Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2005-00351-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2005-00351-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2005-00351-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2005-00351-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: No. 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones –
MINTIC)
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / derecho a la igualdad
y a la libre competencia / servicios de telecomunicaciones /
telefonía móvil celular y de comunicación personal /
interconexión de redes / condiciones de mercado entre los
operadores TMC, PCS y trunking
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Telefónica Móviles Colombia S.A., en contra del Decreto
2324 de 8 julio de 20051, expedido por el presidente de la República y el ministro de
Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones – MINTIC.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
1. Telefónica Móviles Colombia S.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo – CCA3, presentó demanda en contra del
Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – MINTIC, con
el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
“[…] PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad de la totalidad del
Decreto 2324 de 2005 "por el cual se establece la contraprestación por la
1 “[…] por el cual se establece la contraprestación por la concesión a los operadores de servicios de
telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho
de interconexión consagrado en el Decreto 4239 de 2004 y se establecen otras disposiciones […]”. Folios 14
y vto C pp.
2 Folios 47 a 150 y 319 a 322 C pp.
3 El Decreto 2324 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial número 45963 de 8 de julio de 2005 y la demanda
fue presentada, según sello de radicación visible a folio 150 C pp, el 8 de noviembre de 2005, por lo que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho se ejerció dentro del término de caducidad de 4 meses
consagrado en el artículo 136, numeral 2º, del CCA.
2
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
concesión a los operadores de servicios de telecomunicaciones prestados a
través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho
de interconexión consagrado en el Decreto 4239 de 2004 y se establecen otras
disposiciones", proferido por el Gobierno Nacional, y como consecuencia de lo
anterior, se declare el decaimiento de todos los actos administrativos proferidos
en aplicación o con fundamento del referido decreto.
SEGUNDA PRETENSIÓN: Que, como consecuencia de la pretensión primera,
y a título de restablecimiento del derecho, se declare que los operadores de los
servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado
y que ejerzan el derecho a la interconexión contenido en el Decreto 4239 de
2004 cumplan con el procedimiento legalmente obligatorio previsto en los
artículos 11 y 12 de la Ley 555 de 2000 para la entrada de nuevos operadores
de telefonía móvil.
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que
como consecuencia de la pretensión primera, a título de restablecimiento del
derecho, y para garantizar la prestación del servicio se declare que los
operadores de los servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de
acceso troncalizado deberán prestar sus servicios limitados al acceso a la red
de abonado, o mediante la aplicación de cualquier otro procedimiento que
cumpla con el principio de determinar un precio que garantice el derecho a la
igualdad y a la libre competencia de los demás operadores de telefonía móvil.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que,
como consecuencia de la pretensión primera, a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a las entidades competentes que tomen las medidas que a
juicio del Honorable Consejo de Estado sean pertinentes y necesarias para
restablecer el derecho.
TERCERA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la pretensión primera,
a título de restablecimiento del derecho y para garantizar los derechos a la
igualdad y a la libre competencia de TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA
S.A., se declare que los operadores de los servicios de telecomunicaciones que
utilicen sistemas de acceso troncalizado que ejerzan el derecho a la
interconexión contenido en el Decreto 4239 de 2004, deberán asumir las
mismas obligaciones que los operadores de los servicios de Telefonía Móvil
Celular, particularmente en lo que se refiere a: (i) cobertura en número de
municipios y vías; (ii) expansión a municipios con necesidades básicas
insatisfechas; (iii) indicadores de calidad del servicio; (iv) presentación de
información a autoridades administrativas; (v) participación del sector solidario
en los concesionarios; (vi) cualquier otra obligación contenida en la Ley 37 de
1993, sus decretos reglamentarios, el contrato de concesión suscrito con el
Ministerio de Comunicaciones y las resoluciones expedidas por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones que se refieran de manera expresa a los
servicios de telefonía móvil celular (TMC).
SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que como
consecuencia de la pretensión primera, a título de restablecimiento del derecho
y para garantizar los derechos a la igualdad y a la libre competencia de
TELEFÓNICA MÓVILES DE COLOMBIA S.A., se declaren cuáles obligaciones
deberán ser asumidas por los operadores de los servicios de
telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado que ejerzan
el derecho a la interconexión contenido en el Decreto 4239 de 2004, tomando
como base las obligaciones contenidas en los contratos de concesión de TMC
y en la Ley 37 de 1993.
3
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
CUARTA PRETENSIÓN: Que, como consecuencia de lo señalado en la
pretensión primera, y para garantizar la continuidad en la prestación del
servicio, se declare que las condiciones de interconexión que habrán de
aplicarse a los operadores de servicios de telecomunicaciones de acceso
troncalizado a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, serán las
previstas en el Decreto 2343 de 1996 y, por lo tanto, deberán limitarse al acceso
al abonado telefónico de TPBC.
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRETENSIÓN: Que como
consecuencia de la pretensión primera, se declare que el Ministerio de
Comunicaciones, para asegurar la continuidad en la prestación del servicio a
los usuarios afectados, en las condiciones que venía siendo prestada por los
operadores de servicios de telecomunicaciones de acceso troncalizado
Trunking, deberán proceder a celebrar los contratos que sean necesarios con
operadores de telefonía móvil para que sustituyan a los operadores de los
servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado
o a asumir directamente en forma total o parcial las actividades que sean
indispensables para ello.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que
como consecuencia de la pretensión primera, se declare que la autoridad
competente que determine el Consejo de Estado, para asegurar la continuidad
en la prestación del servicio a los usuarios afectados en las condiciones que
venía siendo prestada por los operadores de servicios de telecomunicaciones
de acceso troncalizado Trunking, deberá proceder a celebrar los contratos que
sean necesarios con operadores de telefonía móvil para que sustituyan a los
operadores de los servicios de telecomunicaciones que utilicen de acceso
troncalizado o asumir directamente en forma total o parcial las actividades que
sean indispensables para ello […]”4.
I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda5
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. La apoderada de la parte demandante señaló que, las concesiones para la
prestación de los servicios de telefonía móvil celular – TMC se adjudican de acuerdo
con las redes de frecuencias en el espectro radioeléctrico, “[…] red B […]” para las
empresas del sector privado y “[…] red A […]” para las empresas públicas o mixtas.
4. Mencionó que, mediante la Resolución 3618 de 1993, el MINTIC dio apertura a
la licitación pública 045 de 19936 para la adjudicación de la concesión para los
servicios de TMC en la red B en las áreas oriental, occidental y costa Atlántica del
país.
5. Sostuvo que, a través de la Resolución 0078 de 22 de enero de 19947, el ente
ministerial concesionó dicho servicio a la unión temporal conformada por Celular
4 Folios 319 a 322 C pp.
5 Folios 55 a 95 C pp.
6 Folios 141 a 208 anexo 1.
7 Folios 230 a 233 anexo 1.
4
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
Móvil de Colombia S.A. – Celumovil S.A. y Celumovil de la Costa S.A. para las áreas
oriental y costa Atlántica y, a la Compañía Celular de Colombia -Cocelco S.A. para
el área occidental.
6. Anotó que, el 28 de marzo de 1994, la autoridad administrativa y las sociedades
mencionadas suscribieron, por el término de 10 años, los contratos de concesión
0018, 0029 y 00310, por un valor de $425.148.388.432, con un plan de expansión en
cuantía de $74.051.611.568.
7. Aseveró que, el 30 de enero de 1997, esos contratos fueron modificados para
determinar que las concesiones serían de 10 años, prorrogables11 automáticamente
por el mismo término, lo que generó un costo adicional a las mencionadas
empresas. Particularmente, indicó que la unión temporal tuvo que pagar por el área
oriental la suma de US$ 38´853.000 y, por el área de la costa Atlántica la suma de
US$ 16´623.000 y que, específicamente, Cocelco S.A. pagó por el área occidental
la suma de US$ 9´525.000, para un total de US$ 65´000.000.
8. Aseguró que, para el 31 de octubre de 2005, el costo total asumido por las
concesiones del servicio TMC en la red B era de $ 1.900.766.914.492, sin contar
con el pago del 5% de los ingresos brutos por el uso del espectro radioeléctrico.
9. Advirtió que, el 2 de diciembre de 1997, se modificaron los mencionados contratos
de concesión en el sentido de establecer que Celumovil S.A. sería la única
contratista. Asimismo, precisó que el 1° de febrero de 2002 los contratos fueron
cedidos a la contratista Bellsouth Colombia S.A., sociedad que cambió su nombre
por el de Telefónica Móviles Colombia S.A.
10. Comentó que, con posterioridad, la autoridad administrativa ordenó la apertura
de la licitación pública 046 de 199312 para la concesión de la prestación del servicio
TMC en la red A en las áreas oriental, occidental y costa Atlántica.
11. Expresó que, a través de la Resolución 0282 de 22 de enero de 1994, se adjudicó
esa licitación a Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. para el área oriental, a
Occidente y Caribe Celular S.A. – OCCEL S.A. para el área occidental y, a Regional
de Comunicaciones Celulares de la Costa Atlántica S.A. – Celcaribe S.A. para el
área de la costa Atlántica.
12. Indicó que, el 28 de marzo de 1994, el Ministerio y las mencionadas empresas
suscribieron los contratos de concesión 004, 005 y 00613 para la prestación del
servicio de TMC en la red A, cada uno de ellos con una duración de 10 años, por la
8 Folios 234 a 255 anexo 1.
9 Folios 256 a 277 anexo 1.
10 Folios 278 a 296 anexo 1.
11 Folios 297 a 317 anexo 1.
12 Folios 775 a 956 anexo 2.
13 Folios 1 a 711 anexo 2.
5
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
que pagaron “[…] una suma similar a la cancelada por los adjudicatarios de la red
B […]”.
13. De otra parte, agregó que el referido ministerio llevó a cabo el proceso licitatorio
0002 de 2002 para la prestación de los servicios de Comunicación Personal –
PCS14, la cual fue adjudicada a Colombia Móvil S.A. E.S.P. quien pagó por la
concesión US$ 56´000.000.
14. Finalmente, se refirió a la prestación de los servicios de telecomunicaciones que
utilizan el sistema de acceso troncalizado, también denominado “[…] trunking […]”,
donde el Ministerio y Avantel S.A. suscribieron el contrato de concesión 003 el 23
de junio de 199815 por el término de 10 años, prorrogables por el mismo término,
cuyo valor de los derechos de concesión era del 5% de los ingresos brutos
trimestrales, por los 5 primeros años de la concesión, según el Decreto 3046 de
1997.
15. Resaltó que, el 3 de marzo de 200416, el ente ministerial autorizó a Avantel S.A.
para que se acogiera al artículo 21 del Decreto 1972 de 2003, con el fin de que
pagara por la concesión el 3% trimestral de los ingresos causados, desagregando
el pago por el uso del espectro radioeléctrico.
