Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00293-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00293-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2007-00293-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00293-00
Referencia. Acción de nulidad
Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
TESIS: EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR
MODIFICACIÓN Y POSTERIOR DEROGACIÓN NO IMPIDE EL
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO
EXISTE IDENTIDAD EN EL OBJETO DEL PROCESO PARA DECLARAR
LA COSA JUZGADA; SIN EMBARGO, SE PROHIJAN LOS FALLOS QUE
SE PRONUNCIARON SOBRE CARGOS DE SIMILAR ALCANCE EN
RELACIÓN CON LA MEDIDA DE TRASLADO A PREVENCIÓN COMO
HERRAMIENTA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL DE AFILIADOS DE UNA
EPS ADOPTADA EN EL DECRETO 055 DE 2007. NO SE PROBÓ EL
CARGO DE INCOMPETENCIA, NI EL DE VIOLACIÓN DE NORMAS
SUPERIORES QUE SE INVOCÓ RESPECTO DEL DECRETO ACUSADO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LA
EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE
TRASLADO. ESTUDIO DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE FALLO
QUE ESTUDIÓ UNA FRASE DEL ARTÍCULO DEMANDANDO. NO SE
PROBÓ LA FALSA MOTIVACIÓN NI LA DESVIACIÓN DE PODER. NO
SE CONDENA EN COSTAS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la demanda promovida por la señora DORA ELENA
RAMÍREZ SIERRA contra la Nación – Ministerio de la Protección
Social, por medio de la cual solicitó la nulidad del numeral 2 del
artículo 1° del Decreto 2713 de 16 de julio de 2007.
I.- ANTECEDENTES
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00293-00
Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
I.1. La señora DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el
artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante, CCA,
presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del
numeral 2 del artículo 1° del Decreto 2713 de 16 de julio de
20071, expedido por el Ministerio de la Protección Social.
I.2. La actora fundó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
Señaló que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la
Resolución 028 de 15 de enero de 2007, revocó el certificado de
funcionamiento otorgado al Instituto de Seguros Sociales como
Entidad Promotora de Salud; y que el 26 de marzo de 2007, a través
de la Resolución núm. 263 resolvió, de manera desfavorable, el
recurso de reposición interpuesto contra la citada resolución.
Indicó que en el numeral 2 de la Resolución 263 de 26 de marzo
de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud invocó el traslado
de usuarios a una o varias EPS nuevas, cuando lo procedente era dar
1
“Por el cual se modifica el Decreto 055 de 2007 y se dictan otras disposiciones” Por su parte, el Decreto
055 de 2007 se tituló: “por el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en
el aseguramiento y la prestación del servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones”
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00293-00
Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
aplicación al numeral 3 de la Resolución 028 de 15 de enero de 2007
y a las normas vigentes en la materia, que nada dicen de EPS nuevas.
Manifestó que una vez quedó en firme la Resolución 028 de 15 de
enero de 2007, debió darse aplicación a lo previsto en el numeral 3,
esto es, proceder al traslado de sus afiliados a prevención a una de las
entidades promotoras de salud pública pertenecientes al régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las
cuales el Estado tuviese participación, ello como mecanismo
excepcional para afiliar a la totalidad de la población afectada con dicha
medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto
055 de 15 de enero de 20072.
Adujo que el procedimiento de afiliación a prevención fue regulado
de manera concomitante con las decisiones que el Estado, a través de
la Superintendencia Nacional de Salud, adoptó en relación con el
Instituto de Seguros Sociales; y que dicho procedimiento fue expedido
por el Gobierno Nacional el mismo día en que decidió revocar el
certificado de funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales.
2
“Artículo 3°. Afiliación a prevención. Es un mecanismo excepcional de traslado de afiliados al
régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de obligatoria aceptación,
consistente en afiliar a prevención a una o varias Entidades Promotoras de Salud públicas o en donde
el Estado tenga participación, la totalidad de la población que se encuentre afiliada a la entidad objeto
de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo,
intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria, que ordena la autoridad o el Órgano de
Dirección que toma la decisión de revocatoria, intervención para liquidar, supresión o liquidación
voluntaria y que debe realizar la Entidad Promotora de Salud objeto de la medida”.
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Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
Argumentó que antes de la expedición del Decreto 055 de 2007 no
existía en Colombia la afiliación a prevención, sino la afiliación por
asignación3 que es un mecanismo que garantiza los derechos de los
usuarios y la igualdad de las EPS en un sistema de salud liberalizado,
en el que el servicio puede ser prestado tanto por el Estado como por
los particulares en plano de igualdad.
Señaló que antes de la crisis del ISS el procedimiento que se
aplicaba, en virtud de la revocatoria del certificado de
funcionamiento, consistía en: i) otorgar un plazo al usuario para
escoger la EPS a la cual se trasladaría; ii) vencido tal plazo sin
ejercer tal selección, la EPS objeto de la medida procedía a asignar a
sus usuarios a las EPS autorizadas en el país con criterios objetivos
y de igualdad entre ellas, excluyendo las de participación estatal4; y
iii) una vez asignado el usuario a una EPS, previo ejercicio de su
derecho a la libre elección, comenzaba el conteo de período mínimo
de permanencia.
3
Regulado por el Decreto 2423 de 2004 en su artículo 2º que prevé: “Definición de afiliación por
asignación. Es aquel mecanismo excepcional obligatorio de distribución de afiliados al régimen
contributivo, cuando estos no hagan uso de su derecho a la libre elección para traslado de EPS dentro
del mes siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que revoque el certificado de
autorización total o de un ramo o programa o dependencia especial de operación del Sistema
General de Seguridad Social en Salud o que ordene la intervención forzosa administrativa para la
liquidación o de vigencia del Decreto que ordene la liquidación de las entidades públicas y de las
entidades que fueron autorizadas como entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social
en Salud” . Esta norma se derogó por el Decreto 055 de 2007.
4
Según la demandante esto ocurre pues el traslado a las EPS públicas o con participación pública,
desconoce la liberalización de la salud realizada por la Constitución Política y que la prestación de dicho
servicio se preste por el Estado o por los particulares en condiciones de igualdad.
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Aclaró que el anterior procedimiento fue modificado por la
Superintendencia Nacional de Salud en la fecha en que revocó el
certificado de funcionamiento del ISS, para lo cual estableció la
afiliación a prevención definido en el artículo 3° del Decreto 055
de 2007, para lo cual la afiliación por asignación es apenas
potestativa y aplica únicamente cuando así se establezca en el acto
que ordena la revocatoria del certificado de funcionamiento,
conforme al contenido el artículo 5° del Decreto 055 de 2007.
Identificó como incompresibles las razones por las cuales la
Superintendencia Nacional de Salud no acogió el sistema de afiliación
por asignación y adoptó este nuevo mecanismo, que, en su entender,
desconoce la igualdad entre las EPS y favorece a la una nueva EPS
que pretende crear el Gobierno Nacional, como ocurrió con el ISS en
el proceso de revocatoria de su certificado de funcionamiento.
Señaló que el artículo 4°, numeral 2, del Decreto 055 de 2007
estableció un plazo para la “ingeniosa creación gubernamental”
denominada la afiliación a prevención, cuya aplicación de cuatro
meses contados a partir de la fecha de firmeza de la resolución de
revocatoria del certificado de funcionamiento, y para el caso del ISS,
vencía el 26 de julio de 2007.
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No obstante, antes de dicho vencimiento, esto es, del plazo de los
cuatro meses, el Gobierno Nacional expidió el Decreto cuya nulidad
se solicita5, por medio del cual modificó el procedimiento de afiliación
a prevención, específicamente en lo que respecta al artículo 4° del
Decreto 055 de 2007, en relación con el plazo para adoptar la
decisión de trasladar a los usuarios, el que aumentó a ocho meses.
Sostuvo que el Gobierno Nacional ante la crisis del ISS, implementó
este sistema de afiliación con clara tendencia a favorecer sus
intereses por encima del ejercicio de la competencia y del principio
de liberalización del servicio de salud, así como el principio de
igualdad entre las distintas EPS.
Finalmente, sostuvo que el ISS no cuenta con la capacidad para
atender a sus pacientes, hecho notorio. No obstante ello, concedió
un plazo mayor para la afiliación a prevención, lo que implicó cuatro
meses más de mal servicio para los pacientes, todo para favorecer al
Gobierno y la creación de una nueva EPS pública, para quedarse con
los pacientes sin importar las condiciones actuales del servicio.
I.3. En apoyo de su pretensión de nulidad, la parte actora adujo la
violación de las siguientes normas:
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Decreto 2713 de 2007
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I.3.1 Indicó como transgredidas las siguientes de rango
constitucional, los artículos 13, 48, 49, 121, 333 y 365.
Consideró que se vulneró el principio de igualdad en razón a que
el Decreto acusado se expidió con clara finalidad de favorecer una
EPS determinada y al Gobierno Nacional a través del ISS en su
proceso de liquidación como EPS, lo que se evidencia con la
ampliación del plazo para la implementación del procedimiento de
afiliación a prevención, cuando solo existía una EPS en dicha
situación que no es otra que el ISS.
Adujo que también se desconoció el derecho a la seguridad social,
puesto que al ser este un servicio público de carácter obligatorio su
prestación se realiza bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad; y además, que se debe procurar la garantía para todos
los habitantes en razón a corresponder a un derecho irrenunciable y
que en su prestación pueden intervenir entidades públicas o
privadas, de conformidad con la ley.
Indicó que la Constitución Política de 1991 liberalizó la seguridad
social como servicio y ello implicó que pueda ser prestada por el
Estado y por los particulares en plano de igualdad, aspecto que no
puede verse reducido debido a las obligaciones de dirección,
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coordinación y control a su cargo, las cuales no puede usar en un
beneficio contrario a los mencionados postulados.
