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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2005-00193-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2005-00193-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción, por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con los oficios núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005 y, en consecuencia, INHIBIRSE de emitir decisión de fondo sobre la legalidad de tales actos, por los motivos expuestos en la parte motiva del presente proveído. TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa de las demandantes para cuestionar la legalidad del oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, expedido por el Superintendente de Industria y Comercio y, en consecuencia, INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda. 70 Índice 142, SAMAI. 71 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 56 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01 Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: Reconocer a la abogada María Camila Aponte López, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.019.119.015 y portadora de la tarjeta profesional núm. 348.461 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada en este proceso, en los términos del poder que le fue conferido. SEXTO: Declarar terminado el poder otorgado a la abogada María Camila Aponte López, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.019.119.015 y portadora de la tarjeta profesional núm. 348.461 del Consejo Superior de la Judicatura, como mandataria judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada en este proceso y, en su lugar, reconocer a la abogada Carolina Valderruten Ospina, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.053.765.257 y portadora de la tarjeta profesional núm. 169.971 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la mencionada entidad, en los términos del mandato que le fue conferido. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2005-00193-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandantes: SERVIESTIBA LTDA., MARITRANS LTDA. y la Asociación
de Operadores Portuarios -ASOPORT-.
Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Operación de integración económica – legitimación en la causa por
activa

Sentencia de única instancia

La Sala1 decide, en única instancia, la demanda promovida por SERVIESTIBA
LTDA., MARITRANS LTDA. y la Asociación de Operadores Portuarios -ASOPORT-
, contra i) el oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005; ii) la Resolución núm.
02930 de 15 de febrero de 2005; y, iii) el oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de
2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda2

1. Las sociedades SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA. y la Asociación de
Operadores Portuarios -ASOPORT-, actuando a través de apoderado y en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-, acudió ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes pretensiones:

“[…] Pretensiones
1 Principal
1.1. Nulidades

Se decrete la nulidad de los actos administrativos 04130714-1 del 2 de febrero
de 2005 y la resolución 2930 del 15 de febrero de 2005, ambos proferidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se decrete la nulidad de la decisión contenida en el oficio 04115533 del 21 de
febrero de 2005, mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio
se abstuvo de objetar la integración entre SPRC y Contecar, ya que para arribar
a la misma se inobservaron las disposiciones que se señala en esta demanda.

1.2. Restablecimiento del derecho

Como restablecimiento del derecho, se:

1
Mediante auto de 10 de mayo de 2024 se remitió al Despacho del ponente, dado que en Sala de Sección de 9 de mayo de
2024 se improbó el proyecto inicialmente considerado -Índice 145 SAMAI-.
2
Fol. 144-177, C. Ppal. 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

1.2.1 Decrete la nulidad del trámite de la operación de integración económica
informada a la Superintendencia de Industria y Comercio y realizada entre la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Y Terminal de Contenedores
de Cartagena S.A. -Contecar;

1.2.2 Ordene reconocer que las demandantes tendrían interés jurídico para ser
tenidos como terceros interesados en el trámite de integración de SPRC y
Contecar.

2. En subsidio
2.1 Nulidades

Se decreta la nulidad de los actos administrativos 04130714-1 del 2 de febrero
de 2005 y la resolución 2930 del 15 de febrero de 2005, ambos proferidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.2. Restablecimiento del derecho

Como restablecimiento del derecho, se ordene la suspensión de los efectos de
la operación de integración económica aprobada por la Superintendencia de
Industria y Comercio realizada entre la Sociedad Portuaria regional de
Cartagena S.A., en adelante SPRC y Terminal de Contenedores de Cartagena
S.A. -Contecar, en adelante Contecar, mientras se surte nuevamente el trámite
con la participación de los operadores portuarios independientes. […]” (Negrilla
y subrayado del texto)

I.1.1. Los hechos

2. Afirmaron que la Superintendencia General de Puertos, mediante las resoluciones
números 397, 631 y 717 de 1993, otorgó en concesión la administración del
Terminal Marítimo de Manga a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

3. Aseguraron que la Nación, en cabeza del entonces Superintendencia General de
Puertos -Superintendencia de Puertos y Transporte al momento de la presentación
de la demanda-, y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., celebraron el
contrato de concesión núm. 007 de 8 de julio de 1993.

4. Aseveraron que la cláusula 12.19.2 de dicha concesión estableció que el
concesionario debía permitir que terceros prestaran servicios de operación portuaria
dentro de sus instalaciones y, además, que aquel -el concesionario- no operaría el
puerto a menos que fuera estrictamente necesario por razones técnicas o porque
no existiera otra alternativa, previa aprobación por parte de la “[…]
Superintendencia” […]”.

5. Apuntaron que se celebró el contrato modificatorio núm. 005 de 19 de junio de
1998, en el cual se “[…] varió y adicionó la cláusula anterior […]”, permitiendo a la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. fungir como operador portuario
dentro de las instalaciones bajo su administración, con la claridad de que para evitar
posición dominante y monopólica como operador portuario, debería permitir que los
terceros prestaran servicios de operación portuaria dentro de las instalaciones

3

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

portuarias entregadas en concesión, cumpliendo y exigiéndoles condiciones de
operación bajo estándares internacionales en niveles de servicios y seguridad
portuaria, siempre que la capacidad de las instalaciones portuarias y las
necesidades operativas del mercado así lo requirieran.

6. Sostuvieron que la Superintendencia General de Puertos, mediante la Resolución
núm. 1396 de 27 de diciembre de 1993, aprobó el reglamento de operación de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., “[…] el cual está vigente y ha sido
continuamente violado por las conductas que hoy se denuncian realizadas por la
SPRC […]”. Manifestó que en ese reglamento “[…] se regulan los servicios que se
prestan a través de los operadores, los requisitos para la utilización de las
instalaciones portuarias, las reservas de la sociedad portuaria, normas de
seguridad, y en general, se regulan todos los aspectos concernientes a la operación
portuaria. […]”.

7. Expresaron que “[…] En 1997 el Consejo de Estado declaró la nulidad del
numeral 13 del artículo 23 del decreto 838 de 1992. No obstante esa derogatoria no
implica que a la SPRC no le sean aplicables las normas de competencia, ni que
hubiera quedado habilitada para desplegar comportamientos orientados a
desaparecer a los operadores portuarios. […]”.

8. Comentaron que las condiciones bajo las cuales la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena S.A. incursionó en el mercado de operación portuaria del Terminal
Marítimo de Manga que administraba, implicaron abuso de posición dominante toda
vez que, de una parte, no se requería para el adecuado “[…] funcionamiento de la
operación […]” y, de la otra parte, “[…] se hizo de modo arbitrario y anticompetitivo
[…]”.

9. Alegaron que la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., a partir de 1997,
comenzó a adquirir equipos para realizar actividades propias de los operadores
portuarios y, además, que, “[…] A partir del año 1999 la SPRC, comenzó operadores
portuarios (sic), como Impoxmar y Nautiport para ejercer a través de ellos su
actividad portuaria en el Terminal de Manga administrado por ella misma, en abierta
competencia con los operadores portuarios, como los que hoy demandan. […]”.

10. Expusieron que SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA. prestaron sus
servicios en el terminal administrado por la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A., hasta cuando ésta tuvo la suficiente infraestructura para prestar
“[…] directamente y de manera excluyente los servicios de operación portuaria […]”
y, asimismo, que ASOPORT era una asociación que reúne operadores portuarios
independientes.

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Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

11. Mencionaron que SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA., “[…] hasta antes
de la operación de integración […]”, eran operadores portuarios en el terminal
administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. como en el
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.

12. Indicaron que se radicó, el 2 de octubre de 2003, una queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por abuso de la posición dominante en
contra de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.; que dicha
superintendencia, mediante la Resolución núm. 10145 de 2004, abrió investigación
respecto de “[…] conductas restrictivas de la competencia constitutivas de abuso de
posición dominante de parte de la SPRC en contra de, entre otros, los operadores
hoy demandante […]”; y, que el Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. era
un terminal marítimo de servicio público ubicado en el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, zona industrial de Mamonal, “[…] que ofrece servicios a las
líneas marítimas de contenedores y de carga general y convencional que sirven el
comercio exterior colombiano […]”.

13. Destacaron, respecto de la “[…] integración económica […]”, que la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. presentó, ante la Superintendencia de
Industria y Comercio y mediante “[…] radicación 04115533 […]”, la operación de
integración económica consistente en la adquisición del 100% de las acciones del
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., para los trámites previstos en artículo
4 de la Ley 155 de 24 de diciembre de 19593, en concordancia con el Decreto 1302
de 1°. de junio de 19644.

14. Subrayó que, mediante “[…] radicación 04130714 del 31 de diciembre de 2004
[…]”, le solicitaron -SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA.- a la
Superintendencia de Industria y Comercio ser terceros interesados dentro del
trámite de integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., a lo cual no se accedió por parte de
esa superintendencia, conforme la comunicación “[…] 04130714 del 2 de febrero de
2005 […]”.

15. Recalcó que SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA., al momento de
presentarse la operación de integración, tenían contratos vigentes con la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A.; que las citadas sociedades presentaron
recurso de reposición en contra de la anterior decisión; que la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005,
resolvió dicho recurso “[…] confirmando la negativa a aceptar a Maritrans y
Serviestiba como terceros interesados en el trámite de la información de la
integración económica entre SPRC y CONTECAR. […]”; y, que, la operación de

3
“[…] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. […]”
4
“[…] por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en armonía con los Decretos 1653 de 1960 y 3307 de 1963. […]”.

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

integración fue aprobada por esa superintendencia, mediante la comunicación “[…]
04115533 […]”.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

16. Las demandantes afirmaron que la Superintendencia de Industria y Comercio,
con la expedición de los actos administrativos demandados, desconocieron las
normas en que han debido fundarse y, además, que estos fueron falsamente
motivados.

I.1.2.1. El desconocimiento de las normas en que han debido fundarse los
actos administrativos demandados

I.1.2.1.1. Las normas violadas

17. Aseguró que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones
acusadas, quebrantó, en particular, i) los artículos 14, 29, 78 y 333 de la Carta
Política; ii) el artículo 14 del CCA; iii) el artículo 4°. de la Ley 155 de 1959; y, iv) el
artículo 6°. de la Ley 58 de 20 de diciembre de 1982.

I.1.2.1.2. El concepto de violación

i) Violación del artículo 14 del CCA por falta de aplicación

18. Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta “[…]
sus propios registros […]” para citar a terceros interesados en la operación de
integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A., luego no habría dado cumplimiento al artículo
14 del CCA, norma según la cual, cuando de los registros que lleve la autoridad,
resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados
en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer
valer sus derechos.

19. Aseguró que la mencionada superintendencia tenía los elementos de juicio para
conocer que una operación de integración económica en la que interviniera la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., afectaría, por lo menos, a “[…] los
terceros víctimas de los abusos de la SPRC que estaban siendo objeto de
investigación por parte de esa misma entidad […]”.

20. Aseveró que las demandantes presentaron, el 2 de octubre de 2003, queja por
la comisión de prácticas comerciales restrictivas en contra de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. y su representante legal, en la que se expusieron
graves, innumerables y constantes abusos de aquella sociedad portuaria frente a
ellas, la cual fue suficiente para que la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la Resolución núm. 10145 de 2004, luego de agotar la etapa de
averiguación preliminar, abriera investigación por la violación del artículo 1°. de la

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

Ley 155 de 1959 y del artículo 50, numerales 2. y 6., del Decreto núm. 2153 de 30
de diciembre de 19925, en los cuales se establecen diferentes formas de abuso de
posición dominante.

21. Apuntó que la labor de la autoridad administrativa, al analizar las integraciones,
consistía en “[…] estudiar los efectos que las mismas tendrán en el mercado, y
objetar, entre otras, aquellas que darían origen a una posición de dominio o
incrementarían el poder de una ya existente […]”.

22. Sostuvo que:

“[…] quienes ya eran víctimas de abusos por parte de la SPRC tenían un interés
directo en una operación, como consecuencia de la cual la única o una de las
únicas fuentes de servicios independiente, sería absorbida por la SPRC (sic)

Para mayor completar la ilustración (sic) que la misma Superintendencia tenía
sobre el interés de mis mandantes en la operación de cuyo trámite se les
excluyó, todas esas condiciones deben reposar en el registro que en esa
Entidad se lleva, de acuerdo a lo contemplado en el número 4, del artículo 11
del decreto 2153 de 19926.

En adición al conocimiento que por ley la Superintendencia debió tener,
respecto de las condiciones que hacían que mis mandantes tuvieran un interés
directo jurídicamente tutelado, en las resultas del trámite de la integración, éstas
circunstancias fueron puestas de presente a la SIC mediante comunicación
04119260 del 26 de noviembre de 20047, en la que se le solicitó expresamente
dar aviso, en general a la comunidad portuaria para que se hiciera parte en el
proceso a defender sus intereses; y, en particular, a las empresas que
denunciaron las conductas abusivas de la SPRC ante la SIC.

No obstante, la SIC no citó a nadie al trámite de revisión de la operación de
integración informada por la SPRC que le permitiría adquirir a Contecar, sino
que, cuando los demandantes, que aparecían en los archivos de la SIC
solicitaron se les aceptara como terceros interesados, se le negó tal solicitud,
con violación al artículo 14 del código contencioso administrativo […]”.

ii) Violación del artículo 14 del CCA por aplicación indebida

23. Manifestaron que la Superintendencia de Industria y Comercio le dio, al artículo
14 del CCA, un alcance que no es consecuente con la naturaleza del trámite de las
integraciones económicas, ni a la naturaleza de los intereses colectivos en juego.

5
“[…] por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones […]”.
6
Adicionalmente, mediante resolución 28606 de 2003 se abrió una investigación por competencia desleal a la SPRC,
instaurada por el operador portuario Galotrans, por la misma clase de conductas abusivas.
7
“2.1 Indeterminados”
“Que su despacho, en desarrollo de sus facultades legales, requiera a la comunidad portuaria de Cartagena y a los demás
usuarios de los servicios, en particular a los gremios de importadores y exportadores colombianos, afectados con la operación
que se pretende efectuar, para que se hagan parte dentro del proceso como terceros o, si ello no fuere aceptable para la
Superintendencia, que del modo que se considere apropiado brinden sus observaciones al respecto”.
“2.2. Determinados”
“Que su despacho, en desarrollo de sus facultades legales, requiera a nuestros poderdantes y los demás firmantes de la
denuncia que se radicó bajo el número 03087471 el 2 de octubre de 2003, como terceros directos afectados con la operación
que se pretende efectuar, para que se hagan parte dentro del proceso”. Comunicación 04119260 del 26 de noviembre de
2004.

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

24. Expresaron que la Superintendencia de Industria y Comercio, para sustentar su
rechazo a la solicitud de su vinculación como terceros interesados en la integración
entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., habría afirmado que no se había acreditado un
interés directo en la forma establecida en el CCA que legitimara su participación en
el trámite adelantado y, además, que no “[…] se particulariza, ni mucho menos se
cuantifica, de qué manera la posible integración entre los referidos terminales,
podría llegar a afectar a cada uno de los solicitantes” […]”.

25. Comentaron que, contrario a la posición de la autoridad administrativa, los
operadores independientes sí estarían directamente interesados en el trámite
mencionado, con el “[…] alcance previsto en el artículo 14 del código contencioso
administrativo […]”.

26. Alegaron que la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio es
equivocada, en razón a que:

“[…] los derechos de los competidores, de los consumidores y de los partícipes
de mercados dependientes, si se acreditan, son suficientes para que se los
deba tener como terceros interesados en los procesos de integración de
quienes dominan sus mercados.

De otra parte, aún aceptando la necesidad de que los competidores,
consumidores o partícipes de mercados dependientes deban demostrar algún
otro interés jurídicamente tutelado en las resultas del trámite de integración,
sucede que en este caso esa prueba se aportó […]”

27. Expusieron que las decisiones de la autoridad administrativa están en
contradicción con el artículo 333 de la Carta Política y el artículo 14 del CCA al negar
“[…] el carácter autónomo e independiente previsto para el derecho de todos y cada
uno, a que exista libre competencia económica […]”, argumentando que en el
trámite de operaciones de integración no se estudian comportamientos abusivos,
sino:

“[…] cuales serían las condiciones de competencia en que quedaría el mercado
respectivo. La Entidad, con fundamento en los datos con que cuente, hace un
análisis de qué ocurriría si se permite la operación y, si las conclusiones le
indican que desaparecería la competencia, debe prohibirla.

A ese mismo respecto, en virtud de lo previsto en el artículo 333 de la
Constitución Política, “[l]a libre competencia económica es un derecho de
todos.” En la expresión “todos”, obviamente están incluidos, en particular, los
demás competidores, los consumidores y quienes dependen del mercado que
se analiza y, en general, todos los demás habitantes de Colombia, en la medida
que el adecuado funcionamiento del sistema de economía social de mercado
nos afecta directamente.

