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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07254-00

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07254-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Margy Lorena Giraldo Toro contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el 16 Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022, la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación. 17 Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07254-00 artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07254-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-07254-00
Demandante: MARGY LORENA GIRALDO TORO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Temas: Tutela contra acto administrativo. Requisito de subsidiariedad.
Convocatoria 28 de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Margy Lorena Giraldo Toro, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a cargos
públicos y al desempeño de funciones públicas, al trabajo y al mérito, así como los
principios de buena fe y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la
Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, mediante la cual fue excluida de
la Convocatoria 28 de la Rama Judicial, en la cual se postuló al cargo de juez
promiscuo municipal, por no presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades que cumpliera con todos los presupuestos
exigidos.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora elevó las siguientes súplicas:

1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mérito
y acceso a cargos públicos.

1
El 8 de septiembre de 2026.

1
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07254-00

2. Dejar sin efectos, respecto de la suscrita Margy Lorena Giraldo Toro, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.118.291.341, la decisión contenida en la Resolución
CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 mediante la cual fui excluida de la
Convocatoria 28 por la causal 5, en lo que respecta única y exclusivamente a mi
exclusión de la MODALIDAD INGRESO - CONVOCATORIA 28 - FUNCIONARIOS
DE CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL para la plaza de JUEZ PROMISCUO
MUNICIPAL.

3. Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial incluirme nuevamente
dentro de la Convocatoria 28 y permitirme continuar en las etapas sucesivas del
concurso para proveer el cargo de Juez Promiscuo Municipal.

4. Ordenar a la entidad accionada efectuar una nueva verificación de mi inscripción
bajo criterios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

5. Ordenar las demás medidas que el despacho considere pertinentes para la
protección efectiva de mis derechos fundamentales.

6. Subsidiariamente, en caso de que el despacho considere que se requiere una
validación adicional, ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial
realizar una revisión integral de la documentación aportada por la accionante y
adoptar una decisión ajustada a los principios de buena fe, mérito y prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:

La señora Giraldo Toro relató que mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de
noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de
selección en las modalidades de ingreso y de ascenso, y se convocó al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Señaló que se inscribió para el cargo de juez promiscuo municipal y procedió a
cargar todos los soportes documentales de identificación, títulos académicos,
tarjeta profesional y certificaciones de experiencia laboral exigidas en la
convocatoria.

Narró que en la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial la incluyó en el anexo 2 - aspirantes
rechazados del concurso por la causal 5, consistente en «[n]o presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF».

1.4. Sustento de la petición

La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial transgredió sus derechos fundamentales al
excluirla de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial únicamente porque
presuntamente no aportó en PDF una declaración juramentada sobre ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades con las exigencias requeridas.

A su juicio, su exclusión del concurso constituye un exceso ritual manifiesto, toda
vez que durante la inscripción en el software CARJUD-APP ya manifestó bajo

2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

2
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Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
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gravedad de juramento el cumplimiento de los requisitos, incluida la inexistencia
de inhabilidades e incompatibilidades. Por ello, exigir adicionalmente un
documento PDF con esa declaración es una formalidad que no afecta
materialmente su idoneidad ni su mérito para participar.

En ese sentido, recalcó que su rechazo del proceso de selección resulta
desproporcionado, pues no se cuestionaron la formación académica, la
experiencia profesional o su capacidad, razón por la que debe prevalecer el
derecho sustancial sobre las formas y permitírsele continuar en el concurso para
que su mérito sea efectivamente evaluado.

Como respaldo de lo anterior, la actora invocó la sentencia STP5284-2023 de la
Corte Suprema de Justicia, por cuanto se analizó una situación semejante y se
advirtió que exigir rígidamente una declaración adicional en PDF podía constituir
un exceso ritual cuando la finalidad del requisito ya había sido satisfecha mediante
las manifestaciones realizadas dentro del sistema de inscripción.

Igualmente, la demandante hizo alusión a que es servidora pública desde el año
2020 de manera ininterrumpida al ostentar un cargo en carrera administrativa en la
Alcaldía de Cartago (Valle), condición que exige por ley la ausencia absoluta de
antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes, así como es de público
conocimiento y se puede consultar en los portales estatales correspondientes.

