Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00019-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00019-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2008-00019-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020080001900
Demandante: Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. ALMACAFE y
Federación Nacional de Cafeteros
Demandada: Nación - Ministerio de la Protección Social Social (hoy Ministerio
de Trabajo)
Tercero con interés: Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, SINTRAFEC
Tema: Se resuelve sobre la nulidad de los actos administrativos expedidos por
el Ministerio de la Protección Social (Hoy Ministerio del Trabajo), por medio de
la cual se ordena la inscripción de una nueva junta directiva de una
organización sindical.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Almacenes
Generales de Depósito de Café S.A. ALMACAFE y la Federación Nacional de
Cafeteros, en adelante la parte demandante, contra la Nación – Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo), en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841, en adelante, Código Contencioso
Administrativo o CCA, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm.
1 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
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Número único de radicación: 11001032400020080001900
Demandante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
316 de 15 de mayo de 2007 expedida por la Inspectora de Trabajo de Pasto –
Nariño, por medio de la cual se ordena la inscripción de la nueva Junta Directiva del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia SINTRAFEC; la Resolución núm. 609 de 23 de julio de 2007, expedida
por el Inspector de Trabajo de Pasto – Nariño por medio de la cual se resolvió un
recurso de reposición; y la Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de 2007,
mediante la cual “[…] se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la
Coordinadora de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nariño, de la entidad
demandada.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Federación Nacional de Cafeteros, y Almacenes Generales de Depósito
de Café S.A., ALMACAFE2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3
contra la Nación - Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo), en
adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 4, en
adelante, Código Contencioso Administrativo o CCA, para que se declare la nulidad
de la Resolución núm. 316 de 15 de mayo de 20075, expedida por la Inspectora de
Trabajo de Pasto – Nariño; la Resolución núm. 609 de 23 de julio de 20076, expedida
por el Inspector de Trabajo de Pasto – Nariño; y la Resolución núm. 855 de 19 de
septiembre de 20077, mediante la cual “[…] se resuelve un recurso de apelación
[…]”, expedida por la Coordinadora de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Nariño, de la entidad demandada.
2 Por intermedio de apoderado
3 Folios 17 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente.
4 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
5 “[…] Por medio de la cual se ordena la inscripción de una nueva Junta Directiva de una organización
sindical […]”.
6 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
7 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
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Demandante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Las pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…]
DECLARACIONES
Previo cumplimento de los trámites previstos del título XV, Libro Cuarto, del
Código Contencioso Administrativo, con citación de la DEMANDADA, que es la
NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, (ANTES
DENOMINADO MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL)
DIRECCIÓN REGIONAL DE NARIÑO representada por el MINISTRO DE LA
PROTECCION SOCIAL (…), y en calidad de parte interesada el Sindicato de
Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros y de los Almacenes
Generales de Depósito de café – Almacafè -, en su sede de la carrera 8 #11-55
Chinchinà – Caldas ruego en sentencia hacer las siguientes:
• Es nula la resolución No. 316 del 15 de mayo de 2007 del Inspector del
Grupo de Trabajo de Pasto por medio de la cual se inscribe la Junta
Directiva del Comité Regional Pasto del Sindicato de Trabajadores de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia “SINTRAFEC” y
Almacenes Generales de Depósito Almacafé.
• La declaratoria de nulidad de la Resolución referida apareja también la
nulidad de las Resoluciones Nos. 609 del 23 de julio de 200 (sic) del
Inspector de Trabajo del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Dir3cción Territorial de Pasto del Ministerio de la Protección Social,
y la Resolución No. 855 del 19 de septiembre de 2007 de la Coordinadora
del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Dirección
Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Nariño por medio de las cual
fueron decididos los recursos de Reposición y Apelación subsidiaria,
respectivamente
Igualmente la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas
conllevan el restablecimiento del derecho pretendido por las empresas
demandantes, como es el de la inexistencia de un comité sindical cuyos
miembros, todos vinculados laboralmente a ella, están amparados por fuero
sindical. […]”8.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. Afirma que la Federación Nacional de Cafeteros y Almacafé tienen abierta
8 Fl. 18
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sedes en Pasto – Nariño con un número de trabajadores afiliados al sindicato
SINTRAFEC cuya sede laboral en dicho municipio no alcanza las 12 personas
que se exigen legalmente.
3.2. La parte demandante sostiene, que la demandada ordenó inscribir la Junta
Directiva Regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, y mantuvo la decisión a sabiendas que la
organización sindical no reunía los requisitos exigidos por la Ley 50 de 28 de
diciembre de 19909 para la existencia de un Comité Regional.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 55 de la Ley 50 de 28 de diciembre 1990.
• Artículos 14, 16 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo.
• Artículos 4 y 9 del Decreto 1194 de 10 de junio de 199410.
Concepto de Violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Violación directa de la ley
6. La parte demandante indicó que la demandada, a través del Inspector
Nacional del Trabajo interpreta de manera errónea “[…] la ley 50 de 1990, cuya
clara intención de ordenar territorialmente las subdirectivas y comités sindicales
seccionales. Frente a la expresa restricción de una subdirectiva o comité por
municipio, las autoridades administrativas del trabajo ofrecen el
asenderamiento de la ley, abriendo las puertas a la proliferación de
subdirectivas y comités seccionales, aún sean fantasmas, en municipios
vecinos, absolutamente desligados del ámbito natural sindical, que es que
9 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
10 “Por el cual se reglamenta los artículos 363 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por
los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente; 371 del mismo Código y artículo 55 de la
Ley 50 de 1990”
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demarca la empresa. […]”
7. Estima, fundado en decisiones de esta misma Corporación11, que todo
sindicato debe cumplir con la exigencia sobre el número mínimo de trabajadores
en la sede laboral en la que el municipio pretenda conformar una Junta Sindical.
8. la parte demandante aduce, que la parte demandada se apartó de las
directrices jurisprudenciales trazadas, por cuanto la primera “determinación” del
artículo 55 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 44 de la misma,
y que subroga el 362 del C.S. del T., es ratificar la autonomía sindical para
redactar sus propios estatutos, sin que ello implique modificación de la
legislación laboral vigente y afirma que “Las subdirectivas y comités seccionales
deben ceñirse a lo que dispongan los Estatutos sindicales, los que en todo
momento deben estar ajustados a la ley”.
9. Finaliza el libelo afirmando que la exigencia legal es clara: se requiere 12
afiliados con domicilio laboral en el municipio donde se vaya a establecer un
Comité Seccional, y 25 afiliados para una Subdirectiva Seccional y por ende no
puede hablarse de derechos adquiridos de los sindicatos que hubieren previsto
en sus Estatutos disposiciones diferentes a las de la ley.
Contestación de la demanda12
Parte demandada
7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a todas las
pretensiones, así:
8. Sostuvo que si bien es cierto que “[…] el artículo 55 de la Ley 50 de 1990
consagra que: "Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de
Subdirectivas Seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio
principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros.
11 Cita los expediente con núm. de radicado 11.991 del 27 de Febrero de 1997, 9635 del 17 de julio de
1997 y 15627 del 7 de mayo de 1998.
12 Cfr. Folios 143 a 153
13 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 286 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Igualmente sé podrá prever la creación de Comités Seccionales en aquellos
municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el
que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros no podrá haber
más de una subdirectiva o comité por municipio […] ".
9. Aclara que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia No. 115 del 26
de septiembre de 1991, señaló que: “[…] No ve la Corte que las disposiciones
acusadas en ninguna forma atenten contra el derecho de asociación en su
modalidad específica como libertad sindical, pues es propio de la ley y está dentro
de sus poderes, por ejemplo, exigir determinado número de afiliados para que
puedan formarse ciertas células sindicales...", y concluye “[…] Pero más sin
embargo no dijo nada respecto ha si la creación de Comités Seccionales debía
realizarse con trabajadores afiliados que pertenezcan al mismo municipio […]”
10. Respecto del carácter de orden público de las normas, que la parte
demandante adujo como vulneradas, sostuvo: “[…] debo señalar que tal precepto
nunca se desconoció por este Ministerio de la Protección Social con los actos
administrativos hoy atacados por vía judicial, ya que somos un Ministerio que
garantizamos el respecto de todos y cada unos de los derechos de los trabajadores,
pero no se debe perder de vista que la norma con RANGO CONTITUCIONAL que
aplicó la Inspectora de Trabajo de Pasto y la Coordinadora de Trabajo y Seguridad
Social de Nariño, fue el artículo 39 de la Constitución Nacional el cual consagra que:
"Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado.... La cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sólo procede por vía judicial..", puesto que en efecto tal como lo
las funcionarias que conocieron de los recursos de vía gubernativa propuestos, ellas
no poseen competencia para DIRIMIR CONTROVERSIAS LABORALES o
DECLARAR DERECHOS, ya que esa es una competencia exclusiva de los jueces
de la república. […]”
11. La parte demandada propuso las siguientes excepciones, así.
Excepciones
Excepción de legalidad de los actos administrativos
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12. Solicitó que se ratifique la legalidad de los actos administrativos demandados
mediante, por cuanto, antes que ser contrarios a la ley y a la Constitución Política,
lo que hacen es salvaguardar los derechos de los trabajadores del SINDICATO
SINTRAFEC, “[…] ya que las Resoluciones No. 316 del 15 de mayo de 2007, 609
del 23 de julio de 2007 y 855 del 19 de septiembre de 2007, se encuentran acordes
con la sentencia de la Corte Constitucional C-465 del 2008, en la cual señaló que:
Por todo lo anterior, se declarará la constitucionalidad. […]”
Excepción de indebida interpretación del artículo 55 de la ley (sic) de 1990 por
la parte demandante.
