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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00287-00

Fecha
15 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00287-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: TENER POR TERMINADO el poder conferido al abogado Guillermo Alberto Duarte Quevedo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Edgar Mauricio Solano Zea, para actuar como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los fines del poder a él conferido, el cual obra a folio 379 del expediente. CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2006-00287-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

15 de diciembre de 2021

Radicado: 11001 0324 000 2006 00287 00
Demandante: Adelaida Ángel Zea

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 0324 000 2006 00287 00
Demandante: ADELAIDA ÁNGEL ZEA
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tesis: No es nula la norma conforme a la cual la función de control y
vigilancia sobre las prácticas comerciales restrictivas de la
competencia frente a los administradores de sistemas de pago
de bajo valor que procesen órdenes de transferencia o
recaudo, incluyendo aquellas derivadas de la utilización de
tarjetas crédito y/o débito, continuarán siendo ejercidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, por ajustarse a las
disposiciones en materia de inspección y vigilancia, estructura
y coherencia del sistema financiero que rigen la materia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por Adelaida
Ángel Zea, en ejercicio de la acción de nulidad, contra el parágrafo 2° del
artículo 3° del Decreto 1400 de mayo 4 de 2005, “Por el cual se someten
a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas
de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, conforme fue
modificado por el Decreto 2999 de 2005, ambos expedidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

Adelaida Ángel Zea presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo - CCA,
con el fin de que la Sala acceda a las siguientes pretensiones:

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Radicado: 11001 0324 000 2006 00287 00
Demandante: Adelaida Ángel Zea

“[…] PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Se demanda la nulidad de parágrafo segundo del artículo 3º del
Decreto Reglamentario 1400 de 2005, modificado por el artículo 1º
del Decreto 2999 de 2005, en la medida que este acto administrativo
infringe las normas en que debía fundarse”.

I.1.1. La norma acusada

El contenido del parágrafo 2º del artículo 3 del Decreto 1400 de mayo 4
de 2005, modificado por el artículo 1º del Decreto 2999 de 20051, es el
siguiente:

“DECRETO 1400 DE 2005
(mayo 04)

por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que
administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de aquellas previstas en los artículos 189, numerales 11 y 25
de la Constitución Política y los artículos 48 literal j), y 325 numeral 2, parágrafo 1º,
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,

CONSIDERANDO:

Que le corresponde al Gobierno Nacional en los términos del artículo 46 literal d) del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ejercer la intervención en las actividades
financiera, aseguradora, y demás actividades relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público con el fin de velar
porque tales operaciones se realicen en adecuadas condiciones de seguridad y
transparencia;

Que de acuerdo con el artículo 48, numeral 1, literal j) del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero para efectos de lo dispuesto en el mencionado artículo 46, literal
d) del citado Estatuto le corresponde al Gobierno Nacional, entre otras funciones, la
de regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este servicio que no
sean competencia del Banco de la República;

Que de acuerdo con el artículo 325, numeral 2, parágrafo 1º del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, podrán ser sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria de Colombia, las entidades que administren los sistemas de tarjetas de
crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pago y compensación;

Que para el propósito de garantizar que las operaciones de las entidades a que se
hace referencia en el anterior considerando, se efectúen en condiciones adecuadas de
seguridad y transparencia, que se prevengan los riesgos que puedan afectar la
estabilidad del sistema financiero, es necesaria la organización y el funcionamiento
de los sistemas de pago de bajo valor, sujeto a principios y reglas que garanticen su

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“[...] Por el cual se modifica el artículo 3 del Decreto Reglamentario 1400 de 2005 […]”

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eficiencia, seguridad, integridad, confiabilidad, desarrollo tecnológico, interconexión,
transparencia, libre competencia y respeto y equidad con los consumidores;

Que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1, literal j) del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, la Junta Directiva del Banco de la República rindió
concepto sobre la incidencia de las normas contenidas en este decreto en relación con
las políticas a su cargo, tal como consta en el Memorando JDS- 08522 del 22 de abril
de 2005,

DECRETA:

Artículo 3º. Modificado Decreto 2999 de 2005, artículo 1º. Normas aplicables
a las entidades administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor. Las
entidades autorizadas para administrar Sistemas de Pago de Bajo Valor deberán dar
cumplimiento, en lo pertinente, a las disposiciones aplicables a las compañías de
financiamiento comercial, en especial, a los Capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, X,
XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX y XXI de la Parte Tercera, la Parte Undécima y el
artículo 326 numeral 2 literal i) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No será
aplicable a las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor lo
dispuesto en el artículo 71 numeral 1 y el artículo 80 del referido Estatuto, en materia
de capital mínimo. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia Bancaria podrá
ejercer las facultades de vigilancia e inspección que considere oportunas en el marco
de las facultades dadas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

[…]

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, las
funciones en materia de control a las prácticas comerciales restrictivas de la
competencia frente a los administradores de sistemas de pago de bajo valor
que procesen órdenes de transferencia o recaudo, incluyendo aquellas
derivadas de la utilización de tarjetas crédito y/o débito, continuarán siendo
ejercidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con
las atribuciones conferidas por el Decreto 2153 de 1992, y demás normas
que le sean concordantes o modificatorias […]”

I.1.2. Fundamentos de hecho

La demandante refirió que el numeral 7º del artículo 150 de la
Constitución Política establece que le corresponde al Congreso de la
República determinar la estructura de la administración nacional, crear,
suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos y
superintendencias, entre otras entidades del orden nacional. Por su parte,
el numeral 8º del mismo artículo señala que le corresponde al Congreso
expedir las normas que debe observar el Gobierno Nacional en el ejercicio
de las funciones constitucionales de inspección y vigilancia. Así mismo, el
literal d) del numeral 19 del artículo 150 indica como función del Congreso
dictar los lineamientos generales a los cuales ha de sujetarse el Gobierno
Nacional para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y

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“cualquiera otra relacionada con el manejo, inversión y aprovechamiento
de recursos públicos”2. Indicó que, con fundamento en dichas
atribuciones, el Congreso expidió la Ley 35 de 19933, mediante la cual
“otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para incorporar
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones
dispuestas por ésta y determinó claramente los parámetros a los cuales
habría de sujetarse el Gobierno para ejercer la intervención, la inspección,
vigilancia y control de ese sector”4.

Agregó que el numeral 11 del artículo 189 constitucional se refiere a la
potestad reglamentaria del Presidente de la República, la cual ejercerá a
través de la expedición de decretos, resoluciones y órdenes. El numeral
24 del mismo artículo prescribe que le corresponde al Presidente ejercer,
de acuerdo con la ley, el control, la inspección y vigilancia sobre las
personas que realicen actividades financiera, bursátil o aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público. Por su parte, el numeral 25 señala que al
Presidente le corresponde organizar el crédito público y ejercer la
intervención respecto de esas mismas actividades.

En consonancia con lo anterior, manifestó que el literal d) del artículo 46
del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –
EOSF, prescribe que al Gobierno Nacional le corresponde ejercer la
intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y demás
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados del público con miras a que las operaciones de las entidades
correspondientes se realicen en condiciones adecuadas de seguridad y
transparencia. Para ello, el artículo 48 ibídem señala cuáles son los

2
Folio 54 del expediente.
3
“Por la cual se dictan normas generales se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del
público y se dictan otras disposiciones materia financiera y aseguradora”.
4
Folio 55 del expediente.

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instrumentos de intervención con los que cuenta el Gobierno Nacional;
entre ellos, en el literal j), modificado por el artículo 6º de la Ley 795 de
2003, se establece la función de regular los sistemas de pago y
actividades relacionadas con este servicio, que no sean competencia del
Banco de la República. Esta función deberá ejercerse previo concepto de
la Junta Directiva de esa entidad, con el fin de que ese organismo pueda
pronunciarse sobre la incidencia de la regulación así expedida en las
políticas a su cargo.

Refirió que el parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del EOSF, al
establecer cuáles son las entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), determinó que,
conforme a los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional a través
de normas de carácter general, podrán ser sometidos a la inspección,
vigilancia y control de esta institución las entidades que administren los
sistemas de tarjetas de crédito o débito y las que administren sistemas
de pagos y compensación, a las que se les aplicarán las normas relativas
a las compañías de financiamiento comercial en lo que resulte compatible
con su naturaleza.

Relató que, en mayo de 2005, previo concepto favorable de la Junta
Directiva del Banco de la República, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Reglamentario 1400 de 2005, “Por el cual se someten a
inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de
pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se
reglamentó el parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del EOSF. La
demandante afirmó que el Decreto 1400 determinó cuales son las normas
aplicables a las administradoras del sistema, especificó cuáles son las
reglas para la obtención del certificado de autorización y funcionamiento
de éstas, el reglamento que han de adoptar, los deberes de suministro de
información, así como las facultades de la Superintendencia y las
contribuciones a las que están obligadas.

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En el artículo 3º del Decreto 1400 de 2005, se señalaron las normas
aplicables a las administradoras de sistemas de pago de bajo valor, y se
especificó que les serán aplicables las normas pertinentes de las
compañías de financiamiento comercial, en especial los capítulos I, II, III,
IV, V, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX y XXI de la parte tercera,
la parte undécima y el articulo 326 numeral 2º literal I) del EOSF. A juicio
de la demandante, según la anterior previsión, “en materia de normas
relativas a la competencia y de protección al consumidor le serian
aplicables las disposiciones del capítulo XIV del EOSF, las que facultan a
la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, para
evitar la competencia desleal y promover la protección del consumidor”5.

Ahora bien, afirmó que el 30 de agosto de 2005, previo concepto favorable
de la Junta Directiva del Banco de la República, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 2999 de 2005, “Por el cual se modifica el artículo 3º
del Decreto 1400”, en el sentido de incorporar a dicha disposición un
parágrafo adicional en el que se estableció que, sin perjuicio de las
funciones de vigilancia, inspección y control en cabeza de la
Superintendencia Financiera, las funciones en materia de control de
prácticas comerciales restrictivas de la competencia frente a los
administradores de sistemas de pago de bajo valor que procesen ordenes
de transferencia o recaudo, incluyendo aquellas derivadas de la utilización
de tarjetas de crédito y/o débito, serían ejercidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio, en los términos del Decreto 2153 de 19926 y
demás normas aplicables.

