RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-07140-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-07140-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-07140-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia frente a la parte actora presentada por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-07140-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: IVALDO TORRES CHÁVEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO
CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE
DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y A ELEGIR Y SER
ELEGIDO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor IVALDO TORRES CHÁVEZ, actuando a través de

apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante SECCIÓN QUINTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido,

los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA al haber

proferido la providencia de 2 de julio de 2026, dentro del medio de

control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 54001-23-33-000-2025-00022-02, al cual se acumularon

los expedientes números 54001-23-33-000-2025-00025-00 y

54001-23-33-000-2025-00065-00.

I.2. Hechos

Indicó que mediante el Acuerdo núm. 092 de 29 de diciembre de

2016, el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO2 de la

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA3 lo designó como rector para el

período 2017-2020, como resultado de un proceso de convocatoria

pública y, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo

26 del Estatuto General y previa evaluación del cumplimiento de las

metas del plan de gestión, lo reeligió para el ciclo 2021-2024, sin que

mediara nueva convocatoria.

Señaló que, posteriormente, se abrió convocatoria pública para la

designación del rector correspondiente al período 2025-2028 y

durante el proceso se inscribieron 20 aspirantes y se habilitaron 18,

2
En adelante CONSEJO SUPERIOR.
3
En adelante UNIVERSIDAD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

sin que conste en el expediente la exclusión efectiva de candidato

alguno con ocasión del lugar de inscripción, por lo que, una vez se

surtieron las etapas de la convocatoria, el CONSEJO SUPERIOR

mediante el Acuerdo núm. 051 de 4 de diciembre de 2024, lo volvió

a designar como rector.

Adujo que contra su último acto de elección se promovieron tres

demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, las

cuales le correspondieron por reparto al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER4 que acumuló los

procesos bajo los radicados números 2025-00022-02, 2025-00025-

00 y 2025-00065-00, y mediante sentencia de 22 de enero de 2026,

negó las pretensiones al considerar que debía distinguirse entre la

designación por convocatoria prevista en el artículo 27 del Estatuto

General y la reelección excepcional sin llamamiento del artículo 26

ibidem, por lo que concluyó que la limitación de un solo período opera

únicamente respecto de esta última figura y descartó, por ausencia

de acreditación probatoria, los cargos de desviación de poder, de

excepción de inconstitucionalidad y de vulneración de los principios

del artículo 3 del CPACA.

Manifestó que, en sede de apelación, la SECCIÓN QUINTA mediante

sentencia de 2 de julio de 2026, revocó la decisión del a quo y, en su

4
En adelante TRIBUNAL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

lugar, declaró la nulidad del Acuerdo núm. 051 de 2024, para lo cual

inaplicó por inconstitucional el literal b) del artículo 27 del Estatuto

General y modificó el alcance normativo atribuido al artículo 26

ibídem, bajo el entendido de que la única vía jurídicamente viable

para una reelección consecutiva del rector es la allí prevista, por una

única vez, con independencia de que la posterior designación se

produzca por convocatoria pública.

Afirmó que presentó solicitud de aclaración y adición contra la

anterior decisión, la cual fue negada por la SECCIÓN QUINTA

mediante auto de 23 de julio de 2026.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

los defectos por decisión sin motivación y fáctico en la

aplicación de la excepción de inconstitucionalidad sin acreditación de

afectación real o individualizada, toda vez que se fundamentó en

razonamientos referidos a la cobertura institucional de alcance

nacional de la UNIVERSIDAD, al imperativo geográfico que impone

la inscripción presencial en el municipio de Pamplona y a la eventual

desincentivación de aspirantes distantes, sin dar respuesta al

argumento concreto relativo a que no se individualizó ningún

interesado excluido por la regla de inscripción, edificando su decisión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

sobre un juicio abstracto.

Precisó que la SECCIÓN QUINTA también incurrió en los defectos

sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial

establecido en la sentencia SU-115 de 14 de marzo de 20195 por

resultar estrechamente aplicable a su caso, en la medida en que

confluye la misma autoridad judicial que profirió la anulación, el

mismo tipo de acto abolido referente a la designación de un rector

universitario y el mismo vicio interpretativo, consistente en extender

por vía judicial una cláusula de reelección hasta convertirla en una

barrera de acceso no prevista de manera taxativa, frente a lo cual la

Corte Constitucional dejó sentado que una operación de esa índole

transgrede la autonomía universitaria y desconoce el principio de

legalidad que gobierna la restricción de los derechos políticos.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Segundo. Dejar sin efectos, como consecuencia de lo
anterior, la sentencia del 2 de julio de 2026 y el auto del 23 de julio
de 2026, proferidos por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad electoral de la referencia.