En ese orden de ideas, es evidente que quién acredite una de las condiciones
señaladas de, competidor, consumidor o dependiente del mercado que se
analiza, estará con ello demostrando que le asiste el legítimo interés previsto

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

en la Constitución Política, de que la competencia se siga dando y que no se
vea sometida a una indebida restricción. […]”

28. Argumentaron que, en contravía de lo explicado en relación con el derecho a libre
competencia económica, la autoridad administrativa estimó que i) los competidores,
consumidores, proveedores y, en general, todas aquellas personas relacionadas
con el segmento específico que puede verse alterado con la integración, formaban
parte de una “[…] “masa abstracta de intereses que se denomina mercado” […]”;
ii) la sola interacción comercial con las intervinientes en un proceso de integración
o con el mercado en que participan, ya sea como consumidor, competidor o
empresa relacionada en la actividad, no legitimaba la condición de tercero
interesado, en los términos del artículo 14 del CCA, pues “[…] se requiere un
interés directo y, en todo caso, diferente al del mercado […]”; y, iii) no se había
logrado establecer, para los efectos de la aplicación del artículo 14 del CCA, que el
interés invocado fuera distinto al del mercado o de la legalidad ni que su protección
vaya más allá de la simple aplicación de las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas.

29. Indicaron que las decisiones demandadas, proferidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, en las cuales los excluyó del proceso de integración al
considerar que la legitimación para representar los derechos de los consumidores
le corresponde a la autoridad administrativa y, además, que la invocación de los
derechos de los consumidores en el mercado particular no era suficiente, debían
ser anuladas por ser manifiestamente contrarias a los artículos 14 de la Carta
Política y del CCA y 2°., numeral 1., del Decreto núm. 2153 de 1992, en razón a que
los consumidores tienen derecho a que se les permita participar, personalmente, en
los procedimientos en los cuales puedan verse afectados su derecho a la libre
escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios,

30. Destacaron que los consumidores no son “[…] una “masa abstracta de intereses
que se denomina mercado” […]”, siendo personas, naturales o jurídicas, con
derechos e intereses legítimos, entre los que se encuentran “[…] que las
disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas sean aplicadas y lo sean correctamente, de manera que se asegure para
ellos la libre escogencia y acceso a lo mercados (sic) de bienes y servicios que se
les consagró en la ley […]”.

31. Subrayaron que la Superintendencia de Industria y Comercio se atribuyó la
representación y defensa de los intereses de los consumidores y les ha negado en
la práctica su existencia. Recalcó que, por el contrario, cuando se acredite, como
en este caso, que se es un consumidor de los servicios que se ofrecen por parte de
las compañías que pretenden integrarse y advierta, con sustento probatorio, sus
temores respecto que la operación le afectará severamente sus posibilidades de
escogencia y acceso al mercado en cuestión, debe ser reconocido como tercero
interesado en el procedimiento.

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Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

32. Remarcaron que, en el presente asunto, las demandantes acreditaron su
condición de consumidoras de los servicios de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A. y de la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. y aportaron
las pruebas que sustentarían sus temores respecto de la operación de integración
por la disminución de alternativas para escoger.

33. Razonaron, respecto de la autonomía del interés de los consumidores, que no
era válido constitucionalmente que la autoridad administrativa la desconociera con
el argumento que la sola interacción comercial con las compañías a integrarse o
con el mercado en el cual participan, como consumidor, competidor, proveedor o
empresa relacionada con la actividad, no los legitimaba como terceros interesados,
pues “[…] se requiere de un interés directo y, en todo caso, diferente al de mercado”
[…]”.

34. Señalaron, asimismo, que “[…] los demandantes tenían y demostraron, en varios
niveles, ese otro derecho que se vería afectado como consecuencia de la
integración, que, en la óptica de la Superintendencia, debió haber sido suficiente
para que los aceptaran como terceros interesados […]”, aduciendo que, para el
momento de la integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., eran operadores portuarios que
prestaban sus servicios en la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. y temían
que su situación se viera afectada si la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
S.A. adquiría definitivamente una posición de monopolio en la “[…] bahía de
Cartagena […]”.

35. Afirmaron que tales temores no fueron infundados en la medida en que una vez
aprobada la operación se habrían desconocido los contratos con SERVIESTIBA
LTDA. y MARITRANS LTDA., con la intención de no permitirles realizar sus
actividades en esa terminal, los cuales, finalmente, fueron terminados, reprochando
la expresado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido que del
hecho de que la empresa resultante de la integración fuera a adquirir una posición
de dominio no podía seguirse que usaría tal posición en contra de terceros, en razón
a que “[…] los abundantes hechos que fundamentan las denuncias en curso en la
Entidad y los resultados que las estrategias de la SPRC han tenido, no dejan duda
que va a seguir utilizándolas en Contecar […]”.

36. Aseguraron que si bien los hechos a los que se hizo referencia se encuentran en
investigación y fueron “[…] anteriores a la operación que se informó […]”, debían
tomarse como un patrón de conducta que debió tenerse en cuenta en la decisión
final “[…] ya que la operación que se informó no es un hecho aislado, hace parte de
los objetivos de la SPRC como pieza fundamental para monopolizar, mediante
conductas anticompetitivas, la bahía de Cartagena, como expresamente lo
reconoce la SPRC […]”.

37. Anotaron que el mercado de los operadores es dependiente de las decisiones y
posiciones que adopten los administradores de los terminales puesto que solo

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pueden realizar sus actividades al interior de los terminales, con la aquiescencia de
estos -los administradores-, apuntando que la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A. “[…] como ningún otro operador ha utilizado todas las facultades a
su favor, ya que simultáneamente actúa como operador, en contra de los
operadores, quienes como Serviestiba y Maritrans, compiten con ella por el manejo
de la carga al interior del terminal […]”.

38. Llamaron la atención que, en un interrogatorio de parte recibido al representante
legal de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. en el trámite de una
investigación por competencia desleal, habría manifestado que el objetivo de la
sociedad no solo era:

“[…] integrarse verticalmente, sino que describe como (sic) para el cumplimiento
de tal objetivo decide de manera autónoma que (sic) operador debe realizar una
operación dentro Terminal, bloquea el ingreso de la maquinaria de los
operadores al Terminal, impide que se arriende maquinaria distinta a la de su
propiedad en el terminal e impone procedimientos ad hoc (sic) para ciertos
operadores sin ninguna justificación.

En un escenario como el descrito, el horizonte para los operadores ahora
demandantes era muy gris. Venían de varios años de sufrir los abusos de la
SPRC, en su declarada estrategia de extinguirlos para lograr una integración
vertical absoluta. En esa situación, la única esperanza de subsistencia estaba
en la competencia que a la SPRC le hacía Contecar.

Se anunciaba que SPRC adquiría Contecar y que, al hacerlo harían extensivo
su ímpetu de abarcarlo todo, a los negocios que llevaba a cabo ese otro
terminal, lo cual significaría que en Contecar recibirían el mismo tratamiento
despiadado.

Si esa disyuntiva no implica que los operadores independientes, como lo son (o
eran) los demandantes, tengan un interés valedero en los términos del artículo
14 del código contencioso administrativo, ninguno lo será jamás […]”

39. Sostuvieron que la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. determina,
como administrador de la terminal, qué operadores portuarios pueden realizar sus
actividades, entre ellos, SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA., manifestando
que, en el presente asunto, dicha sociedad, además, competirá con los demás
operadores portuarios, lo cual, en su concepto “[…] es, sencillamente, catastrófico
[…]” y advirtiendo que se ha empleado “[…] el sistema SPRC ON LINE […]” para
establecer, de manera unilateral y arbitraria, el operador portuario encargado,
siendo “[…] la única esperanza […]” la existencia de otro terminal marítimo, operado
con independencia de aquella sociedad portuaria.

40. Manifestaron que, eliminada la competencia por la integración, la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. podía determinar, ilimitadamente y de manera
directa, las condiciones de mercado y las operaciones, “[…] incluido el precio […]”,
asunto en el cual se tiene interés directo. Expresó, en este sentido, que la operación
mencionada pondría a dicha sociedad:

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“[…] en la posibilidad de influenciar unilateralmente de una manera
determinante los precios de los operadores portuarios en la bahía de Cartagena,
específicamente, Serviestiba y Maritrans ya que sus precios van a depender de
los que les cobre la SPRC, quien los manipula a su favor.

Ese, obviamente, debió ser un interés que la SIC recogiera para permitir que
mis mandantes participaran en el trámite de la integración, como terceros
interesados […]”

41. Comentaron que la Superintendencia de Industria y Comercio, para permitirles
hacerse presentes en calidad de terceros al amparo del artículo 14 del CCA, estaría
exigiendo una “[…] prueba imposible […]” consistente en acreditar que “[…] si se
llevara a cabo la operación, los partícipes efectivamente abusarían del poder
económico o empresarial que adquirirán […]”; sin embargo, alegaron haber
aportado suficiente evidencia respecto la existencia de los intereses económicos en
juego y su cuantía, “[…] resaltando las circunstancias en que, si se aprobara la
integración, serían afectados por parte de las empresas integradas […]”.

42. Expusieron que, al amparo de la autorización otorgada por la autoridad
administrativa, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A. asumieron una actitud agresiva que se podía
anticipar y:

“[…] han arrasado con los intereses que tenían las demandantes en Contecar
(…) Los contratos vigentes a antes de ser aprobada la operación de integración
a favor de Serviestiba y Maritrans con Contecar suman más de $1.000.000.000
al año.

Los contratos que tenían que ver con el transporte y movilización de carga
mediante la utilización de elevadores gigantes; la operación portuaria con la
línea naviera Horn Linie, para la estiba, desestiba y servicios terrestres de todas
las naves y cargas de Horn Linie que arriban a Contecar; la operación portuaria
con las líneas navieras APL y MOL, para la estiba, desestiba y servicios
terrestres de todas las naves y cargas de APL y MOL que arriban a Contecar
fueron terminados unilateralmente por la SPRC como nueva propietaria de
Contecar, una vez se aprobó la operación. Los contratos de arriendo por las
oficinas y zona de mantenimiento dentro de Contecar siguieron la misma suerte
[…]”.

iii) Violación del artículo 29 de la Carta Política – debido proceso

43. Alegaron que la Superintendencia de Industria y Comercio afectó el debido
proceso, por no respetar el procedimiento legalmente aplicable, en razón a que se
adelantó sin incluir a una de las partes que debería ser oída forzosamente.

44. Expusieron que la autoridad administrativa puso fin a un procedimiento
administrativo, sin notificarlos, sin oírlos, sin permitirles presentar pruebas o
participar en su práctica y negándoles la posibilidad de interponer recursos.

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iv) Violación del artículo 78 de la Carta Política por falta de aplicación

45. Razonaron que:

“[…] En la forma descrita antes para la causal, ser violé (sic) el artículo 78 del
Constitución Política (sic), ya que no se le dio ningún alcance.

Las decisiones de la Superintendencia de industria y Comercio (sic) que se han
demandado necesitan ser anuladas ya que en ellas existe una manifiesta
infracción del artículo 14 del código contencioso administrativo (sic) y el artículo
78 de la Constitución Política.

(…)

Y, en sentido contrario, es evidente que si la compendia (sic) desaparece de un
mercado en donde existía, los primeros perjudicados serán los consumidores.

En el anterior orden de ideas es obvio, entonces, que los consumidores tendrán
algo que decir cuando se está analizando una integración del mercado en el
cual tienen interés directo.

Negar esa posibilidad, o condicionarla a que se justifique bajo el maquillaje de
la posible vulneración de otro derecho patrimonial, va en contra del texto y el
claro espíritu del artículo 78 constitucional. […]”

v) Violación del artículo 14 del CCA y el artículo 4 de la Ley 155 de
1959 por aplicación indebida

46. Reiteraron que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba exigiendo
una prueba imposible consistente en acreditar que “[…] sin ninguna duda, si se
llevara a cabo la operación, los partícipes efectivamente abusarían del poder
económico o empresarial que adquirirían […]” para permitirles hacerse parte, en
calidad de terceros, conforme al artículo 14 del CCA, en el procedimiento de
integración, por tratarse de un trámite preventivo que se da, precisamente, antes de
perfeccionarse la integración.

I.1.2.2. Falsa motivación

47. Argumentaron que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al
no aceptarlos como terceros interesados en el procedimiento administrativo para la
aprobación de la integración.

48. Precisaron que la autoridad administrativa estimó que tal procedimiento
administrativo se sigue frente a las partes que se fusionarán y que todos los
intereses diferentes a los de éstas, estuvieron protegidos por aquella, conclusión
que estimaron errada, al tratarse de un control previo en el cual se analiza si la
integración informada produciría o no una restricción indebida a la competencia, por
lo cual, “[…] los intereses que se debaten son los de quienes son titulares del
derecho a la competencia en el mercado en el que hará la integración […]”.

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49. Mencionaron que, desde la anterior perspectiva, que:

“[…] En el artículo 333 de la Constitución Política colombiana se consagró el
derecho a la libre competencia como un derecho de todos.

Dentro de esos “todos”, obviamente se encuentran los competidores y los
consumidores o usuarios. También los demás, en la medida que un ambiente
de libre competencia conlleva a una adecuada asignación de los recursos del
país.

Existe razón para que, al momento de aplicar el artículo 14 del código
contencioso administrativo, se deba excluir a esos “todos” a aquellos que
trabajan gracias las condiciones (sic) que les brinda la competencia.

En este orden de ideas, cualquiera de ellos que logre demostrar una situación
particular derivada de la estructura de competencia del mercado en que
tendrían lugar la integración, cuenta con un interés legítimo y directo en las
resultas del trámite en el que se analiza si se dará o no una indebida restricción
a la competencia.

Mis poderdantes lo hicieron. […]” (Negrilla del texto)

50. Indicaron que el interés que los terceros interesados deben demostrar para ser
considerados como tal estaría determinado por los efectos que sobre ellos tendría
la restricción a la competencia. Estimaron, en tal sentido, que aportaron evidencia
que permitiría constatar que, en el evento en que la competencia desapareciera
como resultado de la integración de las dos terminales aludidas, todas las
condiciones en que operan las empresas se verían seriamente afectadas.

51. Insistieron en que concluir que no les asiste interés directo por no acreditarse
que, en caso de darse la integración, se abusaría en su contra, implicaría exigir un
imposible, destacando que SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA. habrían
sido retirados del terminal entregado en concesión a la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena S.A. mediante la comisión de actos restrictivos de la competencia, lo
cual pusieron de presente ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

52. Subrayaron que SERVIESTIBA LTDA. y MARITRANS LTDA., para sobrevivir, se
vieron obligados a prestar sus servicios en la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., “[…] en donde suscribieron varios contratos de prestación de
servicios de operación portuaria con términos prorrogables de dos años. […]” y
recalcaron que las consecuencias que les traería la operación de integración eran
previsibles al haber actuado activamente en las quejas presentadas en contra de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ante la Superintendencia de
Industria y Comercio por conductas de competencia desleal, prácticas restrictivas
de la competencia y abuso de posición dominante, en las cuales se detallaron los
métodos y la estrategia comercial empleada por dicha sociedad portuaria para
deshacerse de la competencia.

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53. Reiteraron que sabían que la llegada de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A. a la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. implicaría la
terminación de sus contratos y su expulsión de la terminal citada, lo cual acaeció
pues la sociedad portuaria “[…] dio por terminado de manera unilateral los contratos
que Serviestiba y Maritrans tenían en Contecar con apenas 6 meses de vigencia de
los 2 años pactados. […]”.

I.2. Trámite de la demanda

54. El consejero de Estado instructor del proceso, a través de auto de 22 de marzo
de 20068, admitió la demanda y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal
al Superintendente de Industria y Comercio, en representación de La Nación y al
agente del Ministerio Público; ii) ordenó la notificación a los representantes legales
de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores
de Cartagena S.A., como personas jurídicas de derecho privado interesadas
directamente en las resultas del proceso; y, iii) fijó el negocio en lista por el término
de diez (10) días para que los demandados contesten la demanda, propongan
excepciones y soliciten pruebas.

55. El consejero de Estado instructor del proceso, mediante auto de 3 de septiembre
de 20079, resolvió los recursos de reposición presentados en contra del auto del
auto admisorio de la demanda.

56. En particular, la providencia decidió respecto de la caducidad de la acción
ejercida -nulidad y restablecimiento del derecho-, la jurisdicción competente para
conocer de la demanda y la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de la
Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo “[…] NO REPONER el auto
proferido el 22 de marzo de 2006, mediante el cual se admitió la demanda de la
referencia […]”.

57. La consejera de Estado ponente, en auto de 27 de marzo de 2009 10, resolvió
rechazar el recurso de súplica presentado en contra del auto de 3 de septiembre de
2007.

I.3. La contestación de la demanda

I.3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio11

58. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su apoderado, contestó
la demanda, rechazando y oponiéndose a sus pretensiones.

8
Fol. 208-210, C. Ppal 2.
9
Fol. 281-296, C. Ppal 2.
10
Fol. 315-317, C. Ppal 2.
11
Fol. 325-332, C. Ppal 2.

15

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59. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las excepciones
de “[…] VICIOS DE PROCEDIMIENTO […]”, “[…] INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES Y FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE
PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RADICADO
BAJO EL NÚMERO 04115533 DEL 21 DE FEBRERO DE 2005 […]” e “[…]
INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE (sic) Y AL DERECHO
FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO […]”.

i) La excepción de “[…] VICIOS DE PROCEDIMIENTO […]”

60. Afirmó que, desde la notificación de la providencia que admitió la demanda, llamó
la atención del consejero de Estado ponente respecto de vicios en el procedimiento.

61. Aseguró que se habrían expedido dos (2) autos que inadmiten la demanda, esto
es, los autos de fecha 16 de diciembre de 2005 y 14 de febrero de 2006, lo cual
violaría el debido proceso puesto que, si se incumple el auto de inadmisión, lo
procedente era el rechazo de la demanda y proferir un auto para dejar sin efecto
otra providencia.

