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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2006-00304-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00304-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00304-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas, por lo expuesto en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: TENER al doctor CARLOS ALBERTO VÉLEZ ALEGRÍA como apoderado de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 116 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2006-00304-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00304 00
Acción: Nulidad
Actores: CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN Y OTRA

TESIS: NO SE DECLARAN PROBADAS LAS EXCEPCIONES FORMULADAS.
SON RAZONES DE DEFENSA. LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA NO ES
ABSOLUTA. LA UNIVERSIDAD NACIONAL ES COMPETENTE PARA
REGULAR SU PROPIO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR
VIRTUD DE LA LEY QUE LA HABILITÓ. NO OCURRE LO MISMO FRENTE AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y RIESGOS
PROFESIONALES. SE DENIEGA LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA
EXPRESIÓN “EN SALUD” CONTENIDA EN LA NORMA CUESTIONADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la acción de nulidad presentada

por el señor CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN y la

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE PROFESORES DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA1 contra el numeral 11

del artículo 5 del Acuerdo 011 de 12 de marzo de 2005, “Por el cual

se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de

Colombia”, expedido por la UNIVERSIDAD NACIONAL2.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1
En adelante la Asociación de Profesores.
2
En adelante la UNAL.

2

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Actores: CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN Y OTRA
ACCIÓN DE NULIDAD

El señor CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN, actuando en

nombre propio y en representación de la ASOCIACIÓN

ANTIOQUEÑA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA, en ejercicio de la acción de nulidad

prevista en el artículo 84 del CCA, presentó demanda contra la

UNAL en la que formuló la siguiente pretensión:

“[…] Nulidad parcial de la disposición que se transcribe, pero
únicamente en la expresión “en salud” que se resalta:

Numeral 11 del artículo 5., del Acuerdo No. 011 de 2005, expedido
por el Consejo Superior Universitario, por medio del cual se adopta
el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, en
cuanto a la expresión allí contenida:

11. El sistema de Seguridad Social en salud, para su personal
académico y administrativo […]”.

1.2. Fundamentos de hecho

Como sustento de la demanda, la Sala destaca como relevantes los

siguientes:

Indicó que el artículo 69 de la Constitución Política, prevé el

principio de la autonomía universitaria y con fundamento en este, el

legislador promulgó la Ley 30 de 19923, por medio de la cual se le

reconoció a las universidades, entre otros: i) el derecho a darse y

modificar sus estatutos; ii) designar sus autoridades académicas y

administrativas; iii) crear, organizar y desarrollar sus programas

3
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.

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3

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ACCIÓN DE NULIDAD

académicos; iv) definir y organizar sus labores formativas,

académicas, docentes, científicas y culturales; v) otorgar los títulos

correspondientes; vi) seleccionar a sus profesores; vii) admitir a

sus alumnos; viii) adoptar sus correspondientes regímenes y, ix)

establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de

su misión social y de su función institucional.

Por su parte, el Decreto 1210 de 19934, en relación con el régimen

de la autonomía, estableció que la UNAL se constituye como una

persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio, rentas

propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus

propias autoridades y para dictar normas y reglamentos.

Así, con base en las anteriores normas, el Consejo Superior

Universitario, expidió el Acuerdo 011 de 2005, cuyo numeral 11 del

artículo 5 se demanda.

1.3. Fundamentos de derecho

En apoyo de su pretensión, los actores adujeron que el numeral

acusado vulneró los artículos 69 de la Constitución Política; 57 de la

Ley 30 de 1992 y 1° de la Ley 100 de 19935.

4
“Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”.
5
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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ACCIÓN DE NULIDAD

Estimaron que los Estatutos de la universidad desconocen el

principio de la autonomía universitaria porque, en su entender, al

regular únicamente el tema concerniente a la salud del personal

académico y administrativo de la UNAL, y dejar por fuera los

componentes de pensiones y riesgos profesionales.

Afirmó que a partir de la Constitución se garantiza la autonomía

universitaria, según la cual las universidades podrán regirse por sus

propios estatutos de acuerdo con la ley, por lo que limitar este

principio, en lo concerniente a la Seguridad Social Integral, se

aparta de las disposiciones que han regulado la materia.

