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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07187-00 Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07187-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07187-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07187-00
Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a

la administración de justicia y a los principios de proporcionalidad,

contradicción y legalidad, los cuales estima vulnerados por la

COMISIÓN NACIONAL, al haber proferido la providencia de 4 de

agosto de 2026 dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 2022-06646-01.

I.2. Hechos

Refirió que la ciudadana ANA MARÍA RODRÍGUEZ PRIETO

presentó una queja en su contra y de la abogada MARÍA

FERNANDA SÁNCHEZ CORTÉS ante la COMISIÓN SECCIONAL

DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ2, motivada por la

contratación de sus servicios profesionales para representar a su hijo

JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ PRIETO, condenado penalmente

por el delito de violencia intrafamiliar dentro del proceso identificado

con el número único de radicación 2019-03934-00.

Indicó que, según lo expuesto por la quejosa, aceptó poder especial

para actuar como apoderado principal de su hijo, pese a que estaba

suspendido del ejercicio profesional y la abogada SÁNCHEZ CORTÉS

2
En adelante COMISIÓN SECCIONAL.

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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

presentó por fuera de término la sustentación del recurso de

apelación contra la decisión que lo condenó a 72 meses de prisión

intramural. Sumado a ello, se canceló la totalidad de los honorarios

por valor de $25.000.000.

Indicó que, por lo anterior, se inició proceso disciplinario en su contra

y de la abogada SÁNCHEZ CORTÉS, bajo el número único de

radicación 2022-06646-00, el cual le correspondió por reparto a la

COMISIÓN SECCIONAL que, en sentencia de 18 de diciembre de

2024, lo sancionó con exclusión del ejercicio profesional, por incurrir

a título de dolo en las faltas previstas en el numeral 1 de los artículos

35 y 39, en concordancia con el numeral 4 del artículo 29 de la Ley

1123 de 22 de enero de 20073, por desconocimiento de los deberes

establecidos en los numerales 8 y 14 del artículo 28 ibídem.

Sostuvo que la COMISIÓN NACIONAL en sentencia de 4 de agosto

de 2026 modificó la decisión del a quo, encontrándolo responsable

únicamente de la falta prevista en el artículo 39, en concordancia con

el numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, por

desconocimiento de los deberes establecidos en el numeral 14 del

artículo 28 ibídem a título de dolo y, en consecuencia, le impuso una

3
“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.

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sanción correspondiente a una multa de veinticinco (25) salarios

mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en defecto fáctico

al valorar de forma errónea las pruebas obrantes en el expediente

ordinario, que demostraban que no realizó un ejercicio indebido de

la abogacía, pues sus conductas no correspondieron al ejercicio

formal de la profesión sino a asesorías de carácter técnico,

criminalístico e investigación.

Adujo que se desconoció la jurisprudencia4 que prohíbe utilizar los

antecedentes penales o disciplinarios como prueba de culpabilidad en

un nuevo proceso.

Destacó que también se incurrió en defecto sustantivo, pues aplicó

indebidamente los criterios legales para la graduación de la sanción

y la determinación del monto económico de la multa impuesta, sin

ajustarse a lo establecido en los artículos 13 y 45 de la Ley 1123 de

2007.

4
SU-458 de 21 de junio de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, T-125 de 9 de abril de 2025 M.P
Miguel Polo Rosero y T-203 de 28 de mayo de 2025 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.

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I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:

“[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos la providencia del 4 de agosto
de 2026 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
dentro del expediente Radicado 110012502000202206646.

TERCERA: Ordenar la emisión de un nuevo fallo que atienda a la
correcta valoración probatoria y, en su defecto, reliquide o deje
sin efecto la sanción pecuniaria/multa impuesta […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL solicitó que se declare

improcedente la solicitud de amparo de la referencia por falta de los

requisitos generales para su procedencia o, en su defecto, que se

deniegue el amparo deprecado.

I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL adujo que lo pretendido por el

actor es utilizar este mecanismo excepcional como una instancia

adicional al proceso disciplinario, por lo que pidió que se declare su

improcedencia.

I.5.3.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS5

destacó que la presente solicitud de amparo está dirigida contra la

5
En adelante URNA.

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providencia proferida por la COMISIÓN NACIONAL y que los

reparos expuestos en la demanda son ajenos a sus competencias,

dado que su actuación se limita a dar cumplimiento a lo allí ordenado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

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contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión

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de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

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h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 4 de agosto de 2026, proferida

por la COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2022-06646-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de proporcionalidad,

contradicción y legalidad, habida cuenta que, a juicio del actor,

incurrió en los defectos fáctico y sustantivo al valorar de forma

errónea las pruebas obrantes en el expediente disciplinario que

demostraban que no realizó un ejercicio indebido de la abogacía y al

aplicar indebidamente los criterios legales para la graduación de la

sanción y la determinación del monto económico de la multa que le

fue impuesta, sin ajustarse a lo establecido en los artículos 13 y 45

de la Ley 1123 de 2007.

Sumado a ello, alegó que se desconoció la jurisprudencia que prohíbe

utilizar los antecedentes penales o disciplinarios como prueba de

culpabilidad en un nuevo proceso.