16. Sostuvoque el Ministerio inició el proceso de selección 001 de 1998 para
adjudicar un contrato de concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones que utilice el sistema troncalizado en el territorio nacional, el
cual, según la Resolución 1081 de 8 de mayo de 1998, fue adjudicado a
Telecomunicaciones Pereira S.A. E.S.P.
17. Aseveró que dicha sociedad suscribió el contrato de concesión 005 de 6 de
agosto de 199817, el cual fue cedido a Avantel S.A., según la Resolución 2152 de 2
de agosto de 1999.
18. Comentó que, mediante el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005, el presidente de
la República y el ministro de Comunicaciones fijaron como valor de la concesión a
los operadores que prestan servicios de telecomunicaciones a través del sistema
de acceso troncalizados y que ejerzan el derecho de interconexión, el 5% sobre los
ingresos brutos causados trimestralmente.
19. Anotó que, el 21 de julio de 2005, Avantel S.A. presentó una solicitud para
acogerse al derecho de interconexión, la cual fue aceptada por la Dirección de
Desarrollo del Sector de Comunicaciones, mediante oficio 0077 de 22 de julio de
2005.
14 Folios 1 a 711 anexo 2.
15 318 a 322 anexo 1
16 323 a 324 anexo 1 325 a 326 anexo 1
17 328 a 333 anexo 1
6
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
20. Indicó que, el 28 de julio de 200518, el Ministerio y Avantel S.A. modificaron el
contrato de concesión en cuanto al concepto de pago por la concesión del 5% de
los ingresos brutos trimestrales, conforme con lo regulado en el Decreto 2324 de 8
de julio de 2005.
21. Finalmente, afirmó que, entre los años 2000 a 2004, los concesionarios del
sistema de acceso troncalizado han pagado la suma de $70.000.000.000.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación
I.1.2.1. Fundamentos de derecho19
22. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, falta y
falsa motivación, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes
disposiciones: (i) Constitución Política, artículos 13 y 333; (ii) Ley 555 de 2000,
artículos 11 y 12; (iii) Decreto Ley 1990 de 1990, artículo 1°; (iv) Ley 37 de 1993; (v)
Decreto 4239 de 2004 y; (vi) Resolución 1237 de 2005.
I.1.2.2. El concepto de violación20
I.1.2.2.1. Desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto
acusado por violación de los derechos a la igualdad y a la libre competencia
23. La parte demandante consideró que el decreto acusado se encuentra viciado de
nulidad, por cuanto desconoce los derechos a la igualdad y a la libre competencia
de los operadores que prestan los servicios de Telefonía Móvil Celular – TMC y de
Comunicación Personal – PCS, toda vez que fijó como contraprestación por la
concesión a los operadores que presten servicios de telecomunicaciones a través
del sistema de acceso troncalizado y ejercen el derecho de interconexión, el 5%
sobre los ingresos brutos causados trimestralmente.
24. Resaltó que, para el año 2005, los operadores de TMC pagaron
$1.900.766.914.492 y los operadores PCS US$56´000.000 mientras que el valor de
la concesión que tendría que cancelar Avantel S.A. para la misma fecha, como
operador trunking, era de solo US$ 5´712.348,5.
25. Sostuvo que los operadores troncalizados que ejercen el derecho de
interconexión deben tener un tratamiento jurídico igual a los operadores de TMC y
PCS, esto es, pagar un canon inicial por la concesión de servicios y agotar el
procedimiento de subasta para la adjudicación del contrato, de acuerdo con los
18
328 a 333 anexo 1
19 Folio 51 C pp.
20 Folio 10 a 82 C pp.
7
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
artículos 11 y 12 de la Ley 555 de 2000, además de cumplir con las obligaciones de
cobertura, expansión, calidad del servicio, previstas en la Ley 37 de 1993.
26. Sostuvo que lo anterior tiene relevancia por cuanto los operadores del servicio
de acceso troncalizado tienen acceso a la interconexión directa con las demás redes
que hacen parte de la red de telecomunicaciones del Estado, a la numeración no
geográfica y compiten por los mismos usuarios en el mercado de telefonía móvil.
27. Puso de presente que, Avantel S.A., como único operador trunking a nivel
nacional, juega un papel importante en el mercado de telefonía móvil de clientes
corporativos, quienes representan el mayor ingreso para los operadores, tal como
lo señaló el consultor mundial de las telecomunicaciones Pyramid Research.
28. Finalmente, afirmó que el decreto acusado no promueve la competencia
económica en condiciones de igualdad, por el contrario, elimina barreras de entrada
a los operadores troncalizados, colocando en desventaja a los demás actores que
participan en el mercado de la telefonía móvil como los operadores de TMC y PCS.
I.1.2.2.2. Falsa y falta de motivación
29. Aseveró que el estudio que motivó el decreto demandado fue realizado “[…]
internamente […]” por la Dirección de Desarrollo del Sector del Ministerio de
Comunicaciones en junio de 2005, conforme con el Decreto 2323 de 2005, cuando
debió realizarse por un estudio “[…] contratado […]”, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 4239 de 2004.
30. Consideró que el mencionado estudio no analizó la competencia, el mercado, ni
las consecuencias generadas a los operadores de TMC y PCS, toda vez que
recomendó al Gobierno Nacional establecer por la concesión a los operadores
trunking que ejerzan el derecho de interconexión únicamente el 5% sobre los
ingresos brutos causados trimestralmente.
31. Explicó que ese estudio se limitó a señalar que la contraprestación de la
concesión guardaba relación con la prevista en el Decreto 3046 de 1997,
desconociendo que la misma era superior a la establecida en el Decreto 1972 de
2003, incrementando los ingresos al Fondo de Comunicaciones y era independiente
del valor por el uso del espectro electromagnético.
32. Por último, advirtió que no era posible otorgar una nueva concesión, toda vez que
los operadores que utilicen el sistema troncalizado y ejerzan el derecho de
interconexión ya contaban con una, la cual fue otorgada previamente.
8
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
33. El Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones –
MINTIC contestó21 la demanda y la corrección de la misma de manera oportuna,
escritos en los cuales se opuso a las pretensiones de la parte demandante, además
propuso las excepciones que denominó “[…] inepta demanda por equivocada
escogencia de la acción por parte del actor […]”, […] falta de competencia del H.
Consejo de Estado para conocer en única instancia […]” y “[…] las pretensiones
segunda y siguientes de la demanda desbordan el alcance de la función
jurisdiccional y jurídicamente no pueden ser decretadas en el proceso, pues viola el
principio de separación de poderes […]”, finalmente solicitó que se condenara en
costas.
34. En lo atinente a la indebida escogencia de la acción, señaló que Telefónica
Móviles Colombia S.A. no debió presentar la demanda en contra del Decreto 2324
de 8 de julio de 2005 mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del CCA, toda vez que se trata de un acto administrativo
de carácter general.
35. Agregó que los efectos del acto acusado estaban dirigidos a los operadores
trunking para que ejerzan el derecho a la interconexión, revisando el valor de la
contraprestación por concepto de la concesión.
36. Frente a la excepción relacionada con la falta de competencia del Consejo de
Estado para conocer en única instancia del proceso de la referencia, afirmó que, en
caso que de que proceda la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la
misma es de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera
instancia, toda vez que supera los 300 salarios mínimos mensuales legales, de
acuerdo con el numeral 3° del artículo 132 del CCA.
37. Precisó que, si bien era cierto que la parte demandante consideró que el presente
asunto no tiene cuantía, por cuanto el restablecimiento del derecho se predica frente
a la garantía de los derechos a la igualdad y a la libre competencia, también lo era
que el acto demandado le causaría una “[…] desmejora de manera evidente en las
condiciones de Telefónica Móviles Colombia S.A. para competir […] lo cual se
reflejaría en una pérdida de mercado […]”.
38. Finalmente, en cuanto a la excepción relacionada con el desborde de la función
jurisdiccional para decretar el restablecimiento del derecho, aseveró que a través
de una sentencia judicial no se puede determinar las reglas sobre las condiciones
en que debe desarrollarse las concesiones por los servicios que se prestan a través
del sistema troncalizado y ejerzan el derecho de interconexión, toda vez que son
21 Folios 323 a 463 C pp y C 2 y 485 a 594 C 2.
9
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
facultades propias del Gobierno Nacional y la Rama Ejecutiva, de acuerdo con el
artículo 113 de la Constitución Política.
39. En desarrollo de los argumentos de defensa respecto de los cargos de violación,
el apoderado de la parte demandada señaló lo siguiente:
II.1.1. Desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado
por violación de los derechos a la igualdad y a la libre competencia
40. Afirmó que el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005 no desconoce los derechos a
la igualdad y a la libre competencia de los operadores TMC y PCS, por cuanto tienen
regímenes jurídicos y técnicos diferentes a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones a través del sistema troncalizado y ejerzan el derecho a la
interconexión.
41. Señaló que Telefónica Móviles Colombia S.A. confunde los operadores, en tanto
que los servicios de TMC se someten a lo regulado en la Ley 37 de 1993, los
operadores PCS a lo dispuesto en la Ley 555 de 2000 y, los operadores que prestan
servicios de telecomunicaciones que utilizan el sistema troncalizado deben observar
lo dispuesto en el Decreto 2343 de 1996, además que los primeros no están
definidos como sistemas.
42. Advirtió que “[…] si los operadores que utilizan el sistema de acceso troncalizado,
los de PCS y los de TMC no fueran diferentes entre sí, el legislador no se habría
ocupado de definir en forma expresa a cada uno de ellos, generando diferencia y
creando una regulación particular para cada uno […]”.
43. Puntualizó que el servicio de TMC solo permite tráfico de voz y su ámbito se
extiende mediante la interconexión con la red de telefonía fija, que el servicio de
PCS, además de la transmisión de la voz, permite la transmisión de datos e
imágenes y se extiende a cualquier otra red de telecomunicaciones con la que
interconecte y para todo tipo de tráfico de voz, datos e imágenes, y que, los servicios
de telecomunicaciones que se prestan a través del sistema troncalizado se pueden
prestar en las modalidades de despacho y acceso telefónico.
44. Frente a la interconexión, adujo que el hecho de que un operador enrute su
llamada a través de otro operador o que no atienda al usuario de una localidad con
una central telefónica ubicada en esa misma localidad, no desnaturalizaba el
servicio, además que tampoco se otorga una nueva concesión, ni se le debe
determinar un nuevo valor. Explicó que, un operador de TMC no deja de serlo por
entregar su tráfico a operadores de larga distancia para alcanzar a usuarios en
localidades donde no se conectan directamente.
