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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00151-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00151-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de competencia, propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Decreto 3460 de 2 de diciembre de 2003 “por el cual se establece una medida de salvaguardia”, expedido por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro de Agricultura. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. 33 Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: “[…] ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES PÚBLICAS, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. […]” 41 Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01 Demandante: Federico Gómez Pardo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2004-00151-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo
Demandada: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Ministerio de Agricultura
Acción: Nulidad simple – Código Contencioso Administrativo
Tercero Interesado: Asocaña

Tesis: El concepto del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior en relación con la adopción de una medida de protección bajo la modalidad de
salvaguardia, no tiene carácter vinculante ni para el Consejo Superior de Comercio
Exterior ni para el Gobierno Nacional.

Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son parte del
derecho comunitario andino y una vez publicadas en la Gaceta de la Comunidad Andina
tienen efecto directo y vinculante para los Estados miembros de la CAN y sus
nacionales.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda presentada por Federico Gómez Pardo
contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que se declare la nulidad
del Decreto núm. 3460 del 2 de diciembre de 2003 “por el cual se establece una medida
de salvaguardia”.

I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones

Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

1. Federico Gómez Pardo1, en adelante la parte demandante, solicitó declarar la
nulidad del Decreto núm. 3460 del 2 de diciembre de 2003 “por el cual se establece una
medida de salvaguarda”, e igualmente la suspensión provisional del mismo acto2.

1.2. El Acto administrativo demandado

2. El acto demandado es del siguiente tenor literal:

“MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETO NUMERO 3460 DE 2003 2 DE DICIEMBRE 2003
“por el cual se establece una medida de salvaguardia”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo
189 de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 323 de 1996 y 458 de
1998, con sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 6ª de 1971 y 7ª
de 1991 y previo concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena establece que cuando ocurran
importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en
condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de
productos específicos de un País Miembro, este podrá aplicar medidas correctivas,
no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de
la Secretaría General;

Que existe una perturbación sobre la producción nacional de azúcar, tal como lo
indican los documentos analizados por el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, en sus Sesiones números 108 y 110 del 22 de
septiembre y del 10 de octubre de 2003, respectivamente;

Que el Consejo Superior de Comercio Exterior, en su Sesión número 72 del 28 de
octubre de 2003, aprobó establecer una medida de salvaguardia a las
importaciones de azúcar procedentes de la Comunidad Andina por un periodo no
inferior a un año, en la forma de un contingente de 35.000 toneladas de azúcar en
términos de azúcar crudo equivalentes a 32.857 toneladas de azúcar blanco,

DECRETA:

Artículo 1°. Aplicar una medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar
originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 17.01.11.90.00, 17.01.91.00.00 y 17.01.99.00.00,
consistente en un contingente de 35.000 toneladas de azúcar en términos de azúcar
crudo, equivalentes a 32.857 toneladas de azúcar blanco.

1 A nombre propio.
2 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 65 -75. La medida se suspensión provisional se negó por auto del 8 de octubre

de 2004.

2

Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

Parágrafo. Para convertir los azúcares de caña y remolacha con adición de
aromatizante y coloreante de la subpartida 17.01.91.00.00 y los demás azúcares
(blancos y refinados) de la subpartida 17.01.99.00.00 a azúcar crudo de la
subpartida 17.01.11.90.00 y viceversa se aplicará el factor de conversión técnico de
1.06522, tal como se indica a continuación:

a) Los azúcares de caña y remolacha con adición de aromatizante y coloreante
(subpartida 17.01.91.00.00) o los demás azúcares (blanco y refinado)
(subpartida17.01.99.00.00) se multiplican por el factor 1.06522 para obtener Azúcar
Crudo (subpartida17.01.11.90.00);

b) El azúcar crudo de la subpartida 17.01.11.90.00 se divide por el factor 1.06522
para convertirlo a azúcares de caña y remolacha con adición de aromatizante y
coloreante de la subpartida 17.01.91.00.00 y a los demás azúcares (blancos y
refinados) de la subpartida 17.01.99.00.00.

Artículo 2°. La importación de dicho contingente será registrada ante el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto.

Artículo 3°. Para obtener el levante de las mercancías enunciadas en el artículo 1°
de este decreto, deberá presentarse, además, de los documentos señalados en las
disposiciones vigentes, el registro de importación en el cual se acredite el visto
bueno del que trata el artículo 2°.

Artículo 4°. Los registros de importación presentados ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, que no hayan sido utilizados a la fecha de entrada
en vigencia del presente decreto, deberán contar con el Visto Bueno del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el presente decreto.

Artículo 5°. El presente decreto rige durante un (1) año contado a partir de su
publicación. Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Cano Sanz
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge H. Botero”.

1.3. Normas violadas según la demanda.

3. El demandante consideró vulnerado el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena
aprobado por la Ley 8 de 1973 y recodificado en la Decisión 523 de 2003 de la Comisión
de la Comunidad Andina de Naciones.

1.4. Concepto de la violación

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Demandante: Federico Gómez Pardo

1.4.1. El Decreto núm. 3460 de 2 de diciembre de 2003 infringe las normas en que
debería fundarse

4. Indicó que el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena (aprobado por la Ley 8 de
1973), recodificado en la Decisión 563 de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina
de Naciones, regula las medidas correctivas para proteger la producción nacional, como
son las salvaguardias provisionales.

5. Señaló que la norma andina tiene una jerarquía superior a la del decreto que es
objeto de demanda, toda vez que: (i) el Acuerdo de Cartagena hace parte del derecho
primario de la Comunidad Andina de Naciones; y (ii) los países andinos están obligados,
según lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado a través del cual se creó el Tribunal
Andino de Justicia, a adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las normas
comunitarias.

6. Argumentó que la norma demandada es contraria a lo dispuesto en el artículo 97
del Acuerdo de Cartagena que establece que la imposición de medidas correctivas,
como las salvaguardias, solo procede cuando las importaciones de productos
originarios de la CAN causan perturbaciones en la producción nacional de productos
específicos.

7. Precisó que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 24 del
Decreto núm. 2553 de 1999, corresponde al Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A) “decidir sobre la adopción de
medidas de salvaguardia provisional”. Luego, sostuvo que lo definido en este Comité
debe ser respetado y acatado por las demás autoridades de comercio exterior
colombiano.

8. Indicó que para definir la procedencia de la medida de salvaguardia el Comité
Triple A se reunió en dos ocasiones: En la sesión del 22 de septiembre de 2003 (Acta
de reunión No. 108) y en la Sesión del 10 octubre de 2003 (Acta de reunión No. 110) y
en ninguna de ellas adoptó una decisión favorable a la adopción de la medida.

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Demandante: Federico Gómez Pardo

9. Destacó que a pesar de lo señalado por el Comité Triple A en el sentido de que
“[…] no existía una perturbación en la producción nacional de azúcar por parte de las
importaciones de dicho producto desde los países miembros de la CAN”, el Gobierno
Nacional expidió el decreto demandado.

10. Insistió en que una medida de salvaguardia solo es ajustada al ordenamiento
jurídico si se adopta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena, que claramente establece que “[…] debe existir una perturbación en la
producción nacional […]” y dado que el Comité Triple A señaló que tal perturbación no
había tenido lugar, no era posible a través del acto demandado adoptar la medida de
salvaguardia y, al haberlo hecho, se vulneró abiertamente el mencionado artículo 97.

1.4.2. El Decreto núm. 3460 de 2 de diciembre de 2003 fue expedido mediante
falsa motivación

11. Recordó que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación la falsa
motivación como vicio del acto administrativo puede tener lugar por error de hecho o de
derecho.

12. Enfatizó que en el segundo considerando del decreto demandado se indicó como
fundamento del acto que “[…] existe una perturbación sobre la producción nacional de
azúcar, tal como lo indican los documentos analizados en el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sus sesiones 108 y 110 del 22 de
septiembre y del 10 de octubre de 2003 respectivamente”, no obstante, revisadas las
actas de reunión de las sesiones mencionadas es evidente que el Comité en ninguna
de ellas determinó la existencia de una perturbación sobre la producción nacional de
azúcar.

13. En esta misma línea, insistió que al revisar las actas de las sesiones el Comité
Triple A lo que se identifica son apartados en los que se señala que no existe una
justificación para la aplicación de la medida de salvaguardia.

14. Recalcó que en el Sesión No. 110 del Comité Triple A se concluyó: “Con base en
lo anterior, el Comité por mayoría no encontró méritos para recomendar la adopción de

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Demandante: Federico Gómez Pardo

la solicitud de salvaguardia, con excepción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural”.

15. En consecuencia, adujo que lo señalado en el considerando segundo del acto
demandado no se corresponde con la realidad, por cuanto el Comité no afirmó que
existiera una perturbación sobre la producción nacional de azúcar, por lo que resulta
notoria la configuración de la falsa motivación.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo3

16. Afirmó que lo dispuesto en (i) la Ley 323 de 1996 que aprobó el Protocolo
Modificatorio del Acuerdo Subregional Andino suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo
de 1996; (ii) la Ley 458 de 1998 que aprueba el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Integración Subregional Andino hecho en la ciudad de Quito, Ecuador, el 25 de junio de
1997 y, (iii) el considerando establecido en el primer párrafo del Decreto demandado,
desvirtúa la vulneración del artículo 97 de la Decisión 563 de la Comisión de la
Comunidad Andina.

