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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07090-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07090-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - ESTACIÓN DE POLICÍA DE FLORIDABLANCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07090-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07090-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE BUCARAMANGA1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA, actuando a través de

1
En adelante JUZGADO.
2
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07090-00
Actor: EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la defensa y a los principios de

contradicción, presunción de inocencia y “culpabilidad en el ejercicio

de la potestad sancionatoria”, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, los

proveídos de 18 y 20 de agosto de 2026, dentro del incidente de

desacato adelantado por el presunto incumplimiento de las

providencias de 16 de diciembre de 2025 y 27 de enero de este año,

dictados en el medio de control de protección de derechos e intereses

colectivos identificado con el número único de radicación 68001-33-

33-011-2025-00075-01.

I.2. Hechos

Indicó que, mediante auto de 16 de diciembre de 2025, el JUZGADO

decretó una medida cautelar dentro del medio de control de

protección de derechos e intereses colectivos identificado con el núm.

2025-00075-00 y ordenó a METROLÍNEA S.A.3, dentro del término

de cinco días hábiles: (i) realizar la poda de la maleza existente en

el área del portal de Floridablanca; (ii) garantizar el cierre total del

acceso al inmueble; e (iii) implementar un servicio permanente de

3
En adelante METROLÍNEA.

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Actor: EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA

vigilancia durante las veinticuatro horas del día, todos los días de la

semana, mediante personal de seguridad o mecanismos tecnológicos

idóneos.

Manifestó que, posteriormente, el JUZGADO, a través de auto de 27

de enero de 2026, concedió parcialmente una solicitud de modulación

presentada por METROLÍNEA y ordenó al alcalde de Floridablanca,

en su condición de máxima autoridad de Policía, que, en coordinación

con la POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -

ESTACIÓN DE POLICÍA DE FLORIDABLANCA4, adoptara las

acciones necesarias para garantizar la vigilancia y presencia

permanente en los alrededores y zonas externas del Portal de dicho

ente territorial.

Afirmó que, por considerar que se habían incumplido las anteriores

decisiones, mediante proveído de 18 de agosto de 2026, el

JUZGADO lo declaró en desacato en su calidad de representante

legal de METROLÍNEA, así como al alcalde de Floridablanca y al

subcomandante de la POLICÍA METROPOLITANA y les impuso,

individualmente, una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos

legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.).

Señaló que, pese a que el JUZGADO reconoció que METROLÍNEA

4
En adelante POLICÍA METROPOLITANA.

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había realizado actividades de mantenimiento, reparación del

cerramiento, poda, limpieza, recuperación y traslado de materiales,

así como gestiones para obtener recursos y coordinar acciones con

otras autoridades, consideró que tales actuaciones habían sido

insuficientes porque no permitieron garantizar de manera integral y

permanente el cierre, mantenimiento y la vigilancia del inmueble.

Aseveró que la anterior decisión fue confirmada parcialmente en sede

de consulta por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 20 de

agosto de 2026, mantuvo únicamente la sanción impuesta en su

contra y revocó la decisión frente a los demás incidentados.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las providencias judiciales cuestionadas incurrieron

en los defectos fáctico y decisión sin motivación, por cuanto

omitieron valorar pruebas relevantes y afirmaron que no existían

gestiones administrativas efectivas y que METROLÍNEA no había

obtenido una “solución efectiva”, sin confrontar esas conclusiones

con los documentos que acreditaban las restricciones

presupuestales, las solicitudes de concurrencia financiera y las

actuaciones adelantadas para procurar recursos.

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Agregó que las accionadas omitieron la valoración, entre otras, de la

certificación de 23 de julio de 2026 expedida por el director

administrativo de METROLÍNEA, la cual acreditaba las restricciones

presupuestales, financieras y de liquidez de la sociedad, pues ya

registraba obligaciones vencidas por el servicio de vigilancia exigido

y dependía sustancialmente de transferencias externas cuyo giro no

se encontraba bajo la decisión unilateral de su gerente.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto procedimental absoluto, al utilizar como fundamento

determinante de la sanción el informe técnico correspondiente a la

visita realizada el 5 de agosto de 2026 por la OFICINA PARA LA

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE SANTANDER5, sin

haberle garantizado previamente una oportunidad real, efectiva y útil

para conocer el documento y controvertirlo.

Mencionó que también incurrieron en defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente constitucional aplicable al

desacato y, simultáneamente, en violación directa de la

Constitución porque mantuvieron la sanción personal sin demostrar

una conducta dolosa o culposa que le pudiera ser atribuible, lo que

va en contravía del artículo 29 Superior.