Sostuvo que el Decreto impugnado desconoció que la salud es un
servicio público a cargo del Estado y que puede ser prestado por
entidades privadas las cuales se someten a un régimen de igualdad
y libre competencia, puesto que al realizar dicha modificación en
el plazo para aplicar el mecanismo de afiliación a prevención, el que
insiste en calificar, abiertamente arbitrario, dice que se favoreció la
creación de una eventual nueva EPS pública o con participación
pública, desconociendo el derecho a la libre elección y de igualdad
entre las EPS como se establece en el Decreto 2423 de 20046 con el
sistema de afiliación por asignación.
Estimó que no existe norma alguna que señale competencia del
Ministerio de la Protección Social para establecer o modificar los
plazos para aplicar un sistema de afiliación para favorecer sus
propios intereses desconociendo el plano de igualdad que debe
existir entre las distintas EPS, bien sean públicas, privadas o mixtas.
Indicó que la actividad económica y la iniciativa privada son libres y
ello excluye la posibilidad de amarrar usuarios a la espera de la
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Por el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en la prestación del
servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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creación de una nueva EPS, como ocurrió en este caso, pues al ser
la libre competencia económica un derecho de todos, claramente la
ampliación de este plazo favoreció de manera exclusivamente al
Estado y desconoció la libre competencia y la responsabilidad que
conlleva esta clase de actos para los afiliados.
Argumentó que hubo falta de competencia, dado que el decreto
impugnado constituye una restricción a la libertad económica e
iniciativa privada y desconoce que en los términos del artículo 333
Superior existe reserva legal en esta materia, lo que implica que
cualquier limitación deber establecerse por Ley y que ninguna
autoridad distinta del legislador puede crearla, mucho menos
amparado en la potestad reglamentaria, lo que evidencia un
desbordamiento de su competencia y por ende, la nulidad de la
decisión cuestionada.
I.3.2 Del Código Contencioso Administrativo: Artículo 3. Principios
Orientadores
Consideró que el decreto acusado desconoció los principios
previstos en el CCA, como es el caso del principio de economía,
cuando establece un plazo adicional para favorecer al ISS y
perjudicar a los usuarios que en la actualidad no están recibiendo un
servicio oportuno y de calidad.
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Indicó que se transgredió el principio de eficacia al utilizar el
procedimiento administrativo para fines diferentes a los que le
corresponden, por lo que la potestad reglamentaria no puede
utilizarse para favorecer políticas estatales, en contravía de la
igualdad que debe imperar entre las distintas EPS.
Por último, agregó que se vulneró el principio de imparcialidad, en
el sentido de que el Estado a través del Ministerio de la Protección
Social adoptó medidas para favorecer en forma evidente a una
institución pública, lo que desconoce los derechos de los usuarios,
concretamente el de libre elección y el de acceso a un servicio
oportuno y eficiente.
I.3.3. La actora estimó que el decreto demandado fue falsamente
motivado, al considerar que la motivación del acto administrativo
general se confunde con los fundamentos; y que la motivación está
en la potestad reglamentaria (artículos 189, numeral 11, de la
Constitución Política; y 154 y 230 de la Ley 100 de 1993), normas
que nada tienen que ver con el Decreto 2713 de 2007, el cual se
expidió, insistió, para facilitar la creación de una EPS pública o con
participación pública.
I.3.4 De la Ley 100 de 1993, los artículos 153 numeral 4, 154, literal
a), y 159.
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Señaló que la ampliación del plazo para la aplicación del proceso de
afiliación a prevención constituyó una violación al principio de libre
escogencia y a la calidad del servicio, puesto que si al ISS le
revocaron el certificado de funcionamiento fue por incapacidad en la
prestación y a pesar de ello, el Estado amplía el plazo para que
dicha entidad en el ejercicio de su objeto, lo que ocasionó una
desviación de poder.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en
lista, la fase probatoria y la de alegaciones, así:
2.1. Contestación de la demanda
El Ministerio de la Protección Social, acudió por conducto de
apoderado judicial a contestar la demanda. Se opuso a la
prosperidad de la nulidad solicitada para lo cual adujo lo siguiente:
En resumen, consideró que las disposiciones que se controvierten
desarrollan el principio de continuidad en el aseguramiento y el acceso
a los servicios de salud con el fin de hacer frente a situaciones en las
que una Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo no
puede continuar con el servicio, bien por revocatoria de la licencia de
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funcionamiento, la liquidación, la supresión o la liquidación voluntaria,
por lo que se hace necesario crear los puentes y transitoriedades para
evitar la interrupción en la garantía de prestación de los servicios de
salud.
Manifestó que la salud, en los términos del artículo 48 de la
Constitución Política, es un servicio público y como tal está sujeto a la
regulación, el control y la vigilancia que ejerza el Estado. De igual
forma, la seguridad social se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con sujeción a los principios que establezca la ley,
de allí que las normas que reglamenten el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, son objeto de definición legal, como en
efecto lo hizo la Ley 100 de 1993.
Adujo que el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, prevé que entre las
reglas rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las
de: obligatoriedad, protección integral, así como la libre escogencia y
la intervención del Estado en dirección a la prestación del servicio
público de salud.
Respecto de esta última refirió que se aplica en uno de los más altos
grados de intensidad, comparable con el que se despliega para con
otras actividades imprescindibles para el bienestar del ciudadano y,
por lo tanto, está dotada de un marcado interés público, pues a través
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de su prestación se garantiza a la población la vida y la salud en
condiciones dignas.
Señaló que la Constitución Política, no solo permite, sino que ordena
la intervención, en sus artículos 49, 64, 300 y 366, razón por la cual la
Ley 100 de 1993 desarrolla como cláusula general de intervención en
el servicio público de salud aquella contenida en el artículo 154, la que
establece que el Estado garantiza la observancia de los principios
previstos en la Constitución y asegura el carácter obligatorio de la
seguridad social en salud y su naturaleza de derecho social para todos
los habitantes de Colombia.
Aludió al artículo 230, parágrafo 1°, ídem, señala que es tarea del
Gobierno reglamentar los procedimientos de fusión, adquisición,
liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión
para administrar liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades
promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada
prestación del servicio de salud, protegiendo la confianza pública en el
Sistema.
Agregó que a la luz de la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado7, el Gobierno Nacional tiene
7
Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2001, expediente núm. 2006-6337, Consejero
Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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competencia para establecer limitaciones temporales para la
permanencia de los afiliados a una EPS, más aún cuando se presenta
el caso de liquidación o revocación de la licencia de funcionamiento;
y que, además, la Corte Constitucional señaló que resulta razonable
la limitación impuesta a los principios de libertad de escogencia y de
movilidad, en el sentido de exigir un término de permanencia mínima
en la EPS o ARS, si se tiene en cuenta que de esta manera la
eficiencia y sostenibilidad del Sistema se mantiene incólume, aunque
se puede solicitar traslado por mala prestación del servicio 8.
Indicó que el Decreto núm. 055 de 2007, prevé dos mecanismos
excepcionales de traslado: el i) de afiliación a prevención y el ii) de
afiliación por asignación.
El primero opera mediante la vinculación u obligatoria afiliación a una
EPS "pública o donde el Estado tenga participación", de toda la
población que se encuentre afiliada a la EPS objeto de la medida de
supresión o liquidación, cuando el número de afiliados supere el 10%
del total de la población afiliada al régimen contributivo; y también
cuando se revoca la autorización de funcionamiento para administrar
el régimen contributivo.
8
Sentencia T-436 de 6 de mayo de 2002, Magistrada ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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Y, el segundo, se garantiza cuando la afiliación por asignación se
genera siempre que el afiliado dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la medida no ejerza su derecho a la libre elección.
Explicó que la afiliación a prevención está sujeta a las
reglamentaciones previstas en los decretos 2713 de 2007 y 781 de
2008, previo el procedimiento establecido en el artículo 4º del
Decreto 055 de 2007, que dispone que la EPS objeto de la medida
determinará la EPS pública a la cual trasladará a los afiliados, lo cual
se hará efectivo a partir del primer día hábil siguiente a la decisión,
momento en el que la nueva EPS asume las obligaciones.
Que este traslado no inhibe la posibilidad de libre elección, derecho
que se puede ejercitar dentro de los 45 días calendario siguientes al
último de los avisos publicados por la EPS receptora.
Agregó que el Decreto 2713 de 2007 se limitó a señalar un término
dentro del cual opera la libre escogencia y la consecuencia de su no
ejercicio. Así, destacó la transitoriedad del mecanismo de manera
que la entidad pública es apenas un puente a través del cual se
normaliza el funcionamiento del sistema de selección de EPS.
Insistió que la afiliación por asignación definida en el artículo 5° del
Decreto 055 de 2007, se produce en el caso de afiliados que no se
trasladen a otra entidad promotora de salud en uso del derecho de
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libre elección, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria del
acto administrativo que revoque la autorización de funcionamiento
para administrar el régimen contributivo, o de la comunicación del
acto que ordene la intervención para liquidar, o del acto que ordene
la liquidación o supresión de las Entidades Promotoras de Salud
Públicas; es decir, que con la afiliación por asignación se subsana la
ausencia de decisión del afiliado.
Sobre la supuesta vulneración al principio de igualdad, manifestó que
siendo evidente el rechazo de las EPS privadas a recibir
temporalmente a los afiliados de las EPS públicas, fue necesario
conminarlas a que los asumieran como parte de las reglas propias
del Sistema, e incluso acudir a medidas de supervisión para lograr el
traslado de los afiliados, así como a la imposición de multas por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud; y que este riesgo no se
podía correr con la mitad de la población afiliada al ISS, por ello el
mecanismo excepcional de traslado conservó la libre escogencia.
Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación sobre el principio de igualdad, para concluir que en
relación con las condiciones de acceso y de prestación del servicio de
salud, es tarea del Estado garantizarlos a todos los habitantes del
territorio nacional.
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En ese orden, afirmó que el Decreto 055 de 2007 al establecer que sea
una EPS pública o aquella en la cual el Estado tenga participación, a la
que se afilien a prevención a los usuarios que se trasladen de una EPS
que se encuentra en liquidación, se hizo en garantía de la continuidad
del servicio, y además, porque la afiliación “a prevención” supone una
temporalidad que concilia la garantía de continuidad con el principio de
libre escogencia que puede ejercerse dentro de la oportunidad prevista
en el decreto.
Indicó bajo este entendido, que no se presenta discriminación alguna;
y que, desde sus efectos reales, la entidad pública no está recibiendo
un privilegio o prerrogativa, sino que es depositaria de una función de
garantía temporal del servicio de salud y de ordenamiento en el
proceso de traslado dado el número de personas afectadas, sin que el
afiliado esté limitado para escoger la EPS que resuelve mejor sus
necesidades.
De lo anterior, sostuvo que, contrario a lo afirmado en la demanda, la
medida excepcional está concebida para proteger a los afiliados y es
desarrollo del principio de solidaridad propia del Sistema de Seguridad
Social en Salud.
Acerca de la supuesta vulneración del principio de la libre escogencia,
la entidad demandada adujo que en condiciones normales de
operación del sistema y en principio, el traslado se produce cuando,
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Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
luego de transcurrido un período legal mínimo de permanencia, el
afiliado decide libremente cambiar de EPS y elige otra para que
continúe prestándole los servicios de aseguramiento, o antes, si
existen deficiencias en el servicio, siempre y cuando se cumplan las
condiciones señaladas en la Ley.
Anotó que el problema se suscita en aquellos casos en los cuales la
EPS entra en una circunstancia que le impide continuar en el Sistema,
lo cual se regula, precisamente, con la expedición del Decreto 055 de
2007, en el que se establecieron una serie de eventualidades relativas,
en su mayor parte, al traslado de afiliados y a las condiciones
especiales de permanencia en la entidad justamente para no afectar la
continuidad en la prestación del servicio de salud.
En este orden, indicó que la disposición acusada, además de que no se
opone al derecho a la igualdad, preserva el principio de la libre
escogencia, dado que rebasada la transitoriedad, existe un término
amplio y suficiente dentro del cual el afiliado puede optar por
seleccionar otra EPS; y que, así mismo, es obligación de la EPS
receptora comunicar a los afiliados dicha posibilidad, como lo establece
el artículo 4°, numeral 4, del Decreto 055 de 2007, norma que evita
que se realice una imposición sobre el afiliado.
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Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA
Por último, en relación con la situación de los afiliados, indicó que el
afiliado de una EPS que entra en una circunstancia como la que se
alude en el Decreto 2713 de 2007 no ve afectado su derecho a la libre
escogencia, dado que el mismo la garantiza dentro de una oportunidad
allí fijada; y que, además, nada se opone en el sistema de seguridad
social en salud a que el proceso de traslado sea organizado, preserve
continuidad en los tratamientos y atenciones y garantice efectivamente
el acceso a la salud en vez de que el mismo esté sujeto al capricho y
la veleidad de algunos operadores.
2.2. Alegatos de conclusión
En esta etapa procesal, la parte demandante presentó alegatos de
conclusión en la que reiteró los argumentos expuestos en la
demanda.
Por su parte, la parte demandada manifestó que debido a la
evolución del papel de las entidades territoriales en la operación del
régimen subsidiado, de la nuevas reglas del aseguramiento y ante la
necesidad de unificar los procedimientos de traslado excepcional,
haciéndolos más simples y expeditos, el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió el Decreto 3045 de 2013, cuyo objeto es
“establecer las condiciones para garantizar la continuidad en la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la
prestación del servicio público de salud a los afiliados de las Entidades
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Promotoras de Salud – EPS del régimen contributivo o subsidiado,
cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuando dichas entidades se
retiren o liquiden voluntariamente, ocurra la revocatoria, de la
autorización de funcionamiento del régimen contributivo o del
certificado de habilitación para el régimen subsidiado o sean sujeto de
intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.”
Adujo que en el artículo 12 del Decreto 3045 de 2013, se estableció la
vigencia y derogatoria de normas; y precisó que: “el presente decreto
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto número
55 de 2007, el artículo 18 del Decreto número 515 de 2004, el Decreto
número 1024 de 2009, los artículos 49, 50 y 51 del Acuerdo número
415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y las
demás disposiciones que le sean contrarias.”
Finalmente, indicó que de acuerdo con lo anterior el único mecanismo
de traslado excepcional que existe tanto para el Régimen Contributivo
como para el Régimen Subsidiado, es la asignación de afiliados, la cual
debe adelantarse con sujeción al procedimiento y reglas establecidas
en el Decreto 3045 de 2013.
Así, teniendo en cuenta que este Decreto derogó en su integridad el
Decreto 55 de 2007, adujo que debe entenderse derogado el artículo
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1° del Decreto 2713 de 2007 al ser este último modificatorio del
artículo 4° del Decreto 055 de 2007, en virtud del principio según el
cual en derecho lo accesorio corre la suerte de lo principal.
2.3. Concepto del Ministerio público
El Ministerio Público, en su vista fiscal, señaló que la actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la disposición demandada,
razón por la que las pretensiones de la demanda deben ser
despachadas en forma desfavorable puesto que ninguno de los cargos
formulados tiene vocación de prosperar.
Indicó que esta Sección ya se ha pronunciado en anteriores
oportunidades respecto de la legalidad del Decreto 055 de 2007; y que
estudió cargos similares a los que se examinan en la presente
demanda, cuyos planteamientos son de gran utilidad para establecer
la prosperidad o no de las pretensiones anulatorias. Al respecto citó
las sentencias de 20 de junio de 20129 y 23 de enero de 201410.
Con relación al cargo de violación del artículo 13 de la Constitución
Política, informó que en providencia de 20 de junio de 2012, al resolver
el cargo formulado contra los artículos 3° y 4° del Decreto 055 de 2007
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de junio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicado: 2007-00200-00.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de enero
de 2014. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 2007-00387-00.
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frente al principio de igualdad, esta Sala sostuvo que en la medida en
que al Estado le corresponde, conforme el artículo 154, literal c), de la
Ley 100 de 1993, la responsabilidad de dirección coordinación,
vigilancia y control de la seguridad social en salud, resulta razonable y
proporcional que se haga cargo en forma directa a través de sus
Entidades Promotoras de Salud o en las que tenga participación, de las
acciones que se deriven del traslado masivo temporal y excepcional de
los afiliados de una entidad que se liquida, sin que ello genere un trato
discriminatorio frente a las entidades promotoras de salud de carácter
privado.
Respecto a la ampliación del término fijado para la adopción y
comunicación del traslado de los afiliados a la EPS, es explicable en la
medida en que se trata de un traslado (temporal y excepcional) masivo
de los afiliados de una EPS a otra, proceso que no está exento de
complejidades y dificultades, por lo que la extensión del término
señalado ayudaría en el propósito de evitar que sea traumático para
los afiliados.
En cuanto a la violación al derecho de libre elección de los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, manifestó que
siguiendo los parámetros de las sentencias anteriormente citadas
proferidas por esta Sección, la medida de afiliación a prevención es
una disposición de carácter excepcional, temporal y transitoria, dado
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que se adopta con el fin de garantizar la continuidad, eficiencia y
oportunidad de los servicios de salud, pública o privada, con
posterioridad a la ejecución de la medida descrita conforme lo
establece el numeral 5 del artículo 1° del Decreto 2713 de 2007.
Asimismo, señaló que no existe violación a los artículos 333 y 365 de
la Constitución Política, puesto que la medida es de carácter
excepcional, temporal y transitoria y se adoptó con el fin de garantizar
la continuidad, eficiencia y oportunidad de los servicios de salud, cuya
garantía, conforme el mandato previsto en el artículo 48 Superior, le
corresponde al Estado y que ha considerado pertinente asumir en
forma directa a través de sus EPS o en las que posee participación, sin
que se afecte la libre competencia puesto que una vez se ejecute la
medida, los afiliados tienen la posibilidad de elegir, de acuerdo con las
posibilidades que otorga el mercado, la EPS de su elección.
En relación con la violación del artículo 121 de la Constitución Política,
indicó que el Decreto 2713 de 2007 fue expedido con sustento en las
mismas normas que soportan el Decreto 055 de 2007, es decir, el
numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política y los artículo 154 y 230
parágrafo 1° de la Ley 100 de 1993, razón por la que son aplicables
las consideraciones expuestas en el fallo proferido por esta Sección el
20 de junio de 2012, ocasión en la que se concluyó que el Gobierno es
competente para disponer sobre el traslado excepcional a una EPS
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cuando aquella a la que se encontraba afiliado deja de operar; y en
este orden al estar habilitado el Gobierno Nacional para expedir el
Decreto 055 de 2007, también lo está para proceder a su modificación,
como aconteció con la expedición del Decreto 2713 de 2007, máxime
cuando se invocan los mismos fundamentos jurídicos que dieron lugar
a la expedición del acto modificado.