17. Agregó que el decreto demandado no vulneró el artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena sino que a través de este simplemente se le dio aplicación a la norma
comunitaria.

18. Arguyó que no es cierto que el Comité Triple A sea la única autoridad competente
para “decidir sobre la adopción de medidas de salvaguarda” y enfatizó que una
consideración en este sentido solo responde a un análisis aislado de lo establecido en
el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 2553 de 1999.

19. Indicó que, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 150 y el ordinal 25 del
artículo 189 de la Constitución, la competencia para regular el comercio exterior está
repartida entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.

3 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 229 a 232.

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Demandante: Federico Gómez Pardo

20. Recalcó que la Ley 7 de 1991 es la ley marco de comercio exterior y en esta
medida establece los principios, los objetivos y los criterios a los que debe sujetarse el
Gobierno para regular los temas de comercio exterior.

21. Expuso que de acuerdo con el numeral 10 del artículo 14 de la Ley 7 de 1991
corresponde al Consejo Superior de Comercio Exterior “examinar y recomendar al
Gobierno Nacional la adopción de normas para proteger la producción nacional contra
las prácticas desleales y restrictivas del comercio internacional”, de manera que es este
Consejo y no el Comité Triple A el que recomienda al Gobierno Nacional la adopción
de medidas de salvaguardia.

22. Sostuvo que en el encabezado del decreto demandado se hizo referencia a la
aprobación de la medida de salvaguardia por parte del Consejo Superior de Comercio
Exterior, en los siguientes términos: “[…] en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la
Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 323 de 1996 y 458 de 1998, con
sujeción a las normas generales previstas en las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991 y previo
concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior”. Igual referencia se incluyó en el
considerando tercero del acto cuestionado.

23. Insistió que en el acta de la reunión del Consejo Superior de Comercio Exterior, en
el desarrollo del punto 4 del orden del día, se dejó constancia de que no se aprobó el
documento del informe técnico presentado por la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria
y Turismo al Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios y de Comercio Exterior y que
el Consejo se apartaba de las recomendaciones del Comité Triple A contenidas en el
acápite IV del documento referido, concluyendo que la medida de salvaguardia sí debía
aplicarse.

24. En síntesis, concluyó que al Comité Triple A simplemente le corresponde formular
recomendaciones al Consejo Superior de Comercio Exterior y es a este al que le
corresponde dar concepto sobre la adopción o no de las medidas de salvaguardia al
Gobierno Nacional, de acuerdo con lo indicado en el artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena.

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Demandante: Federico Gómez Pardo

25. Por último, afirmó que no es cierto que haya existido falsa motivación por lo
consignado en el considerando del párrafo segundo del decreto demandado. Indicó que
lo que allí se dijo se refiere a las consideraciones y documentos que analizó el Comité
Triple A, esto es, a los documentos que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para
concluir que sí existía perturbación en la producción nacional del azúcar y sobre esta
base adoptar la medida de salvaguardia.

2.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural4

26. Explicó que el Comité Triple A y el Consejo Superior de Comercio Exterior son
organismos asesores y consultivos del Gobierno Nacional cuyos pronunciamientos se
traducen en recomendaciones, pero cuya intervención en ningún caso suple la función
constitucional y legal del Gobierno.

27. Expuso que de acuerdo con el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena y los artículos
25, 26 y 27 del Decreto 2553 de 1999, debe entenderse que el Comité Triple A formula
recomendaciones que no son vinculantes ni para el Consejo Superior de Comercio
Exterior ni para el Gobierno Nacional, pues ni el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena
ni el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución, ni las leyes 7 de 1991 y 6 de 1971
así lo disponen.

28. Enfatizó que si la competencia para decidir sobre la salvaguardia radicara solo en
el Comité Triple A no serían comprensibles las normas que disponen que tal decisión
debe ser previa al concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior y, en todo caso,
ello significaría que este Consejo no actúa como asesor del Gobierno.

29. Precisó que la competencia para proferir el Decreto núm. 3460 de 2003 recae, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución
Nacional, en el Presidente de la República, facultad que ejerce en armonía con lo
dispuesto en la Ley 6 de 1971 y en el Ley 7 de 1991 como leyes marco.

Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 242-252.

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30. Agregó que, aunque el Comité Triple A no encontró mérito para recomendar la
adopción de la solicitud de salvaguardia, lo cierto es que de dicha decisión se podía
separar tanto el Consejo Superior de Comercio Exterior como en efecto lo hizo y, desde
luego, el Gobierno Nacional.

31. Explicó que no existió falsa motivación porque el considerando segundo del
decreto demandado no hace referencia a lo dicho por el Comité Triple A sino a los
documentos que este analizó en las sesiones de septiembre y octubre de 2003.

32. Recordó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7 de 1991 el
Gobierno Nacional debe “procurar una legal y equitativa competencia a la producción
local y otorgarle una protección adecuada”.

33. Defendió que estaban acreditados los tres elementos esenciales establecidos por
la normatividad andina y que demostraban la perturbación a saber: el desplazamiento
de las ventas internas, la depresión de los precios y la acumulación de inventarios.

34. Advirtió que en el documento presentado por ASOCAÑA al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo estaba demostrada la perturbación y la relación de causalidad de
estas con las importaciones de la Comunidad Andina.

35. Adujo que la decisión adoptada a través del decreto demandado coincide con el
concepto de perturbación que se desarrolló en la Interpretación prejudicial del Tribunal
de Justicia Andino dentro del proceso 5716 referido en la sentencia del 1 de agosto de
2022.

36. Expresó que la “perturbación” según lo expuso ASOCAÑA está “[…] representada
en un incremento del nivel de inventarios y una caída en la participación de las ventas
nacionales en la demanda colombiana de azúcar, que es consecuencia directa de la
importación de este producto proveniente de la CAN por el crecimiento acelerado en
los últimos años, agravado en el primer semestre del año 2023”.

37. Aseveró que, para definir el incumplimiento de una norma andina, como lo es el
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, se encuentra previsto dentro de la legislación

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Demandante: Federico Gómez Pardo

comunitaria, especialmente en los artículos 23 a 31 del Tratado de creación de la
Comunidad, un procedimiento especial.

38. En este orden de ideas, expuso que tal y como lo señaló el Consejo de Estado,
Sección Primera, en la sentencia del 1 de agosto de 2002, no corresponde al juez
administrativo por la vía de la acción de nulidad pronunciarse sobre “[…] la veracidad
de los hechos que a juicio del Gobierno nacional ameritaban la adopción de las
cláusulas de salvaguarda, en aplicación del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena”.

39. Concluyó que la nulidad pretendida era de competencia del Tribunal Andino en
tanto la acción subjetiva es del resorte de los jueces nacionales.

2.3. Excepción de falta de competencia planteada por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

40. Sostuvo que para definir si el decreto demandado cumplió o no con el artículo 97
del Acuerdo de Cartagena, el trámite que debe adelantarse es el correspondiente al de
proceso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo
25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) y no el de
la acción de nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

2.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público5

41. Expuso que el decreto demandado fue expedido con fundamento en el artículo 16
de la Ley 489 de 1998 y atendiendo las facultades del Presidente de la República
establecidas en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución.

42. Insistió en que la norma demandada tuvo fundamento en las Leyes 323 de 1996 y
458 del 1998 por las cuales se aprobaron los protocolos modificatorios del Acuerdo de
Integración Subregional Andino, así como en la Ley 6 de 1971 y en la Ley 7 de 1991.

43. Señaló que tratándose de un caso en el que se discute el incumplimiento de una
norma andina (artículo 97 del Acuerdo de Cartagena) es deber del juez solicitar la

5 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 283-287

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Demandante: Federico Gómez Pardo

interpretación prejudicial del acuerdo con el artículo 33 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

44. Argumentó que era necesario que se definiera a nivel comunitario y por parte del
Tribunal Andino cómo entender la expresión “[…] que cause perturbaciones en la
producción nacional de productos específicos de un País miembro, este podrá aplicar
medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior
pronunciamiento de la Secretaría General”.

45. Afirmó que de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en
providencia de 2004 (sentencia C-798 de 2004) el Gobierno Nacional puede perseguir
múltiples objetivos al momento de adoptar una determinada medida en el contexto del
comercio internacional, por lo que el concepto del Comité Triple A es solo un insumo
más pero no es una atadura para el Ejecutivo.

III. CONSIDERACIONES DE ASOCAÑA COMO TERCERO INTERESADO6

46. Señaló que de acuerdo con la Ley 7 de 1991 y el Decreto 2553 del 1999
corresponde al Comité Triple A recomendar al Consejo Superior de Comercio Exterior
y el Gobierno Nacional sobre diversos aspectos del régimen aduanero y arancelario.

