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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00101-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00101-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba». SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; del Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005; y del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004, expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba». TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin costas en esta instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00101-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad simple

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)

Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

Demandada: Universidad Tecnológica del Chocó- Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».

Tema: La conformación del Consejo Superior Universitario en universidades
del orden nacional. La presencia del Ministro de Educación o de su
delegado. La autonomía de las universidades no es un principio absoluto

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir, en única instancia, las demandas de nulidad que fueren
instauradas por los señores Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia
Casas contra el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba».

I. ANTECEDENTES

1. La demanda del proceso radicado: 11001-0324-000-2008-00101-00

1.1. Las pretensiones

1. El ciudadano Yadir Antonio Torres Palacios, en adelante parte demandante, en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo (CCA) presentó escrito de demanda1 contra la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba», en adelante parte demandada, con
el fin de cuestionar la presunción de legalidad de algunos apartes del Acuerdo 018
de 28 de mayo de 1997 y del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004. Por ello, solicitó
que se declare la nulidad de las siguientes disposiciones2:

1 Folios 1 a 23 del Cuaderno 2.
2De manera textual, señaló: «[…] PRIMERO: Que se declare la Nulidad del PARÁGRAFO PRIMERO DEL

[ARTÍCULO 14] ACUERDO Nro. 018 del 18 (sic) de Mayo de 1997, que en su tenor literal expresa: “En
ausencia del Ministro de Educación o su delegado presidirá las sesiones del Consejo Superior el
Consejero que acuerden los demás miembros de la Corporación”; por ser este contrario a la ley.
SEGUNDO: Que se declare la Nulidad del PARÁGRAFO PRIMERO [ARTÍCULO 13] DEL ACUERDO Nro.
021 del 31 de Agosto de 2004, que en su tenor literal expresa: “En ausencia del Ministro de Educación o
su delegado, presidirá las sesiones del Consejo Superior Universitario, el Consejero que sea escogido
por un mínimo de cinco (5) votos de los asistentes”; por ser este contrario a la ley.

2

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

• El parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997, que
en su tenor literal expresa: «[e]n ausencia del Ministro de Educación o su
delegado presidirá las sesiones del Consejo Superior el Consejero que
acuerden los demás miembros de la Corporación».

• El parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, que
en su tenor literal expresa: «[e]n ausencia del Ministro de Educación o su
delegado, presidirá las sesiones del Consejo Superior, el Consejero que sea
escogido por un mínimo de cinco (5) votos de los asistentes”».

2. En igual sentido y como consecuencia de lo anterior, solicitó se declaren nulos
los siguientes acuerdos que fueron aprobados por el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba», al no haber estado
presididos por la Ministra de Educación o su delegado según lo exige el numeral 1°
del artículo 64 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 19923:

• El Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004 «Por el cual se reforma el
Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”».

• El Acuerdo 036 del 14 de julio de 2005 «Por el cual se expide el Estatuto
de la Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”».

• El Acuerdo 038 del 16 de diciembre de 2004 «Por el cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0021 del 31 de agosto de 2004 y se autoriza al
señor rector para hacer una compilación de normas”».

1.2. Los hechos

3. El actor narra los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4. El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis
Córdoba», dispuso lo siguiente en el parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018
de 28 de mayo de 1997 «[…] [e]n la ausencia del Ministro de Educación o su
delegado presidirá las sesiones del Consejo Superior el Consejero que acuerden
los demás miembros de la Corporación».

