Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00274-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00274-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2007-00274-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD SIMPLE
RADICADO: 11001-0324-000-2007-00274-00
DEMANDANTE: Grupo Semillas
DEMANDADO: Instituto Colombiano Agropecuario -ICA
TERCERO CON INTERÉS DIRECTO: Sociedad Dupont de Colombia S.A. (En
adelante Dupont)
Tema: Se decide la legalidad de la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se
autorizan siembras de maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507)”, expedida por el
Instituto Colombiano Agropecuario- ICA. Reiteración jurisprudencial. El principio de
participación ciudadana no se acreditó.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir, en única instancia, la demanda promovida por el Grupo
Semillas contra la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan
siembras de maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507)”, expedida por el Instituto
Colombiano Agropecuario -ICA1.
I. LA DEMANDA
I.1. La pretensión única de nulidad
1. El Grupo Semillas, parte demandante en este proceso, actuando en nombre
propio instauró demanda con miras a que se declare la nulidad de la Resolución 464
de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de maíz con la
tecnología Hérculex (TC-1507)”, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario-
ICA2. Como sustento de lo anterior, elevó la siguiente pretensión:
“Se solicita de la manera más respetuosa al Honorable Consejo de Estado
que declare la nulidad (sic) la Resolución 464 del 26 de febrero de 2007,
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, por ser contrario
a la Ley 740 de 2002”.
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El presente expediente se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica de Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2007-
00274-00.
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Folios 30 a 55 Cuaderno 1.
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Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
I.2. Normas violadas y el concepto de la violación
I.2.1. Normas violadas
2. El Grupo Semillas, luego de hacer referencia a los antecedentes que dieron
origen a la expedición del acto demandado estimó que el Instituto Colombiano
Agropecuario- ICA, al haber expedido la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007
infringió los artículos 1°, 2°, 23 y 29 de la Constitución Política, así como el numeral
2° del artículo 23 de la Ley 740 de 24 de mayo de 20023.
I.2.2. Concepto de violación. Violación de las normas superiores
3. Explicó que el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002 señala de
manera clara que todas las decisiones que se adopten en relación con organismos
vivos modificados deben ser consultadas con el público y de dar a conocer el
resultado de las decisiones que se adopten.
4. No obstante, aseguró que el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, al haber
expedido la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 omitió dar cumplimiento al
requisito previsto en la referida norma, lo cual se traduce en la violación del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política y en los artículos 1° y 2° ibidem, preceptos normativos que parten del
reconocimiento de que Colombia es un Estado social de derecho participativo y
enuncia como uno de los fines esenciales del Estado “el facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afecten (…)”.
5. En desarrollo del concepto de violación, el actor desarrolló dos acápites. El
primero, asociado a las objeciones presentadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial4. La segunda, relativa a las preocupaciones frente
a los transgénicos.
• Las objeciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT)
6. Narró que, en el marco de las discusiones previas a la expedición del acto
enjuiciado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)
presentó una serie de objeciones en el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad
(en adelante CTNBio), en el cual se incluyeron una serie de aspectos que no habían
sido considerados en las evaluaciones realizadas por la autoridad ambiental.
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“Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica", hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”.
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Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. artículo 12 de la Ley 1444 de 2011 reorganizó el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y lo denominó Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Artículo 12 de la Ley 1444 de
2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la
República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación
y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Grupo Semillas
Además, se efectuaron recomendaciones sobre la necesidad de que se debían
efectuar estudios para evaluar adecuadamente los maíces transgénicos.
7. Dentro del conjunto de actividades que en concepto del MAVDT “están siendo
desatendidos en los procesos de evaluación ambiental de las actividades con
OGM5”, enlistó las siguientes:
“1. Los aspectos que considera el MAVDT que están siendo desatendidos
en los procesos de evaluación ambiental de las actividades con OGM,
tienen que ver fundamentalmente con las consideraciones ecológicas y lo
relacionado con el artículo 23 y 26 del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del CDB, sobre la información y la
participación del público, en el proceso de adopción de decisiones y la
incorporación de las consideraciones socioeconómicas.
2. En los análisis realizados, no se discriminan los impactos por tipo de
productor o por sistema de producción. La evaluación debería contemplar
los beneficios reales sobre el universo de los productores y no únicamente
sobre un grupo de ellos.
3. No se incluyeron evaluaciones de la relación con las áreas de
comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas
que incluyen dentro de su estrategia alimentaria y de desarrollo a los
maíces nativos, e incluso no acuden en sus sistemas de producción a
híbridos y variedades mejoradas por métodos convencionales. Se debe
levantar y sistematizar la información y definir las medidas adecuadas
para las áreas o núcleos de comunidades que optan por conservar sus
cultivos y prácticas tradicionales.
4. El mismo precepto aplica para comunidades locales que han iniciado
procesos de conversión a producciones agropecuarias ecológicas. Ante
la ausencia de una normativa de coexistencia, se considera que no puede
ponerse en riesgo el esfuerzo de los productores y del estado (Sic) en este
tipo de inversión. Se deben definir e implementar las medidas adecuadas
para la protección de estos cultivos y sistemas de producción. El análisis
de riesgo debe incorporar en las consideraciones socioculturales,
aspectos relacionados con el intercambio tradicional de semillas que hace
parte de las prácticas culturales”.
• Las preocupaciones frente a los transgénicos
(i) Aprobación de los cultivos de maíz transgénico en Colombia
8. Relató que en los años 2003 a 2004, las empresas Monsanto y Dupont
presentaron ante el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad del ICA las siguientes
solicitudes de liberación comercial para los siguientes tipos de maíz: (i) “maíz Bt
Yieldgard” (de Monsanto); (ii) “maíz Roundup Ready (de Monsanto)” y; (iii) “maíz
Herculex I Bt y tolerante al herbicida glufosinato de amonio (de Dupont)”.
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Organismo Genéticamente Modificado.
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Demandante: Grupo Semillas
9. Describió que el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, y antes de adoptar
la decisión de liberación comercial de estos tres tipos de maíces, se reunió en dos
oportunidades los días 31 de enero y 23 de febrero, ambas del 2007.
10. Explicó que en la primera de estas reuniones, las entidades que conformaban
el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad acordaron ampliar los estudios y
evaluaciones relacionadas con las variedades de maíces transgénicos que se
pretendían liberar atendiendo las conclusiones del concepto técnico emitido por el
MAVDT, precisando que a través de este documento se habían cuestionado los
ensayos efectuados por el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA.
11. Sin embargo, anotó que en la segunda reunión de fecha 23 de febrero de 2007
y de manera “arbitraria”, el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad cambió su
postura frente a la autorización de la siembra controlada de maíz transgénico sin
contar con la autorización del representante del gabinete ministerial y
desconociendo el concepto emitido por la autoridad competente.
12. Cuestionó que el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad no explicó el
significado y el alcance de las “siembras controladas”, pues el único requisito
exigible para que un agricultor pueda sembrar maíz modificado es el registro ante
el ICA. Por ello, consideró que las razones que respaldaron el cambio de posición
del referido comité se fundamentaron en criterios eminentemente políticos y no en
razones técnicas, científicas y socioeconómicas.
(ii) Los maíces transgénicos aprobados por el Invima para alimentación
humana y animal
13. Refirió que “desde hace más de una década”, el Invima ha otorgado registros
sanitarios a productos para la alimentación humana procedentes de Estados Unidos
y Argentina, sin haber adelantado los estudios de bioseguridad pertinentes. Ello
obedece a que esa entidad no tiene la infraestructura logística para realizar estas
pruebas. Para respaldar esa afirmación, relacionó una lista en la cual se detalla el
registro sanitario y la fecha de aprobación por parte del Invima.
(iii) Aspectos críticos de la aprobación del maíz transgénicos
(a) El maíz patrimonio genético de la Nación y base de la soberanía
alimentaria
14. Señaló que el Gobierno Nacional ha dado “vía libre a estos alimentos y cultivos”
lo cual supone un riesgo a la biodiversidad del país y a la soberanía alimentaria.
Ahora, explicó que, a nivel mundial, la discusión se centra en los posibles riesgos e
impactos de los transgénicos sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud
humana y los efectos socioeconómicos.
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Demandante: Grupo Semillas
15. Relató que “(…) [a]unque las evaluaciones que realizó el ICA, conjuntamente
con Monsanto y Dupont, con relación a la introducción de cultivos de maíz
transgénico, podrían considerarse más como evaluaciones agronómicas, que
estudios de bioseguridad como tal. Uno de los aspectos más críticos de este
proceso, es la invisibilización total que se tiene de los posibles impactos de maíz
transgénico sobre el valioso patrimonio genético que tiene el país y el
desconocimiento de la fuerte cultura del maíz que todavía está arraigada en millones
de campesinos en todo el territorio nacional”.
(b) Estudios insuficientes y laxos sobre flujo genético
16. Discurrió en el sentido de señalar que las evaluaciones de flujo genético que
efectuó el ICA fueron incompletas, pues “(…) no consideraron los cientos de
variedades de maíces que existen en Colombia (…)”. Al respecto, manifestó que en
Colombia existen 23 razas nativas de maíz (2 primitivas, 9 introducidas y 12
híbridas) que, en condiciones naturales, pueden cruzarse con la variedad
transgénica.
17. Calificó de “vergüenza nacional” que el ICA, en su calidad de autoridad nacional
de los recursos filogenéticos no contara con un inventario actualizado sobre el
germoplasma existente y sobre la biodiversidad del maíz que es conservada y
utilizada por las comunidades afrocolombianas y campesinas. Como muestra de
ello, el ICA solo prohíbe la siembra de esta clase de semillas en territorios indígenas,
desconociendo que también es un patrimonio genético de millones de campesinos
que podrían resultar afectados. Igualmente, consideró que era inaudito que los
estudios más recientes sobre el inventario y caracterización de maíz en Colombia
se realizaron por Torregrosa y Robert en el año 1957.
(c) La exclusión de la siembra del maíz GM en resguardos indígenas, una
medida que no es eficaz
18. Estimó que la prohibición de siembra de semillas a una distancia no inferior a
300 metros de los resguardos indígenas no resulta eficaz, dado que algunos
estudios demuestran que en condiciones topográficas determinadas marcadas por
el nivel de los vientos, el riesgo de polinizar otros cultivos puede llegar a distancias
de 500 y 1000 metros.
19. Manifestó que, según una nota publicada en el periódico Portafolio de 28 de
mayo de 2007, la identificación de las áreas de los resguardos indígenas donde no
se podían hacer siembras de maíz transgénico se realizó a partir de mapas
georeferenciados suministrados por el Incoder. Sobre este aspecto, anotó que en el
país muchas comunidades indígenas viven dentro de sus territorios ancestrales que,
en muchos casos, no coinciden con las áreas de resguardos, tal y como ocurre con
el resguardo Zenú, ubicado en los departamentos de Córdoba y Sucre y los pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Demandante: Grupo Semillas
20. Criticó que el ICA no haya excluido la autorización de siembras transgénicas en
zonas campesinas, ya que esta decisión ignora la importancia del maíz para la
agricultura y la soberanía alimentaria de millones de campesinos en nuestro país.
(d) Los contratos firmados por los agricultores y las trasnacionales
21. Narró que cuando un agricultor acepta “voluntariamente” el uso de tecnología
transgénica, las empresas “lo obligan a firmar un contrato”, en el cual se incorporan
una serie de cláusulas con implicaciones judiciales. Según estas estipulaciones, el
agricultor se compromete a utilizar la semilla para una siembra y a devolver los
sobrantes. Igualmente, el incumplimiento del contrato conlleva su terminación y la
devolución de las semillas. Incluso, en virtud de estas cláusulas, los agricultores
confieren a la empresa la facultad para destruir el cultivo sin indemnización previa y
para ejercer las acciones legales pertinentes y, en algunos casos, ello puede
conllevar la privación de la libertad según la Ley 1032 de 2006, que modificó el
artículo 306 del Código Penal.
22. Puntualizó que, en diversas partes del mundo, los agricultores han sido
judicializados, pues sus cultivos han resultado contaminados de alguna manera con
semillas transgénicas.
(e) Autorización de “siembras controladas”: un concepto cuestionado
23. Consideró que el concepto que emplea el ICA sobre lo que se entiende por
“siembras controladas” es cuestionable, pues hasta la fecha no se han realizado los
estudios de bioseguridad requeridos para ello.
(f) Los transgénicos en Colombia
24. Narró que Colombia atraviesa por una profunda crisis en la agricultura, pues
para el año 2006, importó más de ocho millones (8.000.000) de toneladas de
alimentos, de las cuales dos millones de toneladas (2.000.000) corresponden al
maíz. Particularmente, precisó que Colombia viene importando soya y maíz
transgénico procedente de Estados Unidos y de Argentina sin ningún tipo de control.
25. Aseveró que el Consejo de Estado, en fallo del mes de febrero del año 2005,
sin identificar el radicado, al resolver una acción popular en segunda instancia
determinó que “(…) la exigencia de licencia ambiental, para todos los transgénicos
que se introduzcan al país, cultiven o comercialicen, a partir de la vigencia de la Ley
740 de 2002 (Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad)”. Sin embargo, y
contraviniendo dicha decisión judicial, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4525
de 2005 el cual reglamentó el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad. Dicha
regulación, a su juicio, constituye “(…) un retroceso jurídico en esta materia y en
realidad es una herramienta para introducir cultivos y alimentos transgénicos”.
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Demandante: Grupo Semillas
26. Explicó que el ICA ha otorgado autorizaciones a las empresas Monsanto y
Dupont a fin de realizar ensayos de campo en las regiones más productoras del país
en maíz. No obstante, no se trató de pruebas rigurosas, sino tan solo de
evaluaciones de la efectividad de dicha tecnología que parten de la extrapolación
de estudios foráneos presentados por las mismas empresas. Puntualizó que la
introducción de transgénicos en nuestro país resulta crítica porque “(…)
inevitablemente sería contaminada y erosionada la enorme diversidad de este
cultivo, y los campesinos e indígenas serían los más afectados. También porque el
maíz es uno de los productos básicos de la alimentación de los colombianos, tanto
poblaciones rurales como urbanas”.
(g) La sociedad civil no tiene acceso a la información y no se tiene en
cuenta en la toma de decisiones
27. Expresó que la sociedad civil ha sido excluida del debate público al no ser tenida
en cuenta en la adopción de decisiones sobre la evaluación y la introducción de
semillas transgénicas en el país, especialmente, la población campesina e indígena.
Además, no se garantiza el derecho de los consumidores y a la ciudadanía a estar
bien informados y a elegir si consumen o no estos productos.
28. Al respecto, aseveró que diversas organizaciones civiles han presentado
peticiones para que las autoridades competentes informen sobre las solicitudes que
se tramitan ante el ICA y los estudios de bioseguridad que se están realizando. Sin
embargo, dichas autoridades y sin ningún sustento jurídico se negaron a responder
dichas peticiones, alegando que esa información era confidencial.
29. Finalmente adujo que, en muchas regiones del país, las organizaciones
indígenas, negras y campesinas tienen una posición crítica sobre los impactos que
podría generar los organismos transgénicos en sus territorios. Por ello, se han
construido estrategias, acciones y alianzas para defender las semillas locales y, en
especial, para analizar los efectos de la contaminación genética que puede
producirse por la introducción del maíz transgénico en sus territorios.
II. LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1. La oposición de la sociedad Dupont de Colombia S.A.
30. La sociedad Dupont de Colombia S.A., vinculada como tercera interesada en
las resultas del proceso, según auto de 30 de abril de 20086, contestó la demanda
de manera oportuna.
31. Esta sociedad aceptó como ciertos algunos hechos y aclaró otros, en el
siguiente sentido:
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Folios 59 a 67 del Cuaderno 1 del Consejo de Estado.
