Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07176-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Primero [1. º] de octubre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07176-00
Demandante CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCALÁ,
VALLE DEL CAUCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente por
falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 4 de septiembre de 2026, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcalá, Valle
del Cauca [en adelante CBV] presentó, a través de apoderado, acción de tutela
con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, defensa y
contradicción.
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia de 20 de febrero de
2026, que definió la demanda de reparación directa identificada con el radicado
76147-33-33-001-2016-00037-00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
PRIMERA. AMPARAR los derechos fundamentales del CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALCALÁ – VALLE DEL CAUCA al debido proceso, defensa,
contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva e
igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 20 de febrero de 2026
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación
directa radicado 76147-33-33-001-2016-00037-01, por lo menos en cuanto declaró
administrativamente responsable y condenó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Alcalá.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcalá, Valle del Cauca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07176-00
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro
del término que determine el juez constitucional, profiera una nueva sentencia de
segunda instancia respetando los derechos fundamentales del accionante.
CUARTA. ORDENAR que la sentencia de reemplazo:
1. Determine la integración subjetiva real de la parte demandante con
fundamento en la demanda, los poderes y los autos de reconocimiento de
personería.
2. Diferencie claramente la hora del aviso, la recepción de la llamada, el
despacho, la salida y la llegada de la primera máquina.
3. Se abstenga de derivar una tardanza cierta de expresiones testimoniales
aproximadas sin identificar su soporte probatorio.
4. Determine si durante el incendio se materializó una falla mecánica u
operativa concreta de la M2 y cuál fue su incidencia.
5. Diferencie entre el origen del incendio, el daño inevitable derivado del hecho
del tercero y una eventual agravación atribuible a los demandados.
6. Fundamente cualquier juicio contrafáctico en medios probatorios idóneos y
suficientes.
7. Valore de manera integral los comprobantes presupuestales y bancarios
anteriores al 22 de mayo de 2014.
8. Precise el alcance temporal de los documentos relativos a hidrantes y la
entidad jurídicamente responsable de esa infraestructura.
9. Determine la proporción causal correspondiente al Municipio de Alcalá y al
CBV, conforme al inciso final del artículo 140 del CPACA.
10. Individualice la prueba del perjuicio moral respecto de cada beneficiario y
motive separadamente su cuantía. 11. Utilice una regla jurídicamente aplicable
al proceso declarativo para establecer el daño emergente y se abstenga de
suplir la ausencia de prueba mediante una disposición propia del avalúo
ejecutivo sin justificar su pertinencia.
QUINTA. MANTENER la suspensión provisional de los efectos ejecutivos de la
condena contra el CBV hasta que quede ejecutoriada la sentencia de reemplazo.
SEXTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Cartago remitir íntegramente el expediente
digital de reparación directa, incluidos los archivos audiovisuales originales de las
audiencias. 2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El 8 de febrero de 2016, Amilvia Orrego Giraldo, Wilson Orrego Giraldo, Blanca
Aliria Vergara Moncada y Soledad Giraldo Franco promovieron medio de control
de reparación directa contra el municipio de Alcalá, Valle del Cauca y CBV, con el
fin de que se declare su responsabilidad por la pérdida de sus viviendas y bienes
con ocasión de un incendio3.
2 Trascrito del texto original.
3 Afirmaron además que la máquina utilizada era antigua, tenía más de cincuenta años y se quedó
sin agua pocos minutos después de comenzar la atención, por lo que fue necesario retirarse para
abastecerse en un hidrante distante. El incendio se prolongó hasta aproximadamente las 7:00 p. m.
y terminó afectando once viviendas, incluidas las de los demandantes.
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcalá, Valle del Cauca
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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• El 2 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Cartago negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien se
había acreditado el daño antijurídico, consistente en la destrucción total de las
viviendas, no se demostró la supuesta tardanza de los bomberos, o que la
máquina extintora se encontrara en mal estado, pues no existía prueba técnica
suficiente, al punto que el testigo señaló que anteriormente el equipo había
funcionado adecuadamente.
