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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07073-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07073-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07073-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07073-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOHAN ALEXIS JIMÉNEZ MORA
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, TRABAJO Y
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOHAN ALEXIS JIMÉNEZ MORA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

1
En adelante TRIBUNAL.

2

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Actor: JOHAN ALEXIS JIMÉNEZ MORA

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada,

los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la

providencia de 2 de marzo de 2026 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2021-00171-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL2 - EJÉRCITO NACIONAL3

y el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE

POLICÍA4, con el fin de que se declarara la nulidad del acta de Junta

Médica Laboral núm. 114495, así como del acta núm. M20-1004

MDNSG - TML-41.1, que le dictaminó la pérdida de capacidad laboral

del 55.56% y lo declaró no apto para actividad militar sin

recomendación de reubicación laboral, y de la Resolución núm.

00001059 de 17 de febrero de 2021, que ordenó su retiro del servicio

de forma temporal.

2
En adelante MINISTERIO.
3
En adelante EJÉRCITO.
4
En adelante TRIBUNAL MÉDICO LABORAL.

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Actor: JOHAN ALEXIS JIMÉNEZ MORA

Mencionó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2021-00171-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN5 que, en sentencia de 5 de abril de 2024, denegó las

pretensiones de la demanda.

Advirtió que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 2 de

marzo de 2026, a través de la cual confirmó la decisión del a quo y

lo condenó en costas y agencias en derecho.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto fáctico al omitir realizar una valoración integral del acervo

probatorio de carácter médico y ocupacional, pues se aceptó una

inferencia de riesgo real frente a las armas sin prever que la

evidencia clínica demostraba un trastorno de ansiedad asintomático

y controlado y una funcionalidad administrativa.

Destacó que se aplicó una conclusión generalizada, sin analizar que

las afecciones solo restringen los esfuerzos físicos pesados o

5
En adelante JUZGADO.

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4

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traumas, por lo que era perfectamente compatible con labores

administrativas de oficina.

Adujo que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto sustantivo al estructurar el análisis de reubicación laboral

aplicando erróneamente lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto

1791 de 14 de septiembre de 20006, que rige exclusivamente para

el personal de la Policía Nacional, desplazando sin justificación legal

el régimen aplicable contenido en los artículos 106 y 107 del Decreto

Ley 1790 de 14 de septiembre de 20007, que facultan la continuidad

en el servicio activo de oficiales y suboficiales cuyas capacidades

residuales puedan ser aprovechadas en funciones administrativas.

Aseveró que también se incurrió en desconocimiento del

precedente constitucional, en particular de las sentencias T-499

de 2 de diciembre de 20208 y T-373 de 6 de septiembre de 20249, al

adoptar de forma automática las conclusiones médico-laborales de

no reubicación sin realizar una equivalencia con otro tipo de actividad

y sin realizar una prueba rigurosa sobre las habilidades o

posibilidades reales de desempeño militar.

6
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales
y Agentes de la Policía Nacional”.
7
“Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares”
8
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
M.P. Juan Carlos Cortés González.

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I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 12 del
2 de marzo de 2026, proferida dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 05001-33-33-008-
2021-00171-01.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Antioquia proferir una nueva sentencia, dentro del término
que determine el juez constitucional, evaluando integralmente
el material probatorio y aplicando el precedente constitucional
pertinente.
Esta misma clase de remedio fue utilizada por la Corte
Constitucional en T-373/24, donde dejó sin efectos la sentencia
administrativa y ordenó una nueva decisión que valorara
integralmente las pruebas y el precedente constitucional.

CUARTA: Que en la nueva decisión se efectúe expresamente un
análisis individualizado de:

a. el concepto psiquiátrico del 15 de diciembre de 2020 sobre
funcionalidad adecuada para labores administrativas;

b. la ausencia documentada de ideas suicidas, de autoagresión
y heteroagresión;

c. el origen y soporte clínico individual de las restricciones sobre
armamento y guarniciones;

d. la relación probatoria entre los hallazgos clínicos y la
inferencia posterior de riesgo real, conducta impredecible,
reacción sorpresiva o daño probable;

e. mis habilidades, experiencia, capacitaciones y posibles
funciones administrativas, docentes o de instrucción;

f. el pilar de "capacidad física" del acta médico-laboral (síndrome
de Osler-Weber-Rendu, enfermedad de Von Willebrand y apnea
obstructiva del sueño), verificando si su valoración fue
individualizada y si resulta compatible con funciones
administrativas de oficina, conforme al concepto hematológico