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Demandante: Grupo Semillas
(i) En las sesiones sexta y séptima realizadas los días 31 de enero y 23 de febrero
de 2007, el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad presentó los resultados
obtenidos en los estudios de bioseguridad los cuales indicaron que la tecnología
Hérculex I era eficaz contra “las plagas objetivo”, es decir, aquellas que atacaban
realmente el cultivo de maíz, sin impactar a la población de artrópodos y anélidos
que cumplían un papel de agentes naturales de control biológico.
(ii) En la sesión realizada el día 23 de febrero de 2007, se analizó la situación del
cultivo del maíz en Colombia, los problemas de calidad y de costos referidos a los
cultivos de maíz convencional, pero no se analizó la situación respecto del maíz
genéticamente modificado.
(iii) El ICA, después de dar cumplimiento a la legislación vigente y en los términos
de la recomendación impartida por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad
(CTNBio), expidió la Resolución 464 de 2007 por medio de la cual impartió
autorización a la sociedad Dupont de Colombia S.A. para la importación de semillas
de maíz con la tecnología Hérculex (TC 1507) para siembras controladas en la zona
agroecológica del Caribe Húmedo. Dicho permiso se sujetó al cumplimiento de los
estándares de calidad establecidos por el país para la especie de maíz y la categoría
de semillas, así como a los requisitos fitosanitarios y normas sobre empaques-
envases, rotulados y marbetería establecidos por el ICA.
(iv) La Resolución 464 de 2007 impuso una serie de restricciones a la autorización
de importación consistentes en: (a) la prohibición de efectuar siembras de Maíz HX
I en resguardos indígenas, así como (b) la obligación de mantener un aislamiento
de 300 metros en la siembra de Maíz HX I respecto del maíz convencional.
Igualmente, realizó una delimitación de la autorización a una zona geográfica del
país determinada.
(v) La longitud del aislamiento se realizó con fundamento en “un extenso estudio de
campo con el Maíz HX I” del ICA” el cual determinó que “(…) a una distancia de 300
mts. existe una mínima probabilidad de migración o dispersión del polen del Maíz
HX I, el cual, por su peso, se dispersa a una distancia de 20 mts. aún en condiciones
de viento”.
(vi) La autorización se sujetó al cumplimiento del Plan de Bioseguridad y Manejo
para siembras controladas de Maíz HX I, tal y como se desprende del tenor del
artículo 4° de la Resolución 464 de 2007.
(vii) El ICA, al expedir la Resolución 464 de 2007, incorporó dentro de sus
fundamentos jurídicos el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica y el Protocolo de Cartagena, aprobado por el Congreso de la República a
través de la Ley 740 de 2002, la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C- 071 de 2003.
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Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
32. En relación con el fondo del asunto, precisó que el numeral 1° del artículo 23 de
la Ley 740 de 2002, señala el deber de las partes de fomentar y facilitar la educación
y la participación del público respecto de la seguridad de la transferencia, la
manipulación y utilización de los organismos vivos modificados. A su vez, el numeral
2° de la citada norma señala que “(…) las Partes, de conformidad con sus leyes y
reglamentaciones, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción
de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al
público los resultados de esas decisiones (…)”.
33. Subrayó que la Corte Constitucional, en sentencia C- 071 de 2003 declaró la
exequibilidad de la citada norma y, de manera específica, al analizar la
constitucionalidad del referido artículo 23 de la Ley 740 de 2002, indicó que esa
norma obliga a los Estados Parte a fomentar y facilitar la educación y participación
del público sobre la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los
organismos vivos modificados, y a asegurar el acceso del público a dicha
información.
34. En términos generales, anotó que según la citada disposición normativa no se
desprende la obligación de adelantar una consulta previa toda vez que (i) la Ley 740
de 2002 consigna un deber general de fomentar y facilitar la participación del público
y de asegurar el acceso al público a la información relativa a organismos vivos
modificados (OVM), aspecto que debe ser implementado por el derecho interno de
cada país y, (ii) la propia Ley 740 de 2002, al regular el procedimiento genérico de
“Acuerdo Fundamentado Previo” que puede ser implementado por los Estados
Parte voluntariamente en el trámite de importación de organismos vivos modificados
(OVM) antes del primer movimiento transfronterizo, tampoco contempla el deber de
adelantar una consulta previa.
35. Refirió a que según los designios del artículo 37 del Decreto 4525 de 2005, el
ICA deberá garantizar la información al público tanto para (a) las solicitudes en curso
como (b) para las decisiones adoptadas mediante la utilización de los medios
institucionales de difusión. Además, prevé que deberá promover la participación del
público en el proceso de adopción de decisiones para el desarrollo de actividades
de los organismos vivos modificados (OVM).
36. Manifestó que el Decreto 4525 de 2005 “Por el cual se reglamenta la Ley 740
de 2002”, que fue expedido con el objeto de establecer el marco regulatorio de los
organismos vivos modificados (OVM), no establece la obligación de efectuar una
consulta previa con las comunidades en el proceso de adopción de decisiones de
importación ni de movimiento transfronterizo de OVM.
37. Resaltó que en el caso sub examine, el ICA dio cumplimiento a los deberes
generales de fomentar, facilitar y procurar la participación del público de
conformidad con el artículo 37 del Decreto 4525 de 2005 y el artículo 26 de la
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Demandante: Grupo Semillas
Resolución 946 de 20067, puesto que la solicitud, el trámite y la decisión adoptada
se publicó a través de la página institucional del ICA, www.ica.gov.co, esto es,
mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información.
38. Destacó que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de petición garantiza
el derecho a la información, ejercido por la comunidad, la cual presentó varias
peticiones sobre la adopción de decisiones sobre organismos vivos modificados
(OVM), resueltas oportunamente por el ICA. En apoyo de su afirmación, hizo
referencia a la sentencia T-377 de 2000 en la cual se señala que el derecho de
petición es fundamental para la efectividad de los mecanismos de democracia
participativa porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales como
el derecho a la información.
39. Añadió que el ICA, según la autorización a Dupont para la importación, uso y
comercialización de Maíz HX I, debía brindar entrenamiento y capacitación a los
productores beneficiarios del Acuerdo/contrato y sus asistentes técnicos para el
manejo de las semillas con la tecnología Hérculex I.
40. Puntualizó que en el presente caso no se cumplen los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia para adelantar la consulta previa, toda vez que (i)
la resolución enjuiciada no afecta de manera específica ni directa a las comunidades
indígenas y, (ii) no se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales
de propiedad del Estado en los territorios indígenas ni a la conformación de
entidades territoriales ni a aspectos que afecten o involucren intereses propios de
las minorías.
41. Mencionó los beneficios de los transgénicos y el Maíz HX I a partir de un estudio
de la Unión Europea (2006), que incluyó los siguientes: a) el incremento en el
rendimiento de los cultivos superior al 10%; b) la mejor rentabilidad (entre el 12% y
el 21%); c) la mejora de la calidad del grano; d) disminución en el uso de pesticidas
con impacto en la salud humana y en el medio ambiente.
42. Para terminar, planteó las siguientes excepciones de fondo (i) “[p]leno
cumplimiento al Procedimiento establecido por la Ley 740 de 2002 para la
expedición de la Resolución demandada”; (ii) “[n]o exigibilidad de otros
procedimientos” y, (iii) “no violación al debido proceso”.
II.2. La oposición del ICA
43. El Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, mediante apoderado judicial,
contestó oportunamente la demanda8.
44. Planteó la excepción de inepta demanda, pues, en su sentir, a pesar de que en
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“ARTÍCULO 26.- El ICA publicará tanto las solicitudes en curso como los actos administrativos de las autorizaciones en las
páginas de Internet del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural www.minagricultura.gov.co y del ICA, www.ica.gov.co e
informará al Centro Nacional de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología”.
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Folios 157 a 186 del Cuaderno 1.
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Demandante: Grupo Semillas
el escrito inicial el actor invocó la violación del numeral 2° del artículo 23 de la Ley
740 de 2002, en realidad, los reproches hacen referencia a aspectos de orden
técnicos y científicos que se encuentran reservados a las autoridades nacionales
competentes de acuerdo con la asignación de competencias prevista en el Decreto
4525 de 2005 y, por ende, en nada se relacionan con el hecho de ofrecer
información al público. Así las cosas, consideró que los planteamientos que
sustentan la transgresión del numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002 eran
especulativos y contradictorios.
45. Igualmente, consideró que, si bien el actor justificó la transgresión del numeral
2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002, con fundamento en lo que denominó
“preocupaciones frente a los transgénicos”, en realidad, dichas apreciaciones “(…)
en nada sustentan de manera directa la violación alegada” pues “el tema de los
transgénicos no puede ser abordado de manera general ni asumiendo tesis
radicales a favor o en contra, porque para ellos precisamente se ha previsto
legalmente la evaluación caso a caso”.
46. Destacó que, en el caso del maíz, las preocupaciones sobre las semillas
modificadas han sido ampliamente superadas con los estudios de bioseguridad
realizados en Colombia y en otros países.
47. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que el ICA ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002, reglamentado en
el artículo 37 del Decreto 4525 de 2005, pues como política habitual ha publicado
en la página web institucional del ICA las diferentes solicitudes para su consulta
pública, e inclusive ha promovido diferentes escenarios de participación directa en
las regiones mediante diversos mecanismos como conferencias, conversatorios,
foros, visitas de campo, cursos, publicaciones en documentos, periódicos, por
mencionar algunos.
48. Aclaró que a pesar de que la solicitud de comercialización presentada por la
sociedad Dupont se realizó en el año 2004, fecha en la que aún no se había
expedido el Decreto 4525 de 2005, el ICA ya venía empleando mecanismos de
información y participación al público.
49. Expuso que la solicitud presentada por la sociedad Dupont se encontraba
cobijada por el artículo 38 del Decreto 4525 de 2005, norma que creó un régimen de
transición, según el cual (i) las actividades que antes de su entrada en vigencia
hayan obtenido las autorizaciones podían continuar su ejercicio y debían sujetarse
a los términos y obligaciones señalados en los actos administrativos y, (ii) “(…) Las
actividades, que con anterioridad a la expedición del presente decreto, iniciaron
todos los trámites tendientes a obtener las correspondientes autorizaciones, para
las actividades con Organismos Vivos Modificados -OVM, exigidas por la
normatividad en ese momento vigente, podrán continuar- su trámite de acuerdo con
la misma y en caso de obtenerlas, podrán adelantar y/o continuar con la ejecución
de las referidas actividades”.
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Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
• Respuesta frente a las objeciones del Ministerio de Ambiente
50. En relación con las objeciones presentadas por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señaló que se trataba en realidad de
“consideraciones generales” las cuales fueron analizadas en la reunión de 23 de
febrero de 2007.
51. Aclaró que no asistió ningún representante de la cartera ministerial a la reunión
de 23 de febrero de 2007, con el fin de exponer los detalles de su propuesta. A pesar
de ello, los integrantes del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) sí
analizaron los argumentos del referido gabinete ministerial, sopesando las variables
objeto de evaluación. En apoyo de ello, trajo a colación la respuesta que en su
oportunidad fue emitida por la cartera ministerial.
52. En relación con el conjunto de actividades que en concepto del MAVDT “están
siendo desatendidos en los procesos de evaluación ambiental de las actividades
con OGM”, reiteró que el ICA sí dio cumplimiento a la exigencia de información y la
participación del público a través de la página web institucional de esa entidad,
aclarando que este ha sido un aspecto que ha sido tratado en la prensa, en la radio
y en conferencias.
53. Manifestó que, de la lectura del artículo 26 de la Ley 740 de 2002, no se
desprende que se deba considerar las condiciones económicas para la adopción de
decisiones, aclarando que, en todo caso, esas tecnologías sí estaban sustentadas
en consideraciones de ese tipo, tal y como se aprecia en las evaluaciones de riesgo.
54. Expuso que el intercambio de maíces transgénicos por semillas tradicionales no
está permitido y que el producto de las cosechas puede destinarse al consumo
animal o humano según los conceptos del INVIMA.
• Argumentos sobre las preocupaciones frente a los transgénicos
Aprobación de los cultivos de maíz transgénico en Colombia
55. Señaló que las preocupaciones que manifiesta el demandante frente a los
transgénicos desconocían investigaciones llevadas a cabo en CISA como en el C.I.
Turipaná, en las que se efectuaron estudios de artrópodos y de flujo genético.
Además, dicha apreciación desconoce que la investigación es una herramienta para
la generación de conocimiento.
56. Consideró que el carácter de “siembras controladas” no solamente exige la
inscripción de los agricultores en el registro del ICA, sino que lleva implícito el
cumplimiento de “un paquete de medidas de bioseguridad que complementan las
pruebas previas realizadas”, a su vez contenido en el Plan de Bioseguridad y Manejo
elaborado por el ICA con la colaboración del Comité Técnico de Bioseguridad
(CTNBio), cuerpo donde tiene asiento el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
13
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
Desarrollo Territorial.
Aspectos críticos de la aprobación del maíz transgénico
El maíz patrimonio genético de la Nación y base de la soberanía alimentaria
57. Contrario a lo afirmado por el accionante, sostuvo que abundan estudios
relacionados con los beneficios del maíz frente al control de las plagas y su
inocuidad en los artrópodos. También destacó que las pruebas de bioseguridad
realizadas por el ICA de manera previa a la liberación de la tecnología Maíz BT en
el país apuntaron a verificar su efecto frente a los agroecosistemas tropicales.
58. Anotó que la utilización de tecnología Maíz BT ofrece muchos beneficios pues
incrementa la oferta alimentaria, y como ejemplo de ello citó el caso de los Estados
Unidos de América, país que con fundamento en esa tecnología ha obtenido
semillas híbridas de mayor rendimiento y calidad.
59. Consideró que la utilización de maíces genéticamente modificados apunta a
generar beneficios en el campo productivo (mayores rendimientos), en el sector
económico (menores costos de producción), en materia ambiental (menor
descargas de plaguicidas) y en lo relativo a la inocuidad del alimento (menos
descarga de micotoxinas en los granos).
60. Subrayó que los estudios recientes apuntan a señalar que el maíz se originó en
México. Reconoció que en nuestro país existe una gran diversidad genética de esta
especie, la cual ha permanecido en poder de las comunidades indígenas y rurales.
Y destacó que el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Fitogenéticos de la
FAO, consciente del valor que representa este alimento en las generaciones
pasadas, presentes y futuras, establece que los Estados deben velar por la
conservación y utilización de esta clase de recursos a través del diseño de
estrategias In Situ y Ex Situ, es decir,a través de bancos de germoplasma.
Estudios insuficientes y laxos sobre flujo genético
61. Mencionó que los estudios realizados por el ICA apuntaron a verificar lo que ya
se conocía sobre el flujo genético, como planta alógama de polinización cruzada,
para manejar distancias de aislamiento que garantizaran una separación sin riesgo
de contaminación a los maíces criollos.
62. Precisó que, aunque era cierto que los estudios sobre inventario y
caracterización del maíz en Colombia se elaboraron en 1957, no debía perderse de
vista que, a partir de la introducción de maíz modificado a nuestro país, se reactivó
la investigación sobre dicho tema. Los recientes estudios han sido liderados por el
ICA a través de la Universidad Nacional.
14
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
Los contratos firmados por los agricultores y las trasnacionales
63. En lo relativo a las afirmaciones relacionadas con los contratos firmados entre
los agricultores y las trasnacionales, precisó que el agricultor es quien decide utilizar
la tecnología.
64. Subrayó que todo contrato suscrito entre una compañía y un agricultor debe
sujetarse a un Plan de Manejo previsto por el ICA y debe cumplir los requisitos
establecidos en la Resolución 464 de 2007, que autoriza la siembra controlada de
Maíz BT con tecnología Hérculex I, así como las medidas de bioseguridad.
Autorización de “siembras controladas”: un concepto cuestionado
65. Resaltó que las siembras controladas se encuentran sujetas a un procedimiento
racional y acorde con una fase experimental previa, pues se le otorga la posibilidad
al agricultor de conocer “las bondades” de la tecnología y se le permite, de manera
responsable, realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento.
