Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00099-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00099-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2007-00099-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
13 de junio de 2019
ASUNTOS RELIGIOSOS – Personería / LIBERTAD DE CONCIENCIA – ALCANCE / LA LIBERTAD DE CULTOS Y LA LIBERTAD DE PROFESAR UNA RELIGIÓN – Alcance / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - Principio del Estado laico y el pluralismo religioso / ESTADO LAICO / RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA ESPECIAL A IGLESIAS – Requisitos / DOCUMENTOS FEHACIENTES – Concepto / RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA ESPECIAL – A la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor
[E]n aras de determinar si el ente Ministerial desconoció la referida norma, la Sala hará una comparación de los nombres de las iglesias solicita y reconocida: IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR (Iglesia Solicitante) IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR (Iglesia a la cual se le otorgó la personería jurídica) Del análisis de las expresiones que integran los nombres de las iglesias, la Sala encuentra que si bien es cierto que las mismas comparten las palabras iglesia, cristiana, del y señor, también lo es que se diferencian por las palabras Fidelidad y Manada, las cuales les otorgan distintividad y reconocimiento entre sus fieles. Cabe resaltar que las palabras que son compartidas por los nombres de las iglesias, son expresiones comunes para referirse a esta clase credos, sin que puede afirmarse su exclusividad por ninguna de ellas. En efecto, al revisar el Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior, la Sala advierte que las palabras Iglesia, Cristiana, del y del Señor resultan usuales en los nombres de las iglesias a las cuales se les ha otorgado personería jurídica. Ahora bien y de una visión en conjunto de los nombres, la Sala encuentra que ambas palabras varían en cuanto a su composición y pronunciación, por lo que no presentan un grado de similitud que pueda afectar su distinción y singularidad, al tenor de lo dispuesto en el referido Decreto 782 de 1995. […] [E]xiste una contradicción por parte del Ministerio del Interior y Justicia, pues ha otorgado personerías jurídicas a iglesias con nombres casi idénticos y en el presente caso, donde hay una diferencia, la niega por similitud. A partir del análisis de los nombres antes transcritos, la Sala tiene que el nombre “Iglesia Cristiana” es genérico, presentándose una diferencia evidente en las palabras “fidelidad” y “manada”, tal y como se explicó líneas atrás.- Así pues, los nombres “Fidelidad del Señor” y “Manada del Señor” se pueden individualizar y no se prestan para confusiones. Es claro entonces, que el Ministerio del Interior y Justicia desconoció lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 782 de 1995 y, por ende, debió otorgarle personería jurídica a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor, pues en concepto de esa Sala existe una singularidad y distinción con las demás. Aunado a lo anterior, con la actuación de la parte demandada también se desconocieron los preceptos constitucionales invocados, en tanto que como bien se precisó, en nuestro ordenamiento jurídico se prohíbe la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva, por lo que todas las confesiones deben tener la posibilidad de acceder a los mismos beneficios. No debe olvidarse que la libertad de conciencia constituye, en un régimen democrático, pluralista y participativo, en una de las libertades básicas del hombre, por lo que el reconocimiento de iglesias por parte del Estado viene a ser uno de sus elementos fundantes.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – PREÁMBULO / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 18 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 19 / LEY 133 DE 1994 / DECRETO 782 DE 1995 / DECRETO 1319 DE 1998
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00099-00
Actor: RODRIGO BORDA MONTOYA
Demandado: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA – HOY MINISTERIO DEL INTERIOR
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA ESPECIAL A UNA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA – REQUISITOS – LIBERTAD DE CONCIENCIA – LIBERTAD DE CULTO Y DE PROFESAR UNA RELIGIÓN – COLOMBIA COMO ESTADO LAICO - VIOLACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍAN FUNDARSE LOS ACTOS ACUSADOS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó el señor Rodrigo Borda Montoya, a efectos de que se declare la nulidad del Oficio OF106-15200-OAJ-410 de 4 de julio de 2006, así como de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, expedidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio del Interior.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El apoderado judicial de la parte actora, mediante escrito radicado el 1º de marzo de 2007 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 – CCA, en contra del Ministerio de Interior y Justicia, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERO: Declárase nulo el Oficio No OFI06-15200-OAJ del 4 de julio de 2006 mediante el cual el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia hace una devolución de unos documentos.
SEGUNDO: Declárase Nula la Resolución No 2373 de 22 de septiembre de 2006 mediante la cual el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica resuelve un recurso de reposición interpuesto contra el oficio mencionado en el numeral anterior.
TERCERO: Declárase Nula la Resolución No 2493 de 4 de octubre de 2006 que fue proferida por el Señor Secretario General del Interior y de Justicia de Colombia, resolviendo un recurso de apelación presentado por el suscrito contra el contenido del oficio mencionado en el numeral primero de éste acápite.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, en calidad de restablecimiento del Derecho, ordénese el reconocimiento de la personería Jurídica Especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor y el consecuente Registro de la misma”.