62. Aseveró que el consejero de Estado instructor del proceso, en el auto de 16 de
diciembre de 2009, consideró que debía inadmitirse la demanda presentada, en
razón a que no se presentaron los poderes de las sociedades demandantes y no se
había allegado, en debida forma, los actos administrativos acusados.

63. Apuntó que el apoderado de las demandantes aportó unos documentos con los
cuales no cumplió, en su concepto, lo requerido en el auto citado supra; sin
embargo, el consejero de Estado instructor del proceso no decidió rechazar la
demanda y, por el contrario, dejó sin efecto el auto de 16 de diciembre de 2009,
profiriendo el auto de 14 de febrero de 2006, en el cual se “[…] da una nueva
admisión […]”.

64. Anotó que las demandantes no cumplió, en debida forma, lo requerido en el auto
de 14 febrero de 2006, al no aportar los correspondientes anexos para los traslados
y el consejero de Estado sustanciador del proceso “[…] decide no rechazar la
demanda sino por el contrario admitirla […]”, con lo cual, se omitió en dos (2)
oportunidades rechazar la demanda, lo cual podría llevar a que operara la caducidad
de la acción.

65. Sostuvo que lo expuesto anteriormente produjo una indebida notificación de la
demanda para la parte demandante, al no entregársele la totalidad de las copias del
traslado, lo cual fue reconocido en la providencia de 3 de septiembre de 2007,
ordenándose la entrega de las copias que no fueron entregadas durante el trámite
de notificación.

16

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66. Manifestó que se ha debido decretar la nulidad de la notificación y ordenarla en
debida forma en el auto admisorio de la demanda y dio cuenta que:

“[…] Una vez nos fue notificada indebidamente la demanda, interpusimos
recurso de reposición y nulidad contra del auto admisorio de la demanda. Sin
embargo, el Despacho acumuló los dos trámites y resolvió al parecer en una
misma providencia. No se siguieron los pasos procesales adecuados.

Con fundamento en lo expuesto, le solicito al Honorable Magistrado se sirva
revisar el expediente con el fin de que corrobore las situaciones que he
planteado y subsane los vicios procesales expuestos. Pues de lo contrario, el
trámite seguirá viciado por la nulidad constitucional al faltar al debido proceso
[…]”

ii) La excepción de “[…] INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES Y FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO 04115533 DEL 21
DE FEBRERO DE 2005 […]”

67. Expresó que:

“[…] El apoderado de la parte demandante pretende la nulidad de los actos
administrativos que le negaron la posibilidad de intervenir como tercero
interesado en el trámite administrativo del estudio de una integración. Sin
embargo, sin tener la legitimidad para demandar el acto administrativo que
aprobó la operación de integración, solicita la nulidad y restablecimiento del acto
administrativo radicado bajo el número 04115533 de fecha 21 de febrero de
2005.

De conformidad con lo expuesto, la parte demandante no tiene legitimación
alguna para demandar un acto administrativo de carácter particular que no lo
involucra, pues la aprobación de la integración entre la SPRC y CONTECAR
tenía efectos únicamente para estos actores.

En esa medida existe una indebida acumulación de pretensiones y la parte
demandante no se encuentra legitimada para solicitar la nulidad del acto
administrativo al cual nos referimos anteriormente […]”

iii) La excepción de “[…] INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL
ARTÍCULO 14 DE (sic) Y AL DERECHO FUNDAMENTAL DEL
DEBIDO PROCESO […]”

68. Comentó que el artículo 14 del CCA previó la participación de terceros en las
actuaciones administrativas, deduciendo de su contenido que quien pretenda su
vinculación en esa condición, debería acreditar i) ser un tercero; ii) tener interés
directo en el trámite que se surte; iii) acreditar que ese interés, en el resultado de la
decisión, es directo.

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Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
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69. Alegó que la condición de tercero interesado confiere a quien la ostente, los
atributos y prerrogativas propios de quien es parte, de tal forma que, la persona que
pretenda su reconocimiento en dicha condición, debe poseer un interés particular
distinto del simple interés de la legalidad, el cual debe ser directo:

“[…] derivado de la contingencia de que la decisión final del proceso pueda
generarle un derecho o un perjuicio en la esfera jurídica de lo propio, sin
necesidad de que se cumplan otros presupuestos o intermediaciones.

En consecuencia, sólo si logra construirse un puente directo entre el acto
administrativo final y la situación jurídica del tercero, del que pueda
desprenderse para él un derecho o un perjuicio, sin necesidad de
intermediaciones o condiciones adicionales, se estará cumpliendo con el
requisito establecido por el artículo 14 del C.C.A. […]”

70. Expuso que el control previo de integraciones previsto en el artículo 4°. de la Ley
155 de 1959, es un instrumento de naturaleza preventiva, en el cual el Estado actúa
en defensa de “[…] esa masa abstracta de intereses que se denomina mercado, del
que hacen parte los consumidores, los competidores, los proveedores y, en general,
todas aquellas personas que, de una u otra manera, están relacionadas con el
segmento específico que puede verse alterado con la integración. […]” y, en
desarrollo de este instrumento, serán objeto de objeción, las operaciones de
integración que tiendan a producir una indebida restricción a la libre competencia,
dando prevalencia al interés general del mercado frente al particular de las
compañías que pretenden integrarse.

71. Argumento, conforme a lo expuesto, que:

“[…] quien pretende su reconocimiento como tercero interesado deberá, a la luz
de lo expuesto, tener un interés en que se objete o se autorice la operación que
es revisada, derivado de la probabilidad directa y ostensible de que esa decisión
de la Administración le pueda generar un derecho o un perjuicio en su esfera
jurídica particular.

De este modo, si la decisión final no tiene la potencialidad de afectar al tercer
en su esfera particular, o si para hacerlo requiere que concurran otras
circunstancias futuras y ajenas a la decisión de la administración, o si esos
efectos provienen de otras circunstancias y no de la decisión de la Entidad, se
tendrá, entonces, que ese interés no es de carácter directo. Por tanto, la sola
interacción comercial con las intervinientes del proceso o con el mercado en el
cual participan, ya sea como consumidor, competidor, proveedor o empresa
relacionada en la actividad, no legitima la condición de tercero interesado, pues
se requiere de un interés directo y, en todo caso, diferente al del mercado […]”

72. Mencionó que una interpretación contraria a la expuesta, llevaría al absurdo de
considerar que en el trámite de integraciones empresariales son terceros
interesados todos lo agentes que, de una u otra manera, actual o potencialmente,
interactúan en el mercado relevante definido por la operación, en razón a que:

18

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i) La defensa de sus intereses se logra con la aplicación de las normas
sobre libre competencia;

ii) Se equipararía la condición de “[…] “tercero simple” […]” con la de “[…]
“tercero interesado” […]”;

iii) La actuación se desnaturalizaría y pasaría a convertirse en una acción
colectiva o de grupo;

iv) Implicaría que la decisión final, en caso de objetarse la operación, le
conferiría un derecho específico e individual a cada uno de los
consumidores, competidores, proveedores y empresas relacionadas con
la actividad, lo que no corresponde a la realidad de las normas;

v) Afectaría gravemente el debido proceso y el derecho de defensa de las
empresas intervinientes en la operación, exponiéndolas al ingreso
permanente de sujetos procesales, con intereses opuestos a los suyos,
con plenas facultades procesales, en una actuación que no prevé tales
situaciones y que, además, está sometida a reserva legal, lo que “[…]
lleva a concluir que la condición de tercero interesado en este tipo de
actuaciones, no puede derivar de la simple existencia de una relación
comercial entre el tercero y las empresas que pretenden integrarse, sino
que se requiere de los presupuestos atrás definidos […]”.

73. Indicó que el interés de las demandantes para hacerse parte en el trámite de
integración se fundamentó en la existencia de “[…] supuestas […]” conductas
anticompetitivas que, al momento de la presentación de la demanda, ejercía la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. en la administración de su terminal,
las cuales se trasladarían, producto de la operación de integración, a la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., con lo cual sus clientes se verían afectados.

74. Transcribió la resolución demandada, para destacar que la autoridad
administrativa “[…] no apreció la existencia de un interés directo de la parte
demandante en el trámite de integración que se adelantó, en cuanto no estaba
acreditado que el acto administrativo con el cual esta Entidad se pronunció, pudiera
conferirles un derecho o una obligación a los mencionados sujetos […]”.

I.3.2. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A.12

75. LaSociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., a través de apoderado judicial, presentaron

12
Fol. 334-375, C. Ppal. 2.

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escrito para “[…] impugnar la demanda […]” interpuesta; sin embargo, conforme a
lo dispuesto en el auto de 15 de septiembre de 200913, tal escrito “[…] fue
presentado de manera extemporánea […]”, por lo que se tuvo por no contestada en
tiempo la demanda, por parte de las citadas entidades14.

I.4. Trámite del proceso

76. El consejero de Estado sustanciador del proceso, en auto de 26 de octubre de
201015, rechazó la solicitud de nulidad formulada por el apoderado de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena
S.A.

77. El consejero de Estado sustanciador del proceso, en auto de 15 de abril de
201116, decretó las pruebas a practicar en el proceso; en auto de 27 de julio de
201217 ordenó la práctica de una prueba testimonial y rechazó la práctica de un
dictamen pericial; en auto de 29 de octubre de 201218, aclaró el auto de 15 de abril
de 2011; y, mediante auto de 10 de mayo de 201619, ordenó correr traslado común
a las partes por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y, si
así lo solicitaba, igualmente, al agente del Ministerio Público, por igual término, el
cual se ejecutaría una vez concluido el traslado común.

78. Alegatos de conclusión de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. La Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.
presentaron sus alegatos de conclusión, solicitando se profiera sentencia
denegatoria de las pretensiones de la demanda.

79. Esgrimieron como “[…] RAZONES PROCESALES PARA RECHAZAR LAS
PRETENSIONES […]”, la ineptitud de la demanda, la caducidad de la acción y la
falta de jurisdicción y competencia.

80. Estimaron, frente a la ineptitud de la demanda, que la parte demandante habría
formulado una pretensiones que desbordaban el objeto de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y que, de ser aceptadas, implicarían una violación del
principio de separación de poderes, teniendo en cuenta que se plantearon
pretensiones consecuenciales a la declaratoria de nulidad, principales y
subsidiarias, que buscarían que esta Corporación ordene a la autoridad
administrativa, expedir actos administrativos.

13
Fol. 378, C. Ppal. 2.
14
Como consecuencia de lo anterior, no se tendrán en cuenta las pruebas allegadas en dicha contestación, anexos 2 y 3.
15
Fol. 395-402, C. Ppal. 2.
16
Fol. 404-405, C.Ppal. 2.
17
Fol. 410-411, C. Ppal. 3.
18
Fol. 594-595, C. Ppal. 3.
19
Fol. 855-856, C. Ppal. 5.

20

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81. Destacaron, en relación con la caducidad de la acción ejercida, que:

“[…] Como consta en el sello de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado que obra a folio 177 del expediente, la demanda fue presentada el
20 de junio de 2005.

En la demanda se señala que el acto administrativo 03130714-1 del 2 de febrero
de 2005 no fue notificado personalmente a los representantes del doctor Archila.

Al respecto debo señalar que por tratarse de un acto de mero trámite, el mismo
no requiere esta clase de notificación. Sin embargo, y como consta en la
comunicación 05011504 del 9 de febrero de 2005 (folio 43 del cuaderno 1 del
expediente), el doctor Archila actuando en nombre de los demandantes
presentó recurso de reposición contra este acto administrativo.

Por lo tanto y de acuerdo con el artículo 48 del C.C.A. es evidente que dichas
empresas quedaron notificadas por conducta concluyente, el día 9 de febrero
de 2005.

Respecto de la Resolución 2930 de 2005, el doctor Archila manifiesta en la
demanda que la misma le fue notificada el 18 de febrero de 2005.

En relación con el acto administrativo que autorizó realizar la integración, el
mismo fue comunicado a las sociedades SPRC y CONTECAR el día 21 de
febrero de 2005 y, respecto del mismo, el apoderado de dichas sociedades se
dio por notificado el 24 de febrero de 2005.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., para demandar en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el acto
administrativo 03130714-1 del 2 de febrero de 2005 y la Resolución 2930 de
2005, las actoras tenían un plazo de 4 meses que vencía el 18 de junio de
2005 y como ha dicho día fue sábado, el plazo venció el 20 de junio de 2005.

Respecto del acto administrativo del 21 de febrero de 2005, el plazo para
demandarlo vencía el 24 de junio de 2005.

El artículo 143 del C.C.A. dispone igualmente que se inadmitirá la demanda que
carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores,
esto es, 135 a 142, y que su presentación no interrumpe los términos para
la caducidad de la acción.

Tal y como consta en el auto del 14 de febrero de 2006, la demanda fue
inadmitida por cuanto el doctor Archila no adjuntó copia de los poderes de la
totalidad de los actores y, porque en el que había adjuntado, no constaba la
facultad para demandar la totalidad de los actos a que hace referencia la
demanda.

En consecuencia, al haberse inadmitido la demanda por no reunir los requisitos
previstos en las normas procesales correspondientes, de acuerdo con el artículo
143 del C.C.A., los términos de la caducidad de la acción no se
interrumpieron.

Pero más grave aún es que las demandantes tampoco subsanaron la demanda,
puesto que cuando adjuntaron los poderes que les hacían falta, no aportaron
copia de los mismos para el traslado a la demandada, como lo ordena el artículo
139 del C.C.A.

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Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

Así las cosas, las demandantes jamás interrumpieron la caducidad de la
acción.

Pero si en gracia de discusión se aceptara que no era necesario adjuntar copia
de los poderes para el traslado, lo cierto es que la interrupción solamente habría
ocurrido el 23 de febrero de 2006, cuando el apoderado de las actoras radicó
los poderes con las facultades para demandar los actos que ataca la demanda.
En efecto, antes de que se aportaran dichos poderes, el doctor Archila no
tenía facultades para demandar la totalidad de actos que menciona la
demanda ni para actuar a nombre de todas las empresas que decía
representar.

Por lo tanto y como quiera que los actos demandados fueron notificados el 9 de
febrero de 2005, 18 de febrero de 2005 y 24 de febrero de 2005
respectivamente, es claro que para el 23 de febrero de 2006, habían
transcurrido más de 4 meses, término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, según lo establece el artículo 136 del C.C.A. […]”
(Negrilla y subrayado del texto)

82. Subrayaron, respecto de la falta de jurisdicción y de competencia, que, de
acuerdo con el artículo 135 del CCA, la posibilidad de ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, se limita a aquellos actos administrativos de contenido
particular que pongan fin a un “[…] proceso administrativo […]” y, siguiendo el
artículo 50 del CCA, los actos administrativos que ponen término al “[…] proceso
administrativo […]” son lo que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto
y los actos de trámite ponen fin a una actuación cuando hacen imposible su
continuación.

83. Recalcaron que el oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la
Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005, eran actos que no pusieron fin al
proceso administrativo “[…] sino que simplemente resolvieron si en el mismo,
podrían participar, como terceros interesados, unas determinadas personas. […]”.
Tales actos, remarcaron, no decidieron sobre el fondo del asunto, esto es, si, de
acuerdo a las normas sobre libre competencia, se debía aprobar o autorizar la
realización de la operación de integración informada entre la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.

84. Señalaron que prueba irrefutable de lo expuesto fue que, con posterioridad, fue
expedido, el 21 de febrero de 2005, el acto administrativo en el que se estimó, por
parte de la autoridad administrativa, bajo los supuestos del artículo 4°. de la Ley 155
de 1959 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la
operación de integración no ameritaba objeción alguna, precisando que:

“[…] Las pretensiones principales de restablecimiento del derecho son
consecuencia de la nulidad de los actos que decidieron no admitir a las
demandantes como terceros interesados en el proceso administrativo.

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Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

Finalmente, las pretensiones subsidiarias se refieren igualmente de manera
exclusiva al oficio 04130714-1 del 2 de febrero de 2005 y a la Resolución 2930
del 15 de febrero de 2005.

Por lo tanto, y como quiera que el oficio 04130714-1 del 2 de febrero de
2005 y la Resolución 2930 del 15 de febrero de 2005 son actos que no
pusieron término al procedimiento administrativo ni impidieron
continuarlo, ni mucho menos resolvieron el fondo del asunto, los mismos
no son susceptibles de ser demandados a través de las acciones
contencioso administrativas ante la jurisdicción contencioso
administrativa, ni por parte de ninguna otra jurisdicción.

Así las cosas, es evidente que el Consejo de Estado carece de jurisdicción y
competencia para adelantar un proceso en el que se resuelvan la primera
pretensión principal, las pretensiones principales relativas al restablecimiento
del derecho y las pretensiones subsidiarias. […]” (Negrilla y subrayado del texto)

85. Adujeron como “[…] RAZONES DE FONDO POR LAS QUE LAS
PRETENSIONES DEBEN SER RECHAZADAS […]”, que la Superintendencia de
Industria y Comercio no tenía la obligación de citar a las demandantes al
procedimiento para la autorización de la operación de integración entre la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena
S.A., en razón a que, estimaron que el artículo 14 del CCA no era aplicable a los
procedimientos administrativos para la aprobación de integraciones empresariales
toda vez que tal código es aplicable a actuaciones administrativas especiales,
siempre que no resulte contradictorio con la naturaleza del proceso.

86. Precisaron, en el sentido anterior, que, en el presente asunto, los procedimientos
administrativos de aprobación de integraciones empresariales son de carácter
reservado, lo cual pugna con la participación de terceros prevista en el citado
artículo 14 del CCA.