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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió

en los defectos alegados dentro del proceso disciplinario identificado

con el número único de radicación 2022-06646-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202216, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

16
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar

la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con

la jurisprudencia de la Corte Constitucional17 las decisiones dictadas

por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento

disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la

17
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no

pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede

constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se

acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y

se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el

efecto.

Ahora bien, al verificar el estudio de los requisitos generales de

procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia

constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el

actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional,

especialmente en lo atinente a que su actuar se limitó a ser asesor

técnico e investigador, ya fueron resueltas de forma admisible por la

COMISIÓN NACIONAL, así:

“[…] Respecto de la violación al régimen de incompatibilidades:
adujo el defensor de oficio que su prohijado no era sujeto
disciplinable en cuanto a que no ejerció la profesión, como sí lo
hizo SÁNCHEZ CORTÉS, sino que limitó su actuar a una asesoría
jurídica y como investigación criminalista, además, solicitó que
se aplicara la duda razonable en favor de su defendido porque
no se tenía certeza de que, de conocer sobre la suspensión, la
quejosa hubiera desistido de sus servicios.

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Al respecto, esta Corporación advierte que, a pesar de no
haberse presentado ante el despacho penal como apoderado de
Juan Sebastián Rodríguez Prieto, el inculpado sí exteriorizó su
calidad de abogado en repetidas ocasiones, configurándose con
ello, los presupuestos exigibles en el artículo 19 de la Ley 1123
de 2007 para ser sujeto disciplinable, como pasa a demostrarse:

• Cuando suscribió el contrato de prestación de servicios
profesionales con Ana María Rodríguez Prieto, no solo invocó su
calidad de abogado, al identificarse con su tarjeta profesional,
sino también al asumir el rol de mandatario o apoderado
principal:

[…]

• Asumió poder especial amplio y suficiente de Juan Sebastián
Rodríguez Prieto, para defenderlo en la causa penal que contra
él cursaba en el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, documento en el que también se
identificó con su tarjeta profesional de abogado:

[…]

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala observa que el inculpado,
a pesar de que no actuó directamente ante los estrados
judiciales, desde su primer acercamiento con los clientes se
atribuyó la calidad de profesional de derecho, pues en las
documentaciones suscritas por este se identificó con la tarjeta
profesional No. 117044, situación que lo hace merecedor de
las disposiciones reguladas en la Ley 1123 de 2007.

Además, la quejosa manifestó bajo la gravedad del juramento
que ella había contratado a LUIS GUILLERMO NAMEN
RODRÍGUEZ para que fungiera como el abogado de su hijo y,
que fue su calidad de jurista el factor determinante para
contratar sus servicios. De igual forma, el testigo Antonio José
Mota, refirió que le había recomendado al disciplinable a su
amiga Ana María Rodríguez, para que ejerciera la defensa
judicial de su hijo, con lo que refuerza la participación del letrado
como abogado.

Ahora bien, pueda que el letrado haya realizado actividades de
investigación criminal en el asunto encomendado, las cuales no
fueron desvirtuadas en el disciplinario, sin embargo, contrario a
lo que indicó el apelante, la doliente no tenía conocimiento de
ello, pues, se reitera que en su declaración y en la queja
ratificada, afirmó que no contrató a NAMEN como
investigador, sino como abogado.

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[…]

En estas condiciones, se encuentra que el inculpado, si bien no
actuó ante el despacho de conocimiento, sí ejerció su profesión
como abogado, en la medida en que suscribió contrato y asumió
poder invocando su calidad de abogado, y prestó asesoría
jurídica a sus clientes.

Finalmente, no hay que dejar de lado que el mismo artículo 19
del Código Disciplinario del Abogado dispone como destinatarios
de esta ley a los abogados que se hallen suspendidos del
ejercicio de la profesión, caso específico del doctor NAMEN
RODRÍGUEZ, pues este se encontraba suspendido del ejercicio
de la profesión, en razón a las sanciones disciplinarias impuestas
en los procesos bajo los radicados No. 2016-02249-00 y 2017-
07005-00, que le impedían ejercer la profesión durante el 4 de
febrero de 2021 al 3 de febrero de 2024 y el 4 de febrero de
2021 al 3 de febrero de 2022, respectivamente, sanciones que
el letrado conocía, pues incluso lo manifestó ante el funcionario
de primera instancia.

[…]

Por el contrario, en el plenario quedó plenamente demostrado
que el inculpado se encontraba suspendido del ejercicio de la
profesión por las sanciones impuestas en los procesos
disciplinarios No. 2016-002249 y 2017-07005, que estuvieron
vigentes, respectivamente, entre el 4 de febrero de 2021 al 3 de
febrero de 2024 y el 4 de febrero de 2021 al 3 de febrero de
2022. Y que tales sanciones fueron debidamente comunicadas al
abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, pues así lo
reconoció el disciplinable.