Finalmente, justificó la procedencia excepcional de la acción de tutela en que,
aunque existen medios de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estos no serían eficaces para evitar la afectación actual de sus
garantías constitucionales, dado que el concurso continúa avanzando mediante
etapas sucesivas y eliminatorias.

Además, destacó que en contra de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de
2026 no procede recurso alguno en sede administrativa, circunstancia que limita la
posibilidad de controvertir la decisión adoptada por la entidad accionada y hace
necesaria la intervención del juez constitucional para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante providencia del 10 de septiembre del año en curso, se admitió la acción
de tutela y se ordenó notificar esta decisión a la señora Giraldo Toro y como
demandados a la presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a la directora
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

De igual forma, se vinculó al representante legal de la Universidad Libre3 en
calidad de tercero con interés en las resultas del trámite y se ordenó notificar la
iniciación del presente asunto a los participantes de la Convocatoria 28 de la
Rama Judicial.4

3
Institución educativa que adelantó la verificación de los requisitos exigidos para participar en el
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
4
Para el efecto, se ordenó librar un oficio a la Unidad de Administración de Carrera Judicial para
que surtiera dicha comunicación a través de su página web, actuación que se surtió el 15 de
septiembre de 2026.

3
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Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
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Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Universidad Libre

Se opuso al amparo solicitado por la actora, con sustento en que su exclusión de
la Convocatoria 28 de la Rama Judicial obedeció al incumplimiento de un requisito
expresamente establecido en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, pues aunque
la participante cargó en el software CARJUD-APP una declaración de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades, «esta no estaba firmada», pese a que la
convocatoria lo exigía.

Explicó que la solicitud de verificación de la documentación constituía el
mecanismo dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 para que los
aspirantes no admitidos solicitaran la revisión de los escritos aportados
oportunamente y expusieran las inconformidades relacionadas con las razones
que dieron lugar a su inadmisión.

Puso de presente que dicha reclamación podía presentarse dentro de los tres días
siguientes a la notificación de la resolución y únicamente a través de la plataforma
CARJUD-APP. Además, aclaró que este mecanismo «no ostenta la naturaleza de
un recurso en sede administrativa» y tampoco permitía aportar, sustituir o
completar documentos de forma extemporánea, sino únicamente revisar
objetivamente la documentación presentada dentro del término de inscripción.

Informó que la señora Giraldo Toro no presentó la solicitud de revisión documental
dentro del plazo establecido, que para los resultados publicados mediante la
Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 se extendía hasta el 14 de
agosto de 2026. Por ello, la institución educativa consideró que la acción de tutela
es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial

En el memorial allegado puntualizó que la decisión de rechazar a la señora Giraldo
Toro de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial se ajustó a las reglas del
concurso, pues se exigía presentar, dentro del periodo de inscripción, la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
suscrita por la aspirante, escaneada y cargada en PDF.

Mencionó que, aunque la accionante aportó dicho documento, este no estaba
suscrito, lo que dio lugar a la causal de rechazo. Igualmente, señaló que la actora
disponía de tres días hábiles para solicitar mediante el software CARJUD-APP la
verificación de la documentación presentada, pero no acudió a ese mecanismo, el
cual servía para revisar lo aportado oportunamente y no para subsanar o
completar documentos posteriormente.

5
Mediante oficios enviados el 14 de septiembre de 2026 y aviso publicado en la página web del
Consejo de Estado el 15 de septiembre del año en curso.

4
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Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
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Agregó que no se vulneraron los derechos de la tutelante debido a que las reglas
del proceso de selección fueron establecidas previamente y eran aplicables por
igual a todos los participantes. Aunado a que la sentencia STP5284-2023 relativa
a la Convocatoria 27, no resulta directamente aplicable al presente caso debido a
las diferencias fácticas y normativas, entre estas que actualmente la obligación de
anexar la declaración está expresamente prevista en la legislación estatutaria.

