Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07187-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante COMISIÓN NACIONAL.
2
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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a
la administración de justicia y a los principios de proporcionalidad,
contradicción y legalidad, los cuales estima vulnerados por la
COMISIÓN NACIONAL, al haber proferido la providencia de 4 de
agosto de 2026 dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 2022-06646-01.
I.2. Hechos
Refirió que la ciudadana ANA MARÍA RODRÍGUEZ PRIETO
presentó una queja en su contra y de la abogada MARÍA
FERNANDA SÁNCHEZ CORTÉS ante la COMISIÓN SECCIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ2, motivada por la
contratación de sus servicios profesionales para representar a su hijo
JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ PRIETO, condenado penalmente
por el delito de violencia intrafamiliar dentro del proceso identificado
con el número único de radicación 2019-03934-00.
Indicó que, según lo expuesto por la quejosa, aceptó poder especial
para actuar como apoderado principal de su hijo, pese a que estaba
suspendido del ejercicio profesional y la abogada SÁNCHEZ CORTÉS
2
En adelante COMISIÓN SECCIONAL.
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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
presentó por fuera de término la sustentación del recurso de
apelación contra la decisión que lo condenó a 72 meses de prisión
intramural. Sumado a ello, se canceló la totalidad de los honorarios
por valor de $25.000.000.
Indicó que, por lo anterior, se inició proceso disciplinario en su contra
y de la abogada SÁNCHEZ CORTÉS, bajo el número único de
radicación 2022-06646-00, el cual le correspondió por reparto a la
COMISIÓN SECCIONAL que, en sentencia de 18 de diciembre de
2024, lo sancionó con exclusión del ejercicio profesional, por incurrir
a título de dolo en las faltas previstas en el numeral 1 de los artículos
35 y 39, en concordancia con el numeral 4 del artículo 29 de la Ley
1123 de 22 de enero de 20073, por desconocimiento de los deberes
establecidos en los numerales 8 y 14 del artículo 28 ibídem.
Sostuvo que la COMISIÓN NACIONAL en sentencia de 4 de agosto
de 2026 modificó la decisión del a quo, encontrándolo responsable
únicamente de la falta prevista en el artículo 39, en concordancia con
el numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, por
desconocimiento de los deberes establecidos en el numeral 14 del
artículo 28 ibídem a título de dolo y, en consecuencia, le impuso una
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“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
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sanción correspondiente a una multa de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en defecto fáctico
al valorar de forma errónea las pruebas obrantes en el expediente
ordinario, que demostraban que no realizó un ejercicio indebido de
la abogacía, pues sus conductas no correspondieron al ejercicio
formal de la profesión sino a asesorías de carácter técnico,
criminalístico e investigación.
Adujo que se desconoció la jurisprudencia4 que prohíbe utilizar los
antecedentes penales o disciplinarios como prueba de culpabilidad en
un nuevo proceso.
Destacó que también se incurrió en defecto sustantivo, pues aplicó
indebidamente los criterios legales para la graduación de la sanción
y la determinación del monto económico de la multa impuesta, sin
ajustarse a lo establecido en los artículos 13 y 45 de la Ley 1123 de
2007.
4
SU-458 de 21 de junio de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, T-125 de 9 de abril de 2025 M.P
Miguel Polo Rosero y T-203 de 28 de mayo de 2025 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:
“[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos la providencia del 4 de agosto
de 2026 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
dentro del expediente Radicado 110012502000202206646.
TERCERA: Ordenar la emisión de un nuevo fallo que atienda a la
correcta valoración probatoria y, en su defecto, reliquide o deje
sin efecto la sanción pecuniaria/multa impuesta […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo de la referencia por falta de los
requisitos generales para su procedencia o, en su defecto, que se
deniegue el amparo deprecado.
I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL adujo que lo pretendido por el
actor es utilizar este mecanismo excepcional como una instancia
adicional al proceso disciplinario, por lo que pidió que se declare su
improcedencia.
I.5.3.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS5
destacó que la presente solicitud de amparo está dirigida contra la
5
En adelante URNA.
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providencia proferida por la COMISIÓN NACIONAL y que los
reparos expuestos en la demanda son ajenos a sus competencias,
dado que su actuación se limita a dar cumplimiento a lo allí ordenado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
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contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
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de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 4 de agosto de 2026, proferida
por la COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 2022-06646-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de proporcionalidad,
contradicción y legalidad, habida cuenta que, a juicio del actor,
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo al valorar de forma
errónea las pruebas obrantes en el expediente disciplinario que
demostraban que no realizó un ejercicio indebido de la abogacía y al
aplicar indebidamente los criterios legales para la graduación de la
sanción y la determinación del monto económico de la multa que le
fue impuesta, sin ajustarse a lo establecido en los artículos 13 y 45
de la Ley 1123 de 2007.