5
En adelante OGRD.

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I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS, respecto del accionante,
las siguientes providencias:

a) El auto del veinte (20) de agosto de 2026, proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del
grado jurisdiccional de consulta radicado No. 68001-33-33-011-
2025-00075-01, en cuanto confirmó la sanción personal impuesta
al señor EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA.
b) El numeral primero del auto del dieciocho (18) de agosto de
2026, proferido por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA dentro del proceso
radicado No. 68001-33-33-011-2025-00075-00, exclusivamente
en cuanto declaró en desacato al accionante y le impuso una multa
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERA. Como consecuencia del amparo, DISPONER el
levantamiento de la sanción personal impuesta al señor EMIRO
JOSÉ CASTRO MEZA y ORDENAR a las autoridades competentes
abstenerse de iniciar o continuar cualquier actuación dirigida a
hacer efectiva o cobrar la multa, así como terminar y archivar las
actuaciones que se hubieren iniciado con ese propósito.

CUARTA. SUBSIDIARIAMENTE, si el juez constitucional
considera que no le corresponde disponer directamente el
levantamiento definitivo de la sanción, DEJAR SIN EFECTOS las
providencias cuestionadas y ORDENAR al Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga retrotraer el
trámite incidental al momento anterior a la adopción del auto
sancionatorio del 18 de agosto de 2026, para que:

a) Ponga en conocimiento del señor EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA
y de su apoderado el informe técnico correspondiente a la visita del
5 de agosto de 2026, incorporado como archivo 307 de SAMAI.
b) Conceda una oportunidad previa, suficiente y efectiva para
ejercer los derechos de defensa y contradicción respecto de dicho
informe, formular observaciones y solicitar o aportar las pruebas
pertinentes.
c) Profiera una nueva decisión en la que valore integralmente el
material probatorio; examine las actuaciones acreditadas hasta el
momento de resolver; determine la capacidad funcional e
institucional real de METROLÍNEA S.A.; individualice la conducta
personalmente atribuible al incidentado; y aplique estrictamente el

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estándar constitucional de responsabilidad subjetiva, sin deducir la
existencia de dolo o culpa de la sola constatación del
incumplimiento material o de la falta de permanencia del resultado.
El amparo solicitado se circunscribe a la sanción personal impuesta
al accionante y, por tanto, no comporta modificación, suspensión
ni extinción de las medidas cautelares vigentes dentro del proceso
de acción popular, ni releva a METROLÍNEA S.A. de continuar
desplegando las actuaciones que resulten jurídica, material y
presupuestalmente posibles para procurar su cumplimiento. […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el link del expediente digital

contentivo del incidente de desacato adelantado dentro del medio de

control de protección de derechos e intereses colectivos objeto de

estudio, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.5.2.- La POLICÍA METROPOLITANA solicitó ser desvinculada del

presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto no se encuentra acreditada acción u omisión de su parte que

hubiere producido, determinado o contribuido causalmente en la

sanción impuesta al actor.

I.5.3.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente

acción de tutela al no encontrarse acreditada la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, pues lo pretendido por el actor

es reabrir un debate propio del proceso judicial de origen. Además,

agregó que, de realizarse un estudio de fondo, se denieguen las

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pretensiones, debido a que las decisiones cuestionadas fueron

adoptadas por las autoridades judiciales competentes con

fundamento en la valoración de las pruebas obrantes en el

expediente ordinario y el análisis individualizado de los elementos

objetivo y subjetivo del desacato.

I.5.4.- El señor MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resueltas del proceso,

solicitó denegar las pretensiones de la demanda y afirmó que las

providencias cuestionadas no deben ser desplazadas mediante acción

de tutela simplemente porque el accionante pretende que se realice

una valoración diferente de las mismas actuaciones y pruebas

examinadas por los jueces naturales.

I.5.5.- La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

solicitó ser desvinculada del presente trámite por falta de

legitimación en la causa por pasiva, debido a que no fue parte en el

proceso promovido contra METROLÍNEA y no tiene injerencia

alguna en lo allí resuelto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la POLICÍA METROPOLITANA y la EMPRESA

DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. solicitaron ser

desvinculadas del presente trámite por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso

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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la POLICÍA METROPOLITANA fungió como parte

demandada dentro del incidente de desacato objeto del presente

estudio, como tercero, le asiste interés en la decisión de la acción

constitucional de la referencia, razón por la que la Sala denegará su

solicitud de desvinculación y así se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

Ahora, la Sala advierte que frente a la solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., no se hará

pronunciamiento alguno, debido a que dicha sociedad no fue

vinculada ni como parte ni como tercero con interés directo en la

acción constitucional de la referencia.

