RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-07173-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07173-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07173-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00 Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07173-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA1 y su

SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ÁLVARO MUÑOZ ROBLES, actuando a través de su

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta

mora judicial, por cuanto al parecer no ha recibido una respuesta a

la solicitud que les envió, vía electrónica, el 12 de agosto de 2026,

en la que pidió la expedición de la constancia de ejecutoria parcial de

la sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2021-00100-01.

I.2.- Hechos

Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho ante el TRIBUNAL con el fin de que se declarara la nulidad

de la Resolución núm. 0167 de 28 de enero de 20152, el cual,

mediante sentencia de 11 de septiembre de 2024, declaró la nulidad

parcial de dicho acto administrativo y, en consecuencia, ordenó el

reconocimiento y pago de la sustitución pensional post mortem

causada por la señora JUDITH MERCEDES ALEMÁN

TRESPALACIOS (q.e.p.d.), en un 75 % a su favor.

2
Por medio del cual la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena le negó el reconocimiento
y pago de la pensión post mortem en calidad de compañero permanente de la
señora JUDITH MERCEDES ALEMÁN TRESPALACIOS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

Manifestó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión,

el cual correspondió por reparto a la SECCIÓN SEGUNDA –

“SUBSECCIÓN B”- DEL CONSEJO DE ESTADO.

Señaló que el 12 de agosto de 2026 presentó una petición ante el

TRIBUNAL con el objeto de obtener copia de la constancia de

ejecutoria parcial de la sentencia de primer grado, con el fin de

remitirla al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO (FOMAG) y a LA FIDUPREVISORA S.A., para

lo de su competencia.

Adujo que han transcurrido más de 15 días desde que radicó su

solicitud; sin embargo, a la fecha de presentación de la acción

constitucional de la referencia no ha recibido respuesta alguna.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La parte actora señaló que la jurisprudencia reiterada de la Corte

Constitucional ordena a los despachos judiciales responder

oportunamente y cumplir con sus propias providencias.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

“[…] 2. Que se ordene al tribunal administrativo del magdalena
expedir, en un término no superior a 48 horas, la constancia de
ejecutoria parcial de la sentencia del 11 de septiembre de 2024,
respecto al reconocimiento de la pensión ordinaria de sobreviviente a
favor del señor ÁLVARO MUÑOZ ROBLES

3. Que se advierta al Tribunal que la omisión en el cumplimiento de
esta orden pude dar lugar a incidente de desacato […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones surtidas

dentro del proceso ordinario cuestionado y resaltó que la acción de

tutela no puede convertirse en un instrumento para cambiar el

sentido en que deba resolverse la solicitud allí formulada.

I.5.2.-El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL3 solicitó ser

desvinculado de la presente acción constitucional y rechazar por

improcedente la petición de amparo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

3
En adelante MINISTERIO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el MINISTERIO solicitó ser desvinculado de la

presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
4
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto.". (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que dicha

autoridad funge como parte demandada dentro del medio de control

objeto de debate, le asiste interés en las resultas del proceso, razón

por la que la Sala denegará la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por la presunta

mora judicial en obtener una respuesta frente a la solicitud que les

envió, vía electrónica, el 12 de agosto de 2026, en la que pidió la

expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia de primera

instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00100-00.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte

demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por el

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

cuestionado, al no haberse expedido la constancia de ejecutoria de

la sentencia de primera instancia en el proceso referido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora judicial,

para determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario

que concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:

8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”10.

13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional12.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio15.

10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas por el TRIBUNAL dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2021-00100-01, en aras de determinar

si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran

la presunta mora judicial injustificada.

16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

Según la información relacionada en el expediente digital visible en

la sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI, se advierte lo

siguiente:

• El 17 de marzo de 2021 el accionante radicó ante el TRIBUNAL

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de

obtener la nulidad de la Resolución núm. 0167 de 28 de enero de

2015.

• El 26 de enero de 2023 se corrió traslado de las excepciones

propuestas por la parte demandada, y el 9 de agosto de ese año

se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial el 20

de febrero de 2024.

• En esta última fecha también se corrió traslado a las partes para

que presentaran alegatos de conclusión y, posteriormente, el 11

de septiembre de 2024 se profirió sentencia de primera instancia

que declaró la nulidad parcial de la Resolución demandada.

• El 13 de noviembre de 2024 la parte actora presentó solicitud de

aclaración de la sentencia, y el 25 siguiente el apoderado del

departamento del Magdalena presentó recurso de apelación contra

el fallo de primer grado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

• Mediante auto de 11 de febrero de 2026 el TRIBUNAL resolvió la

solicitud de aclaración desfavorablemente y, posteriormente, el 25

de junio de este año adecuó y concedió el recurso de apelación

interpuesto.

• El 12 de agosto de 2026 el accionante solicitó se le expidiera una

constancia de ejecutoria parcial del fallo de primer grado para

poder remitirla ante el FOMAG y LA FIDUPREVISORA S.A.

• El 9 de septiembre de 2026 la secretaría general del TRIBUNAL

informó al aquí actor que no era procedente expedir la constancia

de ejecutoria de la sentencia, toda vez que esta fue objeto de

recurso de apelación y, posteriormente, remitido al Consejo de

Estado en efecto suspensivo para su resolución. En consecuencia,

le indicó que la documentación solicitada solo podría elaborarse

una vez se surta del trámite de alzada y exista una decisión

definitiva.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que, si bien no se ha expedido la

constancia de ejecutoria parcial del fallo de primer grado dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de

estudio, situación que dio lugar a la presente solicitud de amparo, lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

cierto es que se ha surtido el trámite correspondiente, pues la

SECRETARÍA le indicó al actor de la imposibilidad material para su

expedición, por cuanto en la actualidad se encuentra en curso el

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 11 de

septiembre de 2024, el cual, como quedó visto, fue concedido y se

encuentra pendiente de resolución por parte de esta Corporación, por

lo que una vez se dicte decisión de segundo grado, se procederá a

dar trámite a la solicitud.

Lo anterior le fue puesto en conocimiento del actor el pasado 9 de

septiembre de 2026, en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que el

TRIBUNAL no incurrió en una mora judicial injustificada, para la Sala

se impone denegar el amparo solicitado y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07173-00
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MUÑOZ ROBLES

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.