87. Esgrimieron que la existencia de procesos administrativos relativos a prácticas
restrictivas de la competencia, no puede considerarse como el registro al que alude
el artículo 14 del CCA, en la medida en que tales procedimientos administrativos
son reservados, ni la existencia de denuncias por la supuesta realización de
prácticas abusivas significa que los derechos de los denunciantes se fueran a ver
afectados por la integración empresarial que lleve a cabo la sociedad investigada,
ni la decisión de abrir una investigación con ocasión de las mencionadas denuncias
equivale a un pronunciamiento sancionatorio.

88. Afirmó que no puede objetarse una operación de integración por el hecho que
las involucradas vayan a obtener una posición dominante en el mercado, pues lo
que prohíbe el ordenamiento jurídico es el abuso de aquella.

89. Aseguraron que las demandantes no acreditaron, ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, que el acto administrativo de aprobación de la integración les

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

afectaba en una situación jurídica particular de manera directa, esto es, sin
necesidad de que se presentaran otros supuestos o condiciones, futuros e inciertos,
para que se produjera la afectación.

90. Aseveraron, desde la perspectiva anterior, que la alegación consistente en que
las demandantes eran consumidoras de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A. era un hecho que fue no alegado en el procedimiento administrativo,
por lo que no debía ser estudiado por esta Corporación y, en todo caso, tal situación
no es cierta puesto que i) ASOPORT no era un operador portuario; iii) MARITRANS
LTDA. no habría actuado como operador portuario en el“[…] Terminal de Manga, ni
en el Terminal de CONTECAR […]”, pues su actividad se desarrollaría en el puerto
de Buenaventura; y, iii) los operadores portuarios no tiene el carácter de
consumidores, en razón a que no adquieren servicios de las sociedades portuarias
para satisfacer necesidades propias, sino para vincularlos a sus procesos y ofrecer
servicios a terceros como lo son los importadores, exportadores o líneas navieras,
quienes sí tendrían el carácter de consumidores.

91. Apuntaron que los intereses de los consumidores han sido clasificados como
colectivos, lo cual quiere decir que no le pertenecen a un persona determinada y no
se vinculan a ninguna relación jurídica particular y, además, que no se habría
demostrado la existencia de “[…] intereses adicionales a los de supuesto
consumidor […]”, teniendo en cuenta que:

“[…] las sociedad (sic) Maritrans Ltda. y Asoport no tenían vigente contrato
alguno con CONTECAR para prestar servicios de operador portuario en dicho
Terminal.

En efecto, Maritrans Ltda. actuaba y continúa actuando en el Terminal de
CONTECAR como agente marítimo y no como operador portuario, tal y como
lo demuestra la certificación expedida por Dimar que obra a folio 611 del
cuaderno 1 del expediente.

Por su parte, Asoport no es siquiera un operador portuario, razón por la que
resulta imposible que tuviese contratos para prestar servicios de esa clase.

En cuanto a Serviestiba, debo señalar que la integración fue autorizada el 21
de febrero de 2005 y los contratos que Serviestiba tenía con CONTECAR
solamente podían tener una vigencia hasta el 19 de enero de 2005.

La razón por la que dichos contratos no continuaron ejecutándose fue que los
mismos habían sido celebrados por el representante legal de CONTECAR
excediendo sus facultades. Así, mientras dicho representante solamente tenía
facultades para celebrar contratos con un plazo máximo de 6 meses (ver
certificado que se encuentra en el CD remitido por la SIC en la carpeta 1 folios
35 y siguientes), los contratos que celebró serviestiba tenían un plazo de 2 años.

CONTECAR respetó el plazo hasta el cual el representante legal tenía
facultades para obligar a la empresa y, en aplicación de la teoría de la
inoponibilidad que ha elaborado la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, le indicó a Serviestiba que el contrato había terminado el 19 de enero

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

de 2005 (ver acta que obra a folios 615 y 616 del cuaderno 1 del expediente y
comunicaciones que obran a folios 138 a 143 del cuaderno 1 del mismo
cuaderno).

En todo caso, es importante aclarar que la inexistencia de esos contratos no
le impedía a Serviestiba continuar prestando servicios a terceros en
CONTECAR.

En efecto, el objeto de los contratos era el arrendamiento de equipos por parte
Serviestiba a CONTECAR (ver folios 172 a 183 de la AZ Anexos 3), para que
CONTECAR los utilizara para prestar servicios a terceros. Es decir, la
prestación de servicios a terceros por parte de Serviestiba en el Terminal de
CONTECAR no dependía de la existencia de esos contratos.

La razón por la que Serviestiba no continuó prestando servicios en CONTECAR
fue que dicha empresa no se encontraba a paz y salvo con CONTECAR, lo cual,
según la Resolución 71 de 1997 de la Superintendencia General de Puertos
(Ver folios 184 a 198 de la AZ Anexos 3) y el numeral 9 del capítulo III del
reglamento de operaciones de CONTECAR (Ver folios 216 a 219 de la AZ
Anexos 3 y folios 617 a 620 de la carpeta 3 del CD enviado por la SIC contentivo
el los (sic) antecedentes administrativos), es causal para suspender la
prestación de servicios a los operadores portuarios. […]” (Negrilla y subrayado
del texto)

92. Anotaron que la existencia de investigaciones en la Superintendencia de
Industria y Comercio por abuso de posición dominante en contra de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. no es prueba de que su existencia ni de su
ilegalidad, “[…] De hecho, en la Resolución que se adjunta, la SIC llegó a la
conclusión de que la SPRC no había realizado actos de abuso de posición
dominante […]” y, adicionalmente, que la alegada realización, en el futuro y con
posterioridad a la aprobación de la integración empresarial, de conductas
constitutivas de abuso de la posición de dominio, evidencia la falta de relación
directa entre los actos administrativos objeto de control judicial y la afectación a los
derechos de quienes pretenden ser aceptados como terceros interesados.

93. Sostuvieron que las demandantes no dependían, exclusivamente, para prestar
sus servicios, de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y de la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A., pues en Colombia existirían muchas
sociedades portuarias y, el hecho de que las sociedades citadas se integraran, no
implicaba una concentración en el mercado restrictiva de la competencia,
atendiendo que “[…] CONTECAR y SPRC solamente manejan el 3,5% de la carga
del país (…) Inclusive el estudio realizado por la SIC (…) muestra que si se
considerara solamente carga en contenedores, la participación de SPRC y
CONTECAR sería del 36% y que en el mercado de servicios a operadores
portuarios la concentración era irrelevante […]”.

94. Manifestaron que, en el caso de MARITRANS LTDA., en su calidad de agente
marítimo, continuaba, a la fecha de presentación de los alegatos de conclusión,
líneas marítimas en el “[…] Terminal de Manga como en el de CONTECAR […]” y
fungía como agente de múltiples líneas marítimas y, en lo que tiene que ver con el

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

sistema “[…] SPRC ON LINE […]”, expresaron que se trataba de una facilidad para
que los usuarios del terminal pudieran acceder a los servicios que se prestan allí y
no tiene incidencia en la contratación de los servicios por parte de los usuarios del
terminal, sumado a que “[…] la Resolución 40982 de 2010 de la SIC, claramente se
indicó que no era restrictivo de la competencia […]”.

95. Comentaron, frente a la incidencia de la integración en los precios que los
operadores portuarios pueden ofrecer, que las tarifas que pueden cobrar las
sociedades portuarias a los operadores por el uso de las instalaciones se
encuentran sometidas a un régimen de libertad vigilada, lo cual quiere indicar que
están sometidas a la aprobación de la autoridad administrativa.

96. Alegaron, asimismo, que no existió, en el procedimiento administrativo, violación
al debido proceso puesto que las demandantes actuaron en él, presentaron sus
argumentaciones, aportaron pruebas y se notificaron de las decisiones y,
adicionalmente, que no existió violación del artículo 78 de la Carta Política, poniendo
de presente, de un lado, que tal cargo no fue formulado en el procedimiento
administrativo, y, del otro, que tal disposición hace referencia a las organizaciones
de consumidores, carácter que no tienen las demandantes, ni mucho menos de
consumidoras, sumado a que la participación a la que se refiere el artículo debía
ser entendida para la expedición de normas de carácter general y no para actos
administrativos de carácter particular.

97. Alegatos de conclusión de las demandantes20. Las demandantes presentaron
alegatos de conclusión, solicitando desestimar las excepciones formuladas por las
demandadas, y en su lugar acoger las pretensiones de la demanda, sosteniendo,
en síntesis, los mismos argumentos esbozados en la demanda.

98. La Superintendencia de Industria y Comercio no intervino en esta etapa procesal.

99. El consejero de Estado integrante de esta Sección, mediante auto de 14 de mayo
de 201921, decidió no aceptar el impedimento manifestado por el consejero de
Estado instructor del proceso.

100. El entonces consejero de Estado instructor del proceso, mediante Auto de 10 de
mayo de 202422, remitió el presente expediente al despacho del consejero de
Estado que le seguía en turno, en razón a que en el proyecto elaborado por aquel y
que fue discutido en la sala de 9 de mayo de 2024, no obtuvo los votos requeridos
para ser aprobado.

20
Fol. 920-949, C. Ppal. 5.
21
Fol. 961-964
22
Índice 145, SAMAI.

26

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

101. Esta sala de decisión, para desatar los cargos formulados en la demanda
abordará: i) su competencia; ii) los actos administrativos acusados; iii) las
alegaciones relativas a la caducidad, la falta de jurisdicción y competencia; y, iv) las
excepciones formuladas por la parte demandada.

II.1. La competencia

102. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer el
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del CCA 23,
modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 9 de julio de 1998 24, aplicable en los
términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125.

II.2. Los actos administrativos acusados

103. La parte demandante solicitó la nulidad i) del oficio núm. 04130714-1 de 2 de
febrero de 2005; ii) la Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005; y, iii) del
oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, todos expedidos por el
Superintendente de Industria y Comercio, cuyo contenido, es el siguiente:

i) El oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005, decidió lo siguiente:

“[…] Me refiero a sus solicitudes radicadas bajo los números de la referencia, a
través de las cuales solicita a este Despacho reconocer el carácter de terceros
interesados a las empresas que representa, dentro del trámite que se adelanta
en esta Entidad bajo el número 04115533. Al respecto, me permito manifestar
lo siguiente:

Verificadas las solicitudes presentadas, se observa que las mismas hacen
referencia a lo que el apoderado considera serían los mercados involucrados
en una posible integración entre Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y
el Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., como a las repercusiones que
sobrevendrían de llevarse a cabo la referida operación. Sin embargo, no se
acredita un interés directo en la forma establecida en el Código Contencioso
Administrativo, que legitime la participación de los solicitantes en el trámite que
se adelanta, bajo la condición de terceros interesados.

Los argumentos aducidos en torno a la posible causación de una indebida
restricción de la competencia, están relacionados con el supuesto impacto que

23
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia:
(…)
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las
controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo
de Estado en única instancia. […]”.
24
“[…] por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia. […]”.
25
“[…] por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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tendría la operación frente al mercado, más no se particulariza, ni mucho menos
se cuantifica, de qué manera la posible integración entre los referidos
terminales, podría llegar a afectar a cada uno de los solicitantes. Valga señalar
que la simple manifestación abstracta de un interés, desprovista de elementos
objetivos y verificables, no es suficiente para legitimar la participación de un
tercero en el proceso que se adelanta, pues es necesario que es interés sea
particular, concreto y directo, conclusión a la que no es posible llegar en el
presente caso, por falta de elementos.

En todo caso, la posibilidad de que la operación que se revisa genere una
indebida restricción de la competencia, es justamente lo que se trata de
establecer y, de ser necesario, evitar a través de la aplicación de las normas
sobre libre competencia; luego no puede ser ese el interés particular de quienes
pretenden para sí la calidad de terceros interesados, pues en tal evento, no
habría diferencia entre el interés colectivo del mercado y el interés subjetivo que
reconoce y garantiza el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.

Por otra parte es importante señalar que las presuntas conductas
anticompetitivas a que se refiere el apoderado, son objeto de revisión dentro de
la investigación que actualmente se adelanta contra la SPRC, por la posible
infracción al régimen sobre libre competencia. En esa medida, no puede darse
por sentada la ocurrencia hasta tanto se profiera un acto definitivo que así lo
declare, luego de agotado el procedimiento establecido para el efecto. Por lo
demás, aún estando probados tales hechos, habrían sido ejecutados
previamente a la integración que se revisa, razón por la cual, no existiría una
relación causal entre los mismos y la aludida operación.

A este mismo respecto, resulta de recibo lo manifestado por este Despacho en
torno a un solicitud presentada en un caso similar, al señalar que “… si aún se
aceptara en gracia de discusión -que no lo es- que la compañía Unilever
participa en el mismo mercado relevante objeto de análisis, la conclusión a la
que se llega es exactamente igual, es decir, que la misma no tiene un interés
directo, pues no puede perderse de vista que el control de integraciones es un
mecanismo eminentemente de naturaleza preventiva, con el cual la autoridad
de competencia trata de preservar las condiciones del mercado. En esa
perspectiva, la objeción de una integración corresponde al interés de evitar que
se produzca ´una indebida restricción de la competencia`, y no al ejercicio una
potestad sancionadora derivada de una infracción administrativa. Bajo este
entendido la posibilidad del tercero de verse afectado por el proceso de
integración es sólo hipotética y no cierta como lo exige la norma, pues aún en
el supuesto de que la resultante de integración vaya adquirir poder de
mercado, que no necesariamente tiene que ser así, no puede asegurarse
que vaya a ser utilizado en contra de los intereses del tercero”. (El resaltado
no hace parte del texto original)

Así las cosas, no es posible reconocer a los solicitantes el carácter de terceros
interesados dentro del trámite que se adelanta, en tanto no se manifestó y
mucho menos se probó, que el interés que se persigue recaiga sobre una
afectación de intereses subjetivos, como tampoco fue acreditada la incidencia
del trámite frente a la situación personal de cada uno de ello, cuál es la
reducción injusta de su derecho o situación particular, ni la conexidad existente
entre la causa que pone en detrimento el derecho colectivo y la afectación o
amenaza de modo directo de los derechos subjetivos.

Por consiguiente, las peticiones formuladas en los escritos presentados resultan
improcedentes ante la falta de legitimidad para intervenir en el trámite que se
promueve. Sin perjuicio de lo anterior, deseo agradecer las inquietudes

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

planteadas en torno a los posibles efectos de la operación que, sin lugar a
dudas, serán de gran utilidad al momento de tomar la decisión correspondiente.
[…]” (Negrilla y subrayado del texto)

ii) La Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005, resolvió lo siguiente:

“[…] 3.1 Alcance y comprensión de la figura del tercero interesado

(…)

El Código Contencioso Administrativo prevé la participación de terceros en
actuaciones de naturaleza administrativa, al establecer en el artículo 14 que
“Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte
que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados
en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan parte y hacer
valer sus derechos. (…). (El resaltado no hace parte del texto original)

Así las cosas, quien pretende para sí la calidad procesal que confiere la anterior
disposición, deberá: (i) ser un tercero, (ii) tener un interés en el trámite que se
surte, y (iii) acreditar que ese interés es “directo” en las resultas de la decisión.
La existencia de uno o dos de los anteriores presupuestos puede devenir en
otras condiciones procesales, pero no en la de “tercero interesado”, pues esta
última sólo se adquiere con el pleno de los requisitos señalados.

(…)

De la extensa jurisprudencia recopilada, podemos concluir que la condición de
tercero interesado confiere a quien la ostente, los atributos y prerrogativas
propios de quien es parte. En esa medida, la persona que pretenda esa
legitimación deberá acreditar que posee un interés particular, distinto del
interés de simple legalidad, y además, que ese interés no es cualquiera sino
directo, derivado de la contingencia de que la decisión final del proceso pueda
generarle un derecho o un perjuicio en la esfera jurídica de lo propio, sin
necesidad de que se cumplan otros presupuestos o intermediaciones.

En consecuencia, sólo si logra construirse un puente directo entre el acto
administrativo final y la situación jurídica del tercero, del que pueda
desprenderse para él un derecho o un perjuicio, sin necesidad de
intermediaciones o condiciones adicionales, se estará cumpliendo con el
requisito establecido por el artículo 14 del C.C.A.

3.2. La intervención de terceros interesados en trámites de integración
empresarial

(…)

En esta perspectiva, y como varias veces se ha manifestado, el control previo
de integraciones se articula como un instrumento de naturaleza
eminentemente preventiva, en el cual el Estado actúa en defensa de esa masa
abstracta de intereses que se denomina mercado, del que hacen parte los
consumidores, los competidores, los proveedores y, en general, todas aquellas
personas que, de una u otra manera, están relacionadas con el segmento
específico que puede verse alterado con la integración.

En desarrollo de esta atribución, serán objetadas aquellas operaciones de
integración que “…tienden a producir una indebida restricción a la libre

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competencia”, dando prevalencia al interés general del mercado frente al interés
particular de las empresas que pretenden integrarse. Por consiguiente, quien
pretende su reconocimiento como tercero interesado deberá, a la luz de lo
expuesto, tener un interés en que se objete o se autorice la operación que es
revisada, derivado de la probabilidad directa y ostensible de que esa decisión
de la Administración le pueda generar un derecho o un perjuicio en su esfera
jurídica particular.