Concluyó relatando que, en enero 11 de 2006, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 34 de 2006, “Por el cual se modifica el literal n) del
artículo 1º del Decreto 1400 de 2005”, a través del cual adicionó la
definición de los llamados sistemas de pago. Conforme a dicha adición,

5
Folio 57 del expediente.
6
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”.

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un sistema de pago será considerado como tal cuando actúen en calidad
de participantes tres o más instituciones que podrán ser vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, o cooperativas de ahorro y
crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria,
inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas-
FOGACOOP.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora adujo que el acto acusado contrarió diversas normas superiores
en las que debía fundarse y citó como vulneradas las siguientes7:

• Constitución Política, artículo 150 numerales 7, 8, 19 literal d),
artículo 189 numerales 10, 11, 16, 24 y 25, y artículo 333.

• Ley 35 de 1993, artículo 1º literales b), d), e), i), así como los
artículos 10 y 36.

• Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –
EOSF, artículo 46 literales b), d), e) y h), artículo 48, numeral 1,
literales f) y j), así como los artículos 98, 325 y 326.

• Ley 489 de 1998, artículos 6, 43 y 44.

• Decreto 2153 de 1992, artículo 2º, numeral 1º.

Los argumentos que desarrollan el concepto de la violación de las normas
invocadas por la demandante pueden sintetizarse y agruparse en la forma
que se expone a continuación:

a) Violación del artículo 333, del artículo 150 numerales 7, 8
y 19 literal d) y del artículo 189, numerales 10, 11, 16, 24 y
25 de la Constitución Política.

La parte actora explicó que, conforme el artículo 333 de la Constitución
Política que establece la libertad económica y la libre competencia, existe

7
En el acápite de fundamentos de derecho de la demanda se relacionó igualmente como una de las normas
infringidas el artículo 1º del Decreto 2359 de 1993, bajo el supuesto de que “el Honorable Consejo de Estado
considere que este decreto podía sustituir el numeral 1º del artículo 325 del Decreto Extraordinario 663 de
1993 – EOSF”. Sin embargo, no se explicó el concepto de la violación de dicha disposición.

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una concepción multidimensional de la competencia que comprende a
todos los sujetos económicos que participan en el mercado y se proyecta
sobre comerciantes, empresarios, consumidores y sobre la existencia
misma de la empresa. En ese orden de ideas, el derecho a la competencia
es un límite que se impone a la libertad económica, motivo por el cual los
participantes en el mercado no pueden actuar de forma arbitraria, sino
que deben tener en cuenta los principios y las normas establecidas por el
legislador. Así, explicó que el régimen de competencia está integrado por
tres categorías de normas: i) aquellas relacionadas con la promoción de
la competencia en el mercado; ii) las relativas a las prácticas comerciales
restrictivas, que prohíben y sancionan conductas que alteren el libre
desenvolvimiento en el mercado, y iii) las normas de competencia desleal,
que garantizan el seguimiento de sanas costumbres mercantiles por
partes de quienes ya se encuentran en el mercado. Precisó que dichas
categorías integran lo que se entiende por derecho de la competencia y
que las autoridades titulares de potestades en esa materia pueden variar
dependiendo del sector de la economía de que se trate, pues existen
regímenes específicos aplicables a servicios públicos, al sector salud, al
sector financiero y al asegurador.

Refirió que el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política
determina que el Congreso de la República, a través de la Ley, debe definir
la estructura de la administración nacional, sus objetivos y estructura
orgánica, mientras que el numeral 8º le otorga al Congreso la facultad de
expedir las normas a las que deberá sujetarse el Gobierno para el ejercicio
de las funciones de inspección y vigilancia.

De otra parte, destacó que la Constitución de 1991 no definió en qué
consisten las actividades financiera, bursátil y aseguradora; sin embargo,
su artículo 150, numeral 19, literal d), determinó que corresponde al
Congreso de la República expedir el marco para la regulación de dichas
actividades y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento

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e inversión de los recursos captados del público. A su turno, el numeral
24 del artículo 189 ibídem, repitió la fórmula al determinar que
corresponde al Presidente de la República ejercer control y vigilancia
“sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
o inversión de recursos captados del público”. En criterio de la
demandante, de lo anterior se colige que la actividad financiera, bursátil
y aseguradora se relaciona con el manejo, aprovechamiento o inversión
de recursos captados del público.

En consideración a lo anterior, afirmó que la distribución de funciones y
facultades entre los organismos que componen el Estado no puede
hacerse a través de decreto reglamentario, como a su juicio sucedió con
la norma demandada, sino que debe realizarse a través de normas de
rango legal, en cumplimiento de los mandatos constitucionales invocados
como transgredidos. En ese orden de ideas, afirmó que el Presidente de
la República excedió su potestad reglamentaria al radicar en la
Superintendencia de Industria y Comercio las funciones de control sobre
las prácticas restrictivas de la competencia vía decreto reglamentario. En
el mismo sentido, afirmó que la norma demandada es ilegal en la medida
que, a través de un decreto reglamentario, se desconoció el tenor literal
de la ley y las atribuciones especiales asignadas a la Superintendencia
Financiera por las normas contenidas en el Decreto Extraordinario 663 de
1993, que son aplicables a los sistemas de pago de bajo valor.

b) Violación de los artículos 1, literales b), d), e), i), 10 y 36
de la Ley 35 de 1993 y artículo 72 de la Ley 795 de 2003

La demandante manifestó que la Ley 35 de 1993 fijó los criterios que
debía seguir el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera,
bursátil y aseguradora y afirmó que dichos lineamientos de rango legal
fueron vulnerados por la norma demandada, en la medida en que
desconoció la conformación lógica del sistema financiero, bursátil y

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asegurador. Así, señaló que en el artículo 1º, literales b), d), e), i) de la
referida Ley, se determinaron como objetivos de la intervención del
Gobierno Nacional en esa materia la protección de los intereses de los
usuarios en los servicios ofrecidos, la garantía de seguridad y
transparencia en las operaciones de esas entidades y la promoción de la
libre competencia y la eficiencia para desarrollar el objeto de sus
actividades8.

Manifestó que el artículo 10 ibídem dispuso que el Presidente de la
República, a través de la Superintendencia Financiera, y dentro de sus
respectivas competencias, ejercería la inspección, vigilancia y control de
los recursos captados del público. La norma precisó igualmente cuáles
organismos conforman el sistema y cuáles estarían sujetos de manera
excepcional a la inspección y vigilancia de otras entidades del Estado,
distintas a la Superintendencia Financiera, en los siguientes términos:

“[…] Los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero
continuarán bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. El
control de las demás cooperativas de ahorro y crédito, de primer grado
continuará a cargo del Departamento Administrativo de Cooperativas,
DANCOOP.

A partir del 1º de febrero de 1993, corresponderá al Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas, la inspección y vigilancia de los
fondos mutuos de inversión que no sean administrados por sociedades
fiduciarias, de acuerdo con las normas que para el efecto establezca el
Gobierno Nacional. Los que sean administrados por dichas sociedades no
quedarán sometidos a control permanente del Estado. El reconocimiento de
la personería jurídica de los Fondos Mutuos de Inversión que se constituyan
a partir de la vigencia de esta ley se producirá con la simple inscripción del
acta orgánica de su constitución en el Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales. No
obstante, los que hayan iniciado su trámite de constitución a la fecha de
vigencia de la presente Ley continuarán rigiéndose, para estos efectos, por
las normas anteriores […]”

Sostuvo que las excepciones referidas a las cooperativas de ahorro y
crédito y los fondos mutuos de inversión se encuentran contenidas en
disposiciones de rango legal. En esa medida, las excepciones a la

8
Folio 77 del expediente.

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inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera no
pueden ser modificadas vía decreto, so pena de incurrir en una manifiesta
violación de las normas legales invocadas, tal como ocurrió con la
expedición del parágrafo 2º del artículo 3º del Decreto 1400 de 2005
demandado. A su juicio, salvo las excepciones mencionadas, todas las
demás entidades que manejen, aprovechen o inviertan recursos del
público deben estar bajo el control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera.

Así mismo, resaltó que el artículo 36 de la Ley 35 de 1993 “ordenó que
las normas vigentes sobre regulación del sector financiero expedidas por
le Gobierno Nacional a través de reglamentos constitucionales autónomos
con anterioridad a la vigencia de esta ley y que se refieran a aspectos que
no se encuentren dentro de las funciones de regulación aquí previstas solo
podrán ser modificadas por ley en el futuro, y otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno Nacional para incorporar en el EOSF las
modificaciones dispuestas por esta”9.

Explicó que la necesidad legal de someter a inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia Financiera a las entidades que administran los
sistemas de pago de bajo valor tiene su justificación en la medida en que
éstas prestan la infraestructura necesaria para el correcto
desenvolvimiento del sistema financiero, bursátil y asegurador, motivo
por el cual cada uno de los aspectos de su regulación tiene una fuerte
incidencia en la estabilidad de éste y en la protección de sus usuarios.

Conforme a lo anterior, indicó que el artículo 72 de la Ley 795 de 2003 le
dio la posibilidad al Gobierno Nacional de someter a las administradoras
del sistema de pago de bajo valor a la inspección, vigilancia y control del
ejecutivo, bajo dos condiciones, a saber: 1) que la entidad encargada de
esas funciones fuera la Superintendencia Financiera de Colombia, y 2)

9
Ibídem.

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que a las entidades que administren los sistemas de tarjetas de crédito o
débito, así como las que administren sistemas de pagos y compensación,
se les apliquen las normas relativas a las compañías de financiamiento
comercial en lo que resulte pertinente. Ahora bien, a juicio de la actora,
“es evidente que el control, la vigilancia y el control de estas entidades
tiene como una de sus manifestaciones la supervisión de las prácticas
comerciales restrictivas que puedan desplegar las mismas y que la norma
demandada viola manifiestamente esta previsión legal al pretender
entregarle esa función a una Superintendencia que no la tiene asignada
[…]”10.