5. El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis
Córdoba», ordenó expresamente lo siguiente en el parágrafo 1° del artículo 13 del

3 Publicada en el Diario Oficial 40.700 de diciembre 29 de 1992.

Las pretensiones son del siguiente tenor: «TERCERO: Como consecuencia a la anterior declaración, solicito se
declaren NULOS y SE DEJEN SIN EFECTOS JURÍDICOS los ACUERDOS aprobados por el Consejo
Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó en sesiones ordinarias o extraordinarias sin que las
mismas hubiesen sido presididas por la Ministra de Educación Nacional o su Delegado e igualmente
suscritos por personas diferentes a las que establece la ley, tal como expresamente establece la Ley 30 de
1992 en su numeral 1° del Artículo 64, tales como:
• Que se declare la Nulidad del Acuerdo Nro. 021 del 31 de agosto de 2004 “Por el cual se reforma el
Estatuto General de la de la (sic) Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.
• Que se declare la Nulidad del Acuerdo Nro. 036 del 14 de julio de 2005 “Por el cual se expide el Estatuto
de la Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
• Que se declare la Nulidad del Acuerdo Nro. 038 del 16 de Diciembre de 2004 “Por el cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0021 del 31 de agosto de 2004 y se autoriza al señor rector para hacer una
compilación de normas”». (Negrilla original del texto)

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004: «[e]n ausencia del Ministro de Educación o
su delegado, presidirá las sesiones del Consejo Superior el Consejero que sea
escogido por un mínimo de cinco votos de los asistentes».

6. Los miembros del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó,
amparados en el parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de
2004, designaron a los señores Arturo Ferrer Carrasco, Ovidio Cortez García y
Hernán Julio Mosquera Pérez para que presidieran el Consejo Superior de la
Universidad «revistiéndolos de la calidad de PRESIDENTE AD HOC».

7. El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó aprobó los
Acuerdos 021 de 31 de agosto de 20044, 036 de 14 de julio de 20055 y 038 de 16
de diciembre de 20046 en sesiones presididas, en su orden, por los señores Arturo
Ferrer Carrasco, Herman Julio Mosquera Pérez y Ovidio Cortez García, en su
calidad de presidentes ad hoc, a sabiendas de que para dicha fecha, el señor
Andrés Uriel Gallego Henao era quien debía presidir el máximo órgano de dirección
y de gobierno de la Universidad pues, mediante Resolución 042 de 17 de enero de
2003, la Ministra de Educación de ese entonces, la señora Cecilia María Vélez White
«designó al Doctor ANDRES URIEL GALLEGO HENAO […] como delegado de la
Ministra de Educación Nacional, ante el Consejo Superior de la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO LUIS CÓRDOBA”».

1.3. El concepto de la violación

8. El demandante consideró desconocido el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de
28 de diciembre de 1992, norma que señala que el consejo superior universitario es
el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y debe estar integrado
por el Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso
de las instituciones del orden nacional.

9. Precisó que la Universidad Tecnológica del Chocó es un Establecimiento
Educativo del Orden Nacional, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, el consejo superior de esa universidad
debía estar presidido por la Ministra de Educación o su delegado.

10. En consecuencia, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba»
no podía establecer, como en efecto lo hizo que, ante la ausencia del Ministro de
Educación o su delegado a las sesiones del consejo superior universitario, las
mismas podían ser presididas por el consejero que fuera escogido por un mínimo
de cinco (5) votos de los asistentes, pues ello resulta contrario al literal a) del
artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

11. En apoyo de su argumentación, hizo referencia a la sentencia C- 589 de 1997
de la Corte Constitucional (Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz), por medio de
la cual se declaró exequible el artículo 64 de la Ley 30 de 1992. Siguiendo dicho

4 «Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”».
5 «Por el cual se expide el Estatuto de la Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó».
6 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0021 del 31 de agosto de 2004 y se autoriza al señor rector

para hacer una compilación de normas”».

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

derrotero jurisprudencial, destacó que la referida ley realiza una cualificación para
efectos de diferenciar quién debe presidir dicho cuerpo colegiado, así: el Ministro lo
dirigirá cuando la universidad sea del orden nacional, mientras que el gobernador
hará lo propio cuando se trate de una universidad del nivel territorial.

1.4. La adición de la demanda

12. A través de memorial visible a folios 311 a 320 del Cuaderno 2, el actor adicionó
la demanda para incluir como actos enjuiciados los siguientes acuerdos expedidos
por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó:

• El Acuerdo 00035 de 30 de octubre de 2008 «Por medio del cual se autoriza
una gestión7».

