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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2004-00404-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00404-01

Fecha
16 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2004-00404-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: INTERPRETAR la acción de nulidad interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR de oficio probadas las excepciones de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y falta de legitimación en la causa por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente del proceso de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2004-00404-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

16 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 110010324000200400404 01
Demandante: Jorge Luis Murcia Cristancho
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional

Asunto: Se resuelve sobre la demanda presentada contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional respecto de la legalidad de la Resolución
núm. 3775 de 8 de junio de 1976

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Jorge Luis
Murcia Cristancho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Jorge Luis Murcia Cristancho, en adelante la parte
demandante1, presentó demanda2 contra la Nación- Ministerio de Educación
Nacional, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, para que se
declare la nulidad de la Resolución núm. 3775 de 8 de junio de 1976 “[…] Por
la cual se reconoce un título expedido en el extranjero. […]”, expedida por el
Ministro de Educación Nacional.

1 En nombre propio.
2 Cfr. folios 8 a 19 del cuaderno principal.
3 “Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”.

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La pretensión

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión4:

“[…] Que se declare la nulidad de la Resolución No.3775 de 8 de junio
de 1976, del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se reconoce
el título de Contador Público otorgado por la Federación Nacional de
Contadores del Ecuador como contador Público en Colombia a nombre
de IVÁN LEONARDO BRICEÑO CORREDOR […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar su pretensión:

3.1. Señaló que el señor Iván Leonardo Briceño Corredor, cursó estudios de
Bachiller en Ciencias del Comercio y Administración en la República de
Ecuador.

3.2. Manifestó que la Nación -Ministerio de Educación Nacional expidió: i) la
Resolución núm. 3647 de 1976, mediante la cual le reconoció al señor Iván
Leonardo Briceño Corredor “[…] el título de Contador Público, Bachiller en
Ciencias del Comercio y Administración […]”, otorgado por la República de
Ecuador, como “[…] bachiller en Colombia […]”; y ii) la Resolución 3775 de 8
de junio de 1976, mediante la cual resolvió reconocer “[…] para todos los
efectos el título de Contador Público otorgado por la Federación Nacional de
Contadores del Ecuador como Contador Público en Colombia […]” al señor
Iván Leonardo Briceño Corredor.

3.3. Adujo que el señor Iván Leonardo Briceño Corredor presentó una solicitud
de inscripción ante la Junta Central de Contadores de Colombia, la cual fue
negada, mediante la Resolución núm. 511 de 1.° de septiembre de 1978, toda
vez que “[…] el título obtenido en la Republica de Ecuador, no representa un
título universitario y tampoco es acreedor de la categoría académica que se
exige por parte del Convenio cultural celebrado entre las Repúblicas de
Colombia y Ecuador; como quedó constituido en el Acta núm. 983 de la sesión
celebrada el 17 de julio de 1978 […]”, decisión que fue revocada por la Nación-

4 Cfr. folio 17.

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Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 11086 de 28 de
julio de 1978, ordenando su inscripción.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma:

• Artículo I de la Convención entre Colombia y Ecuador, sobre libre
ejercicio de profesiones liberales, aprobada por la Ley 49 de 15 de
diciembre de 18985.

Concepto de Violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto
de la violación, así:

Primer cargo: Violación directa de la Ley

5.1. Señaló que, de conformidad con el artículo 1.° de la Convención sobre
libre ejercicio de profesiones liberales, no se cumple el principal requisito que
se exige para reconocer los títulos expedidos en la República de Ecuador,
toda vez que el título profesional otorgado al señor Iván Leonardo Briceño
Corredor no fue conferido por un Tribunal de Justicia, una universidad u otra
Corporación científica ecuatoriana.

5.2. En efecto, indicó que la Federación Nacional de Contadores del Ecuador
no tiene entre sus funciones conferir títulos profesionales, simplemente
acredita que las personas que solicitan la inscripción en el Registro Nacional
de Contadores del Ecuador reúnan los requisitos previstos por la legislación
de este país, por lo tanto, el documento expedido por la Federación no puede
ser asimilable a un título profesional conferido por una universidad o por una
corporación científica.

5 “[…] aprobatoria de una Convención […]”

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5.3. Por lo anterior, adujo que: “[…] El Ministerio de Educación Nacional
infringió un claro mandato legal al reconocer título de Contador Público
Titulado a un documento que no reunía las características exigidas por la ley
[…]”.

