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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00220-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00220-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 Número único de radicación: 11001032400020040022001 Actor: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente previo las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2004-00220-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020040022001
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA

TESIS: DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES AL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS,
DECRETOS LEYES 254 DE 2000 Y 663 DE 1993, ENTRE OTRAS,
ES DEBER DE QUIENES PRETENDAN HACER VALER CUALQUIER
TIPO DE ACREENCIAS O DE DERECHOS SUBJETIVOS,
COMPARECER AL PROCESO RESPECTIVO DENTRO DE LAS
FECHAS QUE SE INDIQUEN EN LA CONVOCATORIA QUE, DE
ACUERDO CON LA LEY, DEBE REALIZARSE, ACOMPAÑANDO LA
PRUEBA QUE AL EFECTO SE EXIGE SO PENA DE ENFRENTAR
LAS CONSECUENCIAS QUE DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHO
DEBER SE DERIVAN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala, en única instancia, la demanda instaurada por el

ciudadano Pedro Pablo Cadena Farfán, en su condición de

director general del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (en adelante, EL

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2

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Colombia

FONDO), en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del

CCA, contra las resoluciones 67 y 101 de 2003, expedidas por

la liquidadora de la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FERREAS

EN LIQUIDACIÓN (en adelante, FERROVÍAS).

I.- LA DEMANDA

I.1- En la demanda1 presentada el 19 de mayo de 20042 la

parte actora solicita las siguientes declaraciones:

“[…] 1. La declaratoria de nulidad de las Resoluciones
Núms. 067 de 15 de octubre de 2003 y 101 de 16 de
diciembre de 2003, expedidas por la EMPRESA
COLOMBIANA DE VIAS FERREAS- EN LIQUIDACIÓN-
FERROVÍAS. Mediante la primera “Se precisa sobre los
bienes que integraban la masa de la liquidación y los
que estaban excluidos de ella; se decide sobre las
reclamaciones presentadas oportunamente que se
aceptan o se rechazan contra la masa de la liquidación,
señalando la naturaleza de las mismas su cuantía y la
prelación para el pago y los privilegios y preferencias
que la ley establece”. Mediante la segunda de las
nombradas resoluciones, la entidad demandada
resolvió sobre el recurso de reposición interpuesto por
el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

1
En el acápite COMPETENCIA de la demanda, la parte actora señala:
“[…] Se trata de un proceso contencioso administrativo sin cuantía, originado en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho o en la acción de simple nulidad
contra un acto expedido por un organismo del orden nacional y por tanto su
conocimiento corresponde al Honorable Consejo de Estado según el tenor numeral 2
del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. […]”.
2
Folio 45 cuaderno principal.

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Colombia

NACIONALES DE COLOMBIA confirmándola y por tanto
las dos resoluciones conforman una única decisión
administrativa.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de
los actos atrás nombrados y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la
entidad demandada excluir de la masa de la
liquidación los bienes de propiedad del FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA que tiene en su
poder, recibidos de dicha entidad, a título de
simple administración.3

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En forma subsidiaria a la pretensión principal solicito a
esa honorable corporación que en caso de que llegarse
(sic) a la conclusión de que no es procedente el
restablecimiento del derecho impetrado (ordenar la
exclusión de los bienes de propiedad de la entidad
demandante que la demandada tiene en su poder a
título de administración) sea declarada la simple
nulidad de los actos administrativos acusados, en
defensa y restablecimiento del orden jurídico abstracto
que con ellos se encuentra conculcado […]”.

I.2. HECHOS

Como fundamentos fácticos de la demanda, el FONDO expuso

los siguientes:

3
Destacado fuera de texto.

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Colombia

1. En desarrollo de la Ley 21 de 1º de febrero de 1988, artículo

8º, “Por la cual se adopta el programa de recuperación del

servicio público de transporte ferroviario nacional, se provee a

su financiación y se dictan otras disposiciones”, el Ejecutivo

Nacional expidió el Decreto Extraordinario 1586 de 10 de julio

de 1989 mediante el cual ordenó la liquidación de la empresa

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y, en su artículo

25, dispuso que los bienes que no requiriera la citada empresa

para su liquidación y la prestación del servicio público de

transporte ferroviario a su cargo, a juicio de la Junta

Liquidadora, podían ser transferidos, a título gratuito,

exclusivamente como se señala a continuación: “a) […]; b) […]

y c) AL FONDO, que se cree para atender el pasivo social al cual

se refiere el artículo 7º de la Ley 21 de 1988, para que este los

comercialice CON DICHO FIN”, esto es, el pago de las pensiones

de jubilación y de cualquier naturaleza, indemnizaciones y las

sentencias laborales condenatorias contra la entidad liquidada.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 21

de 1988 y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 25 del

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Colombia

Decreto Extraordinario 1586 de 1989, el Gobierno Nacional

expidió el Decreto Extraordinario 1591 de 18 de julio de 1989,

“Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles

Nacionales de Colombia y se dictan otras normas para su

organización y funcionamiento”. AL FONDO se le señaló como

objetivos el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo

7° de la Ley 21 de 1988.

3. Dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 25 del

Decreto Extraordinario 1586 de 1989 y con fundamento en las

facultades otorgadas por el artículo 8° de la 21 de 1988, el

Gobierno Nacional expidió el Decreto Extraordinario 1588 de 18

de julio de 1989, “Por el cual se crea la EMPRESA COLOMBIANA

DE VÍAS FÉRREAS, FERROVÍAS, y se dictan normas para su

organización y Funcionamiento”.

4. Mediante sucesivos Acuerdos expedidos por la Junta

Liquidadora de la empresa FERROCARRILES NACIONALES DE

COLOMBIA, fue transferido al FONDO una serie de bienes de

propiedad de la mencionada empresa, en obedecimiento a lo

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dispuesto en el Decreto Extraordinario 1586 de 1989.

5. Como el FONDO no contaba con la infraestructura necesaria

para asumir directamente la administración, traslado,

almacenamiento y comercialización de los bienes transferidos,

éste celebró con FERROVÍAS una serie de convenios en virtud

de los cuales encargó a dicha entidad para que, a su nombre,

los recibiera de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en

Liquidación, y los administrara y comercializara. Tratándose de

bienes muebles, estos fueron detallados, tal como quedó

pactado en los convenios, mediante actas de entrega y recibo

firmadas por los funcionarios correspondientes de una y otra

entidad, documentos que fueron incorporados a cada convenio

como anexo.

6. Mediante el Decreto 1791 de 26 de junio de 2003, el

Presidente de la República ordenó la supresión y liquidación de

FERROVÍAS, norma cuyo artículo 1°, inciso tercero, dispuso que

“La liquidación se realizará conforme a lo contemplado en el

Decreto Ley 254 de 2000 mediante el cual se expide el régimen

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para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional

y las demás normas que lo modifiquen, sustituyan o

reglamenten y en el presente decreto”.

7. En desarrollo de su proceso de liquidación FERROVÍAS expidió

la Resolución 67 de 15 de octubre de 2003, por medio de la cual

precisó los bienes que integraban la masa de la liquidación y los

que no hacían parte de la misma, sin excluir los bienes del

FONDO que tiene en su poder en virtud de los mencionados

convenios, pese a que existen mandatos legales que

expresamente ordenan la adopción de dicha medida en relación

con los bienes que se encuentren bajo el manejo de la entidad

que se liquida en las condiciones en que el FONDO en este caso

los había entregado.

8. Contra la citada Resolución, en forma oportuna, el FONDO

interpuso el recurso de reposición el cual fue resuelto mediante

la Resolución 101 de 16 de diciembre de 2003 confirmando la

resolución recurrida, acto que fue notificado a la parte

demandante el 19 de enero de 2004, con lo cual quedó

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agotada la vía gubernativa.

I.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

A juicio del demandante con los actos acusados se vulneraron

los artículos 7° y 21 del Decreto 254 de 2000; 25 del Decreto

Extraordinario 1586 de 1989; 11 del Decreto Extraordinario

1591 de 1989; 299 del Decreto Ley 663 de 1993, Estatuto

Orgánico del Sistema Financiero; 1154 y 1399 del Código de

Comercio; y 83, 84 y 85 del CCA.

Explicó el concepto de la violación señalando que FERROVÍAS,

desconociendo normas superiores en las que se prevé que debe

excluirse de la masa de liquidación los bienes recibidos en

calidad de mandato o bajo la figura del encargo fiduciario,

optó por incluir en dicha masa los bienes del FONDO que tenía

en la indicada condición, contrariando lo previsto en los artículos

21 del Decreto 254 de 2000 y 299 del Estatuto Orgánico del

Sistema Financiero.

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Y agregó que la no exclusión de la masa de la liquidación de los

mencionados bienes del Fondo, trae como consecuencia que los

actos acusados resulten violatorios de los artículos 25 del

Decreto 1589 de 1989, 11 del Decreto 1591 de 1989 y 21 del

Decreto 254 de 2000, adicionalmente teniendo en cuenta que

dichos bienes fueron afectados a fines diferentes de los

permitidos, como era atender a la seguridad social -salud y

pensión- del personal pensionado de empresa FERROCARRILES

NACIONALES DE COLOMBIA.

Destacó el hecho de que en los actos acusados se sostiene que

los bienes del FONDO no fueron excluidos de la masa de

liquidación debido a que este no se presentó oportunamente a

formular la reclamación correspondiente; y que si bien ello

puede ser verdad, tal circunstancia no servía de motivo valido a

la liquidadora para actuar como lo hizo, debido a que la

exclusión no dependía de que se hiciera tal reclamación, pues,

motu proprio, es decir, voluntariamente o por su propia

iniciativa, esta debió realizarla en obedecimiento a las normas

superiores que así lo disponen.