Así, la entidad concluyó que la acción de tutela es improcedente por no superar el
presupuesto de la subsidiariedad, dado que la actora puede acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar medidas cautelares,
sin que haya acreditado la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales de la
actora con ocasión de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026,
mediante la cual fue excluida de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial, en la cual
se postuló al cargo de juez promiscuo municipal, por no presentar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades con los
presupuestos exigidos.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) requisito de subsidiariedad y iii) análisis del
caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece el precepto constitucional,
según el cual toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros

6
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

5
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mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.4. Requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determina que
«[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.7

La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

Por lo tanto, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

2.5. Caso concreto

La actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la
Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, toda vez
que fue excluida del concurso de méritos convocado para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial por no presentar al momento de la
inscripción la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades con el cumplimiento de todos los presupuestos exigidos.

Al respecto, en los informes rendidos por la entidad accionada y la Universidad
Libre coincidieron en señalar que la exclusión de la accionante se ajustó a las
reglas de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial, toda vez que la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades aportada en el
software CARJUD-APP no se encontraba firmada, pese a que este requisito
estaba expresamente previsto en la convocatoria.

Ahora bien, resulta oportuno precisar que el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de
noviembre de 2025, en su numeral 4.1 del artículo 6º, Fase I - Verificación de
requisitos, dispuso que la entidad accionada verificará el cumplimiento de los
requisitos mínimos para desempeñar el cargo respecto de quienes se inscribieron
7
«ARTÍCULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante».

6
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al concurso de ingreso y de ascenso.

Así, se estableció que esta etapa se decidiría mediante dos resoluciones, una por
cada modalidad de concurso, sobre la admisión o rechazo al concurso, indicando
la causal que dio lugar a la respectiva decisión. Además, se precisó que contra
tales actos no habría recurso en sede administrativa, según lo previsto en el
numeral tercero8 del artículo 164 de la Ley 270 de 19969, modificado por el
artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

No obstante, el acuerdo determinó que dentro de los tres días siguientes a la
notificación de las resoluciones expedidas, los aspirantes rechazados podrían
pedir la verificación de su documentación mediante escrito tramitado únicamente
en el software CARJUD-APP y cualquier solicitud extemporánea o enviada por un
medio diferente al indicado se entendería como no presentada, en los siguientes
términos:

Fase I. Verificación de requisitos

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos para desempeñar el
cargo de aspiración señalados en la presente convocatoria, respecto de quienes se
inscribieron al concurso de ingreso y de ascenso. Igualmente, verificará las
condiciones establecidas en el artículo 163 de la citada Ley Estatutaria para
participar en los concursos de ascenso.

La verificación de los requisitos se decidirá mediante dos resoluciones (una por
cada modalidad de concurso) sobre la admisión o rechazo al concurso, indicando la
causal o causales que dieron lugar a la decisión. Contra estas decisiones no habrá
recurso en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 164,
numeral tercero de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 81 de la Ley 2430
de 2024.

Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de las resoluciones
expedidas, los aspirantes rechazados podrán pedir la verificación de su
documentación, mediante escrito tramitado únicamente en el software
CARJUDAPP, dentro del citado término. Cualquier solicitud extemporánea o enviada
por un medio diferente al indicado en el acto administrativo, se entenderá como no
presentada.10

En este contexto, la sala advierte que no puede inmiscuirse en la discusión acá
señalada por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de un lado, porque la
actora disponía de la solicitud de verificación documental prevista en el Acuerdo
PCSJA25-12348 de 2025 para controvertir su inadmisión dentro de los tres días
siguientes a la notificación de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026.

Sin embargo, la tutelante no acudió a dicho mecanismo, según lo informado en las
contestaciones presentadas por las entidades vinculadas al presente asunto, sin
que expusiera algún argumento que justificara la falta de agotamiento del

8
«(...) 3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la
convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se
rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la actuación
administrativa. El aspirante deberá anexar la declaración de no hallarse incurso en causal de
inhabilidad o de incompatibilidad. La presentación de la hoja de vida y los anexos con motivo de la
inscripción se entenderá radicada bajo la gravedad de juramento. También deberá de autorizar el
tratamiento de sus datos personales con motivo de este proceso».
9
Estatutaria de la Administración de Justicia.
10
Destacado por la sala.

7
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instrumento que le hubiera permitido obtener un pronunciamiento por parte del
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial
respecto a su situación particular.