I.2. Los hechos
El apoderado de la parte actora señaló que el día 7 de abril de 2006, el Pastor Rodrigo Borda Montoya, solicitó ante el Ministerio del Interior y de Justicia el reconocimiento de la personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor.
Expresó que dicha solicitud se radicó con fundamento en los lineamientos y requisitos contenidos en el Decreto 1319 del 13 de julio de 1998, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994”.
Recordó que el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio en comento, mediante oficio OFIO6-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006, rechazó la solicitud de otorgamiento de la personería jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1º del Decreto 782 de 12 de mayo de 1995, “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994”.
Adujo que en esa oportunidad se consideró que existía otra iglesia registrada con el nombre Iglesia Cristiana Manada del Señor, “el cual era similar”, por lo que no era posible acceder a su petición.
Indicó que mediante memorial de fecha 17 de julio de 2006, el accionante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, lo anterior con la finalidad de que se revocara la decisión adoptada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia en el referido acto administrativo.
Puso de presente que ante la falta de resolución de los recursos interpuestos, decidió presentar una acción de tutela, la cual, según comentó, fue rechaza por improcedente al existir otros medios de defensa judicial.
Finalmente, anotó que el ente Ministerial resolvió los recursos antes mencionados a través de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el oficio OFIO6-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que el Ministerio del Interior y de Justicia con los actos administrativos demandados desconoció las normas en que debían fundarse, concretamente los artículos 2º, 13, 14, 18 y 19 de la Constitución Política y lo dispuesto en el Decreto 782 de 1995.
Al respecto, manifestó que con la actuación del Ministerio del Interior y de Justicia en el trámite del reconocimiento de la personería jurídica especial, no se está dando cumplimiento a los fines del Estado contenidos en el artículo 2º de la Constitución Política y, mucho menos, está fundada en lo dispuesto en la ley.
Adujo que también se desconoció el artículo 13 ibídem, toda vez que el mismo Ministerio ha reconocido personería jurídica a 133 personas que hicieron una solicitud idéntica a la presentada por el demandante, quebrantando “el derecho a la igualdad que les da la ley a las iglesias”.
Por otra parte, señaló que el derecho a la personalidad jurídica de las iglesias es de naturaleza constitucional, el cual consiste en el reconocimiento a “una persona distinta de los fundadores para desarrollar una actividad lícita, para que las actuaciones no sean arbitrarias y/o especulativas”, tal y como lo establece el artículo 14 superior.
Igualmente, argumentó que se ha violentado el artículo 18 ejusdem, pues la libertad de conciencia no admite limitaciones ni intervenciones por parte del Estado, y que la garantía constitucional al libre desarrollo de la conciencia se traduce en el respeto del Estado al dicho derecho fundamental.
En cuanto a la violación del artículo 19 de la Constitución Política, advirtió que no se protegió la garantía del ejercicio del derecho de libertad de culto y tampoco la libertad de conciencia, toda vez que negó sin “razones valederas la personería jurídica” antes mencionada.
En lo atinente al desconocimiento del Decreto 782 de 1995, advirtió que bien es cierto que los nombres Manada del Señor y Fidelidad del Señor comparten la palabra “del Señor”, también lo es que las expresiones manada (sustantiva) y fidelidad (adjetiva) resultan disímiles, esto es, en cuanto a su pronunciación y significado.
Finalmente, sostuvo que las denominaciones religiosas o los nombres de las Iglesias corresponde a la visión y a la relación que los fundadores hayan tenido con Dios.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. El apoderado judicial de la entidad respondió la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que la actuación del Ministerio del Interior y de Justicia en torno al trámite dado a la solicitud de personería jurídica especial por parte de la entidad religiosa denominada “Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor”, se adecuó de manera estricta a las prescripciones contenidas en la Ley 133 de 1994 y los Decretos 782 de 1995 y 1319 de 1998.
Afirmó que el acto administrativo acusado, contrario a vulnerar los preceptos superiores contenidos en los artículo 2º, 13, 14, 18 y 19 de la Constitución Política, relacionados con los fines del Estado, el derecho a la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, religiosa y de cultos, los reafirma, como quiera que la actuación administrativa es el resultado de la necesidad de dar garantía de plena identidad a las diferentes organizaciones religiosas, propendiendo porque la denominación de las mismas obedezca a los presupuestos de singularidad y distinción contemplados en el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 782 de 1995.
Se refirió frente al alcance de la expresión similar que alude el Decreto 782 de 1995, en el sentido de que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española alude a “que tiene semejanza o analogía a algo”, por lo que en aras de salvaguardar la plena identidad y singularidad de las entidades religiosas, la actuación del Ministerio de Interior y Justicia que el demandante cuestiona, tiene como finalidad fundamental la salvaguarda y garantía de dicho presupuesto.
III. - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 5 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo el apoderado las partes y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.
IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1.- El problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Ministerio del Interior y de Justicia con ocasión a la expedición del Oficio OF106-15200-OAJ-410 de 4 de julio de 2006, así como de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, llegó a quebrantar los artículos 2º, 13, 14, 18 y 19 de la Constitución Política y lo dispuesto en el Decreto 782 de 1995, al haber negado el reconocimiento de la personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor, considerando que la misma era confundible con la iglesia registrada con el nombre Iglesia Manada del Señor.
Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala hará referencia a: (i) los actos administrativos acusados y los considerandos de los mismos; (ii) la libertad de conciencia; (iii) la libertad de culto y de profesar una religión; (iv) el Estado Colombiano como estado laico; (v) los requisitos para el reconocimiento de personerías jurídicas a iglesias y; (vi) el caso concreto.
(i) Los actos administrativos acusados y los considerandos de los mismos
Los actos acusados son el oficio OFI06-15200-0AJ-0410 del 4 de julio de 2006 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior y Justicia y las Resoluciones No 2373 del 22 de septiembre de 2006 suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior y Justicia, y 2493 del 4 de octubre de 2006 suscrita por el Secretario General del Ministerio del Interior y de Justicia, cuyo contenido, en sus aportes relevantes, son los siguientes:
• Oficio OFI06-15200-0AJ-0410 del 4 de julio de 2006:
“En atención a su comunicación radicada en este Ministerio con el No. 009673, del 7 abril de 2006, mediante la cual solicita reconocimiento de Personería Jurídica Especial, a la entidad religiosa IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR, donde remite el Acta de Constitución y demás documentos anexos, una vez estudiados los mismos, atentamente me permito efectuar las siguientes consideraciones:
De conformidad con el Parágrafo Primero del Decreto 782 de 1995, no son permisibles denominaciones iguales o similares, y toda vez que en el Registro Público de entidades religiosas se encuentra reconocida la IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR, con Resolución de Personería Jurídica No 1094 del 23 de junio de 1997, me permito hacer devolución de la documentación aportada en cuarenta y tres (43) folios” (negrillas y subrayado fuera de texto).
• Resolución No 2373 del 22 de septiembre de 2006 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto Administrativo No. OF106-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006”:
“ARTICULO PRIMERO.- No reponer el Acto Administrativo No. OFI06-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006, a través del cual se hace devolución de la documentación aportada para el trámite de reconocimiento de Personería Jurídica Especial.
ARTICULO SEGUNDO.- Confirmase en cada una de sus partes el Acto Administrativo No. OFI06-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006.
ARTICULO TERCERO.- Concédese el recurso de apelación interpuesto por el recurrente como subsidiario del recurso de reposición” (negrillas fuera de texto).
En los considerandos de la mencionada resolución, se indica:
“Que en este orden, es claro que el Decreto 782 de 1995 señala entre uno de los requisitos para obtener la Personería Jurídica Especial, la de su denominación que no puede ser igual o similar a otra ya reconocida.
Que esa condición se encuentra plasmada en una disposición reglamentaria de la normatividad que regula el derecho a la libertad religiosa y de cultos, la cual busca, de una parte, evitar una similitud nominal que pueda generar confusión frente a los feligreses, y de otra, proteger el derecho de denominación de las entidades religiosas, que se dan a conocer con su nombre frente a terceros.
Que por consiguiente, no se vulnera el derecho a la igualdad, pues simplemente se está dando cumplimiento a una norma legal que tal como se afirmó anteriormente busca proteger los derechos de la ciudadanía y de las entidades religiosas” (negrillas fuera de texto).
• Resolución Número 2493 del 4 de octubre de 2006 “Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el Acto Administrativo”:
“ARTICULO PRIMERO.- Confirmar en cada una de sus partes el Acto Administrativo No OFI06-15200-OAJ-0410 del 4 de julio de 2006, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.
En los considerandos de la mencionada resolución, se manifiesta:
“Que de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 782 de 1995, Los (sic) datos de denominación e identificación deben propender por su singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones iguales o similares.
Que una vez estudiado (sic) los documentos contentivos de la solicitud de personería jurídica especial, se observó que el nombre de la entidad religiosa “IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR” es similar al nombre de una entidad inscrita en el Registro Público de Entidades Religiosas, como es el de IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR, no dando cumplimiento al requisito señalado en el parágrafo primero del artículo primero del Decreto 782 de 1995, el cual establece que no son permisibles tanto las denominaciones iguales como las similares, existiendo razones fundadas para devolver la documentación en mención” (negrillas y subrayado fuera de texto).
(ii) La libertad de conciencia
Abordaremos en este aparte, el desarrollo constitucional y jurisprudencial de la libertad de conciencia, asunto que está ligado al respeto a las creencias y convicciones de los ciudadanos y el cual se materializa, entre otras razones, en el reconocimiento de personería jurídica a Iglesias que la solicitan.
Sobre el asunto, el artículo 18 de la Constitución Política al hacer referencia a la libertad de conciencia, establece:
“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.