• El Acuerdo 00034 de 30 de octubre de 2008 «Por medio del cual se concede
una comisión de estudios»8.

• El Acuerdo 0040 de 28 de noviembre de 2008 «Por medio del cual se
reglamenta la Inscripción y se fija el cronograma para ejecutar el proceso de
designación de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba” y se dictan otras disposiciones»9.

• El Acuerdo 0042 de 19 de diciembre de 2008 «Por medio del cual se
autoriza al Rector para suscribir un convenio»10.

• El Acuerdo 001 de 6 de enero de 2009 «Por el cual se expide el Estatuto
General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba»11.

• El Acuerdo 003 de 13 de enero de 2009 «Por el cual se expide el
Reglamento Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó»12.

• El Acuerdo 0004 de 29 de enero de 2009 «Por el cual se deja sin efectos el
Acuerdo 0040 de noviembre 28 de 2008 a través del cual se reglamentó la
inscripción y se fijó el cronograma para ejecutar el proceso de designación de
rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y se
dictan otras disposiciones»13 y;

• El Acuerdo 0005 de 29 de enero de 2009 «Por medio del cual se reglamenta
la inscripción y se fija el cronograma para ejecutar el proceso de designación
de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y se
dictan otras disposiciones»14.

7 Folio 321 del Cuaderno 2.
8 Folios 322 a 322 del Cuaderno 2.
9 Folios 324 a 326 del Cuaderno 2.
10 Folios 327 a 328 del Cuaderno 2.
11 Folios 329 a 376 del Cuaderno 2.
12 Folios 377 a 385 del Cuaderno 2.
13 Folios 386 a 387 del Cuaderno 3.
14 Folios 389 a 391 del Cuaderno 3.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

13. Los hechos narrados en el escrito de adición de la demanda se sintetizan en el
siguiente sentido:

14. Señaló que el Consejo de Estado, en auto de 24 de julio de 2008, ordenó
suspender los efectos jurídicos del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de
28 de mayo de 1997; del parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto
de 2004; el Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; el Acuerdo 036 de 14 de julio de
2005; y el Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004, todos expedidos por el Consejo
Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».

15. Precisó que mediante Oficio 094 de 26 de enero de 2009 (recibido por la
Universidad Tecnológica del Chocó según constancia de la jefe de la oficina 4-72
Red Postal de Colombia), la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado le comunicó al señor rector de la Universidad del Chocó «Diego Luis
Córdoba» la decisión contentiva de la suspensión provisional ordenada mediante
auto de 24 de julio de 2008, e igualmente le previno respecto de la imposibilidad de
reproducir los actos anulados.

16. Anotó que los acuerdos citados ut supra fueron expedidos con fundamento en los
Acuerdos 021 de 31 de agosto de 2004 y 036 de 14 de julio de 2005, normas que
fueron suspendidas por el Consejo de Estado.

17. Además de lo anterior, afirmó que los citados acuerdos «[…] fueron aprobados
por miembros del Consejo Superior no legitimados para actuar como tal y mucho
menos para aprobar acuerdos al interior del Consejo de la Universidad, en primer
lugar, porque su elección se produjo con fundamento en unas normas hoy
suspendidas y en segundo lugar y en gracia de discusión, porque según el mismo
SECRETARIO GENERAL de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis
Córdoba», el acta de posesión no esta (sic) aprobada de acuerdo a [lo] manifestado
en escrito del 23 y 27 de enero del presente año, los cuales anexo como pruebas 15».

18. Agregó que el artículo 8° del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004, adicionó
un parágrafo al artículo 18 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, lo cual
desconoce el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, dado que esta norma no faculta a los
consejos superiores universitarios para determinar cómo se deben presidir los
mismos.

19. Puso de presente que la señora Ministra de Educación Nacional firmó dichos
acuerdos como si hubiera presidido personalmente las sesiones ordinarias o
extraordinarias realizadas en la ciudad de Quibdó, en las cuales tuvo lugar la
aprobación de los referidos acuerdos.