45. Respecto al acceso a la numeración no geográfica, aclaró que es un recurso
técnico del Estado que evoluciona en la medida que avanza el sector, en esa
10
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
medida, para el año 1999, el Plan Nacional de Numeración solo preveía numeración
para operadores fijos, TMC y satelitales. Luego, mediante el Decreto 025 de 2002,
se estableció la ampliación de numeración disponible, entre otros, a los servicios de
TMC quien disponía de solo 8 dígitos, luego se les amplió a 10 dígitos, con lo que
pudo superar los 29 millones de usuarios.
46. Manifestó que el servicio de TMC no se convierte en un servicio diferente por
aumentarle la disponibilidad de numeración, así como tampoco por ampliar el
número de dígitos, ni por el hecho de que el Plan Nacional de Numeración de 1998
se refiriera al término “[…] código de área […]” y, que para el año 2002 se
denominaría “[…] código de destino nacional […]” de la clase “[…] numeración no
geográfica […].
47. Sobre las condiciones de mercado, precisó que no era posible tratar a los
operadores troncalizados que ejercen el derecho de interconexión de la misma
forma como a los operadores de TMC o los de PCS, por cuanto existen situaciones
de mercado distintas que obligaban un trato diferencial.
48. Agregó que, el trato diferente que se le otorga a los operadores troncalizados que
ejercen el derecho de interconexión fomenta la competencia, de ahí que el decreto
demandado no los equipare con los operadores que prestan los servicios de TMC y
PCS, sino que reconoce las diferencias y gradúa las erogaciones con base en sus
propios cambios.
49. Aludió que Avantel S.A. no era el único operador troncalizado, toda vez que, en
el año 1999 existía el Consorcio Anditel Trunking E.S.P. S.A. y Comunicaciones
Trunking S.A., esta última vinculada a Celumovil de Colombia S.A, hoy Telefónica
Móviles Colombia S.A., la cual estaba habilitada para prestar servicios de
telecomunicaciones que utilizan el sistema de acceso troncalizado para el área de
servicio nacional, en virtud de un contrato suscrito con el ente ministerial el 23 de
junio de 1998.
50. Destacó que, por una auditoría en el año 2004, el Ministerio de Comunicaciones
verificó que la sociedad Comunicaciones Trunking S.A. únicamente había cumplido
con el 31,25% de las obligaciones a su cargo, por lo que tuvo que pagar
$1.022.670.416 a título de la cláusula penal pecuniaria. Recalcó que esa sociedad
se liquidó y se dio por terminado el correspondiente contrato con ese ministerio, en
cumplimiento de la Resolución 663 de 19 de abril de 2005.
51. Así las cosas, concluyó que el acto administrativo acusado no desconoce el
derecho de la competencia en condiciones de igualdad de los operadores TMC y
PCS, toda vez que no son iguales a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones a través del sistema troncalizado que ejercen el derecho de
interconexión, así que no podía exigírseles las obligaciones de los artículos 11 y 12
de la Ley 555 de 2000, por cuanto es una norma aplicable a los operadores de PCS,
11
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
así como tampoco lo previsto en la Ley 37 de 1993, la cual es solo para los
operadores TMC.
II.1.2. Falsa y falta de motivación
52. Mencionó que el estudio que motivó el acto demandado se realizó conforme con
lo previsto en el Decreto 2323 de 2005, el cual, no eliminó el requisito de la
realización de un estudio, sino que suprimió el condicionamiento de que dicho
estudio fuera contratado, lo cual no era contrario al ordenamiento jurídico y a los
principios de la función administrativa.
53. Advirtió que el estudio explicó que las condiciones inicialmente establecidas en
las concesiones otorgadas a los operadores que utilizan el sistema troncalizado y
que se acogieran al derecho de interconexión cambiarían, lo cual no constituye una
autorización para prestar otros servicios de telecomunicaciones como de TMC y
PCS. Además, resaltó que la tarifa exigida en el Decreto 1972 era similar a la
establecida en el Decreto 3046.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
54. Telefónica Móviles Colombia S.A., en ejercicio de la acción prevista en el artículo
85 del CCA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de
noviembre de 200522, en contra del Decreto 2324 de 8 de julio de 200523.
55. El 25 de mayo de 200624, se admitió la demanda; se dispuso notificar al entonces
Ministro de Comunicaciones y; se negó la suspensión provisional de los efectos del
acto administrativo acusado. Mediante auto de 15 de febrero de 200725, se negó el
recurso de reposición contra la decisión que negó la suspensión provisional. El 23
de marzo de 2007, se fijó en lista el presente proceso por el término de 10 días26.
56. Mediante auto de 24 de abril de 200727, se admitió la corrección de la demanda.
El 5 de julio de 200728, se ordenó notificar el citado proveído al Ministro de
Comunicaciones. El 10 de agosto de 2007 se fijó en lista el proceso por el término
de 10 días29.
22 Folio 150 C pp.
23 “[…] por el cual se establece la contraprestación por la concesión a los operadores de servicios de
telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho
de interconexión consagrado en el Decreto 4239 de 2004 y se establecen otras disposiciones. […]”. Folio 29
C pp.
24 Folio 154 a 162 C pp.
25 Folio 310 a 316 C pp.
26 Folios 317 C pp y 474 C 2.
27 Folios 477 a 478 C 2.
28 Folio 482 C 2.
29 Folios 484 C 2 y 595 C 3.
12
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
57. El 25 de marzo de 201130, se abrió la etapa probatoria y tuvo como pruebas los
documentos aportados por las partes; ordenó la expedición de oficios y; se decretó
pruebas testimoniales.
58. A través de autos de 13 de junio de 201131 y 5 de noviembre de 201332, se
reprogramaron las fechas fijadas para las personas citadas a rendir testimonio. Y el
13 de noviembre de 201333, se comisionó a un magistrado auxiliar vinculado al
Despacho para que recibiera los testimonios ordenados dentro del proceso.
59. El 15 de noviembre de 201334, se instaló la audiencia para la recepción del
testimonio del presidente de Telefónica Móviles Colombia S.A., sin embargo, no
asistió. El 22 de noviembre de 201335, se llevó a cabo diligencia de testimonio del
vicepresidente jurídico y de gestión humana de Comcel S.A. y de la señora Ángela
Montoya, exministra de Comunicaciones, sin embargo, los mismos no asistieron. Y
el 29 de noviembre de 201336, se llevó a cabo diligencia de testimonio de los señores
Carlos Andrés Sánchez, miembro del grupo de estudios en comercio electrónico,
internet y telecomunicaciones de la Universidad de los Andes y Gabriel Adolfo
Jurado Parra, los cuales tampoco asistieron.
60. Mediante auto de 18 de octubre de 201637, se fijó fecha para la recepción de los
testimonios del presidente de la Asociación de la Industria Celular de Colombia -
ASOMOVIL, del representante legal suplente de Telefónica Móviles Colombia S.A.,
del vicepresidente jurídico de Comcel S.A. y del señor Carlos Pablo Márquez
Escobar en calidad de director ejecutivo de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones y; se aceptó el desistimiento de los testimonios de los señores
Ángela Montoya, Gabriel Adolfo Jurado Parra y Carlos Andrés Sánchez.
61. El24 de mayo 201738, se aceptó el desistimiento de los testimonios del
presidente de la ASOMOVIL, del representante legal suplente de Telefónica Móviles
Colombia S.A. y, del vicepresidente jurídico de Comcel S.A.
62. El 22 de agosto de 201739, se fijó fecha para recepcionar el testimonio del señor
Carlos Pablo Márquez Escobar, en calidad de director ejecutivo de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones.
63. Mediante autos de 25 de octubre de 201740, se comisionó a un magistrado
auxiliar vinculado al Despacho para que recepcionara los testimonios; diligencia que
30 Folios 611 a 617 C 3.
31 Folios 710 C 3.
32 Folios 743 a 745 C 3.
33 Folios 754 C 3.
34 Folios 756 C 3.
35 Folios 772 y 773 C 3.
36 Folios 778 y 779 C 3.
37 Folios 811 a 815 C 4.
38 Folios 824 a 825 C 4.
39 Folios 828 C 4.
40 Folios 832 C 4 y 835 a 836 C 4.
13
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
se aplazó al constatarse que el señor Carlos Pablo Márquez Escobar no fue citado
en debida forma.
64. Mediante auto de 11 de julio de 201841 se fijó fecha para recepcionar la
declaración del señor Germán Arias Pimienta, en calidad de director ejecutivo de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.
65. Mediante auto de 28 de agosto de 201842, se aceptó el desistimiento del
testimonio del señor Germán Arias Pimienta; se designó a la profesional María
Mercedes Uricoechea Torres para que tradujera del idioma inglés al español el
documento denominado “[…] The Enterprise Goldmine: Attracting Corporate Mobile
Subscribers in LatinAmerica […]”; se designó a los señores Alfonso Bohórquez
Gavilán, Guillermo Álvarez Real y Álvaro Gabriel Gordillo Lancheros para efectos
de practicar el dictamen pericial decretado y; se requirió información a la Dirección
de Industria de Comunicaciones del MINTIC, también a Claro Colombia S.A. y a la
Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesionales -
ACIEM, para que allegaran la información solicitada en el auto que decretó pruebas.
66. El 11 de marzo de 201943, se designó al especialista en mercado Alfonso Pérez
Orejuela para efectos de practicar el dictamen pericial y se requirió nuevamente al
MINTIC, a Claro Colombia S.A. y a la ACIEM para que allegaran la información
solicitada.
67. Mediante auto de 21 de agosto de 201944, se ordenó posesionar al señor Pedro
José Vargas Morato como perito; se ordenó al MINTIC remitir información sobre
Claro Colombia y; se requirió a la ACIEM para que remitiera la información
solicitada, frente a lo cual se interpuso recurso de reposición.
68. El 13 de noviembre de 201945, se corrió traslado a la parte demandante de la
solicitud de gastos de pericia y; se requirió nuevamente a ACIEM.
69. El 13 de noviembre de 201946, no se repuso el auto de 21 de agosto de 2019 y
se rechazó el recurso de súplica presentado por MINTIC.
70. Mediante auto de 27 de enero de 202047, se aclaró el ordinal tercero del auto de
13 de noviembre de 2019 en el sentido de señalar que se requería por última vez a
la ACIEM.
41 Folios 840 a 841 C 4.
42 Folios 845 a 847 C 4.
43 Folios 930 a 931 C 4.
44 Folios 970 a 971 C 4.
45 Folios 1001 a 1002 C 4.
46 Folios 1003 a 1005 C 4.
47 Folios 1012 a 1013 C 4.
14
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
71. El 18 de noviembre de 202048, se fijó gastos de pericia a favor del profesional
Pedro José Vargas Morato; se ordenó remitir copia del expediente a la sociedad
Claro Colombia S.A.; se sancionó con multa a la ACIEM por no remitir la información
requerida, no obstante, se conminó a que remitiera los certificados requeridos,
frente a lo cual se presentó recurso de reposición.