Tercero. Ordenar a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso

5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

Administrativo del Consejo de Estado que profiera una nueva
sentencia de segunda instancia, en la que: (i) interprete el régimen
estatutario de reelección del rector conforme a la regla de
taxatividad e interpretación restrictiva de las limitaciones al acceso
a los cargos públicos fijada en la Sentencia SU-115 de 2019, sin
ampliar por vía judicial restricciones no consagradas de manera
expresa en el estatuto; y (ii) resuelva la solicitud de excepción de
inconstitucionalidad con arreglo al estándar de contradicción
manifiesta y de afectación real y concreta que ella misma
reconoció, dando respuesta al argumento de ausencia de exclusión
individualizada. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El señor MARTÍN ALBERTO SANTOS DÍAZ, vinculado en

calidad de tercero con interés directo por ser parte demandante

dentro del medio de control de nulidad electoral, solicitó declarar

improcedente la presente solicitud de amparo o, en su defecto,

denegar las pretensiones, por cuanto la sentencia cuestionada se

encuentra debidamente motivada y lo pretendido por el actor es

convertir la acción constitucional en una tercera instancia.

Recalcó que en la sentencia SU-115 de 2019 que el actor alega como

desconocida se examinó un asunto referente a otro estatuto

universitario, otra historia normativa y otra controversia sobre el

alcance de una cláusula de reelección, lo cual no resulta aplicable a

su caso, pues una cosa es impedir una reelección que el Estatuto

autoriza y otra es pretender un tercer período consecutivo después

de haber agotado la única reelección expresamente prevista.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

I.5.2.- La UNIVERSIDAD solicitó ser tenida como coadyuvante del

actor dentro de la presente acción de tutela, toda vez que fungió

como parte demandada dentro del medio de control de nulidad

electoral objeto de estudio y, además, señaló que la sentencia

cuestionada genera una afectación directa sobre su autonomía y sus

intereses constitucionalmente protegidos.

I.5.3.- El señor JAVIER ALBERTO MANRIQUE CABALLERO,

vinculado en calidad de tercero con interés directo por ser parte

demandante dentro del medio de control de nulidad electoral, solicitó

declarar improcedente la presente acción de tutela en la medida en

que lo pretendido por el actor es reabrir la discusión de legalidad,

proponiendo una lectura preferencial de la norma estatutaria, lo cual

desconoce el carácter excepcional del mecanismo constitucional;

máxime cuando la SECCIÓN QUINTA actuó bajo el principio de

autonomía judicial, realizando el correspondiente juicio de validez

normativa y constitucional, sin incurrir en arbitrariedad, error

manifiesto o defecto absoluto.

I.5.4.- La SECCIÓN QUINTA afirmó que la sentencia cuestionada

se encuentra ampliamente motivada y fue proferida con fundamento

en la normativa aplicable, el acervo probatorio allegado al expediente

y el precedente judicial vigente, razón por la que no se observa la

configuración de ninguno de los defectos alegados y, por el contrario,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

lo que se advierte es el desacuerdo del actor con lo decidido por

resultarle desfavorable.

I.5.5.- El señor CÉSAR AUGUSTO PARRA MÉNDEZ, vinculado en

calidad de tercero con interés directo por ser parte demandante

dentro del medio de control de nulidad electoral, solicitó declarar

improcedente la presente acción de tutela, toda vez que lo pretendido

por el actor es reabrir la discusión de legalidad proponiendo una

lectura preferencial de la normativa estatutaria, lo cual excede el

ámbito de competencia del juez constitucional e implica desconocer

el carácter excepcional del presente mecanismo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala advierte que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

resulta necesario resolver la solicitud presentada por la

UNIVERSIDAD referente a que se tenga como coadyuvante de la

parte actora en la acción de tutela de la referencia.

En un primer aspecto, la Sala resalta que la coadyuvancia en la

acción de tutela se encuentra establecida en el inciso 2º del artículo

13 del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE
LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra
la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno
u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización
o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud. […] (Destacado fuera de
texto).

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-062

de 2010, se refirió sobre el particular en los siguientes términos:

“[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la
participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos
por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias
que difieran de las hechas por el demandante […]”.

Comoquiera que, en efecto, la UNIVERSIDAD también fungió como

parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

objeto del presente estudio, para la Sala es claro que tiene interés

legítimo en el resultado de la acción constitucional de la referencia,

por lo que se accederá a su solicitud y se tendrá como coadyuvante

de la parte actora y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 2 de julio de 2026, proferida por

la SECCIÓN QUINTA, mediante la cual se revocó la decisión del a

quo y, en su lugar, se declaró la nulidad de su elección como rector

de la UNIVERSIDAD para el período 2025-2028, dentro del medio

de control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 2025-00022-02, al cual se acumularon los expedientes

números 2025-00025-00 y 2025-00065-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, habida

cuenta que, a juicio del actor, incurrió en los defectos por decisión

sin motivación y fáctico en la aplicación de la excepción de

inconstitucionalidad sin acreditación de la afectación real o

individualizada, toda vez que no identificó ningún aspirante excluido

por la regla de inscripción, edificando su decisión sobre un juicio

abstracto.

