Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-07046-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-07046-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-07046-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-07046-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Primero [1.º] de octubre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07046-00
Demandante: ORLANDO PARRA CIFUENTES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela de fondo – Mora judicial – Niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 1.º de septiembre de 2026, el señor Orlando Parra Cifuentes, quien actúa en
nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Primera, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la autoridad
judicial accionada, al no haber adoptado una decisión sobre la admisión o
inadmisión de la acción popular identificada con el radicado 11001-03-15-000-
2026-04328-00, ni pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar
presentada dentro de ese proceso.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
PRIMERA. AMPARAR mis derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y debido proceso, vulnerados por la mora judicial
Demandante: Orlando Parra Cifuentes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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dentro del trámite de la acción popular identificada con el radicado
11001031500020260432800, la cual se encuentra en el DESPACHO DEL
MAGISTRADO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, SECCIÓN
PRIMERA.
SEGUNDA. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO por conducto del despacho
judicial que tenga a su cargo el expediente, que dentro del término que
establezca el juez constitucional, y de manera prioritaria, emita la decisión que
en derecho corresponda respecto de la admisión o inadmisión de la acción
popular.
TERCERA. ORDENAR al Consejo de Estado que se pronuncie sobre la solicitud
de medida cautelar presentada dentro de la acción popular, dentro del término
que legalmente corresponda, sin que esta orden implique imponer el sentido de
la decisión que deba adoptar el juez natural.
CUARTA. ORDENAR al despacho competente que adelante el trámite de la
acción popular con la celeridad y prioridad que corresponden a esta clase de
acciones, atendiendo la naturaleza de los derechos colectivos comprometidos y
la situación de riesgo expuesta en la demanda.
QUINTA. PREVENIR a la autoridad accionada para que se abstenga de incurrir
nuevamente en actuaciones u omisiones que impliquen desconocimiento
injustificado de los términos legales y constitucionales aplicables.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El 5 de junio de 2026, el señor Orlando Parra Cifuentes, junto con otros
integrantes de la comunidad, presentó una acción popular relacionada con el
deterioro de la vía Perimetral Oriental de Bogotá.
Expuso que el corredor vial presenta problemas de pérdida de banca,
derrumbes, erosión e inestabilidad de taludes, circunstancias que, según
afirmó, comprometen la seguridad de las comunidades que dependen de esta
infraestructura.
Dentro de la acción popular pidió el decreto de una medida cautelar, con el
propósito de evitar que el transcurso del tiempo agravara los riesgos
denunciados y afectara la protección de los derechos colectivos invocados.
El actor sostuvo que, pese a haber transcurrido aproximadamente tres meses
desde la presentación de la demanda, la autoridad judicial no había emitido
1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Demandante: Orlando Parra Cifuentes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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pronunciamiento alguno sobre su admisión o inadmisión, ni sobre la solicitud
cautelar.
Agregó que había solicitado el impulso procesal de la actuación, sin obtener
una decisión que permitiera continuar con el trámite judicial.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El accionante consideró que la falta de pronunciamiento de la autoridad judicial
desconoció el término de tres días hábiles previsto en el artículo 20 de la Ley
472 de 1998 para resolver sobre la admisión de la acción popular.
Argumentó que la demora afectó sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues le impidió obtener una
respuesta judicial oportuna frente a los riesgos denunciados.
Asimismo, sostuvo que la ausencia de una decisión sobre la medida cautelar
podía comprometer la efectividad de la protección judicial solicitada, debido al
deterioro progresivo del corredor vial.
Finalmente, aclaró que no pretendía que el juez constitucional sustituyera a la
autoridad judicial accionada, ni que determinara el sentido de las decisiones
pendientes, sino que se ordenara emitir los pronunciamientos correspondientes
conforme a la ley.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto del 4 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Primera, y dispuso la vinculación de los señores
Luis Adriano Clavijo Pulido, Ana Celia Parra Clavijo, Aidé Cifuentes Nieto,
Celina Prieto León, Julio Alberto Rincón Rodríguez, Javier Danilo Herrera
Herrera, José Nelson Cohecha y Alcira Torres Herrera, quienes integran la
parte demandante de la acción popular.
De igual manera, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de
Infraestructura [ANI], el Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía [Corporinoquia], el Ministerio de
Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la
República, el Instituto Nacional de Vías [INVÍAS], el departamento de
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Cundinamarca, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
[ICCU] y los municipios de Cáqueza, Choachí, La Calera, Ubaque y Fómeque.