13. Señaló que, si bien se han proferido varias sentencias con relación al alcance
del artículo 55 de la Ley 50 de 1990, lo cierto es que en ellas no se ha definido si los
trabajadores que hacen parte integrante de una Subdirectiva o Comité Seccional,
deben residir en el mismo municipio donde tenga su sede tales organizaciones
Excepción de desconocimiento del derecho asociación sindical:
14. Indicó, conforme al artículo 39 de la Constitución Nacional y la sentencia C-
465 de 2008 proferida por la Corte constitucional, que las autoridades
administrativas de trabajo, no posee competencia para dirimir controversias
judiciales, ya que dicha competencia esta atribuida constitucionalmente a los Jueces
de la República, siendo esta otras de las razones por las cuales la Inspectora de
Trabajo de Pasto y la Coordinadora de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Nariño obraron conforme a derecho, es decir sin extralimitar la órbita de su
competencia.
Excepción innominada
15. La parte demandada solicitó declarar las excepciones que resulten probadas
durante el proceso.
Tercero con interés en las resultas del proceso14
14 Cfr. Folios 106 a 130
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16. El despacho sustanciador, mediante auto de 23 de septiembre de 2008 15,
admitió la demanda, ordenando vincular al Sindicato de Trabajadores de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en adelante SINTRAFEC.
17. SINTRAFEC, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, y fundamenta su defensa en disposiciones de la Carta
Política de 1991 y hace referencia a algunas citas jurisprudenciales y algunas
disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo OIT,
para afirmar que la demanda carece sustento jurídico.
Excepciones previas
18. Invoca falta de titularidad de la parte demandante, al sostener que como
quiera que el derecho sindical es un derecho fundamental, no puede el empleador
inmiscuirse en la estructura sindical por cuanto dicha circunstancia no lesiona su
derecho.
19. Incongruencia de las pretensiones, para lo cual reprocha la pretensión de
restablecimiento del derecho, por cuanto indica que no es objeto de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo referirse a la existencia de un fuero sindical siendo
objeto de la justicia ordinaria laboral.
20. Aduce que la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios,
y la califica como una excepción previa, por lo que, en caso de llegar a prosperar las
pretensiones de la demanda, se vulneran los derechos subjetivos de cada uno de
los integrantes dela junta seccional a ser elegidos.
21. Sostuvo que hay indebida acumulación de pretensiones, en la que siguiendo
la línea argumental de la primera excepción, sostiene que la pretensión formulada
por la parte demandante relacionada con el fuero sindical, evidencia un
pronunciamiento que le permite desconocer los fueros sindicales de los integrantes
de la Junta Directiva, lo cual es contrario al ordinal 3º del inciso primero del artículo
82 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que el Código de Procedimiento
Laboral regula los litigios relacionados con fuero sindical.
15 Cfr. Folio 44
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22. Indica que existe caducidad de la acción, como quiera que se pretende
demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho un acto que fue
expedido el 19 de septiembre de 2006, por lo que la demanda debió haberse
presentado el 19 de enero de 2007, y no el 25 de julio del mismo año por cuanto
para dicho momento ya había operado la caducidad.
23. El tercero con interés directo sostiene que, existe declinatoria de jurisdicción,
al sostener que la jurisdicción de lo contencioso administrativo perdió competencia
para pronunciarse de fondo sobre la acción por cuanto con fundamento en la
sentencia C-465 de 2008, los actos de las autoridades administrativas relacionadas
con los estatutos y juntas directivas constituye una simple inscripción para efectos
de publicidad frente a terceros.
Excepciones de mérito
24. El tercero con interés directo propone como excepciones de fondo:
25. Violación al principio de la buena fe y del pacta sunt servanda, para lo cual
indica, que entre las partes existe una Convención Colectiva de Trabajo cuya validez
no ha sido discutida judicialmente por los demandantes y en la que se reconoce la
existencia de comités regionales sindicales y sus juntas directivas. Esta convención
tiene fuerza vinculante para las partes y dentro de las obligaciones acordadas se
pactó el reconocimiento del amparo foral.
26. Violación de la confianza legítima, para lo cual aduce que el sindicato existe
desde antes de la expedición de la Ley 50 de 1990, de manera que, para dicho
momento, se había previsto la creación de directiva seccionales o regionales con lo
cual, la demandante no puede pretender desconocer su propio acto puesto que
con ello se desconoce el postulado de la buena fe previsto en el artículo 83 de la
Constitución Política.
27. El tercero con interés directo presenta como defensa lo que denomina
“Sustracción de materia-hecho cumplido”, al considerar que, en atención al periodo
para el que fue elegida la junta directiva, su periodo venció en el año 2005, por lo
que no existe materia que pueda ser objeto de sentencia por sustracción de materia.
Alegatos de conclusión
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28. El Despacho sustanciador, agotada la etapa probatoria, mediante auto de 29
de agosto de 201716, dispuso correr traslado a las partes por el término común de
diez (10) días para que alegaran de conclusión, sin perjuicio que el Procurador
Judicial solicitara traslado especial.
29. Las partes, dentro del término concedido, guardaron silencio.
Concepto del Ministerio Público
30. El Agente del Ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
31. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico; iv) las excepciones propuestas; y v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
32. Vistos el numeral 2 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo17,
sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30818 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
16 Cfr. Folio 305
17 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única
instancia:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter
laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación
de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. […]”.
18[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
19 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en única
instancia.
33. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de que trata este asunto y sin que se observe vicio o
causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub
lite como se desarrolla a continuación:
34. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.
Actos administrativos acusados
35. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
36. La Resolución núm. 316 de 5 de junio de 2008 “[…] Por medio de la cual se
ordena la inscripción de una nueva Junta Directiva de una organización sindical […]”,
expedida por la Inspectora de Trabajo de Pasto.
“[…]
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE PASTO
Resolución número 316 de 15 de mayo de 2007
San Juan de Pasto
Por medio de la cual se ordena la inscripción de una nueva Junta Directiva
de una organización sindical
LA INSPECTORA DE TRABAJO DE PASTO, en uso de sus facultades
legales y en especial las que le confiere el Decreto No 205 de Febrero del
2003 y las Resoluciones Nos 0951 del 28 de Abril del 2003 Art. 12 No 15,
3133 de Septiembre 14 del 2005, 4902 del 22 de Diciembre del 2005 Art.
2y
CONSIDERANDO:
Que la organización Sindical de primer Grado y de Empresa denominada:
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA "SINTRAFEC" COMITÉ
REGIONAL PASTO con personería jurídica Número 00058 del 14 de
Enero de 1959, con domicilio en Pasto departamento de Nariño, integrada
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12
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Demandante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
por dieciséis (16) afiliados, (11) hombres y (5) mujeres, 'radicaron en este
Despacho el 7 de Mayo del año en curso dentro del término legal
establecido en el D.R 1194 de 1994, la documentación correspondiente,
con el fin de que se realice el reconocimiento e inscripción en el Registro
Sindical del Ministerio de la Protección Social, de la nueva Junta Directiva
elegida en Asamblea General ordinaria de afiliados el 29 de Abril del año
en curso, según el acta número 05-2007 de la fecha.
Que en el acta de Asamblea General que registró la elección de la Junta
Directiva, se informa que asistieron 11 de afiliados de los 16 que son en
total conformando así el quórum estatutario, presentaron 3 planchas para
la elección de la junta directiva que de conformidad al art 58 de los
estatutos está integrada por 6 directivos, de la siguiente manera: […]
A si mismo eligieron al fiscal señor Ricardo Pardo, de la fracción
mayoritaria de las minoritarias (art 391 del C.S del T), correspondiéndole
este cargo directivo a la plancha Numero 1.
Que mediante oficios ITSSCPGM 141 y 142 del 8 de Mayo del año en
curso, esta Inspección de Trabajo, realizó las comunicaciones a la parte
empleadora, de conformidad al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1194 de
1994, así como también se les solicitó información si las personas
elegidas, no ocupan cargos de dirección, confianza y manejo en la
empresa debidamente comprobada (art.389 del C.S del T)
Que la documentación que aportó el sindicato con su solicitud es la que
exige el DR 1194 de 1994 Art. 2.
Por lo tanto este Despacho encontró que la elección y designación de los
cargos directivos se hizo conforme a la Constitución Nacional, a la ley y a
los estatutos de la organización sindical,
Que no habiendo causal violatoria de la Constitución Nacional, de la Ley
o de los estatutos, corresponde a este Despacho ordenar la inscripción de
la nueva Junta directiva de la Organización Sindical ya mencionada, por
conducto de la coordinación del Grupo de Relaciones Laborales
Individuales y Colectivas del Ministerio de la Protección Social.
En mérito de lo expuesto este Despacho.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ORDENAR la inscripción en el Registro sindical
de este Ministerio, de la nueva Junta Directiva de la organización Sindical
de primer Grado y de Empresa denominada: SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA "SINTRAFEC COMITÉ REGIONAL PASTO con
personería jurídica Número 00058 del 14 de Enero de 1959, conforme a
lo estipulado en los estatutos del ente sindical, de la siguiente manera:
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Número único de radicación: 11001032400020080001900
Demandante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Presidente: JAIME RODRIGUEZ
HERNÁNDEZ
Secretario General: ROSARIO VIYTELI YELA
Tesorero: HECTOR ALIRIO PAREDES
Fiscal: RICARDO PARDO CASTILLO
Srio de Cultura y Prensa: ALVARO BENAVIDES.
Srio de asuntos intersindicales: HERMAN MORA ARCINIEGAS
[…]”.