En cuanto al cargo de falsa motivación, indicó que frente al numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional ha
ejercido la potestad reglamentaria que lo habilita para expedir
disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida
ejecución de la ley, por lo que resulta pertinente su invocación por
parte del ejecutivo, puesto que con el decreto demandado se pretendía
el desarrollo de las disposiciones contenidas en los artículos 154 y 230
de la Ley 100 de 1993; y que la expedición del Decreto demandado se
justifica principalmente (pero no únicamente) en las responsabilidades
de dirección, vigilancia y control de la seguridad social en salud, en
asegurar el carácter obligatorio de la seguridad social en salud y su
naturaleza de derecho social para todos los habitantes, a través de un
mecanismo temporal y excepcional que ha sido concebido para
garantizar la continuidad, eficiencia y oportunidad de los servicios de
salud cuando se presente la liquidación de EPS.
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Por último, manifestó que en la desviación de poder que se alega en
la expedición de decreto demandado, la demandante no aportó
pruebas que permitan acreditar dicha afirmación, por lo que resulta
una mera especulación.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. El acto administrativo demandado
La actora pretende que se declare la nulidad del numeral 2 del artículo
1° del Decreto 2713 de 16 de julio de 2007, “por el cual se modifica
el Decreto 055 de 2007 y se dictan otras disposiciones”,
expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio de la Protección Social,
porque, en su criterio, se profirió sin competencia, transgrede normas
constitucionales y legales, y está viciado por falsa motivación y
desviación del poder.
El Decreto 2713 de 16 de julio de 2007, parcialmente acusado,
establecía11:
[…] “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
11
Este Decreto fue modificado por el Decreto 781 de 2008 y como entró a remplazar los artículos 4 y
9 del Decreto 55 de 2007, ha de entender que fue revocado por el artículo 12 del Decreto 3045 de 2013
que dispuso: “Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga el Decreto 55 de 2007, el artículo 18 del Decreto 515 de 2004, el Decreto 1024 de 2009,
los artículos 49, 50 y 51 del Acuerdo 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y
las demás disposiciones que le sean contrarias”
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En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial
las que le confieren el numeral 11, artículo 189 de la Constitución
Política, los artículos 154 y 230 parágrafo 10 de la Ley 100 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 4° del Decreto 055 de 2007 quedará así:
Artículo 4º. Procedimiento para la afiliación a prevención.
Para el mecanismo de traslado excepcional de afiliación a prevención,
se seguirán las siguientes reglas:
1. En el acto administrativo que revoca la autorización de
funcionamiento para administrar el régimen contributivo, en la
decisión de intervención para liquidar, en la decisión de suprimir o
liquidar una entidad pública o en la decisión de liquidación voluntaria,
debe constar que se adopta el mecanismo de traslado excepcional
de afiliación a prevención.
2. La Entidad Promotora de Salud objeto de la revocatoria de
autorización de funcionamiento para administrar el régimen
contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación
voluntaria, decidirá a cuál o cuáles Entidades Promotoras de Salud
públicas o en donde el Estado tenga participación12, se deben
trasladar los afiliados, decisión que deberá adoptar y comunicar a la
Entidad receptora en un término máximo de ocho (8) meses,
contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto de
revocatoria, o de ordenada la intervención para liquidar, o de
proferida la orden de supresión o liquidación voluntaria, plazo en el
cual implementará los mecanismos para realizar las actividades,
procedimientos e intervenciones de salud que se encuentren aún
pendientes y autorizados13
Para viabilizar la decisión de traslado esta podrá adoptarse
comunicarse de manera gradual, dentro del término antes
establecido, siguiendo criterios tales como la ubicación geográfica de
los afiliados, los grupos poblacionales o etarios, tipos de patologías
y en general, cualquier clasificación que sirva para prevenir o
minimizar efectos negativos en el traslado excepcional. En la misma
forma podrá procederse para la implementación del traslado. […]”.
12
Este apartado se demandó en acción de nulidad promovida por el señor Diego Luis Gutiérrez
Lacouture, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., contra la
expresión "públicas o en donde el Estado tenga participación” contenida en el artículo 1° del
Decreto 2713 de 16 de julio de 2007, "Por el cual se modifica el Decreto 055 de 2007 y se dictan otras
disposiciones", según expediente radicado bajo el número 11001-03-24-000-2009-00634-00 y decidido
en el sentido de denegar la pretensión anulatoria, según se aprecia en el fallo de 8 de mayo de 2014.
C.P. María Elizabeth García González
13
Este inciso fue modificado por el artículo 10 del Decreto 781 de 2008.
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3.3. Problema Jurídico
De acuerdo con las explicaciones del concepto de violación invocado
por la parte actora, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la
legalidad del aparte demandado (numeral 2 del artículo 1° del Decreto
2713 de 2007) y determinar: i) si el Gobierno Nacional tenía o no
competencia para ampliar el plazo previsto para llevar a cabo el
traslado excepcional de afiliados de una EPS, en los eventos de
revocatoria de la autorización de funcionamiento, liquidación o
supresión de una EPS de naturaleza pública o donde el Estado tenga
participación; ii) si se desconocen normas de carácter superior al
adoptar este plazo adicional y si con ello se vulneran los principios de
igualdad y libre escogencia de la EPS que regula el Sistema General de
Seguridad Social en Salud; iii) si está viciada de nulidad por falsa
motivación; y iv) si incurrió en desviación de poder, como lo aduce la
actora.
3.2. Cuestión previa
Dilucidados los motivos respecto de los cuales debe recaer el
pronunciamiento de esta Corporación, es oportuno referir que la
disposición que es objeto de cuestionamiento modificó el artículo 4°
del Decreto 055 de 2007, norma que se cuestionó a través de dos
demandas de nulidad decididas por esta Sección según se registra en
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los fallos proferidos el 20 de junio de 201214 y 23 de enero de 201415,
tal como lo identificó la vista fiscal, y en los cuales: i) se denegaron las
pretensiones de nulidad y ii) se declaró probada la excepción de cosa
juzgada de manera oficiosa, y también se denegó la pretensión
respecto de los cargos no estudiados en la sentencia del año 2012,
respectivamente.
Esta referencia es oportuna, habida cuenta que la Sala y en lo que
respecta a dichos fallos prohijará en lo que corresponda los
razonamientos allí expuestos, en razón a que la técnica jurídica que se
aplicó en el Decreto acusado consistió en reemplazar el texto del
inicial del artículo 4° del Decreto 055 de 2007, pese a las
similitudes que en su redacción puedan hallarse, pero que por tal
motivo, y al corresponder a una norma posterior, se descarta la
procedencia del análisis sobre la existencia de la cosa juzgada respecto
de los referidos fallos, habida cuenta de que no existe identidad con el
número del Decreto aquí acusado, en tanto este sustituyó la norma
examinada, lo que impone al juez su examen.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de junio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicado: 2007-00200-00.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de
enero de 2014. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 2007-00387-00.
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También ocurre que esta Sección16 se ocupó del estudio de legalidad
de una expresión contenida en el artículo aquí demandado, demanda
que fue decidida mediante sentencia que denegó la solicitud de
nulidad.
En dicho proceso, la demanda se dirigió contra la autorización de que
el traslado a prevención se diera a EPS “públicas o con participación
pública”, frase que se encuentra en el artículo acusado; no obstante,
lo relevante para este caso, es que el reproche que realiza la parte
actora en este trámite se centra en cuestionar la ampliación del
plazo para cumplir dicho traslado; y aunque comparten similitudes
argumentativas17 en relación con el traslado a prevención, lo cierto
es que respecto de dicho tema es que enfoca su reproche.
Así las cosas, concluye la Sala que comoquiera que la decisión del 8
de mayo de 201419, se limitó al examen de la expresión "públicas o
en donde el Estado tenga participación” contenida en el artículo
1° del Decreto 2713 de 16 de julio de 2007, no es posible aplicar los
efectos de la cosa juzgada, en tanto si bien estos son erga omnes,
operan únicamente respecto de la causa petendi juzgada, lo que
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo
de 2014. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00634-00. Actor: Diego Luis Gutiérrez
Lacouture. Demandado: Ministerio de la Protección Social. M.P. María Elizabeth García González.
17
En este caso, es oportuno referir que la aquí demandante fungió también como accionante en el proceso
radicado bajo el número 11001032400020070038700 en el que cuestionó la legalidad de la totalidad
del Decreto 055 de 2007 y que se decidió mediante fallo que prohijó esta Corporación al decidir el
radicado 11001-03-24-000-2009-00634-00 .
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impone analizar cada uno de los cargos propuestos ante la no
coincidencia material de los argumentos y censuras planteadas.
Finalmente, es necesario identificar que si bien la norma cuestionada
(parcialmente), fue objeto de posterior modificación, según da cuenta
el Decreto 781 expedido el 13 de marzo de 200818 y luego se derogó,
en virtud de lo dispuesto por el Decreto 3045 de 201319, también lo es
que ello no impiden que esta Sala profiera la sentencia de fondo que
corresponda, en razón a la posibilidad de examinar su legalidad
mientras la disposición acusada estuvo en vigor, en observancia de la
teoría del decaimiento de los actos administrativos que aplica esta
Sección.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el
decaimiento de los actos administrativos no constituye una causal
que los vicie de nulidad y tampoco impide el enjuiciamiento de su
legalidad, pues los actos que han perdido su vigor siguen amparados
por la presunción de legalidad y su enjuiciamiento debe efectuarse
18
”Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 4° del Decreto 055 de 2007 modificado por el
Decreto 2713 de 2007”. La norma en comento resuelve: “[…] Artículo 1°. Modificase el inciso 1° del
numeral 2 del artículo 4° del Decreto 055 de 2007, modificado por el artículo 1° del Decreto 2713 de
2007, el cual quedará así:
"2. La Entidad Promotora de Salud objeto de la revocatoria de autorización de funcionamiento para
administrar el régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria,
decidirá a cuál o cuáles Entidades Promotoras de Salud públicas o en donde el Estado tenga
participación, se deben trasladar los afiliados, decisión que deberá adoptar y comunicar a la
Entidad receptora en un término máximo de once (11) meses, contados a partir de la fecha
en que quede en firme el acto de revocatoria, o de ordenada la intervención para liquidar, o
de proferida la orden de supresión o liquidación voluntaria, plazo en el cual implementará
los mecanismos para realizar las actividades, procedimientos e intervenciones de salud que
se encuentren aún pendientes y autorizados".