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posterior aportado en este escrito;

g. los elementos subjetivos y objetivos requeridos para
establecer la procedencia o improcedencia de una reubicación;

h. el régimen específicamente aplicable a oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares, particularmente los artículos 106 y 107
del Decreto 1790 de 2000;

i. y la línea constitucional contenida, entre otras, en T-499 de
2020, T-328 de 2022 y T-373 de 2024.

QUINTA: Que si al momento de proferir la nueva decisión
subsisten dudas técnicas relevantes sobre mi capacidad
funcional o sobre el fundamento médico de las restricciones, el
Tribunal valore, dentro de su autonomía judicial y conforme al
artículo 213 del CPACA, la necesidad de decretar las pruebas
de oficio pertinentes para esclarecer la verdad […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la presente

acción de tutela, pues lo pretendido por el actor es reemplazar las

vías judiciales ordinarias y, subsidiariamente, pidió que se denieguen

las pretensiones por no existir vulneración alguna de los derechos

fundamentales alegados.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría

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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 2 de marzo de 2026, proferida por

el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00171-01.

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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad

laboral reforzada, toda vez que incurrió en los defectos fáctico al

realizar una valoración probatoria insuficiente que convirtió

restricciones preventivas en pruebas de peligrosidad, ignorando

antecedentes individuales y el pilar físico de capacidad para labores

de oficina; defecto sustantivo al estructurar el régimen de

reubicación con el Decreto 1791 de 2000 en lugar del 1790 de 2000,

aplicable al EJÉRCITO NACIONAL; y desconocimiento del

precedente constitucional al pasar por alto lo dispuesto en las

sentencias T-499 de 2020 y T-373 de 2024.

Aclarado lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico

que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente

caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero; ii) establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».11

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202220, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)

[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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M.P. Natalia Ángel Cabo.

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la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

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legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que

esta se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada profirió la decisión ignorando que las pruebas

obrantes en el expediente no eran suficientes para determinar algún

grado de peligrosidad en la prestación del servicio, por lo que se

debió reubicar en una función administrativa.

Dichos aspectos, derivan de la interpretación probatoria, normativa

y jurisprudencial que la parte actora pretende que se dé a su

situación particular y giran en torno a la inconformidad con la

decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta

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por el TRIBUNAL, así:

“[…] En orden de lo expuesto, está suficientemente acreditado,
dicho sea de paso, no está en discusión que el demandante padece
de varias patologías, entre las más graves la de trastorno de
ansiedad y Osler Weber Rendun, enfermedad de Vol Wilebrand.

Además, del acta de junta médica se observa con claridad y
precisión la carga argumentativa que fundamentada en la literatura
médica estableció que el hoy demandante es una persona no apta
para ser reubicado dentro de la institución castrense tanto para
desarrollar actividad militar, administrativa o académica.
De la lectura del acta de junta médica, para la Sala no hay duda de
que las razones expuestas por el Tribunal Médico Laboral no son
caprichosas ni discriminatorias, porque contrario a lo manifestado
en el recurso de apelación lo que pretende la institución más allá
del retiro de la institución es prevenir un deterioro tanto en la salud
mental como física del demandante.

Si bien en el recurso de apelación se alega que no se tuvieron en
cuenta si el demandante tiene aptitudes para continuar laborando
para el ejército nacional en otra área, ya sea, administrativa o de
instrucción, lo cierto es que el Tribunal Médico analizó esta
situación para concluir que dada la condición de trastorno de
ansiedad que padece el actor, la reubicación en otra área puede
alterar o desmejorar esta patología, por tanto, genera un riesgo a
los demás miembros de la institución, lo que lo hace una persona
no apta para continuar en la institución.