37. La Resolución núm. 609 de 23 de julio de 2007 “[…] Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición […]”, expedida por la Inspectora de Trabajo de
Pasto, que dispuso:
“[…]
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE PASTO
Resolución número 609
San Juan de Pasto, veintitrés de Julio de 2007
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
LA INSPECTORA DE TRABAJO DE PASTO, en uso de sus facultades
legales y en especial las que le confiere el Decreto No 205 de Febrero del
2003 y en especial las Resoluciones Nos 0951 del 28 de Abril del 2003
Art. 29, 3133 de Septiembre 14 del 2005, 4902 del 22 de Diciembre del
2005 Art. 2, el decreto 01 de 1984 arts. 50 al 55 y
CONSIDERANDO:
El recurrente señor Misael Ernesto Rodriguez al sustentar sus motivos de
inconformidad en contra de la providencia No. 316 del 15 de Mayo del
2007, manifiesta que la empresa que representa y la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia conforman una unidad de empresa ubicadas
en el municipio de Pasto y que solo 11 de los 16 trabajadores que
pertenecen al sindicato SINTRAFEC REGIONAL PASTO, laboran en esta
ciudad ya que los restantes cinco trabajan en los municipio de Sandoná,
Albán, Buesaco y los Andes, por tal razón el comité sindical aludido de
conformidad al Art. 55 de la ley 50 de 1990 debe estar conformado por un
número no inferior a doce (12) miembros y por consiguiente este
Ministerio no debió ordenar su inscripción, fundamentando sus
argumentos aparte de la norma aludida, en los arts. 14, 16, 353 del C.S
del T, DR 1194 de 1994 artículos 4 y 9, en la jurisprudencia del Consejo
de Estado Sección Segunda sentencias del 27 de febrero de 1997,
radicación 11.991, del 17 de Julio de 1997 radicación 9635 y la de Mayo
7 de 1998 expediente 15627, la del 17 de Septiembre del 2004 de la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que según el
recurrente...."tienen directrices precisas según el cual todo sindicato debe
cumplir con la exigencia sobre un número mínimo de trabajadores en la
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sede laboral en el municipio en el que se pretenda conformar una junta
sindical." Agregó además "No puede hablarse de derechos adquiridos de
los sindicatos que hubieren previsto en su estatutos disposiciones
diferentes a la ley. Es de común ocurrencia en todos los campos de la
actividad económica y social de las organizaciones existentes- entidades
cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, sociedades, entidades
financieras...etc. deban adecuar sus estatutos a nuevas previsiones
legales, tal como efectivamente han ocurrido en esta última década. El a-
quo dispuso de la previsión contenida en el artículo 3 del Decreto 1194 de
1994, ella le brindó la oportunidad de poner en conocimiento las
objeciones que existieran, puestas de presente por las empresas al fin de
tenerlas en cuenta al momento de considerar una inscripción contraria a
la ley, pero omitió tener en cuenta las consideraciones así emergiera la
evidente contrariedad con la ley, con su sentido finalista y con la
interpretación expuesta por el H. Consejo de Estado en caso similar y
exactamente aplicable al caso...”
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Con el objeto de resolver los recursos de reposición que se han formulado
a este Despacho, es menester como primer punto a tratar lo referente al
DEPÓSITO DE LOS ESTATUTOS SINDICALES Y SUS REFORMAS del
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA "SINTRAFEC COMITÉ REGIONAL
PASTO, pues como es de conocimiento general, estos depósitos
estatutarios tienen por objeto que este Ministerio a través de UN ACTO
ADMINISTRATIVO ordene su inscripción en e registro sindical, claro está
siempre y cuando estos no sean contrarios a la Constitución y a la Ley, y
como en el caso que nos ocupa por no vulnerar norma alguna esta entidad
procedió mediante Resolución 000413 del 13 de febrero de 1989 a
ordenar su inscripción y por tanto dicho acto administrativo goza de la
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD; y así las cosas mientras esa Resolución
no sea SUSPENDIDA o ANULADA POR LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos
jurídicos, es decir, de ser eficaz La Corte Constitucional ha señalado que
es aceptable el criterio según el cual los actos administrativos existen
desde el momento en que se profleren, y su validez y eficacia están
condicionadas a la publicación o notificación, según se trate de un acto de
carácter general, impersonal y abstracto, o de un acto de carácter
particular, personal y concreto, ya que de esta manera el acto
administrativo tiene fuerza ejecutoria y produce sus efectos jurídicos una
vez ha quedado en firme luego de cumplir con los requisitos de
publicación o notificacióny cuando no queda por resolver recurso alguno
en su contra. Debe entonces la Administración proceder a cumplirlo y a
hacerlo cumplir.
Lo anterior incluso fue entendido por los recurrentes razón por la cual
dentro de la sustentación de los recursos replicaron lo siguiente: "No
puede hablarse de derechos adquiridos de los sindicatos que hubieren
previsto en sus estatutos disposiciones diferentes a la ley. Es de común
ocurrencia en todos los campos de la actividad económica y social de las
organizaciones existentes- entidades cooperativas, entidades sin ánimo
de lucro, sociedades, entidades financieras...etc._deban adecuar sus
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estatutos a nuevas previsiones legales, tal como efectivamente han
ocurrido en esta última década". (Lo resaltado es mío). Tal señalamiento
significa que reconocen que los estatutos de "SINTRAFEC" COMITÉ
REGIONAL PASTO favorecen los intereses de los trabajadores
sindicalizados, y por ello manifestaron que DEBEN ADECUARLOS A LAS
NUEVAS PREVISIONES LEGALES, pero como ello no ha ocurrido así,
aún están vigentes las normas sindicales y por esta razón como lo señala
la Corte Constitucional esta Inspección de trabajo debe proceder a cumplir
y a hacer cumplir la Resolución de inscripción. Si las empresas
empleadoras no están de acuerdo con el artículo 3° de los estatutos
sindicales debieron demandar el acto administrativo de inscripción de la
reforma estatutaria alegando como lo hacen en el caso bajo estudio, que
dicha norma es violatoria de la Ley, y lograr que un Juez de la república
si así lo estima ordene su nulidad o inaplicabilidad.
El artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que: "Toda
organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus
estatutos y reglamentos administrativos....." (La parte en negrillas y
subrayada fuera del texto)Lo anterior significa que en el caso que nos
ocupa se debe dar aplicación a los estatutos sindicales, ya que al ser
redactados de manera libre y democráticamente, representan el querer
de la organización sindical y la carta que orienta sus fines y objetivos, y
más cuando la reforma a los estatutos data del año 1989, o sea que ya
tienen una vigencia de 18 años en los cuales han tenido plena
aplicabilidad sus normas, y el comité ha sido reconocido como tal por este
Ministerio. Además de lo anterior se debe hacer claridad que quienes
redactan los estatutos del sindicato son los sindicalizados y no el
empleador, y por ello este no puede obligarlos a que los modifiquen a su
arbitrio, o exigir de esta entidad que los interprete de manera distinta a su
tenor gramatical.
Como los Inspectores de Trabajo no tenemos funciones jurisdiccionales
tal como lo consagra el artículo 486 del C.S. del T, y que reza: "...Dichos
funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos
individuales ni definir controversias cuva decisión esté atribuida a los
Jueces...., no podríamos entonces entrar a desconocer una norma
existente como los estatutos sindicales; Incluso los mismos recurrentes
se permitieron reforzar esta situación, ya que refieren que en casos
aparentemente similares se ha establecido supuestamente que los
Comités Regionales deben estar conformados por 12 afiliados del mismo
municipio, pero como es fácil apreciar dichas controversias han sido
dirimidas ante la JURISDICCCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, cosa distinta hubiese sido que exista o se hubiese
probado que hay un acto administrativo proferido por una inspección de
trabajo que interprete y deje sin efectos un artículo de los estatutos
sindicales que ya hubiese sido inscrito en este Ministerio, como para
lograr que esta funcionaria resuelva favorablemente las aspiraciones de
los recurrentes.
Respecto al acatamiento de las normas sindicales, ha sido criterio de la
suscrita dar plena aplicación a la norma estatutaria de manera imparcial,
así estas favorezcan o desfavorezcan los intereses de las partes. En un
caso que manejo este Despacho con relación a la Inscripción de una junta
directiva parcial de la "ORGANIZACIÓN SINDICAL
SINTRACOMFAMILIAR NARIÑO", negué dicha inscripción ya que en sus
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estatutos hablan restringido aún más el artículo 389 del código sustantivo
del trabajo, con relación a ser más exigentes y cerrados en la permicidad
de que un miembro que ostente la calidad de directivo, gerente,
subgerente o que tenga personal bajo su subordinación pueda ser
miembro de la junta directiva del sindicato, el cual aparentemente
vulneraría la igualdad de oportunidades, pero mi criterio en aplicar los
estatutos pese a tal restricción fue acogido también por el Ad quem en
aquella oportunidad, y por ello mi Resolución No. 316 del 15 de Mayo del
2007 fue proferida de manera imparcial, ya que simplemente estoy dando
aplicación al artículo 3° de los estatutos sindicales que se encuentra
vigente.