En ese orden, afirmó que la norma acusada violó los artículos 10 de la Ley
35 de 1993 y 72 de la Ley 795 de 2003, por cuanto desarticuló el sistema
financiero, bursátil y asegurador, en la medida en que deshizo el principio
de coordinación que debe existir en el ejercicio de las funciones de las
autoridades administrativas, la orientación y la coordinación sectorial. Así
mismo, adujo que se desconoció “el artículo 1º del decreto 2359 de 199311

10
Folio 72 del expediente.
11
“Artículo 1° Naturaleza y objetivos de la Superintendencia Bancaria. 1.
Naturaleza y objetivos. La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en su calidad de
autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora, tiene a su cargo el
cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Asegurar la confianza pública en el sistema
financiero y velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez
económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones. b)
Supervisar de manera Integral la actividad de las entidades sometidas a su control y
vigilancia no sólo respecto del cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo
financiero, sino también en relación con las disposiciones de tipo cambiario. c)
Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y
vigilancia con el objeto de velar por la adecuada prestación del servicio financiero, esto
es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.
d) Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades
exclusivas de las entidades vigiladas. e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la
pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y, particularmente, el
de terceros de buena fe. f) Supervisar en forma comprensiva y consolidada el
cumplimiento de los mecanismos de regulación prudencial que deban operar sobre tales
bases, en particular respecto de las filiales en el exterior de los establecimientos de
crédito. g) Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y vigilancia se
dé la atención adecuada al control del cumplimiento de las normas que dicte la Junta
Directiva del Banco de la República. h) Velar porque las entidades sometidas a su
supervisión no incurran en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y
desarrollen su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. i)
Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que las instituciones

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y el 35 de la Ley 510 de 199912 al desnaturalizar los objetivos de la
Superintendencia Financiera”13.

c) Violación del artículo 2 numeral 1 del Decreto 2153 de 1992

Sostuvo que la disposición acusada vulneró el numeral 1º del artículo 2º
del Decreto 2153 de 1992, en la medida en que a la Superintendencia de
Industria y Comercio se le asignó la función de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas, sin perjuicio de las competencias asignadas por
las normas vigentes a otras autoridades. En ese orden, considera que, al
existir normas específicas para el sector financiero, bursátil y asegurador
que asignan esa competencia a la Superintendencia Financiera, la
Superintendencia de Industria y Comercio no tiene vocación legal para
ejercer la vigilancia sobre los casos atinentes a esa materia, en ese ámbito
del mercado. Al respecto, refirió que los artículos 98, 325 y 326 del EOSF
desarrollan específicamente la facultad de la Superintendencia Financiera
para evitar las prácticas restrictivas del mercado, en los términos en que
se explica a continuación.

d) Violación de los artículos 46, literales b), d), e) y h); 47,
48 numeral 1, literales f) y j); 98, 325 y 326 del Decreto
Extraordinario 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero

La demandante sostuvo que en el artículo 46 del EOSF, literales b), d), e)
y h), se determinó que los objetivos de la intervención del Gobierno
Nacional en el sector se encuentran referidos a que las operaciones de las
entidades objeto de dicha medida se realicen en adecuadas condiciones

vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución de las sanas prácticas y desarrollos
tecnológicos que aseguren un desarrollo adecuado de las mismas.”
12
“ARTICULO 35. El inciso primero del numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, quedará así: 1. Naturaleza y objetivos. La Superintendencia Bancaria es un
organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente
de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad
financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos:”
13
Folio 68 del expediente.

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de seguridad y transparencia, además de la promoción de la libre
competencia y su eficiencia, sin dejar de lado los parámetros dictados por
los objetivos de las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y económica
general (artículo 47 EOSF). Añadió que en el artículo 48, literales f) y j)
del EOSF, se fijaron los instrumentos de intervención del Gobierno
Nacional, entre los cuales se encuentra la regulación de los sistemas de
pago y las actividades vinculadas con este servicio que no sean
competencia del Banco de la República14.

Arguyó que la norma acusada desconoció los artículos 46, 47 y 48 en la
medida en que el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria y
con ello puso en peligro los objetivos que ha de cumplir con su
intervención en el Sistema Financiero, por cuanto la disposición acusada
no tutela los intereses de los usuarios, no promueve la transparencia y la
seguridad del mercado ni la libre competencia, al desarticular la
inspección, vigilancia y control al que están sometidas unas entidades que
hacen parte activa del mercado financiero. Esto conlleva a que la
coordinación de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, y de la
política económica en general, sea vulnerada, ya que, al entregar una
función propia de la Superintendencia Financiera a otra entidad, se pone
en riesgo la coherencia del sistema y se expone a que las funciones de
cada organismo entren en contradicción.

Por otra parte, refirió que el artículo 325, numeral 2º, parágrafo 1º, del
EOSF indicó que “podrán ser sometidas a la vigilancia de la […]
Superintendencia Financiera, las entidades que administren los sistemas
de tarjetas de crédito o de débito, así como las que administren sistemas
de pago y compensación”. En este punto, destacó que la facultad asignada
no puede considerarse una autorización abierta, ya que “la norma legal
expresó de manera contundente que si el Gobierno decidía someter a las
entidades administradoras de los sistemas de pago, entre otras, a la

14
Folio 78 del expediente.

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inspección, vigilancia y control, este sometimiento solo podría darse a
través de la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera […]”15.

Del mismo modo, aseveró que la norma desconoce el artículo 98 del EOSF
que otorga a la Superintendencia Financiera la función de evitar y
sancionar las prácticas restrictivas de las entidades del sistema financiero,
bursátil y asegurador, y de igual forma transgrede las facultades con las
que cuenta dicha entidad para la promoción de la competencia, asignadas
en el artículo 326 del mismo EOSF. Sobre esta última norma, destacó que
en ella se autoriza a la Superintendencia Financiera para imponer medidas
cautelares o definitivas para que los representantes legales de las
entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia se abstengan de
realizar prácticas que restrinjan o impidan la libre competencia en el
mercado.

e) Violación de los artículos 6, 43 y 44 de la Ley 489 de 1998

La actora aseveró que la modificación introducida por el Decreto 2999 de
2005 al Decreto 1400 del mismo año, en el sentido de desmembrar las
funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia
Financiera sobre las administradoras de los sistemas de pago de bajo
valor y otorgarle facultades en materia de prácticas restrictivas del
mercado a la Superintendencia de Industria y Comercio, viola el artículo
6º de la Ley 489 de 1998 que consagra el principio de coordinación,
conforme el cual, “las autoridades administrativas deben garantizar la
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales […]”16.

Igualmente, reprochó que se vulneraron los artículos 43 y 44 de la Ley
489 de 1998, por cuanto la normativa acusada atenta contra la lógica del
sistema administrativo, “ya que vulnera la coordinación que ha de existir

15
Ibídem.
16
Folio 86 del expediente.

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entre los órganos de la Administración y desvirtúa la coordinación y
orientación sectorial al entregarle a otro Ministro, en este caso al
encargado del Despacho del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
una facultad que incide en las entidades vigiladas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público”17.

I.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio intervino en calidad de
directa interesada en las resultas del presente trámite y solicitó denegar
las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que los
argumentos de la actora parten de una interpretación errada de las
normas que invoca como violadas, al punto en el que su tesis contraviene
el tenor literal de aquéllas. En ese sentido, afirmó que lo que en realidad
se deduce del artículo 98 del EOSF, por un lado, es que las normas sobre
la competencia son aplicables al sistema financiero y asegurador, ya que
se prohíben los acuerdos y prácticas que directa o indirectamente
impidan, restrinjan o falseen la libre competencia en ese mercado. De
otra parte, del citado artículo se desprende que la Superintendencia
Financiera tiene ciertas facultades para ordenar la suspensión de las
conductas que, ocurridas dentro de las operaciones propias del sistema
financiero, den lugar a la violación de dicho régimen.

Así mismo, indicó que, de la lectura del numeral 2º del artículo 325 del
EOSF, se puede entender que en él se “da una enumeración taxativa pero
no exclusiva de las entidades que son vigiladas por la Superintendencia
Financiera”18, pues señala que le corresponde a dicha entidad la vigilancia
e inspección de las entidades establecidas en el numeral 2º de forma

17
Ibídem.
18
Folio 130 del expediente.

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taxativa19 y las personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la
Ley le atribuye la vigilancia, por ejemplo, el Instituto de Fomento
Industrial, el Fondo para el Fomento Agropecuario – FINAGRO, las
sociedades de servicios técnicos y administrativos y la Financiera de
Desarrollo Territorial - FINDETER. Así, afirmó que el legislador no
estableció que la vigilancia de las administradoras de pagos de bajo valor
se efectúe solamente a través de la Superintendencia Financiera. Indicó
que, por el contrario, el parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del
EOSF señaló que, a discreción del Gobierno Nacional, y según éste lo
establezca a través de normas de carácter general, podrían ser sometidas
a vigilancia de la Superintendencia Financiera las entidades que
administran los sistemas de tarjetas de crédito o débito y las que
administren sistemas de pagos y compensación.

Destacó que, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política,
“corresponde al Gobierno Nacional ejercer la intervención en las
actividades financiera, aseguradora y bursátil y demás actividades
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados del público, de conformidad con la ley”20. A su turno, en el literal
j) del artículo 48 del EOSF, modificado por el artículo 6º de la Ley 795 de
2003, el legislador estableció de manera expresa la facultad del Gobierno

19
La SIC identificó como tales las siguientes: “Establecimientos bancarios, corporaciones
financieras, compañías de financiamiento comercial*, sociedades fiduciarias, almacenes
generales de depósito, organismos cooperativos de grado superior de carácter
financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades
administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social
administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, entidades
descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las
actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema
financiero autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.,
Findeter, compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro,
sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir los
riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo, corredores
de seguros y de reaseguros, oficinas de representación de organismos financieros y de
reaseguradores del exterior, el Banco de la República, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, el Fondo Nacional de Garantías S.A., Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo, Fonade, y las casas de cambio” (Folio 130 del cuaderno
principal).
20
Folio 131 del expediente.

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17

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para regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este
servicio que no sean competencia del Banco de la República. Conforme a
lo anterior, afirmó que, al expedir el Decreto 1400 de 2005, modificado
por el Decreto 2999 de 2005, el Gobierno Nacional simplemente ejerció
las facultades establecidas en la Constitución dentro del marco señalado
por la ley.

Añadió que nada impide que la Superintendencia de Industria y Comercio
ejerza control y vigilancia del cumplimiento de las normas de competencia
frente a las administradoras de sistemas de pago de bajo valor, pues dicha
entidad goza de la cláusula general de competencia en esa materia,
conforme le fue atribuida mediante el Decreto 2153 de 1992. Al respecto,
destacó que dicha reglamentación, al haber sido expedida con
fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución, “se trata de
decretos con fuerza de ley, de naturaleza especial’, regulados por un
régimen propio previsto en la citada norma constitucional”21. En ese
sentido, señaló que, conforme el numeral 1º del artículo 2º del citado
Decreto 2153, la SIC ejerce esta función frente a las entidades
administradoras de sistemas de pago de bajo valor, en virtud de la
cláusula general de competencia, así como respecto de las sociedades que
antes estaban sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la
Superintendencia de Valores.