Asimismo, aseguró que incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en

la sentencia SU-115 de 2019 por resultar estrechamente aplicable a

su caso, en la que la Corte Constitucional concluyó que extender por

vía judicial una cláusula de reelección hasta convertirla en una

barrera de acceso no prevista de manera taxativa transgrede la

autonomía universitaria y desconoce el principio de legalidad que

gobierna la restricción de los derechos políticos.

Por lo anterior, en el asunto sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 16 de junio de 202216, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
16
M.P. Natalia ángel Cabo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad o de contenido estrictamente económico, (ii) impedir que

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo se tratara de una instancia

adicional al proceso ordinario cuestionado.

En efecto, los argumentos expuestos en el escrito de tutela están

dirigidos a demostrar que se aplicó la excepción de

inconstitucionalidad sin que del expediente se lograra acreditar la

afectación real o individualizada de algún aspirante excluido por la

regla de inscripción, por lo que el actor asegura que la decisión se

edificó sobre un juicio abstracto. Además, sostuvo que la autoridad

judicial accionada extendió por vía judicial una cláusula de reelección

convirtiéndola en una barrera de acceso no prevista de manera

taxativa en la normativa que rige la materia.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA que, frente a

la aplicación por inconstitucionalidad del literal b) del artículo 27 del

Acuerdo 027 de 2002, expuso lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

“[…] En el presente caso, se tiene que el artículo 27, literal b)
del Acuerdo 027 de 2002 – modificado por el Acuerdo 84 del 7
de noviembre de 2008– prevé que «Los candidatos se inscribirán
en la Secretaria General de la Universidad de Pamplona», lo que
se traduce en la obligación por parte de los interesados en acudir
presencialmente a la ciudad de Pamplona, tal como se previó en
el acuerdo de convocatoria y su modificación. Sin duda, se trata
de una medida que no encuentra justificación y razonabilidad de
cara a la cobertura institucional de la Universidad de Pamplona.

En efecto, la imposición de efectuar la inscripción de manera
presencial en esa sede constituye un imperativo geográfico que
desconoce la amplitud nacional de la universidad, pues la
participación e interés general de regir ese ente universitario ya
no se limita a la comunidad universitaria residente en la ciudad
de Pamplona, como tal vez pasaba para la época de expedición
de esa norma estatutaria.

Hoy día, el ente universitario cuenta con una sede-campus en el
municipio de Villa del Rosario, así como los denominados centros
regionales de educación a distancia –conocidos por la sigla
CREAD– que tienen presencia en las ciudades de Cúcuta,
Bucaramanga, Duitama, Valledupar, Yopal, Cartagena de Indias,
Santa Marta, Riohacha, Bogotá y Sincelejo.

En este orden, el artículo 27 en mención no solo no se acompasa
con la actual cobertura institucional, sino que también resulta
contradictorio con la naturaleza misma de la convocatoria, pues
qué sentido tiene que la misma sea publicada en un medio de
circulación nacional, si la posibilidad de que interesados de otras
sedes se inscriban se verá desincentivada ante una restricción
geográfica de tal magnitud que impone presencia física en
Pamplona.

Tampoco resulta coherente con el denominado «Protocolo
general para la socialización de propuestas rectorales ante la
comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y
egresados de la Universidad de Pamplona», en el que se
establece que dicho evento «Se retransmitirá en diferentes
espacios, sede Principal (Biblioteca José Rafael Faría), sede Villa
del Rosario (Auditorio Jossimar Calvo y Auditorio 1), auditorio
Facultad de Salud-Cúcuta y Centros Regionales de Educación a
Distancia (CREAD).».

En suma, la limitación geográfica que establece la norma
restringe de forma desproporcionada e irrazonable el derecho a
la participación política previsto en el artículo 40 superior de
aquellas personas interesadas y que se encuentran distantes a
la sede de Pamplona e, inclusive, al CREAD de Cúcuta que fue
habilitado con posterioridad y que, en todo caso, no subsanó la
ineficacia de la norma de cara a maximizar una participación más

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

numerosa y, sobre todo, representativa.

Así las cosas, la exigencia contenida en el artículo 27, literal b),
del Acuerdo 027 de 2002 –replicada en los artículos segundos
(parcial) de los Acuerdos No. 031 y No. 043 de 2024– da al traste
con las diferentes garantías que derivan de la participación en la
conformación, ejercicio y control que la Constitución Política
garantiza, particularmente, en punto al derecho a elegir y ser
elegido, cuyo goce se ve afectado por una regla desprovista de
razonabilidad de cara a la estructura institucional y alcance
nacional del llamado o convocatoria a participar en la elección
aquí demandada.