47. Destacó que de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo
25 del Decreto 2553 de 1999 corresponde al Comité Triple A decidir sobre medidas de
salvaguardia provisional y recomendar al Consejo Superior de Comercio Exterior y al
Gobierno Nacional sobre la adopción de las medidas de salvaguardia definitivas.

48. Recordó que la Ley 7 del 1991 creó el Consejo Superior de Comercio Exterior
como un órgano asesor en los temas que se relacionan con el comercio exterior del
país.

49. Precisó que en el numeral 8 del artículo 27 del Decreto 2553 de 1999 se señaló
que corresponde a este Consejo emitir concepto sobre la adopción de medidas de
salvaguardia arancelaria y cuantitativa.

6 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 258-267.

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Demandante: Federico Gómez Pardo

50. Recalcó que el parágrafo 1 del artículo 14 de la Ley 7 de 1991 expresamente
señala que las funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior se ejercen sin
perjuicio de las atribuciones que constitucionalmente le corresponden al Presidente en
cuanto a la regulación de los asuntos de comercio exterior.

51. Argumentó que tanto el Comité Triple A como el Consejo Superior de Comercio
Exterior solo cumplen funciones de asesoría y de formulación de recomendaciones al
Gobierno Nacional y que en ningún caso expiden normas que regulen o controlen este
tema.

52. Concluyó que la regulación del comercio exterior corresponde al Gobierno
Nacional y es ejercida directamente por el Presidente de la República con los ministros
competentes para el tema.

53. Agregó que ni el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena ni ninguna norma nacional
prevé que sea necesario para la adopción de una medida correctiva de salvaguardia
obtener el concepto favorable de algún órgano o entidad especial, por lo cual esta
decisión puede ser adoptada de manera autónoma por el Presidente.

54. Indicó que no es cierto que haya existido falsa motivación por lo afirmado en los
considerandos del Decreto núm. 3460 del 2 de diciembre de 2003, pues lo allí señalado
no se refiere a que haya existido un concepto favorable por parte del Comité Triple A
sino únicamente a lo que se evidenció en los documentos analizados dentro de las
reuniones con actas Nos. 108 y 110 de dicho Comité.

55. Expuso que de acuerdo con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución
corresponde al Presidente de la República regular e intervenir en materia de Comercio
internacional y específicamente en materia de aranceles.

56. Explicó que la adopción de medidas de salvaguardia en el sector agrícola está
regulada en la Ley 101 de 1993 y que, de acuerdo con los elementos y exigencias
previstos en esta norma, Asocaña presentó la petición para la aplicación de la medida
acreditando el perjuicio a la producción doméstica.

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Demandante: Federico Gómez Pardo

57. Arguyó que además de cumplir los requisitos del artículo quinto de la Ley 101 del
1993 se cumplieron todas las exigencias del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena,
como quiera que el tema fue decidido favorablemente por los miembros del Consejo
Superior de Comercio Exterior.

58. Reiteró los distintos argumentos y fundamentos económicos para la adopción de
la medida de salvaguardia que fueron presentados al Ministerio de Comercio Industria
y Turismo, de los cuales se destacan los siguientes: (i) Que las importaciones de azúcar
desde Bolivia habían crecido aceleradamente durante los últimos 2 años; (ii) Que ese
crecimiento de importaciones estaba generando aumentos considerables y persistentes
en los niveles de inventario de los productores nacionales; (iii) Que las importaciones
habían contraído las ventas de azúcar del sector azucarero nacional en el mercado
interno y (iv) Que la sobreoferta de azúcar generada por esta situación estaba
presionando el precio del mercado interno a la baja.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. De la parte demandante7

59. Adujo nuevamente que el Decreto núm. 3460 de 2 de diciembre de 2003 es nulo
por infringir las normas en que debería fundarse, concretamente, por vulnerar lo
dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena que establece que solo es posible
proceder a la imposición de medidas correctivas cuando las importaciones de productos
originarios de la CAN causen perturbaciones en la producción nacional de productos
específicos.

60. Expuso que de acuerdo con las competencias asignadas en el Decreto 2553 de
1999, artículo 25, numeral 4, el Comité Triple A afirmó en su sesión No. 110 “[…] no es
evidente que exista deterioro en el desempeño de la industria azucarera ni tampoco
que el incremento en las importaciones de la CAN generase de manera directa la
perturbación observada en los inventarios y el comportamiento del precio interno”.

7 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 332-335.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

61. Recalcó que no obstante lo anterior, el Consejo Superior de Comercio Exterior en
su sesión No 72 se apartó de la recomendación del Comité Triple A y ordenó la
imposición de la medida de salvaguardia provisional, con lo cual desconoció la facultad
del Comité Triple A para determinar la existencia de una perturbación a la producción
nacional y la facultad para imponer medidas de salvaguardia provisionales.

62. Indicó que como consecuencia de lo anterior se infringió el numeral 4 del artículo
25 del Decreto 2553 de 1999 y el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

63. Reiteró que existió una falsa motivación como quiera que en los considerandos del
decreto demandado se afirmó la existencia de una perturbación en la producción
nacional de azúcar, cuando en realidad en ninguna de las dos sesiones del Comité
Triple A se determinó su existencia.

4.2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo8

64. Adujo que el Comité Triple A y el Consejo Superior de Comercio Exterior son solo
órganos asesores del Gobierno Nacional en materia de comercio exterior, toda vez que
la competencia en cuanto a este tema está dividida entre el Congreso y el Gobierno
Nacional.

65. Explicó que el Gobierno debe ejercer sus competencias dentro del marco fijado
por el Congreso en la Ley 7 de 1991, conforme a la cual los citados órganos consultivos
no tienen funciones regulatorias sino únicamente de asesoría.

66. Expuso que las conclusiones del Comité Triple A sobre la inexistencia de una
“perturbación en la producción nacional de azúcar” no generan la nulidad del acto
demandado, por cuanto se trata de la opinión de un órgano consultivo.

67. Reiteró que el decreto demandado no está viciado de falsa motivación pues lo
señalado en los considerandos no se refiere a lo dicho por el Comité Triple A sino a lo
establecido en los documentos que fueron objeto de análisis por parte de este.

8 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 326-330

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

4.3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural9

68. Reiteró que tanto el Comité Triple A como el Consejo Superior de Comercio
Exterior son organismos asesores y consultivos que no emiten leyes, no son
delegatarios o miembros impuestos por acuerdos bilaterales y no están orgánicamente
delegados para regular las actividades comerciales del país.

69. Adujo que los pronunciamientos de los mencionados órganos consultivos no tienen
carácter obligatorio y no pueden suplir la función constitucional y legal a cargo del
Gobierno Nacional.

70. En esta orden de ideas, afirmó que no puede derivarse una nulidad por el hecho
de que uno o ambos órganos consultivos den una opinión negativa sobre la adopción
de una medida de salvaguardia, en tanto la competencia para decidir en realidad le
corresponde al Gobierno en cabeza del Presidente de la República.

71. Recalcó que en el presente asunto el Consejo Superior de Comercio Exterior no
aprobó la recomendación del Comité Triple A, lo cual era muy dicente dado que los
integrantes o miembros de aquel son los superiores inmediatos de los integrantes del
Comité Triple A. según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Decreto 2553 de 1999.

72. Reiteró que la facultad para expedir el decreto demandado correspondía al
Presidente de la República de acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del artículo
189 de la Constitución y lo previsto en las Leyes 6 de 1971 y 7 de 1991.

73. Señaló que dentro de los supuestos facticos que motivaron la expedición de
decreto se probaron los tres elementos esenciales de este tipo de medidas: 1. El
desplazamiento de las ventas internas; 2. La depresión de precios y 3. La acumulación
de inventarios.

74. Insistió en la excepción de falta de competencia, señalando que el actor ha debido
promover una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad

9 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 322-325.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

Andina de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Tratado de creación del mismo
Tribunal.

4.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público10

75. Ratificó los argumentos expuestos en su contestación a la demanda.

4.5. Asocaña11

76. Afirmó que el acto demandado no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de nulidad establecidas en el artículo 84 del C.C.A.

77. Indicó que el análisis de la supuesta violación del artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena es errado pues se fundamenta únicamente en que el concepto del Comité
Triple A no fue considerado por el Consejo Superior de Comercio Exterior ni por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

78. Aseveró nuevamente que el demandante se equivocó al considerar que el Comité
Triple A es la autoridad competente para decidir sobre la imposición de una medida de
salvaguardia, cuando dicho Comité solo cumple funciones de analizar y recomendar al
Consejo Superior de Comercio Exterior sobre esta clase de medidas y que es el
Gobierno Nacional al que compete adoptar decisiones de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 101 de 1993.

79. Reiteró que no existió falsa motivación toda vez que la medida ordenada si
obedeció a una situación de perturbación en la producción nacional conforme lo
acreditó debidamente Asocaña a través del análisis de datos económicos presentados
en la solicitud de aplicación de la medida de salvaguardia.

80. Alegó la falta de legitimación por activa del demandante en tanto no cumplió con
los supuestos previstos en los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de

10 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 315-318.
11 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 309-314.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

Justicia de la Comunidad Andina, pues no acreditó que el decreto demandado le haya
lesionado sus derechos. Cabe señalar que este argumento no lo alegó en su
contestación.