De otro lado, reprochó que la actora asume equivocadamente que el
régimen general de la libre competencia tiene una naturaleza propia que
lo distingue y hace incompatible con las actividades del sector financiero,
y resaltó que dicha tesis desborda la naturaleza de orden público de las
normas que justifican la intervención administrativa en la actividad
económica y el marco regulatorio del sector financiero. Al respecto,
explicó que la norma acusada fue expedida con sustento en las facultades
de regulación de los sistemas de pago atribuidas por la Constitución y la

21
Folio 132 del expediente.

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18

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Ley al Gobierno Nacional y que se justifica en el ámbito funcional de la
Superintendencia de Industria y Comercio el cual, al referirse a la
promoción de la competencia en los mercados nacionales, no excluye ni
se torna incompatible con el sistema financiero. Además, destacó que la
administradora de sistemas de pago de bajo valor no son entidades
financieras ni aseguradoras, pues en realidad son proveedores de
infraestructura a través de las cuales se efectúan transacciones entre
entidades financieras.

Finalmente señaló que la vigilancia a cargo de la SIC responde a los
cambios experimentados en los medios de pago y a su innegable relación
e incidencia con los demás sectores de la economía, así como a los
criterios de política definidos por el Gobierno Nacional, en el marco de sus
funciones y previo concepto del Banco de la República, los cuales
coinciden con las tendencias y recomendaciones mundiales en la materia.

I.2.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La entidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes razones:

En primer lugar, precisó que la solicitud de nulidad del parágrafo 2º del
artículo 3º del Decreto 1400 de 2005, adicionado por el artículo 1º del
Decreto 2999 de 2005, se sustenta en que, a juicio de la demandante, la
disposición allí contenida debió ser adoptada mediante Ley, pues implica
modificación de algunas normas del EOSF. Al respecto, manifestó que la
tesis de la demandante pasa por alto las facultades que la Constitución y
la Ley (EOSF) le otorgan al Presidente de la República para emitir la norma
acusada. En particular, refirió que el parágrafo 1º del numeral 2º del
artículo 325 del EOSF, establece que la regulación de las entidades que
administren los sistemas de tarjetas de crédito o de débito, así como de
las que administren sistemas de pago y compensación, corresponde al

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Presidente, sin perjuicio de las reglas generales señaladas por el legislador
y que deben ser desarrolladas por el Gobierno.

Afirmó que la atribución de competencias regulatorias, prevista en el
artículo 72 de la Ley 795 de 2003, es “la regla general en relación con la
regulación del sistema financiero, el cual se encuentra normalmente
regulado por medio de una ley marco que es desarrollada por medio de
facultades específicas y muy amplias atribuidas al Presidente en el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución”22.

Sostuvo que el numeral 17 del artículo 189 de la Constitución establece
clara e inequívocamente que corresponde al Presidente de la República,
en forma autónoma y permanente, distribuir los negocios entre las
diferentes entidades, sin que dicha norma establezca condición o
limitación alguna. Por tal razón, ante la existencia de la facultad en cabeza
del Gobierno, afirmó que no es de recibo el reproche de la demandante
que afirma que la facultad de asignar a determinada entidad la atención
de un asunto particular es exclusiva del legislador.

Así mismo, refirió que la Constitución, al establecer las competencias de
los órganos del Estado en relación con la regulación de la actividad
financiera, determinó como función del Congreso la de expedir la Ley
marco en ese asunto, en la que se señalan los principios y objetivos de la
regulación del sistema. Por su parte, fijó como función del Gobierno
expedir la regulación específica por medio de decretos de intervención a
los que se refiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política.

Conforme a lo anterior, afirmó que la norma acusada no puede
considerarse contraria a la ley en razón a que justamente fue expedida
en ejercicio de la función regulatoria y reglamentaria atribuida por la
Constitución y la Ley al Presidente de la República, especialmente frente
al contenido del parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del EOSF.

22
Folio 190 del expediente.

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20

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I.3. TRÁMITE PROCESAL

I.3.1. Mediante auto de 2 de julio de 2010 el despacho sustanciador abrió
a pruebas el proceso y decretó como tales las documentales aportadas
por las partes23, así como los oficios dirigidos al Banco de la República, a
la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia
Financiera, conforme fueron solicitados en la demanda.

I.3.1.1. En cumplimiento de lo ordenado, el Banco de la República remitió
copia del acta 4386, correspondiente a la sesión celebrada el 22 de abril
de 2005, en la cual la Junta Directiva decidió dar concepto favorable al
proyecto de decreto que regula el funcionamiento de los sistemas de pago
de bajo valor en Colombia24, junto con el documento denominado
“Comentarios sobre el proyecto de “decreto sistemas de pago de bajo
valor” presentado por el Ministerio de Hacienda a consideración de la
Junta Directiva”, preparado por la Gerencia Ejecutiva y la Subgerencia de
Operación Bancaria. Así mismo, allegó copia del acta 4390 de 22 de julio
de 2005, en la que consta que la Junta Directiva del Banco de la República
dio concepto favorable sobre el proyecto de decreto que modifica el
artículo 3º del Decreto 1400 de 200525, así como el memorando remitido
para tal efecto por el secretario de la Junta Directiva a dicho órgano.

I.3.1.2. La Superintendencia Financiera aportó copia del concepto núm.
2001034003-1 de 13 de agosto de 2001, remitido en respuesta a la
consulta formulada por un ciudadano respecto a si la Superintendencia
Bancaria (así denominada en esa época) es competente para investigar y
sancionar a las entidades que vigila, por incurrir en prácticas comerciales
restrictivas y actos de competencia desleal, para objetar procesos de
fusión o integración empresarial adelantados por las entidades vigiladas
cuando afecten la competencia en el sistema financiero y si alguna de

23
Correspondientes a los diarios oficiales números 45.900 de 6 de mayo de 2005 y
46.017 de 31 de agosto de 2005.
24
Folios 251 y 252 del expediente.
25
Folio 269 del expediente.

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21

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dichas facultades se encuentra en discusión con la Superintendencia de
Industria y Comercio26.

I.3.1.3. En respuesta a la solicitud de remisión de copia de los conceptos
02039785 de 26 de junio de 2002 y 02072318 de 30 de agosto de 2002,
la Superintendencia de Industria y Comercio informó que “los conceptos
pertenecientes a estas fechas ya fueron eliminados de acuerdo a (sic) la
tabla de retención documental”27.

I.3.2. A través de auto de 26 de noviembre de 2012 el despacho
sustanciador corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión 28.

La demandante presentó recurso de reposición en contra de la anterior
providencia, aduciendo que el despacho no tuvo en cuenta el memorial
previamente presentado en el que manifestó su inconformidad con la
respuesta otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Mediante auto de 11 de diciembre de 2014 el despacho repuso el auto
recurrido y, en su lugar, ordenó poner a disposición de la
Superintendencia de Industria y Comercio los documentos aportados por
la actora como anexos del recurso de reposición, con el fin de que
certificara su autenticidad. A continuación, mediante memorial radicado
el 11 de mayo de 201529, la Superintendencia de Industria y Comercio
manifestó que, conforme consta en el Acta del Comité de Archivo núm.
34 del 21 de enero de 2011, el concepto jurídico núm. 02-72318 fue
eliminado conforme a las normas de conservación documental, razón por
la que no fue posible su autenticación.

26
Folios 278 a 285 del expediente.
27
Folio 28 del expediente.
28
En cumplimiento de lo ordenado en esta providencia, la Procuraduría Delegada para
la Conciliación Administrativa rindió su concepto a través de alegato núm. 023 de 31 de
enero de 2013. Sin embargo, esta intervención quedó sin efectos en virtud de lo
ordenado mediante auto de 11 de diciembre de 2014.
29
Folio 340 del expediente.

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22

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I.3.3. Mediante auto de 25 de agosto de 2015 el despacho sustanciador
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente,
rindiera concepto.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO

I.4.1. La parte demandante puso de presente que el parágrafo 2º del
artículo 3º del Decreto Reglamentario 1400 de 2005 fue derogado
expresamente por el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Con
todo, trajo a colación la jurisprudencia de esta Sección que admite la
posibilidad de ejercer el control de juridicidad sobre normas que han sido
derogadas y, con fundamento en ello, solicitó que se emita el respectivo
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos como fundamento de
la solicitud de nulidad de la citada norma. En lo demás, reiteró las razones
expuestas en el escrito de demanda por las cuales considera que se debe
acceder a sus pretensiones30.

I.4.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que
reiteraba en su integridad los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda31.

I.4.3. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
ante esta Sección rindió concepto32 en el que afirmó que, en
consideración a las competencias asignadas a través del artículo 189
numeral 24 de la Constitución, del artículo 13 de la Ley 489 de 1998 y del
artículo 325 del EOSF, el Presidente de la República ejerció en debida
forma su facultad reglamentaria al asignar la competencia de inspección,
vigilancia y control de las prácticas comerciales restrictivas de la

30
Folio 359 al 376 del expediente.
31
Folio 378 del expediente.
32
Folios 382 a 394 del expediente.

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competencia frente a los administradores del sistema de pago de bajo
valor que procesen órdenes de transferencia o recaudo en cabeza de la
Superintendencia de Industria y Comercio, de manera que el acto acusado
estuvo ajustado a derecho.

Señaló que no se evidencia que el legislador haya atribuido a la
Superintendencia Financiera la competencia para desarrollar funciones de
inspección y vigilancia sobre las entidades que administran los sistemas
de tarjetas de crédito o débito ni de las que administran sistemas de pagos
y compensación. Ello, por cuanto, en el parágrafo 1º del numeral 2º del
artículo 325 del EOSF, se otorgó al Gobierno Nacional la facultad
discrecional de determinar en cabeza de cuál entidad designaría dicha
función. En ese orden de ideas, solo podría afirmarse que tal competencia
integraría el complejo funcional de la Superintendencia Financiera en la
medida en que existiera un acto de carácter general del Gobierno que así
lo dispusiera. Así mismo, afirmó que la Superintendencia de Industria y
Comercio no perdió competencia para ejercer la inspección y vigilancia
sobre las administradoras de sistemas de pago de bajo valor, toda vez
que el Gobierno Nacional resolvió no otorgarle dicha función a la
Superintendencia Financiera.

Por otra parte, explicó que el legislador, teniendo en cuenta la
especialidad de los temas económicos, ha establecido regímenes
específicos aplicables a los diferentes servicios como el sector financiero
y asegurador, los cuales incluyen los aspectos relativos al control,
inspección y vigilancia por parte de las entidades. Sin embargo, lo anterior
no significa que la competencia funcional recaiga en una sola entidad,
puesto que, si bien es cierto que existen unas disposiciones encaminadas
a asegurar la funcionalidad financiera del sector, y que en principio se
había establecido esta función en cabeza de la Superintendencia
Financiera, con la expedición del Decreto 2153 de 1992 se determinó que
la competencia relativa a prácticas comerciales restrictivas seguiría siendo

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ejercida por la Superintendencia de Industria y Comercio. En esa medida,
es claro que la norma demandada solamente reiteró la asignación de dicha
competencia en cabeza de la SIC, de manera que no se vulneró el ámbito
competencial, como lo afirma la demandante.

