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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07097-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07097-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Torres Bedoya, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 8 11001-03-15-000-2026-07097-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas providencia. - Archivo Central. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07097-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07097-00
Accionante: Henry Torres Bedoya
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial

Tema: Debido proceso, Trabajo, Buena fe, Confianza legítima.
Convocatoria 28 para proveer cargos de funcionarios judiciales.
DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Henry Torres Bedoya, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera
Judicial.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, buena fe y confianza legitima, que considera vulnerados por la Resolución
CJR26-0497 que rechazó su participación en la Convocatoria 28 para proveer
cargos de funcionarios judiciales por no acreditar los requisitos.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA25-12348 del
13 de noviembre de 2025 convocó concurso de méritos para la provisión de cargos
de funcionarios de la rama judicial, en la modalidad de ingreso y ascenso. Manifestó
que se inscribió en la modalidad de ingreso abierto para el cargo de Juez Penal
Municipal identificado con el código 178000, grado 00 y que se le emitió una
constancia de inscripción.

Señaló que el diligenciamiento de la información se hizo mediante el aplicativo

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“CARJUD”, donde además debían cargarse los documentos propios de- Archivo la Central.
inscripción. Informó que allí registró su título profesional de abogado obtenido en
2021 y las certificaciones de experiencia profesional emitidas por los Juzgados
Penales en los que fungió como litigante y demás entidades, mismas que según sus
cálculos, acumulaban 1183 días de experiencia y eran suficientes para el cargo al
que aspiraba. Además, manifestó que la constancia de inscripción daba fe de los
tiempos relatados.

Expuso que mediante Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, el Consejo
Superior de la Judicatura rechazó su participación por no superar la verificación de
requisitos, justificando como causales la 4 y 5 relacionadas con no acreditar la
experiencia mínima para el cargo al que se presentó y no aportar declaración
juramentada de inhabilidades e incompatibilidades.

Afirmó que la exclusión por la causal 4 no se encontraba justificada porque sí había
adjuntado los certificados que daban fe de su experiencia durante el término de la
inscripción, y sobre la causal 5, expresó que, aunque no desconocía que dicha
exigencia estaba contemplada en las reglas de la convocatoria, debía verificarse si
por otro medio (como la aceptación de los términos del aplicativo) había cumplido
con tal carga.

Reforzó sus hechos y la vulneración alegada haciendo alusión a la sentencia de
tutela STP5284-2023 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, donde la Corporación señaló que las manifestaciones realizadas en el
aplicativo de la Convocatoria 27 suplían el documento contentivo de la declaración
de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, pues solo guiarse por ello
constituía una exigencia formal.

Finalmente, dijo que la exclusión impide su continuación en la Convocatoria 28, por
lo que deben adoptarse medidas para proteger sus derechos fundamentales.

PRETENSIONES

El accionante solicita que se amparen los derechos invocados y se deje sin efectos
la decisión de rechazo de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026,
ordenándose a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura que realice una nueva verificación de los requisitos del
participante, certificando cuál era la información registrada en el aplicativo CARJUD
para el cierre de las inscripciones.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 8 de septiembre de 2026, donde se ordenó la
vinculación de la Universidad Libre de Colombia, se corrió el término para rendir el
informe correspondiente y se negó la medida provisional pedida.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO - Archivo Central.

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura negó haber vulnerado derecho fundamental alguno con los actos
administrativos expedidos y señaló que los mismos se limitaron a dar la continuidad
necesaria a la convocatoria en sus diferentes etapas.

Explicó las funciones de la Entidad, además de señalar que en ejercicio del artículo
164 de la Ley 270 de 1996 se expidió el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 que dio
inicio a la convocatoria en las modalidades de ingreso y ascenso de funcionario de
la Rama Judicial. Fue enfática en que, el acto goza de presunción de legalidad y
que no ha sido suspendido o anulado por la jurisdicción correspondiente, por lo que
las reglas allí contempladas tienen plenos efectos.