De este modo, si la decisión final no tiene la potencialidad de afectar al tercero
en su esfera particular, o si para hacerlo requiere que concurran otras
circunstancias futuras y ajenas a la decisión de la administración, o si esos
efectos provienen de otras circunstancias y no de la decisión de la Entidad, se
tendrá, entonces, que ese interés no es de carácter directo. Por tanto, la sola
interacción comercial con las intervinientes del proceso o con el mercado en el
cual participan, ya sea como consumidor, competidor, proveedor o empresa
relacionada en la actividad, no legitima la condición de tercero interesado, pues
se requiere de un interés directo y, en todo caso, diferente al del mercado.

Una interpretación contraria a la arriba expuesta, llevaría al absurdo de
considerar que en los trámites de integración empresarial, son terceros
interesados todos los agentes que, de una u otra manera, actual o
potencialmente, interactúan en el mercado relevante definido por la operación;
lo que evidentemente no puede ser, entre otras razones, por cuanto: (i) la
defensa de sus intereses es en esencia la misma del mercado, la cual se logra
mediante la aplicación de las normas sobre libre competencia; (ii) se estaría
equiparando la condición de “tercero simple” con la de “tercero interesado”; (iii)
la actuación que se adelanta se desnaturalizaría por completo, pasando a
convertirse en una acción colectiva o de grupo; (iv) implicaría considerar que la
decisión final que se adopte, en caso de objetarse la operación, les conferiría
un derecho específico e individual a cada uno de los consumidores,
competidores, proveedores y empresas relacionadas con la actividad, lo que no
corresponde a la realidad de las normas.

Así mismo, comportaría una grave amenaza al debido proceso y derecho de
defensa de las empresas intervinientes en la operación, quienes estarían
expuestas al ingreso permanente de sujetos procesales, con intereses opuestos
a los suyos, quienes podrían ingresar con el pleno de facultades procesales
(pedir pruebas, controvertir las existentes, presentar alegatos, interponer
recursos) en una actuación que no prevé este tipo de situaciones, tiene un
término mínimo para su definición y, como si fuera poco, está amparada por
reserva legal, todo lo cual nos lleva a concluir que la condición de tercero
interesado en este tipo de actuaciones, no puede derivar de la simple existencia
de una relación comercial entre el tercero y las empresas que pretenden
integrarse, sino que se requiere de los presupuestos atrás definidos.

3.3. El caso concreto

El impugnante sustenta el interés directo de sus clientes, en el hecho de que
todos ellos prestan sus servicios en CONTECAR, siendo tales contratos la única
fuente de ingresos que tienen en la actualidad. En este sentido considera que
si la operación entre SPRC y CONTECAR es autorizada por esta Entidad, “solo
habría dos opciones: Que la SPRC actuara agresivamente, o no”. Agregando
que “En caso que obrara agresivamente, éstos contratos serán desconocidos
por la SPRC, quien seguirá con su política de monopolización del mercado
mediante conductas anticompetitivas. Y, en caso que actuara `pacificamente´,
(sic) ello implicará el desconocimiento de hecho, ya que, tal como lo ha
reconocido el representante legal de SPRC, esta empresa entiende que dentro

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de las facultades que le ha dado la ley está la decidir con quien se debe llevar
a cabo cada una de las operaciones portuarios, con prescindencia de que el
usuario hubiera elegido a un operador determinado”. (Subrayado nuestro)

Igualmente sostiene que “con la integración informada, la SPRC pretende
implementar también su esquema operativo en el termina (sic) de Contecar,
controlando así las operaciones portuarios en dicho terminal, eliminando de esta
manera la competencia en el mercado de operadores portuarios de Cartagena”.
Así mismo, señala que “los abundantes hechos que fundamentan las denuncias
en curso en la Entidad y los resultados que las estrategias de la SPRC han
tenido, no dejan duda que va a seguir utilizándolas en Contecar. Sería absurdo
no hacerlo.” (Subrayado nuestro)

Por otra parte, manifiesta que “Todos los agentes de la cadena logística
(operadores portuarios, agentes marítimos, empresas de transporte, depósitos
de contenedores vacíos, etc.), que luego de la operación de integración se irán
gradualmente eliminando, dependen para ofrecer sus tarifas al público de las
tarifas que cobre la SPRC por uso de sus instalaciones y servicios, así como
del -sic- la autorización que, de manera, arbitraria otorgue la SPRC”.

Según afirma el apoderado, “[d]e la voluntad de la SPRC depende que los
operadores portuarios, especialmente Galotrans, Serviestiba y Maritrans,
puedan trabajar en el terminal. Como lo hemos afirmado en las diferentes
demandas que se tramitan ante esa Entidad y como lo ha reconocido la SPRC
en cabeza de su gerente, en sus manos está quién puede y quién no puede
trabajar en el Terminal que administra. Esta política será aplicada en Contecar.
Hay motivo de duda?”.

Señala que esta situación se hace todavía más gravosa, si se tiene en cuenta
que quien desee iniciar actividades en la SPRC debe contar con la aprobación
de la SPRC, lo que da lugar a todo tipo de arbitrariedades, ya que dicho agente
además de administrar el puerto, compite con los destinatarios de su
reglamentación y, además, por cuanto la implementación del denominado
sistema SPRC ON LINE impide la libre elección de los usuarios acerca del
operador que debe servir su carga.

Aduce que “[l]a integración que la SPRC pretende, la colocaría en la posibilidad
de influenciar unilateralmente de una manera determinante los precios de los
operadores portuarios en la bahía de Cartagena, específicamente, Serviestiba
y Maritrans ya que sus precios van a depender de los que les cobre la SPRC,
quien los manipula a su favor”, y finalmente, se refiere a la cuantía de los
contratos que Serviestiba y Maritrans tienen en la actualidad por valor de US$
1.000.000 al año.

De lo anterior es posible extraer que el apoderado fundamenta el interés directo
de sus clientes en la construcción de un silogismo. Así, pues, parte de las
supuestas conductas anticompetitivas que en la actualidad ejerce la SPRC en
la administración de su terminal; posteriormente señala que como consecuencia
de la integración que se analiza las mismas conductas serían trasladadas por
la SPRC a CONTECAR; para concluir que sus clientes se verían perjudicados
por tales hechos. Sin embargo, este Despacho disiente, tanto de las premisas,
como de las conclusiones a que llega el recurrente, por las razones:

Frente a la primera preposición de ese silogismo, debemos decir si bien esta
Entidad encontró mérito suficiente para abrir investigación en contra de la SPRC
por la supuesta realización de conductas anticompetitivas, no menos cierto
resulta que a la fecha no se ha proferido una decisión definitiva sobre el asunto,

31

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

toda vez que las actuaciones a que se refiere el apoderado se hayan en curso,
como él mismo reconoce. Por esa razón, a la fecha no existe certeza jurídica
respecto a la ocurrencia o no de tales conductas y, mucho menos, de que sean
el desarrollo de una política implementada por la SPRC para eliminar a los
demás agentes del mercado.

En esa medida, deducir un patrón de comportamiento de SPRC a partir de unos
hechos que no están demostrados, no solo comportaría una vulneración del
derecho de defensa y de la presunción de inocencia, sino que además
generaría ambigüedad en el planteamiento y, por lo mismo, incertidumbre en
las conclusiones.

En lo que respecta a la segunda preposición del silogismo, esto es, la
integración de los terminales y la importación de las supuestas conductas
abusivas a CONTECAR, tampoco existe certeza, pues la operación que se
menciona hasta la fecha sigue siendo un proyecto, que aún si se autorizara por
esta Entidad, depende de las partes su ejecución. Tampoco puede anticiparse
que una vez se haya producido la integración, los actos anticompetitivos de
SPRC serán replicados en CONTECAR, pues como se mencionó antes, ni
siquiera se sabe si tales comportamientos han existido, pero aún estando
demostrados mediante una decisión definitiva que así lo declare,
corresponderían a situaciones pretéritas, enmarcadas en circunstancias de
tiempo, modo y lugar precisas, que no derivan del acto de integración y frente a
las cuales no existe certeza de que vayan a ser replicadas en el muelle de
CONTECAR, pues como el recurrente manifiesta, “…puede que la SPRC
actuara agresivamente, o que no”.

Ahora bien, en cuanto al perjuicio que señala el apoderado, insistimos, una vez
más, en que si las preposiciones en que están basadas son incorrectas, la
conclusión a la que se llega es igual, pues el efecto sigue la suerte de la causa.
Efectivamente, si no existe certeza frente a que la SPRC esté administrando en
forma arbitraria y anticompetitiva las instalaciones de su terminal, como
tampoco hay seguridad en que de darse la operación vaya a portarse de esta
manera con CONTECAR, no puede vislumbrarse la causación de un perjuicio o
detrimento patrimonial para Serviestiba, Maritrans y los demás solicitantes.

Pero en gracia de discusión, asumiendo que la SPRC implementaría conductas
anticompetitivas en el terminal de CONTECAR -lo cual no está acreditado-,
sería una situación posterior, generada por la resultante de la integración y no
por el acto de la administración que le dio vía libre al proceso, con lo cual no
habría relación causal entre el pronunciamiento de la operación y los posibles
perjuicios que se llegaran a ocasionar.

De cualquier manera, la posibilidad de que la SPRC pueda determinar precios
inequitativos, limitar la prestación del servicio o el acceso al mercado, es
justamente lo que se trata de establecer y, si es del caso, prevenir a través del
control previo de la operación, motivo por el cual, el interés de Serviestiba,
Maritrans, Galotrans y Asoport es el mismo del mercado, el cual se pretende
garantizar mediante la aplicación de las normas sobre libre competencia.

En tal suerte, no se aprecia un interés directo de Serviestiva, Maritrans,
Galotrans y Asoport en el trámite de integración que se adelanta, en cuanto no
está acreditado que el acto administrativo con el cual esta Entidad se pronuncie,
pueda conferirles un derecho o una obligación a los mencionados sujetos.
Adicionalmente, no se logró establecer que el interés invocado sea distinto al
del mercado o de legalidad, ni tampoco que su protección vaya más allá de la

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

simple aplicación de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas.

En definitiva, la solicitud de tercería presentada no se ajusta a los presupuestos
definidos en el punto 3.1 del presente acto, en cuanto el interés que se aduce
no es directo, ostensible y cierto, sino tan solo eventual e hipotético.

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en el oficio radicado
bajo número 04130714-1 y de fecha 2 de febrero de 2005 […]” (Negrilla y
subrayado del texto)

iii) El oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, dispuso:

“[…] Damos respuesta a su comunicación radicada el pasado 18 de noviembre
bajo el número de la referencia, por medio de la cual informa a esta Entidad la
adquisición del 100% de las acciones que componen el capital de la empresa
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A., por parte de la
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A., para informarle
que bajo los supuestos contenidos en el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 y la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la operación
proyectada no amerita ninguna objeción […]”

II.3. Las alegaciones relacionadas con la caducidad, la falta de jurisdicción y
competencia y la ineptitud de la demanda

104. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y de la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., en sus alegatos de conclusión, esgrimieron como
“[…] RAZONES PROCESALES PARA RECHAZAR LAS PRETENSIONES […]”, la
ineptitud de la demanda, la caducidad de la acción y la falta de jurisdicción y
competencia, las cuales se estudiarán, oficiosamente, al tratarse de presupuestos
procesales de los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción, entendidos como:

“[…] como los requisitos indispensables para su validez. Estos imponen el
desarrollo normal del proceso y su consecuente finalización mediante una
sentencia que resuelva de fondo la controversia. Así, se trata de requisitos
formales propios del sumario y, por tanto, ajenos a los derechos sustanciales
debatidos; sin embargo, son de tal importancia que la ausencia de alguno de
ellos puede generar la nulidad de la actuación o una sentencia inhibitoria y, en
cualquier caso, no se permite el pronunciamiento sobre el fondo de la disputa.
[…]”26.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejera ponente: María
Adriana Marín. Sentencia de 12 de septiembre de 2022. Radicación núm.: 11001-03-26-000-2016-00110-00(57499).

33

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

II.3.1. La caducidad de la acción

105. Lassociedades vinculadas como terceros interesados en el resultado del
proceso indicaron que, en el presente asunto, habría operado la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento, al haber sido presentada la demanda por fuera
del término de cuatro (4) meses siguientes a la notificación de los actos
administrativos demandados, conforme al artículo 136 del CCA.

106. Explicaron, que el oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 debía
entenderse notificado por conducta concluyente a las demandantes, al no haber
sido notificados personalmente del mismo, el 9 de febrero de 2005, por haberse
interpuesto tal día, el recurso de reposición contra ese oficio. Asimismo, afirmaron
que la Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005, les fue notificada el 18 de
febrero de 2005; y, el acto administrativo que autorizó la operación de integración -
oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005-, se debía dar por notificado el 24
de febrero de 2005, con lo cual, el término para demandar el primer oficio -oficio
núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005- y la resolución mencionada -Resolución
núm. 2930 de 2005- habría vencido el 18 de junio de 2005, siendo presentada la
demanda el 20 de junio de 2005.

107. Añadió, en relación con el oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, que
el consejero de Estado instructor del proceso, en auto de 14 de febrero de 2006,
inadmitió la demanda al no haberse allegado la totalidad de los poderes para
representar a las demandantes y, relación con los que se adjuntaron, por no constar
la facultad de demandar la totalidad de los actos administrativos señalados en la
demanda.

108. Aseguró que los términos de caducidad no se habrían interrumpido producto de
la inadmisión de la demanda, aseverando que las demandantes no habrían
subsanado la demanda puesto que no allegaron los poderes que habrían hecho
falta, ni aportaron copia de los mismos para el traslado a la demanda, como lo
ordenaba el artículo 139 del CCA.

109. Apuntó que, si se aceptara que no era necesario adjuntar copia de los poderes
para el traslado, la interrupción solo habría operado desde el 23 de febrero de 2006,
cuando el apoderado de las demandantes radicó los poderes con las facultades
para demandar los actos enunciados en la demanda, pues con anterioridad, no tenía
facultades para demandarlos en su totalidad ni para actuar en nombre de las
empresas que decía representar.

110. Así, comoquiera que “[…] los actos demandados fueron notificados el 9 de
febrero de 2005, 18 de febrero de 2005 y 24 de febrero de 2005, respectivamente,
es claro que para el 23 de febrero de 2006, habían transcurrido más de 4 meses,

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según
lo establecer el artículo 136 del CCA […]”.

111. La Sala evidencia que, en el auto de 3 de septiembre de 2007, el consejero de
Estado instructor del proceso decidió los recursos de reposición presentados por la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio, en contra del auto
de 22 de marzo de 2006, a través del cual se admitió la demanda.

112. En dicha providencia, que decidió no reponer el auto impugnado, se abordó
argumento similar al expuesto en los alegatos de conclusión, decidiendo al respecto,
lo siguiente:

“[…] En tal sentido, se tiene que en el caso que nos ocupa la fecha de
notificación de los actos demandados fue el 18 de febrero de 2005 (ver folio 65
vuelto), es decir, el día en que el apoderado de las empresas demandantes se
notificó de la Resolución No. 2930 del 15 de febrero de 2005 a través de la cual
se resolvió el recurso de reposición contra el oficio núm. 04130714-1 del 2 de
febrero de 2005, confirmando lo allí dispuesto, proferida por la Superintendencia
de Industria y Comercio, según consta en el folio 11 vuelto de este cuaderno.

Así las cosas, a partir del día siguiente debió empezar a contarse el término de
caducidad al tenor de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 136 del
C.C.A. según el cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca
“… al cabo de los 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”, es
decir, desde del (sic) 19 de febrero de 2005 hasta el 20 de junio del mismo año,
dado que el 19 de junio de ese año fue un día feriado.

Según se desprende del expediente (Folio 177 de este cuaderno), las actoras
interpusieron la demanda el 20 de junio de 2005, es decir, antes de que se
produjera el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En esa perspectiva, yerran los recurrentes al afirmar que la interrupción del
término para contabilizar la caducidad de la acción acontece cuando se
subsanan los defectos formales advertidos por el Despacho Sustanciador al
inadmitir la demanda, pues en materia contenciosa administrativa la noción de
caducidad de la acción debe entenderse como un “…fenómeno procesal en
virtud del cual, por el solo transcurso del tiempo sin que se haya hecho uso de
la acción judicial, se pierde para el administrado la posibilidad de demandar el
acto administrativo en la vía jurisdiccional”27 (subrayado fuera de texto). La
anterior previsión legislativa se respalda en razones de seguridad jurídica, en
aras de procurar “…la estabilidad al acto expedido por la administración,
señalándole un plazo preclusivo al interesado para demandarlo; si no lo hace
en ese término perentorio, ya el juez carece de competencia para pronunciarse
sobre su legalidad y en el evento de llegar a su conocimiento, tiene que
declararse inhibido para decidir”28.

27
Juan Ángel Palacio Hincapié, Derecho Procesal Administrativo Cuarta Edición 2004, Pág. 95.
28
Ibídem.

35

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Ahora bien, debe precisarse que la disposición en que sustentan el recurso de
reposición no tiene el alcance dado por los recurrentes, dado que en materia
contenciosa administrativa según lo dispuesto en el artículo 143 del C.C.A., “Se
inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos
en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos de
caducidad de la acción…” (subrayado fuera de texto), lo cual equivale a decir
que la presentación de la demanda o de su corrección no interrumpe el término
que previó el legislador para presentarla, es decir, el interesado en enjuiciar un
acto administrativo tiene cuatro meses para el efecto, y una vez presentada la
demanda dentro de esos cuatro meses, el término de caducidad no se extiende
por el período faltante. […]” (Subrayado del texto)

113. La Sala prohijará los argumentos expuestos en el auto de 3 de septiembre de
2007, a través de los cuales se evidenció el no acaecimiento de la caducidad de la
presente acción y, en esa medida, no realizará pronunciamiento adicional en
relación con esta excepción.