Finalmente, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio es la
entidad facultada por la ley para adelantar las investigaciones
administrativas dirigidas a establecer si los establecimientos bancarios
incurren o no en violaciones a las normas sobre libre competencia “porque
el decreto demandado adoptó un criterio material distinto al orgánico que
estaba atribuido a la Superintendencia Financiera”33. En ese orden de
ideas, señaló que la norma acusada no está viciada de nulidad y que por
tal razón no se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

I.4.4. La Superintendencia de Industria y Comercio no intervino en esta
etapa del proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 128 del Código
Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 198434 y 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto.

33
Folio 394 del expediente.
34
“Artículo 128 CCA. EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional
expedidos en cualquiera de las ramas del poder público, por la Procuraduría General de
la Nación, por la Contraloría General de la República, por el Consejo Nacional del Estado
Civil, y por las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas (…)”

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II.2. Cuestiones previas

II.2.1. Impedimento del consejero de Estado Roberto Augusto
Serrato Valdés

A través de auto de 25 de febrero de 201635 el despacho sustanciador
declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado
Roberto Augusto Serrato Valdés, por estar incurso en la causal prevista
en el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., toda vez que emitió concepto
de fondo en el presente asunto en su entonces calidad de Procurador
Delegado para la Conciliación Administrativa. En consecuencia, fue
separado del conocimiento y decisión de este proceso.

II.2.2. Control de legalidad respecto de un acto derogado

Advierte la Sala que el Decreto 1400 de 4 de mayo de 2005, acto
parcialmente demandado, fue derogado de manera expresa por el artículo
12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 15 de julio de 2010, “por el cual se
recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero,
asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”36.
No obstante, esta circunstancia no incide en la decisión que corresponde
adoptar en esta actuación pues, tal como lo ha venido sosteniendo esta
corporación37, el hecho de que el acto acusado haya sido derogado o
subrogado por un acto posterior, no implica pérdida de competencia para

35
Folios 398 a 400 del expediente.
36
Sin perjuicio de lo anterior, conviene destacar que la norma demandada fue recogida y
reexpedida, con algunas modificaciones, en el parágrafo del artículo 2.17.1.1.3 del Decreto 2555
de 2010 en los siguientes términos:
“Artículo 2.17.1.1.3 Objetivos de la vigilancia. Además de los objetivos establecidos en el
artículo 325 numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el ejercicio de su
facultad de inspección, vigilancia y control de las entidades administradoras de sistemas de
pago de bajo valor, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá velar por que tales
entidades: […]
Parágrafo. Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, las funciones en materia de
control a las prácticas comerciales restrictivas de la competencia frente a los administradores
de sistemas de pago de bajo valor continuarán siendo ejercidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Decreto 2153 de 1992
y las normas que lo modifiquen o sustituyan, y las demás normas concordantes.”
37
Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Primera del Consejo de Estado: (i)
sentencia de 4 de octubre de 2018, radicado: 11001 0324 000 2009 00368 00 (C.P. Oswaldo
Giraldo López); (ii) sentencia de 7 de julio de 2011, radicado: 52001-23-31-000-2007-00179-01
(C.P. María Elizabeth García González).

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el juez contencioso administrativo, ni constituye motivo suficiente para
abstenerse de realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto
planteado, teniendo en cuenta los efectos que dicho acto pudo haber
producido mientras estuvo vigente.

II.3. Objeto de la controversia y normativa aplicable

Conforme a lo expuesto en la demanda y en sus contestaciones,
corresponde a la Sala determinar si es nula, por desconocer las normas
superiores en materia de inspección y vigilancia, estructura y coherencia
del sistema financiero, o por falta de competencia, la norma reglamentaria
conforme a la cual las funciones de control y vigilancia sobre prácticas
comerciales restrictivas de la competencia frente a los administradores de
sistemas de pago de bajo valor que procesen órdenes de transferencia o
recaudo, incluyendo aquellas derivadas de la utilización de tarjetas crédito
y/o débito, seguirán siendo ejercidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio.

Para el efecto, resulta relevante referirse al contenido de las normas
superiores que se aducen infringidas, cuyo tenor es el siguiente:

a) Constitución Política

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: […]

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas
Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de
economía mixta.

[…]

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.

[…]

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19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […]

d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del
público;”

“ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: […]

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

[…]

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás
entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y
reglas generales que defina la ley.”

[…]

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas
que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así
mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio;
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de
aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de
acuerdo con la ley. […]”

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”

b) Ley 35 de 5 de enero de 1993. “Por la cual se dictan normas
generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades

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financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del
público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y
aseguradora.”

“ARTICULO 1° Objetivos de la intervención. Conforme al artículo 150 numeral
19 literal d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la
intervención en las actividades financiera, aseguradora, del mercado de valores y
demás actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público, con sujeción a los siguientes objetivos y criterios:

[…]

b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los
intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de
intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados, e
inversionistas; […]

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en
adecuadas condiciones de seguridad y transparencia,

e) Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que tengan
por objeto desarrollar dichas actividades; […]

i) Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de
institución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de
acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones.”

“ARTICULO 10. Inspección, vigilancia y control de las actividades financiera,
aseguradora y bursátil. El Presidente de la República, a través de las
Superintendencias Bancaria y de Valores, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre las personas que
realizan las actividades financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en
los mismos términos y condiciones en que tales funciones se ejercen en la actualidad
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Además, las Superintendencias
Bancaria y de Valores vigilarán en lo de su competencia el cumplimiento de las normas
que se expidan en desarrollo de la presente Ley.

Los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero continuarán
bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. El control de las demás
cooperativas de ahorro y crédito, de primer grado, continuará a cargo del
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP.

A partir del 1° de febrero de 1993 corresponderá al Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas la inspección y vigilancia de los Fondos Mutuos de Inversión
que no sean administrados por sociedades fiduciarias, de acuerdo con las normas que
para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Los que sean administrados por dichas
sociedades no quedarán sometidos a control permanente del Estado. El
reconocimiento de la personería jurídica de los Fondos Mutuos de Inversión que se
constituyan a partir de la vigencia de esta Ley se producirá con la simple inscripción
del acta orgánica de su constitución en el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales. No obstante,
los que hayan iniciado su trámite de constitución a la fecha de vigencia de la presente
Ley continuarán rigiéndose, para estos efectos, por las normas anteriores.”

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“ARTICULO 36. Modificaciones de normas. Las normas vigentes sobre regulación
del sector financiero expedidas por el Gobierno Nacional a través de reglamentos
constitucionales autónomos con anterioridad a la vigencia de esta ley y que se refieran
a aspectos que no se encuentren dentro de las funciones de regulación aquí previstas
sólo podrán ser modificadas por la ley en el futuro.

Dentro de los tres meses siguientes a la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional
tendrá la facultad para incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las
modificaciones aquí dispuestas y hará en dicho estatuto las modificaciones de
ubicación de entidades y del sistema de titulación y numeración que se requieran, lo
mismo que para adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la
Superintendencia Bancaria.”

c) Decreto Ley 663 de 1993. Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.

“ARTICULO 46. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION. Conforme al artículo 150
numeral 19 literal d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional
ejercer la intervención en las actividades financiera, aseguradora, y demás
actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
captados del público, con sujeción a los siguientes objetivos y criterios:

[…]

b. Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los
intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de
intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e
inversionistas; […]

d. Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en
adecuadas condiciones de seguridad y transparencia;

e. Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que tengan
por objeto desarrollar dichas actividades; […]

h. Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de
institución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de
acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones.”

“ARTICULO 48. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCION.

1. Facultades del Gobierno Nacional. En desarrollo de lo previsto en el artículo 46 del
presente Estatuto, el Gobierno Nacional tendrá las siguientes funciones de
intervención en relación con las entidades financieras y aseguradoras sujetas al
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en general, respecto de las
entidades cuyas actividades consistan en el manejo, aprovechamiento y la inversión
de recursos captados del público: […]

f. Dictar normas tendientes a garantizar que las operaciones autorizadas a las
entidades objeto de intervención se realicen con sujeción a la naturaleza propia de
tales operaciones y al objeto principal autorizado a la respectiva entidad. […]

j. Regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este servicio que no
sean competencia del Banco de la República. Esta facultad se ejercerá previo concepto
de la Junta Directiva del Banco de la República, a fin de que este organismo pueda

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pronunciarse sobre la incidencia de la regulación en las políticas a su cargo. De igual
forma, corresponde al Gobierno Nacional establecer las condiciones para que las
entidades objeto de intervención desarrollen actividades de comercio electrónico y
utilicen los mensajes de datos de que trata la Ley 527 de 1999; […]”

“ARTICULO 98. REGLAS GENERALES.

1. Reglas sobre la competencia. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre
empresarios, las decisiones de asociaciones empresariales y las prácticas concertadas
que, directa o indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear
el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador.

La Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar, como
medida cautelar o definitivamente, que los empresarios se abstengan de realizar tales
conductas, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales
pueda imponer.

2. Competencia desleal. La Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte,
podrá ordenar que se suspendan las prácticas que tiendan a establecer competencia
desleal, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales
pueda imponer. […]”

“ARTICULO 325. NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES.

1. Naturaleza y objetivos. La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el
Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas
que realicen la actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el
cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las
instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y coeficientes
de liquidez apropiados para atender sus obligaciones.

b) Supervisar de manera integral la actividad de las entidades sometidas a su control
y vigilancia no sólo respecto del cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo
financiero, sino también en relación con las disposiciones de tipo cambiario.

c) Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y
vigilancia con el objeto de velar por la adecuada prestación del servicio financiero,
esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y
eficiencia.

d) Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la Ley, ejerzan actividades
exclusivas de las entidades vigiladas.

e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público,
protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe.

f) Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de los mecanismos
de regulación prudencial que deban operar sobre tales bases, en particular respecto
de las filiales en el exterior de los establecimientos de crédito.

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g) Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y vigilancia se de la
atención adecuada al control del cumplimiento de las normas que dicte la Junta
Directiva del Banco de la República.

h) Velar porque las entidades sometidas a su supervisión no incurran en prácticas
comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con sujeción a
las reglas y prácticas de la buena fe comercial.

i) Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que las instituciones
vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución de las sanas prácticas y
desarrollos tecnológicos que aseguren un desarrollo adecuado de las mismas.

