Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07205-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07205-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07205-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07205-00
Accionante: JAIRO ALBERTO RAVE ALGARÍN
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela de fondo – mora judicial – niega amparo solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 8 de septiembre de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia, se vinculó al proceso a terceros con interés y se efectuaron algunos
requerimientos.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jairo Alberto Rave Algarín, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la «tutela judicial efectiva y al
plazo razonable».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión
de la presunta mora judicial injustificada de la autoridad judicial accionada en decidir
el recurso de apelación, dentro del proceso disciplinario con radicado 08001-25-02-
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 004 al 009 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como autoridad
accionada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. A su vez, se vinculó en calidad de terceros
con interés a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, a la señora Zoila del Carmen
Giraldo Borge, en calidad de Juez 23 Civil Municipal de Barranquilla, y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Jairo Alberto Rave Algarín
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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000-2025-00441-00/01.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR de manera inmediata y definitiva mis derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PLAZO RAZONABLE.
SEGUNDO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,
concretamente al Despacho del H. Magistrado JUAN CARLOS GRANADOS
BECERRA, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo de esta acción, proceda a resolver de fondo el
recurso de apelación radicado bajo el número 11001080200020260067300,
proferido dentro del proceso disciplinario seguido contra la funcionaria Zoila del
Carmen Giraldo Borge.
TERCERO: PREVENIR a la autoridad accionada para que en lo sucesivo se
abstenga de incurrir en omisiones y dilaciones injustificadas que obstruyan la
correcta administración de justicia, sancionando la inactividad procesal como
práctica abiertamente lesiva de las garantías ciudadanas3.
1.2. Hechos
4. El 4 de junio de 2026, el señor Jairo Alberto Rave Algarín presentó queja
disciplinaria relacionada con las actuaciones adelantadas por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Atlántico dentro del proceso disciplinario con radicado
08001-25-02-000-2025-00441-00/01, tramitado contra la señora Zoila del Carmen
Giraldo Borge en su calidad de jueza 23 Civil Municipal de Barranquilla. A dicha
queja se le asignó el radicado 11001-08-02-000-2026-00673-00 y, por reparto, le
correspondió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al despacho del
magistrado Juan Carlos Granados Becerra.
5. El 21 de agosto de 2026, el quejoso allegó al despacho del magistrado
ponente un correo electrónico por medio del cual solicitó:
1. Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para dar trámite y resolver
la apelación radicada bajo el No. 11001080200020260067300. 2. Garantizar la
notificación íntegra y oportuna de las providencias que se profieran dentro del
proceso, en cumplimiento de la sentencia de tutela del Tribunal Superior de
Barranquilla. 3. Prevenir a la Secretaría Judicial para que se abstenga de incurrir en
nuevas omisiones o dilaciones que afecten el ejercicio de mis derechos como
denunciante y apelante. 4. Informar de manera oficial y por escrito el estado actual
del proceso y las razones de la demora, en aras de la transparencia y la confianza
pública en la administración de justicia.
6. Mediante auto del 26 de agosto de 2026, previo a asumir el conocimiento del
asunto, el despacho del magistrado ponente advirtió que los escritos reunían
cuestiones de distinta naturaleza, a saber: (i) la presunta mora de la autoridad
seccional, (ii) la fecha y comunicación del auto de terminación, (iii) el trámite de los
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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recursos, (iv) la entrega incompleta de providencias, y (v) reproches contra
magistrados y empleados no plenamente identificados. Por lo anterior, requirió a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que rendiera informe
completo y remitiera copia digitalizada del expediente 08001-25-02-000-2025-
00441-00/01.
7. A través de correo electrónico del 31 de agosto de 2026, allegado ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el señor Rave señaló:
HOY, 13 días después de haber remitido comunicación anterior, me permito reenviar
lo pertinente, reiterando que han transcurrido más de 2 meses y 15 días desde la
interposición del recurso de apelación a nivel central, sin que exista pronunciamiento
alguno por parte de esa Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La omisión
prolongada en resolver dicho recurso vulnera de manera directa mis derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
reconocidos por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia notificada a esa
Corporación. Resulta inadmisible que se dilate injustificadamente la resolución de la
apelación, más aún cuando se trata de una denuncia contra la jueza corrupta Zoila
del Carmen Giraldo Borge, cuya conducta ya fue cuestionada por instancias
superiores. La inactividad de esa Comisión Nacional se traduce en un blindaje
institucional a favor de la impunidad y en un desconocimiento flagrante de los
principios de celeridad y eficacia. Todo lo anterior con fines de dejar constancia y
advertir que, de persistir la inactividad, me veré obligado a entablar la respectiva
acción constitucional de tutela para la revisión de este caso.
8. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2026, mediante Oficio SJ 33132, el
Secretario Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico el requerimiento realizado a
través del auto del 26 de agosto de 2026.
9. Por otro lado, frente al ya referenciado proceso con radicado 08001-25-02-
000-2025-00441-00/01, se tiene que el recurso de apelación presentado por el
señor Rave contra el proveído del 30 de abril de 2026 proferido por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por medio del cual se decretó la
terminación anticipada del proceso adelantado contra la señora Zoila del Carmen,
se asignó el 17 de junio de 2025 también al despacho del magistrado Juan Carlos
Granados Becerra.
10. Así mismo, se observa que, por medio de auto del 27 de julio de 2026, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial le informó al señor Rave que el proceso en
mención se encontraba en turno para su resolución.
1.3. Sustento de la vulneración
11. La parte accionante señaló que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
ha tenido un actuar omisivo y dilatorio que configura una mora judicial injustificada,
con la cual se han vulnerado sus derechos fundamentales.
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12. Sostuvo que la demora de casi tres meses en el proceso disciplinario
contraviene lo dispuesto en los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política y
el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
13. Así mismo, señaló que el proceso disciplinario en el que es quejoso se rige
por la Ley 1952 de 2019, la cual impone plazos estrictos y perentorios que la
autoridad accionada no ha cumplido. De manera particular, indicó que el artículo
235 de la Ley 1952 de 2019 preceptúa que para proferir un fallo de segunda
instancia la autoridad cuenta con cuarenta días y que, en el proceso en cuestión,
han transcurrido casi noventa días desde el reparto del expediente, lo que supera
en más del doble el plazo máximo que la ley otorga.
14. De igual manera manifestó que, con dicha conducta, la autoridad judicial
accionada desconoció las sentencias T-165 de 2021, SU-179 de 2021, T-309 de
2023 y T-183 de 2024 de la Corte Constitucional en las que se indica que la mora
judicial resulta vulneradora de los derechos fundamentales cuando confluyen tres
requisitos que se encuentran acreditados en el presente caso: (i) inobservancia de
los términos legales, (ii) inexistencia de un motivo razonable o fuerza mayor, y (iii)
negligencia ante impulsos procesales.
15. Por último, concluyó que la inactividad sistemática de casi tres meses en el
trámite de un recurso de apelación no obedece al discurrir normal de un proceso,
sino a un «engavetamiento injustificado».
1.4. Intervenciones
16. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por considerar que no se cumplen sus
requisitos de procedencia y, subsidiariamente, que se nieguen las pretensiones.
17. Así, indicó que la afirmación de inactividad del accionante obedece a una
confusión entre dos actuaciones diferentes: (i) el radicado 11001-08-02-000-2026-
00673-00 asignado a la queja formulada contra magistrados de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, y (ii) el proceso 08001-25-02-000-
2025-00441-00/01 dentro del cual pretende hacer valer la apelación contra la
decisión que dispuso la terminación anticipada y archivo del proceso.
18. En cuanto al primero, señaló que se recibió y repartió la queja, se
incorporaron y examinaron los distintos asuntos y servidores involucrados y se
profirió el auto previo a asumir del 26 de agosto de 2026 que ordenó recaudar la
documentación que se consideró indispensable para adoptar una determinación
fundada y respetuosa de las competencias del procedimiento disciplinario.
19. Por lo anterior, señaló que el proceso permanece en trámite y que por parte
del despacho del magistrado ponente se han adelantado todas las actuaciones
necesarias para obtener y verificar la información del expediente de origen, de
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manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales del señor Rave.
20. Respecto del proceso con radicado 08001-25-02-000-2025-00441-00/01, la
autoridad judicial accionada indicó que el recurso de apelación que interpuso el
accionante contra el proveído del 30 de abril de 2026 se repartió también al
despacho del magistrado Juan Carlos Granados Becerra el 17 de junio de 2026 y
se encuentra en turno para su resolución, conforme a lo establecido en el artículo
18 de la Ley 446 de 19984.
