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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07021-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07021-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07021-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07021-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD,
DIGNIDAD HUMANA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra las COMISIONES SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

DE BOGOTÁ1 y NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora MAGNOLIA HOYOS OCORÓ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

1
En adelante COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante COMISIÓN NACIONAL.

2

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Actora: MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la

dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al

principio de seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por las COMISIONES SECCIONAL y NACIONAL, al

haber proferido, respectivamente, las providencias de 13 de mayo y

12 de agosto de 2026, dentro del proceso disciplinario identificado

con el número único de radicación 2022-05289-01.

I.2. Hechos

Refirió que en su condición de titular del JUZGADO VEINTISIETE

DE FAMILIA DE BOGOTÁ3, el 24 de junio de 2022 nombró a la

señora DEIDY JOHANNA GARCÍA ZAPATA en el cargo de

sustanciadora, supuestamente sin que cumpliera con el requisito

académico para el mismo, pues para ese momento no había

terminado ni aprobado todas las materias del programa de derecho.

Indicó que, con fundamento en un correo anónimo de 3 de octubre

de 2022, se dio curso a una investigación disciplinaria en su contra,

bajo el número único de radicación 2022-05289-00,

correspondiéndole por reparto a la COMISIÓN SECCIONAL4.

3
En adelante el JUZGADO.
4
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.

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3

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Destacó que aun cuando propuso nulidad contra el pliego de cargos,

habida cuenta que advirtió errores en los fundamentos normativos

de la tipicidad, le fue negada en auto de 25 de octubre de 2024.

Sostuvo que la COMISIÓN SECCIONAL en sentencia de 13 de mayo

de 2026 la declaró responsable disciplinariamente por el

incumplimiento del deber contenido en el numeral 1o del artículo 153

de la Ley 270 de 2006, en concordancia con lo establecido en los

artículos 129 y 131 numeral 8º ibidem, así como en los Acuerdos

PCSJA17-10780 del Consejo Superior de la Judicatura y CSJBTA17-

556 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, falta

clasificada como grave, a título de dolo, por lo que en consecuencia

se le impuso sanción de suspensión en el cargo por el término de tres

meses.

Relató que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, que fue desatado de manera confirmatoria por la

COMISIÓN NACIONAL en providencia de 12 de agosto de 2026.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto sustantivo pues se ampararon de manera difusa en los

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Acuerdos PCSJA17-10780 de 25 de septiembre de 2017 y CSJBTA17-

556 de 6 de octubre de 2017, pese a que estas normas regulan

concursos de méritos y carecen de suficiencia para establecer con

claridad el requisito académico exigible para el cargo de oficial mayor

o sustanciador.

Además, alegó que ignoraron la realidad de los programas actuales

de derecho -basados en créditos y de menor duración-, rechazando

de forma arbitraria la equivalencia que ella aplicó al nombrar a una

persona con el 51% de los créditos aprobados.

Afirmó que se confundió la tipicidad con la ilicitud sustancial, pues

estructura un criterio de responsabilidad objetiva prohibido en los

procesos disciplinarios, sumado a que se le atribuyó una conducta

dolosa pese a que los motivos determinantes de su comportamiento

buscaban proteger la continuidad del servicio del despacho.

Aseguró que también incurrieron en decisión sin motivación,

especialmente porque las sentencias son una reproducción idéntica

del pliego de cargos, además de que no valoraron los testimonios

rendidos en el proceso ni los reportes de la estadística aportados que

demostraban que el JUZGADO mantuvo un rendimiento favorable y

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eficiente mientras estuvo nombrada la señora DEIDY JOHANNA

GARCÍA ZAPATA.

