razonable para tener por satisfecho el requisito.
Al respecto, no se observa que la señora Martha Cecilia Sisa López haya señalado
algún motivo que le impidiera acudir de forma inmediata ante la jurisdicción
constitucional, ni se encuentra acreditado alguno de los presupuestos anteriormente
mencionados para entender que la acción se formuló en un tiempo razonable.
Tampoco se encuentra acreditado el requisito de que el asunto tenga una marcada
relevancia constitucional, en tanto la accionante no expresó ni sustentó de manera
alguna los errores en que, a su juicio, habría incurrido la sentencia cuestionada, sino
que se limitó a expresar su inconformidad con la decisión porque en un proceso
posterior relacionado con los mismos hechos se profirió una decisión diferente.
Debe resaltar la Sala que carece totalmente de asidero jurídico, la invocación del
derecho fundamental a la igualdad comparando la sentencia cuestionada con una
decisión proferida dos (2) años después, por una autoridad judicial distinta; lo que
impide realizar algún estudio acerca de su desconocimiento.
Adicionalmente, no es posible establecer que ambos procesos fueran iguales, como
lo pretende la parte actora, si se tiene en cuenta que el estudio que realizó el juez
contencioso de segunda instancia en ambos asuntos debió ser distinto, en función
de los argumentos expuestos por la parte apelante y, atendiendo al acervo
probatorio aportado y valorado, en cada caso.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por no satisfacer
los presupuestos de inmediatez y de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Martha Cecilia Sisa López, conforme a las consideraciones expuestas.
7
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 6- 0 7 00 9- 0 0
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.