Segundo cargo: violación de la ley por error en derecho

5.4. Indicó que el acto administrativo demandado incurre en un manifiesto
error en la interpretación de las normas que regulan el reconocimiento de
títulos profesionales expedidos en el Ecuador, toda vez que no cualquier
certificado equivale a un título profesional y, la interpretación desarrollada por
la Nación- Ministerio de Educación Nacional, a su juicio, lleva a que se
reconozca como profesional titulado a personas que no han cursado estudios
profesionales en la República del Ecuador.

5.5. En esa medida, sostuvo que: “[…] Por lo tanto título profesional sólo
puede ser aquél instrumento expedido por una institución educativa facultada
para ello que acredite el haber cursado estudios de educación superior, y
como se ha reiterado numerosas veces el certificado expedido por la
Federación Nacional de Contadores del Ecuador no reúne estas
características, pues dicho documento no acredita que el Sr. BRICEÑO
CORREDOR haya cursado estudios de educación superior en el vecino país,
y la Federación de Contadores de Ecuador no es un establecimiento de
educación superior. […]”.

Tercer cargo: el acto administrativo demandado está viciado por
presentar un error de hecho

5.6. Sostuvo que la Nación- Ministerio de Educación Nacional parte de la
errónea interpretación de que la Federación Nacional de Contadores del
Ecuador es una entidad autorizada a otorgar títulos profesionales, cuando
esta entidad cumple funciones similares a las establecidas por la Junta Central
de Contadores de Colombia, es decir, simplemente está encargada de llevar
el Registro Nacional de Contadores Públicos de la República del Ecuador.

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5.7. Además, indicó que es claramente diferenciable la facultad de expedir
títulos profesionales que corresponde exclusivamente a instituciones
educativas, como Universidades o Institutos de Educación Superior y la
facultad de inscribir en el Registro Profesional la cual se asimila una función
pública, pero no significa conferir títulos profesionales, concluyendo que “[…]
el Ministerio de Educación Nacional reconoció como título profesional un
documento que no tenía tal calidad y en consecuencia reconoció como
Contador Profesional Titulado al Sr. IVÁN LEONARDO BRICEÑO sin que esté
hubiera acreditado estar en posesión de un título profesional expedido por un
establecimiento educativo. […]”

Contestaciones de la demanda

Nación- Ministerio de Educación Nacional

6. La Nación- Ministerio de Educación Nacional, notificada en debida forma,
no contestó la demanda6.

Tercero con interés en las resultas del proceso

7. El señor Iván Leonardo Briceño Corredor7 contestó la demanda8,
oponiéndose a sus pretensiones, toda vez que, a su juicio, el título de
Contador Público otorgado en la República de Ecuador es auténtico al reunir
todos los requisitos legales.

8. Por último, indicó que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado, la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984
por ser un acto de carácter particular y no la de nulidad en la medida que no
se encuentra comprometido el interés general.

6 Cfr. folio 31.
7 Cfr. 26. Mediante auto de 9 de junio de 2005 esta Sección lo vinculó como tercero en las resultas del
proceso.
8 Mediante curador ad litem.

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Alegatos de conclusión

9. El Despacho sustanciador, vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 11 de mayo de 20189, resolvió correr traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó
al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para
alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el
mencionado artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:

10. La partes demandante y demandada y el tercero con interés en las resultas
del proceso guardaron silencio en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

11. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa solicitó
declarar probada de oficio las excepciones de indebida escogencia de la
acción y caducidad, toda vez que el acto administrativo acusado es de
carácter particular y concreto, fue expedido por la Nación- Ministerio de
Educación Nacional con el fin de reconocer el título de contador público
otorgado por la Federación Nacional de Contadores a favor del ciudadano
colombiano Iván Leonardo Briceño Corredor.

12. En esa medida, señaló que no se presentaba la existencia de un interés
superior y significativo para la comunidad en general y no comporta una
amenaza para el orden público, social o económico para admitir la
procedencia excepcional de la acción de nulidad para controvertir un acto
administrativo de carácter particular en aplicación de la teoría de los móviles
y finalidades.

13. Por último, manifestó que no resulta procedente adecuar la demanda al
trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la demanda
se presentó en el año 2004 contra un acto administrativo del año de 1976,
esto es, transcurrieron 28 años para que el demandante presentara la

9 Cfr. folio 145.

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demanda. De esta manera, se concluyó que en el presente caso la acción se
encuentra caducada10.