La Corte Constitucional en Sentencia T-332 de 2004, al abordar este tema, sostuvo:
“2.2. Según lo dispone el artículo 18 de la Constitución Política, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
La conciencia, como una expresión de la dignidad humana, es entendida como la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta; como el conocimiento interior del bien y del mal o el conocimiento exacto o reflexivo de las cosas. Es la conciencia la que da sentido y valor a los actos de la persona; la que permite al individuo distinguir racionalmente la licitud o ilicitud de sus actuaciones, de conformidad con los parámetros que guían el obrar humano.
La libertad de conciencia constituye, en un régimen democrático, pluralista y participativo, una de las libertades básicas del hombre, puesto que “ninguna democracia puede tenerse por auténtica y completa si en ella se desconoce o se menosprecia el derecho de todo ser humano a seguir su propio sentido ético: a no traicionar esa voz apremiante que le dicta, desde su interior, la regla del comportamiento”.
El derecho a la libertad de conciencia consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de aplicación inmediata, es el que tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón. Este derecho es reconocido igualmente por el derecho internacional de los derechos humanos (artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y artículo III de la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre)” (negrillas fuera de texto).
(iii) La libertad de cultos y la libertad de profesar una religión
Otro aspecto que resulta importante para abordar el tema que nos ocupa, es el relacionado con la libertad de culto y de profesar una religión.
Sobre el particular, la Constitución Política en su artículo 19 establece la garantía a la libertad de cultos, expresando que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Recuerda la Sala que mediante la Ley 133 de 1994, se desarrolló este derecho, regulando varios aspectos, como el reconocimiento de la diversidad de las creencias religiosas; la garantía constitucional a la libertad religiosa y de cultos; el reconocimiento de la personería jurídica a iglesias y confesiones religiosas; y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas.
De igual manera, en la mencionada Ley, se establece que el poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas, facilitando la participación de estas y aquellas en la consecución del bien común.
En coherencia con lo anterior, al Estado le corresponde garantizar la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.
También se regula lo atinente a los derechos que emanan de la libertad de cultos y la libertad religiosa, los cuales tienen como único limite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática.
La Corte Constitucional al abordar dichas libertades sostuvo, en la Sentencia T-524 de 2017, lo siguiente:
“5. Ámbito de protección de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de cultos y la libertad de conciencia
Mediante la Ley 133 de 1994 el Legislador desarrolló el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos (artículo 19 CP). En dicha norma estableció, entre otras obligaciones a cargo del Estado, la de garantizar este derecho y el deber de interpretarlo a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (artículo 1º). Además, reconoció la diversidad de las creencias religiosas y su igualdad ante la ley, estipulando que “no [se] constituirán [en] motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley” (artículo 3º).
Además, reglamentó el ámbito de protección de la libertad religiosa y de cultos a través de la identificación de los siguientes derechos: i) a profesar creencias religiosas en un ámbito de autonomía, esto es, que la persona pueda libremente afirmar o negar su relación con dichas creencias; ii) a cambiar de confesión o abandonar la que se tiene; iii) a manifestar libremente sus creencias o abstenerse de hacerlo; iv) a practicar actos de oración y culto, individual o colectivamente, en privado o en público. Podrá, así mismo, conmemorar sus festividades, sin ser perturbado en el ejercicio de estos derechos; v) recibir digna sepultura y seguir los cultos y preceptos religiosos en materia de costumbres funerarias, (vi) contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión, (vii) no ser obligado a practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales y (viii) reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas (artículo 6º).
Adicionalmente, estipuló que el derecho a la libertad de cultos no es absoluto y por ello encuentra como límites, los siguientes: i) el ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales de las demás personas; y ii) la salvaguarda de la seguridad, de la salud, la moralidad pública; elementos que constituyen el orden público y que son protegidos por la ley en un contexto democrático (artículo 4º).
Por su parte, esta Corte en reiterada jurisprudencia ha concluido que el derecho a la libertad de cultos no protege exclusivamente las manifestaciones positivas del fenómeno religioso, esto es, formar parte de algún credo, llevar a cabo prácticas o ritos de una religión, sino también las negativas, como la posibilidad de no pertenecer a ningún tipo de religión, de no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa cuando no se desea. De aquí que la libertad religiosa es simultáneamente una “permisión y una prerrogativa. Como permisión significa que el hombre no puede ser obligado a actuar contra su creer y su sentir. Como prerrogativa, que nadie puede impedirle obrar de acuerdo con sus creencias y sentimientos, siempre y cuando el ejercicio del derecho se ajuste a los límites constitucionales y legales correspondientes (…) por lo tanto las entidades oficiales no podrán imponer a sus funcionarios la asistencia obligatoria a ceremonias religiosas, por nobles que sean sus ideales. De hacerlo, el Estado estará vulnerando los derechos a la libertad religiosa y de cultos que contempla la Carta Política” (negrillas fuera de texto).
(v) El Estado Colombiano como estado laico
En cuanto a los principios de neutralidad e igualdad religiosa ante la ley, la Sala recuerda que nuestra Constitución Política, si bien no es confesional sino laica, invoca la protección de Dios en el Preámbulo, como un Ser Superior, esto es, Dios en una concepción universal reconocida por diversas religiones, independientemente del credo particular de cada uno.