2. La demanda del proceso radicado 11001-0324-000-2008-00306-00

2.1. Las pretensiones

15 Cita aparece visible en el folio 315 del Cuaderno 2.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

20. El ciudadano Armando Valencia Casas, en adelante parte demandante,
actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 84 del Código Contencioso Administrativo instauró demanda contra la
Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba», en adelante parte
demandada, con el fin de cuestionar la legalidad del numeral 5° del artículo 13
(parcial); de los numerales 6° y 7° del artículo 24 (parciales); y del numeral 5° del
artículo 47 (parcial), todos contenidos en el Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004
«Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba”».

2.2. El concepto de la violación

21. El actor invocó como vulneradas las siguientes normas: los artículos 69, 84,
122, 124 y 150 (numeral 23) de la Constitución Política y; los artículos 64 (inciso d),
68, 71 y 107 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992; transgresión que justificó en
los siguientes argumentos:

2.2.1. Primer cargo. «Violación de los artículos 69, 84, y 150 (numeral 23)
de la Constitución Política»

22. Explicó que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía
universitaria la cual debe ser ejercida con subordinación a la Constitución Política y
a la ley.

23. Manifestó que el artículo 84 de la Carta Política señala que cuando un derecho
o actividad han sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no
pueden exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

24. Estimó vulnerado el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política que
señala que corresponde al Congreso de la República establecer las leyes que rigen
el ejercicio de la función pública. A su juicio, el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó se abrogó una función exclusiva del legislador al incorporar
exigencias no señaladas en la Ley 30 de 1992 para ser representante de los
profesores del Consejo Superior Universitario; de los profesores y de los estudiantes
del Consejo Académico y; de los estudiantes del Consejo de Facultad.

25. Subrayó que las inhabilidades son señaladas por la Constitución y la ley y no
por los reglamentos internos de las universidades.

2.2.2. Segundo cargo. Violación de los artículos 64 (inciso d), 68, 71 y 107
de la Ley 30 de 1992

26. Adujo que el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó no
podía adicionar requisitos adicionales para ser miembro de dicho órgano de
dirección y gobierno, pues el literal d) del artículo 64 señaló de manera general que
los referidos consejos estarían integrados por un representante de los docentes y
de los estudiantes, sin más requisitos.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

27. En igual sentido, estimó vulnerado el artículo 68 de la Ley 30 de 1992, el cual
señala que el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la
institución el cual debe estar integrado, además del rector quien lo presidirá, por
representantes de los decanos de facultad, de los directores del programa, de los
profesores y de los estudiantes, sin establecer exigencia adicional alguna.

28. Igualmente, reconoció que el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, reconoce que los
profesores de las universidades públicas pueden ser de dedicación exclusiva, de
tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra, norma que también fue
desconocida.

29. Finalmente, consideró vulnerado el artículo 107 de la Ley 30 de 1992 que
reconoce como estudiantes de las universidades públicas a aquellas personas con
matrícula vigente para un programa académico.

3. Las contestaciones de las demandas

3.1. Contestación por parte de la Universidad Tecnológica del Chocó –
Proceso radicado: 2008-00101-00

30. La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba», por conducto de
apoderado judicial contestó la demanda y el escrito de adición de la demanda16.

31. Manifestó que del principio de autonomía universitaria previsto en la
Constitución Política de Colombia, en el artículo 69, y desarrollado en los artículos
3° y 65 de la Ley 30 de 1992, se desprende el derecho de las universidades a darse
y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas;
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los
títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores; admitir a sus alumnos;
adoptar sus correspondientes regímenes y, establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión social y función constitucional.

32. Expuso que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución
Política de 1991, el legislador expidió la Ley 30 de 1992 «Por la cual se organiza el
Servicio Público de Educación Superior», con el objetivo de garantizar la autonomía
universitaria y velar por la calidad de ese servicio público a través de la inspección
y vigilancia.

