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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07524-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-07524-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07524-00 Actora: ANGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-07524-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07524-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ÁNGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ÁNGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

1
En adelante, SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07524-00
Actora: ANGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo

y a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN

SEGUNDA, al haber proferido la providencia de 19 de junio de 2026

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2019-00948-01.

I.2.- Hechos

Indicó que estuvo vinculada a la SUBRED INTEGRADA DE

SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.2 mediante

contratos de prestación de servicios ejecutados desde el 1o. de

diciembre de 2012 hasta el 9 de septiembre de 2018.

Sostuvo que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra SUBRED, con el fin de

que se dejaran sin efecto los actos administrativos mediante los

cuales se negó su reclamación y, en consecuencia, se reconociera la

existencia de una verdadera relación laboral y el pago de las

prestaciones sociales dejadas de percibir.

2
En adelante, SUBRED.

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Actora: ANGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA

Manifestó que el referido proceso fue identificado con el número de

radicación 2019-00948-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que, mediante

providencia de 21 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones de

la demanda al encontrar demostrados los tres elementos

constitutivos del contrato de trabajo.

Señaló que, al igual que la parte demandada, interpusieron recursos

de apelación, los cuales fueron desatados por la SECCIÓN

SEGUNDA que, mediante sentencia de 19 de junio de 2026, revocó

la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la

demanda, por considerar que no se encontraba acreditado que

hubiera ejecutado sus contratos bajo continuada subordinación.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto

fáctico, dado que omitió realizar una valoración de la prueba de

forma conjunta, lo que desembocó en el desconocimiento de la

3
En adelante, TRIBUNAL.

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Actora: ANGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA

existencia del elemento de la subordinación.

Adujo que los testimonios rendidos por las señoras YINETH

CAMACHO SUÁREZ y NAYDU PEÑALOZA ROJAS, demostraban

que las actividades desarrolladas eran las del cargo de profesional en

el área de Talento Humano, debía cumplir un horario establecido por

el Hospital y presentar excusas en caso de no cumplir el mismo, entre

otras, lo que evidencia que el juez de segunda instancia dejó de

valorar con fundamento en la sana crítica el material probatorio

aportado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó el amparo de sus

derechos fundamentales invocados como violados y, en

consecuencia:

“[…] 2. Solicito comedidamente a la Alta Magistratura, que,
como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales
mencionados en el numeral primero de las peticiones, se sirva
ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”,
subsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia
al valorar caprichosamente las pruebas allegadas al proceso que
lo conllevan a desconocer la existencia del vínculo laboral que
claramente se presenta en el caso tratado.

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3. Solicito respetuosamente se ordene por razones de economía
procesal y de manera definitiva; REVOCAR el numeral primero
del fallo de segunda instancia proferido por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, CONSEJERO PONENTE:
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO, el 19 de junio de 2026,
notificado el 02 de julio de 2026, dentro del Proceso No. 25000-
23-42-000-2019-00948-01, y en su lugar se CONFIRME la
sentencia de primera instancia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A”, HONORABLE MAGISTRADO: NÉSTOR JAVIER
CALVO, el 21 de octubre de 2021, reconociendo la existencia de
una relación de carácter laboral […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA informó que no se advierte que la

providencia cuestionada hubiera desconocido pruebas determinantes

para resolver el proceso ni que la valoración efectuada resultara

arbitraria, por lo que lo pretendido por la actora es reabrir la

discusión probatoria resuelta por el juez natural del asunto.

En ese orden de ideas, solicitó que se deniegue el amparo solicitado.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó ser desvinculado del presente trámite

constitucional, toda vez que no tiene ninguna injerencia para

responder en torno a una presunta vulneración de los derechos

fundamentales alegados.

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Actora: ANGELA MARÍA CAMPOS ABAUNZA

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el TRIBUNAL solicitó ser desvinculado de la

presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

4
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el

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responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el

TRIBUNAL conoció en primera instancia del medio de control objeto

de debate, le asiste interés en las resultas del proceso, razón por la

que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 19 de junio de 2026, proferida por

la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00948-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la

seguridad social, habida cuenta que, a juicio de la actora, incurrió en

el defecto fáctico al realizar una indebida valoración probatoria que

demostraba la continuada subordinación.

Precisado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en

el defecto alegado.

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202215, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un

15
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o

recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)

preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es

que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo se tratara de una instancia

adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la

accionante se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

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accionada valoró indebidamente los testimonios y documentos

relevantes, que evidenciaban la existencia de una verdadera relación

laboral entre las partes.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, en la

sentencia de 19 de junio de 2026, aquí cuestionada, concluyó lo

siguiente:

“[…] Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida
por el Tribunal incurrió en los yerros planteados por ambas
partes. Para tal efecto, se analizará si la actora acreditó la
existencia de subordinación continuada durante la ejecución de
los contratos de prestación de servicios. En caso afirmativo, se
definirá lo correspondiente a la prescripción extintiva trienal y la
necesidad de ordenar el cumplimiento del fallo en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.