Así quedó consignado en el mencionado Preámbulo de nuestra Constitución Política en el año 1991:
“EL PUEBLO DE COLOMBIA. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente…”.
Por su parte, el artículo 19 ibídem dispone que se debe garantizar la libertad de cultos: “Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
Al analizar la constitucionalidad de la ley, la Corte Constitucional en la sentencia C-088 de 1994, sostuvo lo siguiente:
“(…) allí se destaca que todas las confesiones e iglesias son igualmente libres ante la ley, reproduciendo el texto del inciso segundo del artículo 19 de la Carta; allí también se señala que el Estado reconoce la diversidad de creencias religiosas, y se advierte que estas creencias religiosas no pueden constituir motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. Desde luego, una consecuencia del derecho a la libertad religiosa es la igualdad entre todas las religiones y cultos y de los individuos en relación con ellos; empero, la igualdad en esta materia no significa uniformidad absoluta, sino que no se produzca discriminación, ni molestia por motivos religiosos o de creencia y culto.
Se trata de reforzar las garantías sobre el ejercicio de los derechos fundamentales con los que de diversos modos se relaciona esta libertad, y de destacar que todos los individuos deben gozar de los derechos constitucionales, sin más limitaciones que las establecidas dentro del ordenamiento jurídico en relación con los derechos de los demás; igualmente, se advierte que el ejercicio o práctica de una o de otra religión o creencia religiosa, no puede en ningún caso servir de causa o razón para afirmar o argumentar fórmula alguna de restricción, discriminación o desigualdad” (Negrillas fuera de texto).
Con posterioridad y en relación con la libertad religiosa, la Corte Constitucional, en sentencia T-662 de 1999, consideró:
“…la libertad religiosa comprende, de conformidad con los artículos 18, 19, 42 y 68 de la Constitución Nacional y la Ley 133 de 1994, entre otras cosas, los siguientes elementos: “(i) la libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida”, (que implica la libertad de información y de expresión sin las cuales la persona no podría formarse una opinión ni expresarla); (ii) la libertad de cambiar de religión y (iii) de no profesar ninguna, entre otras conductas que, no obstante pertenecer el individuo a una religión o confesión religiosas, deben ser respetadas por encima de cualquier propósito de coacción; (...) la posibilidad de (iv) practicarlas sin perturbación o coacción externa, contraria a las propias convicciones, y (v) de realizar actos de oración y de culto, (vi) de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, (vii) de conmemorar festividades, (viii) de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia, (ix) a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión y a sus normas, (x) de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla o de (xi) determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia”.
En este sentido, la libertad religiosa no sólo protege las manifestaciones positivas del fenómeno religioso, - el hecho de formar parte de algún credo y las prácticas o ritos que se generan como consecuencia de pertenecer a una religión -, sino también las negativas, como la opción de no pertenecer a ningún tipo de religión, no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa cuando no se desea. En consecuencia, las posturas indiferentes, agnósticas o el ateísmo, aparecen comprendidas en el ámbito del derecho a la libertad religiosa, porque el “pluralismo religioso debe considerarse como una manifestación más del pluralismo social, que valora la Constitución”.
Así, “esta condición igualitaria presupone para el Estado que (i) el ordenamiento jurídico “funja como receptor-difusor de dicho principio y resistencia-refractaria ante cualquier asomo de discriminación que por razones de origen religioso se pretenda implantar” y (ii) los poderes públicos, en ejercicio de sus facultades, estén subordinados al ordenamiento jurídico, encaminados hacia su respeto y protección, a fin de promover las condiciones para que la igualdad jurídica que se predica de las confesiones religiosas sea de orden material, real y efectivo” (negrillas fuera de texto).
(vi) Requisitos para el reconocimiento de personerías jurídicas
Teniendo en cuenta que cualquier manifestación atinente a la libertad religiosa o de culto, debe propender por garantizar la neutralidad e igualdad frente a situaciones que puedan desconocerla, el ordenamiento jurídico trae una serie de requisitos para el reconocimiento de personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, los cuales se encontraban regulados, para la época de los hechos, en la Ley 133 de 1994 y los Decreto 782 de 1995 y 1319 de 1998.
Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-088 de 1994, en la cual se estudió el “Proyecto de Ley Estatutaria sobre Libertad Religiosa. No. 209 Senado. 1 Cámara. Legislatura de 1992. "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política", consideró:
“En este sentido, se observa que según lo dispone el proyecto, el Ministerio de Gobierno reconocerá personería jurídica a las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten, y que en dicho ministerio funcionará el Registro Público de Entidades Religiosas. En desarrollo de esta previsión, la petición que debe elevarse deberá ir acompañada de documentos fehacientes, en los que conste la fundación o el establecimiento de la entidad en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación, lo cual desde cualquier punto de vista encuentra pleno fundamento en la Carta Política, bajo el entendido de que este procedimiento es apenas la vía administrativa para efectos de acceder a una figura jurídica, que habilita para ejercer diversas categorías de derechos, en un régimen de libertad religiosa y de cultos, que pueden ejercerse aun sin la mencionada personería, la cual es necesaria sin embargo para regularizar de modo ordenado y público unas funciones especiales que sólo pueden ser desarrolladas bajo esta forma.
