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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07017-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07017-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Medina Rueda, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07017-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07017-00
Accionante: Juan Carlos Medina Rueda
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Adecuación de medio de
control.

Decisión: Negar el amparo por no demostrarse los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Juan Carlos Medina Rueda contra el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, ocurrida con la expedición de las providencias
del 25 de marzo de 2026 y el 28 de julio del mismo año, al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-002-2024-
00122-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Juan Carlos Medina Rueda interpuso demanda de nulidad contra la
Cámara de Comercio de Tunja, con el propósito de obtener la nulidad del acto de
registro 40482 del 17 de mayo de 2023, inscrito en el libro IX, mediante el cual se
registró el nombramiento del señor César Andrés Torres Moreno como agente
liquidador de Urbales Constructora S.A.S.

3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Tunja, quien celebró audiencia inicial el 25 de marzo de 2026 y declaró probada
la excepción de indebida escogencia del medio de control, al considerar que, pese a
haberse formulado formalmente una pretensión de nulidad, de los hechos de la
demanda y de la sustentación de la medida cautelar se desprendía que la finalidad
perseguida trascendía la defensa objetiva de la legalidad y comprendía un
restablecimiento automático de derechos e intereses patrimoniales relacionados con
Urbales Constructora S.A.S.

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Accionante: Juan Carlos Medina Rueda

4. En particular, el Juzgado tuvo en cuenta que el señor Medina Rueda es accionista
único y representante legal de Juriservicios Especializados del Oriente Colombiano
S.A.S., sociedad que, a su vez, adquirió la totalidad de las acciones de Urbales
Constructora S.A.S. Por ello, concluyó que la eventual nulidad del acto de registro
produciría efectos favorables sobre la situación jurídica y patrimonial de la sociedad
y, de manera indirecta, sobre el accionante.

5. En consecuencia, el Juzgado adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, al examinar su oportunidad, determinó que había
operado la caducidad. Para ello, consideró que, aun tomando como fecha de
conocimiento del acto el 24 de octubre de 2023, cuando el demandante obtuvo un
certificado de existencia y representación legal en el que constaba la inscripción
cuestionada, el término de cuatro meses había vencido el 25 de febrero de 2024,
mientras que la demanda fue presentada el 25 de julio de 2024. En consecuencia,
dispuso su rechazo.

6. Inconforme con esta decisión, el señor Medina Rueda interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Sin embargo, el Juzgado negó el primero y
concedió el de apelación. Al resolverlo, mediante providencia del 28 de julio de 2026,
la Sala de Decisión n.º 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Sustantivo: por interpretar irrazonablemente el artículo 137 del CPACA, al
considerar que la eventual producción de efectos económicos o jurídicos
posteriores derivados de la nulidad de un registro mercantil equivalía a un
restablecimiento automático del derecho, pese a que la demanda únicamente
pretendía la anulación del acto registral y las consecuencias invocadas por el
juez no se producían de manera directa e inmediata con su eventual nulidad.

• Fáctico: al atribuir a la demanda y al acto registral efectos patrimoniales y
jurídicos que no se desprendían de su contenido, de las pretensiones
formuladas ni de los antecedentes del proceso, y utilizó esa apreciación
equivocada como fundamento para concluir que existía un restablecimiento
automático del derecho.

• Decisión sin motivación: pues concluyó que la nulidad del registro produciría
un restablecimiento automático de un derecho subjetivo, pero no explicó cuál
era ese derecho, quién era su titular ni de qué manera concreta e inmediata la
sola nulidad del registro produciría su restitución.

• Procedimental: en la medida en que adecuó el medio de control sin demostrar
que la sentencia produciría un restablecimiento automático.