PARÁGRAFO. < A partir del 1o. de enero de 2003 el fomento al ahorro y las
prestaciones que determine el Gobierno Nacional, que viene cancelando la Caja de
Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, a los empleados públicos
pertenecientes a la Superintendencia Bancaria, serán pagados por esta
Superintendencia.

2o. Entidades vigiladas. Corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia
e inspección de las siguientes instituciones:

a) Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de
financiamiento comercial*, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito,
organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, sociedades
administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras
de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social
administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida,
entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación
de las actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 del estatuto orgánico del
sistema financiero autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., Findeter, compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades
de reaseguro, sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que pueden
asumir los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo,
corredores de seguros y de reaseguros y agencias colocadoras de seguros;

b) Oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores del
exterior;

c) El Banco de la República;

d) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras;

e) El Fondo Nacional de Garantías S.A.;

f) El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade;

g) Las casas de cambio*, y

h) Las demás personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la ley le atribuye
funciones de inspección y vigilancia permanente.

PARÁGRAFO 1o. Podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Bancaria, según lo establezca el Gobierno Nacional mediante
normas de carácter general, las entidades que administren los sistemas de tarjetas
de crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pagos y
compensación, a quienes se aplicarán las normas relativas a las compañías de
financiamiento comercial* en lo que resulte pertinente. […]”

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“ARTICULO 326. FUNCIONES Y FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA. Para el ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la
Superintendencia Bancaria tendrá las funciones y facultades consagradas en los
numerales siguientes sin perjuicio de las que por virtud de otras disposiciones legales
le correspondan.

[…]

5o. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las
siguientes facultades de prevención y sanción:

f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, como medida cautelar o definitiva, que los
representantes legales de las entidades vigiladas se abstengan de realizar acuerdos
o convenios entre si o adopten decisiones de asociaciones empresariales y prácticas
concertadas que, directa o indirectamente tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y
asegurador, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones
generales pueda imponer;

g) Ordenar, de oficio o a petición de parte, que se suspendan las prácticas que tiendan
a establecer competencia desleal, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus
atribuciones generales pueda imponer;”

d) Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones”.

“ARTICULO 6o. PRINCIPIO DE COORDINACION. En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por
los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

PARAGRAFO. A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que
trata el artículo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2º del artículo 209 de la
c.p. se procurará de manera prioritaria dar desarrollo a este principio de la coordinación
entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo sector.”

“ARTICULO 43. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. El Gobierno Nacional podrá
organizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades
estatales y de los particulares. Para tal efecto preverá los órganos o entidades a los
cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, ejecución y
evaluación.”

“ARTICULO 44. ORIENTACION Y COORDINACION SECTORIAL. La orientación del
ejercicio de las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un
Sector Administrativo está a cargo del Ministro o Director del Departamento

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Administrativo a cuyo despacho se encuentran adscritos o vinculados, sin perjuicio de
las potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de
reestructuración, les correspondan.”

e) Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992. “Por el cual se
reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se
dictan otras disposiciones”.

“ARTICULO 2o. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá
las siguientes funciones:

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las
competencias señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las
reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar
trámite a aquellas que sean significativas, para alcanzar, en particular, las siguientes
finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores
tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las
empresas puedan participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista
variedad de precios y calidades de bienes y servicios. […]”

II.4. Análisis del asunto

II.4.1. En orden a abordar el análisis de los cargos planteados, resulta
pertinente revisar el contenido de las normas constitucionales invocadas
que regulan la competencia en materia económica y el ejercicio de las
potestades legislativa y reglamentaria para la asignación de atribuciones
entre las entidades que conforman la estructura de la administración.

El artículo 333 de la Constitución Política establece que la libertad
económica constituye uno de los pilares fundamentales del derecho
constitucional colombiano. La citada disposición tiene un doble contenido:
de una parte, alude a la libertad de empresa como fundamento de la
actividad particular y los derechos a ella inherentes, que pueden hacerse
valer frente a la intervención del Estado. Por otra, se refiere a la libertad
de competencia, entendida como el derecho a competir en el mercado con
otro, en iguales condiciones, por lo que señala que la actividad económica
y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común.

Conforme a lo anterior, en el modelo de Estado social de derecho la
libertad económica -y las subsiguientes de empresa y de competencia-

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son consideradas base del desarrollo económico y social y garantía de una
sociedad democrática y pluralista, por lo cual la Constitución, en su
artículo 333, expresamente reconoce a la empresa su carácter de
promotor del desarrollo. No obstante, como todos los derechos y
libertades, la económica y de empresa no son absolutas, encontrando su
límite en la misma Constitución cuando señala esta disposición en el inciso
final que “[l]a ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación”.

Así, el texto superior atribuyó competencias específicas a las autoridades
del Estado que permiten desarrollar la labor de dirección de la economía.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha expresado que “[l]a
intervención del Estado en la economía corre por cuenta de distintos
poderes públicos y se ejerce por medio de diferentes instrumentos. Un rol
protagónico corresponde sin duda, al Congreso de la República, por medio
de la expedición de leyes, bien sea que se trate específicamente de leyes
de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de otras leyes
contempladas en el artículo 150 constitucional (por ejemplo, las leyes
marco del numeral 19, o las leyes que versen sobre servicios públicos
domiciliarios previstas en el numeral 23 de la misma disposición) o en
general mediante el ejercicio de su potestad de configuración en materia
económica. Pero la Constitución de 1991 también le confirió a la rama
ejecutiva del poder público importantes competencias en la materia, no
sólo mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, sino asignándole
específicas atribuciones de inspección, vigilancia y control respecto de
ciertas actividades o respecto de determinados agentes económicos. En
conclusión, la Carta de 1991 tanto en su parte dogmática, como en su
parte orgánica configuró un Estado con amplias facultades de intervención
en la economía, las cuales se materializan mediante la actuación
concatenada de los poderes públicos.”38.

38
Corte Constitucional, sentencia C-1041 de 2007, citada en la sentencia C-228 de 2010.

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Ahora bien, en relación con el aspecto que involucra la materia regulada
a través de la disposición demandada, conviene destacar que el artículo
150 de la Constitución, en su numeral 19, señala que corresponde al
Congreso expedir las leyes por medio de las cuales se determinen los
criterios para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia a cargo
del Gobierno, así como las normas de carácter general en las que se fijen
los objetivos a los que deberá sujetarse aquél al regular las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y las demás relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

En consonancia con la anterior disposición, el artículo 189 alude a las
competencias del Presidente de la República que, respecto de dicho
asunto, involucran el ejercicio de su potestad reglamentaria a través de
la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la
cumplida ejecución de las leyes (numeral 11); la facultad de organizar los
empleos que demande la administración central y determinar sus
funciones (numeral 14); el ejercicio de la inspección, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
o inversión de recursos captados del público (numeral 24); y la facultad
para intervenir en dicha actividad, conforme a la ley (numeral 25).

De acuerdo con el criterio expuesto por la jurisprudencia de esta
Sección39, las facultades reglamentarias establecidas por el artículo 189
numeral 11 del texto superior fueron instituidas por el Constituyente como
un mecanismo tendiente a garantizar la cumplida ejecución de las leyes.
Por ende, al hacer uso de tales potestades, el Presidente debe inspirarse
en el único propósito de hacer mucho más explícita la norma de carácter
legal, en orden a facilitar a sus subalternos su adecuada interpretación,

39
Entre otros pronunciamientos de la Sección Primera, ver: sentencia de 2 de septiembre
de 2010, expediente con radicado número 11001032400020070026500 (C.P. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta) y sentencia de 31 de 2018, expediente con radicación
11001032400020080018100, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Demandante: Adelaida Ángel Zea

ejecución, aplicación y cumplimiento y viabilizar su estricta observancia
por parte de todos sus destinatarios. En ese contexto, ha de entenderse
que las potestades a que alude la citada norma constitucional no pueden
ser ejercidas para ampliar o restringir los alcances de la Ley, apartándose
de su sentido original y auténtico.

II.4.2. Ahora bien, en relación con el fundamento normativo del Decreto
1400 de 4 de mayo de 2005, al revisar su texto, la Sala encuentra que,
por dicha norma, se someten a inspección, vigilancia y control las
entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y se establecen
otras disposiciones. Esta reglamentación fue dictada por el Presidente de
la República invocando sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 189, numerales 11 y 25 de la
Constitución Política, antes analizados, y los artículos 48 literal j) y 325
numeral 2, parágrafo 1º, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
mismas facultades luego invocadas como sustento de la expedición del
Decreto 2999 de 30 de agosto de 2005, por el cual se modificó el Decreto
1400 y se introdujo el parágrafo 2º a su artículo 3º, esto es, la disposición
que se demanda.

De acuerdo con el artículo 48, literal j), del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, uno de los instrumentos de intervención en las actividades
financiera, aseguradora y demás relacionadas con los recursos captados
del público con el que cuenta el Gobierno Nacional consiste en la facultad
de regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este
servicio que no sean competencia del Banco de la República. Dicha
atribución deberá ejercerse previo concepto de la Junta Directiva del
Banco de la República, con el fin de que este organismo pueda
pronunciarse sobre la incidencia de la regulación en las políticas a su
cargo. Valga destacar que, a través del referido artículo 48, se
incorporaron al EOSF las disposiciones relativas a las funciones de
intervención del Gobierno Nacional en relación con las entidades

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Demandante: Adelaida Ángel Zea

financieras y aseguradoras sujetas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria previstas en el artículo 3º de la Ley 35 de
199340.

Por su parte, el artículo 325 del EOSF señala que la Superintendencia
Bancaria, hoy Financiera, es el organismo mediante el cual el Presidente
de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas
que realicen la actividad financiera y aseguradora. El parágrafo 1º del
numeral 2º, invocado como fundamento de la expedición de la norma
acusada, con las modificaciones introducidas por el artículo 72 de la Ley
795 de 2003, establece que las entidades que administren los sistemas
de tarjetas de crédito o de débito, así como las que administren sistemas
de pagos y compensación, podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia
y control de la Superintendencia Bancaria, en los términos que determine
el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general.

II.4.3. Además de lo anterior, la Sala advierte que, a través del parágrafo
2º del artículo 3º del Decreto 1400 de 4 de mayo de 2005, demandado,
el Gobierno Nacional profirió un mandato de actuación respecto de la
entidad llamada a ejercer el control sobre las entidades administradoras
de sistemas de pago de bajo valor que procesen órdenes de transferencia
o recaudo, en cuanto atañe a la vigilancia sobre las conductas
posiblemente constitutivas de prácticas comerciales restrictivas de la
competencia. Conforme a lo anterior, señaló que dicha competencia
permanecería a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En síntesis, la demandante reprocha dicha determinación por cuanto, a
su juicio, la competencia antes delimitada corresponde a la
Superintendencia Financiera y no a la Superintendencia de Industria y
Comercio, en atención a las siguientes razones:

40
“Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del
público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora” .