Aunado a lo expuesto, y con apoyo jurisprudencial de las sentencias

proferidas por la Corte Constitucional 6 en las que se examina la

autonomía de las universidades, precisó que en el ordenamiento

jurídico no existe norma que imponga restricción al sistema de la

Seguridad Social.

II-. TRÁMITE PROCESAL

2.1. Admisión y decisión de solicitud de suspensión
provisional de los efectos del acto acusado

6
Sentencias T-180 de 1993, C-475 de 1999, C-579 de 1997, C-560 de 2000

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Es oportuno señalar que previo proferirse el fallo, se declaró la

nulidad7 de todo lo actuado, lo que acaeció por providencia del 18

de julio de 2011, al haberse encontrado probada la causal de

indebida notificación de la demanda que alegó la Universidad

Nacional.

Surtida la notificación de esta decisión, la demanda se admitió por

auto del 18 de julio de 2012, y se ordenaron las notificaciones de

rigor, al Rector de la Universidad Nacional y al ministerio público.

También se resolvió sobre la solicitud de suspensión provisional de

los efectos del acto acusado.

2.2 Contestación de la demanda

La UNAL, por intermedio de apoderada judicial contestó la

demanda8. Se opuso a la prosperidad de la pretensión de nulidad y

señaló que el numeral demandado es producto de una obligación

legal de las universidades estatales relativa a contar con un

sistema propio de seguridad social en salud.

7
Inicialmente por auto de 26 de abril de 2007, la Magistrada sustanciadora del trámite admitió la
demanda y ordenó notificar al presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional y al
Procurador Judicial de los Contencioso Administrativo. También, resolvió la solicitud de suspensión
provisional de los efectos del acto acusado, denegándola. Luego de adelantarse el trámite previsto
para esta clase de proceso y antes de proferirse el fallo, el Despacho conductor resolvió por auto de
16 de diciembre de 2010 7 , notificar de la admisión de la demanda al representante legal de la
Universidad Nacional a efectos de garantizar el derecho de defensa; sin embargo, en dicho traslado el
apoderado del ente universitario solicitó se declarara la nulidad de todo lo actuado por indebida
notificación de la demanda.
8
Folios 132 del C. 2. Digitalizado.

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Para explicar su argumento, expuso que la autonomía universitaria

es un principio de autodeterminación derivado de la Constitución,

que propende porque los entes educativos desarrollaren su misión,

filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y a los

fines académicos que les orienta, todo ello en el marco de las

limitaciones que la Constitución y la ley les señalan.

Indicó que, las universidades se gobiernan por un régimen especial

previsto en la Ley 647 de 20019, en el que se determinó que estos

centros educativos deben contar con su propia seguridad social en

salud, según lo ordena el artículo 1°10, producto de la declaratoria

de inexequibilidad11 que realizó la Corte Constitucional frente a la

expresión “su propia seguridad social en salud” contenida en la Ley

30 de 199212.

9
“Por la cual se modifica el inciso 3° del artículo 57 de la Ley 30 de 1992”.
10
“[…] ARTÍCULO 1o. El inciso 3o. del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, quedará así: "El carácter
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección
de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u
oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad
social en salud, de acuerdo con la presente ley […]”.
11
“[…] PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE INEXEQUIBLE el Proyecto de ley No. 118/99 Cámara
y 236/2000 Senado “Por la cual se modifica el inciso 3° del artículo 57 de la Ley 30 de 1992”, en
cuanto que la inclusión de la expresión “su propia seguridad social en salud” desborda el marco de
competencia reconocido al legislador por los artículos 48, 49 y 150-23 de la Constitución Política.
SEGUNDO: De conformidad con lo ordenado por los artículos 167 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría General remítase copia del expediente
legislativo y de esta Sentencia a la Cámara de origen para que, oído el ministro del ramo, se rehaga e
integre la disposición afectada en los términos que sean concordantes con el dictamen de la Corte
Constitucional. Una vez cumplido este trámite, el Congreso remitirá a la Corte el proyecto para fallo
definitivo […]”
12
Como explicación de tal decisión se precisó: “[…] Así las cosas, para la Corte el citado proyecto de
ley presenta un vicio de inconstitucionalidad que lo hace parcialmente inexequible; inexequibilidad
que puede ser remediada en la medida en que el Congreso de la República, en estricta sujeción a los
principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, adicione la iniciativa legislativa con un
contenido regulador básico sobre el régimen de seguridad social aplicable a las
universidades del Estado. En este sentido, la ley deberá consagrar aquellos aspectos generales
aplicables al nuevo sistema como pueden ser los relacionados con: (i) su organización, dirección y
funcionamiento; (ii) su administración y financiación; (iii) las personas llamadas a participar en
calidad de afiliadas y beneficiarias; (iv) su régimen de beneficios y (v) las instituciones prestadoras
del servicio de salud […]”