• Desconocimiento del precedente judicial: «[e]n el proceso se invocó la

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jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce la nulidad simple como
medio idóneo para controvertir actos de registro, incluso en materia de
registros mercantiles. La providencia de segunda instancia no realizó una
distinción concreta ni explicó razones suficientes para apartarse de esa línea
argumentativa. La Corte Constitucional ha señalado que, cuando existe un
precedente pertinente y directamente relacionado, el juez debe considerarlo y
explicar de manera seria y suficiente las razones para apartarse. Véase
Sentencia T-147 de 2020, párrafos. 85 a 87».

2.3. Pretensiones

8. La parte accionante solicitó:

«1.- AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en conexidad con la prevalencia
del derecho sustancial.

2.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 28 de julio de 2026 por la Sala de
Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del expediente 15001-33-
33-002-2024-00122-01.

3.- DEJAR SIN EFECTOS, por consecuencia, el auto proferido el 25 de marzo de 2026
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,
exclusivamente en cuanto declaró probada la indebida escogencia del medio de control,
adecuó la demanda a nulidad y restablecimiento del derecho y la rechazó por
caducidad.

4.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la Sala que
corresponda, que dentro del término que fije el juez constitucional profiera una nueva
providencia en la que: (i) distinga la Resolución 891 del 22 de agosto de 2022 del acto
de registro No. 40482 del 17 de mayo de 2023; (ii) determine de manera concreta si la
nulidad del acto de registro produce un restablecimiento automático, directo e
inmediato; (iii) identifique el derecho subjetivo y su titular, si considera que existe; (iv)
valore que la pretensión fue únicamente anulatoria y que no solicitó la nulidad de la
Resolución 891, la recuperación del inmueble, la nulidad de la escritura No. 434 ni la
cancelación de negocios posteriores; (v) examine la naturaleza publicitaria y declarativa
del registro mercantil; (vi) valore las consecuencias reales de la sentencia y no las que
dependan de procesos posteriores; (vii) examine la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre actos de registro y explique cualquier apartamiento; y (viii) se abstenga
de aplicar la caducidad de nulidad y restablecimiento si concluye que el medio
procedente es el de nulidad simple.

5.- Como medida de restablecimiento directo, si el juez constitucional encuentra
suficientemente acreditado que no existe restablecimiento automático, ORDENAR que
se tenga por no probada la excepción de trámite inadecuado y que el proceso continúe
bajo el medio de control de nulidad, sin aplicar la caducidad propia de la nulidad y
restablecimiento del derecho.

6.- ORDENAR que se mantenga la integridad del expediente y sus anexos mientras se
profiere la nueva decisión, para evitar que el rechazo y archivo impidan la efectividad
del amparo».

2.4. Intervenciones

9. Por medio del auto del 2 de septiembre de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar como accionados al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá y como terceros interesados a la Cámara

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de Comercio de Tunja, al señor Andrés Mauricio Martin Guaquetá, en calidad de
mandatario de Urbales Constructora S.A.S liquidada y a todos los demás vinculados
al proceso.

10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja sostuvo que la tutela
no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir el debate sobre la
procedencia del medio de control de nulidad. Señaló que, a partir de la demanda y de
la solicitud de medida cautelar, se evidenciaba que la pretensión podía generar un
restablecimiento automático de los derechos patrimoniales de Urbales Constructora
S.A.S. Liquidada y de su único accionista, el accionante.

11. Asimismo, indicó que no se configuró el alegado desconocimiento de la
jurisprudencia, pues el accionante solo invocó una providencia que, a juicio del
Despacho, no constituía doctrina probable. En consecuencia, solicitó negar el
amparo, al considerar que se pretendía reabrir un debate propio del proceso ordinario.

12. La Sociedad Urbales Constructora S.A.S., manifestó que la tutela es
improcedente por falta de relevancia constitucional, pues pretende reabrir el debate
sobre la interpretación del artículo 137 del CPACA y la caducidad de la acción.

13. Señaló que las decisiones cuestionadas estuvieron debidamente motivadas,
particularmente frente al carácter patrimonial de las pretensiones, inferido también de
la solicitud de medida cautelar presentada por el accionante. Además, indicó que la
caducidad fue sustentada en dos razones autónomas, de las cuales la tutela solo
controvierte una.

