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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07109-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07109-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07109-00 Actor: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07109-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07109-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
COMISIÓN NACIONAL PROFIRIÓ EL AUTO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE
2026, A TRAVÉS DEL CUAL RESOLVIÓ LA SOLICITUD DE NULIDAD
PRESUNTAMENTE DESATENDIDA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 - UNIDAD

DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA2 y las COMISIONES SECCIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL DE BOGOTÁ3 y NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL4 y su SECRETARÍA.

1
En adelante CSJ.
2
En adelante URNA.
3
En adelante COMISIÓN SECCIONAL.
4
En adelante COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07109-00
Actor: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el CSJ, la URNA y las COMISIONES SECCIONAL y NACIONAL

y su SECRETARÍA, por presunta mora judicial, por cuanto al parecer

esta última autoridad no ha resuelto la solicitud de nulidad que

presentó el 28 de agosto de 2026 contra la providencia de 12 de ese

mes y este año5, dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 2023-01343-01.

I.2. Hechos

Manifestó que la señora DEYANIRA CAMPOS VARGAS presentó

una queja en su contra ante la COMISIÓN SECCIONAL, motivada

por la contratación de sus servicios profesionales para adelantar un

trámite de sustitución pensional, para lo cual suscribió un poder en

5
Se resalta que si bien en el auto admisorio de la demanda se indicó que la providencia de 28 de agosto
de 2026, entre otra, estaba siendo cuestionada, lo cierto es que los reparos y pretensiones del actor
solamente están dirigidos a cuestionar la presunta mora judicial en que incurrió la Comisión Nacional y
su Secretaría al no haber resuelto al parecer la solicitud de nulidad que presentó contra dicha sentencia.

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la Notaría 36 del Círculo de Bogotá y le fue entregada la

documentación requerida para iniciar la gestión y le abonó la suma

de $800.000 por concepto de honorarios.

Destacó que, según lo expuesto por la quejosa, evadió sus solicitudes

de información durante aproximadamente 11 meses, tiempo durante

el cual se limitó a suministrarle un número de radicado

supuestamente correspondiente al trámite ante la FIDUPREVISORA

S.A. No obstante, al consultar directamente con dicha entidad, la

señora DEYANIRA CAMPOS VARGAS descubrió que el radicado

pertenecía a otra persona, ante lo cual le exigió la devolución de su

dinero y de los documentos entregados; sin embargo, estos no

fueron reintegrados en su totalidad, toda vez que solo hasta el 3 de

marzo de 2023 recibió, por conducto de la ciudadana ERIKA

MAYERLI DÍAZ CABRERA, una consignación parcial por valor de

$482.500.

Indicó que, por lo anterior, se inició proceso disciplinario en su contra

bajo el número único de radicación 2023-01343-00,

correspondiéndole por reparto a la COMISIÓN SECCIONAL que, en

sentencia de 10 de julio de 2024, lo declaró responsable por las faltas

disciplinarias establecidas en los artículos 37, numeral 1, y 35,

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numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo

respectivamente, en consonancia con la trasgresión de los deberes

previstos en el artículo 28, numerales 8 y 10 del Estatuto

Deontológico del Abogado, por lo que lo sancionó con suspensión en

el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

Sostuvo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, siendo desatado por la COMISIÓN NACIONAL que, en

sentencia de 12 de agosto de 2026, confirmó la decisión del a quo.

Adujo que el 28 de agosto de 2026 presentó solicitud de nulidad,

teniendo en cuenta que, a su juicio, el fallo de segundo grado

adolecía de anomalías tales como defecto fáctico, procedimental

absoluto, error inducido, decisión sin motivación, violación directa de

la Constitución Política y desconocimiento del precedente, no

obstante, al momento de la instauración de la presente acción de

tutela no había sido resuelta.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que a la fecha la COMISIÓN NACIONAL no ha dictado

pronunciamiento alguno ni ha surtido el trámite que corresponde

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frente a la solicitud de nulidad que presentó contra el fallo de

segunda instancia proferido el 12 de agosto de 2026.

Sostuvo que, lejos de resolverse dicha petición conforme lo ordena

el artículo 98, numeral 3, de la Ley 1123 de 2007, el 31 de agosto

de este año recibió una notificación electrónica por parte de la URNA

en la que se le informó el registro de la sanción en su contra, cuya

vigencia se fijó a partir del 7 de septiembre siguiente.

A juicio del actor, esta actuación configura una flagrante transgresión

a sus derechos fundamentales, toda vez que se pretende materializar

y ejecutar una sanción disciplinaria sin que la providencia que la

impuso se encuentre debidamente ejecutoriada, al estar pendiente

de resolución la solicitud de nulidad que presentó oportunamente.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:

“[…] a i) LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL ii) LA
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ; y
iii) EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA., avocar y dar trámite a la solicitud de DECLARAR LA

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NULIDAD del fallo disciplinario de Segunda Instancia dentro del
proceso disciplinario No. 11001250200020230134301, en
concordancia con el numeral 3º del artículo 98 de la Ley 1123 de
2007, en un término máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas,
garantizando mis derechos fundamentales.