II.3.2. La falta de jurisdicción y competencia

114. Lassociedades vinculadas como terceros interesados en el resultado del
proceso manifestaron que, el oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la
Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005 eran actos administrativos que no
pusieron fin al procedimiento administrativo, puesto que resolvieron, únicamente, si
las demandantes podían participar como terceros interesados.

115. Sostuvieron que el procedimiento administrativo tenía por objeto que la
autoridad administrativa autorizara -o no- la operación de integración empresarial
entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., lo cual querría decir que este procedimiento
terminaría una vez proferido el acto administrativo en el que se decidiera objetar, no
objetar o autorizar con condicionamientos la realización de la operación informada.

116. Expresaron, desde la anterior perspectiva, que los actos administrativos
indicados supra no eran susceptibles de ser demandados a través de las acciones
contencioso administrativas, ni por parte de ninguna otra jurisdicción, por lo que esta
Corporación carecía de “[…] jurisdicción y competencia para adelantar un proceso
en el que se resuelvan la primera pretensión principal, las pretensiones principales
relativas al restablecimiento del derecho y las pretensiones subsidiarias. […]”.

117. La Sala observa que la alegación realizada, si bien, aparentemente, se dirige a
cuestionar la jurisdicción y competencia de esta Corporación, en realidad
corresponde a un defecto en los requisitos de la demanda -ineptitud sustantiva de
la demanda-, previstos en los artículos 137 y 138 del CCA, normas que establecen,
de un lado, que toda demanda dirigida ante esta jurisdicción debe contener “[…] 2.
Lo que se demanda […]” y, del otro, que “[…] Cuando se demande la nulidad del
acto se le debe individualizar con toda precisión […]”, lo cual, en concepto de las
sociedades vinculadas como terceros con interés en el resultado del proceso, no

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

ocurrió, puesto que se habrían demandado actos que no son susceptibles de
juzgamiento por esta Corporación.

118. Realizada la precisión anterior, se observa que, en el auto de 3 de septiembre
de 2007, citado supra, se resolvieron los recursos de reposición presentados en
contra del auto de 22 de marzo de 2006, auto que admitió la demanda. En esta
providencia, que decidió no reponer el auto impugnado, se resolvió una alegación
análoga a la aquí propuesta, así:

“[…] De otro lado, en relación con la falta de jurisdicción o de competencia
alegada por los recurrentes en consideración a que los actos acusados son de
mero trámite y por lo tanto no pueden ser enjuiciados ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, debe entrarse a precisar los siguientes aspectos:

(…)

En el caso concreto, las decisiones contenidas en las decisiones número
04130714-1 del 2 de febrero de 2005 y la Resolución No. 2930 del 15 de febrero
de 2005 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, constituyen
para el Despacho verdaderos actos administrativos definitivos, en
consideración a que definen para las empresas recurrentes una situación
jurídica concreta representada en la imposibilidad de participar en el proceso de
integración empresarial y presentar a consideración de los intervinientes sus
posturas acerca de la conveniencia o no de la mentada integración.

Así las cosas, no basta para los actores enjuiciar el acto administrativo número
04115533 del 21 de febrero de 2005 expedido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, toda vez que en él simplemente se da respuesta a una
solicitud de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. informándole que
la operación mediante la cual esa sociedad adquiere el ciento por ciento (100%)
de las acciones de la empresa Terminal de Contenedores de Cartagena no
amerita objeción de ninguna índole, pues allí no se vincula de ninguna forma a
las sociedades demandantes, mientras que en los actos número 04130714-1
del 2 de febrero de 2005 y la Resolución No. 2930 del 15 de febrero de 2005
proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se decide y define
expresamente la situación jurídica de las mismas teniéndolas como no
intervinientes por cuanto se consideró que no tenían ningún interés directo en
el proceso de integración empresarial.

Ahora bien, de llegarse a concluir que los actos administrativos demandados
son de mero trámite, tal y como lo sugieren los recurrentes, tendría que
advertirse que del artículo 50 del C.C.A. se desprende que pese a que un acto
sea de trámite puede llegar a ser definitivo siempre que haga imposible
continuar la actuación administrativa.

En efecto, en el caso sub examine las decisiones censuradas le impidieron a
las actoras intervenir en el trámite de la integración empresarial, siendo por
tanto tales decisiones definitivas para ellos y por ende enjuiciables ante la
jurisdicción. […]”

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119. Esta Corporación29, respecto de los actos definitivos y los actos de trámite, ha
destacado que:

“[…] debe partirse de lo dispuesto en el artículo 50 del CCA, vigente en esa
fecha, el cual estableció lo siguiente: “Son actos definitivos, que ponen fin a una
actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla”30. A tono con esta definición legal, se ha señalado que el
acto administrativo definitivo es aquel que concluye la actuación administrativa,
en tanto decide directa o indirectamente el fondo del asunto, y produce efectos
jurídicos definitivos porque crea, modifica o extingue una situación jurídica
particular31.

21. El acto administrativo definitivo se distingue de los actos de trámite y
preparatorios32. Esta distinción se refleja en el artículo 49 del CCA que dispuso
que no habría recursos administrativos “contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos
previstos en norma expresa”. En relación con la noción de los actos de trámite
y preparatorios, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-339 de
1996. Al analizar la exequibilidad del artículo 49 del C.C.A., señaló que los actos
preparatorios y de trámite constituyen actuaciones preliminares que allanan una
posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto y que, generalmente,
no producen efectos jurídicos, esto es, no confieren derechos subjetivos a favor
de la Administración ni del destinatario del acto33. En esta misma línea, la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que los actos preparatorios
y de trámite comparten un atributo, que es servir de apoyo para adelantar las
etapas propias de la actuación administrativa, y su finalidad es común, pues con
ellos la Administración persigue llevar el procedimiento a su fin, esto es, a
adoptar un acto decisorio34. […]”

120. La Sala estima, siguiendo lo expuesto por esta Corporación, que los oficios núm.
04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la Resolución núm. 2930 de 15 de febrero
de 2005, proferidos dentro del procedimiento administrativo de control previo de la
integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A., contrario a lo dispuesto en el mencionado auto
de 3 de septiembre de 2007, son actos que no pusieron fin a la actuación
administrativa ni decidieron directa o indirectamente el fondo del asunto, teniendo
en cuenta que tal actuación culminó con la expedición del oficio núm. 04115533 de
21 de febrero de 2005, a través del cual se le informa al apoderado de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. que la operación de integración entre aquella
sociedad y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. no ameritaba ninguna

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 9 de abril de 2021. Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00637-01(44248)S.
30
En el ordinal k) artículo 5º de la Ley 182 de 1995, vigente en la fecha de celebración del contrato de concesión, se estableció
que la CNTV tendría competencia para “ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para
el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la
Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen”.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2015. Exp. 39.327. C.P. Hernán
Andrade Rincón. Consideración jurídica No. 4.
32
“Los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal,
son los que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con su
realización”. Corte Constitucional. Sentencia SU-077 de 2018. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado. Consideración jurídica No. 13.
33
Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 1996. M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez. Consideración jurídica 3.1 (a).
34
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de septiembre de 2018. Exp. 42.747. C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.

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objeción, acto administrativo definitivo que resolvió la cuestión de fondo y produjo
efectos jurídicos respecto de esta.

121. Se declarará, como consecuencia de lo anterior, la ineptitud sustantiva de la
demanda, en razón a que las demandantes individualizaron incorrectamente los
actos administrativos susceptibles de control ante esta jurisdicción, al incluir, como
actos demandados, los oficios núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la
Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005 y, en consecuencia, se inhibirá de
decidir sobre la legalidad de tales actos35, lo anterior, sin perjuicio de que los
defectos en el trámite mencionado puedan estudiarse con ocasión del estudio de la
legalidad del acto administrativo definitivo.

II.3.3. La ineptitud de la demanda

122. Lassociedades vinculadas como terceros interesados en el resultado del
proceso adujeron que las demandantes habrían formulado unas pretensiones que
desbordarían el objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

123. Así, subrayaron que las pretensiones consecuenciales a la declaratoria de
nulidad, principales y subsidiarias, buscarían que esta Corporación ordene a la
autoridad administrativa demandada, la expedición de actos administrativos, con lo
cual se estaría invadiendo la órbita funcional del poder ejecutivo.

124. La Sala, al respecto, advierte que emprenderá el estudio de esta excepción en
la medida en que, avocado el fondo del asunto, encuentre que debe declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados y, de esta forma, estudiar el
restablecimiento del derecho reclamado.

II.4. Las excepciones formuladas por la autoridad administrativa demandada

125. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló, con la contestación de la
demanda, las excepciones de “[…] VICIOS DE PROCEDIMIENTO […]”, “[…]
INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y FALTA DE LEGITIMACIÓN
DE LA PARTE DEMANDANTE PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO 04115533 DEL 21 DE
FEBRERO DE 2005 […]” e “[…] INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO
14 DE (sic) Y AL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO […]”, las
cuales se resolverán a continuación.

II.4.1. La excepción de “[…] VICIOS DE PROCEDIMIENTO […]”

35
En relación la ineptitud sustantiva de la demanda y la decisión inhibitoria que trae como consecuencia, cfr. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 11 de junio de 2020. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2011-00504-01.

39

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

126. Afirmó que, desde la notificación de la providencia que admitió la demanda,
llamó la atención del consejero de Estado ponente respecto de vicios en el
procedimiento.

127. Aseguró que se habrían expedido dos (2) autos que inadmiten la demanda, esto
es, los autos de fecha 16 de diciembre de 2005 y 14 de febrero de 2006, lo cual
violaría el debido proceso puesto que, si se incumple el auto de inadmisión, lo
procedente era el rechazo de la demanda y proferir un auto para dejar sin efecto
otra providencia.

128. Aseveró que el consejero de Estado instructor del proceso, en el auto de 16 de
diciembre de 2009, consideró que debía inadmitirse la demanda presentada, en
razón a que no se presentaron los poderes de las sociedades demandantes y no se
había allegado, en debida forma, los actos administrativos acusados.

129. Apuntó que el apoderado de la parte demandante aportó unos documentos con
los cuales no cumplió, en su concepto, lo requerido en el auto citado supra; sin
embargo, el consejero de Estado instructor del proceso no decidió rechazar la
demanda y, por el contrario, dejó sin efecto el auto de 16 de diciembre de 2009,
profiriendo el auto de 14 de febrero de 2006, en el cual se “[…] da una nueva
admisión […]”.

130. Anotó que la parte demandante no cumplió, en debida forma, lo requerido en el
auto de 14 febrero de 2006, al no aportar los correspondientes anexos para los
traslados y el consejero de Estado sustanciador del proceso “[…] decide no rechazar
la demanda sino por el contrario admitirla […]”, con lo cual, se omitió en dos (2)
oportunidades rechazar la demanda, lo cual podría llevar a que operara la caducidad
de la acción.

131. Sostuvo que lo expuesto anteriormente produjo una indebida notificación de la
demanda para la parte demandante, al no entregársele la totalidad de las copias del
traslado, lo cual fue reconocido en la providencia de 3 de septiembre de 2007,
ordenándose la entrega de las copias que no fueron entregadas durante el trámite
de notificación.

132. Manifestó que se ha debido decretar la nulidad de la notificación y ordenarla en
debida forma en el auto admisorio de la demanda y dio cuenta que:

“[…] Una vez nos fue notificada indebidamente la demanda, interpusimos
recurso de reposición y nulidad contra del auto admisorio de la demanda. Sin
embargo, el Despacho acumuló los dos trámites y resolvió al parecer en una
misma providencia. No se siguieron los pasos procesales adecuados.

Con fundamento en lo expuesto, le solicito al Honorable Magistrado se sirva
revisar el expediente con el fin de que corrobore las situaciones que he

40

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

planteado y subsane los vicios procesales expuestos. Pues de lo contrario, el
trámite seguirá viciado por la nulidad constitucional al faltar al debido proceso
[…]”

133. La Sala advierte, como lo indica la autoridad administrativa demandada, que los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda fueron esbozados en la
solicitud de nulidad del proceso y que fue decidida en el mencionado auto de 3 de
septiembre de 2007, en la siguiente forma:

“[…] El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio funda la
solicitud de nulidad en el hecho de que al notificarle de la admisión de la
demanda no se le hicieron llegar los documentos mediante los cuales los
actores procedieron a corregir los defectos expuestos en el auto de inadmisión,
razón por la cual no se procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del
C.C.A., y por ende hubo indebida notificación y por ello es aplicable lo dispuesto
en el numeral 8° del artículo 140 y en el inciso 2 del artículo 143 del C.P.C.

Observa el Despacho que el motivo que originó el proveído de inadmisión fue
el de advertir que no obraban en el plenario los poderes que acreditaban al
abogado Emilio José Archiva (sic) Peñalosa como representante de las
empresas que constituyen la parte actora y que tampoco se precisaban allí los
actos administrativos que pretendían se declaran nulos con la instauración de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

También se observa que las empresas actoras procedieron a corregir los
defectos atrás enunciados sin aportar las copias para el traslado a las
demandadas.

No obstante, es preciso señalar que la anterior solicitud de nulidad no tiene la
entidad suficiente para afectar la validez del trámite adelantado ante esta
jurisdicción, habida cuenta de que pese a que no se hubiera hecho entrega de
la totalidad de los documentos que constituían la corrección de la demanda
debido a que los demandantes no aportaron copia para los respectivos
traslados, los demandados tenían certeza del objeto del litigio cuando se les
hizo entrega del escrito de demanda y de la copia del auto admisorio de la
misma, ya que allí se indican con claridad los actos administrativos enjuiciados
así como la parte interesada en la declaratoria de su nulidad.

Además, la finalidad de la disposición contenida en el artículo 150 del C.C.A. se
cumplió al hacerles saber a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la
Sociedad Regional Portuaria de Cartagena S.A. que contra ellas se adelantaba
una demanda en la que podrían tener interés. De manera que no existe como
lo afirma el apoderado del ente administrativo demandado una vulneración del
derecho constitucional al debido proceso, pues se repite, el designio del
legislador fue materializado en la notificación a las demandadas de la acción
que en sede judicial se adelanta, de manera que no cambiaba en nada la
presente situación el hecho de que se le hubieren hecho llegar los documentos
que extraña la superintendencia.

Sin embargo, en aras de reafirmar la garantía del derecho al debido proceso,
se ordenará entonces que por Secretaría se haga entrega de las piezas que
extraña el recurrente tanto a éste como a la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A. a costa de la parte demandante, de modo que con ello primen
principios constitucionales tales como el de economía, celeridad y eficiencia
procesales. […]”

41

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Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

134. La Sala prohijará los argumentos expuestos en el auto de 3 de septiembre de
2007 y, en consecuencia, declarará no probada la excepción de “[…] VICIOS DE
PROCEDIMIENTO […]”.

II.4.2. La excepción de “[…] INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y
FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE PARA SOLICITAR LA
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO
04115533 DEL 21 DE FEBRERO DE 2005 […]”

135. La autoridad administrativa, para sustentar esta excepción, señaló:

“[…] El apoderado de la parte demandante pretende la nulidad de los actos
administrativos que le negaron la posibilidad de intervenir como tercero
interesado en el trámite administrativo del estudio de una integración. Sin
embargo, sin tener la legitimidad para demandar el acto administrativo que
aprobó la operación de integración, solicita la nulidad y restablecimiento del acto
administrativo radicado bajo el número 04115533 de fecha 21 de febrero de
2005.

De conformidad con lo expuesto, la parte demandante no tiene legitimación
alguna para demandar un acto administrativo de carácter particular que no lo
involucra, pues la aprobación de la integración entre la SPRC y CONTECAR
tenía efectos únicamente para estos actores.

En esa medida existe una indebida acumulación de pretensiones y la parte
demandante no se encuentra legitimada para solicitar la nulidad del acto
administrativo al cual nos referimos anteriormente […]”

136. La Sala precisa que, si bien la autoridad administrativa mencionó la “[…]
indebida acumulación de pretensiones […]”, la realidad es que la excepción se dirige
a cuestionar la legitimación en la causa por activa de las demandantes para
demandar el oficio núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, acto administrativo a
través del cual se le indicó a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. que
la operación de integración proyectada con la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., “[…] no amerita ninguna objeción […]”.

137. Esta Sección36, respecto de la legitimación en la causa, ha señalado lo siguiente:

“[…] 110. La Sala pone de presente que en decantada jurisprudencia de esta
Sección ha considerado que, la legitimación en la causa es la idoneidad jurídica
que tiene una persona para formular la demanda, -vista desde el extremo activo-
o contradecir las pretensiones de ella -vista desde el extremo pasivo-.

111. En ese sentido la idoneidad jurídica es la capacidad de una persona para
discutir el objeto que versa un litigio, de manera que, si una de las partes carece
de dicha calidad, el juez no puede adoptar una decisión.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001 03 24 000 2010 00197 00.

42

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

112. Así, la legitimación en la causa por activa ha sido definida como la facultad
que tiene cualquier persona para reclamar el derecho de que es titular, y la
legitimación en la causa por pasiva es la capacidad para acudir al proceso en
defensa de la legalidad del acto.