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Aludió a que, en garantía de este mandato legal, se les impuso a

las universidades estatales la obligación de contar con un sistema

propio de seguridad social en salud, el que se creó para la UNAL

mediante la expedición del Acuerdo 011 de 2005, -en el que se

incluyó la disposición acusada- y que posteriormente se desarrolló

por medio del Acuerdo 024 de 9 de septiembre de 200813.

También formuló como excepciones, las siguientes que denominó:

1. Límites a la autonomía universitaria consagrados en el
sistema general de pensiones y riesgos profesionales

Insistió en los límites de la autonomía universitaria dentro del

marco constitucional y que éste debe darse bajo las directrices del

Estado, de tal suerte que no invada la órbita legislativa asignada al

Congreso de la República en materia salarial y prestacional, en los

términos del artículo 150 de la Constitución Política.

Lo anterior haciendo referencia a que es incorrecto el

planteamiento de la parte demandante relativo a que "no existe

ninguna disposición que imponga restricciones a la autonomía

universitaria relacionada con el sistema de seguridad social, razón por la

13
“Por el cual se regula el funcionamiento de la Unidad de Servicios de Salud-UNISALUD, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 647 de 2001”.

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cual no tiene fundamento excluir parcialmente el sistema de su propia

regulación”.

Afirmó que con la entrada en vigor del Sistema General de

Pensiones, todos14 los servidores públicos, incluidos los servidores

de las universidades estatales del orden nacional y afiliados a las

cajas o fondos del sector público, fueron incorporados a este, salvo

las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,

esto es, los miembros de las fuerzas militares y de la Policía

Nacional, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio y los servidores públicos de la Empresa Colombiana

de Petróleos.

Agregó que según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005,

en el que se prohibió la fijación de requisitos y beneficios

pensionales diferentes a los previstos en las normas generales,

disposición que identifica uno de los límites de la autonomía

universitaria.

Aludió también al Sistema General de Riesgos Profesionales, para

destacar que según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1122 de

200715, las entidades públicas pueden contratar directamente con

14
Esto en lo términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993.
15
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones”.

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la Administradora de Riesgos Profesionales ARP del Instituto de

Seguros Sociales, hoy ARL POSITIVA, o adelantar concurso público

en el que se debe invitar de forma obligatoria a una administradora

de naturaleza pública para la selección, razón por la que no es

dable que las universidades públicas de Colombia puedan, en virtud

de su autonomía, fijarse sus propias condiciones de funcionamiento

o administración de este Sistema.

2. Inaplicación de acuerdos expedidos por los Consejos
Superiores de las universidades estatales en materia de
pensiones

Para explicar esta denominada excepción transcribió el concepto de

3 de marzo de 2006, proferido por la Sala de Consulta y Servicio

Civil de esta Corporación en el que se sostuvo que las

universidades no están facultadas para establecer requisitos

pensionales de sus empleados públicos, pues esta es una atribución

otorgada al Congreso de la República. En ese orden, y con apoyo

en lo transcrito concluyó que no resulta procedente que una

universidad modifique sus estatutos en esta materia.

3. Inexistencia de la omisión administrativa alegada

Insistió que a la UNAL la cobija una normatividad especial que le

permite reglamentar, en uso de su autonomía, únicamente, el

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Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo cual, en el presente

caso no existió una omisión, sino que, por el contrario se actuó en

cumplimiento de obligaciones legales.

