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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07031-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07031-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Hébert Hernández Penagos, por conducto de apoderado, contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-07031-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: HÉBERT HERNÁNDEZ PENAGOS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de
justicia y a la primacía de la realidad sobre las formas / RECURSO EXTRAORDINARIO DE
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – Contrato realidad – Prescripción de los derechos
derivados de una relación laboral encubierta / REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir el debate ya resuelto en el proceso
extraordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Hébert Hernández Penagos, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 1.° de septiembre de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de primacía de la realidad sobre
las formas.

Hechos relevantes

2. El señor Hébert Hernández Penagos promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Armenia,
con el fin de obtener: (i) la nulidad del Oficio núm. DJ-PJU-630 del 27 de abril de
2022; (ii) la declaratoria de existencia de una relación laboral durante el período
comprendido entre el 28 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019; (iii) el pago
de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales causadas durante dicho

1 Que ingresó al despacho para fallo el 11 de septiembre de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

lapso, incluidas las sanciones e indemnizaciones reclamadas; y (iv) la devolución
de los aportes a salud y pensión que asumió como contratista.

3. El proceso correspondió al Juzgado Séptimo (7.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia que, por medio de sentencia del 30 de septiembre de 2024,
accedió a las pretensiones de la demanda.

4. Como fundamento de su decisión, el a quo indicó que el demandante ejecutó
labores como abogado en la Inspección Décima de Policía de Armenia, a través de
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, los testimonios aportados al
plenario demostraban que prestó de forma personal sus servicios y en el espacio
temporal establecidos, además, el cumplimiento de sus funciones estaba sujeto a
la subordinación de las directrices dadas por su superior inmediato.

5. El municipio de Armenia presentó recurso de apelación contra la decisión
precitada e indicó que los elementos para la declaratoria de una relación laboral no
estaban acreditados, puesto que el contrato de prestación de servicios se firmó para
desempeñar labores de abogado, lo cual correspondía al ejercicio de una profesión
liberal que impedía la configuración de un contrato laboral o de trabajo.

6. El Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de proveído del 17 de julio de
2025, resolvió el recurso de alzada interpuesto y modificó la decisión de primera
instancia. En su lugar, declaró la existencia de una relación laboral entre el municipio
de Armenia y el señor Hébert Hernández Penagos desde el 28 de enero de 2013
hasta el 31 de julio de 2017, y no hasta el 31 de diciembre de 2019, como lo había
determinado el Juzgado Séptimo (7.°) Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia, al encontrar probada la excepción de prescripción respecto de las
acreencias laborales y prestacionales.

7. La parte actora interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
contra la providencia precitada, por considerar que desconoció la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2026, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Expuso que el Tribunal Administrativo del Quindío
aplicó indebidamente la figura de la prescripción al concluir que los derechos
laborales y prestacionales se encontraban prescritos por haber considerado que la
relación laboral finalizó el 31 de julio de 2017, pese a que el recurrente continuó
prestando sus servicios al municipio de Armenia, de manera ininterrumpida,
mediante contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de 2019.

8. El asunto fue asignado al despacho del magistrado Jorge Edinson Portocarrero
Banguera, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, a través de auto del 31 de octubre de 2025, rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por cuanto los reproches formulados
por la parte actora no se ajustaban a la causal prevista en el artículo 258 del CPACA.

9. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante promovió recurso de
reposición y, en subsidio, súplica.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

10. Por medio de providencia del 16 de junio de 2026, el magistrado Jorge Edinson
Portocarrero Banguera, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, resolvió no reponer el auto del 31 de octubre de 2025 y dar el
correspondiente trámite al recurso de súplica, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 246 de la Ley 1437 de 2011. Al respecto, expuso que los argumentos se
dirigían a controvertir el momento inicial del cómputo del término de prescripción
extintiva, aspecto que había sido analizado en el proceso ordinario, con base en la
valoración integral del acervo probatorio.

11. Los magistrados Juan Enrique Bedoya Escobar y Elizabeth Becerra Cornejo,
como integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
asumieron el conocimiento de la súplica y, por medio de auto del 24 de julio de 2026,
confirmaron la providencia recurrida.

12. A juicio de la autoridad judicial, “aunque el recurso extraordinario invocó la
sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16, la inconformidad planteada no guarda
correspondencia con la regla jurisprudencial allí fijada, pues se dirige a controvertir
la determinación del período durante el cual el Tribunal Administrativo del Quindío
consideró acreditada la relación laboral encubierta, cuestión que constituye el
presupuesto sobre el cual dicha corporación aplicó la regla de unificación en materia
de prescripción”2.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, primacía de la realidad sobre las
formas y la prevalencia del derecho sustancial del Señor Hébert Hernández
Penagos, por haber incurrido la autoridad judicial tutelada en la
configuración de los defectos sustantivo por inaplicación e interpretación
errónea del precedente de unificación de jurisprudencia, fáctico por
valoración probatoria irrazonable y arbitraria, excesito rigorismo formal,
desigualdad de trato ante la ley, violación directa de la Constitución y del
principio de seguridad jurídica.