2.- Respecto a las Jurisprudencias Administrativas que citan los
recurrentes debo expresar que la Corte Constitucional, Magistrado
Ponente: Dr Alejandro Martinez Caballero, con sentencia del 1 de abril de
1993 (Rad.: C-131-93), expresó sobre la Cosa y la obligatoriedad de las
sentencias que: "La sentencia de la Corte Constitucional es para un juez
fuente obligatoria..... Sólo la Corte Constitucional, ciñéndose a la
preceptiva superior, puede fijar los alcances de sus sentencias". Lo
anterior significa que no es obligatorio para esta Inspectora que de
aplicación a las jurisprudencias que se permiten señalar los recurrentes,
y más cuando con sentencia del 4 de diciembre de 1995, de la sección
segunda del Consejo de Estado dijo sobre los alcances del artículo 55 de
la Ley 50 de 1990 que: "Como puede observarse, esta norma prevé la
creación de subdirectivas seccionales con un mínimo de 25 afiliados en
municipios distintos al de su domicilio principal, y de comités seccionales
en donde no haya 25 miembros pero se reúnan 12. En parte alguna limita
la creación de las subdirectivas con la exigencia de que sus miembros
estén todos domiciliados en el mismo municipio de su sede: y al no hacerlo
la ley, no le esta permitido a los funcionarios del Ministerio de Trabajo
negar la inscripción de los directivos de una subdirectiva creada y en
funcionamiento..." (Lo resaltado es mío). B reconocimiento de la
organización sindical data desde el año de 1959, o sea que ya lleva en
funcionamiento hace 48 años, luego entonces gozan de derechos
adquiridos para que este Ministerio haya procedido a la inscripción de los
directivos del comité seccional. La sentencia que me permiti señalar
anteriormente aclaró la consulta que habría realizado el Ministerio de
Trabajo al Consejo de Estado sobre el alcance del Art. 55 de la ley 50 de
1990 y que citan los recurrentes y en la cual se señaló que: "1. No es
jurídicamente viable la creación de Subdirectivas seccionales-o comités
secciónales- mediante la suma de afiliados a un sindicato en varios
municipios porque el artículo 55 de la ley 50 de 1990 dispone que tales
subdirectivas solamente puedan conformarse en municipio distinto al
domicilio principal y en el que tenga el sindicato " un número no infería a
veinticinco (25)-o para el casos de comités seccionales 12- miembros" "2.
E Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe negar la inscripción de
aquellas directivas seccionales sindicales que hayan sido conformadas
por afiliados de varios municipios, porque esta forma de integración es
contraria a la regulación prevista en la ley 50 de 1990". Además de lo
anterior se debe hacer claridad a los recurrentes que las consultas no
tienen el carácter obligante tal como lo consagra el articulo 25 del C.C.A
el cual consagra que: ".....Las respuestas en estos casos no
comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni
serán de obligatorio cumplimiento o ejecución."
[…]
Por lo tanto se,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: NO REVOCAR la Resolución No 316 del 15 de
Mayo del 2007, por medio de la cual se ordenó la inscripción en el Registro
Sindical del Ministerio de la Protección Social de la nueva junta directiva
denominada SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ REGIONAL
PASTO por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución
No 316 del 15 de Mayo del 2007, por medio de la cual se ordenó la
inscripción en el Registro Sindical del Ministerio de la Protección Social
de la nueva junta directiva denominada SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA COMITÉ REGIONAL PASTO por lo expuesto en la parte
considerativa de este proveído. […]”
38. La Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de 2007 “[…] Por medio de lqa
cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la Coordinadora de
Trabajo, Empleo y Seguridad de Nariño:
“[…]
CONSDIDERACIONES DEL DESPACHO
A.- El artículo 39 de la C.N. expresa categóricamente que los trabajadores
tiene derecho a constituir sindicatos y asociaciones sin intervención del
Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple acta de
constitución. La ley ha reglamentado esta disposición constitucional en el
artículo 362 del C.S.T, que prescribe ".. toda organización sindical tiene el
derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos
igualmente el artículo 66 del C.C.A., como artículo análogo en su
correspondiente interpretación constitucional a la norma en comento,
prescribe que los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
Considera el despacho que la anterior normatividad es premisa fundamental para
adecuar el presente asunto a una prudente y real decisión, que ampare derechos
constitucionales de las partes y que por sobre todo tutele el derecho a la igualdad
frente a la Ley de quien tiene la misión de representar sus propios intereses, para
este caso nos referimos al derechos de los trabajadores a formar su nueva junta
directiva, a los empleadores o sus representantes legales de contravenir la misma y
a la administración pública del Ministerio de la Protección Social en quien recae la
obligación de resolver en derecho y por la Ley lo que se le ha expuesto a su
consideración, desde esta óptica debemos precisar otros aspectos.
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B. Existen una clara y evidente confusión en la pretensión sostenida por los
recurrentes, por cuanto la interpretación de la Ley 50 de 1.990 la aparejan a la
creación de un nuevo comité sindical, siendo que el espíritu de la Ley no habla de la
renovación de dichos comités sino de la creación de nuevas juntas directivas de los
entes sindicales, esto es como si recién nacieran a la vida jurídica. Por lo que se
entreve claramente que la organización sindical SINTRAFEC ya se encuentra
reconocida legalmente desde el año 1989, por lo que no se trata de un nuevo hecho
jurídico que plasme la creación de un nuevo ente sindical, sino más bien de una
renovación de su junta directiva, tal como lo contemplan los estatutos del sindicato.
Entonces debe precisar el despacho que una cuestión es la creación del comité
sindical y otra la renovación del período estatutario de la nueva junta directiva
sindical
C- Como es de conocimiento lógico en materia jurídica, la competencia del Ministerio
de la Protección Social por orden de la Ley no está para entrever situaciones que
tienen que ver con la validez o invalidez de los actos jurídicos pues claramente el
artículo 486 del C.S.T dice "... que dichos funcionarios no quedan facultados para
declarar derechos individuales ni definir controversias laborales atribuidas a los
jueces..". De esta manera se zanja el litigio contemplado por los recurrentes cuando
pretenden que sea este despacho quien dirima la legalidad o ilegalidad de los
estatutos del sindicato SINTRAFEC, o que por lo menos los adecue a las nuevas
disposiciones legales para este caso a la ley 50 de 1.990. Esta pretensión es inocua,
impertinente y no viable en razón de las facultades contempladas por la Constitución
y la Ley. Aceptar la pretensión de los recurrentes es violar ostensiblemente la
Constitución y de plano incurrir en actos de negligencia administrativa, de prevaricato
y de conductas desleales contra las partes y contra la Institución jurídica en general.
D. Precisa el despacho que existen antecedentes fácticos que suponen la necedad
en las pretensiones expuestas por los recurrentes, por cuanto en anteriores
ocasiones la administración del Ministerio de la Protección Social ya se ha
pronunciado sobre el aspecto fundamental que atañe el hoy recurso de alzada; sobra
decir que en anteriores oportunidades los recurrentes actuando como partes
interesadas han esgrimidos las mismas razones por los mismos hechos y por las
mismas circunstancias que hoy son materia de controversia por lo que no se justifica
ni es probo que acudan a esta instancia administrativa para dilatar la vigencia de los
actos administrativos y por sobre todo para lograr pretensiones en las que el
despacho ya se ha pronunciado, advirtiendo que sus conductas tendrían una clara
intención de temeridad.
Se trata en el presente caso de preservar el orden jerárquico de la ley, pues sería un
absurdo jurídico tratar de imponer o colegislar aspectos jurídicos que NO son de
competencia del funcionario que emite resoluciones de su propio ámbito; pues mal
haría este despacho en incurrir en la omisión de sus propias funciones,
desconociendo derechos previamente establecidos, como tampoco entrar
controvertir o fallar asuntos exclusivamente de competencia Administrativos. de los
Jueces
En conclusión y sin entrar en mayores detalles en los aspectos esgrimidos por los
recurrentes, encontramos ajustada a derecho y al marco legal la resolución proferida
por la señora Inspectora de trabajo en cuanto hace referencia a la Inscripción de la
nueva junta directiva de la organización sindical SINTRAFEC.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la
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resolución No. 316 del 15 de Mayo de 2007, proferida por la inspección de Trabajo
de Pasto, por medio de la cual se ORDENA la inscripción en el Registro Sindical del
Ministerio de la Protección Social de la nueva junta directiva de la organización
sindical de Primer grado denominada: SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA "SINTRAFEC" COMITÉ REGIONAL PASTO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”
Problema jurídico
39. Corresponde a la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento
en los argumentos expuestos en la demanda, contestación de la parte demandada
y del tercero con interés directo, determinar si es procedente o no declarar la nulidad
de los actos administrativos contenidos en las resoluciones núms. 316 de 15 de
mayo, y 609 de 23 de julio de 2007 expedidas por el Inspector de Trabajo de Pasto,
por medio de la cual se ordena la inscripción de una nueva Junta Directiva de una
Organización Sindical; y de la Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de 2007,
mediante la cual “[…] se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la
Coordinadora del Grupo Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nariño, al
presuntamente haber sido expedidos en contra de las disposiciones de la Ley 50 de
1990.
Acervo y valoración probatorios
40. Para resolver el problema jurídico, la Sala encuentra acreditado:
40.1. El Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros
deColombia – SINTRAFEC solicitó al Ministerio de la Protección Social
la inscripción de la Junta Directiva Comité Regional Pasto.20
40.2. Acta 05-2007 de 29 de abril de 2007 por medio de la cual se elige una
Junta Directivas del Sindicato de Trabajadores de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia – SINTRAFEC, Comité Regional
Pasto.21
20 Cfr. 52 y 53
21 Cfr. 54 y 55
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40.3. La parte demandada inscribió, mediante Resolución núm. 316 de 5 de
junio de 2008 la nueva Junta Directiva.
40.4. El Representante Legal de los Almacenes Generales de Depósito de
Café S.A., y de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
interponenrecurso de reposición y en subsidio apelación.
40.5. Los recursos fueron resueltos a través de las resoluciones acusadas
núm. 609 de 23 de julio de 2007, expedida por el Inspector de Trabajo
de Pasto – Nariño; y la Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de
2007, mediante la cual “[…] se resuelve un recurso de apelación […]”,
expedida por la Coordinadora de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de Nariño, de la entidad demandada, en las que confirman la decisión
inicial.
41. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán de la siguiente
manera:
42. Para resolver si hay lugar o no a declarar la nulidad de las resoluciones
acusadas, la Sala analizará los siguientes aspectos: i) el marco normativo
internacional y nacional, y los desarrollos jurisprudenciales del derecho de
asociación sindical; ii) las excepciones propuestas; iii) el análisis del caso
concreto.
Marco normativo internacional y nacional y desarrollos jurisprudenciales
del derecho de asociación sindical
43. La Sala abordará el análisis del presente asunto haciendo referencia al
concepto del bloque de internacionalidad22 por la naturaleza del derecho que
se discute, el cual reviste importancia para resolver el problema jurídico que
trae consigo el presente asunto.
22 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de
octubre de 2019, respecto del bloque de internacionalidad sostuvo: “[…] Estos instrumentos, como parte
de un Bloque de Internacionalidad, contienen principios y normas de obligatorio cumplimiento para el
Estado Colombiano, que constituyen parámetros para la aplicación e interpretación de las normas. […]“
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Marco normativo internacional
Los convenios OIT
44. En relación con los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, y visto el artículo 53 de la Constitución Política, que
establece que ““[…]Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna […]”, la Corte Constitucional
ha establecido aquellos convenios de la OIT hacen parte del bloque de
constitucionalidad y el rango de cada uno será determinado a través de la
jurisprudencia.
Convenio 154 de 1981
45. El Convenio núm. 154 de 1981 ““Sobre el fomento de la negociación
colectiva” de la OIT23, adoptado en el marco de la 67ª reunión OIT de 3 junio
1981 en Ginebra; aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley
524 de 12 de agosto de 1999, efectuó la revisión constitucional de dicho
convenio24 y de la Ley aprobatoria del mismo; declarando la exequibilidad de
sus disposiciones.
46. La Corte Constitucional, con ocasión de la revisión que sobre la
constitucionalidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo25, hizo
referencia al estudio que en las providencias anteriores había llevado a cabo
respecto de los Convenios 151 y 154 de la OIT. En esa ocasión, la Corte fue
enfática en señalar que dichos convenios hacen parte de la legislación interna
en los siguientes términos:
““[…]De conformidad con lo expuesto, a modo de resumen se tiene : (i)
hacen parte de la legislación interna del país los Convenios 151 y 154 de
la OIT, incorporados a través de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999;
[…]
No hay duda que los Convenios tantas veces mencionados hacen parte
de la legislación interna, tal como lo establece el inciso cuarto del artículo
23
Convenio Adoptado en el marco de la 67ª reunión CIT (03 junio 1981) en Ginebra
24
Corte Constitucional. sentencia C-161 de 2000
25
Corte Constitucional. Sentencia C-1234 de 2005. Magistrado Alfredo Beltran Sierra
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53 de la Carta, pues se trata de instrumentos de naturaleza legal : las Leyes
411 de 1998y 524 de 1999 “[…]
“[…]la declaración de exequibilidad de la disposición acusada, se adoptará
bajo el entendido que para hacer efectivo el derecho a la negociación
colectiva contemplada en los Convenios 151 y 154 de la OIT, que hacen
parte de la legislación interna de Colombia, las organizaciones sindicales
de empleados públicos podrán “[…]
47. De esta manera, la Corte Constitucional, no solo no determinó
explícitamente que losConvenios núms. 151 y 154 de la OIT se constituyeran
en normas de raigambre constitucional, sino que, mediante la sentencia C-
1234 de 2005, también señaló categóricamente que estaban integrados al
ordenamiento jurídico interno.
48. Las disposiciones del Convenio núm. 154 que deben ser destacadas son
las siguientes: i) los trabajadores deberán gozar de adecuada protección
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical en relación con su empleo; y ii) dicha protección deberá ejercerse
especialmente contra todo acto que tenga por objeto su restricción.
Convenio 87 de la OIT
49. Por su parte, el Convenio 87 de 1948 “relativo a la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicalización”, adoptado en San Francisco en la
31ª reunión OIT de 9 julio 1948 y ratificado por Colombia mediante la Ley 26
de 15 de septiembre de 1976, establece algunas normas alusivas a la libertad
sindical, entre las cuales se puede resaltar:
“[…] Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.
Artículo 3.
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de
formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tiendaa
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
(…)”.
Artículo 8.
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los
trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas estánobligados,
lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas,a respetar la
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legalidad.
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que
menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio. […]”
50. La Corte Constitucional, en relación con el Convenio 87 de la OIT, tuvo
la oportunidad de referirse al mismo indicando que el mismo conforma el
bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, constituye un parámetro para
determinar la constitucionalidad de las normas de menor jerarquía, tal como lo
señaló en las sentencias C-401 de 2005, C-405 de 2005 y C-617 de 2008.
Convenio 98 de la OIT
51. Respecto del Convenio 98 de la OIT “relativo a la aplicación de los
principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva”, adoptado
en Ginebra en el marco de la 32ª reunión OIT de 1 julio 1949 y aprobado por
la Ley 27 de 15 de septiembre de 1976 y que, por lo tanto, hace parte de la
legislación interna. Los artículos 1 y 2 de dicho convenio son del siguiente
tenor:
“[…]
Artículo 1
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación consu
empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga
por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de queno se
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b)despedir
a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera delas horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
Artículo 2
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de
adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las
otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros,
en su constitución, funcionamiento o administración.
2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo,
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de
organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una
organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra
forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores. […]”
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Convenio 135 de la OIT
52. Por último, en relación con el Convenio No. 135 de 1971 “Relativo a la
protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los
trabajadores en la empresa”, aún no ha sido ratificado por Colombia26 y, por
consiguiente, no está en vigor para el Estado Colombiano, sin perjuicio de
pertenecer al bloque de internacionalidad, por estar conformado por principios
y normas del derecho internacional “[…] de obligatorio cumplimiento […]”, e
integrado, entre otros, por: i) normas del ius cogens; ii) tratados
internacionales; iii) costumbres internacionales universales, regionales y
locales aplicables al Estado colombiano; y iv) principio generales del derecho
reconocidos y aceptados por la comunidad internacional.
Derecho a la negociación colectiva en el ordenamiento
jurídico colombiano.
53. Visto el artículo 39 de la Constitución Política sobre la libertad sindical,
establece:
“[…]ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico
se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales ygremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía
judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías
necesariaspara el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.
[…]”
54. La Corte Constitucional27, al referirse al bloque de constitucionalidad en
la sentencia C-225 de 1995, sistematizó en los siguientes términos sus
características y componentes. El alto tribunal constitucional sostuvo en dicha
26 Información obtenida de la página web https://www.ilo.org/dyn/normlex/es
27
Corte Constitucional Sentencia C-225 de 18 de mayo de 1995. Magistrado: Alejandro Martínez
Caballero
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oportunidad, y sobre el bloque de constitucionalidad, que está compuesto:
“[…]. “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en
el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del
control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por
mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y
reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel
constitucional, a pesar de que puedana veces contener mecanismos de
reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu
sensu[…]”.26
55. De lo anterior se tiene que el estudio de constitucionalidad de una
norma debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también
a partir de su comparación con otras disposiciones, las cuales de acuerdo con
la Constitución tienen jerarquía constitucional (bloque de
constitucionalidad stricto sensu), o a partir de otras normas que aunque no
tienen rango constitucional, pero representan parámetros para analizar la
validez constitucional de las disposiciones sometidas a su control (bloque de
constitucionalidad latu sensu).
56. Visto el artículo 93 de la Constitución Política, dispone:
“[…]. ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales
ratificados porel Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. […]
57. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, no todos los
tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad, en
tanto la Corte Constitucional ha precisado que:
“[…]
sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y
convenios internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que
prohíbensu limitación en estados de excepción (ii). Es por ello, que integran
el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho
internacional humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los
Protocolos I y II y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica...
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[…].".28
58. El derecho a la negociación de los trabajadores, también de origen
constitucional se encuentra regulado en el artículo 55 Superior, sin distinción
alguna respecto a si la titularidad del mismo se otorga a los trabajadores del
sector privado u oficial, en este último caso, bien sea se trate de trabajadores
oficiales o de empleados públicos; así:
“[…]
Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la
solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. […]”
59. La normativa constitucional que se cita, tiene como propósito principal,
regular la negociación colectiva en las relaciones laborales, y que el legislador
puede establecer excepciones al ejercicio de dicho derecho. La Sala advierte
igualmente, que el Estado tiene el deber de promover la concertación y demás
mecanismos necesarios a efectos de lograr la solución pacífica de los
conflictos colectivos de trabajo.
60. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-342 de 1995, definió el
derecho a la negociación colectiva como aquel derecho “[…] regulador de una
esfera de libertad en cabeza de patronos y los trabajadores[…]”29; y como un
instrumento que promueve la negociación colectiva, que encuentra su sustento
en el preámbulo, en el artículo primero y en el artículo segundo de la Carta
Fundamental, al establecer que Colombia es un Estado Social de Derecho
organizado bajo la forma de república se funda en valores como “el trabajo”,
teniendo entre sus fines esenciales “promover la participación de todos en las
decisiones que los afectan”, para lo cual la negociación colectiva cumple el
papel de promover la “participación activa y decidida de los sujetos de la
relación laboral, en la búsqueda de soluciones a los conflictos económicos que
surgen de ella[…]”30.
61. De ahí el carácter de derecho fundamental que le otorga al derecho a
28 Corte Constitucional. Sentencia C - 582 de 1999
29 Corte Constitucional. Sentencia C-161 de 2000. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
30
Corte Constitucional C-593 de 1993, M.P: Dr. Carlos Gaviria Díaz
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la negociación colectiva cuando su desconocimiento conlleva “la vulneración
o amenaza de los derechos al trabajo o de asociación sindical”, el Estado “no
sólo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho sino que debe “promover
la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos
colectivos de trabajo”30.