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
19
Como se mencionó, esta norma derogó el Decreto 055 de 2007.
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con base en los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el
momento de su expedición, en tanto solo la decisión judicial desvirtúa
la presunción de legalidad que los acompañó mientras produjeron
efectos. Al respecto, es del caso puntualizar lo dicho por esta
Corporación20:
“[…] Cuestión previa – acto administrativo acusado
derogado
26. Esta Sala previo a determinar los problemas jurídicos se
pronunciará de la siguiente cuestión previa:
27. A pesar de que el Decreto 3525 de 2005, fue modificado, entre
otros por el Decreto 2085 de 11 de junio 2008 y derogado por el
por el artículo 3.1.1. del Decreto 1079 de 26 de mayo de 2015,
esta Sección se pronunciará de fondo, teniendo en cuenta el
criterio, según el cual, basta que la norma jurídica de carácter
general haya tenido vigencia para que esta jurisdicción se
pronuncie ante una demanda de nulidad que se presente contra
ella, en consideración a los efectos que pudo producir durante su
vigencia.
28. Asimismo, porque como lo ha considerado esta Corporación:
i) la derogatoria o el decaimiento del acto administrativo acusado
no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino que acaba con la vigencia de la norma con efectos hacia el
futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido derogada o ha
operado sobre la misma la figura del decaimiento, sigue
amparado por el principio de legalidad que le protege y que solo
se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente;
de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el
orden vulnerado no es la derogatoria o su decaimiento, sino la
decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho.
[…]”.
En este orden de ideas, la Sala procederá a examinar la legalidad del
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de
noviembre de 2019, expediente 11001-03-24-000-2006-00163-01, Actor: Mario Castellanos Moreno,
Magistrado Ponente Hernando Sánchez Sánchez. Citada en el auto de 28 de mayo de 2021. Radicación
número: 11001-03-24-000-2017-00353-00. Actor: Oscar Andrés Lozano Delgado. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
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numeral 2 del artículo 1° del Decreto 2713 de 2007.
3.3. Análisis del caso en concreto
Según da cuenta la demanda formulada el reclamo de legalidad se
sustenta en cuatro cargos principales: i) falta de competencia, ii)
violación de la norma superior, iii) falsa motivación y iv) desviación
de poder.
La accionante en su escrito de demanda aludió a varios argumentos
que la Sala califica como transversales a las causales invocadas, en
razón a que el desacuerdo principal de la demanda es con la ampliación
del plazo para cumplir el traslado, pero que por contexto conviene
identificar esos otros reproches, a efectos de prohijar en lo que
corresponda los fallos que ya profirió esta Sección en relación con el
Decreto 055 de 2007, lo que corresponden a: i) la oposición y
desacuerdo con la creación de un sistema de traslado de usuarios a
una EPS pública o con participación estatal, esto es, el denominado por
el Decreto 055 de 2007, traslado a prevención; ii) el señalamiento
que esta medida beneficia únicamente al Estado, sustentado en que el
traslado se autoriza solo para realizarse a una EPS estatal; y iii) que
la modificación que introdujo el Decreto acusado, relativa a ampliar
el plazo dispuesto para tal efecto por la EPS intervenida para realizar
dicho traslado, se realizó sin fundamento legal.
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Entonces, con el fin de contextualizar este examen, la Sala identificará
el contenido de la norma original que modificó el artículo acusado a fin
de comprender los ajustes incorporados y de allí, identificar si el
reproche reclamado se ajusta a una medida que se incorporó con la
norma cuestionada o deviene de la redacción original del Decreto 055
de 2007, que fue objeto de estudio de legalidad, según los aludidos
fallos de 20 de junio de 2012 y 23 de enero de 2014.
Así, la Sala procede, por razones metodológicas, a transcribir las
normas en comento en el siguiente cuadro paralelo para identificar en
qué consistió la reforma introducida, y a partir de tal distinción
pronunciarse sobre los cargos planteados, con el límite que se planteó
en la demanda:
Decreto 055 de 2007. Normas Decreto 2713 de 16 de julio de
examinadas mediante las 2007. Numeral 2 del artículo 1°
sentencias de 20 de junio de (norma acusada)
2012 y 23 de enero de 2014
Artículo 4°. Procedimiento para la Artículo 1°. El artículo 4° del
afiliación a prevención. Decreto 055 de 2007 quedará así:
Artículo 4°. Procedimiento para la
Para el mecanismo de traslado afiliación a prevención. Para el
excepcional de afiliación a mecanismo de traslado excepcional de
prevención, se seguirán las afiliación a prevención, se seguirán
siguientes reglas: las siguientes reglas:
1. En el acto administrativo que 1. En el acto administrativo que revoca
revoca la autorización de la autorización de funcionamiento para
funcionamiento para administrar el administrar el régimen contributivo, en
régimen contributivo, en la decisión la decisión de intervención para
de intervención para liquidar, en la liquidar, en la decisión de suprimir o
decisión de suprimir o liquidar una liquidar una entidad pública o en la
entidad pública o en la decisión de decisión de liquidación voluntaria, debe
liquidación voluntaria, debe constar constar que se adopta el mecanismo de
que se adopta el mecanismo de traslado excepcional de afiliación a
traslado excepcional de afiliación a prevención.
prevención.
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2. La Entidad Promotora de Salud 21
2. La Entidad Promotora de Salud
objeto de la revocatoria de objeto de la revocatoria de autorización
autorización de funcionamiento para de funcionamiento para administrar el
administrar el régimen contributivo, régimen contributivo, intervención
intervención para liquidar, supresión o para liquidar, supresión o liquidación
liquidación voluntaria, decidirá a cuál voluntaria, decidirá a cuál o cuáles
o cuáles Entidades Promotoras de Entidades Promotoras de Salud
Salud públicas o en donde el Estado públicas o en donde el Estado tenga
tenga participación, se deben participación, se deben trasladar los
trasladar los afiliados, decisión que afiliados, decisión que deberá adoptar
deberá adoptar y comunicar a la y comunicar a la Entidad receptora en
Entidad receptora en un término un término máximo de ocho (8)
máximo de cuatro (4) meses, meses, contados a partir de la fecha
contados a partir de la fecha en que en que quede en firme el acto de
quede en firme el acto de revocatoria, revocatoria, o de ordenada la
o de ordenada la intervención para intervención para liquidar, o de
liquidar, o de proferida la orden de proferida la orden de supresión o
supresión o liquidación voluntaria, liquidación voluntaria, plazo en el cual
plazo en el cual implementará los implementará los mecanismos para
mecanismos para realizar las realizar las actividades, procedimientos
actividades, procedimientos e e intervenciones de salud que se
intervenciones de salud que se encuentren aún pendientes y
encuentren aún pendientes y autorizados.
autorizados.
Para viabilizar la decisión de
traslado esta podrá adoptarse y
comunicarse de manera gradual,
dentro del término antes
establecido, siguiendo criterios
tales como la ubicación geográfica
de los afiliados, los grupos
poblacionales o etarios, tipos de
patologías y en general, cualquier
clasificación que sirva para
prevenir o minimizar efectos
negativos en el traslado
excepcional. En la misma forma
podrá procederse para la
implementación del traslado.
3. El traslado a la Entidad Promotora
El traslado a la Entidad Promotora de de Salud receptora se hará efectivo a
Salud receptora se hará efectivo a partir del primer día calendario del mes
partir del primer día calendario del subsiguiente a la decisión que resuelva
mes subsiguiente a la decisión que a qué Entidad se hace el traslado.
resuelva a qué Entidad se hace el
traslado. En el traslado excepcional de afiliación
a prevención se deberá considerar la
En el traslado excepcional de afiliación unidad del grupo familiar en la misma
a prevención se deberá considerar la Entidad Promotora de Salud, el lugar
unidad del grupo familiar en la misma del domicilio de los afiliados y la
Entidad Promotora de Salud, el lugar capacidad de afiliación informada a la
21
Esta transcripción destaca en cursiva la norma que es demandada y que se limita al numeral 2 del
artículo 1° del Decreto 2713 de 2007.
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del domicilio de los afiliados y la Superintendencia Nacional de Salud
capacidad de afiliación informada a la por cada Entidad Promotora de Salud a
Superintendencia Nacional de Salud la cual se haría el correspondiente
por cada Entidad Promotora de Salud traslado.
a la cual se haría el correspondiente
traslado.
4. Las Entidades Promotoras de Salud
3. Las Entidades Promotoras de Salud receptoras deberán garantizar la
receptoras deberán garantizar la prestación de los servicios de salud a
prestación de los servicios de salud a los afiliados, a partir del momento en
los afiliados, a partir del momento en que se haga efectivo el traslado
que se haga efectivo el traslado conforme lo señalado en el inciso 2° del
conforme a lo señalado en el inciso 2° numeral anterior. Hasta tanto, la
del numeral anterior. Hasta tanto, la prestación será responsabilidad de la
prestación será responsabilidad de la Entidad objeto de la medida de
Entidad objeto de la medida de revocatoria de autorización de
revocatoria de autorización de funcionamiento, intervención para
funcionamiento, intervención para liquidar, supresión o liquidación
liquidar, supresión o liquidación voluntaria.
voluntaria.