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De acuerdo con lo anterior, los actos acusados están falsamente

motivados, porque en ellos se dice (Resolución 67 de 15 de

octubre de 2003) que los únicos casos en que la ley ordena tener

por excluidos bienes de la masa de la liquidación, son los

señalados en el considerando décimo, lo cual no resulta cierto,

ya que basta una simple lectura del artículo 21 del Decreto 254

de 2000, para darse cuenta que son dos los casos de bienes a

tenerse por excluidos: a) Los recursos de seguridad social (entre

ellos los destinados a atender al pago de las obligaciones

contempladas en el artículo 14 del mismo Decreto; y b) Los

demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero, por lo que dicha Resolución falseó la verdad en este

aspecto en la medida en que dejó por fuera de los casos en que

opera la exclusión por mandato de la ley los que, precisamente,

tienen que ver con los bienes del FONDO.

FERROVÍAS, tenía a su disposición la plena prueba de la

existencia de sus obligaciones con el Fondo y de la destinación

legal de los mencionados bienes; sin embargo, prevalida de un

formalismo, supuestamente obligatorio y preclusivo, ocultó esta

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circunstancia al resto de los acreedores, pues ninguna mención

hizo de la existencia de tales pasivos.

Al tiempo que se adelantaba el proceso de liquidación, los

funcionarios de una y otra entidad trabajaban conjuntamente en

la tarea de depurar las cuentas a efectos de poder liquidar los

convenios de mandato de administración relacionados en este

libelo.

Por último, señaló que FERROVÍAS, de conformidad con el

artículo 19 del Decreto Ley 254 de 2000, tenía el deber de

identificar plenamente los bienes de propiedad del FONDO que

a título de simple tenencia estaban a cargo de la entidad en

liquidación, pero no lo hizo.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

FERROVÍAS, a través de apoderado, contestó la demanda4

defendiendo la legalidad de los actos acusados y, en particular,

4
Folio 136 a 143 del cuaderno núm. 1.

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la validez jurídica de la justificación de los mismos esgrimida en

la Resolución 101 de 16 de diciembre de 2003. Adicionalmente,

propuso las siguientes excepciones:

INEPTA DEMANDA por ausencia de demostración de las

condiciones y requisitos legales para excluir los

supuestos bienes del FONDO y falta de especificación de

los bienes a excluir de la masa de liquidación

Sobre el particular señaló que los planteamientos de la

demanda en las condiciones en que se formulan no entregan los

elementos fundamentales para poder proferir fallo, debido a que

aún en el caso hipotético de que se advirtiera que FERROVÍAS

posee bienes sobre los que supuestamente recaería la

obligación de restituir, el actor, en el texto de su libelo, aunque

solicita de manera enfática la exclusión de bienes del Fondo de

la masa de la liquidación, se limita a elevar tal petición de

manera genérica, sin discriminar o detallar cuáles son los bienes

que, a su juicio, no deben hacer parte de dicha masa. Tampoco

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demuestra los requisitos o condiciones que exige la Ley para

que los mismos sean objeto de la mencionada exclusión.

EL ACTOR NO PUEDE APROVECHARSE DE SU PROPIA

NEGLIGENCIA POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE SU

RECLAMACIÓN

Al respecto, afirmó que con la presente demanda el FONDO, de

cierta manera, pretende subsanar su falencia o negligencia por

omitir postular oportunamente las supuestas acreencias dentro

del término indicado en los avisos publicados con ocasión de la

liquidación de FERROVÍAS, muy pesar de que entre los

servidores del Estado y ante la opinión pública era conocido que

el programa de renovación administrativa suponía la liquidación

de muchas empresas, entre ellas, FERROVÍAS, situación que

resulta más evidente si se tiene en cuenta que entre

demandante y demandada eran frecuentes las reuniones para

tratar diversos temas que aún les atañen.

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VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY POR LA

EXCLUSIÓN DE LOS SUPUESTOS BIENES DEL FONDO DE

LA MASA A LIQUIDAR

En relación con el punto sostuvo que darle viabilidad a la

reclamación extemporánea del FONDO constituiría una violación

flagrante de la Constitución, por cuanto se materializaría un

tratamiento discriminatorio respecto de quienes sí se

presentaron oportunamente al proceso liquidatorio obteniendo

mejor derecho, vulnerándose con ello el principio rector de

nuestra Constitución Política relativo a la igualdad, predicable

especialmente de este tipo de asuntos. Que, asimismo, se

vulneraría el procedimiento adoptado por nuestra legislación

aplicable a la liquidación de las entidades que, como bien se

sabe, ha establecido términos perentorios para la presentación

de las reclamaciones por parte de los acreedores.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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• El Ministerio Público mediante escrito de 5 de diciembre de

20175, emitió concepto en relación con el presente asunto,

argumentando, en síntesis, lo siguiente:

Ante todo, consideró que el problema jurídico a resolver

consistía en determinar si los actos acusados, por medio de los

cuales se precisaron los bienes de FERROVÍAS que integraban

la masa de liquidación y los que estaban excluidos de ella, y

que, adicionalmente, decidieron sobre las reclamaciones

presentadas oportunamente por los acreedores, fueron

expedidos con desconocimiento de normas superiores, en

especial, los artículos 21 del Decreto Ley 254 de 2000; 299 de

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de

1993); 25 del Decreto Extraordinario 1586 de 1989, así como

el artículo 11 del Decreto Extraordinario 1591 de 1989.

Y que, de acuerdo con lo anterior, debía examinarse si los actos

acusados se encontraban falsamente motivados, teniendo en

cuenta que en su parte motiva se adujo que el FONDO no

5
Folio 351 a 367 del cuaderno núm. 1.

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presentó, de manera oportuna, la reclamación correspondiente,

no obstante lo cual, según lo que este último afirma en la

demanda, FERROVÍAS debió excluir dichos bienes de la masa

de liquidación por iniciativa propia, en cumplimiento de las

normas superiores que así lo disponían.

Seguidamente se pronunció sobre el concepto de falsa

motivación, señalando que se trata de un vicio que afecta el

elemento causal del acto administrativo referido a los

antecedentes de hecho o de derecho que sirven de soporte a su

expedición, el cual se presenta cuando las razones expuestas

por la administración son contrarias a la realidad o resultan

simuladas o manipuladas.

Puso de presente el hecho de que los principales motivos por

los cuales FERROVÍAS no excluyó de la masa de liquidación los

bienes muebles e inmuebles de propiedad del FONDO que le

fueron entregados para su administración mediante convenios

interadministrativos, se encuentran consignados en la

Resolución 101 de 2003.

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Por ello, consideró que el cargo atinente a la falsa motivación

carecía de vocación de prosperidad, toda vez que la

sustentación de los actos acusados resultaba suficiente y

adecuada, teniendo en cuenta que en ellos se precisaron los

fundamentos fácticos y jurídicos para adoptar la decisión de no

excluir de la masa de la liquidación los bienes de propiedad del

FONDO, respecto de los cuales FERROVÍAS actuaba como

administradora, los cuales, además, guardan correlación con lo

previsto expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable.

Al respecto, agregó que evidentemente el proceso

administrativo de liquidación está integrado por una serie

concatenada de etapas que deben darse de forma sucesiva,

ordenada y lógica, dirigidos a la realización de un objetivo

específico consistente en la “pronta realización de los activos y

el pago de los pasivos de la entidad”.

Y que, en principio, se presume que la masa de liquidación la

integran todos los bienes, utilidades, rendimientos financieros y

cualquier otro derecho patrimonial de la entidad, de modo que

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quienes pretendan hacer valer sus eventuales derechos deben

presentar la reclamación respectiva contra la entidad,

esgrimiendo prueba siquiera sumaria de sus créditos, tal y como

lo prevé el Decreto 2418 de 1999.

Puso de presente el hecho de que, según las resoluciones núms.

67 de 2003 y 101 de 2003, los emplazamientos se realizaron

los días 17 y 21 de julio de 2003 en diarios de amplia circulación

del país y en lugares de acceso al público de las oficinas de la

entidad intervenida; asimismo, que en dichos actos se indicó

que el plazo de presentación de reclamaciones se extendió

hasta el 21 de agosto de 2003, y que una vez vencido este

último término se procedió al estudio de las reclamaciones

presentadas oportunamente, con el fin de determinar si debían

ser objeto de rechazo y calificación; y que en cumplimiento de

lo anterior se expidió la Resolución 67 de 15 de octubre de 2003,

mediante la cual se aceptaron y rechazaron las reclamaciones

presentadas oportunamente, la cual fue notificada por edicto y

por aviso en un periódico de amplia circulación informando

sobre la expedición de dicho acto.

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A su juicio, el FONDO tenía la carga procesal de presentar la

reclamación correspondiente dentro de las oportunidades y

términos previstos por las normas aplicables, una vez

efectuadas las citaciones y emplazamientos aludidos, dado el

carácter obligatorio de adelantar paulatinamente los actos,

trámites y etapas en el orden establecido dentro del

procedimiento liquidatorio que tiene como finalidad «la

realización de los activos y el pago gradual y ordenado del

pasivo externo en igualdad de condiciones para los acreedores».

Sin embargo, como el Fondo no actuó de esa manera, su

omisión tiene aparejada una serie de consecuencias jurídicas en

su contra, como las señaladas en los actos censurados.