Análisis del problema jurídico

22. La Sala considera que la actora no acreditó la continuada
subordinación durante los períodos en que se desempeñó como
psicóloga en la entidad accionada en el marco de los contratos
suscritos con esta última, de acuerdo con los argumentos que
más adelante se desarrollan. Por consiguiente, se revocará la
sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

[…]

En el caso concreto, la presencia de la demandante en las

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instalaciones de la ESE, durante la jornada ordinaria del personal
de planta, resultaba comprensible. Sus obligaciones
contractuales comprendían actividades de bienestar laboral
dirigidas a los servidores de la entidad, propósito que
difícilmente podía cumplirse en horarios o sedes ajenos a
aquellos en los que dicho personal desarrollaba sus funciones.
Con esa misma lógica razonó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en la sentencia de unificación del 18 de
noviembre de 2003, al examinar actividades de aseo y
cafetería16.

38. Si bien la demandante allegó las circulares 019 del 20 de
octubre de 2017 y 002 del 2 de febrero de 2018, expedidas por
la gerente de la ESE accionada, mediante las cuales se
autorizaron días de descanso en Semana Santa y fin de año
previa compensación del tiempo, tales actos estaban dirigidos a
subgerentes, directores, jefes de oficinas, empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal de planta de la entidad,
condiciones que no tenía la actora, cuya vinculación se
instrumentó mediante contratos de prestación de servicios.

39. Por ello, la compensación de horas realizada por la
demandante en noviembre y diciembre de 2017, así como en
febrero y marzo de 2018, no demuestra que estuviera sometida
a dichas circulares. Antes bien, refleja un acuerdo de
coordinación con el supervisor contractual, orientado a conciliar
el disfrute de días especiales con el cumplimiento del objeto
pactado.

40. En este escenario, la continuada subordinación exigía
demostrar que la entidad contratante definía de manera
permanente la forma en que la actora debía ejecutar sus
actividades, en aspectos como el tiempo, el modo, el lugar o la

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de noviembre de 2003,
expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01. En dicha providencia se indicó lo siguiente:
«Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la
de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance
para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas
ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma
como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas
encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los
empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede
afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se
encuentra presente el personal de planta.
En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la
entidad, basada en las cláusulas contractuales».

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cantidad de trabajo. Esa prueba no obra en el expediente.

41. Las testigos también indicaron que la demandante recibía
instrucciones relacionadas con la asistencia a comités, la
participación en ciertas actividades, el acompañamiento ante el
fallecimiento de colaboradores o familiares y el manejo de
agendas de trabajo. No obstante, tales circunstancias no
acreditan que la entidad determinara materialmente la forma en
que la contratista debía cumplir sus obligaciones profesionales.
Por el contrario, corresponden a manifestaciones de dirección
general, coordinación y verificación de la ejecución contractual,
en los términos del numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de
1993.

42. La Sala observa, además, que las actividades desarrolladas
por la demandante exigían un componente técnico y profesional
relevante. En efecto, las labores relacionadas con los procesos
de selección y evaluación de personal, la realización de
entrevistas, el desarrollo de programas de bienestar laboral, la
ejecución de capacitaciones y el acompañamiento a los
servidores de la entidad requerían la aplicación de conocimientos
propios de la profesión de psicología. Ninguno de los medios de
prueba permite concluir que la entidad hubiera sustituido ese
criterio profesional mediante instrucciones permanentes acerca
de la forma específica en que debían ejecutarse tales
actividades. Por el contrario, las pruebas muestran que la
coordinación recaía sobre los objetivos institucionales, los
cronogramas y la articulación de las actividades con las
diferentes dependencias de la ESE, sin que se acreditara una
injerencia continua de la entidad en los aspectos técnicos propios
del servicio contratado.

43. Tampoco se acreditó que la demandante hubiera estado
imposibilitada para organizar la ejecución material de las
actividades a su cargo. Aunque debía atender programaciones
institucionales y participar en reuniones o comités, no obra
prueba de que la entidad definiera el contenido de las
capacitaciones, los criterios técnicos de las evaluaciones, las
metodologías de intervención o los instrumentos profesionales
utilizados en el desarrollo de sus funciones. La ausencia de ese
tipo de direccionamiento constituye un elemento relevante para
descartar la existencia de continuada subordinación.

44. A ello se suma que la propia demandante manifestó que, en
determinadas oportunidades, debía extender su jornada hasta

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altas horas de la noche para culminar actividades relacionadas
con los programas a su cargo. Sin embargo, no afirmó que tales
jornadas obedecieran a órdenes concretas impartidas por la
entidad ni que hubieran sido objeto de control o imposición por
parte de sus superiores. Antes bien, esa circunstancia evidencia
que la ejecución de las actividades dependía, en buena medida,
de la gestión y organización que ella misma realizaba para
alcanzar los resultados contractualmente previstos.