4. Imposibilidad legal de acceder a lo pretendido

Finalmente, señaló que las disposiciones estatutarias contenidas en

el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario y

desarrolladas mediante el Acuerdo 024 de 2008, son concordantes

con las disposiciones legales que exigen a las universidades

oficiales contar con sistemas autónomos y propios en salud.

2.3. Alegatos de conclusión

2.3.1. La parte actora no participó en esta etapa de cierre.

2.3.2. La UNAL a través de apoderada16, presentó sus alegaciones

finales en las que reiteró lo expuesto en la contestación de la

demanda.

2.3.3. El Ministerio Público emitió en su vista solicitó negar la

pretensión de nulidad de los actores17.

16
Folios 362-365 C. 2.
17
Folios 367-375 C. 2.

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Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso y

en apoyo de los argumentos esbozados en la contestación de la

demanda, sostuvo que el Consejo Superior Universitario de la

UNAL, cuando expidió el numeral 11 del artículo 5 del Acuerdo 011

de 2005, se sometió a los lineamientos legales que regían la

materia, según los cuales las universidades estatales, como entes

autónomos, pueden darse su propia seguridad social en salud.

III-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

Esta Sección es competente para proferir la sentencia en este

asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la

C.P., 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de

Justicia, 128 del CCA y 13 del Acuerdo 080 de 201918 expedido por

la Sala Plena de esta Corporación.

3.2. Cuestión previa

Corresponde a la Sala decidir si alguna de las excepciones que

formuló la UNAL en el escrito de contestación de la demanda,

corresponde a un hecho impeditivo frente a la decisión de fondo;

sin embargo, de su lectura se aprecia que tales razonamientos en

18
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.

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realidad corresponden a argumentos de la defensa de la legalidad

del aparte acusado, motivo por el cual se denegarán a título de

excepciones y, se tendrán en consideración al momento de decidir

el fondo del asunto.

3.3. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la demanda, la Sala

considera que le corresponde definir si el Consejo Superior

Universitario de la UNAL, con la expedición del numeral acusado,

transgredió el principio constitucional de la autonomía universitaria

al incorporar únicamente como asunto a su cargo los servicios de

salud del personal académico y administrativo de la institución

educativa y excluir los de pensiones y los de riesgos profesionales,

como integrantes del Sistema de Seguridad Social.

3.4. Acto Acusado

Corresponde a la frase “en salud” contenida en el numeral 11 del

artículo 5 del Acuerdo 011 de 12 de marzo de 200519, “Por el cual

se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de

Colombia”, expedido por el Consejo Superior Universitario, el que

se expidió en desarrollo del principio constitucional de autonomía

universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política

19
Folios 275-290 C. 2.

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y en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le

confieren los artículos 3 y 12 literal b) del Decreto extraordinario

1210 de 1993, según lo registra el encabezado.

El apartado del numeral acusado de nulidad establece:

“ARTÍCULO 5. Régimen de autonomía. En razón de su
naturaleza y fines, la organización y funcionamiento de la
Universidad Nacional de Colombia en todos los órdenes, se
rige por el principio de la autonomía universitaria
garantizado por el artículo 69 de la Constitución Política,
conforme al cual, en los términos señalados en la Ley 30 de
1992 y el artículo 3 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993,
tiene capacidad para regular con independencia y con
sujeción a la Constitución Política y a la ley todas las
naturalezas de materias de naturaleza académica, financiera y
administrativa, indispensables para el cumplimiento de
su objeto y, principalmente, las siguientes:

[…]

11. El sistema de seguridad social en salud para su personal
académico y administrativo […]”.

3.5. Del caso concreto

3.5.1. Autonomía universitaria. marco normativo y desarrollo
jurisprudencial. Reiteración

El artículo 69 de la Constitución Política dispone que “[…] las

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios

estatutos, de acuerdo con la ley […]”.

Asimismo, establece que “[…] la ley establecerá un régimen

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especial para las universidades del Estado (y) fortalecerá la

investigación científica en las universidades oficiales y privadas

(además) de ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo

[…]”.