81. Señaló que, si lo solicitado es establecer la supuesta vulneración del artículo 97
del Acuerdo de Cartagena, la entidad competente para definir este asunto no es el
Consejo de Estado sino el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en desarrollo
de lo previsto en el artículo 24 del Tratado de creación de ese Tribunal, siendo además
el sujeto activo de tal acción un país miembro y no una persona natural o jurídica.

V. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO12

82. Señaló que el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena no exige que exista un
concepto previo del Comité Triple A sino que faculta a los países integrantes de la CAN
para adoptar medidas correctivas en caso de que se presenten perturbaciones en la
producción nacional.

83. Insistió en que a pesar de lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2553 de 1999
sobre las competencias del Comité Triple A no puede olvidarse que de acuerdo con el
artículo 189 de la Constitución Nacional corresponde al Presidente de la República
regular el comercio exterior, facultad constitucional que además está complementada
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 101 de 1993 que prevé la adopción de
salvaguardias en el sector agrícola.

84. Destacó que en el Acta No. 72 del Consejo Superior de Comercio Exterior se
afirmó que dicho Consejo no aprobó el documento del Comité Triple A en el que se
estableció que no era procedente la medida de salvaguardia.

85. En este orden de ideas, aseveró que el Decreto 2553 de 1999 debe interpretarse
de manera armónica y sistemática con el resto de la normatividad del sector comercio
porque, de lo contrario, se distorsionaría su alcance hasta el punto de ser contrario a la

12 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 338 -348

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

Constitución. Concluyó en este punto que las funciones del Comité Triple A deben
interpretarse de forma armónica con la Constitución y la Ley 101 de 1993.

86. Recalcó que de acuerdo con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución la
competencia para imponer medidas de salvaguardia es del Presidente de la República
y no del Comité Triple A.

87. Señaló que no es de recibo la interpretación según la cual dado que el Comité
Triple A consideró que no existía perturbación del sector azucarero, el Gobierno no
podía establecer lo contrario, en primer lugar porque las recomendaciones de dicho
Comité no son vinculantes y, en segundo lugar, porque el Gobierno Nacional en cabeza
del Presidente tiene facultades constitucionales y legales para regular el comercio
exterior y dicha facultad no puede ser modificada por una norma de inferior categoría.

88. Finalmente precisó que tampoco resulta de recibo la petición de nulidad fundada
en la falsa motivación como quiera que el considerando en cuestión no hace referencia
a lo dicho por el Comité sino a los documentos evaluados por éste.

VI. TRÁMITE

89. Por auto del 31 de agosto de 201013, el Despacho sustanciador dispuso librar oficio
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para requerir la interpretación prejudicial
de los artículos de la Decisión. El Oficio correspondiente se libró el 18 de marzo de
201114.

90. Posteriormente, a través del Oficio No. 224-S-TJCA-2017 del 13 de marzo de 2012
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que no había recibido el
proceso de la referencia15.

13 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 356
14 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 358-360
15 Cfr. Índice 57 de SAMAI, 375 -377

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

91. Por auto del 14 de marzo de 2025 el Despacho requirió al interesado para que en
el término de cinco (5) días acreditara el envío de la solicitud de interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16.

92. Posteriormente, por auto del 1 de agosto de 2025, el Despacho sustanciador
decidió dar aplicación en el presente trámite a la doctrina del acto aclarado, adoptando
los criterios jurídicos de la interpretación prejudicial 272-IP-2016 del 14 de diciembre de
2018 sobre el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena17.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia de la Sala

93. Sin perjuicio del análisis que se hará de la excepción de falta de competencia
planteada dentro del plenario y según lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política, lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y lo
prescrito en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

94. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

7.2. Análisis de las Excepciones

95. En su contestación a la demanda, así como en sus alegatos de conclusión, el
Ministerio de Agricultura adujo que el proceso correspondiente para definir si el decreto
demandado cumplió o no con el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena era el proceso
de incumplimiento que debía adelantarse ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y no la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo.

16 Cfr. Índice 72 de SAMAI, archivo denominado 021Autoquerequie_v2200400151FEDERICOG
17 Cfr. Índice 81 de SAMAI Archivo denominado 029Autoqueordena_20040015100FEDERICOG
18 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

96. Atendiendo esta argumentación la Sala revisó lo dispuesto en los artículos 24 y 25
del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, evidenciando que estas
disposiciones no son aplicables al caso en cuestión.

97. En efecto, los artículos 24 y 25 del Tratado establecen:

“Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha
incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso
a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice
las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se
refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el
plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de
conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un
dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser
motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en
la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el
pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro
de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá
acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y cinco días
siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de
incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por
el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y
al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la
posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la
misma causa”. (negrillas de la Sala).

98. Según el tenor de las normas, el artículo 24 del Tratado se refiere al proceso que
puede iniciar un país contra otro país integrante de la Comunidad por el presunto
incumplimiento de la normativa andina, que no es el caso en cuestión. Por su parte, el
artículo 25 se refiere a los procesos promovidos por una persona natural “afectada en
sus derechos” por el presunto incumplimiento de la normativa andina por parte de un
país miembro de la comunidad , supuesto que tampoco ampara el presente asunto, en
el cual el demandante no esgrimió daños en sus derechos o afectaciones particulares.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

99. Por lo tanto, a juicio de la Sala ninguna de estas vías inhabilita a un nacional de
cualquier país miembro a demandar ante la autoridad de su país una norma nacional
por el desconocimiento de una norma andina.

100. Nótese además que el caso es cuestión se refiere a la demanda de un ciudadano
colombiano a través de la cual solicitó la declaratoria de nulidad de una decisión que
tiene efectos en Colombia y que fue adoptada por una autoridad colombiana, bajo
el argumento de que dicha decisión es contraria a lo dispuesto en una norma andina.
Luego, se trata de un conflicto que deben resolver las autoridades nacionales
colombianas con fundamento en la interpretación que haya dado el Tribunal a la norma
comunitaria que se alega como infringida, esto es, al artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena.

101. Por lo anterior, la excepción propuesta no está llamada a prosperar.

102. De otra parte, la Sala pone de presente que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público formuló en sus alegatos de conclusión la excepción denominada falta de
legitimación por activa, al considerar que el demandante no cumplió con lo establecido
en los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal.

103. Como quiera que esta excepción no se formuló dentro de las oportunidades
procesales previstas para ello, no hay lugar a ningún pronunciamiento por parte de la
Sala.

7.3. Consideraciones previas de la Sala

Previo al análisis de los cargos de nulidad la Sala estima conducente referirse a la
nulidad de los actos administrativos que, como el acto demandado, han perdido
vigencia y a la Interpretación prejudicial que bajo la teoría del acto aclarado se aplicará
en el presente caso para determinar el alcance del artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena.

7.3.2. Sobre la nulidad de actos administrativos que han perdido vigencia

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

104. En relación con este tema, la Sala reitera que la acción de nulidad respecto de
actos administrativos que han perdido fuerza ejecutoria o han sido derogados es
procedente, dado que la vigencia y la legalidad del acto administrativo son conceptos
diferentes.

105. Así pues, aunque el acto haya salido del ordenamiento bien porque fue derogado
o porque perdió fuerza ejecutoria, es necesario que la jurisdicción se pronuncie sobre
su validez con el propósito de que dicha declaración pueda arrojar claridad sobre la
legalidad de este y que en caso de declararse su nulidad esta tenga efectos ex tunc,
esto es, desde el momento mismo de la expedición del acto administrativo y mientras
esté haya surtido sus efectos19.

106. En sentencia de esta Sección se adujo sobre el tema lo siguiente:

“Significa lo precedente que le asiste razón a la recurrente al afirmar que se debe
proceder a realizar el análisis de la legalidad del acto demandado, por cuanto,
produjo efectos jurídicos y aun cuando se retire del ordenamiento jurídico, vía
derogatoria -conforme se indicó en la providencia reprochada que debía hacerse-,
resulta necesario el pronunciamiento por parte del juez de lo contencioso
administrativo cuando se trata de evaluar y decidir sobre su legalidad,
incluso, si al momento de proferirse la decisión judicial ya no esté vigente,
habida cuenta que su derogación únicamente afecta su obligatoriedad, más no así
su presunción de legalidad, que solo puede ser afectada por un fallo anulatorio.

Esa posición, respecto a los actos de carácter general impugnados en ejercicio del
medio de control de nulidad, encuentra su sustento en que su derogatoria expresa
o tácita no impide la proyección en el tiempo y el espacio de los efectos generados,
ni de la presunción de legalidad que los protege, que se extiende a los actos de
contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo de aquel y durante su
vigencia […]”20 (Negrilla de la Sala)

107. Por lo demás, aceptar que la derogatoria del acto demandado impide el
pronunciamiento de la jurisdicción implicaría aceptar que la administración como
demandada tiene en sus manos la culminación o terminación de la actuación de la
Rama Judicial del Poder Público en los asuntos que le competen, afectando así la razón

19 En relación con el tema, destaca la sentencia de la Sala Plena del 14 de enero de 1991 (Radicación núm. S-

157).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2019,

Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00091-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En igual sentido Consejo
de Estado, Sección Primera, auto interlocutorio del 7 de marzo de 2023.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
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de la existencia del control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
y. en últimas, de la autonomía e independencia de la Rama Judicial.