5. Para garantizar la libre elección en
4. Para garantizar la libre elección en el Sistema General de Seguridad Social
el Sistema General de Seguridad en Salud, tan pronto el traslado se
Social en Salud, tan pronto el traslado haga efectivo, la Entidad o Entidades
se haga efectivo, la Entidad o Promotoras de Salud receptoras de los
Entidades Promotoras de Salud afiliados trasladados deberán
receptoras de los afiliados trasladados informarles, como mínimo dos veces
deberán informarles, como mínimo dentro de los cinco (5) días calendario
dos veces dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir del
calendario siguientes contados a partir traslado efectivo, en un medio de
del traslado efectivo, en un medio de comunicación de amplia circulación en
comunicación de amplia circulación en los lugares en que cumple funciones de
los lugares en que cumple funciones aseguramiento, que disponen de
de aseguramiento, que disponen de cuarenta y cinco (45) días calendario,
cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la publicación del último
a partir de la publicación del último aviso, para ejercer el derecho de libre
aviso, para ejercer el derecho de libre escogencia de otra Entidad Promotora
escogencia de otra Entidad Promotora de Salud.
de Salud.
Vencido el término antes señalado sin
Vencido el término antes señalado sin que los afiliados hayan ejercido el
que los afiliados hayan ejercido el derecho a la libre escogencia, solo
derecho a la libre escogencia, solo podrán ejercerlo nuevamente, una vez
podrán ejercerlo nuevamente, una cumplan con el período mínimo de
vez cumplan con el período mínimo de permanencia exigido por las
permanencia exigido por las disposiciones legales vigentes, en la
disposiciones legales vigentes, en la Entidad Promotora de Salud a la cual
Entidad Promotora de Salud a la cual fueren trasladados.
fueren trasladados.
6. Cuando la entidad objeto de la
5. Cuando la entidad objeto de la revocatoria de autorización de
revocatoria de autorización de funcionamiento para administrar el
funcionamiento para administrar el régimen contributivo, intervención
régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación
para liquidar, supresión o liquidación voluntaria recaude cotizaciones
voluntaria recaude cotizaciones correspondientes al período en que,
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correspondientes al período en que, conforme a lo señalado en el numeral
conforme a lo señalado en el numeral 3 del presente artículo, inicia la
3 del presente artículo, inicia la responsabilidad de la Entidad o
responsabilidad de la Entidad o Entidades Promotoras de Salud
Entidades Promotoras de Salud receptoras de los afiliados a
receptoras de los afiliados a prevención, dichos recaudos se
prevención, dichos recaudos se entienden a favor de terceros y
entienden a favor de terceros y deberán trasladarlos de manera
deberán trasladarlos de manera inmediata a las Entidades Promotoras
inmediata a las Entidades Promotoras de Salud receptoras, para efectos del
de Salud receptoras, para efectos del proceso de compensación y, en ningún
proceso de compensación y en ningún caso, harán parte de los recursos de la
caso harán parte de los recursos de la Entidad revocada, intervenida para
Entidad revocada, intervenida para liquidar, suprimida o en liquidación
liquidar, suprimida o en liquidación voluntaria.
voluntaria.
Parágrafo. Las Entidades Promotoras
Parágrafo. Las Entidades de Salud receptoras de los afiliados a
Promotoras de Salud receptoras de prevención, cuya prestación normal del
los afiliados a prevención, cuya servicio se vea afectada debido al
prestación normal del servicio se vea número de afiliados que ingresan,
afectada debido al número de podrán reprogramar la práctica de una
afiliados que ingresan, podrán actividad, procedimiento o
reprogramar la práctica de una intervención, que les había sido
actividad, procedimiento o programada con anterioridad por parte
intervención, que les había sido de la Entidad objeto de la revocatoria
programada con anterioridad por de autorización de funcionamiento
parte de la Entidad objeto de la para administrar el régimen
revocatoria de autorización de contributivo, intervención para
funcionamiento para administrar el liquidar, supresión o liquidación
régimen contributivo, intervención voluntaria, siempre y cuando la vida
para liquidar, supresión o liquidación del paciente no se vea comprometida.
voluntaria, siempre y cuando la vida […]”
del paciente no se vea comprometida
[…]”
De cuadro anterior, se tiene que la modificación que introdujo el
apartado de la norma cuestionada se orientó básicamente a ampliar el
plazo durante el cual la EPS afectada con la revocatoria de autorización
de funcionamiento por alguna de las medidas de i) intervención para
liquidar, ii) supresión o iii) liquidación voluntaria, podía trasladar a sus
afiliados a una EPS pública o con capital público.
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En efecto, en la disposición acusada la potestad de decidir el traslado
bajo la modalidad a prevención se amplió en 4 meses, esto es, se
determinó que el traslado debía cumplirse en un término máximo de
ocho (8) meses, traslado que podía operar de manera gradual, es
decir, que la EPS afectada durante dicho tiempo podía gestionar
diversos traslados según el criterio aplicado, lo que le permitía
operacionalmente optar por una organización que garantizara el
cumplimiento del deber de traslado bajo las condiciones impuestas y
en prevalencia de los derechos de sus usuarios a la EPS receptora.
En lo demás, el artículo se ajustó formalmente al introducir una
enumeración para uno de los incisos del numeral 2 del original artículo
4° que alteró su identificación en el listado de los subsiguientes
numerales, ajuste que se aprecia a partir del numeral 3.
Esta distinción es oportuna para establecer con certeza cuál fue la
modificación introducida por la norma acusada y de allí estudiar o
prohijar los pronunciamientos que realizó esta Sección sobre la norma
modificada de similar contenido, cuyo reproche, se repite, se orienta a
la ampliación del término para que proceda el traslado a prevención.
Aclarado lo anterior, la Sala pasa a examinar los cargos formulados
por la parte demandante, de la siguiente manera:
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3.3.1. falta de competencia
En relación con este cargo, se aprecia que la presunta incompetencia
está orientada a reclamar la ausencia de fundamento normativo para
aumentar el plazo inicialmente fijado de 4 meses con el fin de
adelantar el traslado en los términos del Decreto 055 de 2007.
A efectos de estudiar esta censura, la Sala prohíja los fundamentos
del examen que la sentencia de 2012 realizó respecto al ejercicio de
la atribución reglamentaria, para señalar que no le asiste razón a la
demandante frente a la necesidad de que exista una norma expresa
adoptada por el legislador que autorice al ejecutivo para modificar el
procedimiento prestablecido, específicamente en el plazo, pues tal
atribución de modificar o derogar actos administrativos está inmerso
en la competencia para dictarlos. De ahí que no sea dable declarar
probado este señalamiento.
Al respecto, el fallo proferido por esta Corporación22 puntualizó:
“[…] Cargo 1°. Falta de competencia del Gobierno
Nacional para disponer sobre el traslado excepcional a
una EPS, cuando la EPS a la cual estaba afiliado deje de
operar por las razones que se mencionan en el artículo
1° del Decreto núm. 055 de 2007.
[…]
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo
de 2014. Radicación: 11001032400020090063400. M.P. María Elizabeth García González.
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De las normas transcritas23 se colige sin dificultad alguna que
el Gobierno Nacional sí tenía competencia para disponer de
una medida sobre traslado excepcional y temporal de
afiliados de una EPS que deje de operar a otra EPS, con
lo cual se da cumplimiento a los principios de obligatoriedad
y continuidad, consagrados en el artículo 3° de la Ley
100 de 1993.
Sobre el particular, la Sala prohíja la sentencia de 13 de
diciembre de 2001 (Expediente núm. 2000-6337-01(6337),
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
en la cual esta Sección al analizar la legalidad del Decreto 1485
de 1994, que en su artículo 14 se refiere al Régimen General
de la Libre Escogencia, expresó:
“Dentro de los deberes de los afiliados está el de afiliarse
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, (artículo
160, numeral 1).
El artículo 159 ibídem consagra dentro de las garantías de
los afiliados la de la “ libre escogencia y traslado entre
Entidades Promotoras de Salud...de conformidad con
los procedimientos, tiempos, límites y efectos que
determine el Gobierno Nacional dentro de las
condiciones previstas esta ley” (Negrilla fuera de texto).
De lo anterior colige la Sala que el Gobierno
Nacional puede establecer limitación temporal para
la permanencia del afiliado en una determinada
EPS, pues la Ley lo faculta para ello. Además,
obsérvese que el acto acusado deja a salvo de tal
limitación los casos de deficiente prestación o
suspensión del servicio por parte de la EPS”. (resalta
y subraya la Sala)
En consecuencia, para la Sala, el cargo en estudio no tiene
vocación de prosperidad […]
Bajo este análisis, ocurre que la competencia del presidente de la
República en este tema no se alteró; y, como ya se dijo, tal atribución
está prevista en el artículo 189, numeral 11, Superior, que lleva
inmersa la posibilidad de modificar los actos administrativos que
expide, sin que exista una restricción frente a dicha temporalidad
23
Se refiere a los artículos 154, 156, 157, 159, 170 y 230 parágrafo 1° de la Ley 100 de 1993.
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como sugiere la demandante, pues el plazo allí previsto no tiene un
límite mínimo o máximo delimitado por el legislador, sino que es
ajustable al procedimiento que regula el traslado de usuarios, cuyo
interés es realizarlo en las condiciones señaladas y aquellas que, en
todo caso, garanticen la continuidad del servicio de salud.
Por lo expuesto, no hay lugar a acceder este reproche.