Adujo que se incurrió en desconocimiento del precedente al

apartarse de los criterios jurisprudenciales obligatorios fijados por la

Corte Constitucional5, el Consejo de Estado6 y la propia COMISIÓN

NACIONAL7, que establecen que para configurar la ilicitud sustancial

no basta con el incumplimiento formal o la simple infracción del deber

funcional, pues se debía motivar y demostrar de qué manera

concreta su conducta generó una afectación real, significativa y

relevante a la buena actividad judicial, de tal forma que sancionarla

solo por la irregularidad formal del nombramiento desconoce

abiertamente la línea jurisprudencial.

Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en violación directa de la Constitución al proferir unas

decisiones carentes de motivación, aplicar la responsabilidad objetiva

y negarles valor a las pruebas.

5
Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” sentencia
de 17 de mayo de 2018, Radicación núm. 11001-03-25-000-2013-01092-00 [2552-13], C.P. William
Hernández Gómez.
7
Sentencia de 17 de mayo de 2023, radicación 17001-11-02-000-2017-003342-01.

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I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:

“[…] REVOCAR por defecto sustancial las sentencias de primera y
segunda instancia dictadas por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, el 13 de mayo de 2026, y por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial el 12 de agosto hogaño, que
confirmó la decisión de primera instancia, respectivamente dentro
del radicado 11001250200020220528901, con los que se declaró
disciplinariamente responsable a la suscrita imponiendo sanción
consistente en tres (3) meses de suspensión en el ejercicio del
cargo de Juez 27 de Familia de Bogotá,

SEGUNDO: ORDENAR a las accionadas adoptar nueva decisión
considerando el precedente judicial en materia de antijuridicidad
de la conducta de la investigada y efectuando una debida
valoración de los elementos fundantes y una motivación adecuada
para el efecto […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL solicitó que se deniegue el

amparo deprecado, por cuanto no ha incurrido de manera alguna en

los defectos alegados por la actora.

Subsidiariamente, solicitó que se declare improcedente la presente

acción de tutela, toda vez que lo pretendido por la demandante es

crear una instancia adicional en el asunto objeto de controversia.

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I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL afirmó que no se configura

ninguno de los yerros endilgados y que la presente acción de tutela

no tiene vocación de prosperidad, por cuanto, a su juicio, lo

pretendido por la actora es crear una instancia adicional para reabrir

un debate ya agotado, por lo que solicitó que se declare

improcedente el amparo solicitado o, en su defecto, se denieguen las

pretensiones de la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre

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que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en

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esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se dejen sin efecto las providencias de 13 de mayo y 12 de

agosto de 2026, proferidas, respectivamente, por las

COMISIONES SECCIONAL y NACIONAL, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación 2022-

05289-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la

igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de

justicia y al principio de seguridad jurídica, habida cuenta que, a

juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto sustantivo por edificar una prohibida responsabilidad

objetiva, al confundir la tipicidad formal con la ilicitud sustancial y

aplicar de forma difusa normas de concursos de méritos que carecen

de suficiencia descriptiva sobre el requisito académico,

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desatendiendo la realidad de los programas de derecho por créditos

y la finalidad protectora del servicio que motivó su decisión.

Asimismo, en una decisión sin motivación debido a que se

reprodujo el pliego de cargos y omitieron por completo valorar los

testimonios y los reportes estadísticos que acreditaban el

rendimiento favorable del JUZGADO.

De igual forma, que se incurrió en desconocimiento del

precedente, que exige demostrar una afectación real y relevante a

la función pública y no una mera infracción formal del deber.

Finalmente, que se configura una violación directa de la

Constitución como consecuencia de los yerros mencionados.

En este punto se advierte que, si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 13 de mayo de 2026 proferida

por la COMISIÓN SECCIONAL, como la dictada el 12 de agosto de

ese año por la COMISIÓN NACIONAL, la Sala realizará únicamente

el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a esta última, toda vez que en esta se confirmó la

decisión del a quo y fue la que puso fin al proceso.