En la misma providencia negó la medida provisional solicitada y requirió a la
Secretaría de la Sección Primera para que remitiera copia digital del expediente
de la acción popular identificada con el radicado 11001-03-15-000-2026-04328-
00.
1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
El magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes pidió negar las pretensiones
de la acción de tutela, al considerar que no incurrió en mora judicial injustificada.
Expresó que la acción popular fue presentada y repartida a su despacho el 5
de junio de 2026.
Precisó que los asuntos a su cargo se resuelven conforme al orden de ingreso
y las reglas de prelación aplicables a determinadas actuaciones, entre ellas las
acciones constitucionales de hábeas corpus, tutela y populares, así como los
procesos de pérdida de investidura.
Sostuvo que el tiempo transcurrido para decidir sobre la admisibilidad de la
demanda y la solicitud de medida cautelar no resultaba irrazonable, pues
obedeció a la carga de trabajo asignada y al turno en el que deben proferirse
las decisiones judiciales.
Por lo anterior, estimó que no existió una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
1.6.2. Agencia Nacional de Infraestructura [ANI]
La entidad, por conducto de apoderada judicial, pidió declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva y disponer su desvinculación del trámite
constitucional.
Expuso que sus funciones se relacionan con la planeación, estructuración,
contratación, administración y evaluación de proyectos de concesión e
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infraestructura de transporte, sin que tenga competencia para intervenir en las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.
Señaló que las pretensiones de la tutela se dirigen exclusivamente contra el
Consejo de Estado, Sección Primera, por la presunta falta de impulso de la
acción popular, conducta que no puede atribuirse a la ANI.
Además, consideró que no se acreditó una afectación de derechos
fundamentales que justificara la intervención del juez constitucional.
Por lo anterior, pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva y se dispusiera su desvinculación.
1.6.3. Instituto Nacional de Vías [INVÍAS]
La entidad, a través de apoderada judicial, pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que fue vinculada en calidad de tercero interesado por figurar entre las
entidades demandadas dentro de la acción popular, pero que la conducta
cuestionada corresponde exclusivamente a la autoridad judicial encargada de
su trámite.
Resaltó que no tiene facultades para admitir o inadmitir demandas, impulsar
procesos judiciales o resolver solicitudes de medidas cautelares. Además,
sostuvo que no había sido notificada de la acción popular ni había desplegado
actuación alguna que contribuyera a la demora denunciada.
Aclaró que los cuestionamientos relacionados con el deterioro del corredor vial
deberán discutirse dentro de la acción popular, escenario en el que podrá
ejercer su derecho de defensa.
Por lo anterior, pidió su desvinculación o, subsidiariamente, que no se
impartieran órdenes en su contra. También respaldó la decisión de negar la
medida provisional adoptada en el auto admisorio.
1.6.4. Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte pidió declarar improcedente la acción de tutela y
disponer su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Sostuvo que los hechos expuestos por el accionante corresponden al trámite
de una actuación judicial en la que no tiene competencia ni intervención. Explicó
que sus funciones están relacionadas con la formulación de políticas, planes y
programas en materia de transporte e infraestructura, conforme al Decreto 087
de 2011.
Argumentó que no se acreditó una afectación cierta, grave e inminente de los
derechos fundamentales invocados, por lo que consideró incumplido el
requisito de relevancia constitucional.
1.6.5. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR]
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca pidió declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta vulneración
de los derechos fundamentales no provino de una actuación u omisión
atribuible a esa entidad.
Explicó que fue vinculada por su condición de demandada dentro de la acción
popular, sin que ello implique responsabilidad frente a la demora judicial
denunciada.
Consideró que no tiene competencia para impulsar el proceso, decidir sobre su
admisión o resolver la solicitud de medida cautelar, pues tales actuaciones
corresponden a la autoridad judicial accionada.
Manifestó que no se opone a que se adopte con prontitud la decisión que
corresponda dentro de la acción popular. Sin embargo, pidió que cualquier
orden se limite al impulso del proceso y no determine ni condicione el sentido
de la decisión sobre la medida cautelar relacionada con el Convenio
Interadministrativo No. 02 de 2014.
En razón a lo anterior, pidió negar el amparo respecto de esa Corporación o,
subsidiariamente, abstenerse de impartir órdenes en su contra.
1.6.6. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía [Corporinoquia]
Corporinoquia, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones
de la acción de tutela en cuanto pudieran hacerse extensivas a esa entidad.