Los transgénicos en Colombia
66. Anotó que desde el año 1996, se ha venido incluyendo, dentro de las
importaciones, el grano de soya y el maíz transgénico en mezcla con productos
convencionales.
67. Sostuvo que la contaminación y la erosión genética puede ocurrir dentro del
proceso evolutivo de las especies; no obstante, este fenómeno no se puede atribuir
exclusivamente a la introducción de la nueva tecnología. Así las cosas, la tecnología
constituye una alternativa, no única, dentro del sistema complejo de producción del
cultivo del maíz.
La sociedad civil no tiene acceso a la información y no se tiene en cuenta
en la toma de decisiones
68. Arguyó que el ICA, en el año de 1997, con ocasión del foro sobre Bioseguridad
Agrícola y el documento “Protocolo sobre Bioseguridad- énfasis en plantas
transgénicas” sentó las bases para la discusión y consulta respecto del marco
normativo sobre organismos modificados genéticamente (OMG).
69. Agregó que ese ejercicio fue fundamental para la promulgación de la Resolución
3492 de 1998 y el Acuerdo 13 de 1998 que, en su orden, establecieron las normas
y procedimientos para el trabajo con organismos modificados genéticamente y
ordenó la creación del Consejo Técnico Nacional de Seguridad.
70. Reseñó que el ICA, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 740 de 2002 y
en el Decreto 4525 de 2005, como autoridad competente, ha publicado en la página
web de esa entidad un link de consulta pública respecto de las solicitudes en curso
15
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
y de las decisiones adoptadas por esa entidad relativas a organismos modificados
genéticamente (OMG).
71. Además, reiteró que esa entidad respondió a múltiples derechos de petición que
se resolvieron oportunamente. En esta ilación, puso de presente que “(…) el nivel
de divulgación y participación de la sociedad civil ha sido tal, que en el Plan de
Desarrollo del Gobierno Nacional aprobado por el Congreso, capítulo agropecuario,
desde 2002, una de las estrategias modernas de producción consideradas, para
mejorar el desempeño de algunos cultivos, es el uso de los organismos
transgénicos”.
72. En cuanto a una posible afectación de las comunidades indígenas, negras y
campesinas, indicó que el sistema de producción y conservación de las variedades
tradicionales de maíz de cierta manera constituye un blindaje de este recurso,
precisamente, porque el sistema de producción de las semillas se basa en métodos
empíricos de selección de la calidad de maíz que se ajusta a los requerimientos y a
las necesidades de consumo de estas comunidades.
73. Finalmente, sostuvo que el intercambio de flujo de genes vía polen en el maíz
es dinámico al ser guiado por el hombre en sus grupos culturales.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
74. Según auto de 30 de abril de 20089 se admitió la demanda incoada por el Grupo
Semillas en ejercicio de la acción de simple nulidad y se ordenó la notificación
personal del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA y de la sociedad Dupont de
Colombia S.A. como tercero interesado en las resultas del proceso.
75. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante proveído de 10 de
diciembre de 200910, confirmó la anterior decisión al desatar el recurso interpuesto
oportunamente por la sociedad Dupont de Colombia S.A., tras considerar que el
actor sí desarrolló el concepto de violación y la acción adecuada para controvertir la
legalidad del acto demandado era la de simple nulidad.
76. Mediante auto de 11 de septiembre de 200911 se abrió el proceso a pruebas y
a través de proveído de 4 de mayo de 201712 se corrió traslado a las partes a fin de
que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para
que rindiera concepto.
9
Folios 59 a 67 del Cuaderno 1.
10
Folios 103 a 108 del Cuaderno 1.
11
Folios 200 a 206 del Cuaderno 1.
12
Folio 582 del Cuaderno 2.
16
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
77. La sociedad Dupont de Colombia S.A., en su calidad de tercero interesado,
presentó escrito de intervención en el cual ratificó los argumentos esgrimidos a lo
largo del proceso, señalando que:
77.1. Tanto la solicitud presentada por la sociedad Dupont de Colombia S.A. como
la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de
maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507)”, fueron publicadas en la página web de
la institución durante sesenta (60) días, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 26 de la Resolución 946 de 2006, acto administrativo que estableció que la
página web de la entidad constituye el mecanismo para garantizar el principio de
publicidad “(…) tanto (de) las solicitudes en curso como los actos administrativos de
las autorizaciones”.
77.2. El ICA adelantó acciones complementarias para divulgar y promover talleres
con campesinos y agricultores de la zona, circunstancia que incluso advirtió Ana
Luisa Díaz, quien en su declaración rendida aceptó efectuar los talleres.
77.3. En el plenario quedó evidenciado que la sociedad civil, las comunidades
indígenas y las organizaciones no gubernamentales conocían la información
relevante relacionada con el empleo de la tecnología, tal y como lo demuestran la
impresión de folletos explicativos y las respuestas a los múltiples derechos de
petición presentados por la comunidad que obran en el expediente. En sustento de
ello, destacó que el derecho de petición resulta fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
77.4. Los estudios de bioseguridad obrantes en el expediente demuestran que los
mecanismos legales creados por el Estado colombiano son eficaces para
materializar la normatividad internacional sobre organismos vivos modificados
(OVM) y, en particular, el Protocolo de Cartagena.
77.5. En las sesiones realizadas los días 31 de enero y 23 de febrero, ambas del
2007, se presentaron, discutieron y analizaron los estudios de bioseguridad
ordenados por el propio Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) y, por
ende, se dio cumplimiento a la normatividad aplicable contenida en el Decreto 4525
de 2005. Ello denota que en el trámite administrativo se llevaron rigurosamente los
estudios y análisis específicos sobre las medidas de bioseguridad que debían
adoptarse para el manejo del maíz MG, como quedó plasmado en la resolución
demandada.
77.6. El ICA, después de dar cumplimiento a la legislación nacional aplicable y de
conformidad con los términos de la recomendación impartida por el Comité Técnico
Nacional de Bioseguridad (CTNBio), expidió la Resolución 464 de 2007, mediante
la cual autorizó a la sociedad Dupont para la importación de semillas de maíz con
la tecnología Hérculex (TC-1507), para siembras controladas en la zona
17
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
agroecológica del Caribe Húmedo, sujetando esa autorización al cumplimiento de
los estándares de calidad previstos por el país para la especie de maíz y la categoría
de semillas, e, igualmente, los requisitos fitosanitarios y demás normas de
empaques – envases, rotulados y marbetería establecidos por el ICA.
77.7. El ICA expidió la Resolución 464 de 2007, invocando, dentro de sus
fundamentos normativos, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica y el Protocolo de Cartagena, aprobado por el Congreso de la República a
través de la Ley 740 de 2002, la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C- 071 de 2003. Además, incorporó dentro de sus
considerandos: (a) el Decreto 2141 de 1992; (b) la Ley 101 de 1993 (artículo 65);
(c) el Decreto 1840 de 1994 y; (d) el Decreto 4525 de 2005.
77.8. El Consejo de Estado, en sentencia del 5 de marzo de 2015 13, resolvió una
demanda de nulidad contra el Decreto 4525 de 2005, encontrándolo ajustado a la
Ley 740 de 2002 y, de manera particular, consideró que los mecanismos de difusión
y divulgación de la información referida a organismos vivos modificados previstos
en ese decreto eran adecuados; procedimiento que se cumplió a cabalidad.
77.9. No existe la obligación de adelantar una consulta previa con las comunidades
antes de adoptar una decisión. La Ley 740 de 2002 señala que el ICA debe
garantizar la información al público sobre las solicitudes en trámite relativas a OMV
y sobre la decisión adoptada. Igualmente, señala que esa entidad debe promover la
participación del público en general. Sin embargo, esa norma no establece la
obligatoriedad de adelantar una consulta previa con las comunidades. Por ende,
“(…) mal podría entonces predicarse su obligatoriedad si el derecho interno no lo
impone”.
77.10 La solicitud que dio origen a la resolución demandada no se efectuó con fines
ambientales sino agropecuarios y, en todo caso, no afectaba a comunidades
indígenas.
77.11. En el presente caso no se cumplen los requisitos previstos por la ley y la
jurisprudencia para agotar el requisito de la consulta previa, pues la autorización
otorgada para la siembra del maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507) no afecta
de manera específica ni directa a las comunidades indígenas y negras y, tampoco
se refiere a la exploración o explotación de recursos naturales de propiedad del
Estado en los territorios indígenas.
77.12. Los testimonios técnicos recaudados en el proceso explicaron con total
certeza los beneficios que la implementación de la tecnología autorizada ha traído
para los agricultores y la economía del país.
78. El ICA guardó silencio en esta oportunidad procesal.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, radicado:
11001-0324-000-2008-00367-00, MP: Marco Antonio Velilla.
18
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
79. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, en su condición de
agente del Ministerio Público, emitió el concepto 60 de 12 de junio de 2017, en el
sentido de señalar que debían denegarse las pretensiones de la demanda, fundado
en los siguientes argumentos:
79.1. El ICA sí dio cumplimiento al deber de informar la solicitud presentada por la
sociedad Dupont de Colombia S.A. y la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007
“Por la cual se autorizan siembras de maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507)”,
a través de la página web de la entidad. Además, dio respuesta a los múltiples
derechos de petición presentados por las organizaciones civiles. Según el Ministerio
Público, ello demuestra que la comunidad conocía las decisiones administrativas
del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, por lo que era dable entender que la
decisión administrativa se informó por diferentes medios de la entidad.
79.2. El actor no aportó prueba científica que demuestre que la siembra de maíz
con la tecnología Hérculex (TC-1507) afecte la salud o ponga en peligro la vida de
las zonas maiceras respectivas.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
80. Con miras a resolver la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos que conducirán a la solución del caso en concreto: (i) la
competencia; (ii) el acto administrativo demandado; (iii) el problema jurídico; (iv) el
estudio de la excepción de inepta demanda propuesta por el Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA; (v) algunas consideraciones generales sobre los organismos
vivos modificados según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia
C-583 de 2015; (vi) el principio de participación ciudadana como manifestación del
principio democrático y su aplicación en relación con la utilización de los organismos
vivos modificados (OVM): desarrollo normativo y jurisprudencial; (vii) el estándar de
participación ciudadana en relación con alimentos transgénicos a partir de la
sentencia de 31 de julio de 202314; (viii) análisis del problema jurídico y, finalmente,
se plasmarán (ix) las conclusiones del caso.
VI.1. Competencia
81. Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo15, que atribuye
a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la competencia
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicado:
11001 03 24 000 2007 00273 00, actor: Grupo Semillas, demandado: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, MP: Oswaldo
Giraldo López.
15
“[…] ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 1. De los de
nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de
derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
19
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
para conocer en única instancia de los procesos de nulidad de los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, norma que resulta
armónica con el Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019, artículo 13,
disposición normativa que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.
VI.2. El acto administrativo demandado
82. En el presente caso el Grupo Semillas cuestiona la legalidad de la Resolución
464 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de maíz con la
tecnología Hérculex (TC-1507)”, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario
-ICA, acto administrativo cuya parte resolutiva es del siguiente tenor16:
“RESOLUCIÓN No. 00464 (26 FEB 2007)
por la cual se autorizan siembras de maíz con la tecnología
Herculex I (TC-1507)
EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO, ICA en uso de sus facultades legales y en especial
por las conferidas por los Decretos 2141 de 1992, 1840 de 1994 y 4525
de 2005, y
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Autorizar al representante legal de DuPont de Colombia
S.A., NIT 890.100.454-9, (señor Guillermo Heins Finkensteadt), la
importación de semillas de Maíz con la tecnología Herculex I (TC 1507)
para siembras controladas en la zona agroecológica del Caribe húmedo.
PARÁGRAFO. Las semillas que se importen deberán cumplir con los
estándares de calidad establecidos en el país para la especie maíz y
categoría de semillas, así como con los requisitos fitosanitarios y toda
norma sobre empaques y-o envases, rotulado, etiquetas y marbetería
establecidos en la Resolución ICA 148 de 2005.
ARTÍCULO 2.- Que las siembras se harán de acuerdo con la demanda
por parte de agricultores que tienen que estar soportadas por la Compañía
titular de la tecnología.
PARÁGRAFO. Para autorizar las cantidades a importar la compañía
deberá enviar al ICA, antes de cada cosecha, un listado de los agricultores
interesados en realizar las siembras señalando ubicación del predio y área
a sembrar. Las siembras no se podrán hacer en áreas de resguardos
indígenas y siempre dejando como mínimo 300 metros de distancia de
cultivos de maíces convencionales. El ICA podrá no autorizar siembras
dependiendo del caso.
ARTÍCULO 3. El uso de híbridos de maíz con la tecnología Herculex I (TC
1507) contará con un Plan de bioseguridad y manejo, el cual contiene
16
El contenido del referido acto administrativo puede consultarse en: https://www.ica.gov.co/getattachment/2809a51f-3ae0-
485e-80c7-5c833d3fedb5/464.aspx. Fecha de consulta: 1 de abril de 2024.
20
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
todas las medidas de bioseguridad previstas para el uso de esta nueva
tecnología.
PARÁGRAFO. El uso de la cosecha de estas siembras estará dirigido a
la alimentación directa o procesamiento para consumo animal, y consumo
humano, de acuerdo con las autorizaciones que tienen para esos fines,
quedando prohibido conservar, guardar, intercambiar y/o vender
cualquiera semilla con el fin de utilizarlas para siembra.
ARTÍCULO 4.- La sociedad DuPont de Colombia S.A. queda obligada a
realizar seguimiento a la tecnología cumpliendo lo estipulado en el plan
de bioseguridad y manejo, enviando al ICA informes bimensuales de
todas las acciones exigidas en el seguimiento a la tecnología.
ARTÍCULO 5.- Las siembras que se hagan con los híbridos de maíz con
la tecnología Herculex I (TC 1507) deben cumplir las normas establecidas
para la producción, importación, exportación, distribución y
comercialización de semillas para siembra en el país consignadas en las
Resoluciones ICA 148 del 18 de enero de 2005, 946 de 2006 y demás
normas vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO 6.- El incumplimiento de lo previsto en la presente Resolución,
en las demás normas que rigen la materia y las acciones que el ICA
ordene en ejercicio de su función de seguimiento y control, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas por el Decreto 1840 de 1994, sin
perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan.
ARTÍCULO 7.- En aplicación del principio de precaución o por razones de
bioseguridad, cuando el ICA lo estime necesario, podrá destruir todo el
material que contenga la tecnología Herculex I (TC 1507) sin derecho a
indemnización y sin consentimiento previo del titular.
ARTÍCULO 8.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Dada en Bogotá, a 26 FEB 2007
ANDRÉS VALENCIA PINZÓN
Gerente General”
VI.3. El problema jurídico por resolver en el presente caso
83. De conformidad con los argumentos planteados por el Grupo Semillas en el
escrito de demanda, le corresponde a la Sala de Decisión entrar a analizar si el
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, al haber expedido la Resolución 464 de 26
de febrero de 2007, por la cual otorgó autorización a la sociedad Dupont de
Colombia S.A. para la importación de semillas de Maíz con la tecnología Herculex I
(TC 1507) para siembras controladas en la zona agroecológica del Caribe húmedo,
infringió los artículos 1°, 2°, 23 y 29 de la Constitución Política, así como el numeral
2° del artículo 23 de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, concretamente, porque
omitió dar cumplimiento al deber que le asistía de celebrar consultas con el público
en el proceso de adopción de esa decisión y de dar a conocer sus resultados.