II. CONSIDERACIONES

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el
problema jurídico; iv) el marco normativo sobre la convalidación de estudios
antes de la Constitución de 1991; v) el marco normativo sobre la Convención
entre Colombia y Ecuador sobre el libre ejercicio de profesiones liberales; vi)
el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho; vii) el marco normativo sobre
la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; viii) el
desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación en la causa; y ix) el análisis del
caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos: i) el numeral 1.° del artículo 128 del Decreto 01 de 198411 sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30812 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, sobre el
régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las secciones
de esta Corporación, la Sala considera que es competente para conocer del
presente asunto.

10 Cfr. folios 150 a 154.
11 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en

Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única
instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por
las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden
[…]”.
12 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior […]”
13 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.
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16. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata
este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan
invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se
desarrollará a continuación.

Acto administrativo acusado

17. El acto administrativo acusado es el siguiente:

“[…] RESOLUCION NUMERO 3775 DE 19
(8 JUN 1976)

Por la cual se reconoce un título expedido en el extranjero.

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Que el señor IVAN LEONARDO BRICEÑO CORREDOR, de nacionalidad
colombiana identificado con la cédula de ciudadanía No. […] expedida en
Bogotá, presenta a este Ministerio el título de contador Público otorgado el 8
de diciembre de 1.975 por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador,
para su refrendación e inscripción.

Que entre Colombia y Ecuador se celebró una Convención sobre libre ejercicio
de profesiones liberales, firmada en Lima el 3 de mayo de 1.895 y aprobada en
Colombia por la ley 49 de 1.898 y cuyo canje de ratificaciones se acordó el 13
de julio de 1.900.

Que esta ley exige para el reconocimiento de dicho título, únicamente como
requisitos la exhibición del título debidamente legalizado y la plena
identificación de la persona quien ha sido expedido.

Que de acuerdo con lo expuesto el señor IVAN LEONARDO BRICEÑO
CORREDOR, cumple cabalmente con todos los requisitos para que se pueda
refrendar y registrar en Colombia el título que representa.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – Reconócese para todos los efectos del título de
contador público otorgado por la Federación Nacional de Contadores del
Ecuador como Contador Público en Colombia a nombre de IVAN LEONARDO
BRICEÑO CORREDOR, ciudadano colombiano identificado con la cedula de
ciudadanía No.19.165.321 expedida en Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO. – Ordénase a la Gobernación de Cundinamarca la
inscripción de dicho título y para tal efecto envíese el original del diploma y la
documentación correspondiente.

ARTICULO TERCERO. – Notifíquese al interesado la anterior resolución,
haciéndole saber que contra ella proceden los recursos de reposición o de
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apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación personal o de la
desfijación del edicto correspondiente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE :

Dada en Bogotá, D. E. – 8 JUN. 1976

Por el Ministro, […]”

Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado,
con fundamento en la demanda y la contestación, determinar: i) si la
Resolución núm. 3775 de 8 de junio de 1976 “[…] Por la cual se reconoce un
título expedido en el extranjero. […]”, expedida por el Ministro de Educación
Nacional es un acto administrativo pasible de ser demandado en ejercicio de
la acción de nulidad; en caso de no serlo; ii) si es procedente declarar de oficio
las excepciones de indebida escogencia de la acción, de caducidad de la
acción y de falta de legitimación en la causa por activa; y iii) en caso de no
serlo si fue expedida con violación directa de la ley y por incurrir en error de
hecho y de derecho y, en esa medida si se debe declarar o no su nulidad.

Marco normativo sobre la convalidación de estudios antes de la
Constitución de 1991

19. Visto el Decreto núm. 217 de 3 de febrero de 1977, en especial, el artículo
1.°, mediante el cual reglamentó la equivalencia de los certificados de estudios,
grados profesionales y títulos académicos obtenidos en el exterior, determinó
que el “[…] Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en
los tratados y convenios internacionales y previo concepto del Instituto
Colombiano para el Fomento de Educación, ICFES, reconocerá los
certificados de estudio, grados profesionales y títulos académicos obtenidos
en instituciones extranjeras de educación superior […]”.