72. Mediante auto de 24 de marzo de 202149, el Despacho decidió no reponer los
ordinales primero y segundo del auto de 18 de noviembre de 2020 relacionados con
los gastos fijados por la pericia; se conminó al MINTIC para que cancelara la mitad
de los gastos de pericia; se le otorgó 30 días al señor Pedro José Vargas Morato
para que remitiera el dictamen pericial y; se revocó la sanción a la ACIEM y, en su
lugar, corrió traslado de las pruebas que aportó obrantes en el índice 239 del
aplicativo judicial SAMAI.
73. El 31 de mayo de 202150, con ocasión al deceso del señor Pedro José Vargas
Morato, se ofició al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia para que designara un profesional y resolviera
cuestionamientos de tipo técnico y científico elevados por las partes y; se requirió al
MINTIC para que cancelara el valor de las copias para la práctica de las pruebas
que disponía Claro S.A.
74. El 6 de julio de 202151, se ofició al decano de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes para que designara un profesional y resolviera
cuestionamientos de tipo técnico y científico elevados por las partes y; en caso de
que esa institución no pudiera realizar el dictamen pericial, se ordenó oficiar al
decano de la Facultad de Derecho, Departamento de Derecho de las
Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, con el mismo
propósito.
75. Mediante auto de 9 de septiembre de 2021 52, se dispuso oficiar al Consejo
Superior de la Judicatura para que remitiera listado de auxiliares de la justicia
inscritos en la ciudad de Bogotá, en específico de profesionales en economía y; a
Claro S.A. para que aclarara la información allegada.
76. El 5 de noviembre de 202153, se designó al señor Víctor Manuel Mayorga Torrado
para que elaborara y presentara el dictamen pericial decretado y, en el evento de
que no aceptara, se designó a Juan David García González y Ana Teresa Aldana
Jáuregui y; se ordenó correr traslado del memorial presentado por la sociedad Claro
S.A.
48 Folios 1037 a 1039 C 4.
49 Folios 1093 a 1096 C 4.
50 Folios 1097 a 1098 C 4.
51 Folios 1099 a 1100 C 4.
52 Folios 1101 C 4.
53 Folios 1102 C 4.
15
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
77. Mediante auto de 25 de abril de 202254, se puso en conocimiento de las partes
las actuaciones desplegadas por el Despacho respecto de la práctica de la prueba
pericial, con la finalidad de que informaran cuál sería la persona natural o jurídica
idónea para llevar a cabo la experticia, so pena de entender que han desistido de la
prueba.
78. Finalmente, el 24 de junio de 2022, se tuvo por desistida la prueba pericial; se
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al
Ministerio Público para que rindiera concepto55. En el término para alegar de
conclusión, Telefónica Móviles Colombia S.A.56 y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones57 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12858 del CCA, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y
se controviertan actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional, norma que resulta armónica con el Acuerdo 80 de 2019 59, que contiene
las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.
IV.2. La formulación del problema jurídico
80. Corresponde a la Sala analizar la legalidad del Decreto 2324 de 8 julio de 2005,
expedido por el presidente de la República y el ministro de Comunicaciones, a
través del cual prevé la contraprestación por la concesión a los operadores que
prestan servicios de telecomunicaciones a través del sistema de acceso
troncalizado y ejerzan el derecho de interconexión.
81. La Sala deberá analizar si el acto acusado desconoce los derechos a la igualdad
y a la libre competencia de los operadores TMC y PCS por fijar como
contraprestación por la concesión a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones a través del sistema troncalizado y se acojan al derecho de
interconexión, el 5% sobre los ingresos brutos causados trimestralmente, toda vez
54 Índice 303 del aplicativo de gestión judicial Samai
55 Índice 315 del aplicativo de gestión judicial Samai
56 Índice 323 del aplicativo de gestión judicial Samai
57 Índice 322 del aplicativo de gestión judicial Samai
58 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en de los siguientes procesos
privativamente y en única instancia: […] 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de
cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con
excepción de los de carácter laboral […]”.
59 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
16
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
que resulta ser menor al valor que han pagado aquellos, colocándolos en desventaja
en el mercado.
82. Para ello se debe verificar si los operadores trunking que ejercen el derecho a la
interconexión son iguales a los operadores TMC y PCS y, por lo tanto, en garantía
de la libre competencia, deben cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 37
de 1993 y los artículos 11 y 12 de la Ley 555 de 2000.
83. Además, la Sala verificará si el acto administrativo incurrió en los vicios de falta
y falsa motivación, en tanto que el estudio que lo fundamentó fue realizado
internamente por el MINTIC y no, por una empresa contratante, de acuerdo con el
Decreto 4239 de 2004. Y, finalmente, si el mismo analizó la competencia, el
mercado y las consecuencias generadas a los operadores de TMC y PCS.
84. Previo a resolver lo anterior, la Sala se referirá a las excepciones propuestas por
la apoderada del ente ministerial.
85. Paralo anterior, la Sala abordará: (i) identificación del acto administrativo
demandado; (ii) excepciones del Ministerio de Comunicaciones y; (iii) el análisis del
caso concreto.
IV.2.1. La identificación del acto demandado
86. Telefónica Móviles Colombia S.A. demandó el Decreto 2324 de 8 julio de 2005,
expedido por el presidente de la República y por el ministro de Comunicaciones,
cuyo texto es el siguiente:
“[…] DECRETO 2324 DE 2005
(julio 08)
Por el cual se establece la contraprestación por la concesión a los operadores de
servicios de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso
troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho de interconexión consagrado en
el Decreto 4239 de 2004 y se establecen otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las establecidas en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 72 de 1989, el Decreto-ley 1900 de
1990 y el Decreto 1620 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra los principios de la función
pública entre los cuales se encuentran los de eficacia, economía y celeridad;
Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 determina que: "La función administrativa
del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos
consagrados en la Constitución Política.
17
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando
el interés general";
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 2343 del 26 de diciembre de 1996
reglamentó las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilicen
sistemas de acceso troncalizado (Trunking), atribuyó las bandas de frecuencias,
sus mecanismos de asignación, las características técnicas de operación y precisó
los criterios y términos de las concesiones;
Que mediante el Decreto 4239 de 2004 el Gobierno Nacional reglamentó el
ejercicio del derecho a la interconexión consagrado en el artículo 14 de la Ley 555
de 2000, para los operadores de telecomunicaciones que presten servicios a
través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking);
Que en virtud del ejercicio del derecho a la interconexión consagrado en el Decreto
4239 de 2004 se modifican las condiciones de la concesión y por lo tanto la
contraprestación por la concesión consagrada en el inciso 1 del artículo 21 del
Decreto 1972 de 2003 debe ser modificada para todos aquellos operadores de
servicios de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso
troncalizado (Trunking) que se acojan al Decreto 4239 de 2004;
Que además de constituir una obligación legal, la interconexión entre las redes es
indispensable para garantizar la libre competencia en el sector de las
telecomunicaciones, lo cual genera una modificación en la concesión de los
operadores a los cuales se les reconoce el ejercicio de dicha interconexión;
Que el ejercicio del derecho a la interconexión de los operadores de
telecomunicaciones que presten servicios a través de acceso troncalizado
(Trunking) se reflejará en la transparencia en la identificación de la numeración de
los usuarios en virtud de la interconexión directa y la numeración por redes que se
desprende de dicha interconexión;
Que el Decreto 2323 de 2005 estableció que los operadores de servicios de
telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso troncalizado
(Trunking) que deseen ejercer el derecho consagrado en el Decreto 4239 de 2004
deberán pagar el valor que determine el Ministerio de Comunicaciones a través
de un estudio;
Que la Dirección de Desarrollo del Sector elaboró el estudio correspondiente;
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1º. Valor de la contraprestación por concepto de la concesión. Los
operadores de servicios de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de
acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho a la interconexión
contenido en el Decreto 4239 de 2004 pagarán a favor del Fondo de
Comunicaciones una contraprestación porcentual trimestral calculada sobre los
ingresos brutos causados por concepto de la prestación de los servicios
concedidos y sin distinción de su área de cubrimiento, equivalente al cinco por
ciento (5%) a partir del perfeccionamiento de la modificación de la concesión, de
conformidad con los trámites, procedimientos y plazos señalados en el Decreto
1972 de 2003 o las normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen.
18
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
Parágrafo 1º. El valor porcentual consagrado en el primer inciso del artículo 21 del
Decreto 1972 de 2003 no será aplicable a aquellos operadores de
telecomunicaciones que prestan servicios de telecomunicaciones a través de
sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho a la
interconexión consagrado en el Decreto 4239 de 2004, ya que se les aplicará lo
previsto en el inciso anterior.
Parágrafo 2º. Los operadores de telecomunicaciones que presten servicios a
través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que ejerzan el derecho a la
interconexión consagrado en el Decreto 4239 de 2004 continuarán rigiéndose, en
materia de las contraprestaciones por concepto de las autorizaciones, registros y
permisos por el derecho al uso del espectro electromagnético, por las normas
consagradas en el decreto 1972 de 2003 y todas aquellas que lo modifiquen,
aclaren o adicionen.
Parágrafo 3º. El valor de la contraprestación por concepto de la concesión
contenido en el presente artículo podrá ser revisado nuevamente por el Ministerio
de Comunicaciones cuando se obtengan los resultados del Estudio Sectorial que
contratará la citada entidad. Dicha revisión operará a futuro y no modificará los
pagos ya efectuados por los operadores.
Artículo 2º. Obligaciones adicionales. A los operadores de telecomunicaciones
que presten servicios de telecomunicaciones a través de sistemas de acceso
troncalizado (Trunking) que hagan efectivo el ejercicio del derecho a la
interconexión según las condiciones establecidas en la normatividad
correspondiente se le impondrán unas obligaciones adicionales al contrato de
concesión inicial, fijadas por parte del Ministerio de Comunicaciones, en virtud de
la modificación de las condiciones del contrato de concesión.
Artículo 3º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación, adiciona el Decreto 4239 de 2004 y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias […]”.
IV.2.2. Excepciones propuestas por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones – MINTIC
87. El ente ministerial propuso como excepciones las que denominó “[…] inepta
demanda por equivocada escogencia de la acción por parte del actor […]”, […] falta
de competencia del H. Consejo de Estado para conocer en única instancia […]” y
“[…] las pretensiones segundas y siguientes de la demanda desbordan el alcance
de la función jurisdiccional y jurídicamente no pueden ser decretadas en el proceso,
pues viola el principio de separación de poderes […]”.
IV.2.2.1. Indebida escogencia de la acción
88. Elapoderado del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones – MINTIC consideró que la parte demandante no debió presentar
demanda en contra el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005 mediante la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, por
cuanto, es un acto administrativo de carácter general.