Dijo que todas las actuaciones que se adelantaran con ocasión de la Convocatoria
28, se sometían a los términos y fases señaladas, pues lo contrario significaría
infringir principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad y la buena
fe. Explicó que todos los requisitos generales y específicos estaban detallados en
el Acuerdo, siendo además normas obligatorias conforme al artículo 81 de la Ley
2430 de 2024 y el artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, siendo imposible
la modificación de las valoraciones o etapas.

Que la no incursión en inhabilidades e incompatibilidades estaba plasmada en el
numeral 1.1 del artículo 6 del Acuerdo y que, a su vez, el numeral 2.4 determinaba
que debía aportarse un archivo en formato PDF para acreditar tal requisito, so pena
de ser rechazado conforme al numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo.

Afirmó que en tanto la Convocatoria se desarrolla en un aplicativo, se expidió un
instructivo de inscripción donde se detalló clara y expresamente las formas y
posibilidades para el cumplimiento de requisitos y anexo de la información.

Señaló que el rechazo ocurrió dentro de la primera fase de verificación de requisitos,
donde si bien no procedía recurso alguno en sede administrativa contra la
Resolución que lo rechazó, en los tres días siguientes los aspirantes podían pedir
«(…) la verificación de su documentación, mediante escrito tramitado únicamente
en el software CARJUDAPP». Expuso que el accionante no había realizado el
trámite citado, no siendo posible de manera posterior y por vía constitucional solicitar
una nueva verificación.

Sostuvo que el rechazo por no adjuntar la declaración juramentada no podía
entenderse como un exceso ritual manifiesto, pues no era una exigencia
discrecional de la Entidad, sino que tenía fundamento en la Ley, particularmente el
numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, donde expresamente se señala
que quienes no acrediten el cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria,
debían ser rechazados.

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Esgrimió las razones por las cuales resultaba inaplicable la sentencia STP5284- Archivo
de Central.
2023; principalmente por la diferencia sustancial de las fases entre la Convocatoria
27 y 28, la verificación de requisitos y dijo que, en todo caso, la aceptación de los
términos de servicio de CARJUDAPP no equivalía a una declaración especifica de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

Finalmente, señaló que, ante la naturaleza residual de la acción de tutela, para la
presentación de esta no se agotaron las instancias ordinarias y que, tratándose de
un acto administrativo, puede controvertirse ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o que, en caso de ser
estudiada se niegue, al no haberse afectado, desconocido, amenazado o vulnerado
derecho fundamental alguno.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Universidad Libre de Colombia se pronunció sobre los hechos de la acción de
tutela y señaló que el Acuerdo de Convocatoria constituye una norma reguladora
del proceso de selección, por lo que las actuaciones adelantadas no configuraron
vulneración alguna, pues es el simple desarrollo de las etapas contempladas,
particularmente la de la primera fase de verificación de requisitos.

Considera que no puede estudiarse de fondo la acción al no haberse agotado la
solicitud de revisión documental dentro de los tres días siguientes a la publicación
de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, por lo que no se configura
la subsidiaridad y debe declararse improcedente.

Frente el caso particular afirmó que en la plataforma CARJUDAPP solo se
encontraba cargada una certificación del Ministerio de Defensa Nacional, que
erróneamente se denominó experiencia independiente, donde se da fe de
experiencia profesional entre el 2 de febrero de 2024 al 30 de junio de ese mismo
año. Recordó que, para el caso de Juez de categoría Municipal, era necesario
acreditar experiencia por un lapso no inferior a 3 años, circunstancia que no se
cumplía y por ello el rechazo.

Que tampoco se encontraba cargada la declaración juramentada de no estar incurso
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad y que, por ello, también se
incurrió en otra causal de rechazo.

Afirmó que la sentencias STP5284-2023 y STC8195-2023 no resultaban aplicables
al caso bajo examen, principalmente porque las etapas del concurso allí analizado
eran diferentes al actual. En aquél, primero se había realizado la prueba escrita de
conocimientos y era requisito para presentarla, suscribir una declaración expresa y
bajo juramento contenida en el cuadernillo sobre el cumplimiento de requisitos
mínimos.