• Destacó que no podía atribuirse causalmente el daño a las entidades
demandadas porque el incendio aparentemente tuvo su origen en el descuido de
un tercero por una veladora encendida y que su rápida propagación estaba
relacionada con la naturaleza inflamable de las construcciones, elaboradas en
madera y bahareque. Por esas razones concluyó que no podía atribuirse
causalmente el daño a las entidades demandadas.
• El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó
la providencia del a quo, para en su lugar acceder parcialmente a las
pretensiones, al exponer que el juez de primer grado había valorado de manera
fragmentada las pruebas.
• Respecto de los bomberos, estimó probada una respuesta tardía de
aproximadamente 30 a 50 minutos 4 ; problemas mecánicos y operativos de los
vehículos5; dificultades en el manejo de los equipos; limitada capacidad de agua y
ausencia de hidrantes cercanos6. Frente al municipio, concluyó que éste conocía
desde hace años la precariedad del servicio y, pese a las reiteradas advertencias
sobre falta de recursos, vehículos obsoletos y personal insuficiente, no adoptó
medidas adecuadas7.
• Finalmente, precisó que, aunque el incendio se originó por una veladora
encendida por un tercero, ello no rompía el nexo causal, pues la propagación del
fuego obedeció también a la respuesta tardía y a las deficiencias operativas y de
La parte actora también alegó que existía una crisis previa en el Cuerpo de Bomberos, derivada de
falta de recursos, mantenimiento y equipos adecuados, situación que era conocida por la
administración municipal. Con base en ello, atribuyeron el daño a una falla en la prestación del
servicio público esencial de bomberos
4 Le otorgó credibilidad al testimonio según el cual el aviso se produjo alrededor de las 2:00 p. m. y
destacó que la estación se encontraba aproximadamente a 850 metros del sitio del incendio. A
partir de ello, estimó que existió una tardanza aproximada de 30 a 50 minutos, lapso que consideró
irrazonable frente a una emergencia de esa naturaleza.
5 Estableció que existían graves deficiencias en el parque automotor, porque varias máquinas
tenían problemas mecánicos y la unidad que atendió inicialmente el incendio, una máquina modelo
1982 con capacidad aproximada de 250 galones, presentaba antecedentes de fallas. El testigo
declaró además que los operadores tuvieron dificultades para poner en funcionamiento las
turbinas, lo que revelaba problemas de preparación y capacidad técnica
6 Destacó la limitada capacidad de almacenamiento de agua y la ausencia de hidrantes cercanos,
que obligaba a los bomberos a retirarse repetidamente para abastecerse, interrumpiendo las
labores de extinción y favoreciendo la propagación del incendio.
7 El tribunal consideró demostrado que la administración conocía desde hace años las condiciones
críticas del Cuerpo de Bomberos, ya que existían oficios y actas desde 2012 y 2013 que advertían
sobre la falta de recursos, la obsolescencia de los vehículos, la insuficiencia de personal y la
imposibilidad de atender emergencias de gran magnitud, e incluso pocos días antes del incendio
se había informado nuevamente sobre la precariedad de las máquinas y la falta de recursos.
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcalá, Valle del Cauca
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infraestructura. Por ello, declaró responsables al municipio de Alcalá y al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios, solidariamente.
• La providencia que resolvió la apelación fue notificada el 5 de marzo de 2026 y
la solicitud de tutela fue radicada el 4 de septiembre de 2026.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El accionante expuso que la autoridad judicial demandada trasgredió sus
garantías constitucionales al configurarse los defectos sustantivo, procedimental
absoluto e incongruencia subjetiva, y fáctico, porque el tribunal pasó de acreditar
dificultades generales en el servicio de bomberos a concluir que estas fueron la
causa determinante de la pérdida total de los inmuebles, sin contar con el
suficiente respaldo probatorio para establecer la cronología, el nexo causal y el
grado de participación de cada demandado.