Concluyó en que los argumentos alegados por el FONDO para

fundamentar el cargo de falsa motivación carecían de vocación

de prosperidad, y además en que como dicho FONDO no

presentó los requerimientos de manera oportuna como lo

sostienen los actos acusados, de dicha omisión se desprendía la

consecuencia jurídica señalada por la Resolución núm. 101 de

2003, esto es, que sus acreencias hicieran parte del

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denominado pasivo cierto no reclamado, siempre y cuando

estén debidamente comprobadas en los Libros de la intervenida

de acuerdo con su naturaleza.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó a

esta Corporación denegar las pretensiones de la demanda.

• Tanto la parte demandante como la demandada guardaron

silencio en esta etapa procesal.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Los actos demandados

Los actos administrativos expedidos por FERROVÍAS, EN

LIQUIDACIÓN, objeto de la acción de que aquí se trata, son:

“[…] RESOLUCIÓN NO. 0067
15 de octubre de 2003.

Por medio de la cual se precisa sobre los bienes que
integran la masa de la liquidación y los que están
excluidos de ella; se decide sobre las reclamaciones
presentadas oportunamente que se aceptan o
rechazan en relación con sumas y bienes excluidos

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de la masa de la liquidación y su orden de
restitución; así mismo se decide respecto de las
reclamaciones de acreencias presentada
oportunamente que se aceptan o rechazan contra
la masa de la liquidación, señalando la naturaleza
de las mismas, su cuantía y la prelación para el
pago y los privilegios y preferencias que la ley
establece.

CONSIDERANDO
[…]
BIENES Y DERECHOS EXCLUIDOS DE LA MASA DE LA
LIQUIDACION (NO MASA)

DECIMO: De conformidad con lo establecido en el
numeral segundo del artículo 299 del Decreto 663 de
1993 (Estatuto Orgánico del sistema Financiero), el
artículo 21 de Decreto 254 de 2000 y el artículo 13 del
Decreto 1791 de 2003 Se ha establecido que los
siguientes bienes y derechos se encuentra excluidos de
la masa de la liquidación:

• La red férrea a cargo de la EMPRESA COLOMBIANA
DE VÍAS FÉRREAS -FERROVÍAS- EN
LIQUIDACIÓN, la cual será transferida al Instituto
Nacional de Vías.
• Las partidas apropiadas y no comprometidas para
el año 2003 en el presupuesto aprobado a la
empresa que se trasladen a los presupuestos de
las entidades que asuman las funciones o
competencias respecto de la Red Férrea.
• Los bienes muebles, inmuebles y derechos cuyo
titular sea la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS -FERROVIAS- EN LIQUIDACION Y que
requieran para el cumplimiento de su objeto las
entidades que asuman las funciones o
competencias de la Red Férrea.
• Los bienes y recursos de la seguridad social que
se destinen al pago del pasivo pensional y/o que
deban ser entregados a la entidad que determine
artículo 14 y 21 del Decreto 254 de 2000-
[…].
RESUELVE:

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ARTICULO PRIMERO: TENER como bienes y derechos
excluidos de la masa de la liquidación (NO MASA) los
indicados en el Considerando Décimo de la presente
Resolución y como integrantes de la masa de la
liquidación (MASA) los restantes.

ARTICULO SEGUNDO: ACEPTAR como créditos a
cargo de la Masa de la liquidación las reclamaciones
señaladas en el Considerando Décimo Octavo de la
presente Resolución, por los motivos, conceptos y
cuantías que en cada caso se indican.

ARTICULO TERCERO: RECHAZAR como créditos a
cargo de la Masa de la Liquidación, las reclamaciones
señaladas en el Considerando Décimo Noveno de la
presente Resolución, por los motivos, conceptos y
cuantías que en cada caso se indican.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución
procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Liquidadora de LA EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS FERROVIAS- EN
LIQUIDACION, acreditando la calidad en que se actúa,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la desfijación

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR esta Resolución por
edicto en la forma prevista en el artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo. Adicionalmente dentro de
los primeros tres (3) días de fijación del edicto se
publicará un aviso en un periódico de amplia circulación
informando: la expedición de la Resolución, la fijación del
edicto, la fecha en que será desfijado, el término para
presentar recursos y el lugar o lugares en los cuales
podrá consultarse el texto completo de esta Providencia.

Dada en Bogotá. D.C., a los quince (15 ) días del mes de
octubre de dos mil tres (2003)”.

“[…] RESOLUCIÓN NO. 0000101

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16 de diciembre de 2003

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
intentado contra la Resolución número cero sesenta y
siete 067 de fecha quince (15) de octubre de dos mil tres
(2003), por medio de la cual se señalan los bienes que
integran la masa de la liquidación y los que están
excluidos de ella; se decide sobre las reclamaciones
presentadas oportunamente que se aceptan o rechazan
en relación con sumas y bienes excluidos de la masa de
la liquidación, así como de las acreencias presentadas
oportunamente que se aceptan o rechazan contra la
masa de la liquidación

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR las decisiones
contenidas en la resolución cero sesenta y siete (067) de
fecha quince (15) de octubre de dos mil tres (2003) y no
acceder a las peticiones contenidas en el recurso de
reposición propuesto por el Doctor PEDRO PABLO
CADENA FARFAN, en su calidad de Director General del
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE
COLOMBIA, de conformidad con las razones contenidas
en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución
de conformidad con lo estipulado en los artículos 44 y 45
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra las decisiones contenidas
en esta Resolución NO proceden recursos

Dada en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de diciembre
del año dos mil tres (2003) […]”.

El problema jurídico

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La controversia planteada gira en torno a la ilegalidad que, a

juicio del demandante, está presente en las resoluciones

núms. 67 de 15 de octubre de 2003 y 101 de 16 de

diciembre de 2003, por medio de las cuales, en su orden,

entre otros temas, se hizo precisión sobre los bienes de

FERROVÍAS que integraban la masa de liquidación y los que

estaban excluidos de ella, aspecto puntualmente controvertido;

y se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de

la primera, confirmándola. Lo anterior teniendo en cuenta que,

según los cargos de la demanda, dichos actos

administrativos adolecen de falsa motivación al ser

expedidos con desconocimiento de las normas superiores que

ordenaban excluir de la masa de liquidación los bienes

recibidos en calidad de mandato o bajo la figura del

encargo fiduciario, bienes que, por lo mismo, no le

pertenecían a FERROVÍAS sino al FONDO, no obstante lo cual

estos se incluyeron dentro de la masa de liquidación

contraviniendo lo previsto en los artículos 216 del Decreto 254

6
“[…] ARTÍCULO 21. No formarán parte de la masa de la liquidación:
a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que
determine el Gobierno Nacional;
b) Los demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. […]”

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de 2000 y 2997 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

En tanto que la demandada alega que el FONDO, de una parte,

no puede aprovecharse de su propia negligencia, pues no

presentó oportunamente la reclamación respectiva; y, de la

otra, la solicitud de que aquí se trata se presentó de manera

genérica, sin especificar con el debido detalle o en forma

discriminada los bienes que, a su juicio, no debían hacer parte

de dicha masa.

Con el propósito de dar solución al problema jurídico planteado

la Sala considera pertinente abordar lo concerniente, a: (i) la

Falsa Motivación como causal de nulidad de los actos

administrativos; (ii) el proceso de liquidación de las entidades

públicas; y (iii) por último, cuál sería la incidencia de dichos

temas en las particularidades del caso concreto.

7
“[…] ARTICULO 299. MASA DE LA LIQUIDACION.
1. Masa de la liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes actuales y futuros
de la entidad intervenida.
2. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. Además de lo dispuesto en los artículos 1154
y 1399 del Código de Comercio, no formarán parte de la masa de la liquidación:
[…]
d. Los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario […]”.

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(i). La falsa motivación como vicio del acto

administrativo.

Sobre el particular es preciso empezar por recordar que, en

términos generales, de acuerdo con la jurisprudencia y la

doctrina, la motivación del acto ha sido entendida como la

manifestación unilateral de la voluntad de la Administración

expresada por medio de un funcionario que ejerce la función

administrativa y que tiende a la producción de efectos jurídicos.

Para que exista y sea válido un acto administrativo la

jurisprudencia sobre la materia reiteradamente ha señalado que

deben concurrir ciertos elementos esenciales, cuales son, el

órgano competente, la voluntad administrativa, el contenido,

los motivos, la finalidad y la forma.8 En caso de que alguno de

los elementos de validez del acto administrativo se vea

afectado, el administrado podrá demandar su nulidad y solicitar

el restablecimiento de sus derechos. Para el efecto, deberá

8
Véase Consejo de Estado, sentencia de 4 de julio de 1984. Sección Primera, exp. 4.261;
Consejo de Estado, sentencia de 6 abril 2000, Sección Primera, exp. 5.373, Consejo de Estado,
sentencia de 23 febrero 2012, Sección Tercera, expediente 20.810, entre otras.

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invocar y sustentar alguna de las causales de nulidad de los

actos administrativos contenidas en el artículo 849 del CCA,

actual artículo 137 del CPACA.

Cada una de dichas causales está directamente vinculada con

uno de los elementos de validez del acto. Así por ejemplo, si la

competencia del acto está viciada, deberá alegarse la nulidad

derivada de la expedición del acto por un funcionario

incompetente, si el vicio radica en las formalidades constitutivas

del acto procederá la nulidad por expedición irregular. En

cambio, si la motivación del acto está viciada, se deberá

plantear la falsa motivación, o si la nulidad se predica de la

finalidad del acto, se estará ante un escenario de desviación del

poder; y, por último, en caso de que el acto desatienda el

ordenamiento superior al que estaba sometido, se estará ante

la infracción de las normas en las que el acto debe fundarse.

