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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07614-00

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07614-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el DEPARTAMENTO y LA FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-07614-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., primero (1o.) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07614-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MILEIDIS DEL CARMEN TAMAYO DÍAZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MILEIDIS DEL CARMEN TAMAYO DÍAZ, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante, el TRIBUNAL.

2

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Actora: MILEIDIS DEL CARMEN TAMAYO DÍAZ

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a

los principios pro homine y prevalencia del derecho sustancial sobre

el formal, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber

proferido la providencia de 20 de marzo de 2026 dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 05001-33-33-028-2024-00023-01.

I.2.- Hechos

Indicó que mediante petición de 23 de septiembre de 2022 solicitó el

reconocimiento de sus cesantías a través del Sistema Humano en

Línea, las cuales le fueron reconocidas por la Secretaría de Educación

del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA2 mediante la Resolución

núm. ANTIOR2023000087 de 1o. de febrero de 2023, no obstante,

LA FIDUPREVISORA S.A.3 desembolsó los recursos solamente

hasta el 17 de febrero de ese mismo año.

Sostuvo que el 9 de agosto de 2023, presentó reclamación

administrativa ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL4

2
En adelante, el DEPARTAMENTO.
3
En adelante, la FIDUPREVISORA.
4
En adelante, el MINISTERIO.

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• FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO (FOMAG)5, el DEPARTAMENTO y la

FIDUPREVISORA, con el objeto de obtener el reconocimiento de la

sanción moratoria prevista en las leyes 1071 de 31 de julio de 20066

y 1955 de 25 de mayo de 20197, la cual fue resuelta de manera

desfavorable por la entidad territorial mediante Oficio núm.

ANT2023ER035849 - ANT2023EE024148 de 24 de agosto de 2023,

mientras que el fondo guardó silencio, decisiones contra las cuales

presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 2024-00023-00 y le correspondió en primera instancia

al JUZGADO TREINTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN8 que, mediante sentencia de 18 de

diciembre de 2024, accedió a las súplicas de la demanda.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el DEPARTAMENTO

interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el

5
En adelante, el FOMAG.
6
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
7
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”.
8
En adelante, el JUZGADO.

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TRIBUNAL que, mediante providencia de 20 de marzo de 2026,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

de la demanda, al considerar que el pago se realizó dentro del

término legal de 70 días hábiles que vencía el 31 de marzo de 2023,

por lo que no se generó mora alguna a cargo de las entidades allí

demandadas.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto fáctico, toda vez que pese a que la constancia generada

por el Sistema Humano en Línea registra que solicitó y cargó la

documentación requerida para el reconocimiento de las cesantías el

23 de septiembre de 2022, el TRIBUNAL consideró que dicha

gestión se hizo de manera completa hasta el 21 de diciembre de ese

año, lo cual no guarda correspondencia con lo probado en el proceso.

Afirmó que la decisión cuestionada también incurrió en el defecto

material o sustantivo, por cuanto el TRIBUNAL “[…] interpretó

erradamente el marco normativo que regula el procedimiento del

reconocimiento y pago de las cesantías, en la medida que condicionó

el inicio de la actuación administrativa a una etapa posterior a la de

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presentación de la reclamación de las cesantías a través del aplicativo

Humano en Línea, evidenciándose así un análisis del debate jurídico

abiertamente infundado y gravoso para la parte actora al cargarle el

cumplimiento de etapas que son propias de la administración como

la validación de la documentación y el estudio de fondo para verificar

si la administración incurrió en mora en el trámite del reconocimiento

y pago de las cesantías y, así determinar si configuró o no la sanción

moratoria […]”.

Agregó que la autoridad judicial concluyó que el trámite

administrativo se inició cuando el DEPARTAMENTO procedió al

estudio de la prestación económica reclamada, es decir, el 21 de

diciembre de 2022, por lo que realizó a partir de esa fecha el conteo

de los términos previstos en la ley y no tuvo en cuenta en la que

formalmente se presentó la reclamación.