33. Agregó que el artículo 64, literal a) de la Ley 30 de 1992, no reguló la cuestión
de lo que sucede si no asiste el Ministro de Educación o su delegado al consejo
superior universitario; motivo por el cual, ante la ausencia de una regulación legal,
el ente demandado, en ejercicio de su autonomía, reglamentó el tema ordenando
que debía hacerlo el consejero designado por el mismo órgano de dirección.

16 La contestación se encuentra visible en los Folios 227 a 231 del Cuaderno 2 del Consejo de Estado. La

contestación de la adición de la demanda se encuentra visible en los folios 503 a 512 del Cuaderno 3 del
Consejo de Estado.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

34. Señaló que no resulta admisible pretender que el Ministro de Educación
Nacional o su delegado deban presidir las sesiones del consejo superior
universitario como órgano supremo de dirección y gobierno de la universidad, pues
su funcionamiento no puede depender de la voluntariedad de los miembros del
Gobierno.

35. Afirmó que el Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997 fue derogado por el Acuerdo
021 de 31 de agosto de 2004 y, este a su vez fue derogado por el Acuerdo 001 de
6 de enero de 2009. Igualmente, puso de presente que el Acuerdo 036 de 14 de
julio de 2005 fue derogado por el Acuerdo 003 de 13 de enero de 2009. Por ende,
operó la pérdida de la fuerza ejecutoria o el decaimiento del acto administrativo
prevista en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

36. Como respuesta a los hechos esbozados en el escrito de adición a la demanda,
manifestó que la medida cautelar ordenada en autos de 24 de julio de 2008 y de 10
de diciembre de 200817, cobró ejecutoria el día 19 de enero de 2009.

37. Aclaró que los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Chocó
fueron elegidos en el mes de septiembre de 2008, es decir, cuando aún no había
cobrado ejecutoria la decisión de suspensión provisional ordenada por el Consejo
de Estado y, agregó que la posesión de sus miembros no requiere, como requisito
de validez, la aprobación del acta respectiva.

38. Finalmente, estimó que el demandante ignora los desarrollos legales y
jurisprudenciales sobre la utilización de los medios electrónicos en las actuaciones
judiciales y administrativas.

3.2. Contestación por parte de la Universidad Tecnológica del Chocó -Proceso
radicado 2008-00306-00

39. La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» contestó de
manera oportuna la demanda, apoyada en los siguientes argumentos de defensa:

40. Manifestó que los establecimientos de educación superior, públicos o privados,
para su funcionamiento se rigen por el ordenamiento legal y por los estatutos que
adopten en ejercicio de su autonomía.

41. Observó que el núcleo esencial de la autonomía universitaria de las
universidades a diferencia de los establecimientos públicos comprende el derecho
a adoptar sus propios estatutos impidiendo que las mismas se encuentren
supeditadas al poder ejecutivo.

42. Finalmente, planteó que el Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004 «Por el cual
se reforma el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”» fue derogado por el Acuerdo 001 de 6 de enero de 2009. Por ello, operó
la figura de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo, motivo por el
cual resulta «inocuo un pronunciamiento de mérito».

17 Folios 202 a 211 del Cuaderno 2.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

4. Trámite procesal relevante

4.1. Proceso 2008-00101-00

43. Mediante auto de 24 de julio de 200818, se admitió la demanda y, en esa misma
providencia, se accedió a la solicitud de suspensión provisional de los efectos
jurídicos del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997;
del parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; del
Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; del Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005; y
del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004, todos expedidos por el Consejo
Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».

44. A través de auto de 10 de diciembre de 200819, se confirmó la medida cautelar
decretada, al desatar el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada20.

45. Mediante auto de 9 de julio de 200921, se admitió la adición de la demanda.

46. Según proveído de 13 de mayo de 201022, se tuvo como terceros coadyuvantes
a los señores Armando Valencia Casas, Jorge Perea González, Raúl García
Mosquera, William Romaña Mena y German Ibarguen Ospina e igualmente se
denegó la solicitud de adición de la demanda y de la suspensión provisional
formulada por los referidos ciudadanos23.