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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “[…] siempre que se cumplan los requisitos de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,

por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado […]”6.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20187, esa Corporación señaló:

6
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]”.

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto los proveídos de 18 y 20 de agosto de 2026,

proferidos, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

dentro del incidente de desacato adelantado por el presunto

incumplimiento de las providencias de 16 de diciembre de 2025 y 27

de enero de este año, dictados en el medio de control de protección

de derechos e intereses colectivos identificado con el número único

de radicación 2025-00075-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la defensa y a los principios de

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contradicción, presunción de inocencia y “culpabilidad en el ejercicio

de la potestad sancionatoria”, habida cuenta que, a juicio del actor,

las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos

fáctico y decisión sin motivación, por cuanto omitieron valorar

pruebas relevantes y afirmaron que no existían gestiones

administrativas efectivas por parte de la entidad que representa y en

el defecto procedimental absoluto, al tener en cuenta un informe

técnico sin haberle garantizado previamente una oportunidad real,

efectiva y útil para conocer el documento y controvertirlo.

Mencionó que también incurrieron en defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente constitucional aplicable al

desacato y, simultáneamente, en violación directa de la

Constitución, porque mantuvieron la sanción personal sin

demostrar una conducta dolosa o culposa que le pudiera ser

atribuible, lo que va en contravía del artículo 29 Superior.

En este punto es del caso advertir que aun cuando en la acción de

tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 18 de

agosto de 2026 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 20

de agosto de la misma anualidad por el TRIBUNAL, la Sala

realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados frente a la decisión proferida por

el ad quem.

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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial, especialmente, tratándose de

decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato; y ii) de

superarse tal derrotero, establecer si la autoridad judicial accionada

vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los

defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte

8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 16 de junio de 202218, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de

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M.P. Natalia ángel Cabo.

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derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el

actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al trámite

incidental.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial no

tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio aportado que daba

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cuenta de las gestiones realizadas por METROLÍNEA para garantizar

el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL que, al verificar en sede de consulta la configuración de

los elementos objetivo y subjetivo frente a la sanción impuesta al

actor, consideró lo siguiente:

“[…] Así las cosas, corresponde a la Sala verificar la
configuración del elemento objetivo del desacato respecto a
cada uno de los incidentados, a fin de determinar si existió
incumplimiento de las órdenes impartidas, a saber:

• Emiro José Castro Meza, en su condición de representante
legal de Metrolínea S.A.

La empresa Metrolínea S.A., concurrió mediante memorial de 27
de julio de 2026, donde aduce que no se demuestra una
conducta dolosa, negligente o renuente, que ha cumplido con las
acciones concretas y continuas de poda, limpieza, cerramiento y
vigilancia conforme las actas y registros fotográficos.

Puso de presente que desde el 26 de diciembre de 2025 inició el
traslado de materiales y elementos de construcción del lote PQP
hacia la estación Provenza Occidental para evitar su hurto.
Posteriormente, durante enero y febrero de 2026, realizó labores
de poda, rocería y mantenimiento de zonas verdes, así como
actividades de reparación del cerramiento perimetral y del
portón de acceso. Mediante informe con corte al 6 de febrero de
2026, reportó la culminación de dichas intervenciones y la
continuidad del traslado de materiales. Finalmente, el 9 de abril
de 2026 informó que continuaba ejecutando labores de
mantenimiento y reparación debido a los recurrentes actos de
vandalismo y hurto que afectaban el predio.

Sobre el particular, es preciso señalar que la orden impartida
mediante auto del 16 de diciembre de 2025 fue clara al disponer
la poda de la maleza existente en el área del Portal de

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Floridablanca, garantizar el cierre total del acceso al inmueble y
la implementación de un servicio permanente de vigilancia las
veinticuatro (24) horas del día.

No obstante, del material probatorio allegado se advierte que las
actuaciones acreditadas por Metrolínea S.A. se extienden
únicamente hasta el 9 de abril de 2026 y no permiten establecer
el cumplimiento integral de tales obligaciones. En particular,
respecto del cerramiento del predio, las pruebas allegadas
evidencian la ejecución de labores de reparación e intervención
en determinados sectores; sin embargo, no acreditan que se
hubiera garantizado el cierre total del inmueble en los términos
exigidos por la medida cautelar, sino apenas un cerramiento
parcial.