19
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
89. Agregó que los efectos del acto acusado estaban dirigidos a los operadores
trunking para que ejerzan el derecho a la interconexión, revisando el valor de la
contraprestación por concepto de la concesión.
90. Para resolver, la Sala pone de presente que, tal y como se consideró por el
Despacho sustanciador del proceso en el auto admisorio de la demanda60, si bien
es cierto que el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005 es un acto administrativo de
carácter general, también lo es que, de una posible nulidad del mismo, los
operadores de TMC, como Telefónica Móviles Colombia S.A. y Colombia Móvil S.A.
E.S.P., tendrían un restablecimiento del derecho automático, por cuanto, en
desarrollo de su actividad competirían en igualdad de condiciones con los
operadores que utilizan el sistema troncalizado que ejerzan el derecho de
interconexión, como Avantel S.A., toda vez que tendrían que cumplir con las
obligaciones previstas en la Ley 37 de 1993 y los artículos 11 y 12 de la Ley 555 de
2000.
91. Cabe resaltar que lo anterior se corrobora al revisar las pretensiones que la parte
demandante presentó, en la que solicita como restablecimiento del derecho, se
protejan y garanticen los derechos a la igualdad y a la libre competencia, de forma
que los operadores trunking que ejercen el derecho de interconexión se acojan a
las obligaciones establecidas en la Ley 37 de 1993 y los artículos 11 y 12 de la Ley
555 de 2000.
92. En ese sentido, la Sala considera que, la parte demandante acertó al incoar la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar la legalidad del
Decreto 2324 de 8 de julio de 2005, razón por la cual la excepción propuesta se
declarará como no probada, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de este proveído.
IV.2.2.2. Falta de competencia del Consejo de Estado para conocer en única
instancia
93. Frente a la excepción relacionada con la falta de competencia del Consejo de
Estado para conocer en única instancia del proceso de la referencia, la demandante
señaló que, en caso de que proceda la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, es competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
conocer en primera instancia del mismo, por cuanto su cuantía supera los 300
salarios mínimos mensuales legales, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 132
del CCA.
94. Precisóque, si bien la parte demandante busca como restablecimiento del
derecho la garantía de los derechos a la igualdad y a la libre competencia, también
indicó que el acto demandado le causaría una “[…] desmejora de manera evidente
60 Auto de 25 de mayo de 2006. Folios 154 a 162 C pp.
20
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
en las condiciones de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. para competir […]
lo cual se reflejaría en una pérdida de mercado […]”.
95. Al respecto, la Sala trae a colación lo expuesto en el auto admisorio de la
demanda, en cuanto a que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento
del derecho, tal y como se consideró líneas atrás y que, la misma, carece de cuantía.
96. Se pone de presente que la parte demandante además de solicitar la nulidad del
acto acusado, se limitó a pedir, a título de restablecimiento del derecho, que: (i) se
dé cumplimiento al procedimiento legal por parte de los operadores de
telecomunicaciones; (ii) a garantizar la prestación del servicio y la continuidad del
mismo; (iii) a que se corrija cualquier desequilibrio que haya surgido bajo el régimen
del decreto acusado, asegurando que se respeten los derechos de libre
competencia de todos los operadores y consumidores en el mercado y; (iv) a que
los operadores de sistemas troncalizados asuman las mismas obligaciones que los
operadores de TMC y PCS.
97. Cabe resaltar que la parte actora no solicitó pretensión indemnizatoria o de
reparación de algun daño de carácter económico causado con ocasión de la
expedición del acto acusado.
98. En diferentes oportunidades el Consejo de Estado 61 ha reafirmado la vigencia y
aplicación del principio de justicia rogada, para señalar que no le es permitido al
juez de lo contencioso administrativo, confrontar el acto acusado con disposiciones
no invocadas en la demanda, ni atender pretensiones diferentes a las contenidas
en el escrito de demanda.
99. Frente a los montos del valor de las concesiones y el pago del 5% sobre los
ingresos brutos causados trimestralmente a los cuales hace referencia la parte
demandante, la Sala observa que los mismos tienen por objeto comparar las
inversiones que realizaron los operadores TMC y PCS por las adjudicaciones de
concesiones, frente a lo que pagarían los operadores que utilizan el sistema
trunking, lo anterior con el fin de demostrar la presunta desigualdad y afectación a
la libre competencia entre estos y no para que se reconozcan los mismos, lo cual
se reitera, no fue solicitado en las pretensiones de la demanda.
100. En este sentido, como quiera que en el presente caso no existe cuantía y se
controvierte un acto administrativo expedido por autoridades de orden nacional, le
corresponde al Consejo de Estado conocer y desatar la controversia planteada en
única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 128
del CCA.
61 Ver entre otras la sentencia de 30 de mayo de 2013, proferida por la Sala Contenciosa Administrativa, Sección
primera, dentro del proceso con radiación 52001-23-31-000-2008-00309-01. MP. Dra. María Elizabeth García
González.
21
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
101. Por lo anterior, no le asiste razón al ente ministerial cuando señaló que el
Consejo de Estado carecía de competencia para decidir sobre las pretensiones de
la demanda, razón por la cual la excepción propuesta se declarará como no
probada, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
IV.2.2.3. Las pretensiones segundas y siguientes de la demanda desbordan el
alcance de la función jurisdiccional y jurídicamente no pueden ser decretadas
en el proceso, pues violan el principio de separación de poderes
102. Indicó que la parte demandante pretende que a través de una sentencia judicial
se determinen reglas sobre las condiciones en que debe desarrollarse la
contraprestación de las concesiones por los servicios que se prestan a través del
sistema troncalizado, cuando son facultades propias del Gobierno Nacional y la
Rama Ejecutiva, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política.
103. Al respecto, la Sala considera que dicho argumento se encuentra relacionado
con el fondo de la controversia, razón por la cual será analizado cuando se desaten
los cargos de nulidad propuestos.
IV.2.3. Análisis del caso concreto
104. La Sala abordará los cargos de nulidad propuestos por la parte demandante,
esto es, en lo relativo al desconocimiento de los derechos a la igualdad y a la libre
competencia, así como la presunta falta y falsa motivación, de la siguiente manera:
IV.2.3.1. Desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto
acusado por violación de los derechos a la igualdad y a la libre competencia
105. La demandante señaló que el decreto acusado desconoce los derechos a la
igualdad y a la libre competencia de los operadores de TMC y PCS, por cuanto fijó
coma contraprestación por la concesión a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones a través del sistema troncalizado y ejerzan el derecho de
interconexión, el 5% sobre los ingresos brutos causados trimestralmente, la cual
resulta menor comparada con las que han pagado aquellos, colocándolos en
desventaja en el mercado.
106. Con fundamento en lo anterior, afirmó que los operadores trunking que ejercen
el derecho de interconexión debían tener un tratamiento jurídico igual a los
operadores de TMC y PCS en el que paguen un canon inicial por la concesión de
servicios y agoten el procedimiento de subasta para la adjudicación de contrato, de
acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley 555 de 2000 y, cumplan con las
obligaciones de cobertura, expansión y calidad del servicio previstas en la Ley 37
de 1993.
22
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
107. Lo anterior, por cuanto tienen acceso a la interconexión directa con las demás
redes que hacen parte de la red de telecomunicaciones del Estado, a la numeración
no geográfica y compiten por los usuarios en el mercado de telefonía móvil.
108. Para resolver, la Sala recuerda que el objeto del Decreto 2324 de 8 de julio de
2005 es establecer una contraprestación por la concesión a los operadores que
prestan servicios de telecomunicaciones a través del sistema de acceso
troncalizado y ejerzan el derecho de interconexión.
109. El artículo 1º determina una tarifa porcentual trimestral calculada sobre los
ingresos brutos causados por concepto de la prestación de los servicios realizados
por los operadores troncalizados, el cual es del 5%. De acuerdo con el parágrafo
1°, esa contraprestación no incluye el uso del espectro electromagnético, por lo que
se sigue rigiendo por el Decreto 1972 de 2003.
110. Los parágrafos 2° y 3° del mismo artículo establecen que los operadores
trunking que ejercen derecho de interconexión no les será aplicable la
contraprestación establecida en el artículo 21 del Decreto 1972 de 2003, esto es, el
3% trimestral de los ingresos netos por la concesión. Y, además, que la
contraprestación sería revisada nuevamente por el Ministerio luego de realizar un
estudio sectorial que operará a futuro y no modificará los pagos efectuados.
111. Finalmente, el artículo 2° ibidem señala que los operadores que presten
servicios de telecomunicaciones a través del sistema de acceso troncalizado que
hagan efectivo el ejercicio de derecho de interconexión tendrían obligaciones
adicionales al contrato inicial.
112. Cabe resaltar que el acto acusado se expidió conforme con lo previsto en la Ley
72 de 1989 y el Decreto Ley 1900 de 1990, los cuales establecen que le corresponde
al Gobierno Nacional, por intermedio de MINTIC, adoptar la política general del
sector de comunicaciones y ejercer las funciones de planeación, regulación y control
de los servicios de dicho sector.
113. Los artículos 3° de la Ley 72 de 1989 y 13 del Decreto Ley 1900 de 1990 prevén
que las concesiones de servicios de telecomunicaciones deben otorgarse de modo
tal que promuevan la eficiencia, la libre iniciativa y competencia, la igualdad de
condiciones en la utilización de los servicios y la realización plena de los derechos
a la información62 y al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones, con el
objeto promover el desarrollo económico, social y político del país y, con la finalidad
de elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes.
62 De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto Ley 1900 de 1990, el
Estado debe garantizar el pluralismo en la difusión de información y la presentación de opiniones, como derecho
fundamental de la persona, y para ello tiene que garantizar el libre uso de los servicios de telecomunicaciones.
En esa línea, las medidas que se adopten deberán tender a asegurar la dinámica de las diferentes formas de
prestar servicios de comunicaciones, garantizando la interconexión, acceso y uso de redes.
23
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
114. El sistema troncalizado y el ejercicio del derecho de interconexión son
definidos63 como “[…] el compartir entre los abonados del sistema, un número
limitado de canales radioeléctricos, de manera que los abonados puedan acceder
en forma automática cualquier canal que no esté en uso […]”.
115. El artículo 3º del Decreto 2343 señala que los sistemas de acceso troncalizado
pueden utilizarse tanto para “[…] el desarrollo de actividades, como en la prestación
de servicios de telecomunicaciones que tengan por objeto cursar comunicaciones
de voz y/o datos en las modalidades de despacho y acceso telefónico […]”.
116. Por su parte, el artículo 18 del Decreto 2343 de 1996 específica que los servicios
de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado requerirán,
como título habilitante, una concesión mediante contratación directa, de
conformidad con la Ley 72 de 198964, el Decreto Ley 1900 de 199065 y la Ley 80 de
199366.