19.1. A su vez, el artículo 2.° ibidem previó los requisitos en los siguientes
términos:

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“[…] Artículo 2º Quien aspire a obtener el reconocimiento de los certificados,
grados y títulos a que se refiere el artículo anterior deberá formular su solicitud
al ICFES, acompañada de los siguientes documentos:

a) Diploma o título que le fue otorgado y una copia fotostática del mismo
legalmente autenticada. El diploma debe traer los registros oficiales del
Ministerio de Educación Nacional o dependencia oficial equivalente del país de
donde procede.

d) Calificaciones obtenidas en cada una de las materias o asignaturas cursadas,
especificando la intensidad horaria total en el período académico (trimestre,
semestre o año académico).

c) Escala de calificaciones empleada con indicación de la calificación mínima
aprobatoria.

d) Plan de estudios de la respectiva carrera.

e) Programas del contenido de las materias o asignaturas cursadas dentro de
dicho plan.

Parágrafo 1. Los documentos a que se refieren los literales del presente artículo
deberán presentarse legalmente autenticados y tener la traducción oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Parágrafo 2. Los colombianos becarios del Gobierno Nacional en el exterior o
quienes hayan recibido los servicios del ICETEX para adelantar una carrera
profesional en el exterior, no requerirán acompañar los documentos
especificados en los literales c) y e), pero deberán anexar un informe del
ICETEX obre el seguimiento y supervisión académica del estudiantes durante
el tiempo en que adelantó estudios en el exterior […]”.

19.2. El artículo 3 ibidem establecía para el Instituto Colombiano para el
Fomento de Educación: i) un término 30 días hábiles contados desde la fecha
de recibo de los documentos para comunicar al Ministerio de Educación el
concepto académico con el fin de que expidiera el respectivo acto
administrativo; y ii) la facultad para autorizar exámenes de validación o de
competencia en aquellas asignaturas que se consideren fundamentales para
el ejercicio de profesión en Colombia, u ordenar que sean cursadas
asignaturas faltantes en el plan de estudios seguido por el solicitante.

20. Visto el Decreto núm. 81 de 22 de enero de 1980 “ Por el cual se reorganiza
el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación, ICFES”, en especial,
el artículo 10, determinó “[…] Sin perjuicio de lo previsto en los convenios
internacionales vigentes, la convalidación de títulos de educación superior
obtenidos en el extranjero y la homologación de materias allí mismo
cursadas, serán de competencia exclusiva del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior; para lo cual contará con la colaboración
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de las instituciones del sistema. Para la convalidación de títulos y la
homologación de materias, se podrán aceptar traducciones que a juicio del
ICFES sean fieles […]”.

21. Visto el Decreto núm. 1074 de 12 de mayo de 198014 determinó que el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES
tendría la competencia exclusiva para la convalidación de títulos de educación
superior obtenidos en el exterior y para la homologación de materias cursadas
en el exterior, con base en los programas académicos y títulos de las
modalidades educativas previstas en el Decreto 80 de 1980

21.1. A su vez, el artículo 2 ibidem determinó la procedencia de la
convalidación, en los siguientes términos:

21.1.1. Es procedente la convalidación de un título cuando el
programa de estudios con base en el cual se obtuvo, es equivalente a uno
de los programas ofrecidos en el país. Cuando el programa de estudios
cursado no es equivalente, la convalidación del título solo se
podrá efectuar luego de que el interesado haya cursado y aprobado o
validado las asignaturas o materias que le hayan sido señaladas por el ICFES.
Cuando el programa de estudios realizado en el exterior no se ofrezca en el
país, el ICFES podrá convalidar el título que presente el interesado luego
de que establezca que la institución otorgante y el programa adelantado son
de reconocida calidad académica.

21.1.2. Es procedente la homologación de asignaturas o materias cuando han
sido cursadas y aprobadas y el interesado ha realizado solamente parte de un
programa formal de educación superior en el exterior.

21.1.3. Es certificado de estudios el documento expedido por
una institución de educación superior en el que se acrediten los estudios
realizados por una persona y la denominación, secuencia, intensidad horaria y
calificación de las asignaturas o materias cursadas. Todo certificado

14 Por el cual se reglamentó el Decreto 81 de 1980.

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de estudios deberá incluir, además, el correspondiente sistema de valoración
que permita interpretar las calificaciones.