Por su parte, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se

organiza el servicio público de la Educación Superior”, definió la

autonomía universitaria de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente Ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para
el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional […]”.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-926-05, señaló que dicha

autonomía encuentra fundamento “[…] en la necesidad de que el

acceso a la formación académica de las personas tenga lugar

dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en

el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o

en el manejo administrativo o financiero del ente educativo […]”20.

20
Corte Constitucional. Sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.

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En este sentido, la autonomía universitaria se concreta en la

libertad académica, administrativa y económica de las

instituciones de educación superior y es en ejercicio de esta que las

universidades tienen derecho “[…] a darse y modificar sus

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,

crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas

y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus

profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función

institucional […]”21.

Por lo anterior, dicha característica se predica no sólo hacia el

interior del ente universitario sino frente a terceros y frente al

Gobierno Nacional, “por ello se ha sostenido que ella permite a los

entes universitarios lograr un desarrollo autónomo e independiente

de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político”22.

Ahora bien, conforme con lo sostenido por la Corte Constitucional,

la autonomía está determinada por el campo de acción de las

21
Corte Constitucional. Sentencia C-547 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
22
Corte Constitucional. Sentencia T-513 del 9 de octubre de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.

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universidades, el cual se manifiesta en la libertad para: i) darse sus

propios estatutos; ii) fijar las pautas para el nombramiento y

designación de sus profesores, autoridades académicas y

administrativas; iii) seleccionar sus alumnos; iv) señalar sus

programas académicos y los planes de estudio que regirán su

actividad académica, conforme a los parámetros mínimos señalados

en la ley, y v) aprobar y manejar su presupuesto23.

No obstante, la autonomía universitaria no es absoluta, en tanto

que “no sólo debe respetar los demás derechos protegidos en la

Carta Política, sino porque el legislador regula su actuación y está

facultado constitucionalmente para establecer las condiciones para

la creación y gestión de dichos entes educativos (art, 68 C.P.), para

dictar las disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus

directivas y sus estatutos (art. 69 C.P.) y para dictar su régimen

especial. Empero, la actuación del legislador está restringida puesto

que se encuentra vedado para establecer directrices o dictar

normas que desconozcan la autonomía garantizada por la

Constitución”24.

Bajo este entendido, las universidades públicas gozan de autonomía

y “no pueden ser consideradas como “islas dentro del ordenamiento
23
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada, T-515 del 15 de noviembre de 1995.
M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-810 del 18 de septiembre de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-008 del 17 de enero de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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jurídico”, es decir, ajenas y totalmente independientes del Gobierno

Nacional y a su regulación. Sin embargo, no hay que olvidar que el

reconocimiento que hizo el Constituyente a la autonomía impone un

mandato estricto al legislador”25.

De igual forma, esta Sección, al referirse al principio de la

autonomía universitaria, ha señalado que no es absoluto y que

debe interpretarse de manera sistemática, esto es, en concordancia

con las demás disposiciones y principios constitucionales y legales

atinentes al servicio público de la educación, en sus diferentes

aspectos.

Es así como en sentencia de 23 de marzo de 200126, esta Sección

advirtió que “[…] Ese principio de autonomía no puede entenderse,

[…] en los términos absolutos que parece considerarlo el

demandante, pues es necesario tener presente que el alcance de

esa garantía, consagrada por el artículo 69 constitucional, debe

fijarse teniendo en cuenta el mandato del inciso 5º del artículo 67

ibidem […] así como la facultad presidencial de ‘Ejercer la

inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley’, en los

términos del numeral 21 del artículo 189 constitucional […]”.

25
Corte Constitucional. Sentencias T-492 de 1992, ya citada y C-053 del 4 de marzo de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz.
26
Sentencia de 23 de marzo de 2001, expediente Núm. 5688, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

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3.5.2. De la prestación del servicio de salud a cargo de las
Universidades

En relación con esta materia, el artículo 57 de la Ley 30 de 199227,

al regular el régimen especial de las universidades del Estado, en

cuanto a su naturaleza jurídica, previó:

“[…] Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales
deben organizarse como entes universitarios autónomos, con
régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del
sector educativo.

