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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07220-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07220-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00061-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07220-00 Actor: JESÚS ALIRIO URIBE SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-07220-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07220-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA
AUTORIDAD ACCIONADA PROFIRIÓ EL AUTO DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2026, MEDIANTE EL CUAL SE PRONUNCIÓ FRENTE
AL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR EL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1 y su SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JESÚS ALIRIO URIBE, actuando a través de apoderada

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07220-00
Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA y

su SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial,

por cuanto al parecer no se ha dado trámite y resuelto la solicitud de

nulidad que presentó el 15 de febrero de 2024 dentro del recurso

extraordinario de revisión identificado con el número único de

radicación 2018-01351-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 19 de septiembre de 2018 le correspondió por reparto

a la SECCIÓN SEGUNDA el recurso extraordinario de revisión

interpuesto por la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

PARAFISCALES2 (UGPP), contra la sentencia de 28 de febrero de

ese año, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

CAUCA3, el cual fue admitido mediante auto de 11 de marzo de

2020.

Señaló que el 15 de febrero de 2024 presentó incidente de nulidad

por indebida notificación del auto que decretó pruebas, no obstante,

a la fecha no ha sido resuelto.

2
En adelante UGPP.
3
En adelante TRIBUNAL.

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3

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Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

Manifestó que, dado el tiempo transcurrido desde la presentación del

recurso extraordinario de revisión, acudió de manera presencial a las

instalaciones de la SECRETARÍA de la SECCIÓN SEGUNDA con el

objeto de obtener información sobre su estado, no obstante, no

obtuvo respuesta ni tampoco de la nulidad que presentó.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor alegó que la mora judicial alegada no constituye una simple

inconformidad procesal, sino que compromete sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

“[…] 2.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Despacho del
Magistrado JOSÉ EDISON PORTOCARRERO BANGUERA que, dentro
del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la sentencia, proceda a continuar con el trámite del
recurso extraordinario de revisión presentado por la UGPP en contra
del señor JESUS ALIRIO URIBE […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA allegó un informe en el que plasmó

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4

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el recuento de las actuaciones surtidas dentro del recurso

extraordinario de revisión objeto de tutela.

I.5.2.- La UGPP solicitó se declare improcedente la presente acción

tutela, por cuanto no se evidencia vulneración de derecho

fundamental alguno y no es procedente utilizarla como una tercera

instancia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA, por

presunta mora judicial, por cuanto al parecer no se ha dado trámite

y resuelto la solicitud de nulidad que presentó el 15 de febrero de

2024 dentro del recurso extraordinario de revisión identificado con el

número único de radicación 2018-01351-00.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte

demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por el

actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro

del recurso extraordinario cuestionado, al no haberse dado trámite y

resuelto la solicitud de nulidad que presentó el 15 de febrero de 2024.

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”5 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional6 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora judicial,

para determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario

que concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

5
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
6
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

Al respecto, la Corte7 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora8. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”9.

13.5. En la providencia T-230 de 201310, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario

7
Ibidem.
8
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
9
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
10
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

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Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional11.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional12, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad13; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio14.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201615, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

11
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
12
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
13
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
14
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
15
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según la

información relacionada en la sede electrónica para la gestión judicial

SAMAI16, la SECCIÓN SEGUNDA profirió el auto el 10 de septiembre

de 2026, mediante el cual dio continuidad al proceso ordinario y se

pronunció sobre el incidente de nulidad allegado por el aquí actor,

como se observa a continuación.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias

fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201300
16

121004400123

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entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho

superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo,

la autoridad judicial accionada continuó el trámite del proceso y

profirió el auto de 10 de septiembre de 2026, mediante el cual decidió

la solicitud de nulidad presentada por el actor, en los siguientes

términos:

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Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de

amparo era que la parte demandada continuara con el trámite del

recurso extraordinario de revisión y resolviera el incidente de nulidad

que presentó el actor el 15 de febrero de 2024 contra la providencia

de 31 de enero de ese año que decretó pruebas, y dado que dicha

actuación fue surtida durante el trámite de la presente acción

constitucional, la Sala advierte que desaparecieron las circunstancias

fácticas que dieron lugar a la presunta vulneración, por lo que se

configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»17. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.

17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”18. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,

ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
18
Ibidem.

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a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”19.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto en la parte

motiva de esta providencia

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07220-00
Actor: JESÚS ALIRIO URIBE

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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