117. El parágrafo del artículo citado indica que la concesión que se otorgue “[…] no
autoriza al operador para prestar los servicios de telefonía Básica Pública
Conmutada Local, Local Extendida, Larga Distancia Nacional e Internacional,
Servicio de Telefonía Móvil Celular, Servicios de Valor Agregado o cualquier
otro servicio de telecomunicaciones que tenga una regulación especial y
requiera de título habilitante específico […]” (negrilla fuera de texto).
118. De acuerdo con las anteriores disposiciones normativas, el Decreto 2343 de
1996 diferenció a los operadores trunking con otros operadores, toda vez que, si
bien puede prestar servicios de telecomunicaciones que tienen como fin cursar
comunicaciones de voz y datos, ello no lo habilita para opere en otros servicios
como los TMC y PCM, los cuales tienen normas especiales que los regulan y, por
lo tanto, requieren de títulos habilitantes específicos.
119. Sobre el particular, esta Corporación67 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse,
en el sentido de considerar que, en el mercado de las telecomunicaciones móviles
terrestres, no hay un servicio de telecomunicaciones que se preste sin un sistema.
63 Índice 239 del expediente digital SAMAI. La Asociación Colombiana de Ingenieros en los sistemas
troncalizados “[…] todos los canales son compartidos (trunked) por los distintos grupos, siendo el propio sistema
el que, automáticamente, asigna -mediante un protocolo de control y señalización- uno de los canales libre para
que se establezca la comunicación; así, cuando el usuario finaliza la comunicación, el canal queda disponible
para ser utilizado por otro, con lo que su aprovechamiento es el máximo posible […]”.
64 “[…] Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la Organización de las Telecomunicaciones
en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se confieren unas facultades extraordinarias al
Presidente de la República […]”.
65 “[…] Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de
telecomunicaciones y afines […]”.
66 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 20 de octubre de
2005. Rad.: 11001-03-25-000-1998-00012-00. MP: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
24
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
120. En dicha oportunidad68, se precisó que si bien los servicios de TMC, PCS y los
servicios que se prestan a través de sistemas de acceso troncalizado son servicios
básicos de teleservicios, se diferencian por el sistema por el cual son prestados.
121. De ahí que esta Corporación concluyera que, los dos primeros estén
reglamentados de manera especial y requieran de un título habilitante específico, y
aquellos que utilizan el sistema trunking requieran de una autorización conforme
con el artículo 8° de la Ley 72 de 1989, tal y como se observa a continuación:
“[…] no es lo mismo servicios que sistemas y que estos últimos solo son
objeto de autorización por el Ministerio de Comunicaciones (L. 72/89, art.
8º) y que el Decreto 2343 de 1996 reglamentó los sistemas de acceso
troncalizado, que en el entendido de la norma hacen uso del espectro
electromagnético y el uso de frecuencias radioeléctricas requiere del
permiso previo del Ministerio de Comunicaciones (7), permite concluir que
no se requería de ley y que podía reglamentarlos el gobierno, pues se repite,
el artículo 33 de la Ley 80 de 1993, remitió a los servicios y actividades del
Decreto 1990, y este no se contraría en tanto no hizo referencia a actividades
y sistemas de telecomunicaciones y sí a servicios (art. 27), no creándose un
nuevo servicio con los trunking, pues como se dijo este ya había sido
objeto de clasificación […]” (negrilla fuera de texto).
122. Así mismo, se explicó que no podía entenderse al sistema de acceso
troncalizado como un servicio o una actividad de telecomunicaciones, dado que el
Decreto 2343 de 1996 siempre se refirió a este como su nombre lo indica como un
“[…] sistema […]”, solo que reglamentó los servicios y actividades de
telecomunicaciones ya existentes que escogieran los operadores para utilizarlo para
la prestación de los mismos. En otras palabras, el trunking no es una modalidad de
servicio, sino una modalidad que ofrece tecnología para llevar a cabo una
comunicación, de ahí que puede ser usado para otros fines. En ese sentido, la citada
providencia señaló:
“[…] no es cierta la afirmación del actor de que el trunking fue
reglamentado en el Decreto 2343 de 1996 como un servicio y una actividad
de telecomunicaciones, como quiera que quedó establecido que el
gobierno, por lo menos en el Decreto 2343, no fue donde los clasificó;
basta reparar en el encabezamiento del acto demandado “por el cual se
reglamentan las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilicen los
sistemas de acceso troncalizado (trunking)”. No lo entiende la Sala de otro
modo distinto a que el decreto demandado lo que hizo fue disponer el
reglamento para aquellos servicios y actividades de telecomunicaciones
ya existentes que optaran por utilizar el sistema de acceso troncalizado,
porque en realidad lo que la norma hizo fue referirse a los trunking como
un sistema y no copio una modalidad de servicio o actividad, pues a estos
se refiere para aplicarles el sistema.
vii) Que es cierta entonces la precisión que hizo la entidad demandada en el
sentido de que “el sistema “trunking” es una modalidad que ofrece la
tecnología para cursar comunicaciones”; que consiste, tal como lo define
68
Ibidem.
25
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
el Decreto 2343 de 1996, “en un sistema fijo-móvil terrestre” conformado
por un conjunto de estaciones bases o repetidoras, estaciones móviles
terrestres...” (art. 2º del decreto) y que cuando este sistema se utiliza para
prestar servicios de telecomunicaciones, según los define la Ley 80 de 1993
el servicio así prestado generalmente se conoce como trunking, pero nada
impide, ni la tecnología ni la ley, que el sistema sea utilizado para otros
fines (como su utilización privada o la prestación de otros servicios),
como lo previó el decreto reglamentario demandado […].
2. Con fundamento en lo anterior la Sala concluye que el Gobierno Nacional no
violó las disposiciones que regulan el ejercicio de la potestad reglamentaria
invocadas por el demandante, toda vez que el Decreto 2343 de 1996 no creó
un nuevo servicio de telecomunicaciones, ya que los sistemas de acceso
troncalizado son eso, sistemas, cuya definición determinación de su
forma de operación compete al ejecutivo, conforme a las autorizaciones
para reglamentarlos que concedió la Ley 72 de 1989 […]” (negrilla fuera de
texto).
123. La Sala prohíja el criterio contenido en la providencia citada, en el sentido de
establecer que no es dable comparar o igualar a los operadores de los servicios de
telecomunicaciones de TMC y PCS con los operadores de otros servicios de
telecomunicaciones que usan el sistema troncalizado. Lo anterior encuentra
respaldo en que entre unos y otros existen diferencias técnicas y de regulación para
su prestación.
124. La Sala advierte que en lo atinente al hecho en el cual los operadores trunking
que ejercen el derecho de interconexión esta Sección69 ya tuvo la oportunidad de
pronunciarse, esto es, al resolver una demanda en contra del acto administrativo
acá demandado, pero que se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 84 del CCA, en la que se advirtió que, de acuerdo con el
artículo 1870 del Decreto 2343 de 1996, no se pueden equiparar los servicios de
TMC y PCS con los servicios de telecomunicaciones que utilizan el sistema
troncalizado y ejercen el derecho de interconexión, no solo porque difieren en
tecnología, sino también en el mercado, la cobertura y la capacidad de sus redes.
En tal sentido, precisó:
“[…] el marco legal en el que fueron consignados los artículos 11 y 12 de la Ley
555 de 2000, que no es otro que el de la regulación de la prestación de los
Servicios de Comunicación Personal PCS y el régimen jurídico para el
otorgamiento de concesiones y permisos para la prestación de dichos servicios,
entendidos como servicios públicos de telecomunicaciones, no domiciliarios,
móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso
de una red terrestre de telecomunicaciones, mientras que el Decreto 2324 de
2005 como ya se ha dejado visto, lo que reglamentó fue el cobro de la
contraprestación de la concesión de los operadores trunking, luego de
optar por el derecho a la interconexión, es decir, el cobro del valor
69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de septiembre
de 2016. Rad: 11001-03-24-000-2007-00318-00. Magistrada Ponente: Doctora María Claudia Rojas Lasso.
70 El artículo 18 del Decreto 2343 de 1996 establece que “[…] las concesiones para la prestación de servicios
de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado, se otorgarán mediante contratación
directa, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales […]”.
26
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
prestado por un operador de servicios de telecomunicaciones distintos al
PCS.
No es cierto entonces que estos operadores debieron cancelar una cuota
inicial y someterse al mecanismo de la subasta, razón por la que también
pierde solidez el argumento según el cual el Estado incurrió en detrimento
patrimonial al haber otorgado una concesión sin reclamar un pago inicial y,
que mientras AVANTEL canceló US$5.712.348 para el ejercicio del derecho a
la interconexión, los prestadores de TMC y PCS cancelaron por la concesión
10 y 50 veces esa suma, por cuanto para los operadores de servicios trunking
no se tenía establecido el mecanismo del pago inicial y de cuota y de subasta.
Lo anterior, por cuanto se recalca, el actor confundió el pago de la
contraprestación por el ejercicio del derecho a la interconexión de que
hagan uso los operadores trunking, como quiera que la concesión para
los servicios de telecomunicaciones que utilizan estos sistemas de
acceso troncalizado, se otorgó al amparo del Decreto 2343 de 1996,
mientras que la concesión que estima vulnerada y desconocida el
demandante es la de los artículos 11 y 12 de la Ley 555 de 2000, que como
ya se dijo, regula la prestación de los Servicios de Comunicación
Personal PCS, distintos a la de los servicios prestados por los operadores
trunking.
Revisado el contenido de la normativa consagrada en el Decreto 2343 de
1996, la Sala observa que no contempla ni el pago de un canon inicial ni
el agotamiento de la selección del concesionario previa pública subasta,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 que establece: […]
De todo lo anterior colige la Sala, que no se pueden confundir ni equiparar
las distintas concesiones a las que están sometidos los operadores
interesados en prestar los distintos servicios de telecomunicaciones,
como quiera que cada uno de éstos se rige por marcos normativos
especiales y particulares, que por ejemplo en el caso de los servicios de
acceso troncalizado trunking se encuentran regulados en los decretos
2343 de 1996, 4239 de 2004, 2323 y 2324 ambos de 2005, mientras que los
Servicios Personales de Comunicaciones PCS encuentran su regulación
legal en la Ley 555 de 2000 y los servicios de Telefonía Móvil Celular TMC
regulados por la Ley 37 de 1993 y su decreto reglamentario 741 de 1993.
En suma, la Sala encuentra que el valor de la contraprestación
demandado del Decreto 2324 de 2005, modificó el tema de la concesión
inicialmente otorgada al operador trunking para prestar este servicio pero
no el servicio luego de optar por el derecho de la interconexión, de tal
suerte que en efecto las concesiones inicialmente otorgadas si lo fueron
por el procedimiento público de selección de contratistas, […] , se impuso
el instrumento de la licencia como título habilitante, legislación que fue
expedida con posterioridad a la expedición de los actos administrativos
demandados.