62. El marco convencional, constitucional y legal descrito supra, permiten
resolver las excepciones propuestas por las partes de la siguiente manera:
Excepciones propuestas por el tercero interesado en la resulta del
proceso.
63. El apoderado de SINTRAFEC, propuso como argumento de defensa lo
que denominó excepciones “previas” y excepciones “de fondo”.
64. Visto el artículo 163 del Código Contencioso Administrativo, respecto
de las excepciones previas, antes de su derogatoria preveía31:
“[…]
ARTICULO 163. Los hechos que constituyen excepciones previas en el
proceso civil no tendrán formulación incidental dentro del contencioso
administrativo; pero podrán alegarse como motivos de nulidad, como
excepciones de fondo y aun como razones para recurrir. […]“
65. Visto el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, respecto
de las excepciones de fondo establece:
“[…] ARTICULO 164. EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los
procesos podránproponerse las excepciones de fondo en la contestación
de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación
en lista, en los demáscasos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobrecualquiera otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la
pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio
in pejus." […]“
31 Norma derogada por el artículo 68 del decreto 2304 de 1989
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66. De la normativa transcrita, se concluye que en materia contencioso
administrativa, la derogatoria del artículo 163 del Decreto – Ley 01 de 1984
que establecía las excepciones previas, condujo a que en el trámite de los
procesos conocidos por esta jurisdicción, solo quedara reconocida la
proposición de excepciones de fondo, sin perjuicio que el fallador pudiera
decidir sobre cualquier otra que encontrara probada, al tenor del artículo
164 ibídem, por lo que se pasará a continuación al análisis en el mismo
orden propuestas por SINTRAFEC, como tercero con interés en las
resultas del proceso.
Excepción de inepta demanda
67. Visto el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre la
remisión al entonces Código de Procedimiento Civil.
68. Visto el artículo 100 del Código General del Proceso respecto de las
excepciones previas:
“[…] Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario,
el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro
del término de traslado de la demanda:
[…]
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por
indebida acumulación de pretensiones.
69. Como queda visto, la inepta demanda como excepción previa, tiene
dos manifestaciones principales, una la atinente a la ausencia de requisitos
formales y otra, que es la que interesa en este caso, cuando en la demanda
se presenta de manera indebida acumulación de pretensiones, por lo que no
cualquier irregularidad puede invocarse dentro del contenido de la inepta
demanda, lo cual desbordaría la naturaleza de la excepción, y derivaría en que
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por vía de la excepción previa, no pueda abordarse el estudio de aspectos
propios del fondo del litigio.
70. Como se pudo observar, esta excepción es presentada bajo cuatro
aspectos: i) falta de titularidad de la parte demandante; ii) incongruencia de las
pretensiones; iii) no comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios; y iv) indebida acumulación de pretensiones
Inepta demanda por falta de titularidad
71. Respecto de lo que denomina inepta demanda por falta de titularidad
de laparte demandante, al sostener que el derecho sindical es un derecho
fundamental, y por ende no puede el empleador inmiscuirse en la estructura
sindical, so pena de lesionar su derecho, debe decirse que el medio exceptivo
no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que como ha quedado visto,
el derecho de asociación sindical y su carácter fundamental no es exclusivo
de los trabajadores, si no del cual también son titulares los empleadores. En
este sentido, el artículo 2° del convenio 98 de la OIT relativo a la aplicación de
los principios del derecho de sindicalización, involucra a trabajadores y
empleadores y les asigna garantías contra actos de injerencia de unas
respecto de las otras.
72. Las partes que suscriben una convención colectiva de trabajo se
convierten en titulares de obligaciones y derechos recíprocos, conformados,
por un lado en los trabajadores, quienes, organizados mediante la institución
de la asociación sindical, promueven y defienden sus intereses profesionales,
y de otro lado el empleador, respecto de quien se fijan las condiciones que
regirán los contratos individuales de trabajo que suscriba con sus trabajadores
y las relaciones laborales con los mismos.
73. Los acuerdos que se pacten son fruto de la autonomía de la voluntad,
y por ende, lo que allí se decida necesariamente repercute en el bienestar de
los trabajadores y el desarrollo de las políticas empresariales, esto es, que lo
acordado necesariamente incide en la política organizacional del empleador,
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lo que genera una vinculatoriedad y se convierte parte integral de los contratos
individuales de trabajo.
74. Para la Sala, cualquiera de las partes que integran la relación
colectiva detrabajo, son titulares del ejercicio de las acciones encaminadas a
proteger susintereses, y legitimadas en causa con el fin de obtener protección
de sus derechos en sede administrativa o judicial, de ahí que dentro de la
actuación administrativa, la parte demandada haya notificado no solamente a
SINTRAFEC, sino a las empleadoras.
Inepta demanda por incongruencia en las pretensiones
75. Respecto de la excepción denominada incongruencia de las
pretensiones, se reprocha la pretensión que formula la parte demandante
sobre el restablecimiento del derecho al indicar, que no es objeto de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo referirse a la existencia de un
fuero sindical, siendo objeto de la justicia ordinaria laboral.
76. La Sala en el caso sub examine, considera que la acción está
encaminada a restablecer el orden jurídico que se estima infringido con las
resoluciones acusadas relacionadas con la inscripción de la Junta Directiva
del Comité Regional de Pasto, pretensión que de tener éxito sólo puede estar
referida a la nulidad de dicha decisión.
77. Del resultado del análisis de legalidad de los actos administrativos de
inscripción de la mencionada Junta Directiva, dependerá el restablecimiento
del derecho, que no se concentra en la existencia de algún fuero sindical, sino
en la validez de la inscripción, asunto aquel que es propio de la jurisdicción
ordinaria, por lo que no se dan las condiciones para concluir que exista un
indebido planteamiento de las pretensiones.
Inepta demanda por no integrar todos los litisconsortes
78. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo
además, que la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios
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por lo que en caso de llegar a prosperar las pretensiones de la demanda, se
vulneran los derechos subjetivos de cada uno de los integrantes de la junta
seccional a serelegidos.
79. Visto el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo:
“[…] ARTICULO 364. PERSONERIA JURIDICA. Toda organización sindical
de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de
la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. […]
80. La garantía de otorgar personería jurídica a las organizaciones
sindicales,se refleja en la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones
no solo de la propia organización, sino de todas aquellas personas que la
componen, quese materializa, entre otras, con la facultad para interponer las
respectivas acciones constitucionales, o legales de defensa de sus afiliados,
sin importar si la decisión que se adopte conlleva a la garantía de derechos
individuales desus miembros.
81. La Corte Constitucional, sobre la legitimidad de la que goza la
organizaciónsindical para hacerse parte en un proceso judicial en nombre de
sus afiliados indicó:
“[…] del hecho de que los trabajadores individualmente considerados no
gocen de legitimidad para asumir la representación del Sindicato con el
objetode tramitar asuntos laborales de orden colectivo no se deduce que
al Sindicato, como asociación que canaliza el interés de los trabajadores,
le estévedado obrar, en representación de los asociados, en procura de
reivindicaciones que les son comunes o en búsqueda del cumplimiento
de disposiciones constitucionales y legales respecto de la actividad
laboral de aquéllos.
“Si a todos los sindicalizados o a un número significativo de ellos les
están siendo vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales,
nada seopone a que el Sindicato, en cuanto persona jurídica surgida
justamente para fortalecerlos frente al patrono, tome a cargo la
representación de los afectados, ante comportamientos de aquél que
sean contrarios al ordenamiento jurídico o violatorios de sus derechos
fundamentales, con el objeto de solicitar a los jueces que impartan las
órdenes conducentes al inmediato amparo constitucional. […]”32
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82. Esta Corporación32, al referirse a la improcedencia de integrar como
litisconsortes necesarios a los integrantes de la Junta Directiva de un sindicato,
sostuvo:
“[…] El Código Sustantivo del Trabajo dispone en su artículo 364 que
toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su
fundación y a partir de la asamblea constitutiva, goza de personería
jurídica, sujeta de derechos y capaz de contraer obligaciones, y por
consiguiente en los presentes procesos noes necesaria la vinculación de los
afiliados al sindicato, toda vez que quien realizóla solicitud de inscripción
de cada una de las Juntas Directivas, fue la organización sindical con
personería jurídica “SINALTRABAVARIA”, quien representa su propio
interés y el de sus afiliados.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a todo afilado para
hacerseparte en los procesos, conforme a los artículos 52 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, situación que no aconteció en el sub lite,
por cuanto ningunohizo manifestación al respecto.[…]”
83. La Sala concluye, con las normas citadas y la jurisprudencia que
precede, que la excepción propuesta será negada, no solo por cuanto la
organización sindical goza de personería jurídica que la hace titular de
derechos, dentro del cual se encuentra el derecho de inscripción de las
Subdirectivas y su Junta Directiva, órganos que pertenece a la organización
sindical con personería jurídica propia, lo que la individualiza de sus afiliados.
84. La Sala, como se indicó supra, entiende que no se está cuestionando
el fuero sindical de los miembros de la Junta Directiva, y por ende, no hay
necesidad de vincular a los directivos del Comité Regional de Pasto que
ostentan esta prerrogativa, máxime cuando ellos tienen válidamente
representados sus intereses a través de SINTRAFEC, sindicato que los agrupa
y que promovió, en su momento, las acciones pertinentes para obtener la
inscripción enjuiciada, por lo que se negará la excepción propuesta.
Excepción de caducidad de la acción
85. Visto el artículo 136 del CCA, dispone:
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 23 de
septiembre de 2010, Consejero Ponente doctor Luis Rafael Vergara Quintero.
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“[…]
ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones.