47. Mediante auto de 12 de agosto de 201424, se decidió decretar la acumulación
de los procesos radicados: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO:
11001-0324-000-2008-00306-00).

48. Mediante proveído de 25 de mayo de 201625 se tuvo como contestada
oportunamente la demanda presentada por la apoderada de la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» del expediente acumulado y se abrió
el proceso a pruebas.

49. A través de auto de 20 de abril de 201826 se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que de considerarlo
pertinente rindiera concepto.

18 Folios 143 a 150 del Cuaderno 2.
19 Folios 202 a 211 del Cuaderno 2.
20 En ese mismo proveído se denegó la petición de vincular al Ministerio de Educación.
21 Folios 458 a 467 del Cuaderno 3.
22 Folios 486 a 495 del Cuaderno 3.
23 Los actos incluidos en el escrito de adición eran: «(i) “Acuerdo Nro. 018 del 18 (sic) de mayo de 1997, literal

B) del artículo 14; (ii) el Acuerdo Nro. 018 del 18 (sic) de mayo de 1997, numeral 2º del artículo 13; (iii) el Acuerdo
Nro. 021 del 31 de agosto de 2004; (iv) el Acuerdo Nro. 0057 del 23 de diciembre de 2005, que fue proferido
con fundamento en el artículo 17, literal 10 del acuerdo Nro. 0021 del 31 de agosto de 2004 (suspendido por la
providencia del 24 de julio de 2008); (iv) el Acuerdo Nro. 001 de agosto 8 de 2005», por mencionar algunos.
Para arribar a tal determinación, se consideró que los citados coadyuvantes pretenden agregar a las
pretensiones de la demanda, la solicitud de nulidad de una serie de acuerdos que no fueron incluidos por el
actor en la demanda y en la adición a la misma. La intervención de los referidos ciudadanos se circunscribió
exclusivamente a dicha actuación procesal.
24 Folios 522 a 523 del Cuaderno 3.
25 Folios 527 a 529 del Cuaderno 3.
26 Folio 587 del Cuaderno 3.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

50. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, todos los sujetos procesales
guardaron silencio27.

4.2. Proceso 2008-00306-00

51. Mediante auto de 5 de marzo de 201028 se admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional de los efectos de los apartes del Acuerdo 021 de 31 de
agosto de 2004 demandados en dicho proceso.

4.3. La acumulación de los procesos judiciales

52. Conforme se indicó ut supra, mediante auto de 12 de agosto de 201429, se
decidió decretar la acumulación de los procesos radicados: 11001-03-24-000-2008-
00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-00306-00), al constatarse el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 157 a 159 del Código de
Procedimiento Civil.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará el
análisis de los siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los apartes demandados
y actos administrativos enjuiciados en este proceso; (iii) la cuestión previa y análisis
de la figura de la pérdida de la fuerza ejecutoria que no impide un pronunciamiento
a cargo de la jurisdicción; (iv) los problemas jurídicos a resolver; (v) consideraciones
sobre la autonomía universitaria y, (vi) el análisis de los problemas jurídicos a
resolver.

1. Competencia

54. Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo 30, que atribuye
a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la competencia
para conocer en única instancia de los procesos de nulidad de los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, norma que resulta
armónica con el Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019, artículo 13,
disposición normativa que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.

2. Los actos y preceptos enjuiciados en este proceso

55. Nulidad parcial del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 18 de mayo
de 1997.

27 Informe secretarial visible a folio 588.
28 Folios 131 a 141 del Cuaderno 1 (expediente 2008-00306-00).
29 Folios 522 a 523 del Cuaderno 3.
30 «[…] ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.
[…]».

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

56. Nulidad parcial de algunos apartes contenidos en el Acuerdo 021 del 31 de
agosto de 2004 «Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”», concretamente, el numeral 5°
(parcial) y el parágrafo 1° del artículo 13; los numerales 6° y 7° del artículo 24
(parciales) y; el numeral 5° del artículo 47 (parcial).