113. Ahora, en las demandas que se instauren en ejercicio de las acciones de
nulidad contra actos administrativos, tienen capacidad para ser sujetos
procesales: las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones
públicas y los demás sujetos de derecho que, de acuerdo con la ley, deban ser
vinculados como parte demandada o pasiva, quienes se crean lesionados en
un derecho, tal y como lo dispone el artículo 85 del CCA […]”

138. Asimismo, esta Corporación37 ha subrayado, en relación con la legitimación en
la causa, que:

“[…] 33. La jurisprudencia ha definido que la legitimación en la causa:
"(…) alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la
causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por
pasiva”38. Así, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación
material en la causa39. La primera se refiere a la relación procesal que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de
una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado,
de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión
que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y
aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta
legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio
de la demanda.

34. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real
de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda,
independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan
sido demandadas40.

35. Así pues, un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero
carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de
ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses
inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron
el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a
fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado
y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los
perjuicios ocasionados a los actores41. […]”

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 22 de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación núm.: 47001-23-31-000-
2009-00022-01(52186).
38
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de agosto de 2012. Rad. 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP). C.P.
Marco Antonio Velilla Moreno.
39
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 28 de abril de 2005 Exp. 14.178 y del 26 de noviembre de 2014 Exp.
31.747.
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007 Exp. 13.503.
41
La legitimación material en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para contradecir las
pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad
es necesario probar la existencia de dicha relación. Así, desde la perspectiva pasiva, la legitimación en la causa supone ser
el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de septiembre de 2012. Exp.
24677. C.P. Enrique Gil Botero.

43

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

139. La Sala advierte que, en este estado del proceso, resulta necesario establecer
la legitimación material, la cual es solo predicable de “[…] quienes participaron
realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en
general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales.
[…]”42, de tal forma que, el estudio de esta legitimación “[…] se contrae a determinar
si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la
pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza […]”43.

140. El análisis de la legitimación en la causa de las sociedades SERVIESTIBA
LTDA. y MARITRANS LTDA., así como de la ASOCIACIÓN DE OPERADORES
PORTUARIOS -ASOPORT-, pasa por establecer si, como lo han indicado en la
demanda, han debido ser vinculadas a la actuación administrativa surtida por la
Superintendencia de Industria y Comercio que determinó no objetar la operación de
integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A., a través del oficio núm. 04115533 de 21 de
febrero de 2005, pues es evidente que no se encuentran involucradas directamente
en aquella relación jurídica.

141. Al respecto, el artículo 4°. de la Ley 155 de 1959, modificado por el artículo 239
del Decreto 1122 de 29 de junio de 199944, señala que:

“[…] ARTÍCULO 4. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá
pronunciarse sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición del control
de empresas que conjuntamente atiendan el 20% o más del mercado respectivo
o cuyos activos superen una suma equivalente a veinte mil (20.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, en los casos exigidos por las normas
sobre prácticas comerciales restrictivas. Además de las causales previstas en
las normas vigentes, las operaciones deberán objetarse cuando sean el medio
para obtener posición de dominio en el mercado.

PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, si tiende a
producir una indebida restricción a la libre competencia.

PARÁGRAFO 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe
de que trata este artículo no se hubiere objetado por el Gobierno la operación,
los interesados podrán proceder a realizarla.

PARÁGRAFO 3. El informe que debe dar los interesados y su trámite serán
absolutamente reservados, y los funcionarios que revelen en todo o en parte el
contenido de los expedientes, incurrirán en la destitución del empleo que
impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones
establecidas en el Código Penal. […]” (Negrilla del texto)

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 19 de noviembre de 2021. Radicación núm.: 76001-23-31-000-2008-00734-
01(50564).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 19 de noviembre de 2021. Radicación núm.: 76001-23-31-000-2008-00734-
01(50564).
44
“[…] Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuír (sic) a la eficiencia
y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe […]".

44

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

142. Las citadas entidades han alegado, con sustento en el artículo 14 del CCA, que
tienen la condición de terceros interesados en la operación de integración entre la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., tal norma indicaba lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 14. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve
la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar
directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que
puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo
a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario
y el objeto de la petición.

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o
demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente. […]” (Negrilla
del texto)

143. Para sustentar tal posición, han señalado que:

i) Eran víctimas de los abusos cometidos por la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A., la cual habría desarrollado, en su contra,
conductas constitutivas de prácticas comerciales restrictivas, las cuales
habrían sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa.

ii) Los competidores, consumidores o dependiente del mercado que se
analiza, tienen legítimo interés para participar en el trámite administrativo
tendiente a que se objete -o no- la integración mencionada supra.

iii) Demostraron a la autoridad administrativa que su situación se vería
afectada si la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. adquiría
posición de “[…] monopolio en la bahía de Cartagena […]”, en razón a
que tenían relaciones contractuales con la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A.

144. En relación con lo que debería entenderse como interés directo, cabe destacar
que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-221 de 1999, al referirse a la
posibilidad de los terceros con interés directo para solicitar la nulidad absoluta de
los contratos estales, indicó, frente a la noción con interés directo, que:

“[…] En cuanto concierne al aspecto que es materia de controversia en este
estrado, el precepto faculta a la persona que ostente un interés directo,
aunque no sea parte contractual, para demandar la nulidad absoluta del
contrato.

Ello significa que en el régimen actual, el legislador no habilita a interponer la
acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, a quienes no tengan un
interés directo que los conduzca a impetrar la nulidad del contrato; ni a quienes

45

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

simplemente persigan tutelar la legalidad abstracta de la actuación de la
administración.

Discrepa la Corte del entender de los demandantes, quienes sostienen que
interés directo es sinónimo de interés económico y que, por ello sólo pueden
tenerlo quienes participaron en el proceso licitatorio o de oferta, pues, aseveran
que este se deriva “exclusivamente de haber participado en la actuación
tendiente a la selección del contratista...lo que es inconstitucional ... porque ya
el interés en impugnarlo es puramente patrimonial...”

Entiende la Corte que “el interés directo” connota la legitimación que puede
derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de
promover un proceso para definir lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en
el mismo en razón de que las resultas pueden incidir, repercutir o afectar en
cualquier forma o modo su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus
derechos -no sólo económicamente.

Es obvio que dicho interés directo radica esencialmente en quienes intervinieron
en el proceso licitatorio. Empero, no puede considerarse que el interés directo
se circunscriba a esta sola circunstancia de representar un interés meramente
patrimonial y exclusivo, porque, repárese bien, en que al demandarse la nulidad
se protege igualmente el interés general. […]” (Negrilla del texto)

145. Esta Corporación45, al referirse a la legitimación de los terceros que acrediten
un interés directo para solicitar la nulidad absoluta del contrato estatal, indicaron
frente al concepto de interés directo, que:

“[…] 48. De conformidad con la norma transcrita, tienen legitimación material en
la causa para solicitar la nulidad absoluta del contrato –que es distinta de la
llana legitimación procesal– las partes contratantes, el Ministerio Público o un
tercero que acredite un interés directo. Respecto de este último requisito, que
es el que atañe resolver en este punto de la decisión, esta Sala ha precisado:

“El interés directo del que habla la ley, en este medio de control, no es el de la
defensa del ordenamiento jurídico, pues debe ser concreto, personal, serio y
actual, ya que se soporta en el beneficio que se obtendría con la anulación del
contrato, o a la inversa, en el perjuicio cierto que el acto acusado le causa al
tercero demandante, esto con el fin de poner al contrato administrativo al
amparo de todo tipo de demandas provenientes de terceros sin interés directo
y ajenos a la relación contractual.

“Así, para determinar si le asiste a la parte demandante legitimación material en
la causa para actuar como un tercero con interés, es necesario establecer qué
se entiende por dicho interés, tema que ha sido objeto de pronunciamiento por
parte de esta Corporación, incluso desde cuando, por falta de norma especial
que regulara la materia en relación con la legitimación para pedir la nulidad del
contrato estatal, se admitía la aplicación del artículo 1742 del Código Civil, que
dispone, entre otras cosas, que la nulidad absoluta ‘puede alegarse por quien
tenga interés en ello’.

“El alcance que el Consejo de Estado dio en su momento a la expresión ‘quien
tenga interés en ello’, contenida en el artículo 1742 del Código Civil, modificado
por el artículo 2 de la ley 50 de 1936, para referirse a quien está legitimado para

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 7 de mayo de 2021. Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00207-02(57900).

46

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

pretender la nulidad absoluta del contrato, fue el mismo que construyó la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que, con el mismo propósito, se
introdujo en el inciso tercero del artículo 87 del Código Contencioso
Administrativo y, posteriormente, en el inciso tercero del artículo 141 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo46.

“Debe recordarse, además, que la expresión ‘que acredite un interés directo’,
contenida en el tercer inciso del artículo 32 de la ley 446 de 1998 (modificatorio
del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo) e incluida en el artículo
141 del CPACA, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-221 de 1999, providencia en la que esa Corporación coincidió con
el Consejo de Estado en razonar que el interés directo al que alude aquel
artículo no guarda correspondencia con el ánimo público dirigido
exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad, sino que se trata
de aquel que surge respecto de quien tiene la necesidad de promover el proceso
en consideración a que lo que en él se resuelva respecto de la validez del
contrato tiene la virtualidad de afectar su situación e intereses, o el goce o
efectividad de sus derechos
“(…) […]” (Negrilla y subrayado del texto)

146. Alproceso fue allegado el expediente administrativo de radicación núm.
0411553347, el cual consta que la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
procedió a informar y a solicitar autorización o no objeción, en relación con los
efectos que se presentarían en el mercado, con ocasión de la operación de
integración que se realizaría entre esa sociedad y la Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., conforme el deber establecido en el artículo 4°. de la Ley 155 de
1959, operación que consistiría en la adquisición del control del ciento por ciento
(100%) de las acciones de la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., por
parte de la citada sociedad portuaria, manteniendo cada una de ellas su
personalidad jurídica.

147. En la solicitud, la sociedad mencionada indicó que:

“[…] Para que la SIC se pueda llevar una idea de la participación en el mercado
de las empresas solicitantes, debe tener en cuenta que durante el año 2003, la
SPRC movilizó 3.905.837.76 toneladas métricas, que equivalen al 4.93% del
total nacional; mientras que CONTECAR movilizó en ese mismo año
516.452.62 toneladas métricas que equivalen al 0.65% del total de Colombia.

Como se puede observar, la integración cuya autorización se solicita implica
una concentración del mercado del 5.58% del tonelaje total del país. […]”.

148. Seseñaló en tal solicitud, en relación con los servicios prestados por las
entidades involucradas en la integración, lo siguiente:

“[…] a. SPRC

46
Nota original: “En providencia del 30 de enero de 1987, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera (exp. 3627) dijo que ‘El interés no debe ser el simple de legalidad, propio de la acción pública de anulación
de un acto administrativo unilateral, sino un interés concreto, personal y directo’ (tomado de: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2004, exp. 13529)”.
47
C. Ppal. 6 – CD.

47

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

Los principales servicios que ofrece y presta SPRC son los siguientes:

1) Muellaje
2) Uso de instalaciones portuarias, al comercio exterior colombiano, con mayor
concentración en carga en contenedores.
3) Tránsito internacional de contenedores, sirviendo como plataforma de
conexión marítima, a las líneas navieras de todo el mundo. Aproximadamente
el 40% de los contenedores que se movilizan son de transbordo internacional.
4) Almacenaje de mercancías sueltas en bodegas
5) Servicios logísticos, orientados a grandes importadores y exportadores, que
hacen del puerto un centro de distribución internacional.
6) Almacenaje de contenedores en patios
7) Cargue y descargue de motonaves, usualmente denominado técnicamente
como “estiba”, “desestiba”, y “trinca”.
8) Operaciones terrestres, consistentes en el cargue y descargue de
contenedores y mercancía suelta de camiones, llenados y vaciados de
contenedores, movimientos de contenedores para inspección o pesaje.
9) Arriendo de equipos portuarios
10) Chequeo, identificación y conteo de mercancía, técnicamente denominado
“tarja”.
11) Servicios varios relacionados, tales como suministro de energía eléctrica a
contenedores refrigerados, suministro de agua a motonaves, entre otros.

b. CONTECAR

1) Muellaje
2) Uso de instalaciones portuarias, al comercio exterior colombiano,
concentrado en cargas general y en contenedores.
3) Tránsito internacional de contenedores, en menor escala, sirviendo como
medio de conexión marítima a las líneas navieras.
4) Almacenaje de mercancías sueltas en bodegas
5) Almacenaje de contenedores en patios
6) Cargue y descargue de motonaves, usualmente denominado técnicamente
como “estiba”, “desestiba”, y “trinca”.
7) Operaciones terrestres, consistentes en el cargue y descargue de
contenedores y mercancía suelta de camiones, llenados y vaciados de
contenedores, movimientos de contenedores para inspección o pesaje.
8) Arriendo de grúas para cargue y descargue de motonaves
10) Chequeo, identificación y conteo de mercancía, técnicamente denominado
“tarja”.
10) Servicios varios relacionados, tales como suministro de energía eléctrica a
contenedores refrigerados, suministro de agua a motonaves, entre otros. […]”
(Negrilla del texto)

149. Ahora bien, se allegaron al plenario una serie de documentos48 que acreditarían
que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría adelantando una serie de
investigaciones en contra de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

150. En efecto, se aportaron:

48
No se tendrán en cuenta los documentos allegados por los terceros con interés en el resultado del proceso toda vez que,
mediante auto de 15 de septiembre de 2009, se tuvo por no contestada la demanda, atendiendo que el escrito presentado
por estas entidades fue allegado extemporáneamente.

48

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

i) Copia de la Resolución núm. 10145 de 17 de mayo de 200449, a través
de la cual el Superintendente Delegado para la Promoción de la
Competencia ordenó abrir investigación en contra de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A. y su representante legal la comisión
de conductas “[…] contrarias al régimen de libre competencia […]”en
atención a la queja presentada por la “[…] Asociación Nacional de
Operadores Portuarios -ASOPORT-; de la Corporación de Operadores
Portuarios Marítimos y Fluviales -CORPOMAR-, y de los operadores
portuarios Galotrans Ltda.; Serviestiba Ltda. y Granportuaria S.A. […]”.

ii) Copia de la Resolución núm. 28606 de 1 de octubre de 200350, a través
de la cual el Superintendente Delegado para la Promoción de la
Competencia ordenó abrir un proceso por competencia desleal en contra
de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., en atención a la
queja presentada por “[…] la sociedad GALOTRANS LTDA […]”.

iii) Copia del interrogatorio realizado al representante legal de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A., señor Alfonso Salas Trujillo, dentro
del expediente núm. 0308430651, investigación por “[…] competencia
desleal abierta mediante resolución número 28606 del 1 de octubre de
2003 […]”.

iv) Se allegó copia del expediente núm. 0308747152, en el cual “[…]
ASOPORT y CORPOMAR […]”, actuando como denunciantes, ponen en
conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, conductas
realizadas por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. que
constituirían prácticas comerciales restrictivas.

151. El planteamiento realizado por las demandantes radica en que la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A., en su condición de operadora y
administradora del “[…] Terminal Marítimo de Manga […]”, tiene múltiples
investigaciones ante autoridades administrativas por prácticas comerciales
restrictivas anteriores a la operación de integración, que se verían replicadas “[…]
ahora en mayor escala […]”53, una vez se permita a la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena S.A. y a la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., su
integración económica.

152. Tal alegación no tiene la entidad para legitimar su participación en la actuación
administrativa, puesto que, acudiendo a los conceptos expuestos por la Corte
Constitucional y por esta Corporación en relación con el sentido y alcance de lo que
49
Fol. 122-125, C. Ppal. 1.
50
Fol. 126-127, C. Ppal. 1.
51
Fol. 128-136, C. Ppal. 2.
52
En dos cuadernos como anexos. La queja presentada por las entidades fue allegada, igualmente, con la demanda (Fol. 67-
121, C. Ppal. 1.
53
Fol. 12-121, C. Ppal. 1. Objeciones presentadas por SERVIESTIBA LTDA., MARITRANS LTDA., GALOTRANS LTDA. y la
Asociación Nacional de Operadores Portuarios – ASOPORT a la operación de integración.

49

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

constituye “interés directo”, el interés que les asiste a las demandantes en esta
operación, conforme a la situación alegada, no puede ser tenido como cierto y
concreto, sino hipotético y aleatorio, al basarse en hechos que podrían o no suceder
en el futuro -no es actual-.

153. Se encuentra que el perjuicio que recibirán las demandantes no proviene
directamente de la operación de integración, sino de actos posteriores que podría o
no emprender la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., una vez sea
controlada por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

154. Las demandantes, asimismo, estiman que la condición de competidores,
consumidores o partícipes de mercados dependientes les habilita para ser
vinculados como terceros directamente interesados, en el trámite de la operación
de integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y la Terminal
de Contenedores de Cartagena S.A.

155. Aludieron al artículo 333 de la Carta Política, el cual establece que la libre
competencia económica es un derecho de todos, destacando que lo sería -un
derecho-, en particular, para “[…] los demás competidores, los consumidores y
quienes dependen del mercado que se analiza y, en general, todos los demás
habitantes de Colombia, en la medida que el adecuado funcionamiento del sistema
de economía social de mercado nos afecta directamente […]”.

156. Como se resaltó supra, el interés directo que le asiste a un tercero, no
corresponde a la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto, sino que debe ser
concreto, personal, serio y actual, soportado, en este caso, en el perjuicio cierto que
la operación les causa, de tal suerte que aludir a la condición de ser operador
portuario [SERVIESTIBA LTDA.54] y agente marítimo [MARITRANS LTDA55], no
resulta ser suficiente para acreditar el interés directo exigido por el artículo 14 del
CCA.