[…] Lo anterior en vista de que no se pueden equiparar los servicios
prestados por los operadores de acceso troncalizado trunking, con los
servicios prestados por los otros operadores móviles (TMC y PCS), pues
además de diferir en el aspecto tecnológico también son distintos en la
participación en el mercado, en la cobertura y capacidad de sus redes […]”
(negrilla fuera de texto).
27
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
125. Así pues, la Sala concluye que la parte demandante no logró demostrar de qué
manera el ente ministerial al expedir el Decreto acusado contrarió los postulados
consagrados en el artículo 13 del Decreto Ley 1900 de 1990, esto es, demostrando,
por ejemplo, que los operadores TMC y PCS se hubieran visto afectados en sus
operaciones por la entrada de un nuevo operador como lo es el que presta los
servicios trunking como si fuera un operador de telefonía móvil.
126. El artículo 1371 constitucional establece que todas las personas recibirán “[…] la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica […]”. En esa
medida, dicha disposición ordena a las autoridades dar igualdad de tratamiento
jurídico a las situaciones de hecho iguales, por tanto, cualquier diferencia hará que
deba darse un trato distinto, tal y como en efecto se pretende en el caso sub
examine.
127. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-421 de 200272 señaló:
[…] En efecto, como ha dicho esta Corporación en forma reiterada: "En la
realización del juicio de igualdad es necesario establecer, cuáles son las
situaciones o supuestos que deben ser objeto de comparación, desde el
punto de vista objetivo o material y funcional, atendiendo todos los
aspectos que sean relevantes en las respectivas relaciones o
circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que merece un
trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato
diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que se
dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean objetivos,
razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad
constitucional legítima”. […] (Resaltado de la Sala). Cabe recordar que en
relación con el concepto de proporcionalidad a que hace referencia la
jurisprudencia citada, la Corporación ha precisado que para que un trato
desigual guarde armonía con el artículo 13 constitucional debe
demostrarse que la norma analizada es (1) adecuada para el logro de un
fin constitucionalmente válido; (2) necesaria, es decir, que no existe un
medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios
constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionada en sentido estricto,
esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios que tengan
un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho
trato. De esta forma el principio de proporcionalidad busca que la medida sea
aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos
no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. […]
71 Constitución Política. “[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan […]”.
72 Corte Constitucional. Sentencia C-421 de 2002. Magistrado Ponente: Doctor Álvaro Tafur Galvis.
28
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
128. En cuanto a la libre competencia, la Sala prohíja lo considerado en la sentencia
antes citada, en el entendido que no se podía predicar la violación al derecho a la
libre competencia en condición de igualdad de los operadores de TMC y PCS frente
a los operadores troncalizados que ejercen el derecho de interconexión, dado que
aquellos fueron habilitados desde el año 1993 y 2000, respectivamente, mientras
que los operadores trunking apenas vinieron a hacer efectivo el derecho a la
interconexión de sus redes a finales del año 2007, pese a que se había reconocido
este derecho en el artículo 14 de la Ley 555 de 2000, reglamentado por el Decreto
4239 de 2004.
129. Recuérdese que la interconexión de redes, de acuerdo con los artículos 11 de
la Ley 72 y 24 y 25 del Decreto Ley 1900, se fundamenta en políticas de expansión,
modernización, optimización, normalización, homologación y adquisición de
equipos y soporte lógico de telecomunicaciones acordes con los avances
tecnológicos, las cuales conllevan a la eliminación de barreras de entrada que
dificultan a nuevos proveedores del mercado y evita la duplicidad de redes o de
elementos de red, garantizando el uso eficiente de la infraestructura existente y,
fomentando la innovación al combinarse nuevas tecnologías73.
130. Por lo tanto, en garantía de la debida prestación del servicio, es necesario que
exista una efectiva interoperabilidad de las redes y de los sistemas para que sea
posible el intercambio de información entre los usuarios, en un contexto de libre
competencia. De ahí que, los operadores de servicios que tengan redes no podrán
negarse a su prestación, a menos que medie justa causa comprobada.
131. Dichas disposiciones guardan consonancia con el artículo 2º de la Ley 142 de
199474 que establece que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre
otros fines, para lograr la prestación eficiente de los mismos y garantizar la libre
competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante.
132. El artículo 11 de la misma ley estableció que, como consecuencia de la función
social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos, deberán
facilitar el acceso e interconexión a otras empresas que prestan servicios públicos
o que sean grandes usuarios.
133. Adicionalmente, el inciso 3° del artículo 28 en la Ley 142 de 1994 dispuso que
es posible exigir la interconexión de redes para proteger al usuario, para garantizar
la calidad del servicio y para promover la competencia.
73 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre
de 2020. Rad: 11001-03-24-000-2008-00159-00. Consejero ponente: Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
74 “[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones
[…]”.
29
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
134. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1475 de la Ley 555 de 200076 señaló el
régimen de interconexión, acceso y uso, en la que fijó la obligación de todos los
operadores de telecomunicaciones de permitir la interconexión de sus redes y el
acceso y uso de sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de
telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión
Reguladora de Comunicaciones. El artículo estableció que el propósito de la
imposición de la obligación referida radica en asegurar: i) el trato no discriminatorio;
ii) la transparencia; iii) los precios basado en costos más una utilidad razonable, y
iv) la promoción de la competencia.
135. No se debe olvidar que mediante el Decreto 4293 de 2004, el presidente de la
República reglamentó el artículo 14 de la Ley 555 de 2000, en el que estableció el
derecho de la interconexión, acceso y uso por parte de los operadores de trunking,
para lo cual deben manifestar su interés al MINTIC y cancelar el valor que
determine.
136. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-137 de 199577, consideró que el
fin de garantizar el acceso a redes y servicios sin obstáculos innecesarios, es elevar
los niveles de vida, aumentar los ingresos, acrecentar la producción y comercio de
bienes y servicios para la utilización óptima de los recursos mundiales, de acuerdo
con el objetivo de un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
137. Así las cosas, el concepto de interconexión toma un papel importante para
cumplir con los objetivos trazados por las Leyes 72 de 1989, 142 de 1994, 555 de
2005 y el Decreto Ley 1900 de 1990, toda vez que promueve la eficiencia, la libre
iniciativa, la competencia, la igualdad de condiciones en la utilización de las redes
y de los servicios y la realización plena de los derechos a la información y al libre
acceso a los servicios de telecomunicaciones de calidad.
138. La Sala encuentra que el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005 establece una
medida de intervención en el mercado de los servicios de telecomunicaciones con
miras a garantizar los principios referidos en los operadores que prestan servicios
75
Ley 555 de 2000. […] ARTICULO 14. RÉGIMEN DE INTERCONEXIÓN, ACCESO Y USO. Todos los
operadores de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus
instalaciones esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, para asegurar los
siguientes objetivos:
a) Trato no discriminatorio;
b) Transparencia;
c) Precios basados en costos más una utilidad razonable;
d) Promoción de la libre y leal competencia […]
76 “Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras
disposiciones”, reglamentada parcialmente por el Decreto 575 de 2002.
77 Corte constitucional. Sala Plena. Sentencia de 28 de marzo de 1995. Magistrado Ponente: Doctor: Jorge
Arango Mejía. Revisión Oficiosa de la Ley 170 de 15 de diciembre de 1995 “[…] Por medio de la cual se aprueba
el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marraketh
(Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la
carne de Bovino […]”
30
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
de telecomunicaciones a través del sistema troncalizado y ejercen el derecho de
interconexión, con el propósito de garantizar la libre competencia.
139. En esa medida, el decreto acusado, al consagrar una contraprestación del 5%
a los operadores que presten los servicios de telecomunicaciones que se presten a
través del sistema troncalizado y ejerzan su derecho de interconexión, adoptó una
medida que impulsa el mercado entre los diferentes operadores de
telecomunicaciones, sin desconocer la naturaleza de cada servicio, tal como lo
mencionó la parte demandada.
140. De acuerdo con todo lo anterior, siendo distintos los operadores de TMC y PCS
frente a los operadores que prestan servicios de telecomunicaciones a través del
sistema troncalizado y ejercen el derecho de interconexión, no encuentra la Sala
sustento para que se pueda predicar un trato igual si sus circunstancias técnicas,
jurídicas y de mercado son disímiles.
141. En efecto, para la Sala el acto administrativo demandado no desconoce el
derecho de la competencia en condiciones de igualdad de los operadores TMC y
PCS, toda vez que no son iguales a los operadores trunking que ejercen el derecho
de interconexión, de manera que no puede exigírseles las obligaciones previstas en
la Ley 37 de 1993, así como tampoco, las de los artículos 11 y 12 de la Ley 555 de
2000.
142. Además, se pone de presente que, si bien los operadores trunking difieren de
los operadores TMC y PCS, no debe dejarse de lado que aquellos dependen de las
telecomunicaciones para poder operar y es por ello que se debe asegurar que
tengan acceso a las redes de telecomunicaciones, de lo contrario conduciría a que
se presenten obstáculos en el intercambio de información y en el desarrollo de la
tecnología, así como se desconocería los principios y criterios establecidos en el
ordenamiento jurídico sobre la libre competencia en el sector.
143. Frente al acceso de la numeración no geográfica, se recuerda que, según los
artículos 5° y 6° del Decreto 25 de 200278, “[…] podrá asignarse numeración a todos
los operadores de servicios de telecomunicaciones […]”. De manera que, se trata
de un derecho de los operadores troncalizados, así como de cualquier operador de
servicios de telecomunicaciones.
144. En ese orden de ideas, la Sala considera que el decreto acusado se ajusta a
las normas vigentes y desarrolla los principios y criterios de las normas de rango
legal y constitucional que rigen las telecomunicaciones, como la eficiencia, libre
iniciativa, competencia, igualdad de condiciones en el acceso y uso de los servicios,
razón por la cual el cargo de violación no está llamado a prosperar.
78 “[…] Por el cual se adoptan los Planes Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones […]”.
31
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
IV.2.3.2. Falsa y falta de motivación
145. Telefónica Móviles Colombia S.A argumentó que el acto demandado fue
motivado conforme con un estudio interno realizado por la Dirección de Desarrollo
del Sector del Ministerio de Comunicaciones79, según lo previsto en el Decreto 2323
de 2005, cuando debió fundamentarse en un estudio contratado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 4239 de 2004.
146. Además, afirmó que ese estudio no analizó la competencia, el mercado, ni las
consecuencias generadas a los operadores de TMC y PCS, solo se limitó en señalar
que la contraprestación de la concesión guardaba relación con la prevista en el
Decreto 3046 de 1997, era superior a la establecida en el Decreto 1972 de 2003,
incrementaba los ingresos al Fondo de Comunicaciones y era independiente del
valor por el uso del espectro electromagnético. Además, que los operadores que
utilicen el sistema troncalizado y ejerzan el derecho de interconexión ya contaban
con una concesión previamente otorgada.