57. Nulidad de los siguientes acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó:

• El Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004 «Por el cual se reforma el Estatuto
General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”»31.

• El Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005 «Por el cual se expide el Estatuto de la
Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó»32.

• El Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004 «Por el cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0021 del 31 de agosto de 2004 y se autoriza al señor
rector para hacer una compilación de normas»33.

• El Acuerdo 00035 de 30 de octubre de 2008 «Por medio del cual se autoriza
una gestión»34.

• El Acuerdo 00034 de 30 de octubre de 2008 «Por medio del cual se concede
una comisión de estudios»35.

• El Acuerdo 0040 de 28 de noviembre de 2008 «Por medio del cual se
reglamenta la Inscripción y se fija el cronograma para ejecutar el proceso de
designación de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba” y se dictan otras disposiciones»36.

• El Acuerdo 0042 de 19 de diciembre de 2008 «Por medio del cual se autoriza
al Rector para suscribir un convenio»37.

• El Acuerdo 001 de 6 de enero de 2009 «Por el cual se expide el Estatuto
General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”» 38.

• El Acuerdo 003 de 13 de enero de 2009 «Por el cual se expide el Reglamento
Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó»39.

• El Acuerdo 0004 de 29 de enero de 2009 «Por el cual se deja sin efectos el
Acuerdo 0040 de noviembre 28 de 2008 a través del cual se reglamentó la
inscripción y se fijó el cronograma para ejecutar el proceso de designación de

31 Folios 70 a 103 del Cuaderno 2.
32 Folios 108 a 113 del Cuaderno 2.
33 Folios 104 a 107 del Cuaderno 2.
34 Folio 321 del Cuaderno 2.
35 Folios 322 a 322 del Cuaderno 2.
36 Folios 324 a 326 del Cuaderno 2.
37 Folios 327 a 328 del Cuaderno 2.
38 Folios 329 a 376 del Cuaderno 2.
39 Folios 377 a 385 del Cuaderno 2.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y se dictan
otras disposiciones»40 y;

• El Acuerdo 0005 de 29 de enero de 2009 «Por medio del cual se reglamenta
la inscripción y se fija el cronograma para ejecutar el proceso de designación de
Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y se
dictan otras disposiciones»41.

3. Cuestión previa. El fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria no impide
el pronunciamiento a cargo del juez sobre la legalidad de los actos
demandados

58. La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» señaló que el
Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997 fue derogado por el Acuerdo 021 de 31 de
agosto de 2004 y este a su vez por el Acuerdo 001 de 6 de enero de 2009. En igual
sentido, anotó que el Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005 fue derogado por el
Acuerdo 003 de 13 de enero de 2009.

59. Por ende, a juicio del ente universitario demandado, en el sub examine operó el
fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria previsto en el artículo 66 del CCA,
por lo que el pronunciamiento a cargo de esta jurisdicción resulta innecesario.

60. Para resolver el anterior cuestionamiento, resulta importante destacar que la
derogatoria del acto administrativo consiste en la expulsión del mundo jurídico de
un acto administrativo por la decisión unilateral o discrecional de la autoridad que
lo expidió y sus efectos son hacia el futuro. Ahora bien, el legislador contempló en
el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, como uno de los eventos en
que tiene lugar la pérdida de fuerza ejecutoria «5. Cuando pierdan vigencia».