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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió

en los defectos alegados dentro del proceso disciplinario identificado

con el número único de radicación 2022-05289-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202218, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

18
M.P. Natalia ángel Cabo.

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excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o

recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)

preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con

la jurisprudencia de la Corte Constitucional19 las decisiones emitidas

por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento

19
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la

fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no

pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede

constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se

acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y

se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el

efecto.

Ahora bien, al verificar el estudio de los requisitos generales de

procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia

constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone la

actora implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae la actora a esta sede constitucional,

especialmente en lo atinente a la conducta reprochada en el proceso

disciplinario y la interpretación dada por los falladores de instancia,

ya fueron resueltas de forma admisible por la COMISIÓN

NACIONAL, así:

“[…] Precisado el ámbito de competencia, los argumentos de
disenso serán examinados de acuerdo con su convergencia

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temática y no únicamente conforme al orden formal en que
fueron expuestos, de modo que los reparos relacionados con la
tipicidad, la integración normativa y la claridad del reproche se
resolverán conjuntamente, al igual que las circunstancias
invocadas para justificar el nombramiento, mientras que la
ilicitud sustancial y la gravedad de la conducta se abordarán a
partir de su sustrato común, pero con la necesaria distinción
entre ambas categorías, y la culpabilidad será analizada de
manera autónoma, con remisión a los elementos previamente
valorados cuando resulte pertinente, todo ello dentro de los
límites fijados por el recurso.

I. Tipicidad, integración normativa y claridad del reproche.
En punto del primer eje de controversia, esta Comisión observa
que el defensor confunde los distintos planos normativos que
concurren en la imputación, en ese sentido debe destacarse que
el reproche no atribuyó a la disciplinable la condición de
empleada o aspirante, ni le exigió satisfacer requisitos propios
de esas calidades, sino que examinó si, como jueza y autoridad
nominadora, observó el deber funcional de cumplir y hacer
cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos al proveer un
empleo de su despacho.

[…]
Por consiguiente, aun si se admite que el Acuerdo CSJBTA17-
556 no debía emplearse como fuente directa del deber funcional
de la jueza, como lo señaló la aclaración de voto invocada por el
apelante, esa consideración carece de entidad para desarticular
el reproche, porque la obligación de observar las condiciones
reglamentarias del cargo encontraba fundamento suficiente en
el numeral 1.º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, integrado
con el Acuerdo PCSJA17-10780 de 2017, además, la imputación
permitía identificar el hecho atribuido, la autoridad que realizó
el nombramiento, la fecha de la designación y el requisito
académico que se estimó incumplido.

En cuanto a este último aspecto, el artículo 8.º del Acuerdo
PCSJA17-10780 de 2017 contemplaba dos alternativas, la
terminación y aprobación de todas las materias del programa de
Derecho, junto con un año de experiencia relacionada, o la
aprobación de 3 años de estudios superiores en Derecho y 4
años de experiencia relacionada, de manera que la disposición
no autorizaba a sustituir el requisito temporal por un porcentaje
del plan académico, ni establecía que la aprobación de la mitad
de los créditos equivaliera, por sí sola, a esa cantidad de
anualidades académicas universitarias.

Así, la aprobación de 84 de los 165 créditos del programa,

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equivalente aproximadamente al 51 %, acreditaba únicamente
el número de créditos superados, pero no demostraba la
satisfacción del periodo de estudios exigido, la equivalencia
propuesta por la defensa, construida a partir de programas con
una duración de 6 años o 12 semestres, carecía de respaldo en
la regulación aplicable, y a ello se añade que, tampoco la
certificación posterior, según la cual Deisy Johanna García
Zapata había aprobado 106 créditos y cursaba asignaturas de
los niveles VI y VII durante el primer periodo académico de
2023, podía modificar las condiciones verificables de manera
pretérita -al 24 de junio de 2022, fecha del nombramiento-, ni
suplir la acreditación oportuna de la exigencia reglamentaria.