21
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
84. Además, en criterio de la parte demandante, el acto administrativo es nulo por
las siguientes razones:
(i) Primero: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presentó
una serie de objeciones en el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio)
que apuntaban a la necesidad de que se debían efectuar estudios para evaluar
adecuadamente los maíces transgénicos las cuales fueron desatendidas;
(ii) Segundo: La decisión enjuiciada supone un riesgo para la biodiversidad del país
y para la soberanía alimentaria, e igualmente, porque las evaluaciones de flujo
genético que efectuó el ICA fueron incompletas al no considerar la diversidad de
tipos de maíz que existen en nuestro país;
(iii) Tercero: La prohibición de siembra de semillas a una distancia no inferior a 300
metros de los resguardos indígenas no resulta eficaz, dado que algunos estudios
demuestran que en condiciones topográficas determinadas marcadas por el nivel
de los vientos, el riesgo de polinizar otros cultivos puede llegar a distancias de 500
y 1000 metros y;
(iv) Cuarto: La introducción de las semillas transgénicas resulta crítica porque “(…)
inevitablemente sería contaminada y erosionada la enorme diversidad de este
cultivo, y los campesinos e indígenas serían los más afectados. También porque el
maíz es uno de los productos básicos de la alimentación de los colombianos, tanto
poblaciones rurales como urbanas”.
VI.4. Análisis de la excepción de inepta demanda propuesta por el ICA
85. El ICA planteó la excepción de inepta demanda argumentando que las tachas
formuladas por el actor en contra de la resolución enjuiciada por haber transgredido
el artículo 23.2 de la Ley 740 de 2002 hacen referencia a aspectos de orden técnico
y científico que se encuentran reservados a las autoridades nacionales competentes
de acuerdo con la asignación de competencias prevista en el Decreto 4525 de 2005
y, por ende, en nada se relacionan con la ausencia de información al público.
Adicionalmente, según su parecer, los planteamientos formulados por el accionante
resultan especulativos y contradictorios.
86. La inepta demanda, de conformidad con el numeral 7° del artículo 97 del Código
de Procedimiento Civil17, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, como
medio exceptivo se configura cuando la demanda no cumple con los requisitos
legales que permitan su análisis en sede judicial o por indebida acumulación de
pretensiones.
17
“ARTÍCULO 97. EXCEPCIONES PREVIAS. El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente
se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previa:
(…)
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. (…)”. (Se destaca).
22
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
87. Para el caso que nos ocupa, en vigencia del Código Contencioso Administrativo,
los requisitos que debe cumplir “toda demanda ante la jurisdicción administrativa”
aparecen enunciados en el artículo 137 del CCA, así:
“ARTÍCULO 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la
jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y
contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de
la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas
violadas y explicarse el concepto de su violación18.
[…]”
88. La Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 199919, al analizar la
constitucionalidad del numeral 4° del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo que dispone que “[c]uando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación”, formuló estas reflexiones:
“[…]Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración
que produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa
sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación. […]”
18
La expresión “(…) [c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación” fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
197 de 1999 bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental
constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere
cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte
incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución.
19
Corte Constitucional, C- 197 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
23
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
89. En el presente caso, a partir de un análisis de los argumentos expuestos en el
escrito introductorio, se advierte que el Grupo Semillas sí cumplió en debida forma
con la carga argumentativa que le asistía al explicar el concepto de la violación,
pues el actor invocó como normas transgredidas los artículos 1°, 2°, 23 y 29 de la
Constitución Política, así como el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 24 de
mayo de 2002 e, igualmente, indicó las razones por las cuales consideró que la
resolución demandada era contraria al ordenamiento jurídico vigente.
90. En particular, alegó que el ICA, al expedir la resolución acusada, omitió cumplir
el requisito previsto en el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002
consistente en celebrar consultas con el público en el proceso de adopción de
decisiones sobre organismos vivos modificados y divulgar sus resultados,
respetando la confidencialidad de la información. Esa omisión, a juicio del actor,
desconoce el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política y los artículos 1° y 2° ibidem, preceptos normativos que
parten del reconocimiento de que Colombia es un Estado social de derecho
participativo y enuncia como uno de los fines esenciales del Estado “el facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afecten (…)”.
91. Ahora bien, cuestión diferente es que los argumentos propuestos por el actor
tengan la fuerza suficiente para poder salir avante en sus pretensiones, siendo este
un aspecto que atañe a la decisión judicial de fondo que ponga fin a la controversia.
Por estos precisos motivos, la excepción de inepta demanda propuesta por el ICA
no está llamada a prosperar.
VI.5. Algunas consideraciones generales sobre los organismos vivos
modificados según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia
C-583 de 2015
92. La Corte Constitucional, en sentencia C- 583 de 201520 describió las
características generales de los organismos genéticamente modificados, y según
se explicó en el referido fallo de constitucionalidad “Los OGM (Organismos
Genéticamente Modificados) como los llamaremos genéricamente en esta
providencia, pertenecen al área de la biotecnología, y son organismos cuyo material
genético ha sido alterado y recombinado de una forma nueva, a la que no se llega
de una manera natural21”.
93. Según lo consignado en el referido fallo, los “OGM son variedades de especies
conocidas a las que se les ha conferido alguna capacidad funcional útil por
tecnologías de ingeniería genética, a partir de la incorporación de genes de otras
especies, - vegetales o animales-, distantes o cercanas22”.
20
Corte Constitucional, C- 583 de 2013, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
Corte Constitucional, C- 583 de 2013, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
Ibidem.
24
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
94. La referida sentencia de constitucionalidad hizo referencia al debate científico
que ha surgido en torno a las ventajas de los cultivos transgénicos, en contraste con
las objeciones formuladas por algunos sectores quienes han visto con preocupación
los efectos adversos que se pueden generar en la salud de las personas y en los
ecosistemas.
95. Así, entre las ventajas que presentan los cultivos transgénicos, según estudios
científicos, enlistó las siguientes: (i) producir una mayor cantidad de alimentos con
más nutrientes; (ii) plantaciones más resistentes a los virus o bacterias; (iii)
reducción del uso de pesticidas e incremento de márgenes financieros para los
agricultores; (iv) control de virus y la propagación de enfermedades y plagas que
afectan los vegetales y, (v) la creación de nuevas especies de plantas.
96. También, dentro de las principales objeciones o preocupaciones al tema de los
transgénicos, mencionó las siguientes: (i) la incertidumbre sobre los efectos en la
salud; (ii) la resistencia a antibióticos; (iii) la conservación genética del medio
ambiente; (iv) riesgo a la biodiversidad; (v) dependencia transnacional y crisis
alimentaria; (vi) mala calidad de las semillas; (vii) desplazamiento potencial de la
mano de obra y, (viii) objeciones de tipo ético a la transferencia no natural de
material genético entre especies distintas.
97. La referida sentencia mencionó los instrumentos internacionales en materia de
organismos genéticamente modificados, iniciando por la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y Desarrollo y el principio de precaución desarrollado en el
artículo 15; el Programa 21 o Agenda 21, capítulo 16; el Convenio sobre Diversidad
Biológica el cual desarrolla un conjunto de principios y un marco para la elaboración
de regulaciones ulteriores y, finalmente, el Protocolo de Bioseguridad.
98. Finalmente, explicó que a nivel mundial existen dos marcadas tendencias: i)
“los países que priorizan el desarrollo biotecnológico y el comercio, y por lo tanto le
dan énfasis a los principios de equivalencia sustancial entre los productos GM con
los que no lo son, y a la idea de que sin suficiente evidencia no se pueden
desestimar los OGM”; y ii) “aquellos que dicen priorizar el medio ambiente o la salud
humana, ante el potencial riesgo existente con estos productos, y que le dan
prioridad a ese riesgo y al principio de precaución en sus decisiones”.
VI.6. El principio de participación ciudadana como manifestación del principio
democrático y su aplicación en relación con la utilización de los organismos
vivos modificados (OVM): desarrollo normativo y jurisprudencial
99. La participación ciudadana es un principio y derecho fundamental, el cual
constituye un desarrollo del principio democrático. Este derecho aparece
desarrollado en el artículo 2° de la Carta Política que señala dentro de los fines
esenciales del Estado, entre otros, el facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación, y el artículo 40 ibidem que reconoce el derecho de todo ciudadano a
25
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además, el
artículo 79 de la Constitución Política contiene un mandato general de participación
ciudadana en materia ambiental al señalar que “(…) (t)odas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo23”.
100. En relación con el principio de participación, la Corte Constitucional, en
sentencia C- 1338 de 200024 señaló lo siguiente:
“[…] la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina
todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y que, en
relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento
histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos
de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales.
Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la
participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede
la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la
dinámica social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se
circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe
estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas
superiores”.
▪ El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica hecho en Montreal el 29 de enero de
2000 y aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley 740 de 24
de mayo de 2002
101. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio
sobre la Diversidad Biológica hecho en Montreal el 29 de enero de 2000, aprobado
por el Congreso de la República a través de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002 fue
expedido con el objeto de “(…) contribuir a garantizar un nivel adecuado de
protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,
y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos” (artículo 1°).
102. El artículo 23 dispone lo siguiente:
“Artículo 23. Concienciación y participación del público.
1. Las Partes:
a) Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y
participación del público relativas a la seguridad de la transferencia,
23
Corte Constitucional, C- 065 de 2021, MP: Jorge Enrique Ibáñez Najar: “(…) el derecho a la participación (i) es un derecho
fundamental; (ii) es una expresión del principio democrático del Estado Social de Derecho; (iii) su fundamento, entre otras
disposiciones superiores, se encuentra en el artículo 2 que establece como fin estatal “…facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan”; (iv) expresa un modelo de comportamiento de los ciudadanos; y, (v) a través de esta garantía,
se fortalecen y democratizan las instancias de representación y se promueven valores constitucionales como el pluralismo y
la tolerancia23”.
24
Corte Constitucional, C- 1338 de 2000, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
26
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en
relación con la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la
salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con
otros Estados y órganos internacionales;
b) Procurarán asegurar que la concienciación y educación del público
incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados
identificados de conformidad con el presente Protocolo que puedan ser
importados.
2. Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones
respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de
adopción de decisiones en relación con organismos vivos
modificados y darán a conocer al público los resultados de esas
decisiones, respetando la información confidencial según lo
dispuesto en el artículo 21.
3. Cada Parte velará porque su población conozca el modo de acceder al
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología25”. (Destacado fuera de texto)
103. Desde el punto de vista de su estructura, se advierte que el referido artículo 23
se encuentra integrado por dos numerales.
104. En primer lugar, se tiene que de conformidad con el artículo 23.1 literal a) del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, las Partes deben “fomentar” y “facilitar” la educación y
participación del público sobre la seguridad de la transferencia, manipulación y
utilización de los organismos vivos modificados.
105. Dicha norma, según se observa, se encuentra marcada por dos verbos
rectores. Por “fomentar”, según el diccionario de la real academia se entiende “(…)
promover, impulsar o proteger algo”. Por su parte, “facilitar” implica “hacer fácil o
posible la ejecución de algo o la consecución de un fin”. Las acciones se centran en
tres aspectos, esto es: (i) la concienciación; (ii) la educación y, finalmente (iii) la
participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y
utilización de los organismos vivos modificados en relación con la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana.
106. Por su parte, el artículo 23.1 literal b) indica que la concienciación y educación
debe incluir el acceso a la información sobre organismos vivos modificados
identificados.
107. En relación con este punto, es importante hacer referencia a la Guía
Explicativa del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que da
25
La Corte Constitucional, en sentencia C- 071 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, resolvió declarar exequible el “Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal el veintinueve
(29) de enero de dos mil (2000)” así como la Ley 740 de 2002.
27
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
unas pautas sobre el alcance del artículo 23 del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de
Montreal el 29 de enero de 2000. Así, en relación con la interpretación del numeral
1° del artículo 23 indica lo siguiente:
“590. El artículo 23.1 no requiere explícitamente que las Partes pongan a
disposición del público información específica. La obligación es menos
estricta. Se requiere que las Partes “promuevan y faciliten” la
concienciación, educación y participación del público en relación a OVMs
y “procuren” que se asegure la concienciación y educación del público
sobre OVMs que pudieran importarse.
591. La frase “fomentar y facilitar” indicaría que las Partes tenían intención
de promover y facilitar la disponibilidad pública de información, en lo
referente a la seguridad de traslados, manipulación y utilización de OVMs,
mediante el establecimiento de los mecanismos que se estimen
necesarios y apropiados. El artículo 23.1 a) indica que tales mecanismos
deberán centrarse en tres áreas principales de información al público:
▪ concienciación del público – por ejemplo, mediante el uso de los
medios de comunicación y otros medios para la distribución de
información al público;
▪ educación del público – por ejemplo, mediante mecanismos generales
de distribución de información pública y programas específicos de
educación, a través de sistemas educativos formales e informales; y
▪ participación pública – por ejemplo, mediante el establecimiento de
mecanismos apropiados para la recepción e integración de las opiniones
expresadas por el público en los procesos regulatorios y de adopción de
decisiones relativos a la transferencia, manipulación y utilización de
OVMs. 592. El artículo 23.1 b) indica expresamente que los mecanismos
de concienciación y educación del público deben incluir y cubrir el acceso
a la información sobre OVMs “que puedan ser importados”.
592. Sin embargo, en el artículo 23.1 b) una omisión significativa ha sido
la referencia a la “participación del público”. Esto significaría que las
Partes no se han obligado a proporcionar o procurar proporcionar
mecanismos de participación del público con respecto a OVMs que
pudieran importarse. Esta laguna parece sin embargo cubierta por el
artículo 23.2.
593. La gran diferencia entre los incisos a) y b) del artículo 23.1 es el nivel
de obligación al que las Partes han decidido comprometerse. El artículo
23.1 a) requiere que las Partes “fomenten y faciliten” – es decir, fomentar
y facilitar la concienciación, educación y participación del público a través
de los mecanismos necesarios y apropiados relativos a OVMs. Al usar
esta frase se indica claramente que el establecimiento y aplicación de
tales mecanismos para el fomento y facilitación son obligatorios. Por otro
lado, el artículo 23.1 b) utiliza la palabra “procurar” para referirse a la
obligación de asegurar que los mecanismos de concienciación y
educación del público cubran e incluyan el acceso a información sobre
OVMs importados. La palabra “procurar” sugiere que las Partes deben
tratar o esforzarse por incluir el acceso a información sobre OVMs que
puedan ser importados, dentro del ámbito de la concienciación del público
28
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
y de los mecanismos de educación relativos a la transferencia,
manipulación y utilización de OVMs”.
108. En segundo lugar, el artículo 23.2 señala que las Partes, de conformidad con
sus leyes y regulaciones -normas de reenvío- deben: (a) celebrar consultas en el
proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados
y; (b) dar a conocer al público los resultados de esas decisiones.
109. En relación con el alcance de esta norma, la referida Guía Explicativa del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología señala lo siguiente:
“594. El artículo 23.2 del Protocolo establece obligaciones afirmativas
para que las Partes:
▪ consulten al público en el proceso de adopción de decisiones en
relación con OVMs; y
▪ den a conocer al público los resultados de esas decisiones.
La obligación de consultar al público se aplica de forma general a todos
los procesos de adopción de decisiones relativas a OVMs, incluyendo la
toma de decisiones sobre la importación de OVMs.
595. La obligación de consultar al público, sin embargo, queda calificada
por dos factores:
▪ la consulta con el público debe ser “de conformidad con sus leyes y
regulaciones [de la Parte]”; y
▪ debe respetarse la “información confidencial según lo dispuesto en el
artículo 21”.
596. Esto significa que el ámbito, magnitud y metodologías de
participación del público están sometidas a las leyes y regulaciones
nacionales que rijan este asunto en cada Parte. Además, la
información que debe ser proporcionada al público para permitir que
participe de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones
relativas a OVMs no debe incluir información que haya sido identificada
como “información confidencial” de conformidad con el artículo 21 del
Protocolo.