En otras palabras, dicho escenario era el adecuado para que la entidad accionada
revisara la decisión que, a juicio de la demandante, transgredió sus garantías
constitucionales, sin que la tutela pueda utilizarse para suplir tal mecanismo pues
una interpretación contraria llevaría a que esta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias de la autoridad competente para
resolver determinado asunto, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción.

Por otro lado, cabe indicar que, en criterio de la sala11, «(...) dentro de un concurso
de méritos se expiden actos definitivos y de trámite, siendo los primeros
demandables dada su naturaleza, como por ejemplo el acto que contiene la lista
de elegibles; por el contrario, los segundos no pueden ser enjuiciados, salvo que
siendo de trámite se tornen en definitivos12, como cuando impiden continuar la
actuación administrativa respecto de estos, como sería por ejemplo el acto que
contiene la lista de admitidos y rechazados».13

En este orden de ideas, la actora puede promover el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que determinó el legislador en el artículo 13814 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA) para debatir la legalidad del acto que le impidió
continuar en el concurso de méritos, proceso que resulta idóneo y eficaz para la
protección de los derechos que presuntamente fueron transgredidos.

Es más, la actora tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares de urgencia
para que se protejan de inmediato las garantías constitucionales que considera
vulneradas, pues el artículo 23415 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) permite al
juez adoptarlas desde la presentación de la demanda y sin notificar previamente a
la otra parte, cuando la urgencia del caso impide agotar el trámite establecido en
el artículo 233 ibídem para su decreto.

11
Sentencia de 2 de julio de 2020, rad. 2019-04731-00 (Principal), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Tesis reiterada en la sentencia de 2 de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2021-05942-01 y en la sentencia 25 de mayo de 2023, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2023-01640-00.
12
La Corte Constitucional en la sentencia SU-617 de 2013 estableció que la tutela procede de
manera excepcional frente a un acto de trámite cuando este puede «definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación administrativa» y ha sido «fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la
Constitución».
13
«Ahora bien, es cierto que los únicos actos susceptibles de la acción contenciosa administrativa
son los actos definitivos, es decir, que se excluyen los de trámite, pues estos se controlan
jurisdiccionalmente como parte integrante del acto definitivo y conjuntamente con éste, es decir de
aquel que cierra la actuación administrativa. No obstante, el que un acto sea definitivo, no depende
siempre de hallarse situación en el final del trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo
de la actuación administrativa claramente definido y que como tal pueda ser impugnado mediante
la acción de nulidad». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de marzo de 2012.
rad. 2010-00011-00-(0068-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
14
«ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño (...)».
15
«ARTÍCULO 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no
es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los
recursos a que haya lugar (...)».

8
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Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07254-00

Aunado a lo anterior y, teniendo en cuenta que en este caso solo procede la
acción de tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio de
salvaguarda de los derechos fundamentales, se verificó si existía la posible
configuración de un perjuicio irremediable que se pudiera evitar.

En lo referente al perjuicio irremediable es oportuno indicar que la Corte
Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño o afectación
cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que debe ser
invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su ocurrencia»16 y,
en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:

(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.17

En el caso particular, no se evidencia alguna de estas situaciones que permita
acceder al amparo de los derechos fundamentales invocados de manera urgente y
desconocer la solicitud de verificación de la documentación que tenía a su
alcance, así como el medio de control idóneo que puede promover para que se
resuelva la discusión acá planteada, el cual se insiste le permitirá obtener una
respuesta material y efectiva de la justicia.

La razón de ello obedece a que lo señalado por la tutelante tan solo evidencia
aspectos que justamente serán objeto del litigio en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no existe una premura que amerite la intervención
inmediata del juez constitucional para evitar la consumación de un menoscabo
irreparable con la adopción de alguna medida transitoria.

Así las cosas, la sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
por no cumplir el requisito de subsidiariedad debido a que este no es un
mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se pueda emplear
para suplir los mecanismos establecidos para resolver la controversia expuesta
por la actora, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró cuál puede ser
ese perjuicio irremediable que amerite la intervención de esta corporación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Margy Lorena Giraldo Toro contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el

16
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Margy Lorena Giraldo Toro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07254-00

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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