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• Archivo Central.
Que con el rechazo no se vulneró el derecho a la igualdad, debido proceso, trabajo,
acceso a cargos públicos ni la confianza legitima, pues simplemente se desarrolló
la primera fase tendiente a verificar el cumplimiento de requisitos y que, en todo
caso, no se pidió la nueva validación en los tres días siguientes, negando que se
estuviera ante un perjuicio irremediable.

Solicitó que se nieguen las pretensiones o que, de manera subsidiaria se declare
improcedente la tutela.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
tutela para controvertir actos administrativos y decisiones dentro de un concurso de
mérito y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos y
decisiones dentro de un concurso de mérito

Como regla general, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos fundamentales
producto de la expedición de un acto administrativo, pues debe acudirse a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo utilizando los medios de control
establecidos en la Ley 1437 de 2011, con la posibilidad de solicitar medidas
cautelares conforme el artículo 229 del CPACA.

Sin perjuicio de lo anterior, estableció tres excepciones a la regla general, cuando
se trata específicamente de los concursos de mérito. Así lo expresó en la sentencia
SU-067 de 2022:

«Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones
administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial
que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)

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configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema - Archivo Central.
constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo.»

Así, en desarrollo de un concurso de méritos como la Convocatoria 28, pueden
proferirse actos administrativos definitivos y de trámite, que según la Corte
Constitucional encuentran sus diferencias en que:

«los actos administrativos definitivos son aquellos que deciden “directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”,
es decir, a través de estos actos la Administración crea, modifica o extingue
situaciones jurídicas. Por su parte, los actos de trámite son aquellos en los
que no existe una manifestación explícita de voluntad por parte de aquella,
sino que se consideran como actuaciones preparatorias para una decisión
futura.»1

También, en el marco de los concursos de mérito, se ha entendido que la mayoría
de los actos administrativos que se profieren son de trámite, sin que esto signifique
que en esos casos proceda de forma automática la tutela, pues solo lo hace cuando:

«la acción de tutela instaurada contra actos de trámite, aprobados con
ocasión de un concurso de méritos, solo procede de manera excepcional,
cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación
especial y sustancial dentro de la actuación administrativa”. Esto ocurre, por
ejemplo, con el acto que modifica, altera o suprime la realización de una etapa
o fase del concurso y que tiene efectos sobre la totalidad de los concursantes.
En estos casos, la acción de tutela se erige como el mecanismo procedente,
en la medida en que no existe un medio judicial ordinario.»

Específicamente, frente a los actos administrativos de trámite que excluyen
participantes del concurso, dijo que no resulta procedente la tutela, pues como
resuelven una situación jurídica individual, el mecanismo idóneo es la nulidad y
restablecimiento del derecho:

«Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que, en
lo relativo a la discusión específica relacionada con los actos administrativos de
trámite dictados en el marco de concursos públicos, —en particular, aquellos que
definen situaciones jurídicas individuales, como sucede con la exclusión de un
participante—, la acción idónea y eficaz para controvertirlos es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.»

Es por ello que, no basta la simple enunciación o descripción de presuntas
vulneraciones, para adentrarse de fondo en el estudio de la acción, pues ante el
carácter subsidiario de la tutela, debe verificarse que no existan mecanismos para
demandar la protección del derecho fundamental o que, de existir, se hayan
agotado. Igualmente, que no se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

Análisis del caso concreto

1 Corte Constitucional. Sentencia T-008 de 2026

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El accionante afirma que la Unidad de Administración de Carrera Judicial- Archivodel Central.
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos enunciados al rechazarlo en
la etapa de verificación de requisitos de la convocatoria 28 para cargos de
funcionarios de la rama judicial, con fundamento en que no acreditaba la experiencia
necesaria para el cargo y no demostraba la ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.

Dicha convocatoria tiene su origen en el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de
noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual además de
verterse todo el contenido general y especifico relacionado con el concurso de
méritos, dispone en su artículo 4 las etapas y fases.

