Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07270-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07270-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07270-00
Accionante: Juan Felipe Arcila Montoya
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial
Tema: Debido proceso, Trabajo, Buena fe, Confianza legítima.
Convocatoria 28 para proveer cargos de funcionarios judiciales.
DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Felipe Arcila
Montoya, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración
de Carrera Judicial.
ANTECEDENTES
El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, buena fe y confianza legítima, que considera vulnerados por la Resolución
CJR26-0497 que rechazó su participación en la Convocatoria 28 para proveer
cargos de funcionarios judiciales por no acreditar los requisitos.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 del
13 de noviembre de 2025, convocó un concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en las modalidades de ingreso y
ascenso. Manifestó que se inscribió dentro de los términos establecidos en la
modalidad de ingreso para el cargo de Juez Penal Municipal, cumpliendo los
requisitos previstos en el Acuerdo a través de la plataforma CARJUDAPP.
Que, mediante la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, se publicó el
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de Administración Judicial de Bogotá,
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listado de aspirantes admitidos y rechazados, y advirtió que había sido rechazadoy Amazonas
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por las causales 2 y 4, correspondientes al incumplimiento de los requisitos mínimos
de experiencia y formación exigidos para el cargo.
Expresó que, el rechazo «no cuestionó la capacidad para aspirar al cargo de Juez
Penal Municipal, siendo rechazado exclusivamente por requisitos de acreditación
de experiencia y título profesional», pues su hoja de vida demuestra que cuenta con
más de trece años de experiencia y con formación académica de especialización y
maestría en el área del derecho penal.
Aseguró que situaciones similares ya habían sido analizadas en la sentencia de
tutela STP5284 de 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la que se estableció que la aplicación rígida de los requisitos podía
constituir un exceso ritual manifiesto y vulnerar el derecho fundamental al debido
proceso.
Dijo que su exclusión le impide continuar en las etapas de la convocatoria, por lo
que se vulneran de manera actual y directa sus derechos fundamentales, máxime
cuando contra la resolución que dispuso su rechazo no procede recurso alguno,
circunstancia que hace procedente la intervención del juez constitucional.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la decisión de
rechazo de la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 y se ordene a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
que lo incluya nuevamente en la Convocatoria y realice una nueva verificación de
su inscripción bajo la prevalencia del derecho sustancial.
Subsidiariamente, solicita que se realice una validación adicional y revisión integral
de la documentación aportada.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 10 de septiembre de 2026 y se corrió el traslado
por el término de 2 días a la accionada para rendir el informe.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura negó haber vulnerado los derechos con la expedición de la Resolución
CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, porque esta se limita a dar la continuidad a
la convocatoria en sus diferentes etapas.
Dijo que, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 164 de la Ley 270 de
1996, se expidió el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, mediante el cual inició la
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Cundinamarca
convocatoria para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial en lasy Amazonas
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modalidades de ingreso y ascenso y que dicho acto administrativo goza de
presunción de legalidad y que no ha sido suspendido ni anulado por la jurisdicción
competente, razón por la cual las reglas allí contempladas se encuentran vigentes
y producen plenos efectos jurídicos.
Afirmó que el rechazo ocurrió dentro de la primera fase de verificación de requisitos,
en la cual, si bien no procedía recurso alguno en sede administrativa contra la
resolución que dispuso la exclusión, los aspirantes contaban con un término de tres
días para solicitar «(...) la verificación de su documentación, mediante escrito
tramitado únicamente a través del software CARJUDAPP» y que el accionante no
realizó dicho trámite, por lo que no resultaba procedente pretender posteriormente,
por vía constitucional, una nueva verificación de su documentación.
Lo anterior, por cuanto la decisión de excluirlo fue adoptada con fundamento en los
documentos cargados por este en el aplicativo y de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81
de la Ley 2430 de 2024.