9
Recuérdese que dichas causales se generan: “[…]no solo cuando los actos administrativos
infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionario u organismo incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió […]”. (Negrillas fuera de texto)

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El Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto

administrativo constituyen uno de los fundamentos de su

legalidad, a tal punto que cuando se demuestre que las razones

que se expresan en éste como fuente del mismo no son reales,

no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo

invalida y que se denomina falsa motivación. Esta causal de

nulidad se presenta cuando se afecta el elemento causal de la

decisión, relacionado con los antecedentes de hecho o de

derecho que facultan su expedición y, por ello, el impugnante

tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto

administrativo no corresponde con la realidad. Concretamente

este vicio se configura cuando: (i) se presenta inexistencia de

fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de

voluntad de la administración, (ii) los supuestos de hecho

esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por

error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor

del acto les ha dado a los motivos de hecho o de derecho un

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alcance que no tienen, y (iv) porque los motivos que sirven de

fundamento al acto no justifican la decisión.10

Sobre la falsa motivación, el Consejo de Estado11 también ha

precisado que esta causal autónoma e independiente se

relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos

y con el control de los hechos determinantes de la decisión

administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de

un acto administrativo con fundamento en la causal

denominada falsa motivación, "es necesario que se demuestre

una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la

Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de

la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la

actuación administrativa; o b) que la Administración omitió

tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si

hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión

sustancialmente diferente".

10
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 abril 2016, exp.
25000232400020080026501, Consejera Ponente, María Claudia Rojas Lasso.
11
En relación con la falsa motivación de los actos administrativos se cita la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Cuarta, de 23 de junio de 2011, radicado 11001-23-27-000-2006-00032-
00(16090), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

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(ii). El procedimiento de liquidación de las entidades

públicas

En relación con el punto resulta oportuno traer a colación lo

expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta

Corporación en el concepto de 8 de junio de 2016 (Radicación

núm. 11001-03-06-000-2016-00029-00(C), CP. Álvaro Namén

Vargas), en el cual se dijo lo siguiente:

“[…] El artículo 52 de la Ley 489 de 1998 dispone:

“Artículo 52º.- De la supresión, disolución y liquidación de
entidades u organismos administrativos nacionales. El Presidente
de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la
consiguiente liquidación de entidades y organismos
administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de
la presente Ley cuando:

1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de
creación hayan perdido su razón de ser.
2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean
transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del
orden territorial.
3. Las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por
el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia
de funciones a otra entidad.
4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión
y de eficiencia que emplean los organismos de control y los
resultados por ellos obtenidos cada año…
5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con
otra u otras entidades.

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6. Siempre que como consecuencia de la descentralización de un
servicio la entidad pierda la respectiva competencia.

Parágrafo 1º.- El acto que ordene la supresión, disolución y
liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y
derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas,
la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes
presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación
y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la
situación de los servidores públicos.

Parágrafo 2º.- Tratándose de entidades sometidas al régimen
societario, la liquidación se regirá por las normas del Código de
Comercio en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la
entidad cuya liquidación se realiza”. (Subrayas ajenas al texto
original).

“Posteriormente, la Ley 573 de 200012 otorgó facultades
extraordinarias al Presidente de la República para diferentes fines,
entre ellos, “dictar el régimen para la liquidación y la disolución de las
entidades públicas del orden nacional” (artículo 1º, numeral 7º).

“Haciendo uso de tales facultades extraordinarias, el Gobierno expidió
el Decreto Ley 254 de 2000, que contiene el régimen para la
liquidación de las entidades públicas del orden nacional, el cual ha
sido modificado por las Leyes 1105 de 2006, 1450 de 201113 y 1753
de 201514.

“La Sala considera pertinente mencionar que aun cuando la
disolución, la fusión, la supresión y, en general, la reestructuración
de las entidades públicas puede tener diversos objetivos, indicados
parcialmente en el artículo 52 de la Ley 489, y los cuales persiguen,
en últimas, el mejor cumplimiento de los fines que la Constitución
Política encarga al Estado colombiano, la liquidación de dichas
entidades persigue fundamentalmente los mismos objetivos que la
liquidación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado,
esto es, desmontar en forma progresiva y organizada sus actividades
y operaciones, recuperar y enajenar sus activos, y pagar, con el
producto de tales operaciones, las obligaciones asumidas por la
persona o entidad en liquidación, empezando por el denominado

12
“Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución”.
13
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
14
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”.

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“pasivo externo” (es decir, las deudas adquiridas para con terceros,
distintos de sus socios o propietarios).

“Por tal razón, la liquidación de entidades públicas está sometida a
los mismos principios que regulan la liquidación de entidades privadas
y a un procedimiento sustancialmente similar, regido, en parte, por
las mismas normas. De dichos principios, la Sala considera importante
resaltar los siguientes:

(i) El de universalidad, que significa que todos los asuntos concernientes al
patrimonio de la entidad en liquidación, tanto en relación con sus activos
(bienes y créditos a favor) como en relación con sus pasivos (deudas)
deben tramitarse y resolverse dentro del mismo proceso liquidatorio.
Desde el punto de vista del pasivo, este principio implica que
todos los acreedores y las demás personas que se consideren con
algún derecho o reclamo frente a la persona natural o jurídica en
liquidación, deben comparecer al respectivo proceso
liquidatorio, si aspiran a que les sean reconocidos y pagados sus
créditos o derechos. Una consecuencia de este principio consiste, por
ejemplo, en que no pueden continuarse ni iniciarse procesos judiciales
ejecutivos o procedimientos de cobro coactivo contra la persona o
entidad en liquidación, después de que se ha iniciado dicho trámite. (la
Sala destaca).

(ii) El de igualdad de los acreedores frente a la liquidación (“par
conditio creditorum”), de acuerdo con el cual todos los
acreedores deben presentarse y reclamar el pago de sus créditos
dentro del proceso liquidatorio, sujetándose al mismo
procedimiento, a las mismas reglas y decisiones que se tomen
dentro del proceso concursal, a los mismos plazos establecidos
para reclamar y recibir los pagos, y al conjunto de activos que
forman parte del patrimonio de la entidad en liquidación, con base en el
cual se vaya a pagar total o parcialmente las deudas. Este principio
implica que, salvo los casos expresamente previstos en la ley (como la
devolución de bienes de terceros en poder de la entidad en liquidación,
las obligaciones que pueden cubrirse con activos excluidos de la masa
de liquidación y el pago de “gastos administrativos”), ningún acreedor
puede aspirar a que su crédito le sea pagado primero, ni que sea
solucionado por fuera del procedimiento y los plazos
establecidos, ni tampoco que sea cubierto en su totalidad, a pesar de
que los activos de la entidad deudora sean insuficientes. Ni siquiera los
privilegios y las preferencias establecidas por la ley para ciertos tipos de
créditos (como los laborales, los fiscales etc.), resultan verdaderamente
opuestos a este principio, ya que si bien los titulares de dichas
acreencias tienen derecho a que se les pague con prelación frente a otros
grupos de acreedores, los beneficiarios de tales preferencias y privilegios

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deben sujetarse al principio de igualdad dentro de su propio grupo, es
decir, que existiendo varios acreedores de la misma clase o tipo de
créditos, ninguno de ellos puede pretender que se le pague primero que
los otros, o en una mayor proporción, o que su crédito sea solucionado
por fuera del procedimiento liquidatorio. Este principio también acarrea,
entre otras consecuencias, que no se pueden embargar bienes del
deudor (por fuera de la liquidación) y que tampoco se puedan extinguir
obligaciones a cargo de la entidad deudora mediante compensación,
confusión y otros modos de extinción de las obligaciones previstos en el
Código Civil, por fuera de los trámites y etapas propios del proceso
liquidatorio. (la Sala destaca).

(iii) El de sujeción de los pagos a los activos existentes, el cual implica que
la solución de las obligaciones dinerarias a cargo de la entidad en
liquidación se hace con el producto de la enajenación o “realización” de
los activos de dicha entidad, es decir, su conversión en dinero o en otros
recursos líquidos que sirvan para pagar las obligaciones o, en últimas,
mediante la adjudicación de los mencionados bienes a los acreedores.
Esto implica que, salvo las excepciones previstas en la ley, como
aquellas en las que se establecen responsabilidades solidarias o
subsidiarias a cargo de los socios o propietarios de una persona jurídica
en liquidación, o a cargo de otras personas, o en las que se dispone que
cierta clase de obligaciones deben entenderse cedidas o subrogadas a
terceros, el límite máximo que puede ser pagado a los acreedores (en
su conjunto) en esta clase de procedimientos, equivale al valor de
mercado de los activos de la entidad en liquidación, por lo que las
obligaciones que superen dicho monto pueden resultar impagadas o
pagadas parcialmente, dependiendo del orden de prelación al que
pertenezcan, el dinero que se reciba por la venta de los activos y el
desarrollo mismo del procedimiento liquidatorio.

(iv) El de imposibilidad de ejecutar el objeto social o legal. Este principio
significa que las entidades en liquidación conservan su personería
jurídica y su capacidad legal (mientras dure el proceso) exclusivamente
para los fines perseguidos con el mismo y, particularmente, para
recuperar, enajenar y monetizar sus activos, y pagar con el producto de
los mismos sus obligaciones; pero no pueden continuar realizando o
celebrando las actividades, operaciones y actos jurídicos propios de su
objeto social, legal o estatutario, según el caso, por lo que tampoco
pueden asumir nuevas obligaciones relacionadas con dichas actividades.

“Vale la pena observar que los tres primeros principios que se han
descrito aparecen mencionados en el numeral 1º del artículo 293 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de 1993),

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el cual resulta aplicable, como se explicará más adelante, a los
procesos de liquidación de las entidades públicas. Dicha norma es del
siguiente tenor:

“Artículo 293. Naturaleza y normas aplicables de la liquidación
forzosa administrativa.