108. Considerando lo anterior y dado que el Decreto 3460 del 2 de diciembre de 2003
estuvo vigente y surtió efectos, la Sala estima imprescindible que exista un
pronunciamiento expreso sobre su validez y legalidad, independientemente de que el
acto haya perdido vigencia.

7.3.2. La Interpretación Prejudicial 272-IP-2016 del 14 de diciembre de 2018 del
Tribunal Andino de Justicia

109. En auto del 1 de agosto de 2025 el Despacho sustanciador dispuso dar aplicación
en el presente trámite al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, adoptando en
consecuencia los criterios jurídicos de la interpretación prejudicial 272-IP-2016 del 14
de diciembre de 2018 en relación con el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

110. El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena dispone literalmente lo siguiente:

“Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la
Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones
en la producción nacional de productos específicos de un País Miembro, éste
podrá aplicar medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter
provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la Secretaría General.

El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de
sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe
sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro
de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado
informe, verificará la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la
misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar
dichas medidas, las que solamente podrán aplicarse a los productos del País
Miembro donde se hubiere originado la perturbación. Las medidas correctivas que
se apliquen deberán garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al
promedio de los tres últimos años.

111. En la interpretación 272-IP-2016 el Tribunal Andino recordó que los acuerdos
constitutivos de la CAN tienen por objeto la construcción y consolidación de un mercado
comunitario en el que por regla general se deben evitar las medidas restrictivas al
comercio que constituyan una amenaza a la libre circulación de mercancías.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
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112. En la misma línea, reiteró que en diversas decisiones de dicho órgano comunitario
ha señalado que las acciones que afecten negativamente la libre circulación de
mercancías únicamente pueden justificarse si el acto interno está inspirado en el
principio de proporcionalidad entre la restricción y el objeto al que va dirigida la decisión
nacional.

113. Y, tratándose de las salvaguardias recalcó que son medidas correctivas, de
carácter transitorio y excepcionales, que deben tener una relación causal y ser
proporcionales a la perturbación o afectación de la producción nacional que pueden
estar generando las importaciones subregionales.

114. Por su importancia para el caso sub júdice se transcriben las consideraciones del
Tribunal Andino de Justicia sobre el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena:

“Como resultado la investigación exhaustiva sobre los pronunciamientos del TJCA
referidos a las salvaguardias contempladas en el Acuerdo de Cartagena, se
advierten como características comunes a todas las modalidades de salvaguardias
(por desequilibrio en la balanza de pagos, por cumplimiento del Programa de
Liberación, de productos específicos y por devaluación monetaria), las siguientes:

(i) Son medidas de naturaleza correctiva.

(ii) Son medidas de carácter transitorio.

(iii) Son medidas de carácter excepcional, por lo que están sujetas a una
interpretación restrictiva, y solo pueden ser conferidas en estricto cumplimiento
de todos y cada uno de sus requisitos.

(iv) Les es exigible el requisito de la "relación causal". Ello es debido a la
naturaleza correctiva de todas estas medidas. Al ser las salvaguardias medidas
correctivas, lo que buscan corregir se encuentra vinculado con aquello que causa
el daño o la amenaza de daño. Si las importaciones provenientes de otro país
miembro no son la causa, o no coadyuvan a la causa, del desequilibrio en la
balanza de pagos global, de los perjuicios graves a la economía del país, de
la perturbación en la producción nacional o de la alteración de las condiciones
normales de competencia, carece de sentido afectar dichas importaciones a
través de la aplicación de alguna de las cuatro modalidades de salvaguardias
antes mencionadas.

Las importaciones o el incremento de determinadas importaciones tienen que ser
el hecho causal, o contribuir como hecho causal, del daño o amenaza de daño,
siendo que este daño puede ser el desequilibrio en la balanza de pagos global, los
perjuicios graves a la economía del país, la perturbación en la producción nacional
o la alteración de las condiciones normales de competencia, según la salvaguardia
de que se trate.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

(v) Deben ser proporcionales al hecho que las genera. Esto significa que se
procurará que no afecten el comercio de los productos incorporados al Programa
de Liberación, no podrán implicar una disminución de las importaciones del
producto o productos de que se trate (con respecto a los doce meses anteriores),
se deberá garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio
de los tres últimos años, o no podrán significar una disminución de los niveles de
importación existentes antes de la devaluación, según la salvaguardia de que se
trate.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial […]” (Negrillas y subrayas del
texto y cursiva de la Sala).

7.4. Sobre la violación de las normas en que ha debido fundarse el acto
demandado, la vulneración del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena

115. Hechas las consideraciones precedentes la Sala debe definir si el acto
administrativo demandado es nulo al haber adoptado una medida de salvaguardia
provisional contraviniendo el concepto del Comité Triple A sobre el tema, y sin que se
hubiese demostrado la existencia de una situación de “perturbación en la producción
nacional”, en clara violación de lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

116. Valga recordar que a juicio del demandante se vulneró la norma andina (artículo
97 del Acuerdo de Cartagena) al haberse adoptado una medida de salvaguardia para
el sector azucarero nacional cuando el Comité Triple A, al cual le corresponde “decidir
sobre la adopción de medidas de salvaguardia provisional”, indicó expresamente que
“no es evidente que exista un deterioro en el desempeño de la industria azucarera ni
tampoco que el incremento en las importaciones de la CAN generaran de manera
directa la perturbación observada en los inventarios, el empleo y el comportamiento del
precio interno” y concluyó “[…] con base en lo anterior, el Comité por mayoría no
encontró méritos para recomendar la adopción de la solicitud de salvaguardia, con
excepción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

117. Para efectos de resolver el problema planteado, la Sala se referirá: (i) a las
funciones del Comité Triple A y la importancia de sus recomendaciones y, (ii) al alcance
del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, en particular, a la existencia de una
“perturbación del sector de la producción nacional” como presupuesto para la adopción
de la medida de salvaguardia.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

7.4.1. La potestad reglamentaria en el sector del comercio exterior y el alcance
de las funciones del Comité Triple A

118. Con el fin de dar respuesta al problema planteado se debe establecer si el
concepto u opinión del Comité Triple A respecto a la procedencia de una medida de
salvaguardia tiene carácter vinculante para el Consejo Superior de Comercio Exterior y
de contera para el Gobierno Nacional, o si dicho análisis es solo un insumo en la toma
de decisiones que carece de efectos vinculantes.

119. Sea lo primero recordar que, de conformidad con lo previsto en el núm. 25 del
artículo 189 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República ejercer la
potestad reglamentaria en temas de comercio exterior de acuerdo con los términos y
principios establecidos en la ley marco del sector, esto es, la Ley 7ª de 1991. La norma
constitucional dispone al respecto.

“ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio;
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de
aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de
acuerdo con la ley”

120. Resulta igualmente importante señalar que la Ley 7 de 1991 además de crear el
Ministerio del sector comercio, creó el Consejo Superior de Comercio Exterior cuya
composición y funciones de asesoría se regularon en los artículos 12 a 1421.

121. Posteriormente a través del Decreto 2553 de 1999 se reguló la estructura y las
funciones del Comité Triple A y se actualizaron las funciones del Consejo Superior de
Comercio Exterior. Se destacan enseguida las funciones de uno y otro que tienen
estrecha relación con el asunto sub judice:

21 El artículo 14 de la Ley 7 de 1991 fue derogado por el Artículo 62 del Decreto 1159 de 1999

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

“ARTÍCULO 25. Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior
ejercerá las siguientes funciones:

1. Analizar y recomendar al Consejo Superior de Comercio Exterior y al Gobierno
Nacional, conforme a las leyes que regulan la materia, acerca de los siguientes
aspectos del régimen aduanero y arancelario […]

4. Decidir sobre la adopción de medidas de salvaguardia provisional y
recomendar al Consejo Superior y al Gobierno Nacional sobre la adopción de
medidas de salvaguardia definitiva […]”.

[…]

“ARTÍCULO 27. Consejo Superior de Comercio Exterior. El Consejo Superior de
Comercio Exterior es un organismo asesor del Gobierno Nacional en todos aquellos
aspectos que se relacionen con el comercio exterior y la competitividad de las empresas
del país.

Son funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior:

[…]

7. Examinar y recomendar al Gobierno Nacional la adopción de normas generales
sobre prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional y salvaguardias.

8. Emitir concepto sobre la adopción de medidas de salvaguardia arancelaria y
cuantitativa”. (Negrillas de la Sala).

122. De tenor de las normas citadas resulta manifiesto que las funciones del Comité
Triple A y del Consejo Superior de Comercio Exterior son en esencia de asesoría,
acompañamiento y de formulación de conceptos o recomendaciones al Gobierno
Nacional, sin que por ello éste se despoje o pierda su capacidad de decisión y
regulación en la materia.