147. Respecto del argumento relacionado con el estudio realizado por el Ministerio
de Comunicaciones, la Sala observa que, mediante el Decreto 4239 de 2004, el
presidente de la República reglamentó el derecho de interconexión de los
operadores trunking, en cuyo artículo 2° estableció que esos operadores debían
“[…] cancelar el valor que determine el Ministerio de Comunicaciones, el cual será
determinado con base en el estudio del sector de comunicaciones que
contratará la mencionada entidad […]” (negrilla fuera de texto).
148. Posteriormente, mediante Decreto 2323 de 2005, el Presidente de la República
consideró necesario modificar el artículo 2° del Decreto 4239 de 2004, en sentido
de señalar que los operadores troncalizados, debían “[…] pagar el valor que
determine el Ministerio de Comunicaciones el cual será fijado con base en un
estudio […]” (negrilla fuera de texto).
149. De acuerdo con las consideraciones del Decreto 2323, el Gobierno Nacional
estimó conveniente modificar el artículo 2° del Decreto 4239 para asegurar la
efectividad del derecho a la interconexión de los operadores de telecomunicaciones
que presten servicios a través de sistemas de acceso troncalizado, por tratarse de
un deber legal indispensable para la libre competencia en el sector.
150. Así, la Sala considera que el Ministerio de Comunicaciones estaba autorizado
para motivar el Decreto 2324 de 8 de julio de 2005 conforme con un estudio, sin que
fuera necesario que lo realizara una empresa contratada, al modificarse la norma
que lo exigía, toda vez que, dentro de los principios de la función administrativa,
dirigida a la satisfacción del interés general, debía garantizar el derecho de
interconexión de los operadores trunking para su ejercicio de la libre competencia.
79 Folios 208 a 233 C pp y 344 a 369 anexo 1.
32
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
151. De otra parte, frente al argumento que señaló que el estudio no analizó la
competencia, el mercado, ni las consecuencias generadas a los operadores de TMC
y PCS, se reitera el análisis efectuado en el acápite precedente de la esta
providencia, en el que se concluyó que esos servicios no son equivalentes con los
que se prestan a través del sistema troncalizado toda vez que difieren en tecnología,
mercado, cobertura y capacidad.
152. Como se mencionó, esta Corporación ha subrayado que los operadores de TMC
y PCS fueron habilitados desde el año 1993 y 2000, respectivamente, mientras que
los operadores trunking que ejercen el derecho de interconexión apenas vinieron a
hacer efectivo ese derecho a finales del año 200780, pese a que se había reconocido
este derecho en el artículo 14 de la Ley 555 de 2000, reglamentado por el Decreto
4239 de 2004.
153. Loanterior, fue corroborado por el Ministerio de Comunicaciones81 quien
manifestó:
“[…] Las condiciones de acceso al mercado y por ende las condiciones de
hecho que vivieron los operadores de TMC al momento de ingreso al
mercado móvil eran totalmente diferentes a las que vivieron los
operadores de PCS y a la que se vive hoy en día, cuando los operadores los
de servicios de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso
troncalizado no han ingresado aún al mercado.
Cuando los operadores de TMC ingresaron al mercado, no había un sólo
usuario de este tipo de servicios, pues se trataba de un servicio nuevo que
hasta ahora sería prestado en el país. Cuando los operadores de TMC
ingresaron al mercado (octubre de 2003), existían alrededor de cinco
millones y medio (5.500.000) de abonados a la Telefonía Móvil Celular -
TMC-. Para la fecha de expedición del Decreto 2324 de 2005 (8 de julio de
2005), cuando por factores temporales es imposible que los operadores de
los de servicios de telecomunicaciones prestados a través de sistemas
de acceso troncalizado hubieran ingresado al mercado de los servicios
móviles, en ese mercado existían más de quince millones y medio
(15.500.000) de usuarios activados. A marzo de 2006, según el reporte de la
CRT, el número de usuarios de los servicios móviles es superior a los
veinticinco millones (25.000.000) de usuarios.82
No cabe duda que la situación de hecho que se presenta en un mercado
cuando tiene cero (0) usuarios es diferente al que se presenta cuando ese
mismo mercado tiene quince millones y medio (15.500.000) de usuarios y
que al que se presenta cuando tiene más de veinticinco millones
(25.000.000) de usuarios.
Las cifras arriba citadas sólo indican una cosa, la situación de hecho y de
mercado de un operador que pretende entrar a un mercado que ya tiene
más de 25 millones de usuarios, es diferente a la que se presentó para
80 Folio 633 C 3. Avantel certifica que la interconexión con las redes de Telefónica Móviles Colombia S.A.
entró en funcionamiento el 9 de octubre de 2007.
81 Folio 582 C 2.
82 Fuente Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT -http://www.crt.gov.co/
33
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
aquel que ingresó cuando ese mercado sólo tenía 5 millones y a la que
vivió quien ingreso cuando el mercado no tenía usuarios.
[…] La diferencia en las situaciones de hecho arriba descritas hace que se trate
de situaciones tan disímiles que no es posible tratar a dichos sujetos en forma
igual […]” (negrilla fuera de texto).
154. De igual manera, se observa que el estudio83 realizado por el Ministerio de
Comunicaciones que fundamentó el acto administrativo demandado, indicó84 que,
si bien es cierto los operadores trunking que se acojan al derecho de interconexión
deben modificar la concesión original y, por lo tanto, deben pagar una nueva
contraprestación, también lo es que siguen conservando los elementos técnicos
esenciales previstos en el Decreto 2343 de 1996, es decir, mantienen las diferencias
con los operadores TMC y PCS y además, guardan las condiciones previstas en el
Decreto 1971 de 2003, esto es, que el uso del espectro se debe pagar a parte,
correspondiéndole 2.000 salarios mínimos legales vigentes por cada Mega Herts -
MHz.
155. En ese contexto, dentro del mencionado estudio, la Dirección de Desarrollo del
Sector del Ministerio indicó que el presidente de la República debía establecer una
contraprestación por la concesión a los operadores que prestan servicios de
telecomunicaciones a través del sistema troncalizado y se acojan al derecho de
interconexión, superior al 3% de los ingresos netos previsto en el Decreto 1972 y no
mayor al 5% “[…] en razón a que ningún servicio de telecomunicaciones posee
cánones de cobro superiores a este valor en Colombia […].
156. Así las cosas, propuso como valor de la contraprestación por la modificación de
la concesión original, el 5% de los ingresos brutos, por las siguientes razones:
“[…] El valor de la contraprestación que guarda mayor relación con la
realidad histórica de los derechos y contraprestaciones de las
telecomunicaciones en Colombia es el del 5% de los ingresos brutos.
Porque es superior al 3% de los ingresos netos, en razón a la modificación
de la concesión que permite beneficios adicionales, sin perjuicio de que el
régimen jurídico mantenga las características técnicas esenciales del Decreto
2343 de 1996.
Porque los concesionarios, que cancelaban el 5% de los ingresos brutos,
solicitaron acogerse al beneficio del 3% establecido en el Decreto 1705 de
1999, luego el valor del 5% no es extraño a los concesionarios trunking, y
tampoco se crean nuevos valores de contraprestaciones, ni menores ni
mayores, a las establecidas en las normas.
Porque se incrementan los ingresos al Fondo de Comunicaciones.
83 Folios 208 a 233 C pp y 344 a 369 anexo 1. “[…] Estudio de la contraprestación por la modificación de la
concesión para los operadores de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado
que hagan efectivo el derecho regulado en el Decreto 4239 de 2004 […]”.
84 Folio 226 C pp.
34
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
Porque es independiente del valor de la contraprestación por el derecho
al uso del espectro electromagnético, contraprestación que continúa
rigiéndose por las fórmulas matemáticas establecidas en el Decreto 1972 de
2003 […]” (negrilla fuera de texto).
157. De los elementos probatorios obrantes en el expediente85 no se logró recaudar
información tendiente a demostrar la desigualdad en el mercado entre los
operadores TMC, PCS y trunking que ejercen el derecho de interconexión, por el
contrario, el estudio realizado por Dennis Burke, en septiembre de 2004,
denominado “[…] La mina de oro de una empresa: atraer y retener clientes
corporativos en Latinoamérica […]86”, se refiere al crecimiento de los suscriptores
móviles en Colombia en donde BellSouth Colombia S.A., Comcel S.A y Avantel S.A.
desarrollarían servicios sofisticados que permitirían el crecimiento de
telecomunicaciones a un ritmo saludable87.
158. En ese contexto, la Sala concluye que el Ministerio de Comunicaciones, a través
del estudio que realizó la Dirección de Desarrollo del Sector, sí tuvo en cuenta los
elementos de competencia y mercado para establecer la contraprestación por la
concesión a los operadores que prestan servicios de telecomunicaciones a través
del sistema troncalizado y ejerzan el derecho de interconexión, al considerar que
las concesiones de los operadores de TMC y PCS no son equivalentes con las de
trunking que ejercen el derecho de interconexión, por cuanto difieren en tecnología,
mercado, cobertura y capacidad.
159. Además, los operadores de TMC y PCS fueron habilitados en el mercado desde
el año 1993 y 2000, respectivamente, mientras que los operadores troncalizados
apenas vinieron a hacer efectivo el derecho a la interconexión de sus redes a finales
del año 2007.
160. Finalmente, se observa que la contraprestación demandada se justificó en que
es superior al previsto en el Decreto 1972 de 2003, incrementa los ingresos al Fondo
de Comunicaciones, es independiente del valor de la contraprestación por el
derecho al uso del espectro electromagnético y, no es mayor al 5%, “[…] en razón
a que ningún servicio de telecomunicaciones posee cánones de cobro superiores a
este valor en Colombia […].
161. Cabe advertir que la demandante no aportó elementos adicionales para apoyar
sus argumentos de nulidad, de lo cual se concluye que incumplió con la carga
probatoria establecida en el artículo 167 del CGP, relativo a que incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.
85 Folios 1103 C 4, índices 259, 283, 309 y 313 del expediente digital SAMAI Claro Colombia S.A. informó que
no tenía información entre los años 2005 a 2007.
86 Folios 371 a 420 anexo 1 y 867 a 919 y 991 C 4.
371 a 420 anexo 1 (inglés)
87 Folio 886 C 4.
35
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2005-00351-00
Demandante: Telefónica Móviles Colombia S.A.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones - MINTIC)
162. Comoquiera que no se logró demostrar la ilegalidad del Decreto 2324 de 8 de
julio de 2005, la Sala negará las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído, por lo que la Sala se releva de
pronunciarse sobre las pretensiones de restablecimiento del derecho.
163. Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - MINTIC, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.