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, en sentencia del 20 de marzo de 2026 proferida
dentro del medio de control identificado con No. 05001-33-33-
028-2024-00023-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO
HOMINE de la señora MILEIDIS DEL CARMEN TAMAYO

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DÍAZ, al haber adoptado una decisión que se aparta de los
principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y
del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se
profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr
el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante
y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que
reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo
definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y
pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag […]”
(Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que se remite a lo expuesto en los

fundamentos de la sentencia cuestionada y que está presto a acatar

lo que se disponga en la presente acción de tutela. Asimismo, envió

el link del expediente digital contentivo del medio de control de

nulidad y restablecimiento objeto de estudio.

I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de

análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO solicitó declarar improcedente el

amparo por no cumplir con el requisito general de la relevancia

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constitucional, debido a que los cuestionamientos formulados por la

accionante buscan reabrir una controversia de naturaleza probatoria

y legal debidamente definida por el juez natural, sin acreditar una

cuestión constitucional autónoma que habilite la intervención

excepcional del juez de tutela. Por último, a través de su Secretaría

de Educación, pidió ser desvinculado.

I.5.4.- La FIDUPREVISORA solicitó declarar improcedente la

presente acción de tutela y, además, ser desvinculada del presente

trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en

cuenta que no existe nexo de causalidad entre ella y la presunta

vulneración de los derechos alegados.

I.5.5.- El MINISTERIO solicitó declarar improcedente el amparo por

falta de relevancia constitucional, pues no se evidencia vulneración

alguna de los derechos fundamentales invocados y lo pretendido por

la actora es convertir la acción de tutela en una tercera instancia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA y el DEPARTAMENTO

solicitaron ser desvinculadas del presente trámite por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

9
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre otros, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que dichas autoridades fungieron como parte

demandada dentro del medio de control objeto del presente estudio,

como terceros, les asiste interés en la decisión de la acción

constitucional de la referencia, razón por la que la Sala denegará sus

solicitudes de desvinculación y así se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo

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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 20 de marzo de 2026 proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00023-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los

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principios pro homine y prevalencia del derecho sustancial sobre el

formal, toda vez que, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y

sustantivo debido a que interpretó erradamente el marco normativo

que regula el procedimiento del reconocimiento y pago de las

cesantías, pues el TRIBUNAL concluyó que el trámite administrativo

se inició cuando el DEPARTAMENTO procedió al estudio de la

prestación económica reclamada, es decir, el 21 de diciembre de

2022, tomando esa fecha para el conteo de los términos previstos en

la ley y no tuvo en cuenta la constancia generada por el Sistema

Humano en Línea que registraba que solicitó y cargó la

documentación requerida el 23 de septiembre de ese año.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

Sea lo primero advertir que la finalidad de la actora con la solicitud

de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria

solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2024-

00023-01.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del

requisito de la relevancia constitucional en los asuntos en que se

discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la

procedencia de la sanción moratoria por no consignación

oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia

SU-573 de 27 de noviembre de 201910, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada

10
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

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Actora: MILEIDIS DEL CARMEN TAMAYO DÍAZ

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

Dicha posición fue reiterada por esta Sección que, mediante

sentencia de 15 de julio de 202111, declaró la improcedencia de la

acción de tutela por no cumplir con el requisito general de la

relevancia constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar

sin efectos unas providencias judiciales que denegaron el

reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de

unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 12, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».13

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita

12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar, la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [21]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte

[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 16 de junio de 202222, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]” (Destacado fuera de texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

22
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad, (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar

la competencia y la independencia del juez ordinario.

La Sala advierte que el núcleo del reproche formulado por la

accionante se circunscribe a una mera discrepancia con la valoración

probatoria realizada por la autoridad judicial demandada, en relación

con la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago

de cesantías que afirma fue presentada el 23 de septiembre de 2022,

no obstante, el TRIBUNAL concluyó, con base en lo consignado en

el acto administrativo cuestionado, que se materializó el 21 de

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diciembre de ese mismo año y, con fundamento en esta última fecha,

al efectuar los cómputos legales, encontró que no se configuró la

mora alegada.