A su turno, no se puede pasar por alto que una de las razones del
demandante para solicitar la revisión de la Junta Médico Laboral es
que se tuviera en cuenta la pérdida de capacidad laboral del 100%
fijado por la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia con
ocasión de las patologías que padece, lo que deja entrever una
contradicción entre obtener una calificación más alta y la de
continuar laborando con la entidad, porque no es acertado
considerar que una persona con una pérdida de capacidad del
100% puede permanecer vinculado con la institución.

Ha de agregarse que, los miembros pertenecientes a las fuerzas
militares tienen un régimen jurídico propio en relación con la
calificación de la disminución psicofísica, siendo la máxima
autoridad sobre esta materia, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, entidad que puso fin a la actuación administrativa
atinente con la condición médica del demandante mediante el acta
N° M20-1004, de ahí que, no puede pretender el demandante que
se desconozca el dictamen elaborado por esta institución, que dicho

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sea de paso, tiene competencia legal para ello, para darle pleno
valor al realizado por la Junta de Calificación de Invalidez con
competencia en el régimen ordinario.

Por las consideraciones expuestas, se puede concluir que no le
asiste razón al demandante en los argumentos expuestos en el
recurso de apelación en tanto las razones expuestas por la entidad
en los actos demandados están debidamente fundadas y ajustadas
conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado para ordenar el retiro del personal militar por la
causal de disminución psicofísica, habida cuenta que no encontró
procedente la reubicación del demandante sin que se advierta
algún acto discriminatorio […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL confirmó la decisión del a quo al concluir que no

le asistía razón al demandante en sus argumentos de apelación y

mantuvo la legalidad de los actos demandados. Para lo anterior,

determinó que se encontraba acreditado que el actor padece de

múltiples patologías concomitantes, tales como el trastorno de

ansiedad, el síndrome de Osler-Weber-Rendu y la enfermedad de

Von Willebrand, circunstancias que sirvieron de base para ordenar su

desvinculación definitiva de las fuerzas militares por la causal de

disminución psicofísica.

La autoridad judicial accionada consideró que las razones expuestas

por el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL para negar la reubicación del

accionante no eran caprichosas ni discriminatorias, sino que se

fundamentaron rigurosamente en la literatura médica y obedeció a

un fin constitucionalmente legítimo, orientado exclusivamente a

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prevenir un mayor deterioro en la salud física y mental del actor y a

garantizar la seguridad de los demás miembros de la institución

castrense.

Explicó que la decisión estuvo precedida de un análisis sobre las

aptitudes y la condición psíquica del actor, en la que se concluyó que

la permanencia en cualquier otra dependencia de la entidad

castrense podría alterar o desmejorar el trastorno de ansiedad

diagnosticado, lo cual generaba un riesgo real. Asimismo, puso de

presente que resultaba jurídicamente incompatible pretender la

continuidad en el servicio activo y, simultáneamente, solicitar la

revisión de su dictamen con base en una pérdida de capacidad laboral

del 100% fijada en el régimen ordinario.

Finalmente, el TRIBUNAL desestimó el desacuerdo del actor

respecto de la valoración médico-laboral, para lo cual señaló que los

miembros de las fuerzas militares cuentan con un régimen de

calificación propio y especial, en el que el TRIBUNAL MÉDICO

LABORAL es la máxima autoridad competente. En consecuencia,

señaló que la decisión de retiro por disminución psicofísica y la

negativa de reubicación se ajustaron estrictamente a la

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,

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validando el dictamen oficial sobre las evaluaciones externas

presentadas por el interesado.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas, la

normativa y a la jurisprudencia dispuesta para el asunto. Situación

distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, al

ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto

sometido a su consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco tiene

vocación de prosperidad, en la medida en que la providencia

cuestionada fundamentó su decisión precisamente, entre otras, en la

sentencia T-499 de 2020, para lo cual sustentó que la Corte

Constitucional estableció que si bien es posible retirar a un miembro

de la Fuerza Pública por disminución psicofísica inferior al 50%, las

autoridades médicas no pueden tomar esta decisión a priori y sin

elementos suficientes, sino que están obligadas a realizar una

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valoración juiciosa previa sobre la viabilidad de su reubicación

laboral, tal como sucedió en el caso concreto, pues el TRIBUNAL

encontró suficientemente motivada la decisión de retiro del servicio

del actor.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

solicitud de amparo el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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