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes
características: Personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera, patrimonio independiente y
podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las
funciones que le corresponden.

El carácter especial del régimen de las universidades estatales
u oficiales, comprenderá la organización y elección de
directivas, del personal docente y administrativo, el sistema
de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su
propia seguridad social en salud, de acuerdo con la
presente ley .

Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación
Superior que no tengan el carácter de universidad según lo
previsto en la presente Ley, deberán organizarse como
Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental,
Distrital o Municipal”.

Conforme se destacó el apartado subrayado fue modificado por la

Ley 647 de 2001, a través de la cual se creó el régimen especial de

salud de las universidades, así:

27
El Inciso 3 fue modificado por el artículo 1 de la Ley 647 de 2001.

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“Artículo 1°. El inciso 3° del artículo 57 de la Ley 30 de
1992, quedará así:

“El carácter especial del régimen de las universidades
estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección
de directivas, del personal docente y administrativo, el
sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su
propia seguridad social en salud, de acuerdo con la
presente ley”.

Artículo 2°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 57
de la Ley 30 de 1992:

“Parágrafo. El sistema propio de seguridad social en salud de
que trata este artículo, se regirá por las siguientes reglas
básicas:

a) Organización, dirección y funcionamiento. Será
organizado por la Universidad como una dependencia
especializada de la misma, con la estructura de dirección y
funcionamiento que igualmente se establezca para el efecto.
Sin embargo, las universidades podrán abstenerse de
organizarlo, para que sus servidores administrativos y
docentes y sus pensionados o jubilados elijan libremente su
afiliación a las entidades promotoras de salud previstas
por la Ley 100 de 1993;

b) Administración y financiamiento. El sistema se
administrará por la propia Universidad que lo organice y se
financiará con las cotizaciones que se establezcan en los
términos y dentro de los límites máximos previstos en el
inciso 1° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993. El sistema
podrá prestar directamente servicios de salud y/o contratarlos
con otras instituciones prestadoras de servicios de salud;

c) Afiliados. Únicamente podrá tener como afiliados a los
miembros del personal académico, a los empleados y
trabajadores, y a los pensionados y jubilados de la respectiva
Universidad. Se garantizará el principio de libre afiliación y la
afiliación se considerará equivalente para los fines del tránsito
del sistema general de la Ley 100 de 1993 al sistema propio
de las universidades o viceversa, sin que sean permitidas
afiliaciones simultáneas;

d) Beneficiarios y plan de beneficios. Se tendrán en
cuenta los contenidos esenciales previstos en el Capítulo III
de la Ley 100 de 1993;

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e) Aporte de solidaridad. Los sistemas efectuarán el aporte
de solidaridad de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de
1993”. (Destacado fuera del texto).

De las normas transcritas, se tiene que efectivamente la prestación

del servicio de salud se asignó a los entes universitarios como un

“deber” como lo planteó la entidad en sus razones de defensa; sin

embargo, la Ley 647 de 2001, delimitó los parámetros de

prestación por los que puede optar la universidad, bien a través de

una dependencia propia, o bajo el sistema regulado por la Ley 100

de 1993, a través de las Empresa Prestadora de Servicios.

Todo lo anterior explica que la Universidad Nacional al darse sus

propios estatutos haya acogido en aplicación de esta disposición la

prestación del servicio de salud para su personal, todo lo cual se

encuentra acorde con las normas superiores frente a hacerse cargo

de la prestación de este servicio, y frente al cual, y en estricto

sentido no existe reproche por la parte demandante.

3.5.3. Análisis del planteamiento de nulidad

Al respecto es preciso aclarar que la parte demandante cuestiona la

legalidad de la frase “en salud” del numeral 11 del artículo 5 de

los Estatutos universitarios, por presunta infracción del principio de

autonomía universitaria; sin embargo, el planteamiento no está

dirigido a oponerse a la prestación del servicio de salud por parte

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de la Universidad Nacional a su personal, sino al entendimiento de

que el artículo 5 numeral 11 de los Estatutos Universitarios, en su

entender, debió cobijar inclusive el régimen de pensiones y riesgos

profesionales, para el personal académico y administrativo de la

institución

Esta precisión es oportuna por cuanto el ámbito de examen se

restringirá a establecer si era o no posible, en aplicación del

principio de autonomía administrativa, extender como régimen

propio y especial a cargo del ente universitario la administración de

las pensiones y riesgos profesionales de los empleados vinculados.