2. Dejar sin efectos el Auto del 24 de julio de 2026 proferido por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Honorable Consejo de Estado, confirmatorio
del auto del 31 de octubre de 2025, que rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por el Señor
Hébert Hernández Penagos, en contra de la sentencia del 17 de julio de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de
Decisión, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho promovido por Hébert Hernández Penagos en contra del Municipio
de Armenia, radicado bajo el No 63001-3333-005-2022-00405-01 del 17 de
julio de 2025.

3. Ordenar a la Sección Segunda, Subsección “B” del Honorable Consejo de
Estado, que dentro del término que fije la Superioridad profiera una nueva
providencia mediante la cual revoque o deje sin efecto el Auto del 31 de
octubre de 2025, para en su lugar, se admita a trámite el Recurso

2 Folio 12. Archivo “012_12ED_PRUEBA_1_9_202611_19”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Extraordinario de Unificación interpuesto y proceda al estudio de fondo del
asunto”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La parte accionante sostiene que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con la expedición del auto del 24 de julio de 2026, incurrió en
un “Defecto Sustantivo por Inobservancia del Precedente de Unificación”4
fijado por el Consejo de Estado en la sentencia CE-SUJ2-005-16, según la cual el
término de prescripción de tres años para reclamar los derechos de un contrato
realidad se cuenta a partir de la terminación definitiva del vínculo contractual.

15. Asimismo, alega la configuración de un defecto fáctico por la valoración
arbitraria y contraevidente de las pruebas, “al fijar ficticiamente la terminación de su
relación laboral el 31 de julio de 2017 por la adquisición del status de pensionado
del Señor Hébert Hernández Penagos, soslayando que la prestación personal,
continua y subordinada del servicio en la Inspección Décima de Policía de Armenia
se ejecutó ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2019”5.

16. De igual modo, adujo un excesivo rigorismo formal en la aplicación restrictiva
del parágrafo del artículo 265 del CPACA para rechazar de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Además, señala una vulneración del
principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, puesto que,
a su juicio, en el auto del 24 de julio de 2026 se sacrificó “la verdad fáctica (la
prestación subordinada de los servicios profesionales hasta el 31 de diciembre de
2019) ante un formalismo administrativo como es el ingreso a la nómina de
pensionados del trabajador demandante y accionante en agosto de 2017” 6.

17. Finalmente, manifiesta una violación directa de la Constitución y del principio
de seguridad jurídica, por la afectación de los artículos 53 y 128 de la Carta Política.

Trámite procesal

18. Por medio de auto del 2 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, como accionado, y al municipio de
Armenia, al Juzgado Séptimo (7.°) Administrativo del Circuito de Armenia, al
Tribunal Administrativo del Quindío, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del trámite del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 63001-33-33-005-2022-00405-00/01, como
terceros con interés en las resultas del proceso.

19. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

3 Folios 10 y 11 del escrito de tutela.
4 Folio 6 del escrito de tutela.
5 Ibid.
6 Folio 7 ibid.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

20. La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, como integrante de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, indicó que no es posible afirmar
que dicha autoridad judicial hubiese incurrido en una causa específica de
procedibilidad, puesto que el rechazo de plano del recurso no obedeció a la
exigencia de una mera formalidad, sino a la naturaleza misma del recurso
extraordinario que exige la confrontación de la decisión objeto de recurso, con una
regla jurisprudencial.

21. Asimismo, indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo excepcional que exige la acreditación de requisitos generales y al
menos una de las causales específicas. En ese sentido, solicitó que se niegue el
amparo invocado, debido a que el accionante no demostró la afectación de sus
derechos fundamentales.

22. El Juzgado Séptimo (7.°) Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y señaló que no existe legitimación en la
causa por pasiva respecto de dicha autoridad.

23. El municipio de Armenia solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción,
por no evidenciarse actuación alguna que vulnere los derechos fundamentales que
reclama la parte accionante. Al respecto, indicó que no existen conductas u
omisiones que generen la afectación alegada, máxime si la decisión que se
pretende modificar se ajusta a derecho y, a su juicio, mal haría el juzgador de
segunda instancia al fijar un límite temporal diferente al de aquel en que
efectivamente el accionante adquirió su estatus pensional, por la incompatibilidad
legal de percibir dos erogaciones del estado.