14. Por consiguiente, sostuvo que no se configuró defecto sustantivo, procedimental
ni desconocimiento del precedente, y solicitó declarar improcedente la tutela o,
subsidiariamente, negar el amparo y mantener las providencias cuestionadas.

15. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

17. Si bien la parte accionante alegó el desconocimiento del precedente judicial, no
identificó la providencia que, a su juicio, habría sido desconocida, ni explicó las
razones por las cuales resultaría aplicable al caso concreto. En consecuencia, ante
la falta de una argumentación suficiente que permita delimitar el reproche, esta
Subsección se abstendrá de efectuar su análisis.

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3.3. Problema jurídico

18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, decisión sin motivación y procedimental, al expedir la providencia del 28 de
julio de 2026, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15001-33-33-002-2024-00122-00/01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado.

20. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales.

22. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

24. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,

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claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. El asunto reviste relevancia constitucional, en la
medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al incurrir,
presuntamente, en los defectos sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y
procedimental. Además, los reproches formulados se encuentran suficientemente
sustentados y no se limitan a plantear una simple discrepancia de carácter legal o
probatorio.

3.4.1.1.2. Subsidiariedad. También se satisface este requisito, pues la providencia
cuestionada, que resolvió el incidente de desacato, se encuentra ejecutoriada y no
existen recursos ordinarios o extraordinarios idóneos para controvertirla.

3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción de
tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En efecto,
entre la notificación de la providencia cuestionada, ocurrida el 6 de agosto de 2026,
y la presentación de la solicitud de amparo, el 1° de septiembre del mismo año no
transcurrieron más de 6 meses.

3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto se
encuentra cumplido, pues la parte accionante alega que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que adecuó el
medio de control sin demostrar que la sentencia produciría un restablecimiento
automático.

3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera clara
la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus derechos
fundamentales y las razones por las cuales estima que la autoridad judicial accionada
habría incurrido en los defectos alegados.

3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada no
corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
26. Por lo anterior, se procede a analizar si se configuraron los defectos alegados.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

27. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

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«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación
de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que
orientan al sistema jurídico»1.

28. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún
caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»2.

1 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo

Montealegre Lynett.
2 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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29. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional3 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»6.

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.7. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

33. Lajurisprudencia constitucional7 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
7 Sentencia C-590 de 2005.

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fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

34. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional8 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo
que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de
respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en una
arbitrariedad».9

35. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional10 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido, el juez constitucional debe salvaguardar el
derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.8. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

36. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido11. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto12.

37. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 13 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación
de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”14 […]».

8 Sentencia T-233 de 2007.
9 Sentencia T-709 de 2010.
10 Sentencia T-041 de 2018.
11 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.

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38. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se
pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales15.

3.9. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, fáctico, decisión sin
motivación y procedimental en el caso concreto

39. De la revisión de la acción de tutela se desprende que, si bien la parte accionante
atribuyó a la decisión cuestionada la configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
de decisión sin motivación y procedimental, los argumentos expuestos se dirigen, en
esencia, contra un mismo reproche: la adecuación del medio de control de nulidad al
de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo la consideración de que la eventual
anulación del registro mercantil produciría el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo, pese a que, según la parte actora, dicha consecuencia no se
desprendía de las pretensiones formuladas ni se produciría de manera directa e
inmediata con la sola nulidad del acto registral. Por lo anterior, esta Subsección
abordará el análisis de los defectos previamente mencionados de manera conjunta.

40. Con el fin de establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
alegados, se expondrán, en primer lugar, las razones que sustentaron la decisión
cuestionada:

«Dirá la Sala que a partir del análisis del artículo 137 del CPACA, el medio de control
incoado en la demanda no es el procedente, habida cuenta de que el acto administrativo
demandado se refiere a un acto de registro que ordena la toma de posesión para
liquidación forzosa administrativa de los negocios, bienes y haberes de una sociedad.

