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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07033-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07033-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Iván Jaramillo Upegui respecto del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Iván Jaramillo Upegui. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico que en el término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, de respuesta a la solicitud de 22 de julio de 2026 y la notifique en debida forma al actor. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07033-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinticuatro [24] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07033-00
Demandante: IVÁN JARAMILLO UPEGUI
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición. Derecho al debido proceso.
Petición ante autoridades judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la
Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2026, el señor Iván Jaramillo Upegui,
en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Atlántico, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.

La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a la presunta
omisión de las autoridades demandadas en dar respuesta a «la petición» presentada
en julio de 2026, consistente en que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial le
imparta «el trámite oportuno a resolver mi SITUACIÓN CON RELACIÓN A LA DENUNCIA
NÚMERO DE PROCESO Rad. 0829640890022024006840., solicito dar el impulso
procesal necesario y que legalmente corresponde».

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

• Se declare que CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO – COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Iván Jaramillo Upegui
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07033-00

JUDICIAL DEL ATLÁNTICO – MAGISTRADA PATRICIA ROCOO CEBALLOS
RODRÍGUEZ, ha vulnerado mi derecho fundamental de petición y al debido proceso.

• Se tutele mi derecho fundamental de petición y al debido proceso.

• Como consecuencia, se ordene a CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO – COMISIÓN
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO – MAGISTRADA: PATRICIA
ROCIO CEBALLOS RODRÍGUEZ, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la
normatividad y la jurisprudencia colombiana, y que me permita seguir agotando la vía
gubernativa dentro de esta corporación, que a su vez quiere vulnerar el debido proceso
de las partes con trucos para entorpecer los derechos invocados en la génesis de esta
demanda.

• Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud
presentada el 3 de junio de 2025.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte accionante informó que el 22 de julio de 2026, en ejercicio de su derecho
constitucional de petición, a través del dominio
«mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co», solicitó al Consejo Superior de la
Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, lo siguiente:

[…] información de un proceso con rad Rad. VJA-CSJATL-2026-01812, denuncia que
realice ante JUEZ SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA, además de esto
señalé que el proceso de notificación debía realizarse SOLO POR VÍA CORREO
ELECTRÓNICO, por la empresa de correo certificado, que haya contratado la
prestadora, pues nadie habita en el predio, y el proceso de notificación solo debía
hacerse, solo por correo electrónico […]

Sin embargo, en el archivo de la solicitud de 22 de julio de 2026, se señaló:

[…] presento ante ustedes la solicitud de ANEXO A IMPULSO PROCESAL DENUNCIA
NÚMERO DE PROCESO Rad. 0829640890022024006840. […].

[…] En ese orden de ideas no comprendo, porque no se le ha dado trámite efectivo para
abrir e iniciar la investigación propia y pertinente, en contra de la JUEZ SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA […]1.

1 Cita del texto original con posibles errores.

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Demandante: Iván Jaramillo Upegui
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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Precisó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha recibido una
respuesta de fondo a su petición.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que las autoridades demandadas han vulnerado sus
derechos de petición y al debido proceso por cuanto no han otorgado una respuesta
de fondo a la solicitud que radicó desde el 22 de julio de 2026, lo cual desconoce los
términos legales y constitucionales fijados para tal efecto en el artículo 14 de la Ley
1755 de 2015, en el artículo 7. ° de la Ley 1437 de 2011, en los artículos 23, 29 y 86
superiores, y en las sentencias T-219 de 1994, T-457 de 1994, T-294 de 1997 y T-332
de 2015.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Mediante providencia de 2 de septiembre de 2026 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar en calidad de extremo demandado al Consejo
Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. Adicionalmente, se vinculó
como tercero con interés al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Galapa,
Atlántico por ser la parte pasiva en el asunto disciplinario.

Finalmente, se requirió al señor Iván Jaramillo Upegui para que aportara la constancia
de radicación de su solicitud de 22 de julio de 2026, ante el Consejo Superior de la
Judicatura y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. Ello, por
cuanto solo obraba en el expediente una imagen de un correo electrónico remitido al
dominio: «mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co», el cual, luego de revisado, se
advirtió que correspondía al buzón web del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico.

1.5.2. En cumplimiento del anterior requerimiento, mediante correo electrónico de 7 de
septiembre de 2026, el accionante afirmó que su solicitud la radicó el 22 de julio de
2026 y adjuntó un archivo multimedia contentivo de un video.