597. El artículo 23.2 no define específicamente los mecanismos de
consulta al público que pueden aplicarse en los procesos de adopción de
decisiones, ni las modalidades de comunicación de los resultados. Ello
permite que las Partes decidan cómo aplicar esta obligación dentro de sus
propios contextos nacionales. Estos aspectos están abordados en
otros acuerdos regionales e internacionales existentes (ver Cuadro
41). Los posibles elementos pueden ser agrupados en tres fases:
▪ Notificar a todos los grupos interesados, en un lenguaje comprensible,
a través de los medios a los que tienen acceso;
▪ Consultas públicas, para así poder asegurar una amplia participación
en las decisiones que se van a tomar. Estas podrían incluir, en ciertos
casos, audiencias públicas, sobre todo cuando existe preocupación
pública sobre las medidas propuestas;
29
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
▪ Tomar en consideración las preocupaciones del público en la fase de
adopción de decisiones, tras las consultas”. (Negrilla fuera del texto)
110. Cabe señalar que, a nivel interno e internacional, existen disposiciones
jurídicas que dan pautas sobre cómo debe surtirse el proceso participativo con las
comunidades para garantizar el mandato general previsto en la Constitución
Política.
111. En primer término, conviene hacer referencia al artículo 32 de la Ley 489 de
1998 que consagra el principio de “democratización de la administración pública”,
conforme al cual “[t]odas las entidades y organismos de la Administración Pública
tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública”. La referida norma
es del siguiente tenor:
“Artículo 32. Democratización de la Administración Pública. Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación
de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán
realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencias públicas;
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana;
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del
correcto funcionamiento de la Administración Pública;
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación
de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función
administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de
metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional,
los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la
Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el
CONPES 3654 de 2010.”
112. Igualmente, la Ley 99 de 1993 dedicó un capítulo específico que denominó
“de los modos y procedimientos de participación ciudadana”, en el cual se
contemplan cinco (5) escenarios a fin de garantizar la etapa de participación en los
procedimientos administrativos relacionados con licencias, permisos y
autorizaciones para el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio
ambiente. El primero comprende el derecho a intervenir “(…) en las actuaciones
administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente
30
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas
y regulaciones ambientales26”. El segundo, refiere a la publicidad de las decisiones
sobre el medio ambiente27. El tercero a la posibilidad de celebrar audiencias
públicas antes de otorgar permisos o licencias ambientales28. El cuarto es el
derecho de petición en ejercicio del derecho de información29. Y finalmente, el
quinto refiere a los procesos judiciales30.
113. Además de ello, en el marco internacional, existen diversos instrumentos
internacionales, unos con mayor nivel de obligatoriedad que otros, que desarrollan
la forma como debe realizarse este enfoque participativo en temas ambientales,
veamos:
114. En primer lugar, se deben mencionar las declaraciones de Estocolmo de 1972,
de Helinski de 1990, de Dublín de 1992, de Malmö de 2000, de Johannesburgo de
2002, los cuales, si bien carecen de fuerza vinculante, fijan “(…) pautas
interpretativas para asignar el significado al principio de participación 31”.
115. En segundo lugar, se encuentra el principio décimo de la Declaración del Río
sobre el Medio Ambiente que incorpora las siguientes pautas sobre la forma como
se debe garantizar la participación ciudadana:
“PRINCIPIO 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de
la población poniendo la información a disposición de todos. Debe
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.”
116. En tercer lugar, se encuentra que el Convenio sobre la Diversidad Biológica
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y aprobado por el Congreso de la
República a través de la Ley 165 de 199432 define la biotecnología como “(…) toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus
derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos
específicos”.
26
Artículo 69 ibidem.
27
Artículo 71 ibidem.
28
Artículo 72 ejusdem.
29
Artículo 74.
30
Artículo 75. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato
Valdés, sentencia de 1 de junio de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2013-00354-02(AP)
31
T-361 de 2017.
32
"Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992. Declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-519/94, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
31
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
117. El artículo 1° ibidem indica que dentro de los objetivos se encuentra la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías
pertinentes. Las referencias explícitas que hace el referido convenio al principio de
participación ciudadana aparecen enunciadas en los artículos 8° (literal j 33); 14
(literal a34); 19 (numeral 1°35), por mencionar algunos.
118. Finalmente, se encuentra la Convención de Aarhus sobre el Acceso a la
información, la Participación del público en la toma de decisiones y el Acceso a la
justicia de medio ambiente, suscrito en junio de 1998. El artículo 6° reconoce el
deber de intervención ciudadana el cual se compone de las siguientes facetas:
i) Informar al público interesado sobre el inicio del proceso de la adopción
de la determinación36;
ii) Establecer plazos razonables a fin de que la comunidad conozca la
información pertinente, la estudie y prepare para así poder participar
efectivamente a lo largo de todo el proceso;
iii) La intervención ciudadana debe presentarse desde el inicio del
procedimiento administrativo, es decir, cuando todas las opciones y
soluciones sean posibles y el público pueda ejercer influencia real;
33
“ARTÍCULO 8o. CONSERVACIÓN IN SITU. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
(…)
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.
34
“ARTÍCULO 14. EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL IMPACTO ADVERSO. 1. Cada Parte
Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la
evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la
diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del
público en esos procedimientos”.
35
“ARTÍCULO 19. GESTIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE SUS BENEFICIOS. 1. Cada Parte Contratante
adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las
actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo que aportan
recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes”.
36
2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado
como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según
los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:
a) la actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión;
b) la naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse;
c) la autoridad pública encargada de tomar la decisión;
d) el procedimiento previsto, incluidas, en los casos en que estas informaciones puedan facilitarse:
i) la fecha en que comenzará el procedimiento,
ii) las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo,
iii) la fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista,
iv) la autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener informaciones pertinentes y ante la que se hayan depositado
esas informaciones para que el público pueda examinarlas,
v) la autoridad pública o cualquier otro organismo público competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el
plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas,
vi) la indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que estén disponibles;
32
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
iv) Promover y alentar al público sobre el propósito de la solicitud con el fin
de abrir el debate para discutir el tema. Esto comporta la identificación de
las personas afectadas con la decisión;
v) Garantizar el acceso gratuito a la información37;
vi) Velar por crear espacios con el fin de que el público pueda formular
observaciones, informaciones, análisis y opiniones que considere
pertinentes en relación con la actividad propuesta;
vii) Asegurar que al momento de adoptarse la decisión se tengan
debidamente en cuenta los resultados de la participación de la comunidad
y;
viii) Comunicar el texto de la decisión, acompañada de sus motivos y
consideraciones38.
▪ El Decreto 4525 de 6 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta la
Ley 740 de 2002”
119. Más adelante, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 8° (literal g) de la Ley 165 de 1994, y el
artículo 2° de la Ley 740 de 2002, expidió el Decreto 4525 de 6 de diciembre de
2005 “Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002” con el objeto de establecer el
marco regulatorio de los organismos vivos modificados -OVM- de acuerdo con lo
establecido por la Ley 740 de 2002.
120. El artículo 37 del referido decreto dispone que la información al público debía
garantizarse a través de los medios institucionales de difusión, al señalar:
“ARTÍCULO 37.- PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO. Las autoridades
competentes garantizarán la información al público tanto de las solicitudes en
curso como de las decisiones adoptadas, utilizando los medios
institucionales de difusión.
Igualmente, las autoridades competentes promoverán la participación del
público en el proceso de adopción de decisiones para el desarrollo de
actividades con Organismos Vivos Modificados -OVM-.” (Negrilla fuera del texto)
37
El derecho a la información comprende, como mínimo, lo siguiente: a) una descripción del emplazamiento y de las
características físicas y técnicas de la actividad propuesta; b) una descripción de los efectos importantes de la actividad
propuesta sobre el medio ambiente; c) una descripción de las medidas previstas para prevenir o reducir esos efectos, en
particular las emisiones; d) un resumen no técnico de lo que precede; e) una sinopsis de las principales soluciones alternativas
estudiadas por el autor de la solicitud de autorización, y f) los principales informes y dictámenes dirigidos a la autoridad pública
en el momento en que el público interesado deba ser informado;
38
Corte Constitucional, T- 361 de 2017, MP: Alberto Rojas Ríos.
33
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
121. Ahora, se observa que el Consejo de Estado, en sentencia de 5 de marzo de
201539, al efectuar el control de legalidad del Decreto 4525 de 2005,
particularmente, en lo que tiene que ver con el alcance del principio de participación
ciudadana, discurrió en el siguiente sentido:
“Dado lo anterior, es evidente que el Gobierno Nacional con la expedición
no solo del Decreto 4525 de 2005, sino también con la expedición de las
regulaciones complementarias por parte de cada una de las entidades con
competencia de autorizar el desarrollo de alguna actividad de OVM en el
país, ha tenido en cuenta la importancia de participación ciudadana
en las decisiones ambientales, por eso ha implementado diferentes
instrumentos de información, los cuales le permiten a la ciudadanía
en general conocer el contenido de las solicitudes que están en
trámite, pronunciarse sobre las mismas y finalmente conocer que
OVM han sido autorizados, para que actividades y bajo qué
condiciones; y en caso de ser una comunidad negras o indígena
involucrada, deberán someter el trámite a la consulta previa, dando
así cumplimiento a las normas constitucionales y legales que exigen
la participación de la comunidad en decisiones ambientales”.
(Negrilla fuera del texto)
122. De lo anterior se sigue que la participación ciudadana es un derecho
fundamental y principio que gobierna las distintas esferas sociales y, por lo mismo,
no se limita al plano político pues debe irradiar las distintas actuaciones y relaciones
del Estado con los particulares40. Su importancia aparece reconocida en el artículo
2° de la Constitución Política que enuncia dentro de los fines esenciales del Estado
el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación, y el artículo 40 de la Carta
Política que reconoce el principio de participación ciudadana en materia ambiental.
123. El principio de participación ciudadana se materializa cuando el Estado, como
garante de los derechos, en el proceso de adopción de una decisión permite que
los diferentes actores y agentes de la sociedad civil involucrados puedan expresar
sus opiniones o puntos de vista, escenario que va más allá de una simple
información o socialización, pues lo que se busca es propiciar escenarios reales y
efectivos de diálogo con la comunidad.
124. Por otro lado, el hecho de que el Decreto 4525 de 2005 no haga referencia a
los mecanismos de consulta con el público, ello no es óbice para entender que el
mandato consignado en el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002 no
resulte vigente ni sea de obligatorio cumplimiento.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia
de 5 de marzo de 2015, radicado: 11001-03-24-000-2008-00367-00. Sentencia citada por la sociedad Dupont de Colombia
S.A., tercero interesado,
40
Luis Felipe Guzmán Jiménez, “Los derechos de acceso a la Justicia Ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano y
español, Universidad Carlos III de Madrid, señala: “(…) La participación democrática no es solo un derecho fundamental sino
un principio que debe regir las actuaciones administrativas con carácter universal, fundamental y expansivo. Es un principio
fundante de la Administración Pública e inherente al Estado democrático496. Santofimio Gamboa (2017) sostiene que no es
solo «[…] un mecanismo para acercar a la realidad el principio de igualdad de los asociados en el ejercicio del poder, sino
que coadyuva como el principal medio de ampliación de los instrumentos democráticos de cualquier sociedad» (página 200).
Lugar de consulta: https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/e0987d4e-d26d-4c93-a9f2-40eda92dfdb6/content.
34
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
125. Por estos motivos, carece de asidero el argumento presentado por el Instituto
Colombiano Agropecuario -ICA, entidad que señala que la exigencia de adelantar
consultas con el público no resulta exigible como quiera que el Decreto 4525 de
2005 no reglamentó el deber de adelantar consultas.
126. Para dilucidar dicho argumento, debe insistirse que, como se indicó con
anterioridad, el artículo 23.2 de la Ley 740 de 2002 consagró un mandato-deber
claro en cabeza de las autoridades de adelantar acciones afirmativas dirigidas a
celebrar consultas con el público y a dar a conocer los resultados de esas
decisiones, del cual no se puede escudar por el solo hecho de que el Decreto 4525
de 2005, no desarrolle dicho deber. Pretender lo contrario, supondría aceptar que
las autoridades públicas pueden sustraerse del cumplimiento de los deberes que le
asisten, lo cual es inaceptable tratándose de la protección de derechos
constitucionales, al tiempo que significaría desconocer el principio de jerarquía del
sistema de fuentes previsto en el artículo 230 de la Constitución Política.
127. Esto significa que, aunque el Decreto 4525 de 2005 no consagre ninguna
disposición normativa relativa sobre la consulta, ello no implica que dicha exigencia
no sea exigible en nuestro ordenamiento jurídico. Además, la norma de transición
que contempla esa norma no tiene el alcance que pretende darle el ICA. Sobre este
aspecto, el referido fallo de 31 de julio de 202341 señaló:
“Tales consideraciones suponen que el inciso segundo del artículo 38 del
Decreto 4525 de 2005 no tiene el alcance que pretende darle la entidad
demandada, pues ello llevaría a desconocer la existencia de lo previsto en
el numeral 2 del artículo 23de la Ley 740 de 2002. Obsérvese al respecto
que remitirse a una resolución que es anterior al año 2002, para sustentar
en ella la improcedencia de hacer consultas, es desconocer abiertamente
que la resolución en cuestión debía interpretarse en el contexto de la
realidad en la que fue aplicada para adelantar el trámite del permisode la
importación, acatando entonces las leyes que vinieron a complementar lo
escuetamente dicho en ella.
128. Debe insistirse que la participación del público en relación con temas
ambientales y su importancia ha sido reivindicada desde tiempo atrás, a partir de la
Declaración de Río, Principio 10, las declaraciones de Estocolmo de 1972, de
Helinski de 1990, de Dublín de 1992, de Malmö de 2000, de Johannesburgo de
2002, los cuales reconocen la importancia de que se adelante esta instancia de
participación en el proceso de adopción de decisiones en materia ambiental.
129. Cabe resaltar lo dispuesto en la Convención de Aarhus sobre el Acceso a la
información, la Participación del público en la toma de decisiones y el Acceso a la
justicia de medio ambiente, suscrita en junio de 1998, tratado que incorpora una
serie de pautas sobre la forma como debe adelantarse la participación del público
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicado:
11001 03 24 000 2007 00273 00, actor: Grupo Semillas, demandado: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, MP: Oswaldo
Giraldo López.
35
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
en el proceso de adopción de decisiones ambientales. Así, como uno de los
principios que se enuncian se encuentra el que la participación debe ser efectiva,
oportuna y adecuada. El acceso a la información incluye una serie de requisitos
sobre la forma, los plazos, el contenido de la información, oportunidades para
comentarios, respuestas a los comentarios y la comunicación de la decisión.
130. Según el marco analizado, el principio de participación ciudadana gobierna las
relaciones entre el Estado y los particulares en los distintos escenarios y facetas de
la vida y su ejercicio debe ser garantizado oportunamente a través de canales o
instrumentos deliberativos. En definitiva, debe realizarse a través de procedimientos
que redunden en una participación real y efectiva de la comunidad afectada pues
solo así se garantiza el enfoque democrático que incorporó nuestra Carta Política.
131. La participación ciudadana, según la jurisprudencia constitucional, comprende
el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa y libre
si alguna de ellas es susceptible de verse afectada de manera específica y directa
con la medida.42. Así las cosas “(…) [l]a consulta previa garantiza el derecho de las
comunidades étnicas para decidir acerca de sus propias prioridades o los efectos
de actuaciones públicas o privadas que puedan afectar -de manera importante- sus
vidas, creencias e instituciones, así como los derechos que ejercen sobre las tierras
que ocupan y utilizan43”.
VI.7.- La participación ciudadana en relación con transgénicos a partir de la
sentencia de 31 de julio de 2023
132. El Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2023 44, tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre el principio de participación ciudadana en el
proceso de adopción de decisiones relativas a la importación y comercialización de
organismos vivos modificados.