Por el contrario, el informe de inspección técnica practicado por
la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Gobernación de Santander el 5 de agosto de 2026 evidenció que
el predio permanecía abierto y accesible al público, con amplios
sectores del cerramiento perimetral destruidos, colapsados o
inexistentes, permitiendo el ingreso irrestricto de terceros. De
igual forma, se constató la presencia de habitantes de calle y
consumidores de sustancias psicoactivas dentro de las
instalaciones, así como la continua sustracción de elementos
pertenecientes a la infraestructura abandonada.

La misma inspección verificó la inexistencia de mecanismos
efectivos de control de acceso, la ausencia de vigilancia privada
permanente, la falta de portones y dispositivos de seguridad
adecuados, así como la presencia de abundante maleza,
residuos y condiciones de insalubridad incompatibles con las
medidas ordenadas judicialmente.

Tales hallazgos constituyen evidencia directa de que las
obligaciones impuestas a Metrolínea S.A. no se encontraban
materialmente cumplidas varios meses después de haberse
impartido la orden judicial. En efecto, si el inmueble continuaba
sin cerramiento eficaz, sin control efectivo de acceso, sin
vigilancia permanente y presentaba condiciones de abandono y
deterioro, resulta forzoso concluir que la finalidad de las medidas
cautelares no fue alcanzada.

Si bien la entidad allegó documentos relacionados con
actividades de poda, limpieza, reparaciones y recuperación de
materiales, dichas actuaciones únicamente acreditan esfuerzos
parciales o temporales, mas no el cumplimiento integral,
permanente y efectivo de las obligaciones judicialmente
impuestas. La realización ocasional o esporádica de labores de
mantenimiento no satisface una orden orientada a garantizar de
manera continua el cierre total del predio, el control de acceso y
la vigilancia permanente del inmueble.

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En consecuencia, las pruebas recaudadas permiten concluir que
persistieron las condiciones que las medidas cautelares
pretendían corregir, configurándose así el incumplimiento
material de las órdenes impartidas a Metrolínea S.A., y, con ello,
se ha postergado de manera indefinida el cumplimiento de estas,
acreditándose así el elemento objetivo de la sanción.

(…)

b. Estudio del elemento subjetivo

Sobre el particular, sea menester destacar que el señor Emiro
José Castro Meza, ha sido vinculado al presente trámite de
desacato porque ostenta la calidad de representante legal de
Metrolínea S.A. sobre quien recae la titularidad del inmueble y
ejerce la administración y custodia del predio portal de
Floridablanca.

Respecto al elemento subjetivo considera la Sala, se ha
acreditado respecto de Metrolínea S.A., pues está demostrado
que la entidad tuvo conocimiento oportuno y directo de las
órdenes impartidas mediante auto de 16 de diciembre de 2025,
así como de la necesidad de garantizar de manera permanente
el cerramiento, mantenimiento y vigilancia del Portal de
Floridablanca.

En efecto, durante el trámite la entidad participó, presentó
informes de cumplimiento, solicitudes de modulación y escritos
de defensa, circunstancias que evidencian que conocía el
contenido, alcance y exigibilidad de las órdenes judiciales.

Pese a dicho conocimiento, las medidas adoptadas resultaron
insuficientes para alcanzar el cumplimiento efectivo de los
mandatos impartidos. La propia entidad reconoció que la
vigilancia permanente no pudo mantenerse debido a
restricciones financieras, situación que revela que, pese a
conocer la obligación judicial, permitió que cesara una de las
medidas principales ordenadas por el despacho. Tampoco se
evidencian, gestiones administrativas efectivas y constantes
tendientes a superar dicha situación.

Si bien Metrolínea realizó algunas actividades de poda, limpieza,
reparación del cerramiento y recuperación de materiales, tales
actuaciones no estuvieron acompañadas de mecanismos
eficaces y sostenidos que garantizaran el cumplimiento continuo
de la orden judicial, permitiendo que el predio permaneciera sin
control efectivo de acceso, sin vigilancia permanente y expuesto
al ingreso de terceros, circunstancias verificadas posteriormente
en la inspección técnica de la Gobernación de Santander de 05
de agosto de 2026.