3.3.2. Violación de la norma superior
En relación con los reproches de esta causal es oportuno que la Sala
identifique que los razonamientos que esgrimió la actora cuestionan la
ampliación del plazo de traslado como una forma de beneficiar al
Estado, específicamente, en el caso de la liquidación del ISS y el
traslado a la EPS, que según la demandante se creó con tal fin.
Así, se tiene que las alusiones sobre las que edificó el supuesto
beneficio que el Estado recibió, desconocen la naturaleza del acto, esto
es, su contenido general, lo que impide que el juez analice el
procedimiento especial adelantado en contra de la EPS a la que alude
la demandante, pues no es este el escenario jurídico previsto con tal
fin, máxime cuando lo que controvierte no se orienta a la medida de
traslado sino al hecho de que esa ampliación, según su dicho, tuvo
como único fin el de privilegiar que el traslado se cumpliera respecto
de una EPS pública que se estaba creando.
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Aclarado lo anterior, se aprecia que otra de las razones de oposición
de la parte actora radica en cuestionar la medida de traslado de
usuarios a prevención, cuya modalidad se cumple a favor de EPS
públicas o con participación pública; sin embargo, se tiene que no
es la norma cuestionada la que determinó su creación, pues ello ocurrió
en el artículo 3°24 del Decreto 055 de 2007, disposición que no es la
cuestionada en este proceso, sumado a que el juez contencioso ya tuvo
la oportunidad de concluir que esta no es una medida que resulte
contraria a los postulados superiores, por cuanto la determinación de
que el traslado de usuarios se cumpla temporalmente y de manera
restringida a EPS públicas o con participación estatal obedeció a
una medida proteccionista, según la autorización que confirió la Ley
100 de 1993 para este tipo de procesos y en favor de los usuarios,
dadas las condiciones del sistema de seguridad social en Colombia.
24
“Artículo 3°. Afiliación a prevención. Es un mecanismo excepcional de traslado de afiliados al
régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de obligatoria aceptación,
consistente en afiliar a prevención a una o varias Entidades Promotoras de Salud públicas o
en donde el Estado tenga participación, la totalidad de la población que se encuentre afiliada a la
entidad objeto de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento para administrar el
régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria, que ordena la
autoridad o el Órgano de Dirección que toma la decisión de revocatoria, intervención para liquidar,
supresión o liquidación voluntaria y que debe realizar la Entidad Promotora de Salud objeto de la
medida.
Este mecanismo será de obligatoria aplicación cuando el número de afiliados a la Entidad
Promotora de Salud objeto de la revocatoria de autorización de funcionamiento para
administrar el régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación
voluntaria, supere el diez por ciento (10%) del total de la población afiliada al régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En los casos en que la autoridad que imparte la instrucción no sea la Superintendencia Nacional de
Salud, el máximo Órgano de Administración de las entidades públicas a las que se les hubiere ordenado
la supresión o liquidación o las entidades que resolvieren la liquidación voluntaria, deberá comunicar la
adopción de este mecanismo de traslado excepcional a la Superintendencia Nacional de Salud dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la decisión de supresión o liquidación”.
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Sobre el particular, el aludido fallo de la Sección25 precisó:
[…] Cargo 2°. Violación al principio de igualdad porque
los apartes subrayados por la Sala de los artículos 3° y
4° del Decreto acusado, disponen que solo pueden ser
receptoras de los afiliados cuya EPS deja de operar, las
EPS públicas o con capital público.
Como bien lo explicaron las entidades demandadas y el
Ministerio Público, la Sala encuentra razonable y
proporcional, que en la medida en que es al Estado a
quien corresponde regular, coordinar, vigilar y
garantizar el servicio público de salud, no se genera un
efecto jurídico desigual el hecho de que sea aquél quien
asuma directamente a través de dichas EPS públicas o
con capital público, las acciones que se deriven del
traslado masivo temporal y excepcional de los afiliados
de una entidad que se liquida. De ahí que para la Sala
tampoco tenga vocación de prosperidad el presente cargo,
amén de que para reclamar igualdad de trato debe partirse de
idénticos supuestos de hecho y de derecho, identidad esta que
no se da entre EPS públicas y privadas al tener características
claramente diferenciables.
Cargo 3°. Violación al principio de libre escogencia,
porque se obliga a los afiliados de una EPS que deje de
operar a trasladarse a una EPS Pública o con capital
público.
Para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperidad, pues
teniendo en cuenta los principios de obligatoriedad y de
protección integral que rigen el Sistema de Seguridad
Social en Salud para todos los habitantes en Colombia,
es claro que el objeto de la medida temporal y
transitoria, garantiza la accesibilidad, continuidad,
eficiencia y oportunidad de la prestación de los servicios
de salud, como medida concebida, precisamente, para
proteger a los afiliados, quienes preservan el derecho a la libre
escogencia de EPS, dentro del tiempo razonable que otorga el
Decreto acusado en su artículo 4°, numeral 4, con respecto del
derecho a afiliarse a una EPS pública o privada, que en este
evento se encuentran en igualdad de condiciones para ser
seleccionadas.
Cabe tener en cuenta que aún en el caso de que el traslado
excepcional y temporal se torne en definitivo por negligencia u
olvido del afiliado en seleccionar otra EPS, éste tiene la
posibilidad de escoger otra aún cuando no haya cumplido el
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo
de 2014. Radicación: 11001032400020090063400. M.P. María Elizabeth García González.
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período mínimo de permanencia, si la prestación es deficiente;
lo anterior al tenor de lo dispuesto por el artículo 14, numeral
4, del Decreto 1485 de 1994, que consagra que del ejercicio
del derecho de libre escogencia podrá hacerse uso una vez al
año, contado a partir de la fecha de vinculación de la persona
“salvo cuando se presenten casos de mala prestación o
suspensión del servicio”, pues, tal como se señaló en la
contestación de la demanda, los afiliados no están obligados a
permanecer en una EPS que presta un mal servicio […]”
De las consideraciones expuestas, apoyadas en el fallo transcrito, se
tiene que los reproches en que se sustenta la presunta violación a las
normas superiores, en realidad constituyen un desacuerdo con el
ejercicio de la potestad reglamentaria que el gobierno tiene para
reglamentar los temas a su cargo en relación con la organización del
sistema de seguridad social.
También se aprecia que el legislador autorizó la posibilidad de
incorporar atribuciones para adoptar medidas, como en este caso, de
carácter temporal, para menguar la afectación sufrida por los usuarios
del sistema de seguridad social en salud, en situaciones como las
descritas en la norma, las que se anteponen a los derechos que la
actora estimó infringidos, pues aunque es cierto, también son de orden
superior, lo relevante aquí es que encuentran sustento en los principios
de proporcionalidad y razonabilidad y el derecho de los usuarios del
referido sistema, tal como ya lo precisó la Sección así:
“[…] 2. El demandante (sic) aduce que la norma acusada viola
el artículo 13 de la Constitución Política, ya que con la
creación del sistema de prevención, en unos casos
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facultativo, y paradójicamente obligatorio en el caso del
ISS, les da un tratamiento desigual a las Entidades Promotoras
de Salud frente a la nueva del Estado siendo que están en las
mismas condiciones; igualmente, el artículo 48 ibídem, por
cuanto, según el actor no puede el Estado establecer normas
que consagren beneficios para él o para EPS públicas o
con participación pública, y menos que tiendan a
favorecer a eventuales EPS que el mismo Estado cree, que
además, tengan como causa el sistema de afiliación a
prevención. Además, que el artículo 49 de la Constitución
Política, ha sido infringido, puesto que el Decreto impugnado
desconoce que la salud es un servicio público a cargo del
Estado y que puede ser prestado por entidades privadas
las cuales se someten a un régimen de igualdad y libre
competencia, no compatibles con la modificación del sistema
de afiliación de usuarios vinculados a la EPS que son objeto de
liquidación, y que también han sido vulnerados los artículos 121,
333 y 365 de la Constitución Política.
Sobre el tema del principio de igualdad, la sentencia
prohijada, también se pronunció, indicando, entre otros
aspectos que “es al Estado a quien corresponde regular,
coordinar, vigilar y garantizar el servicio público de
salud…” que por lo tanto “…no se genera un efecto
jurídico desigual el hecho de que sea aquél quien asuma
directamente a través de dichas EPS públicas o con capital
público, las acciones que se deriven del traslado masivo
temporal y excepcional de los afiliados de una entidad que se
liquida. De ahí que para la Sala tampoco tenga vocación de
prosperidad el presente cargo, amén de que para reclamar
igualdad de trato debe partirse de idénticos supuestos de
hecho y de derecho, identidad esta que no se da entre EPS
públicas y privadas al tener características claramente
diferenciables”. De manera que hasta aquí, deberá decretarse de
oficio la excepción de cosa juzgada, por tratarse de cargos
idénticos a los expuestos en la demanda […]”.
Precisamente, el fallo de 8 de mayo de 2014, que resolvió sobre la
legalidad de la frase contenida en la norma aquí acusada, prohijó las
sentencias proferidas por esta Sección el 20 de junio de 2012 y el 23
de enero de 2014, en tanto la oposición de la demanda radicó en que
a través del traslado a prevención se desconoció el derecho de
libertad de empresa de otras EPS de carácter privado que bien podían
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recibir a los usuarios de la EPS afectada, fundamento que, se insiste,
es transversal en esta demanda debido a que el reproche central es la
ampliación del plazo para dicho traslado, lo cual impide declarar la
existencia de cosa juzgada relativa respecto del fallo de 8 de mayo
de 2014, en razón a que la censura, en el caso bajo examen, se orienta
hacia otro planteamiento que no fue analizado en dicho proceso.