Precisó que se configuró un yerro de índole probatorio por una construcción
indebida de la tardanza de 30 a 50 minutos; al inferir fallas concretas de la
máquina No. 2 a partir de antecedentes generales de mantenimiento; por utilizar
información de hidrantes de 2016 para hechos de 2014; y por omitir documentos
financieros relevantes.
Resaltó un desconocimiento del precedente respecto del estudio del nexo causal,
porque, el ad quem concluyó, sin soporte técnico suficiente, que una respuesta
adecuada habría evitado la propagación del incendio, sin distinguir entre el daño
causado inicialmente por un tercero y el eventual agravamiento imputable al
servicio bomberil.
Señaló que se incurrió en un defecto procedimental e incongruencia subjetiva por
haber reconocido como demandante y beneficiaria de 50 SMLMV a la señora
Soledad Giraldo Franco, pese a que no habría otorgado poder ni había sido
formalmente reconocida como parte.
Indicó que también se cometió en un defecto sustantivo, por no determinar la
proporción de responsabilidad entre el municipio y el Cuerpo de Bomberos, como
exigiría el artículo 140 del CPACA, y por aplicar el artículo 444.4 del CGP para
incrementar en un 50 % el avalúo catastral y calcular el daño emergente, cuando
se está en presencia de un proceso declarativo.
Finalmente expuso una falta de motivación en la tasación de perjuicios porque la
sentencia no habría explicado suficientemente la cronología de la atención, la
incidencia de las fallas operativas, la distribución causal de responsabilidades ni la
razón para reconocer 50 SMLMV por perjuicios morales a todos los beneficiarios
sin individualizar su situación probatoria.
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1.5. Trámite de la acción
El 7 de septiembre de 2026 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y
dispuso notificar al demandante, así como al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como autoridad judicial accionada.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartago, a los señores Amilvia Orrego Giraldo, Wilson Orrego Giraldo,
Soledad Giraldo Franco y Blanca Aliria Vergara Moncada, al municipio de Alcalá,
Valle del Cauca, así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan
participado en el expediente con radicado 76147-33-33-001-2016-00037-00/01.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 30
de septiembre de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó
estar impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la
causal 5. ° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo,
mediante auto de 1 de octubre de 2026 se declaró infundada la mencionada
manifestación.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El abogado Édgar Rada Lozano, como «agente oficioso 8 de los
demandantes» solicitó desestimar o declarar improcedente la tutela y mantener
incólume la sentencia de segunda instancia, porque el CBV pretende convertir la
tutela en una tercera instancia, máxime cuando el tribunal sí realizó una valoración
conjunta de la minuta, el testimonio y las comunicaciones sobre la precariedad del
servicio.
1.6.2. El municipio de Alcalá coadyuvó9 las pretensiones de la tutela.
8 El apoderado del proceso ordinario justificó su agencia oficiosa «Dado el perentorio término de
dos (2) días fijado en el Auto Admisorio dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado y
ante la imposibilidad física e inmediata de gestionar de manera sobreviniente mandatos judiciales
específicos para este trámite de tutela, resulta indispensable asumir la defensa oficiosa de sus
derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva y reparación integral reconocidos en segunda
instancia. Además del avanzado estado de edad y salud de la señora SOLEDAD GIRALDO
FRANCO quien se encuentra postrada en cama».
9 Consideró configurado un defecto procedimental y una incongruencia subjetiva por haber
reconocido como demandante y beneficiaria a Soledad Giraldo Franco, pese a que no habría
otorgado poder ni sido formalmente reconocida como parte. También respaldó los defectos fácticos
alegados por el CBV al cuestionar la valoración del testimonio sobre la hora de atención, la
inferencia de fallas de la Máquina No. 2 sin prueba técnica, la construcción del nexo causal sin
peritaje y la omisión de documentos financieros que acreditarían transferencias realizadas por el
municipio.
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1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca defendió la providencia y
sostuvo que la tutela pretende reabrir debates jurídicos y probatorios propios del
proceso ordinario.