En efecto, en la providencia de 20 de marzo de 2026, aquí

cuestionada, el TRIBUNAL consideró lo siguiente:

“[…] El Departamento de Antioquia, en su calidad de apelante,
centra su recurso en que la fecha de radicación de la solicitud de
cesantías fue el 21 de diciembre de 2022, y no el 23 de
septiembre de 2022, como lo concluyó el Juez de primera
instancia.

La Sala al respecto evidencia que, en la Resolución Nº
ANTIOD2023000087 del 01 de febrero de 2023, mediante la cual
se reconoció la prestación, la administración indicó expresamente
que la solicitud fue radicada "(...) bajo el No.
ANTIO20221221DN5049903969 de fecha 21 de diciembre de
2022 (...)". (Índice Samai 8, anexo
8ED_DEMANDAANE_003ESCRITODEMANDAPDF(.pdf), fol. 33-
35.)

Si bien la parte demandante y el a quo alegan que la radicación
inicial fue el 23 de septiembre de 2022 (fecha de inicio de gestión
en la plataforma Humano en Línea), el apelante señaló que la
fecha del 21 de diciembre de 2022 corresponde a la fecha en que
se completó la solicitud con la totalidad de los documentos,
conforme lo exige la norma.

Al respecto, téngase en cuenta que la Ley 1071 de 2006, en su
artículo 4, establece que el término de 15 días corre desde que la
solicitud "reúne todos los requisitos".

En el presente asunto, el acto administrativo que reconoció las
cesantías (Resolución ANTIOD2023000087) consignó como fecha
de radicación (completa) el 21 de diciembre de 2022. Dicho acto
administrativo fue notificado personalmente a la docente el 09 de
febrero de 2023, y esta "aprobó el acto administrativo y
renunció expresamente a los términos legales para la

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interposición de recursos".

Debe tomarse la fecha consignada en el acto administrativo de
reconocimiento, pues dicho acto se encuentra en firme y goza de
presunción de legalidad. No existe prueba de que la demandante
haya solicitado corrección o aclaración frente a la información
contenida en ese acto administrativo.

La demandante no puede ahora, en sede judicial y buscando la
mora, desconocer los hechos que ella misma consintió en el
trámite administrativo al no recurrir el acto […]”. (Negrillas
pertenecen al texto)

Lo anterior pone de manifiesto que la valoración probatoria se

construyó a partir de los elementos de juicio obrantes en el

expediente y se expresó de manera razonada en la providencia

cuestionada, por lo que, en ejercicio de su independencia y con

fundamento en el principio de autonomía judicial, el juez natural del

proceso adoptó una interpretación jurídica que, aunque pueda ser

controvertida por la actora, no por ello deviene en inconstitucional,

pues el rol del juez de tutela no puede confundirse con el de una

instancia revisora de las decisiones adoptadas por jueces ordinarios

en el marco de su competencia.

Así las cosas, cuando la providencia judicial cuestionada se encuentra

debidamente motivada en el acervo probatorio disponible y no

desconoce de manera flagrante derechos fundamentales, debe

prevalecer el respeto por la autonomía judicial como garantía

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esencial de la imparcialidad y estabilidad del orden jurisdiccional.

Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por la actora.

Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela

interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de

tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la

que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia

directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy

por el contrario, se observa que en el proceso ordinario, origen de la

presente controversia, se surtieron todas las etapas garantizando los

derechos al debido proceso y a la defensa de las partes e

intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derecho

fundamental alguno.

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Cabe señalar que, esta Sección23 ha venido reiterando, de manera

pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados con el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a

controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no

cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.

Asimismo, para la Sala la interpretación normativa y probatoria que

desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía

interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos

establecidos en el ordenamiento jurídico ni con el análisis del

problema jurídico planteado en el proceso ordinario.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo presentada por la actora y así se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas

por el DEPARTAMENTO y LA FIDUPREVISORA S.A., por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de octubre de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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