21.1.4. Son títulos, para efectos del presente Decreto, los diplomas
que se obtienen en una institución extranjera de educación superior luego
de cursar y aprobar satisfactoriamente todos los requerimientos de un
programa académico formalmente estructurado.

Marco normativo sobre la Convención entre Colombia y Ecuador sobre
el libre ejercicio de profesiones liberales

22. Vista la Convención entre Colombia y el Ecuador sobre el Libre ejercicio
de Profesiones Liberales15 determinaba que:

“[…] Los Abogados, Módicos, Cirujanos, Ingenieros, Agrimensores y, en
general, todas las personas que tengan título profesional conferido por los
Tribunales de Justicia, Universidades y otras Corporaciones científicas de
Colombia, será admitidos al libre ejercicio de su profesión en el territorio de la
República del Ecuador; y respectivamente los que hayan obtenido esos títulos
en el Ecuador, podrán hacerlos Valer en Colombia, SÍD otro requisito que el de
comprobar la autenticidad del documento y la identidad de la persona.

II

"La autenticidad del título se hará constar mediante la legalización realizada en
la forma de estilo, y la identidad de la persona se comprobará con un certificado
que expida la Legación, y si no la hubiere, el Consulado del país cuyas
autoridades expidieron el expresado título.

III

"Llenadas estas formalidades, se concederá al interesado la autorización
correspondiente para el ejercicio de su profesión por las Corporaciones ó
funcionarios públicos a quienes las leyes (de cada país señalen la facultad de
expedir los títulos respectivos.

IV

"El presente acuerdo, ratificado que sea por los Gobiernos de las dos
Repúblicas y canjeadas las ratificaciones, se observará por tiempo indefinido,
pudiendo cesar un año después de que una de las altas partes contratantes
notifique á la otra su resolución de terminarlo.

"En fe de lo cual, los expresados Plenipotenciarios de la una y de la otra
República firmaron y sellaron, en dos ejemplares del misino tenor, el presente
acuerdo […]”.

15 Aprobada mediante la Ley 49 de 15 de diciembre de 1898 y en vigor para Colombia desde el 13 de

junio de 1900.
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23. En suma, para la convalidación de títulos profesionales: i) era procedente
solo con comprobar la autenticidad del documento y la identidad de la persona;
ii) se autoriza el ejercicio de su profesión por quienes las leyes de cada Estado
señalen la facultad de expedir los títulos.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho

24. Vistos los artículos: i) 84 del Decreto 01 de 1984, sobre acción de nulidad,
procedente en principio contra los actos de carácter general y abstracto,
determina que “[…] Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos […]”; y ii)
85 ibidem, sobre acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedente
en principio contra los actos de carácter particular y concreto, prevé que “[…]
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño
[…]”.

25. Asimismo, esta Sección16 ha considerado que la acción de nulidad prevista
en el Código Contencioso Administrativo se puede presentar contra actos de
contenido particular y concreto; sin embargo, su procedencia estaba
supeditada, entre otras circunstancias, no al contenido del acto (general o
particular), sino a las pretensiones de la demanda; es decir, siempre que en la
demanda se establecieran o advirtieran pretensiones de restablecimiento en
su favor o de un tercero, la acción a ejercer sería la de nulidad y
restablecimiento del derecho.

26. A su vez, esta Sala17 ha considerado que la acción de nulidad también
procede, excepcionalmente, en los casos en que la situación de carácter
individual comporte un interés para la comunidad de tal importancia que vaya

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de

noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-23-24-000-
2012-00642-01.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo

de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00676-
01.

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aparejado con el afán de legalidad, resaltando que se trata de aquellos
eventos en los cuales, la sentencia produce efectos respecto de la
restauración del orden jurídico en abstracto, esto es, no conlleva consigo el
restablecimiento del derecho subjetivo que pueda haberse producido.

Marco normativo sobre la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho

27. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, sobre la
caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

28. De conformidad con la norma citada supra, la demanda, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debe ser presentada dentro
del término de cuatro (4) meses contados desde el día siguiente de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo
acusado, según sea el caso, so pena, de operar la caducidad de la acción.

Desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación en la causa

29. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado sobre la
legitimación en la causa, lo siguiente18:

“[…] La jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa
como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso”, de manera que cuando una de las
partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una
decisión favorable a las pretensiones demandadas.