Cuando el Concordato consagra que la Iglesia Católica es persona jurídica de derecho público, lo hace como un mero reconocimiento a la calidad que tiene esta Iglesia en tanto es sujeto de Derecho Internacional Público. […]
En consecuencia, cuando en el artículo 15, se califica la personería jurídica de las demás Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros como "pública eclesiástica", se desconoce el análisis precedente, sin que ello obste para que estas entidades religiosas desarrollen sus actividades bajo las plenas garantías y derechos que les reconoce el proyecto de Ley Estatutaria que se revisa. Con fundamento en el mismo análisis y teniendo en cuenta el marco constitucional que en estas materias de libertad de religión y de culto ha fijado la Carta de 1991, se declara la inexequibilidad de la expresión "pública eclesiástica" del artículo 15.
Dentro de las innovaciones que se destacan en el proyecto que se examina, se reconoce una categoría especial a la personería jurídica de las iglesias y confesiones que voluntariamente la soliciten, en atención a que el ejercicio de la misma no es un asunto subjetivo y particular, sino que proyecta sus consecuencias y su dinámica social con carácter colectivo.
Observa la Corte que no se trata sólo de una clase de personas jurídicas de las que pueden constituirse en desarrollo de la libertad religiosa y de cultos, sino varias; en efecto, según lo dispone el artículo 9o. del proyecto de ley, dichas personas se clasifican en Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros, y en todo caso deben obtener su reconocimiento del ministerio de gobierno y figurar en el Registro Público de Entidades Religiosas.
[…]
Así, es claro que la personería jurídica de que se trata, se reconocerá, en la generalidad de los casos, cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos, y no se vulneren los preceptos de la ley, salvo el caso de la Iglesia Católica, cuyo régimen aún se rige de conformidad con lo dispuesto por el Concordato, dadas las condiciones especiales en las que se desarrolló y desarrolla en Colombia la relación entre las dos potestades” (negrillas fuera de texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 133 de 1994, que desarrolló el derecho a la libertad religiosa y de cultos, la cual al hacer referencia a la personería jurídica de las iglesias, dispuso lo siguiente:
“Artículo 9 .- El Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y, confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio funcionará el Registro Público de entidades religiosas.
La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.
Parágrafo.- Las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil.
Artículo 10º.- El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro público de entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o confesión religiosa, a sus federaciones o confederaciones.
La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos y no se vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley” (negrillas fuera de texto).
Por su parte, el Decreto 782 del 12 de mayo de 1995, a través del cual se reglamentó parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, consagró los requisitos para el otorgamiento de la personería jurídica especial de las iglesias, tal y como se observa a continuación:
Artículo 1º.- Requisitos. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno la correspondiente petición acompañada de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación , los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.
La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos y no se vulneren los preceptos de la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales.
Reconocida la personería jurídica especial, oficiosamente el Ministerio de Gobierno hará su anotación en el Registro Público de Entidades Religiosas.
Parágrafo 1º.- Los datos de denominación e identificación deben propender por su singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones iguales o similares.
Parágrafo 2º.- Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, constituidas en el exterior, deberán acreditar la autorización de las correspondientes autoridades religiosas competentes para su establecimiento en el país. A ese efecto tales autorizaciones y el reconocimiento de las firmas deberán estar autenticadas ante los respectivos funcionarios competentes y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 2º.- Duración. La duración de la personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros que regula este Decreto, a menos que los estatutos dispongan otra cosa, es indefinida, pero se disolverá y liquidará por decisión de sus miembros adoptada conforme a sus estatutos, o por decisión judicial.
Artículo 3º.- Domicilio. El domicilio de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros será el distrito o municipio que se indique en sus estatutos. Sin embargo éstos podrán disponer que sus actividades religiosas se extiendan a todo el territorio de la República de Colombia.
Artículo 4º.- Reformas Estatutarias. Las reformas estatutarias serán adoptadas por el órgano competente de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros con el lleno de los requisitos estatutarios, y solamente entrarán a regir cuando el Ministerio de Gobierno las declare conformes con las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, y con los derechos constitucionales fundamentales.
Artículo 5º.- Personería Jurídica. La personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros se reconocerá mediante resolución motivada suscrita por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno, y por el abogado encargado del estudio de la solicitud y documentación respectiva.
Así mismo se rechazarán las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos por este Decreto o violen la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales. Contra esa resolución proceden los recursos de reposición y apelación ante el Ministro de Gobierno.