1.6. Contestaciones

Remitidos los oficios y efectuadas las notificaciones correspondientes, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.6.1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Galapa informó que amparó
en primera instancia una acción de tutela empleada por el señor Iván Jaramillo Upegui
contra el municipio de Galapa, en la que se exigía la construcción de una estación de

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bombeo de aguas residuales en un terreno apto para ello. Dicha decisión fue
confirmada por el Juzgado Once Civil del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad
que amplió a seis meses el término para el cumplimiento de la orden. Luego de una
solicitud de apertura de incidente de desacato y de varios requerimientos efectuados
a la entidad accionada, mediante auto de 9 de diciembre de 2025 se dio apertura a
dicho trámite, en el cual se presentaron varios informes de cumplimiento y la diligencia
de inspección judicial del terreno idóneo para ejecutar la obra.

Agregó que, de los estudios realizados en varios terrenos, el único que resultó apto es
el predio del accionante, pero, este se niega a vender el metraje que la entidad necesita
para la construcción de la estación porque considera que ello le perjudicaría el resto
de su tierra, en ese orden, exigió que la alcaldía le compre todo el terreno que consta
de varias hectáreas.

Informó que, el despacho suspendió la diligencia para que se realizara el estudio sobre
el predio de otra persona, el cual arrojó un resultado negativo y fue informado por la
alcaldía en memorial de 8 de abril de 2026, respuesta que le fue comunicada al
accionante, quien respondió «presentando una vigilancia administrativa contra el
despacho, así como quejas disciplinarias».

Acotó que el despacho judicial no puede obligar a las entidades a realizar un gasto
innecesario o desproporcionado, máxime cuando se demuestra que el terreno no se
requiere en su totalidad para la construcción de la estación de bombeo que se ordenó.

En ese sentido, aseguró que el juzgado ha sido garante de los derechos de la parte
actora, razón por la cual indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva en
el asunto de la referencia, solicitó su desvinculación y la negativa frente a las
pretensiones.

1.6.2. El Consejo Superior de la Judicatura refirió que la Ley 270 de 1996 prevé que
esta autoridad, los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial,
tienen funciones propias y diferentes como las establecidas en el artículo 99 ibidem,
por lo tanto, responden de manera independiente.

Adicionó que, la vigilancia administrativa fue reglamentada a través del Acuerdo
PSAA11-8716 de 2011 y que, en ese orden, dicho asunto le corresponde adelantarlo
a los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con el numeral 6. ° del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996.

Adicionalmente, afirmó que la solicitud elevada por el señor Iván Jaramillo Upegui fue
realizada a través del dominio «mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co», el cual

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pertenece al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, por lo que precisó que
el Consejo Superior de la Judicatura no ha tenido conocimiento de la petición. Así,
pidió ser desvinculado por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Iván Jaramillo Upegui, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Respecto a las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Superior de la
Judicatura y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Galapa, se anuncia que
serán denegadas. Lo anterior, por cuanto la primera entidad fue llamada a la tutela de
la referencia en calidad de demandada debido que es una de las señaladas como
transgresora de los derechos fundamentales de la parte actora; y la segunda, como
tercero por presentar interés en la decisión que se adopte en este proceso tutelar por
haber fungido como juez de primer grado en el proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la presunta
falta de respuesta a su solicitud de 22 de julio de 2026.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de
tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) del derecho de petición en
actuaciones judiciales; (iv) caso concreto.

2.4. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.5. El derecho de petición

En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución».
El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, en el
sentido de indicar que: «[…] reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido».

También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Frente a la oportunidad, por regla general, la Ley 1755 de 2015 establece los términos
para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del tiempo será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada».

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión
distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Derecho de petición en actuaciones judiciales

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que
existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de
justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y (ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2º de la Ley
1437 de 2011. En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 2018 3, señaló:

3 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de

enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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La Corte Constitucional4 y esta Corporación5 de manera reiterada han señalado que las
peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente
que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las
peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho de
petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor
público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada
que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no
del derecho de petición.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el asunto de la referencia el extremo accionante alegó la vulneración de su
derecho fundamental de petición con ocasión de la presunta falta de respuesta a la
solicitud de 22 de julio de 2026, consistente en:

[…] presento ante ustedes la solicitud de ANEXO A IMPULSO PROCESAL DENUNCIA
NÚMERO DE PROCESO Rad. 0829640890022024006840. […].

[…] En ese orden de ideas no comprendo, porque no se le ha dado trámite efectivo para
abrir e iniciar la investigación propia y pertinente, en contra de la JUEZ SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA […]

2.7.2. Pues bien, revisado el material probatorio allegado al expediente, se advierte
que a folio 14 del archivo que contiene la acción de tutela y los documentos anexos,
obra el auto CSJATAVJ26-1837 de 24 de junio de 2026 expedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico6, a partir del cual se resolvió dar apertura a
una solicitud de vigilancia judicial administrativa 7 al interior del proceso identificado con
el radicado «2024-00684» que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de

4 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de

julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. C.P.
Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00
6 El cual le fue comunicado al accionante mediante correo de 18 de junio de 2026.
7 Identificada con el radicado VJA-CSJATL-2026-01812.