Explicó que no había sido notificada de la acción popular ni se le había corrido
traslado de la solicitud de medida cautelar, razón por la cual desconocía el
estado de dichas actuaciones.
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Consideró que la presunta demora en la admisión de la demanda y en la
resolución de la solicitud cautelar corresponde exclusivamente a la autoridad
judicial encargada del proceso, sin que Corporinoquia tenga competencia para
adoptar tales decisiones.
Finalmente, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y pidió que
no se declarara vulneración alguna de los derechos fundamentales por parte
de esa Corporación.
1.6.7. Departamento Nacional de Planeación [DNP]
El Departamento Nacional de Planeación, a través de apoderada judicial, pidió
su desvinculación del trámite constitucional.
Expuso que las pretensiones se dirigen exclusivamente contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, por la presunta demora en adoptar una decisión
sobre la admisión de la acción popular y la medida cautelar.
Sostuvo que no tiene competencia para adelantar, impulsar o decidir las
actuaciones procesales cuestionadas, ni desplegó conducta alguna que
pudiera generar la afectación de los derechos fundamentales invocados.
Por lo anterior, consideró configurada la falta de legitimación en la causa por
pasiva y pidió que no se impartieran órdenes en su contra.
1.6.8. Presidencia de la República
La Presidencia de la República pidió declarar improcedente la acción de tutela
respecto de esa entidad o, subsidiariamente, negar las pretensiones
formuladas en su contra.
Explicó que no tiene competencia para intervenir en el trámite de los procesos
judiciales ni para modificar o condicionar las decisiones adoptadas por las
autoridades jurisdiccionales, en virtud del principio de separación de poderes.
Sostuvo que la conducta cuestionada corresponde a la presunta falta de
pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Primera, sobre la
admisibilidad de la acción popular y la solicitud de medida cautelar.
Solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir una
actuación u omisión que pudiera atribuírsele.
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1.6.9. Departamento de Cundinamarca
El Departamento de Cundinamarca, por conducto de la Dirección de Defensa
Judicial y Extrajudicial, propuso su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
Explicó que la controversia constitucional se relaciona exclusivamente con la
presunta demora del Consejo de Estado, Sección Primera, en el trámite de la
acción popular, sin que la administración departamental tenga competencia
para intervenir en las decisiones judiciales cuestionadas.
Precisó que su vinculación obedeció a la condición de tercero interesado dentro
de la acción popular relacionada con el deterioro del corredor vial, circunstancia
que no permite atribuirle responsabilidad por las actuaciones procesales de la
autoridad judicial.
1.6.10. Municipio de La Calera
El municipio de La Calera, por conducto de su alcalde, solicitó declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Consideró que la presunta vulneración de los derechos fundamentales se
relaciona con la demora en el trámite de la acción popular, actuación sobre la
que la administración municipal no tiene competencia ni posibilidad de
intervención.
Sin perjuicio de lo anterior, se refirió a la situación del corredor vial Perimetral
Oriental de Bogotá y a las dificultades presentadas durante el proceso de
entrega y reversión de la infraestructura.
Explicó que la administración municipal había participado en distintas
actuaciones relacionadas con el estado de la vía y que existían dificultades
técnicas, operativas y financieras para asumir las obligaciones de
mantenimiento e intervención de determinados tramos.
Aunado a lo anterior, aportó información relacionada con los compromisos
adquiridos por las entidades involucradas y las condiciones de algunos puntos
críticos de la infraestructura vial.
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1.6.11. Municipio de Ubaque
El municipio de Ubaque propuso declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva o, subsidiariamente, reconocer la inexistencia de una vulneración de
derechos fundamentales atribuible a esa entidad territorial.
Declaró que las actuaciones cuestionadas corresponden exclusivamente a la
autoridad judicial encargada de conocer la acción popular, pues la
administración municipal no tiene competencia para decidir sobre su admisión
o la medida cautelar solicitada.
Consideró que, dentro de sus competencias administrativas, adelantó
actuaciones de seguimiento relacionadas con la problemática del corredor vial.
Para respaldar lo anterior, aportó documentación sobre reuniones, registros de
asistencia y actuaciones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Por lo tanto, pidió que se tuviera en cuenta su condición de tercero interesado
y que cualquier eventual orden relacionada con la mora judicial se dirigiera a la
autoridad encargada del trámite procesal.
1.6.12. Los demás demandantes de la acción popular
Los señores Luis Adriano Clavijo Pulido, Ana Celia Parra Clavijo, Aidé Cifuentes
Nieto, Celina Prieto León, Julio Alberto Rincón Rodríguez, Javier Danilo Herrera
Herrera, José Nelson Cohecha y Alcira Torres Herrera coadyuvaron las
pretensiones de la acción de tutela.