Artículo 6º.- Publicidad. La resolución mediante la cual se reconozca personería jurídica especial, para su validez, deberá ser publicada a costa del interesado en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, debiéndose allegar el original del recibo a la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno”.
Por último, en el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998, el Gobierno Nacional reglamentó lo atinente a los “documentos fehacientes” para efecto del otorgamiento de la personería jurídica prevista en el artículo 9º de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 1º del Decreto 782 de 1995:
“Artículo 1º. Documentos fehacientes. Para efectos de lo previsto en el artículo 9º de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 1º del Decreto 782 de 1995, entiéndese por documentos fehacientes necesarios para la obtención de personería jurídica especial por parte de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, ante el Ministerio del Interior, los siguientes:
a) Acta de constitución de la entidad;
b) Estatutos y reglamento interno;
c) Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno;
d) Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de identidad y cargo respectivo;
e) Acta de designación del representante con indicación del nombre documento de identidad y período de ejercicio;
f) Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y exclusivamente para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del Ministro de Culto responsable;
g) Constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad, dirección y teléfono si lo hubiere;
h) Relación aproximada del número de sus miembros;
i) Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los hubiere, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del director de los mismos;
j) Personería jurídica adquirida conforme al régimen de derecho privado, si la hubiere.
Parágrafo. Las actas y constancias de que trata el presente artículo deberán ser expedidas por el representante y secretario de la entidad religiosa, con sus respectivas firmas y documento de identidad”.
(vi) Caso concreto
El señor Rodrigo Borda Montoya solicita se declare la nulidad del Oficio OF106-15200-OAJ-410 de 4 de julio de 2006, así como de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, expedidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, en tanto negaron el reconocimiento de la personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor.
El actor estima que dichos actos administrativos desconocieron los artículos 2º, 13, 14, 18 y 19 de la Constitución Política y lo dispuesto en el Decreto 782 de 1995, por cuanto se consideró erróneamente que el nombre solicitado era confundible con la iglesia registrada Iglesia Manada del Señor.
En efecto, para el Ministerio de Interior y de Justicia existe una similitud en los nombres Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor y la Iglesia Cristiana Manada del Señor, razón por la cual ordenó la devolución de los documentos presentados por la peticionaria.
Al respecto y para resolver, la Sala recuerda que el artículo 1º del Decreto 782 de 1995, establece que las iglesias, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno la correspondiente petición acompañada de los documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.
Cabe resaltar que dicha disposición en el parágrafo establece los datos de denominación e identificación deben propender por su singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones iguales o similares.
En atención a lo anterior y en aras de determinar si el ente Ministerial desconoció la referida norma, la Sala hará una comparación de los nombres de las iglesias solicita y reconocida:
IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR
(Iglesia Solicitante)
IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR
(Iglesia a la cual se le otorgó la personería jurídica)
Del análisis de las expresiones que integran los nombres de las iglesias, la Sala encuentra que si bien es cierto que las mismas comparten las palabras iglesia, cristiana, del y señor, también lo es que se diferencian por las palabras Fidelidad y Manada, las cuales les otorgan distintividad y reconocimiento entre sus fieles.
Cabe resaltar que las palabras que son compartidas por los nombres de las iglesias, son expresiones comunes para referirse a esta clase credos, sin que puede afirmarse su exclusividad por ninguna de ellas.
En efecto, al revisar el Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior, la Sala advierte que las palabras Iglesia, Cristiana, del y del Señor resultan usuales en los nombres de las iglesias a las cuales se les ha otorgado personería jurídica.
Ahora bien y de una visión en conjunto de los nombres, la Sala encuentra que ambas palabras varían en cuanto a su composición y pronunciación, por lo que no presentan un grado de similitud que pueda afectar su distinción y singularidad, al tenor de lo dispuesto en el referido Decreto 782 de 1995. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de los nombres en cuestión:
IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR - IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR
IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR - IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR
IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR - IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR
IGLESIA CRISTIANA FIDELIDAD DEL SEÑOR - IGLESIA CRISTIANA MANADA DEL SEÑOR
Nótese, entonces, como las palabras fidelidad” y “manada” resultan relevantes a la hora de ver analizar la plurimencionada singularidad y distinción frente a las demás.
Recuerda la Sala que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define Fidelidad como “Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona” y Manada como “Hato o rebaño pequeño de ganado que está al cuidado de un pastor”. Al comparar las mencionadas palabras, resulta claro que existe una clara diferencia ideológica entre el significado de una y otra y, por ende, el mensaje que se pretende llevar a los fieles.
Sumado a lo anterior, se tiene que en el Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior se encuentran algunos nombres de iglesias a las cuales se les otorgó personería jurídica y donde se establece que la entidad las reconoció existiendo coincidencias, por lo que no se entiende porque la decisión adoptada en los actos acusados cuando en ella si se vislumbra la singularidad de cada una de las iglesias comparadas.
Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana
Resolución 1578/25-08-97
Iglesia Cruzada Evangélica de Ibagué
Resolución 2066/10-10-97
Iglesia de Dios en Colombia
Resolución 953/23-07-96
Iglesia de Dios en Colombia Asamblea Internacional
Resolución 081/22-01-97
Iglesia Evangélica Cristo es la Roca
Resolución 2401/14-11-97
Iglesia Evangélica Cristo la Roca
Resolución 324/28-02-97
Iglesia Evangélica Jesucristo es el Rey
Resolución 122/03-97
Iglesia Evangélica Jesucristo es el Señor
Resolución 2438/24-11-97
Iglesia Evangélica Jesucristo es mi Única Esperanza
Resolución 2402/14-11-97
Iglesia Evangélica Jesucristo Viene Pronto
Resolución 728-23-04-97
Iglesia Evangélica Manantial de Vida
Resolución 846/27-06-96
Iglesia Evangélica Manantial de Vida en Cristo
Resolución 2559/02-12-97
Lo anterior evidencia que existe una contradicción por parte del Ministerio del Interior y Justicia, pues ha otorgado personerías jurídicas a iglesias con nombres casi idénticos y en el presente caso, donde hay una diferencia, la niega por similitud.
A partir del análisis de los nombres antes transcritos, la Sala tiene que el nombre “Iglesia Cristiana” es genérico, presentándose una diferencia evidente en las palabras “fidelidad” y “manada”, tal y como se explicó líneas atrás.-
Así pues, los nombres “Fidelidad del Señor” y “Manada del Señor” se pueden individualizar y no se prestan para confusiones.
Es claro entonces, que el Ministerio del Interior y Justicia desconoció lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 782 de 1995 y, por ende, debió otorgarle personería jurídica a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor, pues en concepto de esa Sala existe una singularidad y distinción con las demás.
Aunado a lo anterior, con la actuación de la parte demandada también se desconocieron los preceptos constitucionales invocados, en tanto que como bien se precisó, en nuestro ordenamiento jurídico se prohíbe la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva, por lo que todas las confesiones deben tener la posibilidad de acceder a los mismos beneficios.
No debe olvidarse que la libertad de conciencia constituye, en un régimen democrático, pluralista y participativo, en una de las libertades básicas del hombre, por lo que el reconocimiento de iglesias por parte del Estado viene a ser uno de sus elementos fundantes.
La Ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, dispuso en el artículo 1º que el “Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, además que éste derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República”.
En este mismo sentido, los artículos 2º y 3º ejusdem, señalaron que “ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal” y que “el Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales, todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley”, respectivamente.
En virtud de lo anterior y al encontrarse desconocido uno de los principios constitutivos del orden democrático, la Sala declarará la nulidad del Oficio OF106-15200-OAJ-410 de 4 de julio de 2006, así como de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, a través de los cuales el Ministerio del Interior y de Justicia negó el otorgamiento de personería jurídica especial de la entidad religiosa Cristiana Fidelidad del Señor y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará que se le otorgue el respectivo reconocimiento.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio OF106-15200-OAJ-410 de 4 de julio de 2006, así como de las Resoluciones 2373 del 22 de septiembre de 2006 y 2493 del 4 de octubre de 2006, a través de la cual el Ministerio del Interior y de Justicia – hoy Ministerio del Interior, negó el otorgamiento de personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio del interior, otorgarle la personería jurídica especial a la Iglesia Cristiana Fidelidad del Señor y proceder a su inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente en Comisión
“Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos”. El artículo 9º de la Ley 133 de 1994, otorga al Ministerio del Interior, la competencia para reconocer personería jurídica especial a las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros.
Cfr. Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua.
En: MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. El derecho a la Objeción de Conciencia. Segunda edición, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá 2003, pág. XIII.
Ibídem, pág. 9.
Sentencia de la Corte Constitucional T-524 de 2017, Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo
Por medio de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, el Estado colombiano aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmada el 22 de noviembre de 1969. En esta Convención se reconoce la libertad de conciencia y de religión, el cual comprende la libertad de la persona de conservar su religión o sus creencias, o de cambiarlas, de profesarlas, divulgarlas o abstenerse de hacerlo, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Además, se establecen como únicas medidas restrictivas del derecho, los derechos y libertades de los demás, las limitaciones prescritas en la ley y aquellas que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moralidad pública.
“Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”.
Corte Constitucional. Sentencias T-662 de 1999 y T-332 de 2004.
Cfr. Sentencia T- 332 del 2004.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de marzo de 1994. Rad.: C- 088. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz.
Corte Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 1999. Rad.: T- 662. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia de 22 de febrero de 2016. Rad.: T- 073. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos.
En dicho registro se encuentra, para ejemplificar lo señalado, los siguientes nombres: 1) Iglesia Cristiana Rey de Vida 2) Iglesia Cristiana Rey de Reyes 3) Iglesia Cristiana Jesucristo es el Señor 4) Iglesia Evangélica Jesucristo es el Señor 5) Iglesia Cristiana Misionera Jesucristo es el Señor.
Registros anteriores a la solicitud presentada por el señor Rodrigo Borda Montoya.
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