1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación
forzosa administrativa de una entidad vigilada por la
Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal,
tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y
el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la
respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos,
preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las
disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y
preferencia a determinada clase de créditos.
(…)”. (Se subraya).

“Ahora bien, bajo estos principios se expidió el Decreto Ley 254 de
2000, que junto con la Ley 1105 de 2006, constituyen la regulación
general sobre el procedimiento administrativo liquidatorio de las
entidades públicas del orden nacional. No significa lo anterior que
dicho decreto, modificado por la citada ley, agote la normatividad
aplicable a la liquidación de las entidades públicas del orden nacional,
pues aparte de las disposiciones mencionadas, son aplicables a estos
procesos el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el decreto que ordene
la supresión o disolución de la entidad pública respectiva, el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, al cual remite expresamente el
Decreto Ley 254 de 2000 (artículo 1), y los decretos que en esta
materia haya dictado el Presidente de la República, tanto en ejercicio
de su facultad de intervención en las actividades financiera,
aseguradora y bursátil (artículo 189, numeral 25 de la Constitución
Política), como en ejercicio de su potestad reglamentaria (numeral 11
ibídem), a todos los cuales remite igualmente el artículo 1º del
Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 1105 de
200615.

15
“Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o
disolución. La liquidación de las Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las
que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y las Empresas
Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.
Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y las normas que lo desarrollan.
(…)”. (Destacamos).

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“De hecho, a la liquidación de una entidad pública del orden nacional,
se le aplican hoy en día las siguientes normas, en el orden que se
indica (con criterio de especialidad): (i) El decreto o acto
administrativo que haya ordenado su liquidación; (ii) el Decreto Ley
254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006; (iii) la Ley 489 de
1989 (especialmente el artículo 52); (iv) el Decreto 2555 de 2010;
(v) el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y (vi) el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

“Es pertinente aclarar que el trámite previsto en las normas citadas
en los numerales (i), (ii), (iv) y (v) constituye un procedimiento
administrativo especial, al que, por lo tanto, solamente le son
aplicables las disposiciones generales de procedimiento contenidas en
el CPACA, en los aspectos que no se encuentren regulados en aquellas
reglas especiales, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 2 y
34 del citado código16, sin perjuicio del deber de observar y aplicar
los principios generales establecidos en el artículo 3º ibídem17.

“Ahora bien, el procedimiento especial mencionado se desarrolla en
etapas y plazos preclusivos, lo cual significa que una vez vencido un
plazo o agotada una determinada etapa, no es posible reabrirla o
realizar las actividades propias de la misma, por norma general, salvo
que así lo decida el Liquidador por alguna razón prevista en la ley, o
que lo ordene una autoridad judicial competente. Dicho procedimiento
incluye las siguientes etapas y actos, entre otros: (i) Elaboración del
inventario de activos, pasivos, procesos judiciales y contingencias a

16
“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. (…)
(…)
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en
los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.
(…)
Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se
sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código,
sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no
previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.” (Se
resalta).
17
“Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
(…)”. (Subrayas añadidas).

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cargo de la entidad en liquidación; (ii) emplazamiento a los
acreedores y a las demás personas que se consideren con algún
derecho, para presentar sus respectivas reclamaciones; (iii)
calificación y graduación de los créditos correspondientes a las
reclamaciones presentadas oportunamente; (iv) pago de las
acreencias con cargo a los activos excluidos de la masa de la
liquidación (“no masa”) y pago de los créditos sujetos a la masa; (v)
calificación y graduación de los créditos que conforman el pasivo
cierto no reclamado; (vi) pago de dichas acreencias; (vii) celebración
(eventual) de contratos de fiducia mercantil para el pago de
obligaciones que no alcancen a ser pagadas en el proceso liquidatorio,
atención de procesos judiciales y solución de situaciones jurídicas no
definidas; (viii) presentación del informe final de la liquidación a cargo
del liquidador; (IX) elaboración y firma del acta final de la liquidación,
y (x) cierre del proceso liquidatorio y extinción de la personería
jurídica de la entidad en liquidación [...]”. (Destaca la Sala)
(iii). El caso concreto

Como puede observarse, el proceso de liquidación es un proceso

concursal y universal, que, en resumen, tiene por finalidad

esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y

rápido del pasivo externo a cargo de la entidad objeto de

liquidación hasta la concurrencia de sus activos. Lo anterior

significa que una vez conformada la masa de la liquidación se

solventarán los pasivos que alcancen para el pago de sus

deudas. Entiéndese que dentro de dicho proceso todo aquel

que, desde una apreciación subjetiva, tenga interés en el pago

de una acreencia le asiste la carga de presentar oportunamente

su reclamación al agente liquidador en las fechas que este

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señale, y una vez se resuelva sobre la procedencia o no de las

reclamaciones presentadas en tiempo, así como también las

extemporáneas, en cada una de las resoluciones motivadas que

al efecto expida el liquidador, debe informarse, según la

prelación de créditos prevista en el código civil, a cuál orden

corresponde el pago de cada uno de ellos.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto se tiene que con

fundamento en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución

y el artículo 52 de la ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional

expidió el Decreto 1791 del 26 de junio de 2003, “Por el cual

se suprime la Empresa Colombiana de Vías Férreas,

Ferrovías, y se ordena su liquidación”.

El artículo 1º de este Decreto dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 1º.- Supresión y Liquidación.- Suprímese la
Empresa Colombiana de Vías Férreas – Ferrovías, Empresa
Industrial y Comercial del Estado creada por el decreto 1588
de 1989 y vinculada al Ministerio de Transporte.

A partir de la vigencia del presente decreto la Empresa Colombiana
de Vías Férreas –Ferrovías entrará en proceso de liquidación,
el cual deberá concluir a más tardar dentro de un plazo de
dos (2) años, prorrogables hasta por un plazo igual y utilizará
para todos los efectos la denominación Empresa Colombiana de
Vías Férreas –Ferrovías– en liquidación.

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La liquidación se realizará conforme a lo contemplado en el
decreto ley 254 de 2000, mediante el cual se expide el
régimen para la liquidación de las entidades públicas del
orden nacional y las demás normas que lo modifiquen,
sustituyan o reglamenten y en el presente decreto […]”
(Destaca la Sala)”.

La vigencia del Decreto 1791 empezó, conforme al artículo 24,

el día de su publicación, ocurrida el 27 de junio de 2003 (Diario

Oficial 45.231); y el plazo para la liquidación fue prorrogado por

el Decreto 2089 de 2005, hasta el 26 de junio de 2007.

En cuanto al régimen aplicable a la liquidación, el artículo 23 del

Decreto 1791, complementó lo establecido en el último inciso

del artículo 1º, ya transcrito, de la siguiente manera:

“Artículo 23.- Régimen legal aplicable.- Para efectos de la
liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías
-en Liquidación-, en los aspectos no contemplados en el
presente decreto se aplicará lo señalado en el Decreto-Ley
254 de 2000 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o
adicionen. En cuanto sean compatibles con la naturaleza de
la entidad, se aplicarán en lo pertinente las disposiciones sobre
liquidación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
del Código de Comercio”. (La Sala destaca y subraya).

Como se aprecia, la normatividad aplicable a la liquidación de

FERROVÍAS se encuentra en el Decreto 1791 de 2003, en su

defecto, en los aspectos no previstos en dicho Decreto, en el

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Decreto Ley 254 de 2000 y, en cuanto sean compatibles con su

naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, en las

disposiciones pertinentes del Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, y del Código de Comercio.

Cabe destacar que la supresión y liquidación ordenada en este

caso obedeció a una decisión del Gobierno Nacional, en ejercicio

de sus facultades constitucionales y legales y, por ende, no se

trató de una liquidación impuesta por un acto de la respectiva

autoridad de vigilancia y control.

En relación con el tema específico de los bienes que deben

excluirse de la masa de liquidación, el Decreto 1791 de 2003,

dispuso, lo siguiente:

“Artículo 13. Bienes y recursos excluidos del patrimonio
a liquidar. No forman parte de la Empresa Colombiana de Vías
Férreas - Ferrovías - en Liquidación:

13.1 La red férrea a su cargo, la cual será transferida al Instituto
Nacional de Vías.

13.2 Las partidas apropiadas y no comprometidas para el año
2003 en el Presupuesto aprobado a la empresa que se trasladen
a los Presupuestos de las entidades que asuman las funciones
o competencias respecto de la Red Férrea.

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13.3 Los bienes muebles, inmuebles y derechos cuyo titular sea
la Empresa Colombiana de Vías Férreas -Ferrovías- y que
requiera para el cumplimiento de su objeto las entidades que
asuman las funciones o competencias de la Red Férrea.”

Por su parte, el Decreto 254 de 2000, sobre el punto, señala lo

siguiente:

“ARTÍCULO 21. No formarán parte de la masa de la
liquidación:
a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser
entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional;
b) Los demás que establece el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.”

A su turno, los literales d) y j) del numeral 2 del artículo 299 del

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de

1993, establecen, en su orden, lo siguiente:

“ARTICULO 299. MASA DE LA LIQUIDACION.
[…]
2. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. Además
de lo dispuesto en los artículos 1154 y 1399 del Código de
Comercio, no formarán parte de la masa de la liquidación:
[…]
d. Los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de
depositario o fiduciario;
[…]
j) <Ordinal adicionado por el artículo 26 de la Ley 510 de 1999.
El texto es el siguiente:> En general, las especies identificables
que aun encontrándose en poder de la entidad intervenida
pertenezcan a otra persona, para lo cual se deberán allegar
las pruebas suficientes.” (la Sala destaca).