En efecto, aunque la demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de
nulidad, la naturaleza del acto demandado y los efectos que produciría una eventual
declaratoria de nulidad permiten concluir que la controversia debe tramitarse mediante
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la anulación
de la inscripción registral conlleva un restablecimiento automático de una situación
jurídica individual.

Para la Sala es evidente que el acto demandado es de contenido particular y concreto,
pues finalmente la orden allí contenida es la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios y la intervención forzosa de la Sociedad Urbales, en la cual la parte actora tiene
interés habida cuenta de que es su representante legal porque es el único dueño de
Juriservicios Especializados del Oriente Colombiano S.A.S., que aparece como dueño
de la sociedad Urbales.

Cabe resaltar que en la misma demanda el apoderado de la parte actora manifiesta el
interés que le asiste en el asunto, ya que en el escrito de medida cautelar aseveró que
la demanda busca evitar daños graves e irreparables, o de reparación ulterior, afectando
derechos patrimoniales e intereses legítimos de la sociedad liquidada, además de
perjudicar a los accionistas de la sociedad. Así mismo expresó que: “La urgencia se
15 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.

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justifica en que la continuidad de la inscripción del liquidador en la cámara de comercio
de Tunja, permite que el mandatario actúe en representación de inexistente sociedad,
enajenando los bienes de la misma”.

De manera que a la parte actora no solo le asiste el simple interés que ha manifestado,
sino que plantea la posible vulneración de un derecho particular y concreto en el asunto,
materializado en los derechos patrimoniales relacionados con los bienes de la sociedad
Urbales.

Al respecto, valga la pena señalar que en la demanda se indicó que el liquidador enajenó
a título de compraventa un inmueble denominado el Punto, actuación sobre la cual el
demandante alega que carece de efecto porque nunca ese agente liquidador se
posesionó, de ahí que, de declararse nula una actuación, activaría una eventual
demanda lo que también se traduce en un restablecimiento del derecho. De hecho, el
propio mandante en el recurso reconoce que sí le asiste un interés en la promoción de
eventuales litigios relacionados con esa situación.

Entonces carece de razón el planteamiento del recurrente, pues sus argumentos no
desvirtúan la fundamentación jurídica del auto proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Tunja, toda vez que el acto controvertido es de carácter de particular y
concreto y afecta directamente intereses y derechos de la parte actora, los cuales se
verían restablecidos automáticamente con la eventual anulación, dado que de accederse
a su pretensión se retrotraería la actuación del registro y podría recuperar bienes de la
Sociedad Urbales, de la cual es dueño a través Juriservicios Especializados del Oriente
Colombiano S.A.S, independientemente de que no hubiese formulado dicha pretensión
en su demanda.

En efecto, la desaparición del acto registral restablece inmediatamente la situación
jurídica afectada por la inscripción y elimina el soporte jurídico de la actuación del
liquidador, produciendo una ventaja jurídica directa para la sociedad y sus accionistas.
En este sentido, al ser el demandante uno de los afectados con las órdenes contenidas
en el acto de registro de la Sociedad Urbales su demanda no puede tramitarse como de
nulidad, pues tiene un interés particular y concreto en el asunto, el cual no es posible
dejar de lado por el solo hecho de afirmar que no pretende restablecimiento del derecho
alguno en el presente proceso.

Por otra parte, en lo relacionado con la caducidad de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, se dirá que, si bien se alega que la publicidad del registro
no constituye notificación por no haber sido comunicada personalmente a la parte
interesada, la parte demandante reveló que tuvo conocimiento del acto de registro el 24
de octubre de 2023 porque descargó un certificado de existencia y representación legal
en el cual constaba la inscripción del agente liquidador desde el 17 de mayo de 2023.
Por tanto, por virtud de lo establecido en el artículo 72 del CPACA se entiende notificado
por conducta concluyente.