157. Las demandantes, igualmente, argumentaron que habrían demostrado a la
autoridad administrativa que su situación se vería afectada si la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. adquiría posición de “[…] monopolio en la bahía de
Cartagena […]”, en razón a que tenían relaciones contractuales con la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A.

54
C. Ppal. 6 – CD – Carpeta 4 Expediente 4-115533. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., en el procedimiento
administrativo de integración empresarial, identificó a dicha sociedad como uno de los operadores portuarios marítimos que
compite con las sociedades involucradas en la operación informada.
Reposa dentro de las piezas procesales que integran el expediente núm. 03087471, copia de la Resolución núm. 2284 de 10
de diciembre de 2002, mediante la cual, la Superintendencia de Puertos y Transporte renovó, por dos años, el registro como
operador portuario a la sociedad SERVIESTIBA LTDA.
55
Fol. 611, C. Ppal. 4.

50

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

158. Dentro del expediente administrativo de radicación núm. 0411553356, en escrito
de 12 de enero de 2005, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena dio
contestación a un requerimiento de información formulado por la Superintendencia
de Industria y Comercio, indicando, para lo que interesa a este proceso, que
SERVIESTIBA LTDA. era una de las sociedades portuarias marítimas que podía
considerarse como competidora.

159. Asimismo, se allegó la comunicación de 4 de abril de 2005 57 dirigida por el
representante legal suplente de la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.,
en la cual pone de presente lo siguiente:

“[…] Al examinar el contrato de prestación de servicios de transporte y
movilización de carga con elevador gigante referencia, H880, suscrito entre
Serviestiba LTDA y el señor Fabio E. Ramírez Acuña, en el mes de noviembre
de 2004 se encuentra que el término de duración del mismo es de dos años,
contados desde el día 1 del mes de noviembre de ese año.

El señor FABIO RAMÍREZ ACUÑA, quien dijo obrar en nombre y representación
de CONTECAR S.A., como representante legal tenía atribuciones que estaban
expresa y públicamente limitadas a contratos cuyo término de ejecución no
exceda de seis meses.

Esta circunstancia debía ser conocida por ustedes por cuanto ella consta en el
registro mercantil. En efecto, en los estatutos inscritos en la Cámara de
Comercio de Cartagena, de modo expreso se señala que el representante legal
requiere autorización de la Junta Directiva para la celebración de actos o
contratos en nombre de CONTECAR S.A. “cuando el término de ejecución del
contrato exceda de seis meses”.

En consecuencia, les manifestamos que CONTECAR S.A. no ratifica lo actuado
por el mandatario señor FABIO RAMÍREZ ACUÑA más allá de los límites de su
encargo, esto es, en cuanto el contrato excede de seis meses. Así lo decidió
por unanimidad la Junta Directiva de esta sociedad, en reunión del día 1 de abril
de 2005. En la citada reunión, el señor RAMIREZ ACUÑA, reconoció la
extralimitación de su encargo.

Con fundamento en lo anterior, nos permitimos informarles que la vigencia del
contrato arriba mencionado termina el día 1 del mes de mayo del año 2005 […]”

160. Seencuentra la declaración rendida por el señor Alfonso Salas Trujillo,
representante legal de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., en este
proceso58, en la cual mencionó, lo siguiente:

“[…] PREGUNTADO: Conoce usted a ASOPORT y sabe a qué actividad se
dedica esa asociación? (sic) CONTESTÓ: ASOPORT es una entidad que no se
encuentra registrada en las actividades de la sociedad portuaria.
PREGUNTADO: La sociedad MARITRANS ha sido operador portuario dentro
del terminal administrado por la sociedad portuaria de Cartagena? CONTESTÓ:

56
C. Ppal. 6 – CD.
57
Fol. 138-143, C. Ppal. 1.
58
Fol. 778-781, C. Ppal. 4.

51

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

No, les anexo la resolución del Ministerio de Transporte en la que indica que
MARITRANS opera en el Puerto de Buenaventura y así mismo la respuesta de
la Dirección General Marítima y Portuaria, en la que MARITRANS aparece
registrada como Agente Marítimo, así mismo, certificados del revisor fiscal de
la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y de la Terminal de Contenedores
de Cartagena, ambas de fechas 5 de mayo de 2009, donde se registran o
aparecen que no han sido operadores portuarios en esos terminales. En este
estado de la diligencia se hace constar que el testigo hace entrega de copia de
la Resolución No. 003302 de 22 de noviembre de 2004, emitida por el
Subdirector de Transporte del Ministerio de Transporte (1 folio), oficio de la
DIMAR y certificación de fecha 25 de mayo de 2007 anexa constante de (2
folios) y en 2 folios dos certificaciones del revisor fiscal de CONTECAR S.A. y
de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena de fecha 5 de mayo de 2009.
Se ordena incorporar al expediente cinco folios útiles y escritos que han sido
entregados por el declarante. PREGUNTADO: Puede usted explicarnos las
razones por las cuales la Sociedad SERVIESTIBA, dejó de prestar servicios en
CONTECAR? CONTESTÓ: Si, anexo copia del acta No. 106 del 1 de abril de
2005 de la Junta Directiva de CONTECAR S.A., donde aparece en el numeral
“V VARIOS” Proposición de no ratificación de actos ausente de poder o que lo
extralimitan, reconociéndose que se propone no ratificar las actuaciones
realizadas por los señores Fabio Ramírez Acuña y Héctor Fernando Acuña. Se
hace constar que el testigo hace entrega de 14 folios correspondientes al acta
mencionada, los cuales se ordenan incorporar al expediente. PREGUNTADO:
Sabe usted si la Sociedad SERVIESTIBA cumplió con sus obligaciones de pago
de tarifas a CONTECAR para efectos de poder prestar servicios dentro del
terminal administrado por CONTECAR. CONTESTÓ: No efectuó el pago de lo
que le correspondía por parte de SERVIESTIBA a CONTECAR. […]” (Negrilla
del texto)

161. El acta núm. 10659 dio cuenta de la sesión ordinaria de la junta directiva de la
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. realizada el 1°. de abril de 2005, en
la cual se hizo constar que:

“[…] PROPOSICIÓN

El Presidente de la Junta de CONTECAR S.A., propone a la Junta Directiva no
ratificar las actuaciones realizadas por los señores FABIO RAMÍREZ ACUÑA y
HÉCTOR FERNANDO ACUÑA VESGA, más allá de los limites de sus
encargos, como representante legal y suplente respectivamente, esto es, no
ratificar sus actuaciones en cuanto supongan la celebración de actos o
contratos que excedan de seis meses o superen la cuantía establecida
estatutariamente de TRESCIENTOS MIL DOLARES (USD 300.000) o su
equivalente en otras monedas.

APROBACIÓN

La JUNTA DIRECTIVA aprobó la propuesta del señor Presidente de la Junta
con el voto favorable unánime de los presente (sic) y decidió NO RATIFICAR
las actuaciones realizadas por los señores FABIO RAMÍREZ ACUÑA y

59
Fol. 784-797, C. Ppal. 4.

52

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

HÉCTOR FERNANDO ACUÑA VESGA, más allá de los límites de sus
encargos.

Acto seguido intervino el Ingeniero Fabio Ramírez Acuña para manifestar que
reconoce haber excedido las facultades estatutariamente establecidas, aun
cuando dice haber actuado de buena fe y atendiendo situaciones de coyuntura.
Agregó que los contratos suscritos son responsabilidad de la Gerencia y no del
suplente del Gerente y que asume las consecuencias que ello implique
comprometiéndose a subsanar los posibles efectos negativos que sus
actuaciones hayan representado, en cuanto esté a su alcance y a pesar de
concluir hoy su gestión. […]” (Negrilla del texto)

162. Se encuentran certificaciones expedidas por los revisores fiscales de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.60 y la Terminal de Contenedores
de Cartagena S.A.61, en las cuales hacen constar que MARITRANS LTDA. no
estuvo registrada como operador portuario ni actuó como tal en las instalaciones
portuarias de aquellas sociedades; así como copia de la Resolución núm. 003302
de 22 de noviembre de 200462, a través de la cual el Ministerio de Transporte renovó
el registro como operador portuario, en el “[…] puerto de Buenaventura […]”, a la
sociedad MARITRANS LTDA., y certificación expedida por la Dirección General
Marítima63 en la cual se menciona que esta sociedad -MARITRANS LTDA.-
representa a compañías navieras, entre otros, en el puerto de Cartagena.

163. La Sala reitera que el interés directo que debe esgrimir el tercero, debe ser
concreto, personal, serio y actual, que se soporta, en este caso, en el perjuicio que
el acto le causa. Para el caso de la Asociación de Operadores Portuarios -
ASOPORT-, el testigo, señor Alfonso Salas Trujillo, representante legal de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., indica que era una entidad que no
se encontraba registrada en las actividades de la sociedad portuaria y, del contenido
de su certificado de existencia y representación legal64, se puede afirmar que se
trata de una organización gremial dedicada al:

“[…] FOMENTO, DESARROLLO, ESTUDIO, DIFUSIÓN Y DEFENSA DE LAS
EMPRESAS CREADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PORTUARIA EN LOS TERMINALES MARÍTIMOS, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MOVILIZACIÓN, TRANSPORTE, Y DEMÁS DE LOS
CONTENEDORES LLENOS Y VACIOS DENTRO Y FUERA DE LAS
CIUDADES PORTUARIAS Y EN CIUDADES DEL INTERIOR, ASI COMO DE
LAS MERCANCIAS UNITIZADAS (sic), SUELTAS O AL GRANEL QUE SE
CARGUEN O DESCARGUEN DE NAVES MARÍTIMAS O FLUVIALES, LA
CONSOLIDACIÓN O DESCONSOLIDACIÓN, EL ALMACENAJE,
TRANSPORTE Y EN GENERAL TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL
MANEJO, MOVILIZACIÓN Y CUSTODIA DE LA CARGA NACIONAL E
INTERNACIONAL; EL SERVICIOS DE MUELLE PRIVADO PORTUARIO, EL
REMOLCAJE, PILOTAJE, PERITAZGOS, INSPECCIÓN Y DEMÁS AFINES

60
Fol. 788, C. Ppal. 4.
61
Fol. 802, C. Ppal. 4.
62
Fol. 799, C. Ppal. 4.
63
Fol. 801, C. Ppal. 4.
64
Fol. 9-10, C. Ppal 1.

53

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

CON LA OPERACIÓN DE PUERTOS MARITIMOS, FLUVIALES O SECOS.
[…]”

164. No se acreditó la existencia de contratos suscritos por la sociedad MARITRANS
LTDA., con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. o con la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A., constando, únicamente, que se trata de una firma
que representa, en el puerto de Cartagena, empresas navieras. Para el caso de la
sociedad SERVIESTIBA LTDA., consta que fungió para la época de la expedición
del acto administrativo cuestionado, como operador portuario, no obstante, su
relación contractual con la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A., culminó.

165. Las pruebas allegadas no permiten establecer el perjuicio que le traería a las
demandantes la operación de integración entre la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A.65 y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.

166. La Asociación de Operadores Portuarios -ASOPORT- es una asociación gremial
que no tiene relaciones contractuales con las sociedades involucradas en la
operación de integración; la sociedad MARITRANS LTDA. no fungió como operador
portuario ante tales sociedades portuarias y, para el caso SERVIESTIBA LTDA., no
ha establecido el perjuicio que la operación de integración tuvo en sus relaciones
contractuales, las cuales habrían terminado por un motivo distinto, como lo relató el
testigo Alfonso Salas Trujillo, representante legal de la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena S.A. y consta en el acta núm. 106 de 1°. de abril de 2005 y la
comunicación de 4 de abril de 2005.

167. La Sala, siguiendo lo expuesto, encuentra que las demandantes no ostentaban
el interés requerido para ser consideradas, siguiendo el artículo 14 del CCA, como
terceros determinados que pudieran estar directamente interesados en las resultas
de la decisión, razón por la que, al no ser titulares de la relación jurídica que se juzga
en este proceso, esto es, la operación de integración entre la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. y la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.,
carecen de legitimación en la causa por activa, para cuestionar la legalidad del oficio
núm. 04115533 de 21 de febrero de 2005, a través del cual se le informó al
apoderado de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. que dicha
operación no ameritaba ninguna objeción.

168. Se debe advertir que la acción prevista en el artículo 85 del CCA solo puede ser
incoada por quien acredite una afectación o lesión a un derecho por la decisión
administrativa que se demanda, afectación que, en el presente asunto, no se
evidenció. Al respecto, esta Sección66 ha destacado que:

65
Fol. 788, C. Ppal. 4.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 28 de noviembre 2019. Radicación núm.: 13001-23-31-000-1999-00824-01.

54

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

“[…] “el titular de la acción debe ser la persona que demuestre que su interés
se fundamenta en la lesión a un derecho que le ha sido menoscabado con
la expedición del acto administrativo acusado, razón por la cual se afirma,
de forma acertada por demás, que esa creencia no se antoja caprichosa
para el que pretenda usar la acción sino por el contrario, deviene objetiva,
palpable, y ante todo demostrable, de manera que no quede duda de que
es su derecho, y no el de otro, el que se pretende proteger mediante el
ejercicio del contencioso subjetivo67. […]” (Negrilla fuera del texto)

II.5. Conclusión

169. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, considera que no se acreditó
la existencia de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento y, por el
contrario, encontró probada la existencia de la excepción de ineptitud de la
demanda, en razón a que las demandantes individualizaron incorrectamente los
actos administrativos susceptibles de control ante esta jurisdicción, al incluir, como
actos demandados, el oficio núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la
Resolución núm. 2930 de 15 de febrero de 2005 y, en consecuencia, se inhibirá de
decidir sobre la legalidad de tales actos.

170. Asimismo, encontró probada la falta de legitimación en la causa de las
demandantes para cuestionar la legalidad del oficio núm. 04115533 de 21 de febrero
de 2005, a través del cual se le informó al apoderado de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena S.A. que dicha operación no ameritaba ninguna objeción,
razón por la que se inhibirá para pronunciarse sobre las pretensiones de la
demanda.

II.6. Condena en costas

171. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199868, no condenará en costas a la parte vencida, esto es,
a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo precedida de mala fe ni
de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en los principios y
obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

II.7. Reconocimiento de apoderados judiciales

172. En el expediente se encuentra poder -y documentos anexos-69 otorgado a la
abogada María Camila Aponte López, identificada con la cédula de ciudadanía núm.
1.019.119.015 y portadora de la tarjeta profesional núm. 348.461 del Consejo
Superior de la Judicatura, por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la

67
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2013.
Radicación: 11001-03-24-000-2006-00367-01. P.M.: Guillermo Vargas Ayala. Actor: Organizacion Cooperativa de
Transportadores Los Delfines y otro.
68
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
69
Índice 139, SAMAI.

55

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

Superintendencia de Industria y Comercio, para fungir como apoderada judicial de
dicha entidad.

173. Posteriormente,se allegó poder -y documentos anexos-70 otorgado a la
abogada Carolina Valderruten Ospina, identificada con la cédula de ciudadanía
núm. 1.053.765.257 y portadora de la tarjeta profesional núm. 169.971 del Consejo
Superior de la Judicatura, por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, para fungir como apoderada judicial de
dicha entidad.

174. La Sala, en virtud de lo anterior, i) reconocerá como apoderada judicial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a la abogada María Camila Aponte
López, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.019.119.015 y portadora de
la tarjeta profesional núm. 348.461 del Consejo Superior de la Judicatura; y, ii)
declarará terminado el poder otorgado a la citada abogada, en virtud de la radicación
del poder conferido a la abogada Carolina Valderruten Ospina, identificada con la
cédula de ciudadanía núm. 1.053.765.257 y portadora de la tarjeta profesional núm.
169.971 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo previsto en el artículo
76 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201271, a quien se le reconocerá como
apoderada judicial de la mencionada entidad, en los términos del mandato que le
fue conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción, por
los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la ineptitud sustantiva de la demanda en relación
con los oficios núm. 04130714-1 de 2 de febrero de 2005 y la Resolución núm. 2930
de 15 de febrero de 2005 y, en consecuencia, INHIBIRSE de emitir decisión de
fondo sobre la legalidad de tales actos, por los motivos expuestos en la parte motiva
del presente proveído.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
de las demandantes para cuestionar la legalidad del oficio núm. 04115533 de 21 de
febrero de 2005, expedido por el Superintendente de Industria y Comercio y, en
consecuencia, INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.

70
Índice 142, SAMAI.
71
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

56

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00193 01
Demandante: SERVIESTIBA LTDA y otros

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Reconocer a la abogada María Camila Aponte López, identificada con la
cédula de ciudadanía núm. 1.019.119.015 y portadora de la tarjeta profesional núm.
348.461 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, parte demandada en este proceso, en
los términos del poder que le fue conferido.

SEXTO: Declarar terminado el poder otorgado a la abogada María Camila Aponte
López, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.019.119.015 y portadora de
la tarjeta profesional núm. 348.461 del Consejo Superior de la Judicatura, como
mandataria judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, parte
demandada en este proceso y, en su lugar, reconocer a la abogada Carolina
Valderruten Ospina, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.053.765.257 y
portadora de la tarjeta profesional núm. 169.971 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada judicial de la mencionada entidad, en los términos del
mandato que le fue conferido.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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