Sumado a ello, alegó que se desconoció la jurisprudencia que prohíbe
utilizar los antecedentes penales o disciplinarios como prueba de
culpabilidad en un nuevo proceso.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió
en los defectos alegados dentro del proceso disciplinario identificado
con el número único de radicación 2022-06646-01.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio
de 202216, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como
finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
16
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional17 las decisiones dictadas
por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento
disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la
17
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no
pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede
constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se
acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y
se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el
efecto.
Ahora bien, al verificar el estudio de los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia
constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el
actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede
ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional,
especialmente en lo atinente a que su actuar se limitó a ser asesor
técnico e investigador, ya fueron resueltas de forma admisible por la
COMISIÓN NACIONAL, así:
“[…] Respecto de la violación al régimen de incompatibilidades:
adujo el defensor de oficio que su prohijado no era sujeto
disciplinable en cuanto a que no ejerció la profesión, como sí lo
hizo SÁNCHEZ CORTÉS, sino que limitó su actuar a una asesoría
jurídica y como investigación criminalista, además, solicitó que
se aplicara la duda razonable en favor de su defendido porque
no se tenía certeza de que, de conocer sobre la suspensión, la
quejosa hubiera desistido de sus servicios.
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Al respecto, esta Corporación advierte que, a pesar de no
haberse presentado ante el despacho penal como apoderado de
Juan Sebastián Rodríguez Prieto, el inculpado sí exteriorizó su
calidad de abogado en repetidas ocasiones, configurándose con
ello, los presupuestos exigibles en el artículo 19 de la Ley 1123
de 2007 para ser sujeto disciplinable, como pasa a demostrarse:
• Cuando suscribió el contrato de prestación de servicios
profesionales con Ana María Rodríguez Prieto, no solo invocó su
calidad de abogado, al identificarse con su tarjeta profesional,
sino también al asumir el rol de mandatario o apoderado
principal:
[…]
• Asumió poder especial amplio y suficiente de Juan Sebastián
Rodríguez Prieto, para defenderlo en la causa penal que contra
él cursaba en el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, documento en el que también se
identificó con su tarjeta profesional de abogado:
[…]
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala observa que el inculpado,
a pesar de que no actuó directamente ante los estrados
judiciales, desde su primer acercamiento con los clientes se
atribuyó la calidad de profesional de derecho, pues en las
documentaciones suscritas por este se identificó con la tarjeta
profesional No. 117044, situación que lo hace merecedor de
las disposiciones reguladas en la Ley 1123 de 2007.
Además, la quejosa manifestó bajo la gravedad del juramento
que ella había contratado a LUIS GUILLERMO NAMEN
RODRÍGUEZ para que fungiera como el abogado de su hijo y,
que fue su calidad de jurista el factor determinante para
contratar sus servicios. De igual forma, el testigo Antonio José
Mota, refirió que le había recomendado al disciplinable a su
amiga Ana María Rodríguez, para que ejerciera la defensa
judicial de su hijo, con lo que refuerza la participación del letrado
como abogado.
Ahora bien, pueda que el letrado haya realizado actividades de
investigación criminal en el asunto encomendado, las cuales no
fueron desvirtuadas en el disciplinario, sin embargo, contrario a
lo que indicó el apelante, la doliente no tenía conocimiento de
ello, pues, se reitera que en su declaración y en la queja
ratificada, afirmó que no contrató a NAMEN como
investigador, sino como abogado.
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[…]
En estas condiciones, se encuentra que el inculpado, si bien no
actuó ante el despacho de conocimiento, sí ejerció su profesión
como abogado, en la medida en que suscribió contrato y asumió
poder invocando su calidad de abogado, y prestó asesoría
jurídica a sus clientes.
Finalmente, no hay que dejar de lado que el mismo artículo 19
del Código Disciplinario del Abogado dispone como destinatarios
de esta ley a los abogados que se hallen suspendidos del
ejercicio de la profesión, caso específico del doctor NAMEN
RODRÍGUEZ, pues este se encontraba suspendido del ejercicio
de la profesión, en razón a las sanciones disciplinarias impuestas
en los procesos bajo los radicados No. 2016-02249-00 y 2017-
07005-00, que le impedían ejercer la profesión durante el 4 de
febrero de 2021 al 3 de febrero de 2024 y el 4 de febrero de
2021 al 3 de febrero de 2022, respectivamente, sanciones que
el letrado conocía, pues incluso lo manifestó ante el funcionario
de primera instancia.
[…]
Por el contrario, en el plenario quedó plenamente demostrado
que el inculpado se encontraba suspendido del ejercicio de la
profesión por las sanciones impuestas en los procesos
disciplinarios No. 2016-002249 y 2017-07005, que estuvieron
vigentes, respectivamente, entre el 4 de febrero de 2021 al 3 de
febrero de 2024 y el 4 de febrero de 2021 al 3 de febrero de
2022. Y que tales sanciones fueron debidamente comunicadas al
abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, pues así lo
reconoció el disciplinable.