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En el presente asunto la Resolución 67 de 15 de octubre de

2003, acusada, respecto de los bienes a excluir de la masa de

liquidación, en su parte considerativa y resolutiva, consignó, lo

siguiente:

“BIENES Y DERECHOS EXCLUIDOS DE LA MASA DE LA
LIQUIDACIÓN
(NO MASA)
[…]
DÉCIMO: De conformidad con lo establecido en el numeral
segundo del artículo 299 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto
Orgánico del sistema Financiero), el artículo 21 de Decreto 254 de
2000 y el artículo 13 del Decreto 1791 de 2003 se ha establecido
que los siguientes bienes y derechos se encuentra excluidos de la
masa de la liquidación:

• La red férrea a cargo de la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS -FERROVÍAS- EN LIQUIDACION, la cual será
transferida al Instituto Nacional de Vías.
• Las partidas apropiadas y no comprometidas para el año
2003 en el presupuesto aprobado a la empresa que se
trasladen a los presupuestos de las entidades que asuman
las funciones o competencias respecto de la Red Férrea.
• Los bienes muebles, inmuebles y derechos cuyo titular sea
la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -FERROVÍAS-
EN LIQUIDACIÓN Y que requiera para el cumplimiento de su
objeto las entidades que asuman las funciones o
competencias de la Red Férrea.
• Los bienes y recursos de la seguridad social que se destinen
al pago del pasivo pensional y/o que deban ser entregados
a la entidad que determine el Gobierno Nacional, en los
términos y condiciones señaladas en el artículo 14 y 21 del
Decreto 254 de 2000. […].

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: TENER como bienes y derechos
excluidos de la masa de la liquidación (NO MASA) los indicados
en el Considerando Décimo de la presente Resolución y como
integrantes de la masa de la liquidación (MASA) los
restantes.[…].”

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Como puede observarse, el citado acto administrativo al

referirse a los bienes que se excluyen de la masa de liquidación

de FERROVÍAS, no hace referencia a los que el FONDO reclama

como de su propiedad, circunstancia que éste considera

violatoria de normas superiores como el artículo 21 del Decreto

254 de 2000 y los ordinales d) y j) del numeral 2 del artículo

299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, afirmación

esta que la Sala no comparte por las razones que a continuación

se exponen:

Para la Sala es claro que el Decreto 1791 de 2003 en su artículo

13, previó, de manera específica, lo relacionado con los bienes

a excluir de la masa de liquidación, norma que al tener carácter

directo y especial sobre el asunto es de aplicación preferente

sobre las de carácter general o las que, por remisión, también

podrían ser pertinentes.

Respecto a la violación que el FONDO plantea del artículo 21 del

Decreto 254 de 2000, es preciso reconocer que dicha norma se

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aplicó parcialmente al excluirse, como lo prevé el ordinal a), los

bienes y recursos de la seguridad social destinados al pago del

pasivo pensional y/o que deban ser entregados a la entidad que

determine el Gobierno Nacional, llamada a asumir dicha carga.

Sobre el ordinal b) del artículo 21 ibidem, este hace remisión al

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, del cual, a juicio del

demandante, debieron aplicarse los literales d) y j) del numeral

2, ya que la Resolución acusada dejó por fuera estos otros

últimos casos en que también opera la exclusión automática,

por mandato de la ley, como es el caso de sus bienes entregados

a FERROVÍAS, en las condiciones previstas en dichos literales.

Para la Sala, las normas que el FONDO demandante echa de

menos no son aplicables para el caso de los bienes a excluir de

la masa de liquidación de FERROVÍAS -en Liquidación-, en razón

de lo siguiente:

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En efecto, el ordinal d) del numeral 2 del artículo 299 del

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero18, prevé:

2. Bienes excluidos de la masa de la liquidación.
[…]
d. Los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de
depositario o fiduciario; […]”. (la Sala Destaca)

Precisado el punto jurídico que hace parte de la esencia de la

cuestión litigiosa, debe tenerse en cuenta que entre los

elementos de convicción que obran como prueba en los anexos

del expediente ciertamente se encuentran los convenios

interadministrativos correspondientes a los siguientes números:

08-0407-0-92; 08-0114-0-92; 08-396-0-93; 08-0397-0-93 y

08-0132-0-96, suscritos entre la Empresa Colombiana de Vías

Férreas y el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles

Nacionales de Colombia, todos los cuales, en términos

generales, tienen como objeto conceder un mandato

especial que conlleva la representación por parte del FONDO

(mandante) a FERROVÍAS (mandatario), con el fin de que esta

18
Decreto 663 de 2 de abril de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración"

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última realice a nombre propio, pero por cuenta ajena, la

administración y la comercialización de los bienes

muebles e inmuebles que LA NACIÓN autorizó transferir

al primero, previo el cumplimiento de los trámites legales a

que hubiere lugar, como consecuencia de la liquidación de la

empresa FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, y como

contraprestación por la administración y comercialización de

dichos bienes, el FONDO se compromete a reconocer a

FERROVÍAS un porcentaje de los valores que se llegaren a

obtener.

Se requiere entonces establecer si, de acuerdo con los referidos

convenios, se está en presencia de la figura del depósito a que

alude la norma cuya aplicación se invoca por remisión

normativa. Y al efecto resulta menester tener en cuenta la

definición que de dicho negocio jurídico prevé el artículo 2236

del Código Civil, en los siguientes términos:

“[…] ART. 2236. Llámase en general depósito el contrato en
que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga
de guardarla y de restituirla en especie.

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La cosa depositada se llama también depósito […]”.

La finalidad principal y autónoma del contrato es la obligación

de guarda y custodia. El objeto debe ser restituido cuando sea

reclamado por el depositante. El depositario no podrá usar la

cosa sin permiso expreso del depositante. El objeto de la

obligación de custodia debe ser una cosa ajena al depositario.

Por su parte, el artículo 2240 del mismo código señala que: «El

depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las

partes entrega a la otra una cosa corporal o mueble para que la

guarde, y la restituya en especie, a voluntad del depositante.»

Como características del depósito se enuncian, las siguientes:

• Unilateral, pues la principal obligación que se genera en

este contrato es la del depositario de restituir la cosa

corporal que se dio a guardar.

• Gratuito, así lo expresa el artículo 2244 del código civil,

pues si se estipula remuneración por el depósito degenera

en arrendamiento de servicios.

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• Principal, no necesita de otro contrato para existir.

• Nominado, pues se encuentra regulado en los artículos

2236 al 2272 del código civil.

• De ejecución instantánea, pues se perfecciona con la

entrega de la cosa al depositario.

Del análisis de los convenios interadministrativos suscritos entre

FERROVÍAS y el FONDO, en confrontación con las normas

señaladas, claramente se infiere que Ferrovías no tenía los

bienes en calidad de depósito, ya que, como se desprende de

dichos convenios interadministrativos su objeto consistía en la

administración y comercialización de los bienes entregados; y

para el cumplimiento de dicho objeto, FERROVÍAS tenía como

obligaciones, entre otras, “[…] contactará los potenciales

clientes interesados en adquirir, arrendar, permutar o llevar a

cabo cualquier otra transacción encaminada a comercializar los

bienes objeto del convenio; colaborará con el FONDO

celebrando los actos y contratos que se requieran para lograr el

fin propuesto a través de este convenio; a su vez, el FONDO

autoriza igualmente a FERROVIAS para que directamente o a

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través de terceros lleve a cabo las reparaciones necesarias para

la correcta operación de los equipos mencionados; VALOR:

FERROVIAS cobrará un porcentaje sobre el valor de la

respectiva transacción […].”

La mencionada negociación, se insiste, no se aviene o

compagina con la definición legal del contrato de depósito el

cual, como se ha visto, consiste en confiarle una cosa corporal

a una persona que se encarga de guardarla y restituirla

después, siendo la naturaleza principal del contrato de depósito

su gratuidad, como expresa y categóricamente lo señala el

artículo 2244 del Código Civil:

“[…] ART.2244.-El depósito propiamente dicho es gratuito.

Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa,
el depósito degenera en arrendamiento de servicio […].”

Ahora, el que hayan debido excluirse de la masa de liquidación

los bienes que supuestamente tenía la entidad intervenida

FERROVÍAS en calidad de fiduciaria, como lo prevé el ordinal

d) del numeral 2 del artículo 299 del Decreto 663 de 1993,

norma que en la demanda igualmente se reputa inaplicada por

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los actos acusados, la Sala considera que tal disposición

tampoco tiene cabida en el presente caso, pues la misma solo

está llamada a regir para los establecimientos de crédito y las

sociedades fiduciarias, especialmente autorizadas por la

Superintendencia Bancaria que ostentan la calidad de

fiduciarios, tal y como lo prevé el artículo 1226 del Código de

Comercio, el cual reza:

“ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>.
[…].
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades
fiduciarias, especialmente autorizados por la
Superintendencia Bancaria podrán tener la calidad de
fiduciarios.” (la Sala destaca).