123. Lo anterior guarda consonancia con el hecho de que a ninguno de ellos se les haya
asignado facultades de regulación o decisión.

124. Igualmente refuerza esta posición el hecho de que el Decreto 2553 de 1999 y el
artículo 97 del Acuerdo de Cartagena no establezcan la obligatoriedad de los conceptos
de los órganos plurales asesores nacionales.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

125. En este orden de ideas, la Sala estima que el concepto u opinión del Comité Triple
A es un insumo técnico que puede ilustrar el análisis y el debate que a posteriori debe
adelantarse en primera instancia en el seno del Consejo Superior de Comercio Exterior
y, posteriormente, por parte del Gobierno Nacional, pero no es un concepto o criterio
de carácter vinculante ni para el Consejo y menos aún para el Gobierno.

126. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el numeral 4 del artículo 25 del Decreto
2553 de 1999 literalmente establece que el Comité Triple A debe “4. Decidir sobre la
adopción de medidas de salvaguardia provisional y recomendar al Consejo Superior y
al Gobierno Nacional sobre la adopción de medidas de salvaguardia definitiva”; sin
embargo, también considera que una interpretación literal y aislada de esa disposición
puede generar confusiones y dejar sin efectos otras normas igualmente relevantes.

127. En este punto, la Sala comparte el criterio del Ministerio Público de acuerdo con el
cual el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 2553 de 1999 debe interpretarse de manera
armónica con las normas que establecen las funciones del Consejo Superior de
Comercio Exterior y del Gobierno Nacional en materia de comercio exterior, pues es
esta interpretación la que permite que exista mayor coherencia dentro del sistema
normativo y que las distintas disposiciones surtan adecuadamente sus efectos.

128. Se destaca sobre el particular el siguiente apartado del concepto del Ministerio
Público:

“El Decreto 2553 de 1999 tiene que interpretarse de manera sistemática e integrada
con el resto de la normatividad, porque si se interpreta de manera individual y
aislada se tergiversa y se distorsiona hasta el punto de ser contraria a la
Constitución Política. No puede pensarse que el Decreto 2553 de 1999, se puede
aplicar desconociendo la facultad consagrada en el numeral 25 del artículo 189 de
la Constitución, de allí la importancia de aplicarlo en consonancia con las normas
superiores […]”22

129. En el caso concreto se evidencia que el Comité Triple A luego de dos reuniones
(Acta No. 108 del 22 de septiembre de 200323 y Acta 110 de 10 de octubre de 200324)

22 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 346.
23 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 7 -15.
24 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 17-28

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

concluyó que no estaban configurados los supuestos para que tuviera lugar la
imposición de la medida de salvaguardia. En efecto se señaló:

“Con base en lo anterior, el Comité por mayoría no encontró méritos para
recomendar la adopción de la solicitud de salvaguardia, con excepción del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”25.

130. Pese a lo anterior, en reunión del Consejo Superior de Comercio Exterior realizada
el 28 de octubre de 2003 (Acta No. 72), este órgano consultivo se separó de lo indicado
por el Comité Triple A y en su lugar procedió a recomendar la adopción de la medida
de salvaguardia, así:

“[…] El Asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior, Dr. Ricardo Torres, dio
lectura al documento, el cual corresponde al informe técnico y a la recomendación
del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité
Triple A).

El documento no fue aprobado. El Consejo Superior de Comercio Exterior se
apartó de las recomendaciones del Comité Triple A e impartió instrucciones al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en el sentido de concertar con los productores nacionales de azúcar y el
Gobierno de Bolivia, acciones encaminadas a regular el comercio de azúcar entre
Colombia y Bolivia de modo tal, que consulte las necesidades de la industria
nacional (importadores y productores de azúcar) y conserve las buenas relaciones
con el gobierno boliviano.

Así mismo, el Consejo Superior de Comercio Exterior aceptó la propuesta del
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Dr. Jorge Humberto Botero, que la
salvaguardia a las importaciones de azúcar procedentes de la Comunidad
Andina tenga un contingente similar al que establece la norma […]26. (Negrillas
de la Sala).

131. Estas circunstancias quedaron reflejadas en la motivación del acto demandado en
los siguientes términos:

“Que el Consejo Superior de Comercio Exterior, en su Sesión número 72 del 28 de
octubre de 2003, aprobó establecer una medida de salvaguardia a las
importaciones de azúcar procedentes de la Comunidad Andina por un periodo no
inferior a un año, en la forma de un contingente de 35.000 toneladas de azúcar en
términos de azúcar crudo equivalentes a 32.857 toneladas de azúcar blanco”.

25 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 26.
26 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folio 114.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

132. Así pues, aunque el Comité Triple A consideró –aunque no de forma unánime–
que no estaban acreditados los supuestos de la perturbación en la producción nacional
de azúcar, lo cierto es el Consejo Superior de Comercio Exterior (integrado por los
funcionarios que son los inmediatos superiores jerárquicos de quienes integran el
Comité Triple A) sí estimó procedente la medida.

133. Además, tal y como se indicó en los considerandos del acto demandado, el
Gobierno consideró que “la perturbación sobre la producción nacional” estaba
acreditada a través de los documentos que fueron presentados y analizados por el
Comité Triple A:

“Que existe una perturbación sobre la producción nacional de azúcar, tal como lo indican
los documentos analizados por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior, en sus Sesiones números 108 y 110 del 22 de septiembre y del 10 de
octubre de 2003, respectivamente […]”.

134. Así las cosas, de los hechos y documentos mencionados se evidencia que el
Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, en ejercicio de la facultad
conferida en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Nacional, estimó que era
procedente la imposición de la medida de salvaguardia para la protección del sector
azucarero, pues a pesar del concepto negativo del Comité Triple A, de los documentos
estudiados por este Comité era evidente la perturbación de la producción nacional y en
todo caso así lo había recomendado el Consejo Superior de Comercio Exterior.

135. En síntesis, el Gobierno Nacional se separó del concepto del Comité Triple A y
adoptó la medida de salvaguardia provisional contenida en el acto administrativo
demandado, atendiendo por un lado la recomendación del Consejo Superior de
Comercio Exterior y los documentos analizados en las reuniones del Comité Triple
A del 22 de septiembre y del 10 de octubre de 2003.

7.4.2. El alcance del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena. La interpretación
prejudicial del Tribunal Andino y el alcance de las Resoluciones de la
Secretaría General de la Comunidad Andina.

136. Resuelto lo anterior, la Sala debe establecer si la decisión que finalmente adoptó
el Gobierno Nacional y que quedó vertida en el Decreto 3460 de 2003 consideró y se

30

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ajustó a lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena según fue interpretado
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

137. La norma andina literalmente establece en su inciso primero lo siguiente:

“Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la
Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones
en la producción nacional de productos específicos de un País Miembro, éste
podrá aplicar medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter
provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la Secretaría General.
[…]”. (Negrilla de la Sala).

138. De acuerdo con la IP-27-2016 aplicable en el presente trámite bajo la doctrina del
acto aclarado, según se expuso en el numeral 7.3.2. anterior, el artículo 97 del Acuerdo
de Cartagena se refiere a las medidas de salvaguarda como mecanismos de carácter
excepcional y correctivo, para cuya aplicación es exigible, entre otros requisitos, la
existencia de “relación causal”, esto es, que dichas medidas estén conectadas con
aquello que causa el daño o la amenaza da daño (las importaciones comunitarias).

139. Valga reiterar el aparte pertinente de la Interpretación Prejudicial relativo a la
relación causal:

“[…] Les es exigible el requisito de la "relación causal". Ello es debido a la
naturaleza correctiva de todas estas medidas. Al ser las salvaguardias medidas
correctivas, lo que buscan corregir se encuentra vinculado con aquello que
causa el daño o la amenaza de daño. Si las importaciones provenientes de
otro país miembro no son la causa, o no coadyuvan a la causa, del
desequilibrio en la balanza de pagos global, de los perjuicios graves a la
economía del país, de la perturbación en la producción nacional o de la
alteración de las condiciones normales de competencia, carece de sentido
afectar dichas importaciones a través de la aplicación de alguna de las cuatro
modalidades de salvaguardias antes mencionadas.”.

140. Del tenor de la norma y de la interpretación que sobre la misma hace el Tribunal
Andino se establecen como presupuestos fácticos indispensables para la aplicación de
las medidas de salvaguarda, la existencia de importaciones de países de la CAN en
un volumen tal que generen una perturbación en la producción nacional de
determinado producto. De conformidad con la norma únicamente al estar acreditada
la existencia de importaciones comunitarias, la perturbación en la producción
nacional y la relación causal entre ellas es posible la imposición de las medidas

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
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correctivas en su modalidad de salvaguardias, sensu contrario, al faltar algunos de los
elementos, no es posible la aplicación de las mismas.

141. Ahora bien, considerando lo anterior, la Sala estima que el problema central reside
en saber sí cuando se adoptó la medida de salvaguarda estaban o no acreditados los
elementos de la norma comunitaria acabada de explicar.