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(i) Porque el artículo 10 de la Ley 35 de 1993, incorporado en el EOSF
bajo los artículos 46 y 325, dispuso expresamente que el Presidente
ejercería la inspección, vigilancia y control sobre la actividad financiera
y cualquier otra relacionada con el manejo de recursos captados del
público a través de la Superintendencia Financiera, y señaló
taxativamente cuáles organismos estarían sujetos de manera
excepcional a la inspección y vigilancia por parte otras entidades del
Estado, sin que dentro de dichas excepciones se incluyeran las
administradoras de sistemas de pago de bajo valor;

(ii) Por cuanto, según el artículo 36 de la misma Ley 35, las excepciones
a la vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera solo podían
introducirse por vía legal;

(iii) Toda vez que el artículo 72 de la Ley 795 de 2003, al modificar el
numeral 2º del artículo 325 del EOSF, le dio la posibilidad al Gobierno
Nacional de someter a las administradoras del sistema de pago de bajo
valor a la inspección, vigilancia y control, siempre que ello se realizara
a través de la Superintendencia Financiera;

(iv) Porque, según el artículo 2º numeral 1º del Decreto 2153 de 1992,
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para
ejercer sus funciones de control y vigilancia sobre prácticas comerciales
restrictivas, siempre y cuando dicha atribución no esté radicada en otro
organismo; y,

(v) Porque la asignación de esta competencia a la Superintendencia de
Industria y Comercio representa la desarticulación de las funciones de
inspección y vigilancia asignadas a la Superintendencia Financiera y ello
implica una vulneración de los principios de coordinación y organización
sectorial entre las entidades administrativas previstos en los artículos
6, 43 y 44 de la Ley 489 de 1998.

En ese orden de ideas, y en atención al contenido normativo de la
disposición demandada, la Sala encuentra necesario referirse a las
disposiciones legales y reglamentarias que establecen el núcleo funcional
de cada una de las Superintendencias, en orden a determinar si la función
de inspección, vigilancia y control sobre las administradoras de sistemas
de pago de bajo valor que procesen órdenes de transferencia o recaudo,

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Demandante: Adelaida Ángel Zea

incluyendo aquellas derivadas de la utilización de tarjetas de crédito y/o
débito, se encuentra radicada en una norma superior que haya sido
trasgredida por la disposición demandada.

II.4.3.1. Desde el punto de vista orgánico, las superintendencias son
organismos administrativos cuya creación está reservada
constitucionalmente al legislador41. En el caso de la Superintendencia
Financiera42, el artículo 35 de la Ley 510 de 1999, que modificó el
numeral 1º del artículo 325 del EOSF, la define como un organismo de
carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la
inspección, vigilancia y control sobre quienes realicen la actividad
financiera y aseguradora.

La misma norma señala los objetivos encargados a dicha entidad tales
como: (i) asegurar la confianza pública en el sistema financiero,
garantizando que sus instituciones mantengan la solidez y liquidez
apropiada para atender sus obligaciones; (ii) supervisar el cumplimiento
de las normas de tipo financiero y cambiario por parte de las entidades
sometidas a su control y vigilancia; (iii) velar porque la operación del
servicio financiero se realice en condiciones de seguridad, transparencia
y eficiencia; (iv) evitar que se ejerzan actividades exclusivas de las
entidades vigiladas por parte de personas no autorizadas; (v) proteger
el interés general y de terceros de buena fe, previniendo escenarios de
pérdida de confianza del público; (vi) supervisar el cumplimiento de los
mecanismos de regulación prudencial, en particular respecto de las
filiales en el exterior de los establecimientos de crédito; (vii) atender

41
Articulo 150 numeral 7 Constitución Política
42
El artículo 19 de la Ley 45 de 1923 designó a un Superintendente Bancario quien sería
el encargado de vigilar el buen ejercicio de todos los establecimientos bancarios.
Mediante el Decreto 4327 de 2005 se fusionó la Superintendencia Bancaria de Colombia
en la Superintendencia de Valores, y se dispuso que en adelante dicho órgano se
denominaría Superintendencia Financiera de Colombia.

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adecuadamente el control del cumplimiento de las normas que dicte la
Junta Directiva del Banco de la República; (viii) velar porque las
entidades sometidas a su supervisión no incurran en prácticas
comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad
conforme la buena fe comercial, y (ix) adoptar políticas para promover
la adaptación de las instituciones vigiladas a la evolución de las sanas
prácticas y desarrollos tecnológicos.

El numeral segundo del artículo 325 señala las instituciones sobre las
cuales corresponde ejercer inspección y vigilancia a la Superintendencia
Financiera, siendo del caso resaltar que en dicha enunciación no se
incluyeron las entidades que administran los sistemas de tarjetas de
crédito o de débito, ni las que administran sistemas de pagos y
compensación. A ese respecto, el parágrafo 1º del numeral segundo del
citado artículo señaló:

“ARTICULO 325. NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES.
[…]
2o. Entidades vigiladas
[…]

PARÁGRAFO 1o. Podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia y control de
la Superintendencia Bancaria, según lo establezca el Gobierno Nacional
mediante normas de carácter general, las entidades que administren los
sistemas de tarjetas de crédito o de débito, así como las que administren
sistemas de pagos y compensación, a quienes se aplicarán las normas relativas
a las compañías de financiamiento comercial* en lo que resulte pertinente.”
(Subrayado fuera del texto original).

A continuación, el artículo 326 del EOSF señala las atribuciones
asignadas a la Superintendencia Financiera para el cumplimiento de los
objetivos antes reconocidos, las cuales se agrupan en las siguientes
categorías: i) funciones de aprobación u objeción para el funcionamiento
de entidades, ii) funciones respecto de la actividad de las entidades, iii)
funciones de control y vigilancia, iv) funciones de supervisión, y v)
funciones de prevención y sanción. Dentro de esta última categoría se
resalta la facultad de dicha Superintendencia para ordenar, de oficio o a
petición de parte, como medida cautelar o definitiva, que los

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representantes legales de las entidades vigiladas se abstengan de
realizar acuerdos o convenios entre sí o adopten decisiones de
asociaciones empresariales y prácticas concertadas que, directa o
indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear
la libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador, sin
perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales
pueda imponer.

II.4.3.2. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio,
creada a través del Decreto Ley 2974 de 1968, es un organismo de
carácter técnico, con autonomía administrativa, financiera y
presupuestal, con personería jurídica43 y actualmente adscrito al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Decreto 2153 de 199244, expedido en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo transitorio 20 de la Constitución, estableció en
su artículo 2º las funciones de dicha entidad, conforme a las cuales se
erige como autoridad nacional encargada de la protección de la
competencia y de los derechos de los consumidores y la administración
del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de
funciones administrativas y jurisdiccionales.

El numeral 1º del citado artículo señaló como una de sus atribuciones la
de “Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, en los mercados
nacionales sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas
vigentes a otras autoridades […]”. Por su parte, el artículo 44 del Decreto
2153 estableció que “la Superintendencia de Industria y Comercio
continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplimiento de
las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposiciones

43
Conforme el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007.
44
Norma vigente para el momento de la expedición de la disposición demandada.

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complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas
correspondientes cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la
libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante”.

Al respecto, valga recordar que el concepto de prácticas comerciales
restrictivas de la competencia comprende, en términos generales,
aquellas conductas que tengan por objeto alterar el libre
desenvolvimiento del mercado, tales como acuerdos o convenios que
restrinjan la libre competencia o se encaminen a mantener o determinar
precios inequitativos, acuerdos de fijación de precios, determinación de
condiciones de ventas discriminatorias, reparto del mercado, actos
unilaterales contrarios a la libre competencia y conductas abusivas de
posición de dominio, conforme se establece en el artículo 1º de la Ley
155 de 1959, modificado por el Decreto 3307 de 1963, y los artículos 44
a 50 del Decreto 2153 de 1992.

II.4.3.3. Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que, tanto la
Superintendencia Financiera, como la Superintendencia de Industria y
Comercio, gozan de facultades en materia de inspección y vigilancia sobre
el cumplimiento de las normas que garantizan la libre competencia en el
mercado, razón por la cual, a ambas les fueron asignadas atribuciones
para investigar y sancionar la comisión de conductas constitutivas de
prácticas comerciales restrictivas de la competencia.

Ahora bien, el recuento normativo antes expuesto pone de presente que
las atribuciones conferidas a la Superintendencia Financiera para velar
por la no comisión de prácticas comerciales restrictivas del libre mercado
y prohibir que se realicen acuerdos o convenios que tengan por objeto o
efecto impedir o restringir la libre competencia dentro del sistema
financiero y asegurador, pueden ejercerse exclusivamente respecto de las
entidades sometidas a su supervisión, por virtud de la ley45 o el

45
EOSF artículo 325, numeral 2, literales a) – g).

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reglamento. Sobre esto último, tal como se refirió en precedencia, el
parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del EOSF reconoció como
facultad discrecional del Gobierno Nacional la posibilidad de ordenar, a
través de una norma de carácter general, que la inspección, vigilancia y
control de las entidades que administren los sistemas de tarjetas de
crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pagos y
compensación, se ejerza por parte de la Superintendencia Financiera.

En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme lo define el literal
c), en consonancia con los literales n) y o), del artículo 1º del Decreto
1400 de 2005, las administradoras de sistemas de pago de bajo valor son
aquellas personas jurídicas cuya actividad principal consiste en la
administración y operación del conjunto de acuerdos, instrumentos de
pago y entidades que hacen posible la transferencia de fondos entre los
participantes del mercado. Así entonces, las administradoras de sistemas
de pago de bajo valor coordinan la recepción, procesamiento,
transmisión, compensación y/o liquidación de órdenes de transferencia y
recaudo, incluyendo aquellas operaciones derivadas de la utilización de
tarjetas crédito o débito, que promedian un valor diario que no supera el
señalado en el literal o) del artículo 1 del Decreto 1400. En consecuencia,
se encuentran comprendidas dentro de las entidades a las que se refiere
el parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del EOSF.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que no le asiste razón a la
demandante en cuanto afirma que, a partir de la previsión del artículo
325 del EOSF, conforme fue modificado por el artículo 72 de la Ley 795
de 2003, expresamente se radicó la función de la vigilancia sobre
prácticas restrictivas de la competencia respecto de las administradoras
de sistemas de pago de bajo valor en cabeza de la Superintendencia
Financiera. Por el contrario, debe destacarse que el parágrafo 1º del
numeral 2º del artículo 325 del EOSF dispuso que dichas entidades
“Podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia y control de la

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Superintendencia Bancaria, según lo establezca el Gobierno Nacional
mediante normas de carácter general”. Con ello, la norma radicó en el
Gobierno la competencia para regular las condiciones en las que se
ejercería dicha labor por parte de dicho organismo.