Sobre el particular, el tratadista Hernando Devis Echandía sostuvo:

“En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición
o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación
sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés
sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada”. […]

Así, la legitimación en la causa supone un presupuesto para el estudio de fondo
de un asunto ante la administración de justicia, en tanto se debe demostrar la
relación sustancial entre el demandante, el demandado y las pretensiones del
juicio […]”.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación:
25000232400020000030703.
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30. Asimismo, esta Sección19 ha considerado que la legitimación en la causa
se configura cuando existe identidad entre las partes del proceso y los titulares
de la relación jurídico sustancial debatida y que existe una diferencia entre la
legitimación de hecho y la legitimación material, así20:

"[...] [L]a legitimación de hecho surge de la relación procesal que nace con la
presentación de la demanda y la notificación del libelo demandatorio, y se
origina de la simple invocación de la demanda de dicha condición, como se
desprende de la lectura del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
que señala que «[…] toda persona que se crea lesionada en un derecho
amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho». En cambio, la legitimación
material apunta a probar la conexidad entre las partes y los hechos constitutivos
del litigio para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la
demanda [...]".

31. De este modo, la Sala considera que se está frente a: i) la legitimación de
hecho, cuando con la presentación de la demanda y la correspondiente debida
notificación surge la relación procesal; y ii) la legitimación material, cuando
existe conexidad entre las partes y los hechos constitutivos del litigio para así
obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda.

32. La legitimación en la causa es un elemento necesario para acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que es indispensable demostrar que existe
identidad entre: i) la parte demandante y la persona que tiene interés en el
objeto del litigio (legitimación en la causa por activa); y ii) la parte demandada
y la persona que, de acuerdo con la relación sustancial, tenga el deber de
responder frente a las pretensiones de la demanda (legitimación en la causa
por pasiva).

33. En ese orden de ideas, la excepción de falta de legitimación en la causa
se encuentra probada cuando no existe coincidencia entre los sujetos de la
relación jurídica sustancial y las partes de la relación jurídico procesal.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de

octubre de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 05001-23-31-000-
2009-01035-01.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de

septiembre de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación
520012331000201000653-01.
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Análisis del caso concreto

34. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales indicados supra y atendiendo los argumentos de la parte
demandante y del tercero con interés en las resultas del proceso, la Sala
procederá a resolver el problema jurídico planteado supra.

Sobre las excepciones denominadas “indebida escogencia de la acción”
caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por activa

35. La Sala observa que la demanda del caso sub examine se sustentó en el
artículo 84 del Decreto 01 de 1984 y su pretensión es que se declare la nulidad
de la Resolución núm. 3775 de 8 de junio de 1976 “[…] Por la cual se reconoce
un título expedido en el extranjero. […]”, expedida por el Ministro de Educación
Nacional.

36. El señor Iván Leonardo Briceño Corredor, tercero con interés en las
resultas del proceso, argumentó que, conforme a la reiterada jurisprudencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado, la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto
01 de 1984 por ser un acto de carácter particular y no la de nulidad en la
medida que no se encuentra comprometido el interés general.

37. De conformidad con lo anterior, la Sala en uso de las atribuciones oficiosas
previstas en: i) el artículo 90 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, aplicable
al proceso contencioso administrativo en virtud de la remisión prevista en el
artículo 267 del Decreto 01 de 1984, el cual establece que el juez tiene el
deber de darle a la demanda el trámite que corresponda aunque la parte
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada; y ii) en el artículo
164 del Decreto 01 de 1984 para determinar si se encuentra probada de oficio
en este asunto la excepciones de indebida escogencia de la acción y
caducidad de la acción.

38. En esa medida, la Sala, conforme lo indicado supra, considera que la

21 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

[…]”
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posible declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 3775 de 8 de junio de
1976, afecta una situación particular y concreta del tercero con interés en las
resultas del proceso Iván Leonardo Briceño Corredor, toda vez que su título
de Contador Público otorgado en la República de Ecuador quedaría sin validez
en Colombia y le causaría una serie de perjuicios y, por tanto, con base en la
jurisprudencia de esta Corporación indicada en acápites anteriores, resultaba
procedente demandar dicho acto mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

39. Asimismo, la Sala considera que, de los argumentos presentados por la
parte demandante, no se configuran los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia para aceptar la procedencia de la acción de nulidad para
demandar un acto administrativo de carácter particular, toda vez que “[…] no
se vislumbra la existencia de un interés para la comunidad en general de tal
naturaleza e importancia que desborde el simple interés de la legalidad en
abstracto, para afectar de manera grave y evidente el orden público social o
económico […]”22.Lo anterior, toda vez que:

39.1. El acto administrativo que contiene la convalidación del título no fue
demandado por la Nación- Ministerio de Educación Nacional, para garantizar
la idoneidad en su ejercicio y proteger el orden jurídico, sino por una persona
ajena al procedimiento administrativo.