Expusieron que la ausencia de un pronunciamiento sobre la admisión de la
acción popular y la medida cautelar prolongó la situación de desprotección de
las comunidades afectadas por el deterioro de la vía Perimetral Oriental de
Bogotá.
Afirmaron que las condiciones del corredor vial continuaron agravándose y que
la falta de una decisión judicial impedía obtener una respuesta oportuna frente
a los riesgos denunciados.
Para respaldar sus consideraciones, aportaron registros fotográficos y
audiovisuales relacionados con el estado de la vía.
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Por consiguiente, pidieron amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la
autoridad judicial accionada que emitiera las decisiones correspondientes
sobre la admisibilidad de la demanda y la solicitud cautelar.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Orlando Parra Cifuentes contra el Consejo de
Estado, Sección Primera de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
Durante el trámite constitucional, la Agencia Nacional de Infraestructura [ANI],
el Instituto Nacional de Vías [INVÍAS], el Ministerio de Transporte, el
Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República, el
departamento de Cundinamarca y el municipio de La Calera pidieron su
desvinculación, al considerar que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante no les resulta atribuible.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía [Corporinoquia] y el municipio
de Ubaque alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, pues carecen
de competencia para intervenir en las actuaciones judiciales cuestionadas.
Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
permite la intervención de quienes tengan un interés legítimo en el resultado
del proceso de tutela.
En el presente asunto, las entidades mencionadas fueron vinculadas en calidad
de terceros interesados, por cuanto figuran como demandadas o vinculadas
dentro de la acción popular identificado con el radicado 11001-03-15-000-2026-
04328-00, cuyo trámite dio origen a la presente controversia constitucional.
Por lo tanto, pueden resultar interesadas en la decisión que se adopte,
particularmente frente al eventual pronunciamiento sobre la admisibilidad de la
demanda y la medida cautelar solicitada dentro de ese proceso.
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De acuerdo a lo anteriormente señalado, no se accederá a las solicitudes de
desvinculación, ni se acogerá la falta de legitimación en la causa por pasiva
como fundamento para excluir a las demás entidades de su condición de
terceros interesados.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde determinar si el Consejo de Estado,
Sección Primera, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Orlando Parra Cifuentes, al no
haber emitido, para la fecha de presentación de la acción de tutela, un
pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión de la acción popular
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2026-04328-00, ni sobre la
solicitud de medida cautelar formulada dentro de ese proceso.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial;
y (iv) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 2293 y 294 de la Constitución, y de los principios de la
Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso
a la administración de justicia5.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley […]»6.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»7.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías8, y de otro lado, la obligación correlativa
3 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en
qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
4 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
5 Sentencia T-006 de 1992.
6 Sentencia T-476 de 1998.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que
sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público
sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales
que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por
la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la
protección de los derechos de las personas […]»9.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley 270 de 1996,
Estatuaria de la Administración de Justicia10 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con
el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material
[…]»11.
2.6. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.12
9 Ibídem.
10 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple
el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener
la concordia nacional.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
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Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo
la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»13.
En esa línea esa corporación frente al particular precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente.
Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es
imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique
el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803
de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia,
esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el
contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido
diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial14, según la cual sólo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el asunto sub examine, el señor Orlando Parra Cifuentes sostuvo que
el Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al no haber
emitido un pronunciamiento sobre la admisión o inadmisión de la acción popular
13 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-
41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la
Nación.
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identificada con el radicado 11001-03-15-000-2026-04328-00, ni sobre la
medida cautelar solicitada dentro de ese proceso.
Expuso que la demanda fue presentada el 5 de junio de 2026, con el propósito
de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos presuntamente
afectados por el deterioro de la vía Perimetral Oriental de Bogotá.
Afirmó que, pese al tiempo transcurrido desde su presentación, la autoridad
judicial no había adoptado una decisión que permitiera continuar con el trámite
de la acción popular.
Por lo anterior, pidió que se ordenara al despacho judicial emitir los
pronunciamientos correspondientes, sin imponer el sentido de las decisiones
que deban adoptarse.
Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se advierte que la
acción popular fue presentada y repartida al despacho del magistrado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes el 5 de junio de 2026.
De acuerdo con el informe rendido por la autoridad judicial accionada el 11 de
septiembre de 2026, para esa fecha no se había adoptado una decisión sobre
la admisibilidad de la demanda ni sobre la solicitud de medida cautelar.