En este orden de ideas, la Sala pasa a abordar el estudio sobre si la
disposición acusada vulnera el artículo 3° del CCA, por cuanto se alega
que se afectaron los principios de economía, eficacia e imparcialidad
al establecer “un plazo adicional para favorecer al ISS y perjudicar a
los usuarios que en la actualidad no están recibiendo un servicio
oportuno y de calidad”.
Pues bien, aunque es cierto que se incorporó un plazo adicional en
la norma acusada de 4 meses adicionales a los 4 meses inicialmente
fijados por el Decreto 055 de 2007, no es posible señalar que su
propósito fuera beneficiar al ISS de manera directa como lo expone la
demandante, pues dado el carácter general de la disposición el
destinatario de la norma es la “entidad Promotora de Salud objeto
de la revocatoria de autorización de funcionamiento para
administrar el régimen contributivo”, luego al no estar dirigida a
una EPS en particular, no es posible entrar a revisar casos específicos,
como el que alude la parte actora.
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Además, los principios rectores de la administración pública no se
encuentran afectados pues la alusión que hizo la demandante no es
suficiente para hallarlos vulnerados en razón a que era necesario que
se explicara el por qué el hecho de ampliar en 4 meses más el plazo
para adelantar el traslado a prevención, los desconoció.
Por ello, no resulta suficiente la mención de que tal incremento
temporal resulta lesivo, pues no se puede inferir que este plazo hubiese
sido en desmedro de la actuación administrativa que le antecedía, sino
que obedeció a la situación que se regula con un procedimiento de
tales implicaciones.
Contrario a tal reproche, la norma lo que autoriza es que estos
traslados se puedan realizar de manera gradual y según los criterios
que identifique la EPS obligada a disponer el traslado, razones sobre
las cuales no ahondó la demandante y que impiden a esta Sala
examinar si la ampliación adoptada desconoció tales principios,
sumado a que este incremento se orientó en la razonabilidad de los
tiempos que implica un procedimiento de esta naturaleza.
De hecho, durante el procedimiento de traslado a prevención la Corte
Constitucional analizó en una acción de tutela lo relacionado con dicha
medida e indicó:
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“[…] En efecto, como se enunció previamente, el derecho a la
libre movilidad en el SGSSS tiene límites. En este caso, los
límites impuestos por el Decreto 055 de 2007
relacionados con el traslado a prevención, se derivaron de
normas reglamentarias y del ejercicio de funciones
específicas impuestas por autoridades administrativas de
control, que exigieron al Seguro Social hacer un traslado de sus
usuarios en los términos de ese decreto. En este sentido, cuando
los órganos reguladores o de control cumplen sus funciones
adoptando normas que contemplan soluciones para los
problemas que se presentan, el juez de tutela puede seguir dicha
regulación, a menos que se trate de actuaciones claramente
inadecuadas para garantizar el goce efectivo de un derecho
constitucional invocado.
A juicio de esta Corporación, si bien la limitación impuesta
por el ISS en su momento a la movilidad de los usuarios, implicó
una restricción concreta a la libre escogencia, no supuso en sí
misma un límite arbitrario, al estar amparada en
preceptos legales que justificaban su actuación,
especialmente cuando la suspensión de la movilidad fue
producto de una situación temporal y excepcional,
restringida en el tiempo, cuyo propósito era propender
por la continuidad en la prestación del servicio de salud y
lograr un traslado colectivo a prevención de los usuarios
de la EPS afectada. […]”26
Así las cosas, la Sala no encuentra en este examen la violación
planteada, todo lo cual descarta la censura invocada e impone prohijar
en los referidos aspectos las sentencias que analizaron la legalidad del
Decreto 055 de 200727 y aquella que se ocupó del estudio de la
legalidad de la frase "públicas o en donde el Estado tenga
participación”.
26
Sentencia de Tutela T-1229 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.
27
Se destaca por la Sala que la Sección, como ya se mencionó estudió la legalidad del citado Decreto y
que tales sentencias resolvieron en su orden: i) denegar las pretensiones y ii) Sentencia de 23 de enero
de 2014, proferida en el radicado núm. 110010324000200700387, que decidió declarar de oficio la
excepción de cosa juzgada para los cargos identificados con los numerales 1, 2 y 4 y denegar la
pretensión de nulidad respecto de los cargos de falsa motivación y desviación de poder.
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3.3.3. Falsa motivación
En relación con esta causal de nulidad de los actos administrativos,
la Sala se ocupará de identificar el concepto que la explica a fin de
examinar si lo alegado se puede examinar bajo este reproche.
En efecto, la falsa motivación28 como vicio de nulidad de los actos
administrativos, es entendida como aquella irregularidad que se
presenta cuando las razones que se expresan como fuente de su
expedición no son reales, no existen o están distorsionadas. Para
acreditar esta causal, corresponde a quien la alega demostrar que lo
expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.
De ahí que los razonamientos expuestos por la demandante pese a
invocarse bajo este concepto, en realidad no explican las razones por
las cuales el apartado acusado (numeral 2 del artículo 1° del Decreto
2713 de 2007) resulta falsamente motivado frente a la ampliación
del término de oportunidad del traslado a prevención, pues en
realidad simplemente se opone a dicho plazo porque asegura que
este tiempo adicional permitió que entrara en operación una nueva
28
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: “(i) se
presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad,
bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.: 250002324000200800265-01 C.P. María
Claudia Rojas Lasso.
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EPS estatal, sin que existiera justificación para tal habilitación, según
su dicho.
Al margen del asunto específico al que alude la demandante y que se
relaciona con la creación de la “Nueva EPS”, es del caso señalar que
la medida de traslado a prevención se fijó dadas unas especiales
condiciones de cubrimiento de las EPS afectadas con respecto al
número de usuarios atendidos.
De manera que en los términos del Decreto 055 de 2007, tal medida
lo que buscó fue garantizar la continuidad en el aseguramiento y la
prestación del servicio público esencial de seguridad social en salud,
pues definió que para aquellas EPSs que superen el 10% del total de
la población afiliada al régimen contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, se hacía forzosa la acogida del traslado a
prevención en los términos del artículo 3°29 del citado Decreto 055.
Precisamente, este procedimiento con especial énfasis en el volumen
de afiliados representa una medida razonable que justificó el
incremento de dicho plazo objeto de cuestionamiento, sin que existan
29
“Artículo 3°. Afiliación a prevención. Es un mecanismo excepcional de traslado de afiliados al
régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de obligatoria aceptación,
consistente en afiliar a prevención a una o varias Entidades Promotoras de Salud públicas o
en donde el Estado tenga participación, la totalidad de la población que se encuentre afiliada
a la entidad objeto de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento para
administrar el régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria,
que ordena la autoridad o el órgano de Dirección que toma la decisión de revocatoria, intervención para
liquidar, supresión o liquidación voluntaria y que debe realizar la Entidad Promotora de Salud objeto de
la medida. […]”
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razones que lleven a una conclusión diferente, todo lo cual impone
negar este reproche.
3.3.4. desviación de poder
En relación con la causal de desviación de poder, la demandante
insiste en que la disposición acusada, entendida frente a la
ampliación del plazo en 4 meses, incorporó un beneficio en favor del
ISS y de la creación de una nueva EPS.
Para resolver, se tiene que la desviación de poder tiene lugar cuando
un acto administrativo si bien se expide por un órgano o autoridad
competente y con las formalidades debidas, persigue fines distintos30
a los fijados por el ordenamiento jurídico.
En el caso bajo examen, la Sala considera que este reproche no pasó
de ser un argumento sin prueba porque además de descartar que el
acto que se analiza es de carácter general, como ya se registró, lo
relevante para enervar la legalidad de la norma acusada implicaba
acreditar dicha censura, circunstancia que no acaeció, pues la
30
La Jurisprudencia aclara que esta causal se prueba, “[…] tanto cuando se persigue un fin espurio,
innoble o dañino como cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero
que en todo caso es distinto del autorizado o señalado por la norma pertinente. Para su valoración es
necesario tener en cuenta tanto los fines generales e implícitos en toda actuación administrativa
(satisfacción del interés general, búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio público, etc.),
como el específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se haya en la regulación de la atribución
o competencia que con él se ejerce […]”. Al respecto se puede consultar el siguiente fallo: Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de junio de 2012.
Radicación número: 66001-23-31- 000-1998-00645-01 Actor: Alberto Ospina Rojas. M.P. Marco
Antonio Velilla Moreno.
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exposición de la actora no pasa de ser una especulación sobre el
acontecer de un proceso especifico a cargo del ISS y la forma en la
que se resolvió aplicar el procedimiento especial diseñado para el
traslado de usuarios de una EPS afectada a otra de carácter pública
o con participación estatal.
En realidad, todas estas operaciones se anteponen a un proceso
administrativo o de voluntad de la EPS afectada, referido a la
imposibilidad de continuar la prestación del servicio de salud, lo que
sugiere una serie de presupuestos, e incluso, cuando corresponda,
es la Superintendencia de Salud la que ordena que el traslado se
realice bajo uno u otro método.
Por todo lo expuesto, se concluye que no existe prueba sobre el
supuesto alegado, pues la accionante no acreditó en los términos del
artículo 167 del CGP, que la autoridad administrativa expidió el acto
acusado con fundamento en un interés contrario a la norma, todo lo
cual impone denegar la prosperidad de este reclamo.
En este orden de ideas, y comoquiera que los cargos invocados
carecen de acreditación, la Sala denegará la pretensión de nulidad
de la norma demandada del Decreto 2713 de 16 de julio de 2007.
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3.4. Condena en costas
Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se
promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17131 del CCA, que no hay
lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción
exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR la pretensión de nulidad de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Una vez quede en firme la presente sentencia, procédase
por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que
hubiere lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
31
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a
la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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