La alegada afectación del derecho a la defensa tampoco se
configura, puesto que la disciplinable conoció el hecho atribuido
y pudo controvertir sus elementos, nótese que tanto en los
descargos como en la apelación discutió el alcance de los
acuerdos, la naturaleza de la exigencia formativa, los créditos
aprobados, la experiencia de Deisy Johanna y la interpretación
que como nominadora hizo de tales circunstancias, de manera
que el ejercicio efectivo de contradicción permite advertir que la
conducta reprochada y la condición cuyo desconocimiento se
atribuía estaban suficientemente determinadas para orientar la
defensa.
[…]

El segundo eje temático de los reparos se apoya en aspectos que
pueden explicar la decisión administrativa adoptada por la
funcionaria Magnolia Hoyos Ocoró, pero que carecen, por sí
mismas, de aptitud para excluir la responsabilidad disciplinaria
y por ende para justificar el proceder enrostrado, pues la
existencia de vacantes, la carga laboral del despacho, la
necesidad de asegurar la continuidad del servicio y la eventual
ausencia de alternativas inmediatas no autorizan a prescindir de
las condiciones mínimas establecidas para el empleo, de modo
que la urgencia funcional debía atenderse dentro del marco
jurídico aplicable.

Aun si se admite que el despacho afrontaba dificultades
operativas y que la provisión buscó responder a una necesidad
concreta del servicio, esos factores no modificaban en forma
alguna la obligación de verificar que la persona escogida
reuniera integralmente los requisitos exigibles, puesto que la
facultad nominadora permite seleccionar y designar, pero no
habilita la flexibilización de las condiciones académicas
reglamentarias ni convierte una necesidad administrativa en
fuente de una excepción no prevista en el ordenamiento.

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[…]

El apelante niega la existencia de ilicitud sustancial, para lo cual,
parte de una comprensión restringida de esa categoría por
cuanto exige la demostración de un deterioro concreto en los
indicadores de gestión, e invoca tanto la oportunidad de las
decisiones como la calidad de las providencias elaboradas por la
empleada, cuando el deber funcional comprometido no se
relaciona exclusivamente con el rendimiento posterior de la
empleada, sino con la obligación que tenía la jueza, en su
condición de nominadora, de observar las condiciones
reglamentarias previstas para proveer el cargo y preservar,
mediante su atención, los principios que gobiernan el acceso al
empleo público y la adecuada organización de la administración
de justicia.

La ilicitud sustancial se configura porque en el caso sub examine
la conducta no representa un incumplimiento meramente formal
o indiferente para la función pública, sino que implica el
desconocimiento de un deber funcional directamente
relacionado con la competencia ejercida, por cuanto Magnolia
Hoyos Ocoró no solo tenía la facultad de designar al personal de
su despacho, sino también la obligación de hacerlo dentro de los
límites establecidos por la Constitución, la ley y los reglamentos,
por tanto, nombrar una persona que no acreditaba
integralmente las exigencias académicas del empleo
compromete la regularidad de la actuación y afecta el deber de
asegurar que los cargos de la Rama Judicial sean provistos con
observancia de las condiciones objetivas previamente fijadas.

La defensa apunta a demostrar la ausencia de afectación a partir
de los resultados obtenidos después del nombramiento,
particularmente, de la cantidad de las decisiones proyectadas,
de los indicadores de evacuación del juzgado y de la calidad que
atribuye a sus labores, sin embargo, esos elementos no
desvirtúan la infracción examinada, porque la idoneidad
funcional que aquella pudo demostrar en el desarrollo de las
tareas que adelantó no transforma en cumplido el requisito
académico que debía soportarse antes de la designación, ni
convierte el desenvolvimiento posterior en una autorización
retroactiva para proveer la vacante al margen de las reglas
aplicables.