133. La Sección Primera de esta Corporación conoció, en aquella oportunidad, de
la demanda promovida por el Grupo Semillas, también demandante en este
42
La Corte Constitucional, en sentencia C- 381 de 2019 señaló: “las comunidades étnicas, de acuerdo con sus específicas
cosmovisiones, tienen particulares formas de interacción con el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales, a partir
de las cuales, a su vez, “han generado una serie de conocimientos y prácticas de carácter tradicional, transmitidos
ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales”. Prácticas que podrían
ser gravemente menoscabadas con la introducción inconsulta de un concepto de propiedad individual y comercial sobre las
variedades vegetales, tal y como establecía el acuerdo. Situación que reviste especial preocupación, pues del trabajo colectivo
de la tierra depende la supervivencia de los pueblos étnicos”. En sentencia T- 243 de 2023 la Corte Constitucional señaló: “Para
el diseño y puesta en operación de estas medidas la entidad deberá tener en cuenta los siguientes parámetros constitucionales
mínimos: (i) los niveles de participación efectiva dispuestos en la jurisprudencia constitucional para la población indígena, en la
toma de decisiones relacionadas con las normas, políticas, programas y proyectos relacionadas con sus semillas nativas y
criollas, incluida la consulta previa libre e informada; (ii) el conocimiento tradicional y experiencia de la población demandante
en el manejo de las semillas; (iii) la adopción de medidas de prevención respecto de las causas que amenazan o ponen en
riesgo la diversidad de las semillas que las comunidades indígenas, así como su seguridad y autonomía alimentaria; (iv) el
fortalecimiento de los sistemas de protección entre las comunidades indígenas, a partir de la promoción de sus prácticas
tradicionales; (v) la capacitación, educación y acceso a información, con el propósito de promover la protección de las semillas
nativas y criollas de maíz, así como su manejo adecuado y la importancia de su conservación; y, (vi) el reconocimiento legal de
estas variedades vegetales como parte del patrimonio biocultural de las comunidades indígenas”.
43
Sentencia T-376 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicado:
11001 03 24 000 2007 00273 00, actor: Grupo Semillas, demandado: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, MP: Oswaldo
Giraldo López.
36
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
proceso, contra la Resolución 465 del 26 de febrero de 2007, “Por la cual se
autorizan siembras de maíz con la tecnología Yielgard ® (MON 810)”, expedida por
el ICA por infringir, presuntamente, lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 740 de
2002, que ratifica el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y
los artículos 1, 2 y 29 de la Carta Política.
134. Este fallo, al referirse de manera concreta al principio de participación
ciudadana en el procedimiento administrativo de importación de organismos vivos
modificados (OVM) señaló lo siguiente:
“Así, para garantizar el acceso a la información en el procedimiento de
autorización de importación de OMVs, es fundamental que, a través de
medios idóneos de comunicación, se explique a la ciudadanía en
general cuáles son los beneficios y perjuicios que puede acarrear la
importación y posterior manipulación de los OMVs en el país y se le
informe de forma suficiente e inmediata cuáles solicitudes de esa
naturaleza han sido presentadas, su estado y qué decisiones se han
adoptado en el correspondiente trámite.
Con esto se promueve la transparencia en ese tipo de procedimientos, ya
que se permite a los ciudadanos conocer las razones que dieron lugar a
las decisiones adoptadas y a hacer seguimiento a su implementación. De
modo que la previsión dispuesta en el artículo 23 de la Ley 740 de 2002
constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la
democracia participativa y el ejercicio de los derechos fundamentales de
la población.
En suma, la garantía en el acceso a la información en trámites de los
OMVs, en los términos definidos en el numeral 2º del artículo 23 de la Ley
740 de 2002, permite que: (i) los ciudadanos adopten posturas informadas
y responsables sobre la materia objeto de controversia, (ii) se promueva
la participación ciudadana, (iii) se favorezca la transparencia en esos
trámites, lo que repercute en el aumento de la confianza y credibilidad a
las instituciones del Estado, y (iv) se facilite el ejercicio de veeduría
respecto al cumplimiento de las decisiones adoptadas en esa clase de
trámites”.
(…) el principio de participación ciudadana, introducido a nuestro
ordenamiento jurídico en la Carta Política de 1991, es un pilar
fundamental en la construcción del relacionamiento entre
administración y administrados. Con base en ese nuevo enfoque la
población deja de ser una mera espectadora de las decisiones que adopte
el Estado y pasa a tener un rol activo en la formación de ellas, de tal suerte
que las preocupaciones que emerjan pueden ser constatadas antes de
que se produzca su emisión y haga parte del mundo positivo de normas
jurídicas. Se trata de un sustrato de gran relevancia en un Estado que se
propugna como democrático, en tanto que la comunicación así diseñada
permite al Estado tener una visión más amplia de los efectos de sus actos
y contribuir a que éstos se ajusten más a la realidad que pretende recoger.
Se agrega a lo dicho que abrir espacios de intervención favorece en la
construcción de legitimidad y transparencia de las instituciones,
pues no solo se permite a la ciudadanía conocer de primera mano las
razones detrás de las decisiones adoptadas por el Gobierno, sino que
37
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
facilita el ejercicio de la veeduría al brindar herramientas para que la
comunidad vele por el estricto cumplimiento de dichos actos.
Es imprescindible entonces la apertura de espacios de debate y
participación que posibilite que los sectores del país interesados, y
particularmente, los grupos vulnerables, puedan manifestarse y aportar
información, que para el caso que ocupa la atención de la Sala defina, por
ejemplo, los posibles impactos que la introducción de semillas
transgénicas podría tener en prácticas agrícolas, en el medio
ambiente, en fin, en el fututo colectivo. Fue así como la Carta concibió
la manera de garantizar que las decisiones administrativas se respalden
en información completa que considere adecuadamente las perspectivas
de los diferentes actores involucrados.
De ahí que los espacios de participación ciudadana a los que hace
referencia el numeral 2º del artículo 23 de la Ley 740 de 2002, se
encuentren dirigidos a garantizar que la comunidad participe activa y
directamente en trámites relacionados con la importación y manipulación
de transgénicos. Por tal razón, la obligación de la administración no se
limita simplemente a generar espacios y escuchar las inquietudes de
los ciudadanos, sino a darles una respuesta completa y de fondo; es
decir, que aborde todos los aspectos de las respectivas
intervenciones.
Es por ello que esos espacios configuran una verdadera etapa dentro del
procedimiento administrativo, que debe ser observada por la autoridad
competente, so pena de infringir uno de los principios fundantes del
Estado Social de Derecho, esto es, el relativo a la democracia
participativa”. (Negrilla fuera del texto)
135. En el caso específico, el referido fallo y luego de efectuar un análisis de los
medios de prueba arrimados al referido proceso encontró probado que el ICA no
atendió el requisito dispuesto en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 740 de 2002,
tras señalar:
“5.5.3.1.1. Bajo tal perspectiva, la Sala procederá a evaluar el material
probatorio obrante en el plenario que, a juicio del ICA, garantiza que
materialmente dio cumplimiento a lo dispuesto en la anotada disposición
normativa, respecto de la divulgación de la solicitud y las decisiones
adoptadas en el proceso objeto de controversia:
(…)
Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia que el ICA incumplió lo
dispuesto en el numeral 2º del artículo 23 de la Ley 740 de 2002, puesto
que divulgó apenas un resumen de la solicitud y no hizo lo propio en
relación con la totalidad delas decisiones adoptadas en dicho trámite.
Ahora, tampoco justificó la motivación de tal omisión, circunstancia
que repercutió en que la población en general no pudiera enterarse del
procedimiento adelantado para la importación de las semillasYieldgard
al país y, por ende, no pudiera formarse una opinión fundamentada
sobrelos riesgos que supone esa tecnología o las ventajas que pudiera
arrojar”. (Negrilla fuera del texto)
38
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
VI.8.- El estudio del caso concreto
136. La Sala adoptará la siguiente metodología: en primer término, realizará una
enunciación de los medios de prueba que apuntan a demostrar el cumplimiento del
principio de participación ciudadana y, luego efectuará una valoración en conjunto
de todos los medios de prueba según las reglas de la sana crítica 45.
i) Enunciación de los medios de prueba
Sobre las pruebas documentales
137. En el proceso constan las siguientes pruebas documentales:
137.1. Oficio de 1 de julio de 200846, por medio del cual el ICA aportó los
antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de la Resolución 464
de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de maíz con la
tecnología Hérculex (TC-1507)”, e informó que:
“(…) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 4525
de 2005 (anexo) que establece el Marco Regulatorio de los Organismos
Vivos Modificados (OVM) en Colombia, publicó en forma resumida en su
página web institucional www.ica.gov.co tanto la solicitud como la
resolución por la cual se autorizaba la primera importación de pequeñas
cantidades de semillas para iniciar los estudios de bioseguridad y otras
actuaciones administrativas que a continuación se relacionan:
45
“ARTÍCULO 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos”.
46
Folios 73 a 77 del Anexo 1.
39
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
137.2. El resumen de la solicitud de maíz híbrido genéticamente modificado
presentada por la sociedad Dupont de Colombia S.A. (TC-1507)47 es del siguiente
contenido:
137.3. Reposan las copias de las siguientes notas periodísticas: (i) “En Tolima se
realizan pruebas. Hectáreas han crecido en el mundo. Transgénicos en Colombia
avanzan a paso adelantado48” publicada el 5 de agosto de 2003 en el periódico el
Día; (ii) “Cinismo Transgénico49” publicada el 5 de agosto de 2003 en el periódico el
Nuevo Día; (iii) Transgénicos: el debate50” publicada el día 10 de octubre de 2003
en el Diario del Huila y; (iv) “Huila experimenta en transgénicos con el algodón51”
publicada en el Diario La Nación el 11 de octubre de 2003.
137.4. Certificación expedida por la Oficina de Tecnologías de Información del ICA
(sin fecha) en la cual se señala:
“[…] CERTIFICA
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 4525 del 6 de diciembre de
2005, esta Oficina ha publicado en la página web del ICA, el link
47
Folios 204 a 205 del Anexo 1.
48
Folio 287 a 288 Anexo Número 3.
49
Folio 289 Anexo Número 3.
50
Folios 306 Anexo número 3.
51
Folios 307 Anexo número 3.
40
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
denominado Normatividad- Consulta Pública, tanto de las solicitudes en
curso como las decisiones adoptadas por el ICA, respecto de los asuntos
relacionados con Organismos Vivos Modificados – OVM52”.
137.5. Constan los siguientes documentos: (a) plegable del primer seminario sobre
transgénicos celebrado el 10 de octubre de 2003 en el Centro de Convenciones
José Eustasio Rivera53 junto con el correspondiente listado de las personas que
asistieron a ese evento; (b) seminario de Agrobiotecnología y Bioseguridad
realizado el 17 de junio de 200454; (c) el plegable de la “Celebración de los 20 años
de la asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos55”; (d)
plegable del “Seminario Taller sobre “Bioseguridad de Organismos Modificados
Genéticamente de Interés Agropecuario: Evaluación y Manejo56”; (e) plegable del “II
Encuentro Internacional sobre Transgénicos: Organismos Genéticamente
Modificados57” realizado los días 30 y 31 de octubre de 2003; (f) plegable sobre
“Organismos Vegetales Transgénicos58”, (g) seminario sobre “Organismos
Modificados Genéticamente59” y, (h) encuentro sobre “Biotecnología y
Transgénicos60” realizado el 16 de abril de 2004.
137.6. Copias de otros documentos como: (i) el original de la Guía de Productos
entregada en las capacitaciones a los agricultores (folleto) 61; (ii) copias de los
listados de asistencia a charlas realizadas en los meses de marzo, junio y
septiembre del año 2007 y en los meses de marzo y abril de 200862; (iii) encuestas
realizadas a los agricultores63; (iv) copias de los documentos que contienen las
“condiciones de uso de los híbridos que contienen el gen HXI de protección contra
insectos- híbrido Pioneer 30T17 y 30B88” suscritos por algunos agricultores64 y; (v)
copia de la relación de los agricultores donde se especifica la ubicación de las fincas
y el área sembrada con la Tecnología Hérculex I.
137.7. Copias de las peticiones presentadas ante el ICA y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo y sus respuestas, las cuales se sintetizan de la siguiente manera:
Derecho de petición Contenido
El ICA, en respuesta de 23 de abril de 1999 informó que para esa fecha
Petición de 27 de marzo de se encontraba en proceso de elaboración la regulación sobre el uso de
199865 presentada por organismos modificados genéticamente para proteger la salud humana,
el Grupo Semillas ante el ICA66 facilitar el desarrollo de la investigación y el uso de la biotecnología en
la producción; fomentar la transferencia de la tecnología hacia Colombia
52
Folio 286 Anexo Número 3.
53
Folios 290 a 291 Anexo Número 3.
54
Folio 308 Anexo Número 3.
55
Folio 309 Anexo Número 3.
56
Folios 310 a 311 Anexo Número 3.
57
Folios 312 a 313 Anexo Número 3.
58
Folios 314 a 315 Anexo Número 3.
59
Folios 316 a 317 Anexo Número 3.
60
Folios 318 a 345 Anexo Número 3.
61
Folios 414 a 416 Anexo 2.
62
Folios 417 a 444 Anexo 2. Los listados de asistencia son de las siguientes fechas: Año 2007 (21 de marzo, 22 de marzo,
27 de junio, 28 de junio y 5 de septiembre). Año 2008 (mazo -día ilegible-, 2 de abril y 3 de abril).
63
Folios 445 a 484 Anexo 2.
64
Folios 485 a 580 Anexo 2.
65
Fecha de recibido.
66
Anexo 7.1.10 del Anexo 2.
41
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
y facilitar el comercio inter- regional de los productos de la
biotecnología. Igualmente, indicó que en virtud de los principios de
economía, celeridad, eficiencia y precaución se ha tomado como punto
de referencia la propuesta de norma “Marco de Bioseguridad de los
Países del Pacto Andino”. Finalmente, detalla los requisitos que se
deben cumplir para una posible autorización para la importación de
variedades de gen incorporado Bacilus thuringiensis.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en respuesta de 28 de
agosto de 2003 informó el marco normativo vigente relativo al manejo,
Petición del 6 de agosto de 2003,
ingreso y comercialización de los organismos transgénicos y la vigencia
presentada por la Corporación
de la normatividad que rige la materia. También anotó que los
Colectivos de Abogados José
representantes de las comunidades indígenas, campesinas y rurales
Alvear Restrepo ante el Ministerio
pudieron expresar sus opiniones en el proceso de discusión del
de Agricultura67.
Protocolo de Bioseguridad. Y que en la actualidad existen cerca de 58.7
millones de hectáreas con cultivos modificados genéticamente.
El ICA, mediante respuesta (sin fecha legible), señala que la mayoría
de los documentos solicitados por el actor (las actas de las reuniones
del CTN; los documentos de manejo público de todas las solicitudes
para investigación de cultivos transgénicos realizadas en el país; las
solicitudes de liberación comercial en curso; los estudios realizados en
Petición de 19 de septiembre de el marco de cada solicitud, entre otros) ya se habían remitido en
2005 presentada por el Grupo respuesta pasada a otro derecho de petición. Sin embargo, no se aportó
Semillas ante el ICA68 copia de esta respuesta.
Además, y, frente al estado de la solicitud presentada por la sociedad
Dupont informa que “(…) aún no se han iniciado los estudios pertinentes
en el país ya que el CTN no le ha recomendado al ICA qué debe realizar
con esta solicitud”.
El ICA, mediante respuesta (sin fecha) dio a conocer las solicitudes
Petición de 30 de mayo de 2006
presentadas de plantas modificadas mediante ingeniería genética, y
presentada por el señor Jorge
detalló el estado actual de dichas peticiones. A través de un cuadro
Andrés Cajigas Rotundo ante el
ilustró el estado de las mismas discriminando por cultivo, solicitante y
ICA69
sus características.
Mediante respuesta de 13 de septiembre de 2023, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural contestó la petición informando lo
siguiente:
(i) A partir del 7 de diciembre de 2005, se han realizado tres reuniones
del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para -OVM- con fines
agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y
agroindustria;
(ii) En cuanto a las solicitudes actualmente en curso, indicó que una vez
reciba copias de las actas, el solicitante podrá observar qué peticiones
Petición de 1 de septiembre de
se encuentran en trámite;
200670 presentada por el Grupo
(iii) El Decreto 4525 de 2005 estableció en su artículo 19 la
Semillas ante el Ministerio de
conformación del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para -OVM-
Agricultura y Desarrollo Rural71
con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales
comerciales y agroindustria, en el cual participan los representantes de
los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social,
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colciencias y el Instituto
Colombiano Agropecuario.