Además, también quedó demostrado que entre el 30 de julio de
2021 - cuando suscribió el contrato de prestación de servicios
profesionales- al 22 de marzo de 2022 -cuando concluyó el
trámite penal-, el jurista brindó asesoría jurídica a la quejosa y
a su hijo, en relación con el asunto penal en el que este último
era el acusado. Además de que firmó documentos -contrato y
poder- en los que invocó su calidad de abogado y presentó su
tarjeta profesional.

Y, con la valoración integral de las pruebas mencionadas, se
logra tener certeza de que el abogado ejerció la profesión pese
a estar suspendido de la misma. Por consiguiente, el argumento
presentado por el apelante no tiene vocación de prosperidad,
pues no se encuentra vulnerado el principio de presunción de

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Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

inocencia, ni se halla aplicación al in dubio pro disciplinable, por
duda razonable.

[…]

Ahora, en virtud del principio de proporcionalidad resulta
menester reducir la sanción impuesta por la primera instancia,
porque la sanción debe ser una respuesta punitiva acorde a la
naturaleza del reproche atribuido, teniendo en cuenta que una
de las faltas endilgadas prescribió parcialmente y fue absuelto
de la conducta restante.

No obstante, y en atención a las múltiples sanciones con las que
cuenta el disciplinable, quien incluso, actualmente se encuentra
excluido de la profesión, en virtud de la sentencia del 4 de mayo
de 2026 proferida por esta Comisión en el proceso disciplinario
No. 250002502000202301297 01, que cobró ejecutoria el 11 de
mayo del 2026, la suspensión del ejercicio profesional deja de
ser una sanción razonable para el letrado, pues la razonabilidad
deriva de una respuesta lógica a la declaración de
responsabilidad disciplinaria, como ya ha sostenido esta Sala.

[…]

Por consiguiente, se impondrá una multa de veinticinco (25)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque el jurista
incurrió en una falta disciplinaria, lo que lo hace acreedor de una
respuesta punitiva por parte del Estado, en atención a que, la
razonabilidad de la sanción ha de “orientarse al cumplimiento de
los fines constitucionales legítimos”18, que, en materia
disciplinaria para abogados, no es otra sino garantizar el
cumplimiento de los deberes profesionales […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte

que la COMISIÓN NACIONAL desestimó los reparos del actor

encaminados a demostrar la supuesta falta de idoneidad como sujeto

disciplinable, al concluir que exteriorizó en repetidas ocasiones su

calidad de abogado.

18
Corte Constitucional. Sentencia T-433 del 24 de septiembre de 2019. Expediente T-7.431.119, M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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En ese sentido, la autoridad judicial accionada precisó que la

suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales y

la aceptación de un poder especial amplio y suficiente, documentos

en los que se identificó formalmente con su tarjeta profesional núm.

117044, configuraban plenamente los presupuestos disciplinarios

exigidos en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007.

Consideró que, si bien el actor pudo haber realizado actividades

paralelas de investigación criminal, dicha condición no fue conocida

por la quejosa, quien manifestó bajo la gravedad del juramento que

el factor determinante para contratar los servicios fue su calidad de

jurista, afirmación que respaldaba las declaraciones adicionales

aportadas que confirmaron la recomendación del señor NAMÉN

RODRÍGUEZ para ejercer la defensa judicial y ratificó que el encargo

consistió en una verdadera asesoría jurídica y representación legal,

independientemente de que no hubiese actuado directamente ante

los estrados del despacho judicial de conocimiento.

Adujo que de las pruebas obrantes en el proceso disciplinario quedó

plenamente demostrado que el actor se encontraba con dos

sanciones vigentes de suspensión del ejercicio profesional como

abogado, dictadas dentro de los expedientes números 2016-02249-

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00 y 2017-07005-00, las cuales le impedían ejercer la práctica

durante los períodos comprendidos entre los años 2021 y 2024,

además, que tenía pleno conocimiento sobre tales medidas

restrictivas.

Finalmente, la autoridad judicial accionada señaló que, en virtud del

principio de proporcionalidad y con ocasión de la prescripción parcial

de una de las conductas, resultaba procedente modificar la sanción

impuesta por el a quo, no obstante, al constatar que el actor

registraba múltiples antecedentes y se encontraba excluido de la

profesión mediante sentencia ejecutoriada de 4 de mayo de 2026, la

COMISIÓN NACIONAL concluyó que la suspensión del ejercicio

profesional dejaba de ser una respuesta lógica y razonable.

Por consiguiente, estimó procedente readecuar la dosificación

punitiva e imponer una multa equivalente a veinticinco (25) smlmv,

con el propósito de orientar la sanción hacia el cumplimiento de los

fines constitucionales del ordenamiento disciplinario.

De lo expuesto en precedencia, se extrae que las inconformidades

expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de que

carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su

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solución se deriva de la interpretación que el actor pretende que se

dé a la normativa y las pruebas aportadas al asunto, fueron resueltas

por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.

Significa lo anterior que lo pretendido por el accionante es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera

instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis

que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite disciplinario.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso disciplinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sección19 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

solicitud de amparo el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07187-00
Actor: LUIS GUILLERMO NAMÉN RODRÍGUEZ

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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