Además, también quedó demostrado que entre el 30 de julio de
2021 - cuando suscribió el contrato de prestación de servicios
profesionales- al 22 de marzo de 2022 -cuando concluyó el
trámite penal-, el jurista brindó asesoría jurídica a la quejosa y
a su hijo, en relación con el asunto penal en el que este último
era el acusado. Además de que firmó documentos -contrato y
poder- en los que invocó su calidad de abogado y presentó su
tarjeta profesional.
Y, con la valoración integral de las pruebas mencionadas, se
logra tener certeza de que el abogado ejerció la profesión pese
a estar suspendido de la misma. Por consiguiente, el argumento
presentado por el apelante no tiene vocación de prosperidad,
pues no se encuentra vulnerado el principio de presunción de
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inocencia, ni se halla aplicación al in dubio pro disciplinable, por
duda razonable.
[…]
Ahora, en virtud del principio de proporcionalidad resulta
menester reducir la sanción impuesta por la primera instancia,
porque la sanción debe ser una respuesta punitiva acorde a la
naturaleza del reproche atribuido, teniendo en cuenta que una
de las faltas endilgadas prescribió parcialmente y fue absuelto
de la conducta restante.
No obstante, y en atención a las múltiples sanciones con las que
cuenta el disciplinable, quien incluso, actualmente se encuentra
excluido de la profesión, en virtud de la sentencia del 4 de mayo
de 2026 proferida por esta Comisión en el proceso disciplinario
No. 250002502000202301297 01, que cobró ejecutoria el 11 de
mayo del 2026, la suspensión del ejercicio profesional deja de
ser una sanción razonable para el letrado, pues la razonabilidad
deriva de una respuesta lógica a la declaración de
responsabilidad disciplinaria, como ya ha sostenido esta Sala.
[…]
Por consiguiente, se impondrá una multa de veinticinco (25)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque el jurista
incurrió en una falta disciplinaria, lo que lo hace acreedor de una
respuesta punitiva por parte del Estado, en atención a que, la
razonabilidad de la sanción ha de “orientarse al cumplimiento de
los fines constitucionales legítimos”18, que, en materia
disciplinaria para abogados, no es otra sino garantizar el
cumplimiento de los deberes profesionales […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte
que la COMISIÓN NACIONAL desestimó los reparos del actor
encaminados a demostrar la supuesta falta de idoneidad como sujeto
disciplinable, al concluir que exteriorizó en repetidas ocasiones su
calidad de abogado.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-433 del 24 de septiembre de 2019. Expediente T-7.431.119, M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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En ese sentido, la autoridad judicial accionada precisó que la
suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales y
la aceptación de un poder especial amplio y suficiente, documentos
en los que se identificó formalmente con su tarjeta profesional núm.
117044, configuraban plenamente los presupuestos disciplinarios
exigidos en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007.
Consideró que, si bien el actor pudo haber realizado actividades
paralelas de investigación criminal, dicha condición no fue conocida
por la quejosa, quien manifestó bajo la gravedad del juramento que
el factor determinante para contratar los servicios fue su calidad de
jurista, afirmación que respaldaba las declaraciones adicionales
aportadas que confirmaron la recomendación del señor NAMÉN
RODRÍGUEZ para ejercer la defensa judicial y ratificó que el encargo
consistió en una verdadera asesoría jurídica y representación legal,
independientemente de que no hubiese actuado directamente ante
los estrados del despacho judicial de conocimiento.
Adujo que de las pruebas obrantes en el proceso disciplinario quedó
plenamente demostrado que el actor se encontraba con dos
sanciones vigentes de suspensión del ejercicio profesional como
abogado, dictadas dentro de los expedientes números 2016-02249-
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00 y 2017-07005-00, las cuales le impedían ejercer la práctica
durante los períodos comprendidos entre los años 2021 y 2024,
además, que tenía pleno conocimiento sobre tales medidas
restrictivas.
Finalmente, la autoridad judicial accionada señaló que, en virtud del
principio de proporcionalidad y con ocasión de la prescripción parcial
de una de las conductas, resultaba procedente modificar la sanción
impuesta por el a quo, no obstante, al constatar que el actor
registraba múltiples antecedentes y se encontraba excluido de la
profesión mediante sentencia ejecutoriada de 4 de mayo de 2026, la
COMISIÓN NACIONAL concluyó que la suspensión del ejercicio
profesional dejaba de ser una respuesta lógica y razonable.
Por consiguiente, estimó procedente readecuar la dosificación
punitiva e imponer una multa equivalente a veinticinco (25) smlmv,
con el propósito de orientar la sanción hacia el cumplimiento de los
fines constitucionales del ordenamiento disciplinario.
De lo expuesto en precedencia, se extrae que las inconformidades
expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de que
carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su
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solución se deriva de la interpretación que el actor pretende que se
dé a la normativa y las pruebas aportadas al asunto, fueron resueltas
por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.
Significa lo anterior que lo pretendido por el accionante es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera
instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis
que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación
que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia
o recurso adicional a los previstos en el trámite disciplinario.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del
desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con
la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto
la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace
alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir
entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso disciplinario
cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
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Sección19 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación
dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso
y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el
cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la
solicitud de amparo el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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