Para examinar esa correspondencia entre el reproche de la parte

actora y derivar como causal de nulidad la limitación que introdujo

a la autonomía universitaria de no incluir el sistema pensional del

personal administrativo y académico de la universidad es preciso

comenzar por señalar que el principio invocado como desconocido,

no es absoluto.

Lo anterior significa que a pesar de su gobernanza autónoma en las

materias que son de su competencia para el desarrollo de su

función y objeto, lo que incluye, no solo el reconocimiento

normativo de tales temáticas, sino las propias obligaciones que le

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impone la Ley, como el caso de la prestación del servicio de salud,

la actividad de los entes universitarios en asuntos de regulación

especial deben acoger la reglamentación general, como ocurre con

el Sistema de la Seguridad Social en pensiones y riegos

profesionales, que es la omisión normativa de la que deriva la

presunta nulidad al restringir la prestación del sistema de seguridad

social, únicamente en el componente de salud, frente al cual existe

habilitación legal y expresa.

En efecto, esta Corporación 28 lo precisó y al examinar un

planteamiento similar, refirió:

“[…] La autonomía universitaria, implica la consagración de
una regla general que consiste en la libertad de acción de los
centros educativos superiores, de tal modo que las
restricciones son excepcionales y deben ser previstas
en la ley. Son de competencia del legislador las funciones de
establecer las condiciones necesarias para la creación y
gestión de las universidades (artículo 68 C.N.) y de dictar las
disposiciones generales con arreglo a las cuales los centros
universitarios puedan darse sus directivas y regirse por sus
estatutos (artículo 69 C.N) 29 ; por tal razón los entes
universitarios autónomos no pertenecen a ninguna rama del
poder público, sino que son instituciones con regímenes
especiales, que no los califica como órganos soberanos
de naturaleza supraestatal, sino limitados por los
principios de equidad, justicia y pluralismo 30 . Respecto de
las normas relacionadas con el Sistema General de
Seguridad Social en salud, se tiene que según la Ley 100
de 1993, todo colombiano debe participar en el servicio
esencial de salud, unos, como afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros, en forma temporal como

28
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Bogotá, D.C., Sentencia
de 2 de abril de 2009. Radicación número: 11001-03-25-000-2007-00052-00(1093-07) Actor:
Ramiro Rodriguez López. Demandado: Ministerio de la Protección Social. M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
29
T-492 de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández.
30
C-1435-00 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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participantes vinculados. Existen dos tipos de afilados al
sistema mediante el régimen contributivo: las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados, además de los
trabajadores independientes con capacidad de pago; en
cuanto a los subsidiados, la población más pobre y vulnerable
del país en las áreas rural y urbana; y finalmente las personas
vinculadas, que son aquellas que por motivos de incapacidad
de pago tienen derecho a los servicios de atención de salud
que prestan las instituciones públicas y privadas vinculadas
con el estado (artículo 157), de manera que todos los
Colombianos, deben hacer parte del servicio público e
irrenunciable de salud, en cualquiera de los regímenes
señalados […]”

En esa medida, la autorización que le confirió la Ley a estos entes

universitario se restringió al servicio de salud, tal como lo ordenó

la Ley 647 de 2001 y, no se extendió, como pretende derivarlo la

parte actora, al sistema de pensiones ni al de riesgos profesionales,

y en ese orden, la autonomía administrativa no se transgrede por

limitarse a la prestación de dicho servicio, pues es para este para el

que el legislador les habilitó.