21. Agregó que por medio de auto del 27 de julio de 2026 se le indicó al quejoso
que el proceso en cuestión se encontraba en turno para su resolución.
22. En ese contexto, concluyó que, como el recurso fue repartido al despacho
del magistrado ponente el 17 de junio de 2026, el lapso transcurrido no permite
concluir que se haya presentado una dilación injustificada ni una afectación del
derecho de acceso a la administración de justicia. Ello, por cuanto la actuación
continúa su trámite conforme al orden de ingreso de los asuntos al despacho y se
encuentra dentro de un plazo razonable.
23. A su vez, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico
solicitó la desvinculación del trámite de la acción constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de los hechos y pretensiones objeto de
la demanda, al no existir una conducta atribuible a esa colegiatura que haya
vulnerado o amenazado los derechos fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala negará el amparo deprecado por las razones que a continuación se
exponen.
2.1. Consideración metodológica previa
25. Si bien en el encabezado y en las pretensiones de la tutela la parte actora
adujo que la mora judicial se presenta en el proceso disciplinario con radicado
11001-08-02-000-2026-00673-00, del recuento fáctico realizado en el escrito de
tutela, del informe rendido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las
pruebas obrantes en el proceso, la Sala deduce que el accionante también reprocha
una presunta mora judicial de la misma autoridad en el proceso con radicado 08001-
25-02-000-2025-00441-00/01.
4 ARTÍCULO 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin
que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.
Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal
orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social […]
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26. En ese orden de ideas, metodológicamente se abordarán de manera
separada los cuestionamientos referentes a la mora judicial en cada uno de los
procesos disciplinarios.
2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
27. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, (ii) la inmediatez y, (iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo5.
28. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
29. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que el señor Jairo Alberto Rave Algarín está legitimado en
la causa por activa, ya que es el quejoso en los procesos disciplinarios en los cuales
presuntamente se ha presentado una mora judicial injustificada.
31. Por otra parte, se evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
está legitimada en la causa por pasiva, dado que adelanta el trámite de los procesos
disciplinarios en cuestión y es la autoridad judicial sobre la cual se predica la mora
judicial.
32. Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico solicitó su
desvinculación del proceso, por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva. Sin embargo, la Sala negará su solicitud en tanto que, en uno de los
procesos, emitió la decisión de primera instancia que se apeló y, en el otro, a sus
magistrados integrantes se les atribuyen conductas de carácter disciplinario, por lo
que los efectos de la presente providencia pueden resultar de su interés.
33. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que la
5 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
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acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental6.
34. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora alega la presunta mora judicial.
35. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales7: i) como mecanismo de
protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo8 y eficaz9 y, ii) como mecanismo de protección transitorio.
36. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que el
accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de
trámite de los procesos disciplinarios en los que funge como quejoso.
2.2.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial no incurrió en mora judicial
injustificada en el proceso disciplinario con radicado 11001-08-02-000-2026-
00673-00
37. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los casos en que: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»10.
38. En sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional explicó que, ante la
imposibilidad de dictar la providencia en el plazo previsto por el legislador, la
autoridad judicial está en la obligación de informar al interesado de «las medidas
utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho
judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna. Lo
anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal “tienen derecho a
conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el
6 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
7 Sentencia T-183 de 2024.
8 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
9 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
10 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179
de 2021.
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despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”11».
39. En ese sentido, la Sala considera que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no ha incurrido en mora judicial injustificada, ya que, ante la queja formulada
el 4 de junio de 2026 por el accionante contra los magistrados de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, se han adelantado las siguientes
actuaciones:
(i) El 17 de junio de 2026 se asignó como ponente dentro del proceso al
magistrado Juan Carlos Granados Becerra;
(ii) El 26 de agosto de 2026 se profirió auto previo a asumir conocimiento en
el que ordenó requerir a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Atlántico para que rindiera informe del trámite del proceso con radicado
08001-25-02-000-2025-00441-00/01 y allegara copia del expediente;
(iii) El 11 de septiembre de 2026 mediante Oficio SJ 33132 el Secretario
Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial el requerimiento realizado a
través del auto del 26 de agosto de 2026.
40. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la mora judicial solo
vulnera derechos fundamentales cuando existe un incumplimiento injustificado de
los términos legales por negligencia u omisión del funcionario, circunstancia que no
ocurre en este caso, pues se evidencia que la autoridad judicial accionada ha
adelantado actuaciones concretas en el proceso jurisdiccional disciplinario dentro
de un plazo razonable.
41. En vista de lo anterior, respecto del proceso disciplinario con radicado 11001-
08-02-000-2026-00673-00, la Sala negará el amparo debido a que no se encontró
configurada la mora judicial injustificada que haga procedente la intervención del
juez constitucional.
2.2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tampoco incurrió en mora
judicial injustificada en el proceso disciplinario con radicado 08001-25-02-000-
2025-00441-00/01
42. En cuanto a la presunta mora judicial injustificada de la autoridad judicial
accionada en el proceso disciplinario con radicado 08001-25-02-000-2025-00441-
00/01, la Sala advierte, de conformidad con la contestación de la tutela, que el
asunto se le remitió al despacho del magistrado ponente el 17 de junio de 2026 y
que el mismo se encuentra en turno para su resolución. Ello, atendiendo lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, según el cual es obligatorio para
los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda
alterarse.
11 Sentencia T-030 de 2005.
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43. Aunado a lo anterior, se observa que el actuar de la autoridad judicial no ha
sido negligente respecto del accionante. En efecto, a través de auto del 27 de julio
de 2026 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le informó al quejoso que el
proceso en mención se encontraba en turno para su resolución.
44. Respecto del citado mandato del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, en
sentencia C-248 de 1999 la Corte Constitucional concluyó que el sistema de turnos,
siempre y cuando el atraso judicial no supere el límite de lo que resulta
constitucionalmente tolerable en atención a las circunstancias del caso concreto,
responde a un criterio que es compatible con la Constitución:
La norma demandada establece una pauta en ese sentido al determinar que los
procesos serán fallados de acuerdo con el orden de ingreso al despacho para
sentencia. Este criterio -conocido como el de la cola o el de la fila- respeta de manera
general el derecho de igualdad, en la medida en que determina que los procesos
serán fallados de acuerdo con el orden de ingreso, sin atender a criterios de
clasificación sospechosos -tales como la condición social de las partes, la raza o el
sexo de las mismas, etc.- o a favoritismos inaceptables desde el punto de vista del
derecho de igualdad. Asimismo, el criterio es razonable porque fija como punto de
partida para la elaboración del orden en el que deben decidirse los casos el
momento de ingreso de los mismos al despacho para el fallo, es decir, el momento
en el que ya todos los procesos deben estar completos para proceder a dictar la
sentencia. En ese instante, los procesos deben contar con todos los elementos
necesarios para la emisión de la providencia y se encuentran, entonces, en una
situación similar, si bien evidentemente algunas sentencias requerirán más
elaboración que otras.
45. Por otro lado, se tiene que, entre la asignación del proceso al magistrado
ponente, esto es, el 17 de junio de 2026, y la fecha de interposición de la acción de
tutela, es decir, el 7 de septiembre de 2026, transcurrieron 54 días hábiles, mientras
que el artículo 234 de la Ley 1952 de 201912 preceptúa que el funcionario de
segunda instancia deberá decidir por escrito el recurso de apelación dentro de los
45 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Así, aunque
se superó el término legal, se trata de una dilación que no resulta desproporcionada,
considerando, además, el permanente volumen de procesos que se encuentran en
curso en los despachos judiciales dentro del sistema colombiano de administración
de justicia, y respecto de la cual, la autoridad accionada informó expresamente que
el proceso se encuentra en turno para su resolución.
46. En ese orden de ideas, esta Sección encuentra que el incumplimiento del
término procesal para dictar la providencia que resuelva el recurso de apelación
dentro del proceso jurisdiccional disciplinario se entiende justificado.
12 ARTÍCULO 234. Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda instancia deberá
decidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el proceso […]
9
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Accionante: Jairo Alberto Rave Algarín
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07205-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Jairo Alberto Rave Algarín,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia, en caso de que no sea
impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
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