24. El magistrado Jorge Edinson Portocarrero Banguera, como integrante de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, instó a que se
niegue el amparo pretendido.

25. Frente a ello, precisó que no es cierto, como lo sugiere el accionante, que, la
decisión de rechazo del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
obedeciera a meras formalidades que obstaculizan o quebrantan el derecho de
acceso a la administración de justicia. Por el contrario, adujo que el rechazo de
plano dentro del mencionado mecanismo resulta susceptible de reposición y de
súplica de conformidad con los artículos 243 y 246 del CPACA, lo que garantiza el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción de la parte que se ve afectada con
la decisión.

26. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que el
expediente contentivo del proceso radicado núm. 63001-33-33-005-2022-00405-
00/01 había sido enviado al Tribunal Administrativo del Quindío, por lo que señaló
que remitiría copia del auto admisorio de la presente acción de tutela a dicha
dependencia judicial, para lo de su cargo.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

27. El Tribunal Administrativo del Quindío, aportó el enlace de acceso al
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 63001-33-33-005-2022-00405-00.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

29. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, particularmente, el de relevancia
constitucional?

30. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición del auto del 24 de
julio de 2026, proferido dentro del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia radicado núm. 63001-33-33-005-2022-00405-01, incurrió en un
desconocimiento del precedente, un defecto fáctico y una violación directa de la
Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y
a la primacía de la realidad sobre las formas de la parte accionante?

31. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren Siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

33. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.

Del requisito de relevancia constitucional

34. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias
judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar
sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una
acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y
desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple
inconformidad con la decisión judicial.

35. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir la discusión15: (i) el debate debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

36. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

37. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente, el requisito de relevancia constitucional.

De la legitimación en la causa por activa y pasiva

38. En primer lugar, el señor Hébert Hernández Penagos cuenta con legitimación
en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración invocan. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en
que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.

39. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad a la cual se le atribuye
la transgresión de los derechos fundamentales reclamados por la demandante.

40. Asimismo, se mantendrán como terceros con interés al municipio de Armenia,
al Juzgado Séptimo (7.°) Administrativo del Circuito de Armenia, al Tribunal
Administrativo del Quindío y al Ministerio Público, por haber sido vinculados dentro
del trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 63001-33-33-005-2022-00405-00/01.

Del requisito de relevancia constitucional

41. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.

42. Revisada la demanda, se advierte que la parte accionante acudió a la acción de
tutela con el propósito de que se estudie si, como se discutió en el trámite del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el Tribunal Administrativo
del Quindío realizó de manera correcta el cómputo de la prescripción de los
derechos derivados de la relación laboral encubierta entre el señor Hébert
Hernández Penagos y el municipio de Armenia.

16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

43. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de súplica contra el auto
del 16 de junio de 2026, proferido por el magistrado Jorge Edinson Portocarrero
Banguera, como integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, a saber:

“4. Según el Auto suplicado, el Tribunal Administrativo del Quindío no se
opuso a la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 9
de septiembre de 2016, cuando, por el contrario, la sentencia de segunda
instancia lo que hizo precisamente fue contrariar, desconocer y oponerse a
la regla de unificación trazada por el Consejo de Estado, cuya aplicación
resultaba imperativa por la identidad temática con el caso que se viene
analizando, pero que al haber sido contrariada condujo al tribunal a la
equivocada conclusión de que el pago de los derechos prestacionales del
demandante se encontraba prescrito.

5. Por mandato de la regla de interpretación trazada en la sentencia CE-
SUJ2-005-16, el abogado contratista solo podía presentar la reclamación de
sus derechos laborales desde el momento de su desvinculación el 31 de
diciembre de 2019 y no desde el 31 de julio de 2017 como equivocadamente
lo entendió el Tribunal, con el argumento, desconectado del precedente
unificado dictado por el Consejo de Estado, que al estar recibiendo más de
una asignación del tesoro público, no se podía declarar la existencia de una
relación laboral entre el mes de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de
2019, supuesto que no contempla la regla contrariada y desconocida,
incurriendo la sentencia de segundo grado en una indebida aplicación de la
prescripción extintiva de los derechos del trabajador-contratista.

6. Con el desconocimiento de las reglas de unificación jurisprudencial se
está rompiendo con el derecho a la igualdad y los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, resultando perjudicada la parte demandante
con la sentencia del tribunal por “no haber reclamado a tiempo”, pues en
agosto de 2017 el contrato aún estaba vigente y la vinculación se prolongó
con la suscripción de similares CPS en los años posteriores, lo que le
permitía al contratista demandar a posteriori, cuando en efecto terminara la
relación contractual, como lo tiene definido el Consejo de Estado en la regla
de unificación jurisprudencial, contrariada, ignorada y desconocida por el Ad
quem”17.