(iv) El Decreto 4525 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial 46115 del
7 de diciembre de 2005;
(v) Respecto de las copias sobre las evaluaciones de riesgo de OVM
con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales
comerciales y agroindustriales se ordenó su remisión al ICA; y,
67
Anexo 7.1.10 del Anexo 2
68
Ibidem.
69
Anexo 7.1.10 del Anexo 2.
70
La petición tuvo como finalidad que se informe:(i) Las reuniones realizadas por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad
realizadas desde el mes de diciembre de 2005 y los temas que se han tratado en esas reuniones; (ii) Las solicitudes en curso;
(iii) Si el Comité Técnico ha solicitado un concepto y/o evaluación de las solicitudes en curso; (iv) La fecha de publicación del
Decreto 4525 de 2005 en el diario oficial; (v) las copias de las evaluaciones de riesgo y, (vi) la copia de la reglamentación del
funcionamiento del Comité Técnico.
71
Ejusdem.
42
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
(vi) La reglamentación del CTNBio se encuentra contenida en la
Resolución 946 de 2006 del ICA cuyo texto se puede consultar en la
página web.
Mediante respuesta de 26 de marzo de 2007, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural informó lo siguiente:
(i) Que los mecanismos de difusión, participación y consulta aparecen
establecidos en el Decreto 4525 de 2005, a través de la página web de
la entidad;
(ii) Que según el artículo 2° de la Resolución 464 de 26 de febrero de
2007 quedó establecido que antes de cada cosecha la compañía debía
enviar al ICA un listado de los agricultores interesados en realizar las
Petición de 7 de marzo de 2007
siembras, señalando la ubicación del predio y el área a sembrar;
presentada por el Resguardo
(iii) El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, es la entidad competente
Indígena de Zenú de San Andrés
para la realización de estudios de bioseguridad con organismos vivos
de Sotavento ante el Ministerio de
modificados con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones
Agricultura y Desarrollo Rural72
forestales comerciales y agroindustrial.
(iv) El Gobierno respeta la importancia de las decisiones tomadas por
las comunidades indígenas. Prueba de este respeto es que se prohíbe
utilizar maíces transgénicos en zonas de resguardos indígenas.
(v) Se da traslado al ICA, entidad competente de la realización de los
estudios de bioseguridad con organismos vivos modificados y;
(vi) Los estudios técnicos científicos realizados hasta la fecha permiten
deducir que no causan efectos negativos para el ambiente, la salud
humana y animal.
Mediante respuesta de 23 de abril de 2007, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural informó:
(i) Que los mecanismos de difusión, consulta y participación aparecen
previstos en el Decreto 4525 de 2005. Concretamente, esta se surtió a
través de los medios institucionales como la página web del ministerio.
(ii) Que por ser siembras controladas, cada campesino conoce las
características de la modificación, alcances y restricciones de la
Petición de 6 de abril de 2007 siembra y del plan de manejo y seguimiento.
presentada por CENSAT Agua (iii) Que la siembra de maíces híbridos modificados genéticamente, de
Viva ante el Ministerio de acuerdo a las evaluaciones de bioseguridad, no tendrá implicaciones
Agricultura y Desarrollo Rural73 negativas ni positivas por cuanto las economías campesinas y locales
de la región desarrollan el cultivo del maíz con variedades o maíz criollo.
(iv) Que en cumplimiento de la función de desarrollar los estudios de
bioseguridad pertinentes, el ICA ha realizado una serie de evaluaciones
de maíz, las cuales enlistó.
(v) Que las resoluciones de autorización, de acuerdo a la normatividad
vigente, son expedidas por el ICA basadas en las recomendaciones del
CTNBio.
Petición de 15 de junio de 2007 Mediante respuesta de 10 de septiembre de 2007, ICA brindó
presentada por el Grupo Semillas información sobre los estudios ambientales, agronómicos, de seguridad
ante el ICA de contaminación a otros cultivos y la generación de malezas de los
cultivos de maíz y algodón transgénicos que tienen el gen de resistencia
de Roundup Ready y al herbicida glufosinato de amonio.
Petición de fecha 3 de septiembre Mediante respuesta de 23 de octubre de 2007, el ICA luego de hacer
de 2007 presentada por la referencia a la normatividad que rige en esta materia indicó que “(…)
Asociación Chamánica y [a]unque son muchas las preocupaciones que se han planteado sobre
Ecológica de Colombia ante el el asunto, las mismas son y serán evaluadas por el Gobierno y por el
ICA. ICA dentro de su competencia; es así como continuaremos con el
desarrollo de las evaluaciones de riesgo, antes de autorizar una
siembra con semilla modificada genéticamente, con estudios en campo
y el respectivo monitoreo y con un plan de manejo y bioseguridad
previamente elaborado y aprobado por el CTNBio”.
72
Ibid.
73
Ibidem.
43
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
Sobre las pruebas testimoniales
138. A continuación, se relacionan las siguientes pruebas testimoniales que giran
en torno al cumplimiento del requisito de participación ciudadana:
138.1. Testimonio de la señora Ana Luisa Díaz Jiménez, trabajadora encargada de
recibir las solicitudes de organismos vivos modificados en el ICA para la época de
los hechos juzgados, señaló que para cumplir lo dispuesto en el artículo 23.2 de la
Ley 740 de 2002 y el Decreto 4525 de 2005, esa autoridad publicó la solicitud de
importación y el acto administrativo definitivo en la página web de la entidad74.
138.2. Declaración rendida por el señor Germán Vélez Ortiz 75, Director del Grupo
Semillas para la época de los hechos juzgados, aseguró que, el ICA no había
ofrecido respuestas completas ni satisfactorias a los derechos de petición
presentados por esa sociedad, las organizaciones civiles y, particularmente, por la
organización indígena del pueblo Zenú76. Además indicó que, aunque el ICA publicó
la Resolución 464 de 2007 en la página web de la entidad, no adelantó el proceso
de consulta y participación ciudadana conforme lo exigen las Leyes 21 de 1991, 70
de 1993 y 134 de 1994, aspecto que advirtió el concepto técnico expedido por el
Ministerio de Ambiente.
74
Folios 405 a 413 del Cuaderno 1 del Consejo de Estado.
75
Folios 426 a 432 del Cuaderno 1 del Consejo de Estado y 449 a 455 del Cuaderno 1.
76
Los aspectos de su declaración que se destacan son: “[…] Sí, efectivamente hemos realizado desde hace más de 10 años
derechos de petición dirigidos al ICA y al Ministerio de Agricultura, no como dice la pregunta al Ministerio de Ambiente,
presentadas no solamente por el GRUPO SEMILLAS sino también por otras organizaciones de la sociedad civil y
específicamente por las organizaciones indígenas del pueblo ZENU, quienes se han sentido directamente afectados por las
autorizaciones que ha emitido el ICA respecto a las siembras de maíz transgénico. Pero tanto el GRUPO SEMILLAS como
dichas organizaciones indígenas como consta en las respuestas y en las reiteraciones de derechos de petición
enviados al ICA no han recibido las respuestas satisfactorias a dichos derechos de petición. Como esto se evidencia
en los últimos derechos de petición presentados por el pueblo ZENU durante el año 2009 como consta en los documentos
allegados con fecha de noviembre de 2009 en la etapa de pruebas que abrió el Consejo de Estado en este proceso.
“PREGUNTADO: Diga cómo es cierto sí o no, que esos derechos de petición sobre el tema al que se refiere en la pregunta
anterior, antes y después de la resolución 464 de 2007, también han sido formulados por distintas ONGs, Asociaciones,
fundaciones, grupos étnicos, entre otros. CONTESTÓ: Si, como ya se informó en la respuesta anterior la mayoría de los
derechos de petición han sido presentados por el GRUPO SEMILLAS y también han sido realizados por otras organizaciones
y para el caso de grupos étnicos solo han sido realizadas por el pueblo ZENU."PREGUNTADO: Por favor indíquele al
despacho la manera en la que el GRUPO SEMILLAS obtuvo la información relacionada con el trámite de la autorización para
la importación de semillas de maíz modificado con la tecnología Herculex 1 (TC 1507) a que se refiere la resolución 464 de
2007. […] CONTESTÓ: parte de la información obtenida sobre el proceso de autorización expedida por el ICA para la siembra
de maíz HX1 se ha obtenido a través de los derechos de petición realizados, pero la mayor parte de la información que
reiterativamente hemos solicitado al ICA sobre las evaluaciones técnicas de Bioseguridad relacionadas con los
riesgos y los impactos que puede generar esta tecnología, no han sido entregadas en su totalidad por el ICA; como
consta y llama fuertemente la atención en el concepto técnico que entregó el Ministerio de Ambiente en la reunión
del CTN Bioagricola realizada en enero de 2007, como miembro participante de este consejo, en donde señaló que a esa
fecha, que no se habían realizado suficientes estudios y evaluaciones de forma integral de los riesgos de esta tecnología y
por lo tanto recomendó que no se debería hacer esta aprobación hasta tanto no se realizarán dichos estudios y también
porque no se habían realizado evaluaciones socioeconómicas de estas tecnologías y adicionalmente no se había surtido la
obligación sobre participación del público en la toma de decisiones sobre el tema, expresadas en los artículos 23 y 26 del
protocolo de Cartagena. Esta información relacionada al respecto en ningún momento ha sido suministrada por el ICA
al público en general y específicamente en el marco de esta demanda, se reitera que la información suministrada por
el ICA al respecto de estos temas no ha sido completa y satisfactoria […] Para el caso de las tecnologías que se
relacionan con esta demanda es evidente que se debió realizar la consulta previa por que este tipo de actividades
pueden afectar a las comunidades en mención, a su biodiversidad, a sus sistemas productivos y a su soberanía
alimentaria. Por lo tanto, es inaceptable el argumento que da el ICA sobre participación ciudadana sobre este tema.
[…]” (Negrilla fuera del texto)
44
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
ii) Valoración probatoria de los medios de prueba según las reglas de
la sana crítica
139. Valorados en su conjunto los medios de prueba aportados al expediente, la
Sala encuentra que el ICA, en el procedimiento administrativo que culminó con la
autorización de importación de semillas de maíz con la tecnología Herculex I (TC
1507) para siembras controladas en la zona agroecológica del Caribe húmedo
otorgada a favor de la sociedad Dupont, esa entidad no dio cumplimiento al requisito
previsto en el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002, toda vez que no se
demostró que se haya surtido la consulta con el público, deber que le era exigible
en el proceso de adopción de esa decisión77.
140. En primer término, de la revisión de los antecedentes administrativos que
constan en el plenario, la Sala vislumbra que no reposan elementos de prueba que
acrediten el deber de haber adelantado consultas con el público, conforme lo exige
el numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 2002 que apunta a garantizar la
participación real, efectiva, libre e informada de los distintos agentes involucrados y
afectados con esa decisión.
141. A lo largo del proceso, la sociedad Dupont de Colombia y el ICA, de cara a
demostrar que el enfoque de participación sí se surtió han sido de la tesis de que la
solicitud y la decisión adoptada sobre la importación de semillas de maíz con la
tecnología Herculex I (TC 1507) para siembras controladas en la zona
agroecológica del Caribe húmedo se publicó a través de la página institucional del
ICA, www.ica.gov.co, dando cumplimiento al requisito previsto en el artículo 37 del
Decreto 4525 de 2005.
142. Para dilucidar lo anterior, se resalta que la Sala de Consulta y Servicio Civil,
en concepto 2409 de 19 de febrero de 201978, en relación con las consultas como
mecanismo de participación ciudadana señaló:
“La participación ciudadana en el proceso de formulación de las normas
proferidas por la administración, puede adelantarse a través de distintos
77
Luis Felipe Guzmán Jiménez, “Los derechos de acceso a la Justicia Ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano y
español, Universidad Carlos III de Madrid
78
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP: Édgar González López, concepto de 19 de febrero de 2019,
radicado:11001-03-06-000-2018-00253-00(2409)
45
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
mecanismos79. Entre los más importantes se encuentra el de la consulta80,
la cual puede surtirse a través de la publicación de un proyecto de norma
y la recepción de comentarios por medio de correos electrónicos o la
página web de la entidad estatal81. El mecanismo de la consulta ha sido
calificado positivamente, pues, entre otros: i) promueve la participación
entre diversos grupos, ii) constituye un mecanismo de control al proceso
de decisión y iii) otorga legitimación a la decisión82. Asimismo, la
participación de actores no estatales permite a la administración acceder
a la información y experiencia que tienen dichos sujetos frente a la materia
a regular83.
143. En el presente caso, se observa que en el expediente no reposan las
constancias de publicación de los documentos a que alude el Oficio de 1 de julio de
2008, esto es: (i) el resumen de la solicitud de maíz híbrido (TC 1507), (ii) la
Resolución 3857 de 16 de diciembre de 2005 “Por la cual se autorizó adelantar
estudios de bioseguridad con maíz con tecnología Bt Hérculex I (Cry1F)”84; (iii) los
resultados del ensayo de flujo genético de la tecnología Hérculex I en el cultivo del
79
(Cita original): Entre los distintos mecanismos identificados por la doctrina para permitir la participación del público se
encuentra el denominado en inglés “notice-and comment”, el cual se aplica en los Estados Unidos en el proceso de
promulgación de normas de la administración federal. A través de este mecanismo se logra tanto informar como consultar al
público respecto de las propuestas de normas. Un segundo mecanismo es el denominado en inglés “negotiated rule making”. Bajo esta modalidad se establece un foro de discusión directo entre representantes de la sociedad y el gobierno. El propósito
es alcanzar un consenso respecto a la regla propuesta. Asimismo, se caracteriza porque las discusiones se encuentran
abiertas al público. Aunque no se alcance el consenso, esta regla le permite al gobierno mejorar la calidad de la regulación a
través de la discusión de asuntos técnicos. Igualmente, promueve la confianza entre la administración y los administrados. Finalmente, un tercer mecanismo es el denominado “policy dialogue”, en virtud del cual se establece una mesa de discusión
entre diferentes grupos de interés que dialogan con el propósito de discutir un asunto en el que tienen un interés mutuo. En
este sistema se reconoce que las personas pueden tener una posición diferente frente a un mismo problema. Alberto
Alemanno, Stakeholder engagement in regulatory policy, en Regulatory Policy in Perspective”. A reader’s companion to the
OECD regulatory policy Outlook, 2015, p. 127. 80
(Cita original): “La etapa del proceso de elaboración de la política que tradicionalmente acoge a la mayoría de los
mecanismos de participación de personas interesadas es la de preparación y diseño de la política. Habiéndose establecido la
existencia de un problema que justifica una acción política, quienes elaboran la política trabajan en un primer borrador de
propuesta que se somete a escrutinio público con el propósito de obtener información y comentarios de las personas
interesadas. Aunque la forma en que los aportes externos son canalizados dentro de la preparación de la política varían
dependiendo del mecanismo, este generalmente consiste en un mecanismo de consulta”. (traducción libre) Ibídem, 121. 81
(Cita original): “Usualmente la consulta toma la forma de un proyecto legislativo en la página web del ministerio o
departamento y permite el envío de comentarios a través de correo electrónico o una forma en la red. Muchos países están
usando ahora portales web centralizados del gobierno para hacer que todas las consultas estén disponibles en un solo lugar”.
(traducción libre). Ibídem, p. 125. 82
(Cita original): “Consulta: Existe un acuerdo casi universal de que la consulta es una “cosa buena”. Cuatro razones han sido
tradicionalmente resaltadas. Se ha dicho que la consulta mejora la evidencia base para la toma de la decisión regulatoria. Segundo, la consulta promueve la participación entre diversas personas interesadas. Tercero, la consulta es una forma para
controlar la toma de la decisión (…) Finalmente, la consulta es también considerada crucial para avanzar en la legitimidad en
la toma de la decisión”. (traducción libre). Martin Lodge, Trends and challenges in regulation and regulatory policy, en
Regulatory policy in perspective. A reader’s companion to the OECD regulatory policy outlook 2015, 2015, p.