Sostuvo que era incorrecto afirmar que no existían otros mecanismos de defensa
ordinarios y que, aun cuando la solicitud de verificación no constituía un recurso, sí
representaba la oportunidad prevista para solicitar la revisión de su situación
particular, máxime cuando afirmaba cumplir con los requisitos de experiencia y
formación académica exigidos para el cargo.
Esgrimió las razones por las cuales considera que resultaba inaplicable la Sentencia
STP5284 de 2023, destacando principalmente las diferencias sustanciales
existentes entre las fases de las Convocatorias 27 y 28 y los procedimientos de
verificación de requisitos. Agregó que, en todo caso, la aceptación de los términos
de servicio de CARJUDAPP no equivalía a una declaración específica sobre la
inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades.
Finalmente, señaló que, dada la naturaleza excepcional, subsidiaria y residual de la
acción de tutela, para su presentación no se habían agotado los mecanismos
ordinarios de defensa. Añadió que, tratándose de un acto administrativo, este puede
ser controvertido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que el
avance de las etapas del concurso se traduzca automáticamente en la ineficacia del
medio ordinario de defensa ni en la configuración de un perjuicio irremediable.
Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o que, en caso de
efectuarse un estudio de fondo, se negaran las pretensiones, por cuanto no se había
afectado, desconocido, amenazado ni vulnerado derecho fundamental alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
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A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
tutela para controvertir actos administrativos expedidos dentro de un concurso de
mérito y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos
expedidos dentro de un concurso de mérito
Como regla general, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos fundamentales
producto de la expedición de un acto administrativo, pues debe acudirse a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo utilizando los medios de control
establecidos en la Ley 1437 de 2011, con la posibilidad de solicitar medidas
cautelares conforme el artículo 229 del CPACA.
Sin perjuicio de lo anterior, estableció tres excepciones a la regla general, cuando
se trata específicamente de los concursos de mérito. Así lo expresó en la sentencia
SU-067 de 2022:
«Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones
administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial
que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)
configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo.»
Así, en desarrollo de un concurso de méritos como la Convocatoria 28, pueden
proferirse actos administrativos definitivos y de trámite, que según la Corte
Constitucional encuentran sus diferencias en que:
«los actos administrativos definitivos son aquellos que deciden “directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”,
es decir, a través de estos actos la Administración crea, modifica o extingue
situaciones jurídicas. Por su parte, los actos de trámite son aquellos en los
que no existe una manifestación explícita de voluntad por parte de aquella,
sino que se consideran como actuaciones preparatorias para una decisión
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futura.» 1 Cundinamarca y Amazonas
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También, en el marco de los concursos de mérito, se ha entendido que la mayoría
de los actos administrativos que se profieren son de trámite, sin que esto signifique
que en esos casos proceda de forma automática la tutela, pues solo lo hace cuando:
«… el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial
y sustancial dentro de la actuación administrativa”. Esto ocurre, por ejemplo,
con el acto que modifica, altera o suprime la realización de una etapa o fase
del concurso y que tiene efectos sobre la totalidad de los concursantes. En
estos casos, la acción de tutela se erige como el mecanismo procedente, en
la medida en que no existe un medio judicial ordinario.»
Específicamente, frente a los actos administrativos de trámite que excluyen
participantes del concurso, dijo que no resulta procedente la tutela, pues como
resuelven una situación jurídica individual, el mecanismo idóneo es la nulidad y
restablecimiento del derecho:
«Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que, en
lo relativo a la discusión específica relacionada con los actos administrativos de
trámite dictados en el marco de concursos públicos, —en particular, aquellos que
definen situaciones jurídicas individuales, como sucede con la exclusión de un
participante—, la acción idónea y eficaz para controvertirlos es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.»