45. Aunque la señora Yineth Camacho Suárez señaló que la
demandante podía recibir llamados de atención si no cumplía los
horarios y las actividades programadas, esa afirmación se
formuló en términos hipotéticos y no corresponde a un hecho
concreto constatado en el proceso. Además, la propia actora
manifestó que nunca recibió llamados de atención escritos, sino
únicamente «regaños normales» de sus superiores, expresión
que no permite inferir, sin otros elementos de corroboración, el
ejercicio de potestades disciplinarias o correctivas propias de
una relación de trabajo dependiente.

46. En el expediente tampoco obran memorandos, sanciones,
evaluaciones de desempeño, investigaciones disciplinarias ni
actos correctivos dirigidos contra la demandante. La ausencia de
esos elementos impide concluir que la entidad hubiera ejercido
sobre ella un poder subordinante distinto de las facultades de
supervisión, coordinación y seguimiento propias de la
contratación estatal.

47. Por otro lado, el Tribunal hizo énfasis en que la actora
desarrollaba actividades relacionadas con el funcionamiento de
la ESE demandada. Sin embargo, esa circunstancia no resulta
suficiente para acreditar la continuada subordinación, pues el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza la
celebración de contratos de prestación de servicios para
desarrollar actividades vinculadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. La relación de las tareas con la
actividad institucional puede explicar la necesidad del servicio,
pero no sustituye la prueba del poder permanente de dirección.

48. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la
demanda, dado que la parte actora no cumplió la carga de
demostrar la continuada subordinación ni, por consiguiente, la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
[…]”.

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De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte

que la SECCIÓN SEGUNDA determinó que la actora no acreditó la

continuada subordinación durante los períodos en que se desempeñó

como psicóloga en la SUBRED, razón por la que revocó lo dispuesto

por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al

considerar que no se desnaturalizaron los contratos de prestación de

servicios ejecutados por la demandante.

Sumado a ello, indicó que la presencia de la actora en las

instalaciones de la entidad durante la jornada ordinaria resultaba

comprensible y justificada por la naturaleza de sus obligaciones

contractuales, las cuales consistían en actividades de bienestar

laboral dirigidas al personal de planta, propósito que difícilmente

podía cumplirse en horarios o sedes ajenas a aquellas en los que

estos últimos servidores desarrollaban sus funciones.

La autoridad judicial accionada desestimó el valor probatorio de las

circulares que autorizaban días de descanso previo tiempo de

compensación, resaltando que dichos actos estaban dirigidos

exclusivamente al personal de planta y no a la actora, por lo que bajo

esa lógica, consideró que la compensación de horas realizada por

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esta no demostraba su sujeción a las directrices de la entidad allí

demandada, sino que reflejaba un acuerdo de coordinación con el

supervisor contractual para conciliar el disfrute de días especiales con

el objeto pactado.

Más adelante, la SECCIÓN SEGUNDA al resolver los reproches

sobre la ejecución material de las funciones, consideró que las

instrucciones recibidas por la demandante relativas a la asistencia a

comités, manejo de agendas y participación en actividades

institucionales, no acreditaban una determinación material sobre la

forma de cumplir sus obligaciones, pues, por el contrario, calificó

estas circunstancias como manifestaciones de dirección general,

coordinación y verificación de la ejecución contractual en los términos

establecidos en la Ley 80 de 28 de octubre de 199317, las cuales no

sustituían el criterio técnico y profesional de aquella como psicóloga.

En efecto, resaltó que la ausencia de un direccionamiento

permanente sobre el contenido de las capacitaciones, los criterios de

las evaluaciones o las metodologías de intervención descartaba la

17
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

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existencia de una continuada subordinación. Asimismo, frente al

argumento de la actora de extender su jornada hasta altas horas de

la noche, la autoridad judicial accionada afirmó que ello evidenciaba

la gestión y organización que esta misma realizaba para alcanzar los

resultados previstos, mas no una orden o control por parte de sus

superiores.

Finalmente, desestimó los testimonios aportados por formularse en

términos hipotéticos y concluyó que las expresiones sobre regaños

normales no permitían inferir un poder correctivo, de tal forma

enfatizó que en el expediente ordinario no obraban memorandos,

sanciones ni evaluaciones de desempeño, por lo que la relación del

servicio con el funcionamiento de la entidad allí demandada no

resultaba suficiente para sustituir la carga de demostrar el poder

permanente de dirección.

En consecuencia, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida

en la providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios,

sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a la normativa

dispuesta para el asunto y el material probatorio obrante en el

expediente ordinario. Situación distinta es que la actora no comparta

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la tesis allí dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no

significa que la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con

la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, la

SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a su consideración.

Así las cosas, la Sala advierte que lo pretendido es controvertir la

valoración de las pruebas y las conclusiones a las que arribó el juez

natural frente a la existencia de los elementos de la relación laboral,

aspecto que corresponde al ámbito propio de la jurisdicción ordinaria

y no puede ser reexaminado mediante la acción de tutela como una

instancia adicional del proceso ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

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competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez constitucional, quien no puede desconocer

la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

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ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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