Particularmente, señaló que la Convocatoria comprendería 2 etapas: (i) la de
selección y, (ii) la de clasificación. La primera de ellas además estaría compuesta
por 3 fases, a saber, (i) la de verificación de requisitos, (ii) la de la prueba de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y, (iii) la del curso de
formación judicial inicial.

Sobre la primera fase, relacionada con la verificación de requisitos, el Acuerdo
contempla lo siguiente:

«La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos para
desempeñar el cargo de aspiración señalados en la presente convocatoria,
respecto de quienes se inscribieron al concurso de ingreso y de ascenso.

Igualmente, verificará las condiciones establecidas en el artículo 163 de la
citada Ley Estatutaria para participar en los concursos de ascenso. La
verificación de los requisitos se decidirá mediante dos resoluciones (una
por cada modalidad de concurso) sobre la admisión o rechazo al concurso,
indicando la causal o causales que dieron lugar a la decisión. Contra estas
decisiones no habrá recurso en sede administrativa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 164, numeral tercero de la Ley 270 de 1996 modificado
por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de las
resoluciones expedidas, los aspirantes rechazados podrán pedir la
verificación de su documentación, mediante escrito tramitado únicamente en
el software CARJUDAPP, dentro del citado término. Cualquier solicitud
extemporánea o enviada por un medio diferente al indicado en el acto
administrativo, se entenderá como no presentada.» (Negrillas del Despacho)

Es por lo anterior, que el Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de las
etapas y fases del concurso, expidió las Resoluciones CJR26-0496 y CJR26-0497
del 3 de agosto de 2026, donde se decidió la admisión o rechazo de los
participantes, en las modalidades de ascenso e ingreso público y abierto
respectivamente.

El accionante, se encontró dentro del anexo de la Resolución CJR26-0497, siendo
rechazado por las causales 4 y 5 referidas a la no acreditación de la experiencia del

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cargo aplicado y la no presentación de la declaración de ausencia de inhabilidades - Archivo Central.
e incompatibilidades.

Hecho el contexto previo, debe señalar la Subsección, que no puede entrarse a
estudiar lo pretendido por el actor, pues es evidente que no se acredita el requisito
de subsidiariedad.

Lo dicho, porque, aunque pretende que se le permita continuar en la Convocatoria
alegando que los motivos de exclusión por los que fue rechazado no se
corresponden con la realidad, lo cierto es que no se evidencia que haya manifestado
esas inconformidades ante la autoridad del concurso, en la oportunidad dispuesta
para ello, es decir, en los 3 días siguientes a la notificación de las resoluciones,
cuando podía pedir la verificación de la documentación.

Si consideraba que había cargado los certificados que le acreditaban la experiencia
y había suscrito en debida forma la declaración (aun por otros medios como la
aceptación de términos de plataforma), lo correcto era haber acudido al mecanismo
idóneo para el análisis de las posturas que hoy expone: la verificación documental
con posterioridad a la publicación de los Acuerdos que admitían o rechazaban los
participantes.

En gracia de discusión, y aceptando que no podía atacarse lo anterior en el término
de la verificación, en todo caso las resoluciones señaladas, particularmente las que
excluyen participantes del concurso, son actos administrativos susceptibles de los
medios de control contenidos en el CPACA; lo que, en principio, hace improcedente
la acción de tutela en el caso a estudio.

Tampoco se encuentra acreditado un perjuicio irremediable que permita tramitar de
fondo la acción de tutela, pues del escrito presentado y sus anexos, no se evidencia
prueba alguna que diera cuenta de una situación excepcional o de tal magnitud
como para pretermitir las instancias ordinarias por la vía constitucional; ni se plantea
un problema propiamente constitucional que desborde el control de legalidad del
juez administrativo.

En este orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la acción al no
acreditarse la subsidiariedad ni la existencia de un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Henry Torres Bedoya, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de
Administración de Carrera Judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta

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providencia. - Archivo Central.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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