Destacó que la sentencia efectuó una valoración integral de las pruebas y explicó
las razones de la imputación, de modo que las discrepancias sobre cronología,
capacidad operativa, recursos, nexo causal y perjuicios no demuestran por sí
mismas defectos fácticos o sustantivos de relevancia constitucional. Sobre los
demás cargos, indicó que corresponde al juez de tutela determinar si alcanzan
entidad constitucional suficiente.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por CBV, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 10 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones Previas
2.2.1. Coadyuvancia
Ahora, frente a lo expuesto por el municipio de Alcalá, Valle del Cauca, esta
colegiatura tendrá en cuenta sus argumentos como una coadyuvancia de la
solicitud de tutela radicada por CBV, en los términos del Decreto Ley 2591 de
199111, que señala que esta corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual,
quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para
reafirmar las pretensiones del actor o de quien ha sido demandado.
Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención
en la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las
razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas,
y no promoviendo sus propias pretensiones12.
10 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
11 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
12 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y
sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.
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2.2.2. Agencia oficiosa
La Sala aceptará la justificación del abogado Édgar Rada Lozano para actuar
como agente oficioso de la señora Soledad Giraldo Franco, en atención a que se
considera razonable la manifestación dada en su intervención respecto del estado
de salud de la señora Giraldo, sobre todo cuando no resulta necesario una prueba
que acredite tal afirmación, ya que la norma no exige tal ritualismo.
No obstante, no se aceptará la agencia oficiosa respecto de Amilvia Orrego
Giraldo, Wilson Orrego Giraldo y Blanca Aliria Vergara Moncada, comoquiera que
el plazo de dos días que se concedió en el auto admisorio para pronunciarse
respecto del mecanismo de la referencia resulta prudencial; ya sea para que los
mencionados otorgaran poder al abogado de su confianza, o para que
respondieran directamente, sin que se hubiera advertido alguna condición que le
impidiera ejercer su derecho de defensa y contradicción.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el extremo accionante,
por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la
providencia proferida en segunda instancia el 20 de febrero de 2026.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […] [énfasis de
sala].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia18.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó la existencia
de yerros probatorios en la determinación del tiempo de respuesta, la inferencia de
fallas de la máquina No. 2, el uso de información posterior a los hechos y la
omisión de documentos relevantes; además, advirtió el desconocimiento del
precedente en el análisis del nexo causal, al atribuir al servicio bomberil la
propagación del incendio sin suficiente soporte técnico ni diferenciar el daño inicial
del eventual agravamiento imputable a su actuación.
Sobre el punto, se advierte que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos del accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional
estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala, los argumentos relacionados con los
defectos antes mencionados no satisfacen la carga argumentativa necesaria para
su estudio desde la perspectiva de una eventual vulneración de derechos
fundamentales, pues, además de reiterar aspectos ya debatidos y resueltos en
sede ordinaria, no desvirtúan, prima facie, la conclusión según la cual el tribunal
accionado estimó acreditada una respuesta tardía de aproximadamente 30 a 50
minutos 19 ; así como problemas mecánicos y operativos de los vehículos 20 ;
18 Énfasis de la sala.
19 Le otorgó credibilidad al testimonio según el cual el aviso se produjo alrededor de las 2:00 p. m.
y destacó que la estación se encontraba aproximadamente a 850 metros del sitio del incendio. A
partir de ello, estimó que existió una tardanza aproximada de 30 a 50 minutos, lapso que consideró
irrazonable frente a una emergencia de esa naturaleza.
20 Estableció que existían graves deficiencias en el parque automotor, porque varias máquinas
tenían problemas mecánicos y la unidad que atendió inicialmente el incendio, una máquina modelo
1982 con capacidad aproximada de 250 galones, presentaba antecedentes de fallas. El testigo
9
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dificultades en el manejo de los equipos; limitada capacidad de agua y ausencia
de hidrantes cercanos21.