En ese orden, la Sala encuentra que tal como lo consideró la primera instancia, en el
asunto bajo revisión el término de caducidad debe contarse a partir del 24 de octubre de
2023, los cuatro de cuatro meses vencieron el 25 de febrero de 2024, y la demanda fue
presentada el 25 de julio de 2024, es decir fuera de su oportunidad.

Así las cosas, se concluye que efectivamente la demanda se presentó por fuera del
término previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por lo que es
claro que, como lo consideró el a quo, se impone su rechazo al configurarse el supuesto
que consagra el numeral 1 del artículo 169 ibidem., lo cual conlleva confirmar el auto
apelado».

41. De la transcripción se observa que la autoridad judicial identificó el acto
demandado como uno de registro mediante el cual se ordenó la toma de posesión
para la liquidación forzosa administrativa de los negocios, bienes y haberes de la

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sociedad Urbales. Así, examinó el contenido formal del acto y su incidencia concreta
en la situación jurídica de quienes resultaban directamente afectados por sus efectos.

42. Luego, consideró las manifestaciones expuestas por la parte demandante en el
escrito introductorio y en la solicitud de medida cautelar, en particular, las
relacionadas con la afectación de derechos patrimoniales e intereses legítimos de la
sociedad y de sus accionistas, así como las consecuencias que, según la propia
demanda, se derivaban de la inscripción del liquidador y de las actuaciones que
pudiera realizar respecto de los bienes de la sociedad.

43. Asimismo, se valoró la afirmación contenida en la demanda acerca de la
enajenación de un inmueble de la sociedad y la controversia planteada alrededor de
la actuación del liquidador, para concluir que la eventual anulación del acto registral
no tendría únicamente una incidencia objetiva sobre el ordenamiento jurídico,
sino que produciría consecuencias concretas sobre una situación jurídica
individual.

44. Bajo ese contexto, la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada
acerca de la procedencia del medio de control no resulta fundada en una
consideración meramente formal o arbitraria. Por el contrario, responde a una
interpretación adecuada de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011,
articulada con las particularidades del acto administrativo demandado y las
consecuencias jurídicas que, de acuerdo con lo expuesto en la propia demanda,
podían derivarse de su eventual anulación.

45. Luego, no se advierte la configuración del defecto sustantivo, por cuanto la
decisión se fundamentó en una lectura razonable de los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011, teniendo en cuenta la naturaleza particular y concreta del acto
demandado y los efectos jurídicos que produciría su eventual anulación. Tampoco se
encuentra acreditado un defecto fáctico, en la medida en que la decisión no se adoptó
tras realizar una apreciación caprichosa u omitir elementos del expediente.

46. De igual manera, no se configura el defecto de decisión sin motivación, pues se
expuso de manera comprensible las razones de hecho y de derecho que condujeron
a la autoridad judicial a considerar improcedente el medio de control inicialmente
ejercido. En particular, explicó: (i) la naturaleza del acto demandado; (ii) su carácter
particular y concreto; (iii) la incidencia que dicho acto tenía sobre una situación
jurídica individual; (iv) las manifestaciones realizadas por la propia parte demandante
acerca de la afectación patrimonial derivada de la actuación cuestionada; y (v) la
razón por la cual la eventual nulidad del acto produciría consecuencias concretas
sobre dicha situación jurídica.

47. Finalmente, tampoco se advierte la configuración de un defecto procedimental, ya
que la decisión de adecuar el medio de control fue adoptada dentro del análisis de
procedencia de la demanda y obedeció a la conclusión de que la controversia,
atendiendo a sus elementos materiales, correspondía al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. A partir de esa determinación, la autoridad judicial
examinó la oportunidad para acudir a dicho mecanismo y concluyó que el término de

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caducidad se encontraba vencido, razón por la cual confirmó el rechazo de la
demanda.

48. En consideración de lo anterior, esta Subsección negará las pretensiones de la
acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Medina Rueda, debido a que no
se demostró la configuración de los defectos alegados ni la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

49. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Juan Carlos Medina Rueda, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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