Y teniendo en cuenta el Decreto 1588 de 1989, por el cual se

creó la Empresa Colombiana de Vías Férreas, FERROVÍAS,

como una empresa industrial y comercial del Estado, con

personería jurídica, autonomía administrativa y capital

independiente, vinculada al Ministerio de Obras Públicas y

Transporte, es claro que (artículo 1°) su objeto principal

consistía en mantener, mejorar, rehabilitar, extender,

modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional

con las anexidades y equipos que la constituyen, así como

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regular y controlar, en general, la operación del sistema

ferroviario nacional (artículo 3°), para el cumplimiento de su

objeto (artículo 4°), Ferrovías podrá desarrollar las siguientes

funciones y actividades: a) Cumplir y hacer cumplir las políticas

generales que fije el Gobierno sobre la utilización de la red

férrea nacional, control y regulación del tráfico ferroviario y

explotación del sistema ferroviario nacional; b) Efectuar

mejoras en las líneas férreas existentes y construir talleres,

muelles, puentes, estaciones y demás instalaciones útiles a sus

fines; c) Construir nuevas líneas férreas, rehabilitar las

existentes suspendidas y suspender parte de las mismas; d)

Expedir los actos y celebrar los contratos indispensables para el

cumplimiento de su objeto; e) Propender al desarrollo de

empresas y microempresas que puedan proporcionarle

materiales y servicios necesarios para el logro de sus objetivos;

f) Conceder las rutas para la prestación de servicio de

transporte ferroviario y establecer las condiciones para su

otorgamiento; y g) Las demás que, correspondiendo a su

objeto, sean necesarias para el cumplimiento del mismo.

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Así las cosas, de acuerdo con lo que se deja expresado, es claro

que conforme a la naturaleza, objeto y funciones de FERROVÍAS,

esta empresa no estaba constituida como establecimiento de

crédito o sociedad fiduciaria; y como lo señala la norma

transcrita, solo estas podrán tener la calidad de fiduciarios y

realizar este tipo de negocios jurídicos. Por lo tanto, tampoco

podía el liquidador de FERROVÍAS dar aplicación al ordinal d)

del numeral 2 del artículo 299 del Decreto 663 de 1993, como

se plantea en la demanda, al no ser la demandada un

establecimiento de crédito o sociedad fiduciaria y poder tener

bienes en calidad de fiducia mercantil, actividad reservada solo

para las entidades señaladas en el artículo 1226 del Código de

Comercio. De ahí que la aplicación de las normas estudiadas del

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no resultaba

pertinente en este caso.

Respecto a que no se tuvo en cuenta el literal j) del numeral 2

del artículo 299, del mencionado Estatuto, el cual señala:

“j) <Ordinal adicionado por el artículo 26 de la Ley 510 de 1999.
El texto es el siguiente:> En general, las especies identificables
que aun encontrándose en poder de la entidad intervenida

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pertenezcan a otra persona, para lo cual se deberán allegar
las pruebas suficientes.”

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

De conformidad con la referida disposición, si bien deben

excluirse de la masa de liquidación aquellas especies

identificables que aun encontrándose en poder de la entidad

intervenida pertenezcan a otra persona, contra lo que pretende

la parte demandante, como puede verse, la exclusión a que

alude la norma citada no opera de forma automática, ya

que al condicionar esta la adopción de dicha medida a que se

alleguen las pruebas suficientes, precisamente relacionadas

con la situación en la que se hallan, no hace otra cosa que

imponer la carga procesal a quien tenga interés de que se

excluyan de la masa de liquidación las especies que se

encuentran en poder de la entidad en liquidación, siendo la

oportunidad para ello el término indicado en el emplazamiento

mediante el cual se convocó a quienes tuvieran reclamaciones

de cualquier índole contra la entidad en liquidación o a quienes

tuviesen en su poder cualquier título para fines de su devolución

o cancelación, tal y como lo consignó en su considerando sexto

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la Resolución núm. 67 de 15 de octubre de 2003, acusada, al

disponer:

“SEXTO: De conformidad con el artículo 23 del Decreto 254 de
2000, la Liquidadora de la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FERREAS -FERROVIAS- EN LIQUIDACION, dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que se inició el proceso de
liquidación de la Entidad (27 de junio de 2003), emplazó a
quienes tuvieran reclamaciones de cualquier índole
contra la entidad en liquidación y a quienes tuviesen en
su poder a cualquier título activos de la entidad, para los
fines de su devolución o cancelación mediante avisos
publicados durante los días 17 y 21 de julio de dos mil tres
(2003) en los diarios El Tiempo, El País, El Colombiano,
Vanguardia y El Heraldo y, además, dichos avisos se fijaron en
los lugares de acceso al público de las oficinas de la EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FERREAS -FERROVÍAS- EN
LIQUIDACION, en sus Regionales y en la Secretaria del
Ministerio de Transporte, señalando, en dichos avisos, que el
término para la presentación de las acreencias era máximo de
un mes calendario contado a partir de la fecha del segundo aviso
de emplazamiento, es decir, desde el día 21 de julio de 2003
hasta el día 21 de agosto de 2003, con la advertencia que una
vez vencido este plazo, el liquidador carecería de facultades
para aceptar nuevas reclamaciones”.

Cabe recordar que, como todo proceso de liquidación, la orden

contenida en el Decreto 1791 de 2003 de supresión o disolución

de FERROVÍAS, era de naturaleza universal y concursal, y la

ejecución ordenada y sucesiva de las etapas respectivas,

definidas previamente en la ley, resultaba ser preclusiva19, las

19
“Sabido es, que “la preclusión” es uno de los principios fundamentales del derecho procesal
y que en desarrollo de éste se establecen las diversas etapas que han de cumplirse en los
diferentes procesos, así como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo
los actos procesales que le son propios, trascurrida la cual no pueden adelantarse. En razón a
éste principio es que se establecen términos dentro de los cuales se puede hacer uso de los

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cuales, además, estaban orientadas por el principio esencial del

respeto al principio de igualdad20 de los acreedores, cualquiera

fuese la naturaleza de sus créditos, sin perjuicio de la prelación

predicable de los mismos, principios que justamente tocan con

la necesidad de no establecer privilegios injustificados, y de

hacer efectivo el principio “par conditio creditorum”, que busca

hacer prevalecer la igualdad entre los interesados.

Por lo tanto, para la Sala, es claro que si la demandante

pretendía la exclusión de la masa de liquidación de las especies

que supuestamente le pertenecían y que aún se encontraban en

poder de FERROVÍAS, quizás por no haberse comercializado,

tenía la carga procesal de presentar la reclamación respectiva

dentro de las oportunidades y términos previstos por parte de

recursos de ley, así mismo, para el ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios, cuya
omisión genera la caducidad o prescripción como sanción a la inactividad de la parte facultada
para ejercer el derecho dentro del límite temporal establecido por la ley. (Corte
Constitucional, sentencia T-212 de 14 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Dr.
JAIME ARAUJO RENTERIA).
20
“El principio de igualdad entre los acreedores se concreta en la obligación de no establecer
privilegios injustificados y se plasmó en el aforismo “par conditio creditorum” “….el objetivo
mismo del fuero de atracción de los procesos liquidatorios, que se controvierte en esta
oportunidad, es el de garantizar que la totalidad de los acreedores de las entidades públicas
que se han visto afectadas a procesos de liquidación puedan, efectivamente, acceder a la
protección de las autoridades encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio, en
condiciones de igualdad, sin que existan circunstancias adicionales –tales como la existencia de
procesos ejecutivos paralelos contra bienes de propiedad de la entidad en liquidación- que
obstruyan o restrinjan la efectividad de sus derechos crediticios”. (Corte Constitucional.
Sentencia T-258 de 12 de abril de 2007. Magistrada Ponente, Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ).

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la Liquidadora, en las citaciones y emplazamientos que con

dicho propósito se realizaron, allegando las pruebas en que

soportaba su reclamación, tal y como se infiere del ordinal j) del

numeral 2 del artículo 299 del Decreto 663 de 1993. Sin

embargo, el FONDO se abstuvo de actuar de esa manera,

precluyendo la oportunidad procesal para hacerlo, debiendo

asumir las consecuencias jurídicas de tal omisión. Son pues

acertadas las consideraciones de la Resolución núm. 67 de

2003, en cuanto que en sus numerales Octavo, Noveno,

Décimo, Décimo primero y Décimo segundo, y Primero de la

parte resolutiva, dispuso, lo siguiente:

“OCTAVO: Una vez vencido el término para presentar
objeciones, se procedió al estudio de las reclamaciones
presentadas oportunamente a efectos de determinar su
naturaleza; si debían ser objeto de aceptación o rechazo, así
como determinar su orden de prelación o calificación en cada
caso, todo ello, dentro del término de que trata el numeral 5º
del artículo 5º del Decreto 2418de 1999.

NOVENO: Como consecuencia de la evaluación jurídica y
técnica de cada una de las reclamaciones presentadas
oportunamente y con base en la documentación allegada con
cada reclamación y con la que se encontró a disposición de la
Liquidadora, se determinaron los bienes que integran la masa
de la liquidación y los que están excluidos de ella; se decidió
sobre las reclamaciones aceptadas y rechazadas en relación con
las sumas y bienes excluidos de la masa de la liquidación y su
orden de restitución, y los créditos aceptados y rechazados
contra la masa de la liquidación, determinando la naturaleza de
los mismos, su cuantía y la prelación para el pago y los

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privilegios o preferencias que la ley establece, para lo cual se
hicieron las consideraciones adelante consignadas.

DECIMO: De conformidad con lo establecido en el numeral
segundo del artículo 299 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto
Orgánico del sistema Financiero), el artículo 21 de Decreto 254
de 2000 y el artículo 13 del Decreto 1791 de 2003 se ha
establecido que los siguientes bienes y derechos se encuentra
excluidos de la masa de la liquidación:

• La red férrea a cargo de la EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -FERROVIAS-
EN LIQUIDACION, la cual será transferida al
Instituto Nacional de Vías.

• Las partidas apropiadas y no comprometidas
para el año 2003 en el presupuesto aprobado a la
empresa que se trasladen a los presupuestos de las
entidades que asuman las funciones o competencias
respecto de la Red Férrea

• Los bienes muebles, inmuebles y derechos cuyo
titular sea la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS -FERROVIAS- EN LIQUIDACION Y que
requiera para el cumplimiento de su objeto las
entidades que asuman las funciones o competencias
de la Red Férrea.