TERCERA: Se ordene a i) LA COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL ii) LA COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ; y iii) EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA., que en el término
máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, procedan a
SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA el registro de la sanción
disciplinaria, comunicado mediante el oficio No. 4043 del 31 de
agosto de 2026, hasta tanto, no se resuelva la solicitud de nulidad
propuesta al fallo de Segunda Instancia dentro del proceso
disciplinario No. 110012502000202301343 01 y quede la decisión
debidamente ejecutoriada.

CUARTA: Las demás que el Despacho de oficio considere
pertinentes, conducentes, necesarias y útiles para proteger mis
derechos fundamentales, desplegando sus poderes
constitucionales ultra y extra petita. El juez de tutela puede
adoptar medidas de protección u órdenes no solicitadas (extra
petita), o conceder el amparo de los derechos invocados en mayor
medida, respecto de lo inicialmente pretendido (ultra petita) […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECRETARÍA se limitó a remitir el expediente contentivo

del proceso disciplinario origen de la controversia, sin emitir

pronunciamiento alguno.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL afirmó que el actor no alegó yerro

alguno frente a las providencias dictadas dentro del proceso

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disciplinario, precisamente, por cuanto la sentencia de segunda

instancia resolvió los planteamientos sometidos a su consideración,

en la que de manera suficiente se expusieron las razones fácticas,

probatorias y jurídicas que sustentaron la confirmación de la decisión

condenatoria, de tal forma que la presente solicitud de amparo

resulta improcedente.

De otra parte, sostuvo que mediante providencia de 7 de septiembre

de este año se resolvió la solicitud de nulidad formulada por el actor,

en la que se examinaron los diferentes cuestionamientos que

formuló, decisión comunicada el 8 siguiente, razón por la que solicitó

que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

I.5.3.- La COMISIÓN SECCIONAL aseveró que la solicitud de

nulidad formulada por el actor no está llamada a prosperar; además,

dado que no existe irregularidad y reparo alguno frente a su actuar,

solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional.

I.5.4.- La URNA adujo que los cuestionamientos alegados por el

actor en el escrito de tutela son ajenos a sus competencias, pues su

función se limita a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia

sancionatoria emitida por la COMISIÓN NACIONAL, por lo que

solicitó que se deniegue el amparo deprecado.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL solicitó ser

desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación

en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

6
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que la

COMISIÓN SECCIONAL es parte accionada en la acción de tutela

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de la referencia y fue quien conoció en primera instancia del proceso

disciplinario identificado objeto de debate, le asiste interés en las

resultas del proceso, razón por la que la Sala denegará la solicitud

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y

así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales

estima vulnerados por el CSJ, la URNA y las COMISIONES

SECCIONAL y NACIONAL y su SECRETARÍA, por presunta mora

judicial, por cuanto al parecer esta última autoridad no ha resuelto

la solicitud de nulidad que presentó el 28 de agosto de 2026 contra

la providencia de 12 de ese mes y este año, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación 2023-

01343-01.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la

autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales

invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial

injustificada dentro del proceso disciplinario aludido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”8 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

8
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.

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capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional9 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta de que, pese a que es obligación de la autoridad judicial

acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo

es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no

sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte10 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del

9
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
10
Ibidem.

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ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora11. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”12.

13.5. En la providencia T-230 de 201313, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,

11
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
12
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
13
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

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además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional14.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional15, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad16; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio17.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201618, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

14
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
15
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
16
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
17
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
18
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según el

informe rendido por la COMISIÓN NACIONAL, mediante auto de 7

de septiembre de 2026, resolvió la solicitud de nulidad

presuntamente desatendida, la cual le fue notificada al día siguiente

al actor, como se observa a continuación:

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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias

fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se

entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho

superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo,

la autoridad judicial accionada profirió el auto de 7 de septiembre de

2026, a través del cual resolvió la solicitud de nulidad que presentó

el actor contra la sentencia de 12 de agosto de este año, proferida en

segunda instancia por la COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso

disciplinario cuestionado.

Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de

amparo era que la parte demandada se pronunciara frente a la

solicitud de nulidad que presentó dentro del proceso disciplinario,

objeto de tutela, lo cual, se reitera, ya sucedió en el trámite de la

acción constitucional de la referencia, se advierte que se ha

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configurado la carencia actual de objeto, por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»19. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr

19
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”20. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,

ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”21.

20
Ibidem.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.

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Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN

SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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