142. Precisamente con el fin de determinar si los elementos de la norma andina se
cumplen, el propio derecho comunitario prevé un trámite a cargo de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, a través del cual se constatan los supuestos fácticos
y los elementos que legitiman la aplicación del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.
Dispone el inciso pertinente de la norma lo siguiente:

“Artículo 97.- […]

El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de
sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe
sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro
de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado
informe, verificará la perturbación y el origen de las importaciones causantes
de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar
o autorizar dichas medidas, las que solamente podrán aplicarse a los
productos del País Miembro donde se hubiere originado la perturbación. Las
medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el acceso de un volumen
de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años”. (Negrillas de la Sala)

143. En atención al inciso acabado de citar, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo dentro de los plazos establecidos en la norma, presentó ante la Secretaría
General de la CAN un informe sobre los motivos de aplicación de la salvaguardia
adoptada a través del acto demandado.

144. Una vez agotado el procedimiento en el que se analizó el Informe de la Autoridad
Colombiana, las posiciones de los restantes países de la CAN y el criterio de algunas
empresas que fueron requeridas para el efecto, la Secretaría General de la Comunidad
Andina encontró que en el presente caso no estaban demostrados los supuestos
fácticos del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, que justificaran y motivaran la
adopción de la medida de protección.

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145. A través de la Resolución 826 del 14 de mayo de 2004 la Secretaría General de la
Comunidad Andina señaló expresamente:

“Que adicionalmente a la baja participación de las importaciones andinas en el
mercado colombiano, se debe anotar que los precios de las importaciones de los
países andinos fueron superiores a los de la producción nacional colombiana. De
igual forma, no se aprecia desempeño negativo en la producción, utilización de
la capacidad instalada, productividad, precios de venta y los márgenes de
utilidad;

Que al no haberse probado la perturbación a la producción nacional de
productos específicos de un País Miembro, resulta improcedente que la
Secretaría General se pronuncie respecto de la existencia de una eventual
relación causal entre las cantidades o condiciones de las importaciones y
la supuesta perturbación a la producción nacional;

Que, las medidas de salvaguardia constituyen mecanismos de excepción al
Programa de Liberación, por lo que corresponde al País Miembro que las
invoque como sustentación para imponer una restricción comercial, probar
la existencia de los elementos que la justifiquen. En tal sentido, el Tribunal de
Justicia aclaró en su sentencia de 17 de agosto de 1998 (proceso 4-AN-97) que
“…la autorización de medidas correctivas de salvaguardia y su justificación no
puede dar lugar a duda alguna en cuanto a las causales de la perturbación…”;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena,
los Países Miembros sólo pueden aplicar las medidas provisionales allí
previstas cuando ocurran importaciones de productos originarios de la
Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen
perturbaciones a su producción nacional de productos específicos. Por
consiguiente, al no haberse demostrado la existencia de una perturbación a la
producción nacional, no se justificaba la imposición de medidas ni siquiera con
carácter provisional, razón por la cual se deja a salvo el derecho de los
particulares interesados a solicitar la reparación de los eventuales daños o
perjuicios que se les hubieran causado por la aplicación de la medida provisional
de salvaguardia […]”27. (Negrillas de la Sala).

146. De acuerdo con el análisis hecho por la Secretaría General de la Comunidad
Andina, Colombia (esto es, las autoridades internas responsables) no acreditó en
debida forma que las importaciones de azúcar de Bolivia hubieran generado una grave
“perturbación en la producción nacional”.

147. La Secretaría General de la Comunidad también recordó que la “perturbación en
la producción nacional” debe tener una relación causal directa con las importaciones de
los países de la CAN, lo que tampoco fue acreditado en debida forma por el gobierno

27 Resolución 826 del 14 de mayo de 2004 de la Secretaría General de la CAN publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena No. 1068 del 17 de mayo de 2004.

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colombiano, por lo cual, negó la solicitud presentada y, en consecuencia, ordenó
suspender la medida de salvaguardia provisional.

148. En el apartado de “resuelve” del acto mencionado se dispuso:

“RESUELVE:

Artículo 1.- Denegar la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación
de medidas correctivas a las importaciones de azúcar clasificadas en las
subpartidas andina 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00 provenientes de los
Países Miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 97 del
Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2.- Suspender las medidas provisionales aplicadas por el Gobierno de
Colombia a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas andina
1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00 provenientes de los Países Miembros de la
Comunidad Andina, mediante Decreto 3460 del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo del 2 de diciembre de 2003.

Artículo 3.- Los particulares afectados mantendrán su derecho para recuperar
las garantías y los derechos indebidamente exigidos por el Decreto 3460 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, de conformidad con las
prescripciones y procedimientos previstos en el Derecho interno colombiano
[…]”28. (negrillas de la Sala).

149. Interpuesto oportunamente por parte del Gobierno Colombia el recurso de
reconsideración, la Secretaría General a través de la Resolución 857 de 1 de octubre
de 2004, declaró sin lugar el recurso y confirmó lo dispuesto en la Resolución 826 del
14 de mayo de 2004. Se destacan los siguientes apartes del acto:

“[…] Que debe reiterar esta Secretaría General que debido a que las medidas de
salvaguardia consagradas en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena procede sólo
a instancia del País Miembro importador interesado, el informe presentado por el
país solicitante debe incluir toda la justificación necesaria que respalde su petición,
la misma debe ser resultado de un estudio y procedimiento previo de investigación
en el país que se considere afectado en su producción nacional, así como las
pruebas especialmente documentales, que demuestren el cumplimiento de los
presupuestos establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Esta obligación deriva del
principio general del derecho que quien afirma la existencia de un hecho tiene la
carga y responsabilidad de probarlo; Que la Secretaría General al emitir la
Resolución 826 procedió con base a la mejor información disponible y a sus propios
elementos de juicio;

Que es preciso señalar que el Tribunal de Justicia Andino explicó en la sentencia
de 17 de agosto de 1998 (proceso 4-AN-97) que “la autorización de medidas

28 Ibidem

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Demandante: Federico Gómez Pardo

correctivas de salvaguardia y su justificación no puede dar lugar a duda alguna en
cuanto a las causales de perturbación”;

Que por lo expuesto, en relación a la evaluación de los precios implícitos de las
importaciones, la Secretaría General ratifica lo señalado en la Resolución
impugnada, así observó una disminución de los precios de las importaciones
provenientes de Bolivia y Ecuador; sin embargo, estos precios fueron superiores en
todo el periodo de investigación a los precios de la producción colombiana

[…]

Que como se indicó en la Resolución 826, según lo previsto en el artículo 97 del
Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros sólo pueden aplicar las medidas
provisionales allí previstas cuando ocurran importaciones de productos originarios
de la Subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones
a su producción nacional de productos específicos;

Que vale precisar que al examinar la solicitud de una medida de salvaguardia, la
Secretaría General constata el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• el incremento de cantidades o las condiciones en que han ocurrido las
importaciones provenientes de los Países Miembros;
• la existencia de “perturbación” o daño grave a la producción nacional de productos
específicos; y,
• que la perturbación a la producción nacional sea la consecuencia del incremento
de cantidades o las condiciones en que han ocurrido las importaciones originarias
de la Subregión; […]”29

150. Y en la parte resolutiva de la Resolución 857 indicó:

“RESUELVE: Artículo 1.- Declarar sin lugar el recurso de reconsideración
interpuesto por el Gobierno de Colombia, y en consecuencia, confirmar la
Resolución 826 de la Secretaría General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General contenido en la Decisión
425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, comuníquese a los
Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se señala que contra la
presente Resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración,
dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad, dentro de los
dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución”30.

29 Resolución 857 de 1 de octubre de 2004 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 4

de octubre de 2004.
30 Ibidem

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151. A la luz de lo dispuesto por la Secretaría General de la Comunidad Andina en las
resoluciones 826 de 14 de mayo de 2004 y 857 del 1 de octubre de 2004, el Gobierno
Nacional desconoció lo previsto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena.

152. Dicho lo anterior la Sala considera relevante establecer la naturaleza y el alcance
de las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina para definir sus
efectos y su transcendencia.

153. En los términos del artículo 1 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina
son parte del ordenamiento comunitario.

Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:
a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;
b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;
c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la
Comisión de la Comunidad Andina;
d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y
e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países
Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

154. Y, conforme lo indica el artículo 3 del mismo Tratado, las mencionadas
resoluciones son directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo.

“Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán
directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas
señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su
entrada en vigor en cada País Miembro”.

155. Considerando lo anterior, la Sala destaca que la Resolución 826 del 14 de mayo
de 2004 fue publicada en la Gaceta No. 1068 del 17 de mayo de 2004 y la Resolución
857 de 1 de octubre de 2004 por medio de la cual se decidió el recurso de
reconsideración se publicó en la Gaceta No. 1123 de 4 de octubre de 2004.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2004 00151 01
Demandante: Federico Gómez Pardo

156. En razón de lo anterior, las Resoluciones mencionadas adquirieron carácter
vinculante y efectos directos en el ordenamiento nacional y, en consecuencia,
adquirieron naturaleza obligatoria para el Estado colombiano, para sus autoridades y
los nacionales.