• Los bienes y recursos de la seguridad social que
se destinen al pago del pasivo pensional y/o que
deban ser entregados a la entidad que determine el
Gobierno Nacional, en los términos y condiciones
señaladas en el artículo 14 y 21 del Decreto 254 de
2000. […].

DECIMO PRIMERO: Durante el término para presentar
reclamaciones no se hicieron participes reclamantes por
obligaciones o bienes excluidos de la masa de la liquidación,
diferentes a los que por mandato legal deben tenerse por tales
y que fueron enunciados en el considerando anterior, razón por
la cual en la presente resolución se omitirá cualquier
pronunciamiento adicional a este respecto

DECIMO SEGUNDO: Que el proceso de liquidación de LA
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-
EN LIQUIDACION dado su carácter de proceso de universal,

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concursal y obligatorio, derivado de la decisión de la autoridad
constitucional y legalmente investida de facultades para ordenar
su liquidación, en desarrollo del cual, la totalidad de los
acreedores de la Entidad en Liquidación deben concurrir al
proceso para someterse a las etapas de carácter preclusivo
previstas en la ley para la efectividad de sus derechos y
obligaciones, cualquiera sea su naturaleza.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: TENER como bienes y derechos
excluidos de la masa de la liquidación (NO MASA) los indicados
en el Considerando Décimo de la presente Resolución y como
integrantes de la masa de la liquidación (MASA) los restantes
[…].”

En igual sentido se pronunció la demandada en la Resolución

núm. 101 de 16 de diciembre de 2003, por medio de la cual se

resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución núm. 67 de 15 de octubre de 2003, confirmándola,

al considerar, también acertadamente, lo siguiente:

“[…].

1. La Resolución número cero sesenta y siete (067) de fecha
quince (15) de octubre de dos mil tres (2003), no incorporó
ninguna de las acreencias a que alude el escrito del recurso de
reposición interpuesto por el FOND0 DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES DE COLOMBIA, por una razón fundamental y
elemental: No fue objeto de reclamación oportuna por parte del
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE COLOMBIA
en el proceso de liquidación de la EMPRESA COLOMBIANA DE
VÍAS FERREAS FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN.

2. La presentación de reclamaciones de obligaciones, cualquiera
sea su naturaleza, en un proceso de liquidación como el de
FERROVÍAS, regido por el Decreto 254 de 2000 reviste carácter
obligatorio para ser objeto de pronunciamiento, ya sea de

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reconocimiento o rechazo en la respectiva resolución que para
el efecto se emita.
[…]
7. Es decir, la ley estableció una carga procesal en condiciones
de igualdad para todos los acreedores de FERROVÍAS en el
sentido de que todos ellos, sin que se observe en la ley
excepción alguna, debían presentarse al proceso de liquidación
de FERROVÍAS. El no hacerlo dentro de los términos
señalados, deriva en la circunstancia de que sus
acreencias hagan parte del denominado pasivo cierto no
reclamado, siempre y cuando estén debidamente
comprobados en los libros de la intervenida y estén
comprobados de acuerdo con su naturaleza.

8. Como se señaló en el Considerando Segundo de la presente
resolución la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FERREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN efectuó las citaciones y
emplazamientos ordenadas por la ley a todos los acreedores de
la Entidad en Liquidación para que presentaran las
reclamaciones de sus acreencias dentro de los precisos términos
allí señalados, sin que el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES DE COLOMBIA hubiese presentado la suya,
circunstancia que derivará, también como lo señala la ley, a que
su eventual reconocimiento se efectúe al momento de
determinar el denominado Pasivo Cierto No Reclamado.

9. El hipotético reconocimiento actual de un acreedor que como
el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE
COLOMBIA, no presentó oportunamente reclamación de las
obligaciones a su favor, además de contrariar la ley que rige el
proceso de liquidación de FERROVÍAS, introduciría un
tratamiento discriminatorio de unos acreedores en relación con
los que sí cumplieron con la carga procesal de presentar
reclamación oportunamente, violando así el principio rector de
la igualdad de todos los acreedores frente al proceso de
liquidación, todo lo cual hace inadmisible acceder a las
peticiones del recurrente.[…]”.

La Sala reitera que comparte las razones expresadas por

FERROVÍAS para no excluir de la masa de liquidación los bienes

muebles e inmuebles de propiedad del FONDO y que le fueron

entregados a aquella para su administración y comercialización

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en virtud de los convenios administrativos aludidos, pues, sin

duda, el demandante tenía la carga procesal de presentar la

reclamación respectiva, allegando las pruebas pertinentes

dentro de las oportunidades y términos previstos en las normas

que regulan el proceso liquidatorio, deber procesal que

incumplió debiendo asumir las consecuencias jurídicas

correspondientes.

Así las cosas, solo resta destacar que las eventuales acreencias

del FONDO harían parte del denominado Pasivo Cierto no

reclamado, siempre y cuando estén debidamente comprobadas

en los libros de la entidad en liquidación de acuerdo con su

naturaleza y que su eventual reconocimiento se efectúe, como

lo señala la ley21, según dan cuenta los propios actos acusados,

en particular el que resolvió el procedimiento gubernativo y

teniendo en cuenta además lo que podría derivarse de lo

21
Decreto 2418 de 30 de noviembre de 1999, “por el cual se determina el procedimiento
aplicable a las liquidaciones de entidades financieras” (vigente para la época). Artículo 5º.
Procedimiento liquidatorio. El procedimiento liquidatorio se desarrollará en las siguientes
etapas: […]. 17. Pasivo cierto no reclamado. Constituida la provisión a que se refiere el
numeral anterior, si subsistieren recursos, el liquidador determinará el pasivo cierto no
reclamado mediante resolución motivada, para lo cual tendrá en cuenta los pasivos no
reclamados oportunamente pero que aparezcan debidamente justificados en los libros y
comprobantes de la intervenida y las reclamaciones presentadas extemporáneamente que estén
debidamente comprobadas. Dentro de dicho pasivo no se incluirán las obligaciones respecto de
las cuales se hayan cumplido los términos de prescripción o caducidad.

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consignado en el Acta Final de Liquidación de FERROVÍAS22, en

cuya parte considerativa se dispuso, lo siguiente:

“[…].
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del
Decreto 1791 de 2003, el liquidador elaboró el inventario de los
activos y pasivos de FERROVÍAS.

Que al 26 de junio de 2008, fecha límite de la liquidación,
faltaban por culminar algunas labores de saneamiento y
transferencia de bienes inmuebles a INVÍAS, el cierre definitivo
de la Liquidación en los aspectos contables, financieros,
tributarios y presupuestales y la organización y entrega de los
archivos de estas actividades finales, razones por las cuales se
constituyó patrimonio autónomo con Fiduprevisora con mil
millones de pesos para adelantar estas tareas, por el término
de un año. La constitución de este fideicomiso está basada en
las facultades que la ley 1105 de 2006 les otorgó a los
liquidadores para poder culminar sus tareas a través de
contratos de fiducia que les permitan llevar a cabo estas
actividades.

El fideicomiso tiene a su cargo el saneamiento y transferencia
de 19 escrituras a INVÍAS y al Fondo del Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales, administrar 49 contratos de
arrendamiento sobre bienes inmuebles contenidos en las
escrituras antes indicadas, 46 querellas de policía sobre
invasiones de los inmuebles que no se transfirieron y 6
comodatos sobre los mismos bienes. Así mismo, llevar a cabo
los cierres financiero, presupuestal, contable y tributario de la
empresa al último día de la liquidación, tarea que podía tomar
varios meses para su finalización.
[…[
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las
partes: ACUERDAN: […] ARTÍCULO SEGUNDO; La Fiduciaria
La Previsora S.A., Realizará los trámites necesarios para
formalizar la transferencia de los derechos, la titularidad
de los bienes inmuebles, que el fideicomiso tiene a su cargo
relacionado con el saneamiento y transferencia de 19 escrituras
a INVIAS y al Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales, la administración de los 49 contratos de
arrendamiento sobre bienes inmuebles contenidos en las

22
Folio 350 y 351, anversos, del cuaderno principal.

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escrituras indicadas, 46 querellas de policía sobre invasiones de
los inmuebles que no se transfirieron y 6 comodatos sobre los
mismos bienes; Legalización de los ajustes de saldos contable
pendientes, registrados en las Actas de recibo de saldos
contables, suscritas por el MINISTERIO DE TRANSPORTE E
INVÍAS, hasta el término establecido en la misma, 26 de junio
de 2009. En desarrollo de la misma el Dr. EMIRO ARISTIZABAL
ÁLVAREZ, Liquidador de la entidad, se encuentra vinculado a la
Fiducia en Carácter de Coordinador Unidad de Gestión […]”.

Conforme con las consideraciones expuestas, la Sala encuentra

que el cargo de falsa motivación carece de vocación de

prosperidad, toda vez que la sustentación de los actos

administrativos acusados resulta suficiente y adecuada, en

cuanto que en ellos se precisan válidamente, esto es, con

arreglo a la ley aplicable, los fundamentos fácticos y jurídicos

de la decisión de no excluir los bienes reclamados por el FONDO

demandante, entregados a FERROVÍAS en las condiciones ya

indicadas.

En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por la

parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la

presunción de legalidad que ampara los actos acusados, razón

por la cual la Sala denegará las pretensiones de la demanda,

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como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta

providencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la

conducta asumida por las partes no se evidenció temeridad ni

mala fe en la actuación procesal, razón por la cual no hay lugar

a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente

previo las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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