Es por ello que, no basta la simple enunciación o descripción de presuntas
vulneraciones, para adentrarse de fondo en el estudio de la acción, pues ante el
carácter subsidiario de la tutela, debe verificarse que no existan mecanismos para
demandar la protección del derecho fundamental o que, de existir, se hayan
agotado. Igualmente, que no se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
Análisis del caso concreto
El accionante afirma que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos enunciados al rechazarlo en
la etapa de verificación de requisitos de la convocatoria 28 para cargos de
funcionarios de la rama judicial, con fundamento en que no acreditaba la experiencia
ni los requisitos académicos para el empleo de Juez Penal Municipal.
Dicha convocatoria tiene su origen en el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de
noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual además de
verterse todo el contenido general y específico relacionado con el concurso de
méritos, dispone en su artículo 4 las etapas y fases.
Particularmente, señaló que la Convocatoria comprendería 2 etapas: (i) la de
selección y, (ii) la de clasificación. La primera de ellas además estaría compuesta
1 Corte Constitucional. Sentencia T-008 de 2026
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por 3 fases, a saber, (i) la de verificación de requisitos, (ii) la de la prueba dey Amazonas
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conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y, (iii) la del curso de
formación judicial inicial.
Sobre la primera fase, relacionada con la verificación de requisitos, el Acuerdo
contempla lo siguiente:
«La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos para desempeñar el
cargo de aspiración señalados en la presente convocatoria, respecto de quienes se
inscribieron al concurso de ingreso y de ascenso.
Igualmente, verificará las condiciones establecidas en el artículo 163 de la citada
Ley Estatutaria para participar en los concursos de ascenso. La verificación de los
requisitos se decidirá mediante dos resoluciones (una por cada modalidad de
concurso) sobre la admisión o rechazo al concurso, indicando la causal o
causales que dieron lugar a la decisión. Contra estas decisiones no habrá recurso
en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 164,
numeral tercero de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 81 de la Ley 2430
de 2024.
Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de las resoluciones
expedidas, los aspirantes rechazados podrán pedir la verificación de su
documentación, mediante escrito tramitado únicamente en el software
CARJUDAPP, dentro del citado término. Cualquier solicitud extemporánea o
enviada por un medio diferente al indicado en el acto administrativo, se entenderá
como no presentada.» (Negrillas del Despacho)
Es por lo anterior, que el Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de las
etapas y fases del concurso, expidió las Resoluciones CJR26-0496 y CJR26-0497
del 3 de agosto de 2026, donde se decidió la admisión o rechazo de los
participantes, en las modalidades de ascenso e ingreso público y abierto
respectivamente.
El accionante fue incluido en el anexo de la Resolución CJR26-0497, en calidad de
rechazado, por las causales 2 y 4, referidas a la falta de acreditación de los
requisitos mínimos de formación y experiencia.
Efectuadas las precisiones anteriores, debe señalar la Subsección que no es posible
entrar a estudiar de fondo las pretensiones del actor, al no encontrarse acreditado
el requisito de subsidiariedad.
Lo anterior, porque, aunque el accionante pretende que se le permita continuar en
la convocatoria bajo el argumento de que los motivos de exclusión que dieron lugar
a su rechazo no se corresponden con la realidad, lo cierto es que no se evidencia
que hubiera planteado tales inconformidades ante la autoridad encargada del
concurso dentro de la oportunidad prevista para ello; esto es, dentro de los tres (3)
días siguientes a la publicación de las resoluciones, término durante el cual podía
solicitar la verificación de la documentación aportada, tal como lo dispone el artículo
4.1 del Acuerdo PCSJA25-12348.
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Tampoco se encuentra acreditado un perjuicio irremediable que haga procedente
de manera transitoria la acción de tutela, pues del escrito presentado y sus anexos,
no se evidencia prueba alguna que diera cuenta de una situación excepcional que
haga procedente tener por superado el requisito de subsidiariedad y habilite la
intervención de juez constitucional.
En este orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la acción, al no
encontrarse acreditado el requisito de subsidiariedad ni la existencia de un perjuicio
irremediable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Felipe Arcila Montoya, en contra del Consejo Superior de la Judicatura -Unidad
de Administración de Carrera Judicial, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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