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Ahora bien, resulta especialmente relevante que el 17 de junio
de 2026, durante la audiencia de pacto de cumplimiento, el
despacho advirtió expresamente a las entidades involucradas
sobre el incumplimiento de las órdenes relativas a la vigilancia y
les requirió para que procedieran a su acatamiento, advirtiendo
incluso sobre la posibilidad de imponer sanciones. Sin embargo,
pese a dicho llamado de atención, la visita técnica realizada el
05 de agosto de 2026 continuó evidenciando el acceso irrestricto
al predio, la ausencia de vigilancia efectiva y el deterioro
progresivo de la infraestructura.

Así las cosas, no se evidencia una imposibilidad absoluta,
irresistible o ajena a la esfera de la actuación de Metrolínea. Por
el contrario, se observa que la entidad conocía la orden, los
riesgos derivados de su incumplimiento, y que las medidas
implementadas no producen los resultados exigidos y, aun así,
no acreditó haber adoptado acciones idóneas y suficientes para
asegurar el cumplimiento integral. Lo anterior permite inferir
una conducta negligente frente a los deberes impuestos por la
autoridad judicial, satisfaciéndose de esta manera el elemento
subjetivo requerido para la declaratoria de desacato. […]”
(Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL realizó un análisis de las pruebas obrantes en el

expediente ordinario y, a partir de dicho estudio, concluyó que, si

bien METROLÍNEA allegó documentos relacionados con actividades

de poda, limpieza, reparaciones y recuperación de materiales, dichas

actuaciones únicamente demostraban esfuerzos parciales o

temporales, mas no el cumplimiento integral, permanente y efectivo

de las obligaciones judicialmente impuestas.

Además, precisó que la realización ocasional o esporádica de labores

de mantenimiento no satisface el objeto material de la orden

impartida, esto es, garantizar de manera continua el cierre total del

predio en cuestión, el control de acceso y la vigilancia permanente

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del inmueble y, por el contrario, se ha postergado de manera

indefinida el cumplimiento, por lo que concluyó que se encontraba

plenamente acreditado el elemento objetivo.

Igualmente, el TRIBUNAL encontró acreditado el elemento

subjetivo de la sanción, por cuanto, de una parte, el actor ostenta la

calidad de representante legal de METROLÍNEA sobre quien recae

la titularidad del inmueble y ejerce la administración y custodia del

predio portal de Floridablanca y, de otra, por no evidenciarse una

imposibilidad absoluta, irresistible o ajena a la esfera de la actuación

de la entidad que, pese a conocer la orden impartida, los riesgos

derivados de su desatención y que las medidas implementadas no

producen los resultados exigidos, continua sin adoptar acciones

idóneas y suficientes, lo que denota una conducta negligente frente

a los deberes impuestos.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que, tal como lo sostuvo la

autoridad judicial accionada, del expediente se advierte que dentro

del trámite incidental las partes contaron con la posibilidad real y

efectiva de ejercer su derecho de defensa y principio de

contradicción, además, el TRIBUNAL, contrario a lo afirmado por el

actor, sí tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio aportado

y conforme al mismo sostuvo que la insuficiencia financiera alegada

no excluía la responsabilidad subjetiva, porque la entidad conocía la

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orden desde diciembre de 2025 y no acreditó haber obtenido una

“solución efectiva” que permitiera su cumplimiento.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a todos los aspectos que el actor alude

como desconocidos y ahora pretende que se estudien mediante el

presente mecanismo constitucional, sin que se vislumbre que pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto

carece del requisito general de la relevancia constitucional.

Así las cosas, la Sala advierte que, si bien el actor invoca la

configuración de diversos defectos en la providencia cuestionada, el

estudio que realmente propone no corresponde a un examen de

naturaleza constitucional, sino a uno de mera legalidad. En efecto,

su inconformidad se dirige a que se revaloren las pruebas obrantes

en el expediente, particularmente, aquellas que llevaron al

TRIBUNAL a tener por acreditado el desacato y, en consecuencia,

mantener la sanción que le fue impuesta, con el propósito de que se

sustituya el juicio efectuado por el juez natural por la interpretación

que propone, por lo que acceder a dicha pretensión implicaría

desnaturalizar la acción de tutela contra providencias judiciales y

convertirla en una instancia o recurso adicional a los previstos dentro

del trámite incidental, con el único propósito de corregir el análisis

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realizado por la autoridad judicial accionada, circunstancia que

desborda la órbita de competencia del juez constitucional.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en el cual el

juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - ESTACIÓN

DE POLICÍA DE FLORIDABLANCA, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

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31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07090-00
Actor: EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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