En ese contexto, del parágrafo del artículo citado, no se lee que exista
una obligación por parte del Gobierno Nacional de someter a inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera las entidades que
administren sistemas de pago de bajo valor. Por el contrario, lo que se
extrae de la norma referida es justamente que, ante la inexistencia de
reserva legal, corresponde al Gobierno Nacional determinar a discreción
cuál entidad sería la responsable de ejercer tal facultad.

En desarrollo del anterior precepto y de las facultades constitucionales
reglamentarias y para el ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre
las actividades relacionadas con el manejo de recursos captados del
público, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1400 de 2005, a partir
del cual atribuyó a la entonces Superintendencia Bancaria las funciones
de inspección y vigilancia sobre las entidades administradoras de los
sistemas de pago de bajo valor46 en los aspectos relativos a la adopción
de estándares operativos para garantizar la seguridad, transparencia y
eficiencia del sistema, la implementación de sistemas de gestión de los
riesgos inherentes a su actividad, la prevención de su utilización para la
realización de actividades delictivas y la adopción de sistemas de
revelación de información financiera y comercial para los participantes.
Con todo, con la modificación introducida por el Decreto 2999 de 2005, el

46
“Decreto 1400 de 2005. Artículo 2º. Objetivos de la vigilancia. Además de los objetivos
establecidos en el artículo 325 numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el
ejercicio de su facultad de inspección, vigilancia y control de las entidades administradoras de
Sistemas de Pago de Bajo Valor, la Superintendencia Bancaria deberá velar por que tales
entidades: (i) adopten y pongan en práctica reglas y elevados estándares operativos, técnicos y
disciplinarios que permitan el desarrollo de sus operaciones en condiciones de seguridad,
transparencia y eficiencia; (ii) adopten y pongan en práctica sistemas adecuados de administración
y gestión de los riesgos inherentes a su actividad; (iii) adopten y apliquen procedimientos
adecuados que les permitan prevenir ser utilizadas para la realización de actividades delictivas, y
(iv) adopten sistemas adecuados de revelación de información financiera y comercial para los
participantes, de acuerdo con lo previsto para el efecto en el presente decreto”.

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Gobierno Nacional hizo uso de las posibilidades que le ofrece la ley y optó
por mantener a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio las
funciones de inspección y vigilancia respecto de la tarea de control de las
prácticas restrictivas de la competencia frente a los referidos sujetos.

Así entonces, el Gobierno Nacional determinó que, aun cuando respecto
de dichas entidades, la Superintendencia Financiera está facultada para
ejercer vigilancia e inspección según el marco de las funciones que le
atribuye a dicha entidad el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en
tratándose de prácticas comerciales restrictivas de la competencia, dicha
atribución específica permanecería en cabeza de la Superintendencia de
Industria y Comercio, de acuerdo con las potestades conferidas por el
Decreto 2153 de 1992.

En este punto, resultan pertinentes las consideraciones expuestas por la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación al resolver el conflicto
positivo de competencias administrativas planteado por la
Superintendencia Financiera frente a la Superintendencia de Industria y
Comercio, en los siguientes términos:

“[…] 4.2.1 Competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

[…]

En efecto, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contiene disposiciones que
señalan competencias teniendo en consideración los sujetos que realizan actividades
financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquiera otra relacionada con el manejo
recursos captados del público, integrando los criterios material y subjetivo, así: […]

Ahora bien, respecto de “las entidades que administren los sistemas de tarjetas de
crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pagos y compensación“,
el legislador no atribuye la competencia de policía administrativa a la
Superintendencia Financiera de Colombia, sino que, como se verá más
adelante, mediante el parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 325 del
E.O.S.F., deja a la discrecionalidad del Gobierno Nacional establecerla en
cabeza de dicha entidad, de manera que solamente en la medida en que un
acto gubernamental de carácter general en tal sentido así lo disponga, puede
afirmarse que tal competencia forma parte del complejo funcional de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

[…]

4.2.2 Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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El decreto 2153 de 1992 –expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo transitorio 20 de la Constitución y por tanto, con fuerza de ley–, establece las
siguientes reglas de competencia de esta Superintendencia:

[…]

Adicionalmente, el propio Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus desarrollos
reglamentarios delimitan las competencias entre la Superintendencia Financiera de
Colombia y la de Industria y Comercio, en los siguientes términos:

“ARTICULO 325. NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES.

(…)

2o. Entidades vigiladas

(…)

PARAGRAFO 1o. Podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Bancaria, según lo establezca el Gobierno Nacional mediante
normas de carácter general, las entidades que administren los sistemas de tarjetas
de crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pagos y
compensación, a quienes se aplicarán las normas relativas a las compañías de
financiamiento comercial en lo que resulte pertinente”. (Destaca la Sala)

El numeral 2° del artículo 325 transcrito corresponde a la modificación introducida al
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por el artículo 72 de la Ley 795 de 2003.

En desarrollo de este precepto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1400 de 2005
“Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que
administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, por el
cual resolvió atribuir a la Superintendencia Bancaria las funciones de inspección y
vigilancia sobre las entidades administradoras de los sistemas de pago en los
siguientes términos: […]

El citado decreto fue publicado el 6 de mayo de 2005 –Diario Oficial No. 45.900– y su
artículo 9º difirió su vigencia seis (6) meses después de su publicación, es decir que
a partir del 6 de noviembre de 2005 la Superintendencia Bancaria - hoy Financiera -
asumiría la competencia que venía ejerciendo la de Industria y Comercio.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, el 30 de agosto del mismo año 2005, expidió el
decreto 2999 conservando en forma explícita la función a este último organismo,
previa consideración de “Que las funciones de control de las prácticas comerciales
restrictivas de la competencia de los administradores de sistemas de pago de bajo
valor que procesen órdenes de transferencia o recaudo, incluyendo las derivadas de
la utilización de tarjetas de crédito o débito, deben continuar siendo ejercidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio”: […]

Lo anterior permite concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio
no ha perdido competencia para ejercer las funciones de inspección,
vigilancia y control sobre las administradoras de sistemas de pago de bajo
valor, como quiera que finalmente el Gobierno resolvió no otorgarle tal
función a la Superintendencia Financiera. […]

Advierte la Sala que el numeral 1° del artículo 2° del Decreto 2153 de 1992 asigna a
la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia de inspección, vigilancia

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47

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y control en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas dejando a salvo las conferidas a otras autoridades, y constatando que
como dicha función frente a los administradores de los sistemas de pago no
ha sido asignada a la Superintendencia Financiera de Colombia por el
Gobierno Nacional, es clara la competencia de la Superintendencia de
Industria y Comercio para ejercer la inspección y vigilancia sobre “las entidades
que administren los sistemas de tarjetas de crédito o de débito, así como las que
administren sistemas de pagos y compensación.“ 47 (Negrillas y subrayas fuera del
texto original).

II.4.4. Así las cosas, la Sala concluye que los cargos formulados por la
actora no están llamado a prosperar, pues, contrario a lo afirmado en la
demanda, el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, ejerció en debida forma sus facultades propias
al optar por mantener la competencia de inspección, vigilancia y control
de las prácticas comerciales restrictivas de la competencia frente a los
administradores del sistema de pago de bajo valor que procesen órdenes
de transferencia o recaudo en cabeza de la Superintendencia de Industria
y Comercio, sin desconocer con ello las normas incorporadas en el EOSF
que señalan el núcleo funcional de la Superintendencia Financiera.

Del mismo modo, en lugar de desconocer el tenor normativo del artículo
2º numeral 1º del Decreto 2153 de 1992, en los términos en que reprocha
la demandante, lo cierto es que la norma acusada alude y le da alcance a
dicha disposición al reconocer expresamente que la Superintendencia de
Industria y Comercio tiene competencia para ejercer sus funciones de
control y vigilancia sobre prácticas comerciales restrictivas respecto de
las administradoras de sistemas de pago de bajo valor, reiterando con
ello la atribución de la que ya gozaba dicha entidad por virtud de la aludida
norma.

Por lo mismo, lejos de representar una transgresión al principio de
coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas o del
mandato de orientación y coordinación sectorial a los que se refieren los
artículos 6º, 43 y 44 de la Ley 489 de 1998, la disposición demandada es

47
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, 5 de marzo de 2008, exped.
11001-03-06-000-2008-00007-00(C), Superintendencia Financiera de Colombia.

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Radicado: 11001 0324 000 2006 00287 00
Demandante: Adelaida Ángel Zea

consecuente con la vocación de la Superintendencia de Industria y
Comercio de controlar las prácticas que afecten la libre competencia, en
su condición de autoridad nacional encargada de protección de los
derechos relacionados con el tema. Con lo anterior, además, se toma en
cuenta la naturaleza de las administradoras de sistemas de pago de bajo
valor que, al ser compañías que proporcionan a los establecimientos de
crédito y a las sociedades de servicios financieros los sistemas que
permiten la transferencia de fondos entre los participantes en el mercado,
no ostentan la misma naturaleza de un establecimiento de crédito.

II.5. Conclusión

En el anterior contexto, la Sala encuentra que los argumentos formulados
en la demanda no lograron desvirtuar la presunción de legalidad del
parágrafo 2º del artículo 3º del Decreto 1400 de mayo 4 de 2005,
modificado por el artículo 1º del Decreto 2999 de 2005, todo lo cual
conduce a que se denieguen las pretensiones de la demanda.

II.6. Otros pronunciamientos

II.6.1. El despacho tendrá por terminado el poder conferido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público al abogado Guillermo Alberto
Duarte Quevedo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 76 del CGP, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación en
secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro
apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para
recursos o gestiones determinadas en el proceso”.

II.6.2. En consonancia con lo anterior, se reconocerá personería al
abogado Edgar Mauricio Solano Zea, para actuar como apoderado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los fines
del poder a él conferido, el cual obra a folio 379 del expediente.

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Radicado: 11001 0324 000 2006 00287 00
Demandante: Adelaida Ángel Zea

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER POR TERMINADO el poder conferido al abogado
Guillermo Alberto Duarte Quevedo, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Edgar Mauricio Solano
Zea, para actuar como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en los términos y para los fines del poder a él conferido, el cual
obra a folio 379 del expediente.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (No interviene – impedimento aceptado)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

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