[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas
a particulares de buena fe. […]”
86. Indica el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que
existe caducidad de la acción, como quiera que se pretende demandar en
acción de nulidad y restablecimiento del derecho un acto que fue expedido el
19 de septiembre de 2006, por lo que la demanda debió haberse presentado
el 19 de enero de 2007 y no el 25 de julio del mismo año por cuanto para dicho
momento ya había operado la caducidad.
87. La Sala encuentra, frente a la excepción de caducidad de la acción,
que en el caso sub examine, corresponde a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que de acuerdo con el artículo 136 del C.C.A.
inciso 2°, “(…) caduca al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de lapublicación, notificación, comunicación o ejecución del acto,
según el caso.(…)”
88. De acuerdo con el contenido de la Resolución núm. 316 de 15 de
mayo de 2007 expedida por la Inspectora de Trabajo de Pasto, por medio de la
cual se ordena la inscripción de la nueva Junta Directiva del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Federación Nacional de cafeteros de Colombia
SINTRAFEC; de la Resolución núm. 609 de 23 de julio de 2007 expedida por
la Inspección de Trabajo de Pasto por medio de la cual se resolvió un recurso
de reposición; y de la Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de 2007, ,
mediantela cual “[…] se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por
laCoordinadora del Grupo Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nariño, se
tratan de actos administrativos de carácter particularque debían ser notificado
de manera personal a los interesados de acuerdo con el artículo 44 del C.C.A.
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89. Por tanto, la caducidad de la acción se debía computar a partir de la
fecha en que quedó ejecutoriada la Resolución núm. 8 5 5 de 1 9 de
s e p t i e m b r e de 2007, mediante la cual “[…] se resuelve un recurso de
apelación […]”, que deacuerdo con la constancia de ejecutoria visible a folio
42 del expediente, ocurrió el día 2 de octubre de 200733, contando entonces la
parte demandante con la posibilidad de presentar la demanda hasta el día 3
de febrero de 2008 y, de acuerdo con el acta de reparto de la Secretaría de
esta Corporación34, fue presentada el 23 de enero de 2008, esto es, dentro del
término legal. Por lo anterior no se acogerá esta excepción.
Declinatoria de jurisdicción
90. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostiene que
existe declinatoria de jurisdicción, al decir que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo perdió competencia para pronunciarse de fondo sobre la acción
por cuanto con fundamento en la sentencia C-465 de 2008, los actos de las
autoridades administrativas relacionadas con los estatutos y juntas directivas
constituye una simple inscripción para efectos de publicidad frente a terceros.
91. La Sala negará la excepción propuesta, por cuanto si bien es cierto
que se presume que la elección de la Junta Directiva ha cumplido con las
formalidades legales, el funcionario competente del ministerio debe efectuar
una confrontación de la reforma con las normas pertinentes en el desarrollo
de la elección de la Junta Directiva, con el fin de determinar si se respetaron
las disposiciones estatutarias antes de proceder a la correspondiente
inscripción, y en virtud de la garantía del derecho fundamental al debido
proceso, es necesaria la notificación de la resolución al Sindicato y al
empleador, pues más que una restricción al derecho sindical, es un derecho
para quienes están directamente relacionados con la decisión, sin que
implique vulneración del derecho de asociación sindical, pues tiene como
finalidad legítima la protección de la seguridad jurídica y el cumplimiento de
33 La demandante Almacafé fue notificada personalmente el 24 de septiembre de 2007, por lo
que la demanda también es oportuna.
34 Cfr. Folio 29 del expediente, en concordancia con el índice núm. 1 Samai.
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los requisitos legales para su conformación.
92. Esta Corporación35, ha considerado el acto de inscripción de la junta
directiva de una organización sindical como un acto creador de situaciones
jurídicas nuevas, de las cuales emanan derechos y obligaciones para el
sindicato y pone fin a la actuación administrativa, es cumplida por el Ministerio
de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), lo que significa que la
decisión administrativa debe ser notificada personalmente a los interesados y
es susceptible de los recursos de la vía gubernativa, y por lo tanto susceptible
de control judicial.
93. Respecto de demás medios de defensa propuestos, tanto por la parte
demandada, como por el tercero con interés directo, por estar relacionadas
con el fondo de la controversia, se desarrollarán y definirán en el caso
concreto, en donde se determinará si el Ministerio de la Protección Social
podía válidamente inscribir la Junta Directiva de un Comité Regional, que no
tenía el número mínimo de afiliados para conformarse y mantenerse, conforme
a lo establecido en el artículo 55 de la ley 50 de 1990.
Análisis del caso concreto
94. Visto el artículo 5536 de la Ley 50 de 1990 sobre las directivas
seccionales,establece:
“[…]
Artículo 55. Directivas Seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus
estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos
municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un
número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá
prever la creación de Comités Seccionales en aquellos municipios
distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el
que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros.
No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio. […]”
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 11 de
julio de 2002, expediente 2001-0659, Actor: Cervecería Águila S.A., Consejero Ponente doctor Tarcisio
Cáceres Toro.
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Norma que adiciona el Capitulo VI del Título I Parte Segunda del Código Sustantivo del Trabajo.
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95. La norma citada permite establecer que los estatutos de los
Sindicatos incluyan entre sus órganos de dirección, además de los
propiamente dichos de carácter central, secciones o “seccionales” que
constituyen una subdivisión de aquellos y las que suelen denominar
Subdirectivas o Comités. Las Subdirectivas y Comités cumplen similares
funcionales del Sindicato Nacional pero a nivel regional.
96. El artículo 55 de la Ley 50 de 1990 fue declarado exequible por la
Corte Suprema de Justicia y, posteriormente por la Corte Constitucional37
97. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del aparte “No podrá
haber más de una subdirectiva o comité por municipio”, en los siguientes
términos:
“(…) Permitir la creación de subdirectivas y comités seccionales, en
aquellos municipios distintos al del domicilio principal del
sindicato, e indicar que no podrá haber más de una subdirectiva o
comité por municipio, apenas impone unos requisitos mínimos e
indispensables para el normal funcionamiento y organización de un
sindicato, que permiten ampliar su campo de acción y así garantizar los
derechos de asociación y libertad sindical, así como el de participación
de quienes lo integran. Cabe observar, que las normas acusadas acogen
una perspectiva descentralizadora en beneficio de la representación de
los trabajadores, que tiende ‘a dar una mayor garantía al derecho de
asociación y al principio de libertad sindical, y a la modernización de las
instituciones del derecho colectivodel trabajo’. Además, en cuanto a que
no pueda existir más de unasubdirectiva o comité por municipio,
debe señalarse que el derecho de participación democrática en las
organizaciones sindicales no puede soportarse en la simple
existencia de un gran número de directivas o comités seccionales
en un mismo municipio, lo que podría entorpecer su normal
funcionamiento, sino en garantizar la real y efectiva participaciónde
todos los trabajadores en las decisiones que los afectan y en la
defensa de sus intereses comunes, lo que se logra con la
posibilidad decrear una subdirectiva o comité por municipio y en
un lugar distinto al del domicilio principal del sindicato” (resaltado
fuera del texto).
37
Corte Suprema de Justicia, sentencia 115 de 26 de septiembre de 1991, M. P. Dr. Jaime Sanín G.
yCorte Constitucional. Sentencia C-043 de 1 de febrero de 2006, M. P. Dra. Clara Inés Vargas
Hernández.
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98. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación38, concluyó
en relación a las afiliaciones mínimas exigidaspara conformar una Subdirectiva
(25), o un Comité Regional (12), que estas deben provenir de personal
sindicalizado que labore en el municipio donde se origine o funcionen
cualquiera de esas subdivisiones:
“[…]
Aunque la reforma laboral de 1990 no es innovadora en lo
referente a la organización de las seccionales de los sindicatos, sí
adopta algunas variantes que conviene precisar:
– Para la creación de una subdirectiva seccional es requisito
indispensable que en el municipio respectivo el sindicato tenga
un número no inferior a veinticinco (25) afiliados. Por
consiguiente, la ley no permite que con el propósito de
alcanzar el mínimo requerido, puedan unirse o reunirse
afiliados de varios municipios.
– Ciertamente para la debida constitución de una
subdirectiva seccional es menester que el sindicato tenga no
menos de veinticinco (25) miembros en un determinado
municipio. Pero la leyha previsto, para que no haya que acudir a
la organización de un sindicato diferente, que una vez constituida
la subdirectiva, pueda extender su radio de acción a otro u otros
municipios, de manera que esté en condiciones de atender las
necesidades e inquietudes de otrostrabajadores que residen fuera
de su sede y que, por su número, no podrían formar siquiera un
comité seccional. Con esta viabilidad jurídicase concentra la fuerza
en un solo sindicato, se fortalece el derecho de asociación y se
facilita la defensa de los intereses de los trabajadores; y es
especialmente aplicable entratándose de organizaciones sindicales
de industria o por rama de actividad económica, formadas por
individuos que prestan sus servicios en varias empresas que
pueden estar situadas en distintos municipios, como también
respecto de sindicatos gremiales, formados por individuos de una
misma profesión, oficio o especialidad” (resaltado fuera del texto)38
[…]”
99. La Sección Primera de esta Corporación39, prohijando los
planteamientos contenidos en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil citada supra, en torno al tema de la violación del artículo 55 de la Ley 50
de 1990,y tratándose de la creación de comités y subdirectivas seccionales,
38
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 6 de junio de 1995, radicación No. 694,
actor:Ministerio de Trabajo, M.P. Dr. Javier Henao Hidrón.