Bajo este entendimiento, la Universidad no podía incorporar en sus

Estatutos, de manera extensiva y a su cargo, el manejo del sistema

pensional y de riesgos profesionales del personal académico y

administrativo, pues al no está autorizado para ello, abrogarse

estos asuntos implicaría una violación de las normas superiores, y

ello porque el legislador, delimitó qué prestaciones podrían estar a

su cargo bajo el ámbito de acción delimitado por el artículo 7 de la

Ley 100 de 1993, y por las contingencias a cubrir:

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“[…] ARTÍCULO 7o. ÁMBITO DE ACCIÓN. El Sistema de
Seguridad Social Integral garantiza el cubrimiento de las
contingencias económicas y de salud, y la prestación de
servicios sociales complementarios, EN LOS TÉRMINOS Y
BAJO LAS MODALIDADES PREVISTOS POR ESTA LEY
[…]”

Precisamente, en materia pensional el artículo 15 de la Ley 100 de

1993, salvo las excepciones previstas, no permitió actividades fuera

del sistema pensional, y ello se deriva del entendimiento que surge

de esta disposición frente a quienes son afiliados al Sistema de

Pensiones, de forma obligatoria “todas aquellas personas

vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores

públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley”.

Precisamente, dentro de tales excepciones identificadas en el

artículo 259 ibidem nada se dijo acerca de los trabajadores de las

universidades estatales, lo que impone, despachar de manera

desfavorable la censura planteada.

Entonces, al no existir la aludida exclusión del régimen de

pensiones al personal administrativo y académico de la Universidad

Nacional, es improcedente conferirle el entendimiento reclamado

por la parte actora amparado en el principio de la autonomía,

sumado a los fines estatales que se fijaron al regular esta materia.

Al respecto se precisó por la Corte:

“[…] el sistema de seguridad social en pensiones
persigue el fin de procurar el bienestar y mejorar la

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calidad de vida de las personas a través de la
protección de las contingencias que surgen por la vejez,
la invalidez o la muerte. Además, esta Corte define la
pensión como “una prestación monetaria [cuya] función es la
de proveer los medios económicos suficientes para el
cubrimiento de las necesidades básicas de las personas” de
forma tal que el pensionado y su núcleo familiar “tengan
asegurado un nivel de vida cercano al que tenían antes del
acaecimiento de la contingencia que tuvo como consecuencia
el reconocimiento de la prestación”.

Por todo lo expuesto, esta Sala encuentra que la frase en conflicto

del numeral 11 del artículo 5 de los Estatutos Universitarios de la

universidad demandada, no desconoció el principio de autonomía

universitaria, por las razones antes expresadas.

Similar explicación se deriva respecto de la no inclusión del Sistema

General de Riesgos Profesionales, en la disposición cuestionada,

comoquiera que el artículo 2431 de la Ley 1122 de 2007, reguló a

cargo de qué entidades se autoriza tal prestación y en ella no se

consideró que se realizara de manera autónoma por los entes

universitarios, pues no se encuentran enlistados en los regímenes

de excepción del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

31
“ARTÍCULO 24. AFILIACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS PROFESIONALES. A partir de la vigencia de la presente ley todas las entidades públicas
del orden nacional, departamental, distrital o municipal podrán contratar directamente con la
administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales, de no ser así, deberán
seleccionar su administradora de riesgos profesionales mediante concurso público, al cual se invitará
obligatoriamente por lo menos a una administradora de riesgos profesionales de naturaleza pública.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los regímenes de excepción previstos en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 […]”

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Por todo lo expuesto y al no haberse desvirtuado la presunción de

legalidad que ampara el aparte que fue demandado, la Sala negará

la pretensión de nulidad de la demanda.

3.5.4. De las costas

Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera de

conformidad con lo previsto en el artículo 171 32 del CCA, que no

hay lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la

acción exime de esta fijación.

3.5.5. Reconocimiento de personería

Se le reconocerá personería al doctor CARLOS ALBERTO VÉLEZ

ALEGRÍA como apoderado de la NACIÓN - MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL, de conformidad con el poder y los

documentos anexos obrantes en el índice 116 del expediente digital

agregado al sistema SAMAI.

32
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las
acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil”

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones

formuladas, por lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER al doctor CARLOS ALBERTO VÉLEZ ALEGRÍA

como apoderado de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, de conformidad con el poder y los documentos anexos

obrantes en el índice 116 del expediente digital agregado al sistema

SAMAI.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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