39.2. A la parte demandante le asiste un interés particular como lo es declarar
“[…] la nulidad de la Resolución No.3775 de 8 de junio de 1976, del Ministerio
de Educación Nacional, por la cual se reconoce el título de Contador Público
otorgado por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador como
contador Público en Colombia a nombre de IVÁN LEONARDO BRICEÑO
CORREDOR […]” y, en consecuencia, dejar sin efecto el título convalidado,
sin que de sus fundamentos de hecho o de derecho se logre advertir
motivación o finalidad distinta.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

octubre de 2011, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 70001 23 31 000
2006 00101 02.
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39.3. La declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado solo afecta al
tercero con interés en las resultas del proceso, en quien el acto administrativo
acusado creó una situación jurídica particular. En efecto, no se probó que otras
personas se encontraran en la misma situación fáctica y jurídica que permitiera
establecer una presunta vulneración del orden jurídico superior que implicara
una situación de interés para la comunidad y no se probó que la decisión de la
Nación- Ministerio de Educación Nacional estuviera precedida de situaciones,
que implicaran de forma general, la vulneración del orden jurídico o social,
como por ejemplo, situaciones de fraudes o falsedades materiales en la
documentación presentada para el otorgamiento de la convalidación.

40. Por lo expuesto anteriormente, conforme lo expuesto por esta Sala23, no
prospera la excepción denominada “indebida escogencia de la acción”, en la
medida que el juez está obligado a interpretar la demanda, en caso de que se
cumplan los presupuestos de procedibilidad de la acción; empero, en este
caso, resulta evidente que se configura la excepción de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que:

40.1. La Resolución demandada fue expedida el 8 de junio de 1976, en esa
medida la Sala considera que la demanda en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho debió ser presentada dentro del término de
cuatro (4) meses contados desde el día siguiente de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según
sea el caso, so pena, de operar la caducidad de la acción, lo cual ocurrió el 14
de junio del mismo año24.

40.2. La demanda fue presentada el 28 de octubre de 200425, esto es,
superando el término previsto en el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01
de 2 de enero de 1984, configurándose la excepción de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que en la demanda o en las
pruebas se pudiera determinar alguna circunstancia para realizar su
contabilización a partir de otro momento.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo

de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00676-
01
24 Cfr. folio 154.
25 Cfr. folio 19.

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41. Por último, respecto de la excepción de falta de legitimación en activa, se
considera que, en el caso sub examine, no existe conexidad entre la parte
demandante y los hechos constitutivos del litigio para obtener una sentencia
favorable a sus pretensiones, toda vez que no es la destinataria del acto
administrativo acusado y no se demostró que un derecho suyo haya sido
lesionado por el acto demandado como se indicó supra.

42. En ese orden de ideas, se declarará probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa.

43. Por lo expuesto anteriormente, toda vez que se interpretará la acción de
nulidad interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y se declararán probadas de oficio las
excepciones de caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por
activa, no es necesario realizar el examen de legalidad de la Resolución núm.
3775 de 8 de junio de 1976 conforme lo expuesto en el acápite del problema
jurídico de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

44. La Sala considera que no es procedente demandar la nulidad de la
Resolución núm. 3775 de 8 de junio de 1976 mediante la acción de nulidad,
toda vez que: i) afecta una situación particular y concreta del tercero con
interés en las resultas del proceso; ii) no se colige la existencia de un interés
para la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el
simple interés de la legalidad en abstracto, para afectar de manera grave y
evidente el orden público social o económico; y iii) en esa medida, interpretará
la acción de nulidad interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho y se declararán probadas de oficio las
excepciones de caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por
activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

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III. RESUELVE:

PRIMERO: INTERPRETAR la acción de nulidad interpuesta por la parte
demandante a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probadas las excepciones de caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y falta de legitimación en la causa
por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente del proceso de la
referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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