44. Dichos argumentos no sólo guardan similitud con los fundamentos expuestos
en el escrito de tutela, sino que son aspectos que ya fueron analizados y resueltos
de manera razonada en el auto del 24 de julio de 2026, a través de la cual la
autoridad judicial accionadas decidió el recurso de súplica, bajo las siguientes
consideraciones:

“50. En esas condiciones, la Sala advierte que la sentencia de unificación
invocada no resulta aplicable a la controversia planteada en el recurso
extraordinario, en los términos propuestos por la parte recurrente. En efecto,
el debate no versa sobre el alcance de la regla jurisprudencial unificada
relativa al cómputo de la prescripción de los derechos derivados de una
relación laboral encubierta, sino sobre una cuestión lógica y jurídicamente
anterior: la determinación del período durante el cual el Tribunal
Administrativo del Quindío consideró acreditada la existencia de la relación
laboral.

17 Folios 2 y 3. Archivo “010_10ED_PRUEBA_1_9_202611_18”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

51. Esa conclusión resulta consistente con el alcance de la sentencia de
unificación invocada ya que la regla allí fijada no define cómo debe
establecerse el momento de terminación de la relación laboral encubierta, ni
determina los criterios para delimitar temporalmente el período respecto del
cual procede su reconocimiento. Su contenido parte de un supuesto previo:
que el juez ya ha establecido, con fundamento en las particularidades del
caso concreto, el lapso durante el cual existió la relación laboral. Solo a partir
de esa determinación resulta aplicable la regla relativa al inicio del cómputo
de la prescripción. En consecuencia, cuando el reproche del recurrente se
dirige precisamente contra esa delimitación temporal, la controversia se
ubica por fuera del ámbito material de la sentencia de unificación y, por ende,
esta no constituye el parámetro jurisprudencial aplicable para sustentar el
recurso extraordinario.

52. Esta conclusión constituye el presupuesto fáctico y jurídico a partir del
cual el juez de segunda instancia aplicó la regla de unificación. De ahí que
la inconformidad del recurrente no recaiga sobre la regla jurisprudencial
misma, sino sobre la premisa que permitió su aplicación al caso concreto.

53. En tales condiciones, la sentencia de unificación invocada no guarda
correspondencia con el cargo formulado en el recurso extraordinario, pues
este no plantea una verdadera oposición entre la providencia recurrida y el
precedente de unificación, sino una discrepancia con la forma en que el
tribunal resolvió el litigio a partir de las particularidades del asunto.

54. En consecuencia, se configura la hipótesis prevista en el parágrafo del
artículo 265 del CPACA, pues resulta evidente que la sentencia de
unificación invocada no es aplicable al cargo formulado en el recurso
extraordinario, dado que la controversia allí planteada no recae sobre la
regla jurisprudencial de unificación sino sobre la delimitación temporal de la
relación laboral efectuada por el tribunal, para el caso concreto”18.

45. En ese orden de ideas, se advierte que la controversia que la parte accionante
pretende plantear por vía de tutela ha sido objeto de amplio debate dentro de las
actuaciones judiciales promovidas para obtener el reconocimiento de los derechos
derivados de la relación laboral que alega encubierta, pues sobre ella se
pronunciaron los jueces de primera y segunda instancia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y, posteriormente, el Consejo de Estado
al resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, así como el
recurso de reposición interpuesto contra la decisión que lo rechazó y el recurso de
súplica formulado frente a esta última.

46. En este contexto, la parte interesada ha insistido, en esencia, en el mismo
cuestionamiento relativo al cómputo de la prescripción y al supuesto
desconocimiento de la regla de unificación jurisprudencial invocada. De este modo,
para esta Subsección es claro que la tutela ejercida por la parte accionante busca
prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario,
situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no
hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina
relevancia constitucional. Además, la presente acción debate un aspecto legal,
como es el conteo del término de prescripción, porque lo que no se evidencia que
la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el goce de los derechos
fundamentales.

18 Folio 11. Archivo “012_12ED_PRUEBA_1_9_202611_19”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07031-00
Accionante: Hébert Hernández Penagos
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

47. En conclusión, la Sala considera que la intención de la parte demandante es
someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable
por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela
debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
declarará improcedente la petición de amparo por no cumplir con los requisitos
generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Hébert Hernández Penagos, por conducto de apoderado, contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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