Frente al municipio, concluyó que éste conocía desde hace años la precariedad
del servicio y, pese a las reiteradas advertencias sobre falta de recursos, vehículos
obsoletos y personal insuficiente, no adoptó medidas adecuadas22, lo anterior, a
partir de una valoración autónoma que efectuó de la prueba testimonial y
documental obrante en el expediente.
Ello implica que en la solicitud de amparo no se explicó cómo el análisis de
tribunal resulta arbitrario o irrazonable, sino que se enfocó en intentar imponer un
criterio en cuanto a los alcances de las pruebas practicadas, sin embargo, no le
corresponde a esta Sección establecer, cuál es la debida lectura de la prueba
documental y testimonial, ya que, de hacerlo, se convertiría este trámite
constitucional en una tercera instancia.
Por su parte, en lo que tiene que ver con por la indebida aplicación del artículo
444.4 del CGP, para incrementar en un 50 % el avalúo catastral y calcular el daño
emergente, cuando se está en presencia de un proceso declarativo, se advierte
que el funcionario natural de la causa se enfrenta a múltiples posibilidades
hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a un caso en
específico 23 , y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de tales
posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe
destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una instancia adicional
del proceso ordinario.
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar su tesis, para a
su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial de
segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
declaró además que los operadores tuvieron dificultades para poner en funcionamiento las
turbinas, lo que revelaba problemas de preparación y capacidad técnica
21 Destacó la limitada capacidad de almacenamiento de agua y la ausencia de hidrantes cercanos,
que obligaba a los bomberos a retirarse repetidamente para abastecerse, interrumpiendo las
labores de extinción y favoreciendo la propagación del incendio.
22 El tribunal consideró demostrado que la administración conocía desde hace años las condiciones
críticas del Cuerpo de Bomberos, ya que existían oficios y actas desde 2012 y 2013 que advertían
sobre la falta de recursos, la obsolescencia de los vehículos, la insuficiencia de personal y la
imposibilidad de atender emergencias de gran magnitud, e incluso pocos días antes del incendio
se había informado nuevamente sobre la precariedad de las máquinas y la falta de recursos.
23 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»24 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5.2. Falta de agotamiento de todos los medios de defensa judicial
2.5.2.1. Además, la Sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo
250 ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a
explicar.
En efecto, se recuerda que uno de los fundamentos de la tutela es que la
autoridad judicial demandada incurrió en una incongruencia al momento de decidir
la controversia, por haber reconocido como demandante y beneficiaria de 50
SMLMV a la señora Soledad Giraldo Franco, pese a que no habría otorgado poder
ni sido formalmente reconocida como parte.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta
Sección, investida como juez constitucional, no es competente para determinar si
el proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia o motivación
insuficiente, circunstancia que, como se analizará más adelante, se enmarca en la
causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le
corresponde al juez natural del recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Especial
Veintidós de Decisión de esta Corporación 25 , la falta de motivación y la
incongruencia dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201126.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
24 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
26 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
[…]».
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2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]” [Destacado por la Sala]
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la fecha de interposición de la
demanda que suscitó la presente controversia, esto es, «[…] Existir nulidad
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originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación […]».
Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]27».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 28 . Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte
de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.
2.5.2.2. Finalmente, esta Sección considera que el cargo que se refiere al defecto
sustantivo, por no determinar la proporción de responsabilidad entre el municipio y
el Cuerpo de Bomberos, como exigiría el artículo 140 del CPACA, no cumple con
el presupuesto del agotamiento de todos los medios de defensa, ya que el
27 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
28 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación
de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social».
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tutelante pudo hacer uso de la solicitud de adición29 para pedirle al tribunal que se
pronunciara acerca de lo que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de
pronunciamiento.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvante al municipio de Alcalá.
SEGUNDO: ACEPTAR al abogado Édgar Rada Lozano como agente oficioso de
la señora Soledad Giraldo Franco, y NEGAR dicha agencia respecto de Amilvia
Orrego Giraldo, Wilson Orrego Giraldo y Blanca Aliria Vergara Moncada.
TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alcalá, Valle del Cauca.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
29 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de
la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. […]
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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