De lo anterior se desprende que transcurrieron aproximadamente tres meses
desde la presentación de la acción popular sin que se emitiera el
pronunciamiento inicial, término que supera el previsto en el artículo 20 de la
Ley 472 de 1998.
No obstante, como se explicó en el acápite precedente, la superación del
término legal no conduce necesariamente a establecer la existencia de una
mora judicial injustificada, pues corresponde examinar las circunstancias que
dieron lugar a la demora.
Sobre el particular, el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes explicó
que las decisiones sobre las distintas acciones, medios de control, recursos y
demás solicitudes asignadas a su despacho se profieren conforme al orden en
que son repartidas y teniendo en cuenta las reglas de prelación aplicables.
Precisó que dentro de los asuntos que requieren atención preferente se
encuentran las acciones constitucionales de hábeas corpus, tutela y populares,
así como los procesos de pérdida de investidura, entre otros.
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Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el tiempo transcurrido para resolver
sobre la admisibilidad de la demanda y la medida cautelar obedeció a la carga
de trabajo asignada y al orden en que deben proferirse las decisiones judiciales.
Frente a estas explicaciones, la Sala considera que el análisis de la presunta
mora judicial no puede limitarse a constatar el vencimiento del término legal,
sin tener en cuenta las circunstancias particulares que rodean el ejercicio de la
función jurisdiccional.
En efecto, la autoridad judicial accionada puso de presente que el despacho
debe atender distintos asuntos sometidos a su conocimiento, algunos de los
cuales cuentan con prelación legal, circunstancia que incide en el orden en que
se adoptan las decisiones.
Si bien lo anterior no releva a las autoridades judiciales del deber de observar
los términos procesales, constituye un elemento que debe ser valorado para
determinar si el retardo resulta atribuible a una conducta negligente.
Así, de las circunstancias puestas de presente en el informe y del material
allegado a esta actuación, la Sala no encuentra acreditado que la demora
denunciada sea consecuencia de una conducta caprichosa, arbitraria o
deliberadamente omisiva por parte de la autoridad judicial accionada.
Ahora bien, el accionante y los demás demandantes de la acción popular
insistieron en que la falta de pronunciamiento judicial resulta especialmente
preocupante por el deterioro de la vía Perimetral Oriental de Bogotá y los
riesgos que esa situación representa para las comunidades.
Para respaldar sus afirmaciones, aportaron registros fotográficos y
audiovisuales relacionados con el estado del corredor vial y pidieron que se
ordenara dar prioridad al trámite de la acción popular.
Sobre este aspecto, la Sala precisa que la presente controversia constitucional
no tiene por objeto establecer la responsabilidad de las entidades demandadas
dentro de la acción popular, ni determinar la procedencia de las medidas
cautelares solicitadas.
Tales asuntos corresponden al juez natural, quien deberá valorar el material
probatorio y adoptar las decisiones que en derecho correspondan.
En todo caso, la naturaleza preventiva de la acción popular y las circunstancias
expuestas por los demandantes no permiten concluir, por sí solas, que la
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demora en adoptar el pronunciamiento inicial sea consecuencia de una
actuación negligente de la autoridad judicial accionada.
En estas condiciones, la Sala considera que, si bien se encuentra acreditado
que transcurrió un tiempo superior al previsto legalmente para resolver sobre la
admisibilidad de la acción popular, no se demostró que dicha circunstancia
obedeciera a una omisión injustificada de los deberes a cargo del magistrado
accionado.
La explicación ofrecida respecto de la carga laboral y el orden de atención de
los asuntos asignados al despacho debe valorarse a la luz de las circunstancias
del caso, sin que resulte procedente equiparar automáticamente el
incumplimiento del término procesal con una vulneración de derechos
fundamentales.
En consecuencia, para esta Sala de Decisión no se encuentran acreditados los
presupuestos para establecer la existencia de una mora judicial injustificada
que haga necesaria la intervención del juez constitucional.
Lo anterior, sin perjuicio del deber que le asiste a la autoridad judicial de
impulsar la acción popular y adoptar las decisiones pendientes dentro de un
plazo razonable, atendiendo su naturaleza y las reglas de prelación
establecidas por el legislador.
Por todo lo expuesto, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por el
señor Orlando Parra Cifuentes.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por las
entidades vinculadas al presente trámite constitucional, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia solicitado por el señor
Orlando Parra Cifuentes, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO VARGAS
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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