Tampoco es necesario acreditar que el acto de incorporación al
servicio haya producido decisiones judiciales deficientes,
retrasos específicos o una disminución cuantificable en la
productividad del despacho, pues la afectación sustancial deriva
del desconocimiento de las condiciones objetivas que protegían

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la regularidad del acceso al cargo y la confianza en que la
autoridad nominadora observaría el marco jurídico que la
vinculaba, exigir un resultado lesivo de esa naturaleza
equivaldría a admitir que el deber de verificar los requisitos solo
adquiere relevancia cuando la persona designada demuestra un
bajo rendimiento o cuando el servicio registra un perjuicio
visible, conclusión incompatible con la función preventiva y
garantista de las reglas sobre provisión de empleos públicos.

[…]

Por tanto, el análisis conjunto del material suasorio no desvirtúa
los fundamentos del reproche, itérese, el rendimiento posterior
de la empleada no subsana la falta de acreditación oportuna del
perfil requerido, los indicadores favorables de la unidad judicial
no neutralizan el desconocimiento de las reglas de igualdad,
mérito y transparencia, las dificultades laborales y las
actuaciones dirigidas a obtener apoyo institucional explican el
entorno en que se adoptó la medida, pero no la legitiman, y la
convicción personal sobre la idoneidad de Deisy Johanna García
Zapata no excluye la posibilidad de que la nominadora hubiera
obrado conforme al deber funcional, de modo que permanecen
incólumes la adecuación típica, la ilicitud sustancial, la gravedad
de la falta y la atribución dolosa examinadas […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte

que la COMISIÓN NACIONAL desestimó los argumentos defensivos

orientados a desvirtuar la tipicidad y la integración normativa, al

concluir que el reproche no se dirigió a exigir calidades a la aspirante,

sino a examinar el incumplimiento del deber funcional de la

accionante como autoridad nominadora, previsto en el artículo 153

numeral 1º de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el Acuerdo

PCSJA17-10780 de 2017.

En ese sentido, precisó que la normativa exigía de manera taxativa

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la terminación de materias o tres años de estudios superiores, sin

autorizar la sustitución de dicho requisito temporal por un porcentaje

de créditos aprobados, por lo que la equivalencia planteada carecía

de respaldo normativo y las certificaciones posteriores no podían

convalidar una situación irregular de manera retroactiva.

Consideró que las dificultades operativas, la carga laboral y la

necesidad de asegurar la continuidad del servicio invocadas por la

actora, si bien explicaban el entorno de la decisión administrativa,

carecían de aptitud para excluir la responsabilidad disciplinaria o

justificar su proceder, pues la facultad nominadora no habilitaba a la

funcionaria para flexibilizar las condiciones académicas

reglamentarias ni convertía una urgencia administrativa en una

excepción no prevista en el ordenamiento.

Adujo que la ilicitud sustancial no exigía la demostración de un daño

material, un bajo rendimiento o un deterioro cuantificable en los

indicadores de gestión del despacho, sino que se configuraba por el

desconocimiento de las condiciones objetivas que protegían la

regularidad del acceso al empleo público y la confianza en la sujeción

a la ley.

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En consecuencia, estimó que el rendimiento posterior de la

empleada, la calidad de las decisiones proyectadas o los reportes

estadísticos favorables no subsanaban la falta de acreditación

oportuna del perfil requerido ni neutralizaban la infracción al deber

funcional.

Finalmente, la autoridad judicial accionada señaló que la atribución

dolosa permanecía incólume, pues la disciplinada actuó de manera

consciente y voluntaria al conocer los requisitos normativos y decidir

acoger una equivalencia no contemplada en la regulación, sin que su

convicción personal sobre la idoneidad de la designada eliminara la

culpabilidad examinada.

De lo expuesto en precedencia, se extrae que las inconformidades

expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de que

carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su

solución se deriva de la interpretación que la actora pretende que se

dé a la normativa y las pruebas aportadas al asunto, fueron resueltas

por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.

Significa lo anterior que lo pretendido por la accionante es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

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expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera

instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis

que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite disciplinario.

Por último, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso disciplinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección20 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

solicitud de amparo el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

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y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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