En este orden, para garantizar el goce efectivo del citado
derecho, el CSU debió adoptar las medidas que considerara
pertinentes y eficaces que permitieran que las inscripciones se
efectuaran en todas las sedes que tiene la Universidad de
Pamplona –principal, campus y CREADs–, sin distingo alguno,
máxime cuando hoy día existen herramientas tecnológicas que
pueden viabilizar esa democratización que la norma estatutaria
a la postre desconoció, de ahí que dicho proceder no resultaba
una carga desproporcionada, sino más bien en una auténtica
medida inclusiva de cara a la actual organización territorial del
ente universitario. (…)

Al margen de la anterior precisión, la Sala exceptuará la
aplicación de la referida norma por inconstitucional, por
consiguiente, al haber servido de fundamento al acto de
elección, deriva entonces de dicha situación una irregularidad de
carácter sustancial que desvirtúa la presunción de legalidad del
acto acusado. […]” (Destacado pertenece al texto).

Asimismo, respecto del alcance normativo del artículo 26 de los

estatutos de la UNIVERSIDAD, la SECCIÓN QUINTA concluyó lo

siguiente:

“[…] En armonía con lo anterior, el Consejo de Estado ha
explicado que dicho principio se materializa en los artículos 4, 6,
121, 122 y 123 de la Constitución Política, conforme a los cuales:
los servidores públicos son responsables por infringir la
Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones (art. 6º de la Constitución); ninguna
autoridad del Estado ejercerá funciones distintas de las que le
corresponden según la Constitución y la ley (art. 121 ídem); no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la
ley o reglamento (art. 122 ibídem) y que los servidores públicos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento (art. 123 ídem).

Así entonces, ante la verificación de una norma que regula el
período del rector; en cuyo parágrafo instituye el mecanismo de
reelección y sin que en ningún otro aparte del estatuto se
disponga algo en punto a esta figura, no había cabida para que
el CSU desconociera el carácter especial de esa disposición y, de
paso, su naturaleza excluyente, bajo el entendido que no puede
haber otra forma de relección que la allí prevista, lo que resulta
del todo coherente con otro principio general de interpretación
jurídica que sostiene: donde el legislador no ha hecho distinción,
no le es dable hacerla al intérprete.

Acorde con lo anterior, el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Pamplona, no podía elegir al demandado por un
tercer y consecutivo período, comoquiera que la norma
estatutaria tan solo le permitía reelegirlo por una sola ocasión,
tal como lo había hecho con anterioridad con base en la potestad
contemplada en el parágrafo del artículo 26 estatutario. […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN QUINTA realizó un análisis de la situación fáctica

y jurídica del asunto y determinó que se debía inaplicar por

inconstitucionalidad el literal b) del artículo 27 del Estatuto General

y las disposiciones de convocatoria que restringían territorialmente

las inscripciones, toda vez que la limitación geográfica que establecía

dicha normativa restringía de forma desproporcionada e irrazonable

el derecho a la participación política previsto en el artículo 40

Superior de las personas interesadas que se encontraban distantes a

la sede de Pamplona y la habilitada en Cúcuta.

Asimismo, la SECCIÓN QUINTA consideró que la única forma de

reelección consecutiva prevista en el Estatuto General era la prevista

en su artículo 26 y, por tanto, el rector únicamente podía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

desempeñar el cargo durante dos períodos consecutivos, razón por

la que el CONSEJO SUPERIOR no podía elegir al accionante para

un tercer período consecutivo, pues el Estatuto solo prevé la

reelección por una vez y esa potestad ya había sido ejercida.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a las inconformidades que ahora

plantea el accionante en sede constitucional, sin que se vislumbre

que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo

que el asunto carece del requisito general de la relevancia

constitucional.

Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN QUINTA decidió el asunto sometido a su

consideración.

En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente

constitucional, la Sala observa que su formulación no satisface la

carga argumentativa mínima exigida para superar el requisito

general de la relevancia constitucional, pues si bien el accionante

invoca como desconocida la sentencia SU-115 de 2019, su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

argumentación se limita a afirmar que aquella decisión resulta

aplicable por involucrar una controversia relacionada con la elección

de un rector universitario y una providencia proferida por la

SECCIÓN QUINTA, sin identificar la regla jurisprudencial cuya

aplicación era obligatoria en el presente asunto ni demostrar, prima

facie, la identidad del problema jurídico y de los supuestos fácticos y

normativos que harían exigible su observancia.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección17 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Destacado fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en el cual el

juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que en el presente

asunto no se cumple el requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07140-00
Actor: IVALDO TORRES CHÁVEZ

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia frente a la parte

actora presentada por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.