25. “La consulta
eficaz es una consideración clave para garantizar que los intereses de ciudadanos y empresas se tomen en cuenta al
desarrollar y diseñar regulaciones. La consulta mejora la efectividad de las regulaciones mediante el uso de la información
que entidades reguladas aportan sobre sus probables impactos. Poner a consideración los problemas y las posibles
deficiencias aumenta el compromiso de los interesados y promueve una mayor probabilidad de cumplimiento. El efecto
positivo de una mayor transparencia y del compromiso de los actores no se limita a las regulaciones, sino que también se
aplica al desarrollo y cumplimiento de políticas y programas”. OCDE, Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en
Colombia: Más allá de la simplificación administrativa, OECD Publishing, 2014, p. 90. “Es esencial que el Sistema regulatorio
sea transparente para establecer un ambiente regulatorio estable y accesible que promueva la competencia, el comercio, y la
inversión, y ayude a proteger de la indebida influencia de intereses especiales. La transparencia refuerza la legitimidad y la
justicia del proceso regulatorio. Envuelve un rango amplio de prácticas, incluyendo procesos estandarizados para hacer y
reformar regulaciones, consulta con las partes interesadas, lenguaje sencillo en la redacción, publicación y codificación”.
(traducción libre). OECD, Regulatory Policy in Chile: Government Capacity to Ensure High-Quality Regulation, OECD Reviews
of Regulatory Reform, OECD Publishing, 2016, p. 84. 83
(Cita original): “El modelo de nueva gobernanza implica un aumento en la participación de los actores no estatales, pues
desafía la suposición convencional de que los poderes regulatorios de las agencias administrativas están basadas en su
conocimiento, información y experiencia superior. El incremento de la participación de los actores privados en la esfera
regulatoria los distintos niveles y etapas de los procesos legales – legislación, promulgación de reglas, implementación de
políticas, y ejecución – y mejora la capacidad de los ciudadanos para participar en la vida política”. (traducción libre). Orly
Lobel, New Governance as regulatory governance, en the Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press, 2012,
pp. 66-67. 84
Folios 206 a 211 del Anexo 1. - Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
46
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
Maíz en el departamento de Córdoba 200685; (iv) los resultados de la evaluación del
efecto de la tecnología Herculex ® / sobre poblaciones de artrópodos en el cultivo
del maíz en la subregión del Caribe Húmedo colombiano;86 v) los resultados de la
evaluación de la eficacia del gen con la tecnología Herculex I con resistencia a
glufosinato de amonio en maíz. Córdoba 200687 y; vi) la Resolución 464 del 26 de
febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de maíz con la tecnología
Herculex / (TC-1507)”.
144. Igualmente, en el sub lite, tampoco se acreditó que el ICA haya surtido el
trámite de publicidad respecto de los siguientes documentos que precedieron la
adopción de la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 y que fueron aportados
junto con los antecedentes administrativos, como son:
(i) Evaluación de los riesgos potenciales para realizar actividades con maíz
híbrido marca Pioneer genéticamente modificado (TC 1507) con la
tecnología Bt Hérculex I (Cry 1F) para protección contra algunos insectos
lepidópteros y tolerante a glufosinato de amonio88;
(ii) El Acta 025 de 28 de septiembre de 2004 contentiva de la reunión
efectuada por el Comité Técnico Nacional para la introducción,
producción, liberación y comercialización de organismos modificados
genéticamente (OMG) de uso agrícola89;
(iii) El Acta 01 de 7 de diciembre de 2005 contentiva de la reunión celebrada
por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para
organismos vivos modificados (OVM) con fines agrícolas, pecuarios,
pesqueros, plantaciones forestales, comerciales y agroindustria90;
(iv) El Acta 06 de 31 de enero de 2007 contentiva de la reunión celebrada por
el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para organismos
vivos modificados (OVM) con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros,
plantaciones forestales, comerciales y agroindustria. En dicha reunión se
efectuó una presentación de los ensayos de flujo genético de maíces
modificados en los departamentos de Córdoba y Tolima, en las
subregiones del Caribe Húmedo Colombiano y Magdalena91;
(v) El Acta 007 de 23 de febrero de 2007 contentiva de la reunión celebrada
por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para
organismos vivos modificados (OVM) con fines agrícolas, pecuarios,
pesqueros, plantaciones forestales, comerciales y agroindustria. En dicha
85
Folios 212 a 228 del Anexo 1. - Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
86
Folios 229 a 243 del Anexo 1. - Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
87
Folios 244 a 251 del del Anexo 1. - Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
88
Folios 27 a 39 del Anexo 1- Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
89
Folios 40 a 51 del Anexo 1.- Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
90
Folios 73 a 142 del Anexo 1- Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
91
Folios 166 a 182 del Anexo 1- Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
47
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
reunión se analizó, por petición del Presidente de la República y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la situación del cultivo de maíz
en Colombia, los problemas de calidad y los costos que se están
presentando92.
(vi) Documento titulado “Plan de Manejo, Bioseguridad y seguimiento para
siembras controladas de maíz con la Hérculex I (Cry 1F) en la Zona del
Caribe Húmedo Colombiano”.
145. Por otro lado, aunque la certificación (sin fecha) expedida por la Oficina de
Tecnologías de Información del ICA señala que dicha dependencia ha dado
publicidad a las solicitudes en curso y a las decisiones adoptadas por el ICA,
respecto de los asuntos relacionados con organismos vivos modificados (OVM),
dicho documento no especifica cuáles decisiones se publicaron.
146. En gracia de discusión y aún en el evento de que se llegara a aceptar que los
documentos a que hace referencia el oficio de 1° de julio de 2008 fueron publicados,
en el presente caso no se acreditó que se haya garantizado la participación real y
efectiva de la sociedad civil, esto es, que se haya creado un escenario de diálogo
real y verdadero con la ciudadanía a fin de recabar información sobre la evaluación
y el impacto de la medida adoptada.
147. Resulta cierto que el principio de participación ciudadana afianza los principios
de publicidad y transparencia de la gestión pública93. Sin embargo, dicha divulgación
debe garantizar el conocimiento efectivo y pleno de la sociedad civil sobre las
decisiones publicadas. Se pretende crear canales de diálogo para que la sociedad
pueda presentar observaciones, sugerencias o comentarios, por lo que el principio
de participación ciudadana no se agota solo con la publicidad de la solicitud o del
acto de autorización de importación, como pretenden hacer valer la sociedad
Dupont S.A. y el ICA, pues su aplicación debe ser integral y garantizarse durante
todo el proceso.
148. Igualmente, la sociedad Dupont Colombia S.A. y el ICA indicaron que la etapa
de participación se garantizó en debida forma. Sin embargo, las pruebas aportadas
al expediente no prueban que eso haya ocurrido.
149. En efecto las noticias “En Tolima se realizan pruebas. Hectáreas han crecido
en el mundo. Transgénicos en Colombia avanzan a paso adelantado”; “Cinismo
Transgénico94” “Transgénicos: el debate95” y; “Huila experimenta en transgénicos
con el algodón”, referidas anteriormente, contienen información general sobre las
ventajas que tiene la utilización de transgénicos en Colombia y las preocupaciones
92
Folios 183 a 192 del Anexo 1- Antecedentes administrativos. Igualmente, ver Anexo 3.
93
Luis Felipe Guzmán Jiménez, “Los derechos de acceso a la Justicia Ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano y
español, Universidad Carlos III de Madrid, Lugar de consulta: https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/e0987d4e-
d26d-4c93-a9f2-40eda92dfdb6/content.
94
Folio 289 Anexo Número 3.
95
Folios 306 Anexo número 3.
48
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
asociadas a los peligros que pueden representar para la salud humana y para el
medio ambiente. No obstante, no hacen referencia a aspectos específicos
relacionados con la semilla de maíz con la tecnología Herculex I (TC 1507) para
siembras controladas y tampoco con las decisiones adoptadas por el ICA que
precedieron la expedición de la resolución objeto de análisis en este proceso.
150. De otro lado, si bien se adelantó el taller sobre transgénicos en el Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera “Agrobiotecnología y Bioseguridad” el 17 de
junio de 2004; se realizó el seminario sobre “Bioseguridad de Organismos
Modificados Genéticamente de Interés Agropecuario: Evaluación y Manejo” y sobre
“Organismos Modificados Genéticamente y se celebraron algunos eventos como el
“Encuentro Internacional sobre Transgénicos: Organismos Genéticamente
Modificados96” y sobre “Biotecnología y Transgénicos”, no es menos cierto que
dichos foros académicos tuvieron como objeto abrir un espacio de discusión para
identificar aspectos relacionados con la definición de la biotecnología, su historia,
las áreas, su evolución así como los posibles riesgos e impactos de bioseguridad
en productos transgénicos. Sin embargo, dichos eventos no permiten demostrar que
esos escenarios hayan sido creados con el fin de que la sociedad civil pudiera
participar en el trámite que dio origen a la expedición de la Resolución 464 de 26 de
febrero de 2007.
151. Igual acontece con los documentos que fueron aportados por la sociedad
Dupont de Colombia S.A., esto es, el original de la guía de productos entregada en
las capacitaciones a los agricultores (folleto); los listados de asistencia a charlas
realizadas en los meses de marzo, junio y septiembre del año 2007 y en los meses
de marzo y abril de 2008; las encuestas realizadas a los agricultores; el documento
que versa sobre las “condiciones de uso de los híbridos que contienen el gen HXI
de protección contra insectos- híbrido Pioneer 30T17 y 30B88” y la relación de los
agricultores donde se especifica la ubicación de las fincas y el área sembrada con
la Tecnología Hérculex I.
152. En efecto, el original de la guía de productos contiene información agronómica
general, pero no hace referencia específica a la semilla de maíz con la tecnología
Hérculex (TC-1507). Los listados de asistencia demuestran que, efectivamente, se
realizaron, en efecto, charlas con los agricultores. No obstante, según dichos
documentos, estas se realizaron luego de haberse adoptado la decisión enjuiciada
en este proceso97. Por último, el documento que versa sobre las “condiciones de
uso de los híbridos que contienen el gen HXI de protección contra insectos- híbrido
Pioneer 30T17 y 30B88” y la tabla en la cual se detalla la relación de los agricultores
no resultan en sí mismas conducentes para demostrar que se surtió el mecanismo
de consulta.
96
Folios 312 a 313 Anexo Número 3.
97
La Resolución 464 es de fecha 26 de febrero de 2007. Los listados de asistencia son de las siguientes fechas: Año 2007
(21 de marzo, 22 de marzo, 27 de junio, 28 de junio y 5 de septiembre). Año 2008 (mazo (día ilegible), 2 de abril y 3 de abril).
(día ilegible).
49
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
153. Ahora, la Sala reconoce que el derecho de petición en su dimensión de
derecho fundamental reconoce la posibilidad de que los ciudadanos puedan
acceder a la información y constituye una herramienta valiosa para materializar el
principio de participación ciudadana. Su importancia ha sido reconocida por la
jurisprudencia en el siguiente sentido:
“La importancia del derecho de acceso a la información radica en que
cumple con las siguientes tres funciones: i) garantiza la participación
democrática, el ejercicio de los derechos políticos y de la ciudadanía, toda
vez que promueve “formar ‘un ciudadano activo, deliberante, autónomo y
crítico’ que pueda ejercer un debido control de la actividad del Estado” ; ii)
permite conocer las condiciones necesarias para el ejercicio de otros
derechos, puesto que su carácter instrumental facilita que el individuo
pueda materializar otros los principios, por ejemplo verdad en la
reparación de las víctimas del conflicto armado, o los derechos sociales
de los sectores excluidos y marginados de la sociedad; y iii) efectiviza la
transparencia en la gestión pública, condición indispensable para el
control ciudadano de la actividad del Estado.
Adicionalmente, el principio mencionado impone dos obligaciones al
Estado. De una parte, éste debe suministrar al solicitante la información
clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre la actividad objeto de
escrutinio ciudadano. De otra parte, las autoridades tienen el deber de
conservar y mantener la información sobre sus actuaciones con el fin de
que la comunidad pueda consultarla en el futuro98”.
154. Como primer aspecto, la Sala procederá a evaluar las respuestas
proporcionadas por las autoridades competentes en relación con los derechos de
petición de información emitidas con anterioridad a la expedición de la Resolución
464 de 26 de febrero de 2007 en tanto que lo pretendido es que la ciudadanía pueda
acceder a la información de manera previa y oportunamente antes de que se adopte
la decisión respectiva.
155. En efecto, las peticiones de 27 de marzo de 1998, de 6 de agosto de 2003, de
19 de septiembre de 2005, de 30 de mayo de 2006 se refieren a aspectos generales
que tienen que ver con la introducción de transgénicos en nuestro país, pero en
nada se relacionan con el trámite de importación de las siembras de maíz con la
tecnología Hérculex (TC-1507).
156. Además, la respuesta de 26 de marzo de 2007 emitida por el Ministerio de
Agricultura respecto de la petición de 7 de marzo de 2007 demuestra que, en efecto,
la información sobre las evaluaciones técnicas de Bioseguridad relacionadas con
los riesgos y los impactos que puede generar esta tecnología no fue satisfactoria ni
completa.
157. Por último, la Sala observa que el ICA, no proporcionó ninguna motivación en
la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007, sobre la forma como se surtió el
mecanismo de consulta con el público.
98
T- 361 de 2017, MP: Alberto Rojas Ríos.
50
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
158. En estas condiciones, la Sala considera que en el presente caso las súplicas
de la demanda están llamadas a prosperar y, por razones de economía procesal y
de eficiencia se abstendrá de analizar los demás cargos que fueron planteados en
la demanda99.
VI.9. Las conclusiones del caso
159. En el presente caso se analizó si el ICA, en el trámite para la importación de
semillas de Maíz con la tecnología Herculex I (TC 1507) para siembras controladas
en la zona agroecológica del Caribe húmedo que culminó con la expedición de la
Resolución 464 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se autorizan siembras de
maíz con la tecnología Hérculex (TC-1507)” a favor de la sociedad Dupont llegó a
quebrantar los artículos 1°, 2°, 23 y 29 de la Constitución Política, así como el
numeral 2° del artículo 23 de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002 pues, según la
demanda, se omitió dar cumplimiento al deber que le asistía de celebrar consultas
con el público en el proceso de adopción de esa decisión y de dar a conocer sus
resultados.
160. El principio de participación ciudadana respecto al uso de los organismos
vivos modificados (OVM) se desarrolla en el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de
Montreal el 29 de enero de 2000, aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 740 de 24 de mayo de 2002.
161. El artículo 23.2. ibidem consagra dos obligaciones afirmativas de las Partes
relativas a que: (a) consulten al público en el proceso de adopción de decisiones
en relación con OVMs; y (b) den a conocer los resultados de esas decisiones.
162. En este caso se abordó el alcance del derecho de participación en estos
procesos. De acuerdo con lo señalado, el principio de participación ciudadana
constituye un desarrollo del principio democrático. Esta debe ser real y efectiva
pues debe apuntar a que la sociedad civil pueda expresar sus opiniones y puntos
de vista para así generar un diálogo entre los diferentes actores involucrados.
163. Así las cosas, en el presente caso, se pudo advertir que el ICA no dio
cumplimiento al requisito dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 740 de 2002. Por
estos precisos motivos se debe concluir, entonces, que el Grupo Semillas logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la referida Resolución 464 de 26 de febrero
de 2007.
164. Por último, esta Sala se abstendrá de condenar en costas en tanto que no
concurren los supuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.
99
En igual sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
31 de julio de 2023, radicado: 11001 03 24 000 2007 00273 00, actor: Grupo Semillas, demandado: Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, MP: Oswaldo Giraldo López.
51
Radicación: 11001-0324-000-2007-00274-00
Demandante: Grupo Semillas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda propuesta
por el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 464 de 26 de febrero de 2007,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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