39
Consejo de Estado, Sentencia 2001-00276 de fecha 17 de septiembre de 2009. Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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consideró lo siguiente:
“[…] La demanda básicamente descansa en el hecho de que en Santa
Marta no podía haber un Comité Regional de SINTRAFEC porque el
número de trabajadores afiliados con sede laboral en dicho Municipio, no
alcanza a 12. Porello, estima que se violó el artículo 55 de la Ley 50 de
1990, que es del siguientetenor:
[…]
Estima la Sala que asiste razón a las actoras y que, en consecuencia, los
actos acusados deben anularse.
En efecto, si bien es cierto que la norma estatutaria transcrita prevé que
pueda constituirse un Comité Regional con un mínimo de 10 afiliados de
distintos lugares, no lo es menos que tal norma, conforme lo reconoce la
entidad demandada al contestar la demanda, es anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 50 de 1990 pues lo estatutos fueron aprobados
mediante Resolución núm. 0413 de 13 de febrero de 1989 (folio 67).
Conforme lo precisó la Sala en sentencia de 9 de mayo de 2001
(Expediente núm. 5570, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), a la luz de lo preceptuado en el artículo 39, inciso 2º,
de la Constitución Política, los sindicatos y las organizaciones sociales y
gremiales están sujetos al orden legal y a los principios democráticos.
De tal manera que los estatutos de SINTRAFEC, en razón de la entrada
en vigencia de la Ley 50 de 1990, deben adecuarse a sus prescripciones.
Así lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación a través de la Sala
de Consulta y de la Sección Segunda de la Sala Contenciosa
Administrativa, cuyos pronunciamientos, por haberse proferido frente a
asuntos similares al aquí analizado, se prohíjan en esta oportunidad.
Al efecto dijo esta Corporación en sentencia de 7 de mayo de 1998
(Expediente núm. 15627, Consejera ponente doctora Dolly Pedraza de
Arenas), en la que reiteró el concepto de la Sala de Consulta de 6 de junio
de 1995, Radicación núm. 694, Consejero ponente doctor Javier Henao
Hidrón:
[…]
En este caso, según se infiere del documento obrante a folio 7 del
expediente, son cinco los afiliados a SINTRAFEC con sede en Santa
Marta, lo que, según las voces del artículo 55 de la Ley 50 de 1990, impide
la constitución de un Comité Regional en dicho lugar.
Así pues, es del caso declarar la nulidad de los actos acusados y, a título
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de restablecimiento del derecho, lo que resulta procedente es ordenar a
la entidaddemandada que cancele la inscripción de la Junta Directiva del
Comité Regional de Santa Marta del sindicato SINTRAFEC […]”
(Subrayado fuera detexto)
100. De las normas y de la jurisprudencia que se invocan, y con el objeto
de resolver el caso particular, se tiene que para la conformación válida de un
Comité Regional se exige: i) que en los estatutos de la respectiva organización
este prevista esta posibilidad; ii) que el Comité tenga sede en un municipio
distinto a aquel en el cual el sindicato tiene su domicilio principal; iii) que en el
municipio respectivo el sindicato tenga un número no inferior a doce (12)
afiliados tratándose de Comité seccional, ni menor a veinticinco (25) en el caso
de subdirectivas, estas afiliaciones deben provenir de sindicalizados que
laboren en la sede donde se cree o funcione ese órgano de representación
territorial; y iv) que no exista más de un comité por cada municipio.
101. En el asunto sub examine, de los requisitos que se reseñaron, la
demanda cuestiona el relacionado con el número de afiliados, y que con la
documental que reposa en el plenario se tiene lo siguiente:
102. El Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia SINTRAFEC, cuenta con personería jurídica núm 00058 de 14 de enero
de 1959,40 y domicilio principal en el municipio de Chinchiná – Caldas.
103. El Comité Regional Pasto, del Sindicato de Trabajadores de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia cuenta con 16 trabajadores afiliados.
104. De las certificaciones obrantes a folios 11 y 12 del cuaderno de pruebas,
se observa que, en el Comité Regional Pasto, para la fecha de la elección de la
Junta Directiva, contaba con los siguientes afiliados al sindicato:
107.1 Empleados de Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. afiliados
a SINTRAFEC:
40 Cfr. Folio 52 de la solicitud
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NOMBRE SEDE DE
TRABAJO
Diaz Arciniegas Ignacio Javier Pasto
Paredes Andrade Jorge Luis Pasto
Viteri Yela Argelia del Rosario Pasto
Benavides Suárez Alvaro Pasto
107.2 Empleados de la Federación Nacional de Cafeteros afiliados a
SINTRAFEC:
NOMBRE SEDE DE
TRABAJO
Paredes Héctor Alirio Mora Pasto
Arciniega Hernán Pasto
Guatusmal Matabanchoy Carmela Pasto
Ortiz Obando Myriam Concepción Pasto
Ortiz de la Espriella Clemencia Pasto
Pardo Castillo Ricardo Dario Pasto
Rodriguez Hernández Jaime Roberto Pasto
Caicedo Bravo José Libardo Buesaco
Marroquín Marroquín Jaime Aurelio Los Andes
López Arcos Rosa Idalia Alban
Castillo Chamorro Carlos Cesar Sandoná
Pantoja Andrade Edgar Edmundo Sandoná
105. La Sala, de las pruebas que se aportan al expediente del proceso de la
referencia, puede establecer que el Comité Regional de Pasto no cuenta con las
doce (12) afiliaciones mínimas con domicilio en el municipio de Pasto exigidas en el
artículo 55 de la Ley 50 de 1990, toda vez que los sindicalizados con sede laboral
en esa ciudad corresponde únicamente a once (11) afiliados, por lo que al no contar
dicho Comité con las afiliaciones exigidas para su funcionamiento válido, es claro
que las resoluciones que inscribieron su Junta Directiva están viciadas de nulidad.
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106. La Sala reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y si bien
reafirma el carácter fundamental de la libertad sindical y del derecho de asociación
sindical, insiste en que estos no ostentan un carácter absoluto, por cuanto la misma
Carta Fundamental en su artículo 39, condiciona el ejercicio de dicha autonomía a
que su estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujeten al orden legal y a los principios democráticos41.
107. Se reiterará la jurisprudencia que sobre el particular ha tenido esta
Corporación, en el sentido de indicar que los estatutos de las organizaciones
sindicales que sean contrarias al artículo 55 de la Ley 50 de 1990, deben
adaptarse a esta y a sus reglamentos, toda vez que las normas laborales por
ser de orden público, producen efecto general e inmediato de acuerdo con los
artículos 14 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Así lo sostuvo esta
Corporación cuando afirmó:
“[…] Por ser de orden público, las normas laborales producen efecto general inmediato,
tal como se deduce de los preceptos contenidos en los artículos 14 y 16 del Código
Sustantivo del Trabajo. De ahí que, al entrar a regir el artículo 55 de la Ley 50 de 1990,
relativo a subdirectivas y comités sindicales, las disposiciones de los estatutos de
organizaciones de trabajadores contrarias a dicha norma, han debido adaptarse a la nueva
reglamentación; y que solamente pueda efectuarse la inscripción de los representantes de
subdirectivas seccionales sindicales, en el registro correspondiente, cuando se cumplan los
requisitos previstos en la Ley 50 de 1990 y sus reglamentos” “[…] 42
108. La Sala no acoge los argumentos de la defensa según la cual, los
Comités Regionales, entre ellos el de Pasto, ha estado reconocido desde la
Convención Colectiva de 1959 y que los estatutos de SINTRAFEC prevean la
conformación de estas subdivisiones, en condiciones diferentes a la previstas
en el artículo 55 de la ley 50 de 1990, no consolidan, por la presunción de
legalidad que pueden amparar a esas actuaciones, derechos adquiridos, ni da
lugar a la vulneración del principio del pacta sunt servanda que invoca el
Sindicato.
41 Sentencia C-797 de 2000, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
42 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 694 de 6 de junio de 1995. En la misma
línea pueden consultarse: Sentencias de 23 de septiembre de 2010, expedientes acumulados Nos. 005-
2001, 004-2001, 006-2001 y 009-2001, actores: Bavaria S.A y Malterias de Colombia, M.P. Dr. Luis Rafael
Vergara Quintero; de 17 de septiembre de 2004, expediente No. (0276-01), actor: Almacenes Generales
de Depósito de Café S.A. y otro, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; de 7 de mayo de 1998,
expediente No. 15627, actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, M.P. Dra. Dolly Pedraza de
Arena
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Conclusión
Para la Sala, no era válido fundar la viabilidad de la inscripción de la Junta
Directiva del Comité Regional de Pasto únicamente en la preexistencia de otra
Junta Directiva, en razón a que en virtud del artículo 39, inciso 2º de la
Constitución Política los sindicatos y las organizaciones gremiales se
encuentran sujetos al orden legal y a los principios democráticos, y por la misma
razón, el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) al no
haber confrontado si las disposiciones estatutarias que le sirvieron de
fundamento, en cuanto al número y a las características de afiliaciones exigidas,
estaban dentro de los límites contenidos en el artículo 55 de la ley 50 de 1990,
otorgó, a través de las resoluciones enjuiciadas, una inscripción de Junta
Directiva sin haber lugar a ello, lo que conlleva a que se declare su nulidad
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por el
Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
SINTRAFEC.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 316 de 15 de mayo
de 2007, por la cual se ordena la inscripción de una nueva Junta Directiva,
expedida por la Inspectora de Trabajo de Pasto – Nariño; de la Resolución núm.
609 de 23 de julio de 2007, mediante la cual se resuelve un recurso de
reposición, expedida por el Inspector de Trabajo de Pasto – Nariño; y de la
Resolución núm. 855 de 19 de septiembre de 2007, mediante la cual “[…] se
resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por la Coordinadora de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nariño, de la entidad demandada, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Ausente en comisión
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente (E) Consejero de Estado
Consejero de Estado
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley
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