157. Y, en este punto en concreto, resulta de la mayor importancia destacar lo señalado
por esta Sección en relación con la prevalencia del derecho comunitario y su carácter
vinculante:

“[…] En la sentencia C-227 de 1999, mediante la cual la Corte Constitucional
estudió la constitucionalidad de la Ley 457 de 1998 por medio de la cual se
aprobó el ` Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba
(Bolivia) a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos
noventa y seis (1996 )” , se precisó:

“Una vez publicada una decisión o una resolución en la gaceta de la
Comunidad Andina, estas normas son aplicables en cada uno de los
Estados, salvo que, en relación con las decisiones que expida el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de
la Comunidad Andina, se disponga su incorporación formal al
ordenamiento interno.

[…]

De manera que, es claro el carácter vinculante de las decisiones que
emite la Comunidad Andina de Naciones, a través de sus organismos
autorizados”31. (Negrilla fuera de texto).

158. En el mismo sentido puede verse la sentencia de esta Sección del 21 de noviembre
de 2024:

“141. De lo anterior se desprende que el derecho comunitario andino se
caracteriza por su finalidad de integración regional, lo que implica la creación de
normas jurídicas vinculantes por parte de los órganos comunitarios. A diferencia
de otros sistemas de cooperación, este derecho se divide en primario, derivado
de los tratados internacionales, y secundario, generado por los órganos
competentes de la comunidad andina.

142. Cómo lo precisó la Corte Constitucional, las normas de derecho secundario
tienen aplicación directa y prevalecen sobre las disposiciones internas de los

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de junio de

2018. Radicación número: 44001-23-31-00 0 -2009-00136-01

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Estados miembros, salvo que se indique expresamente que deben ser
incorporadas al derecho local, garantizando una coherencia normativa que facilita
la integración de los países signatarios.

143. Además, la aplicación de las normas comunitarias en el ámbito nacional se
ha visto acompañada por decisiones judiciales, como se puso de presente con la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de febrero de 1973, en la cual
se permitió al Gobierno Colombiano aplicar directamente decisiones
comunitarias, siempre y cuando no modificaran la legislación nacional.

144. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado respecto de los efectos
del proceso de integración en el derecho interno a partir del concepto de
supranacionalidad y el derecho comunitario resultante. Así, en la sentencia C-
256 de 2014, destacó:

“[…] La CAN ha dado origen a un ordenamiento jurídico propio,
autónomo y supranacional, que se aplica directamente en el territorio
de los países miembros y tiene efectos sobre las autoridades
públicas y sobre los particulares.

Se observa entonces que en el derecho comunitario existe una
división entre las normas catalogadas como primarias u originarias
y las normas de carácter secundario o derivado. En la primera
clasificación, se encuentran los tratados constitutivos, los
protocolos o convenciones, y en la segunda clasificación, las
normas que emiten las autoridades comunitarias en desarrollo de las
competencias asignadas por dichos instrumentos internacionales y
que tienen un carácter vinculante. Además, el funcionamiento de dicho
sistema involucra la creación de tribunales judiciales encargados de
dirimir los conflictos que se susciten en aplicación de las normas del
derecho comunitario.

Específicamente, el derecho primario del SAI se encuentra
conformado no sólo por el Acuerdo de Cartagena, a través del cual
se conformó el sistema de integración y cooperación andino, sino
también por otros instrumentos que fueron emitidos con
posterioridad a él, como los Protocolos Adicionales al Acuerdo de
Cartagena, el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, y el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional o “Acuerdo de Cartagena”. Con respecto al derecho
secundario del sistema, son los órganos comunitarios a los que se
hizo alusión en el acápite anterior quienes, en el marco de sus
competencias, pueden emitir normas de carácter vinculante en el
orden jurídico de los países miembros […]” (negrilla del texto).

[…]

157. Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que, si bien es cierto que
las decisiones de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría
General no forman parte del bloque de constitucionalidad como lo señaló
el tercero con interés en el proceso, también lo es que el derecho
comunitario andino, como parte de un sistema supranacional, tiene

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preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo sobre la legislación
nacional en las materias que regula”.

159. Ahora bien, dado que en las resoluciones 826 y 857 de la Secretaría General de
la Comunidad se indicó que la salvaguardia adoptada a través del acto demandado
vulneró lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, para la Sala es clara
la existencia de la infracción o el desconocimiento de la norma supranacional, lo cual
define la nulidad del acto demandado.

160. No obstante lo anterior, para ahondar en razones, la Sala estima pertinente
referirse a otras circunstancias que permiten evidenciar que, en efecto, el Gobierno
Nacional no sustentó debidamente el elemento de “perturbación de la producción
nacional” que supuestamente estaban generando de las importaciones de Bolivia.

161. En primer lugar, destaca la Sala que de acuerdo con la motivación expresada en
los considerandos del Decreto demandado, el fundamento o sustento del elemento
“perturbación de la producción nacional” fueron “los documentos” analizados por el
Comité Triple A en sus sesiones de 22 de septiembre y del 10 de octubre de 2003:

“Que existe una perturbación sobre la producción nacional de azúcar, tal
como lo indican los documentos analizados por el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sus Sesiones números
108 y 110 del 22 de septiembre y del 10 de octubre de 2003, respectivamente
[…]”

162. Revisadas las Actas de las sesiones del Comité Triple A se identificó que el único
documento que fue considerado por dicho órgano consultivo fue la solicitud de
aplicación de salvaguardia presentada por Asocaña al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, es decir, la petición del gremio o sector supuestamente afectado.

163. Así las cosas, atendiendo el segundo considerando del acto demandado, debería
concluirse que el Gobierno le dio plena validez a los datos y a los argumentos de
Asocaña, lo que en principio no resulta de recibo. En efecto, la aplicación de una medida
correctiva como la salvaguardia, requiere siempre de un análisis técnico y de un
proceso que adelanta la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual se valoran
no solo los documentos y las pruebas aportadas por el solicitante, sino aquellas que se

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Demandante: Federico Gómez Pardo

allegan en respuesta a los requerimientos formulados y que permiten contrastar los
argumentos del peticionario; todo ello con el fin de llevar una recomendación al Comité
Triple A quien a su vez lleva su concepto al Consejo Superior de Comercio Exterior y
éste al Gobierno Nacional como atrás se indicó.

164. Pues bien, en el Informe Técnico de la Subdirección de Prácticas que obra dentro
del expediente32 se expusieron las razones por las cuales se desestimaron los
argumentos presentados por Asocaña en su solicitud, lo que significa que el documento
que supuestamente sustentó la adopción de la medida de salvaguardia fue dejado sin
fuerza por el propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del análisis
hecho por la mencionada Subdirección. En efecto en el Informe de la Subdirección de
Prácticas de octubre de 2003 se indica:

“3.5. CONCLUSIÓN GENERAL

La presente investigación registra incremento en las importaciones de azúcar
originarias de la Comunidad Andina a precios superiores a los de las importaciones
provenientes de terceros países y al precio del productor nacional en Colombia.

Adicionalmente, no es evidente que exista deterioro en el desempeño general de
la industria azucarera ni tampoco que el incremento en las importaciones de la
Comunidad Andina generaran de manera directa el deterioro en los inventarios,
el empleo y el precio interno. A pesar de todo, los indicadores financieros y el
reporte de desempeño de Asocaña muestran una industria eficiente, competitiva y
rentable.

El resultado de esta investigación indica que los argumentos presentados y
suministrados por las partes interesadas en este procedimiento no son
suficientes para justificar la aplicación de una medida de salvaguardia, en
concordancia con lo establecido por el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena y
la aplicación de la Subregión”. (Negrillas y subraya de la Sala).

165. Lo anterior evidencia que para el momento en que se adoptó la decisión
incorporada en el acto demandado no estaban acreditados los supuestos necesarios
para justificar la adopción de la salvaguardia.

166. En atención a los argumentos expuestos y como quiera que a través del acto
demandado se impuso una salvaguardia a favor del sector azucarero sin estar
acreditados los elementos que para el efecto dispone el artículo 97 del Acuerdo de

32 Cfr. Índice 57 de SAMAI, folios 113 y siguientes

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Demandante: Federico Gómez Pardo

Cartagena, conforme fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la IP-272-1996 y la
Secretaría General en las resoluciones 826 y 857 de 2004, se decretará la nulidad del
acto demandado por vulnerar la norma -de orden comunitario- en que ha debido
fundarse.

7.5. Condena en costas

167. Según lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A.33, no hay lugar a condenar en
costas, por cuanto la naturaleza de la acción que se estudió -pública- exime de su
fijación. En este orden, no resulta apropiado analizar la conducta de la parte vencida
para determinar su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de competencia, propuesta
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Decreto 3460 de 2 de diciembre de 2003 “por
el cual se establece una medida de salvaguardia”, expedido por el Presidente de la
República, el Ministro de Hacienda y Crédito, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministro de Agricultura.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a
que haya lugar.

33 Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: “[…] ARTICULO 171.

CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES PÚBLICAS, el Juez,
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. […]”

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Demandante: Federico Gómez Pardo

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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