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Galapa por la presunta mora en que habría incurrido ese despacho en hacer cumplir
lo ordenado en providencia de 18 de diciembre de 20248.

Inconforme, el 22 de julio de 2026 el señor Iván Jaramillo Upegui solicitó un impulso
procesal al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante el correo
electrónico «mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co», el cual, luego de verificado,
sí corresponde a dicha autoridad.

Adicionalmente, es preciso resaltar que, si bien en el auto admisorio de la acción de
tutela se requirió al señor Jaramillo Upegui para que aportara las constancias de
radicación de su solicitud de 22 de julio de 2026 ante el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, en atención a
que estas entidades también fueron señaladas como extremo demandado en esta
acción constitucional, lo cierto es que el tutelante se limitó a allegar un archivo
multimedia contentivo de un video del mensaje de datos que remitió, del cual se
observa que, en efecto, la petición la dirigió únicamente al correo referido
«mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co», esto es, al del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico.

Lo anterior se puede verificar con las siguientes imágenes tomadas al referido video:

8 La denuncia se realizó el 12 de junio de 2026 a través del dominio
«mecsjatlantico@cendoj.ramajudicial.gov.co».

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Iván Jaramillo Upegui
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07033-00

En ese orden, la Sala anuncia que la acción de la referencia será denegada respecto
del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Atlántico, por cuanto no se demostró que estas autoridades hubiesen conocido de
la solicitud de 22 de julio de 2026.

2.7.3. Así, conforme a lo expuesto, el análisis de la presunta vulneración de derechos
se concentrará en el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

Ahora bien, según lo señalado en líneas previas y en el acápite «2.6.» de esta
providencia, es claro para esta colegiatura que la «petición» elevada por el accionante
corresponde a la ejercida desde la prerrogativa consagrada en el artículo 23
constitucional, toda vez que esta se presentó en el marco de un trámite de vigilancia
judicial administrativa, competencia de los consejos seccionales de la judicatura, la
cual se adelanta contra la titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Galapa
por las presuntas irregularidades presentadas en una acción constitucional que cursa
en ese despacho.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Iván Jaramillo Upegui
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07033-00

En otras palabras, el escrito de 22 de julio de 2026 constituye un impulso respecto de
un asunto del cual conoce una autoridad de naturaleza administrativa, con el fin de que
se promueva su desarrollo, es decir, tal solicitud corresponde a la segunda
clasificación de peticiones que ha señalado esta Sección y la Corte Constitucional
como aquellas referidas a actuaciones estrictamente administrativas, lo cual es de
suma importancia porque implica señalar que lo exigido por la parte actora el 22 de
julio de 2026 debe examinarse a la luz del desconocimiento del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 superior, y no bajo la óptica de la garantía al debido
proceso [artículo 29 C.P.].

Precisado lo anterior, se pone de presente que, pese a que el auto admisorio fue
debidamente notificado al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, esta
autoridad guardó silencio respecto de los hechos y de los argumentos del escrito de
tutela y, en ese orden, corresponde aplicar la presunción de veracidad prevista en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, norma que es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo
que el juez estime necesaria otra averiguación previa.

En consecuencia, la Sala, al no contar con elementos de prueba a partir de los cuales
pueda advertir que la autoridad a la cual le fue presentada la solicitud de impulso de
22 de julio de 2026, emitiera la respuesta correspondiente al señor Iván Jaramillo
Upegui, concluye que en este evento se configuró la transgresión del derecho
fundamental de petición.

Ello, por cuanto el señor Jaramillo Upegui afirmó que no ha obtenido un
pronunciamiento sobre el pedimento relacionado con el desarrollo y desenlace del
trámite de vigilancia judicial administrativa que tuvo apertura mediante auto
CSJATAVJ26-1837 de 24 de junio de 2026, expedido precisamente por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico y, comoquiera que la entidad demandada no
intervino en este proceso de tutela, no se presentaron argumentos y elementos
mediante los cuales se lograra controvertir lo alegado por el extremo actor.

2.8. Conclusión

La Sala accederá al amparo del derecho fundamental de petición del señor Iván
Jaramillo Upegui y, en consecuencia, ordenará al Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico que en el término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, responda la solicitud de 22 de julio de 2026 y la
notifique en debida forma al accionante.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Iván Jaramillo Upegui
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07033-00

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Iván Jaramillo Upegui
respecto del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Atlántico.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Iván Jaramillo
Upegui. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico que en el término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, de respuesta a la solicitud de 22 de julio de 2026 y la
notifique en debida forma al actor.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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