61. La jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha señalado que la derogatoria
del acto administrativo no excluye el control de legalidad de las decisiones
administrativas a cargo de esta jurisdicción el cual se justifica por los efectos que
pudo desplegar el acto durante el tiempo en que estuvo vigente. Así lo ha señalado
esta Sección:

«A pesar de que el Decreto 3525 de 2005, fue modificado, entre otros por el
Decreto 2085 de 11 de junio 2008 y derogado por el por el artículo 3.1.1. del
Decreto 1079 de 26 de mayo de 2015, esta Sección se pronunciará de fondo,
teniendo en cuenta el criterio, según el cual, basta que la norma jurídica de
carácter general haya tenido vigencia para que esta jurisdicción se pronuncie
ante una demanda de nulidad que se presente contra ella, en consideración a
los efectos que pudo producir durante su vigencia. Asimismo, porque como lo
ha considerado esta Corporación: i) la derogatoria o el decaimiento del acto
administrativo acusado no restablece per se el orden jurídico
supuestamente vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la norma con
efectos hacia el futuro y ii) porque aún si una normativa ha sido derogada
o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento, sigue amparado
por el principio de legalidad que le protege y que solo se pierde ante
pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende
que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria o

40 Folios 386 a 387 del Cuaderno 3.
41 Folios 389 a 391 del Cuaderno 3.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

su decaimiento, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a
derecho42». (Negrilla fuera de texto)

4. Los problemas jurídicos a resolver

62. De conformidad con los argumentos planteados en las demandas que fueron
acumuladas le corresponde a esta Sala de Decisión analizar los siguientes
problemas jurídicos:

• Si el parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997 y el
parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004 transgreden
lo dispuesto en el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, porque la
Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» no podía disponer, como
en efecto lo hizo, que ante la ausencia del Ministro de Educación o su delegado a
las sesiones del consejo superior universitario, las mismas podían ser presididas
por el consejero que fuera escogido por esa universidad.

• Si los Acuerdos 021 de 31 de agosto de 2004, 036 del 14 de julio de 2005 y 038
del 16 de diciembre de 2004 desconocen lo dispuesto en el literal a) del artículo 64
de la Ley 30 de 1992, por cuanto el delegado de la Ministra de Educación no presidió
las sesiones donde tuvo lugar la aprobación de los referidos acuerdos.

• Si el numeral 5° del artículo 13 (parcial); los numerales 6° y 7° del artículo 24
(parciales) y; el numeral 5° del artículo 47 (parcial) todos contenidos en el Acuerdo
021 de 31 de agosto de 2004, transgreden los artículos 69, 84, 122, 124 y 150
(numeral 23) de la Constitución Política y; los artículos 64 (inciso d), 68, 71 y 107 de
la Ley 30 de 1992, al adicionar requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico
en lo que tiene que ver con las calidades que debe tener el representante de los
profesores [para integrar el Consejo Superior Universitario]; los representantes de
los profesores y estudiantes [para conformar el Consejo Académico] y los
representantes de los estudiantes [para ser parte del Consejo de la Facultad].

• Si son nulos los Acuerdos 00035 de 30 de octubre de 2008, 00034 de 30 de octubre
de 2008, 0040 de 28 de noviembre de 2008, 0042 de 19 de diciembre de 2008, 001
de 6 de enero de 2009, 003 de 13 de enero de 2009, 0004 de 29 de enero de 2009
y; 0005 de 29 de enero de 2009 porque (i) se expidieron con fundamento en los
Acuerdos números 021 de 31 de agosto de 2004 y 036 de 2005, actos
administrativos suspendidos por el Consejo de Estado, mediante autos de 24 de
julio y 10 de diciembre, ambos del 2008 y si ello es causal de nulidad; (ii) el
Secretario General de la Universidad Tecnológica del Chocó, en respuestas de
fecha de 23 y 27 de enero de 2009, indicó que el acta de posesión de los miembros
del Consejo Superior de esa universidad aún no había sido aprobada y, si ello
genera la nulidad de los actos referidos y, (iii) la Ministra de Educación o su delegado
no presidió las sesiones donde tuvo lugar la aprobación de los referidos acuerdos.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre

de 2019, radicado: 11001-03-24-000-2006-00163-01, MP: Hernando Sánchez Sánchez.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

5. Consideraciones generales sobre la educación y la autonomía de las
instituciones universitarias

63. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación «es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social». De esta
manera se reconoce la educación en su doble dimensión: como derecho
fundamental y como servicio público.

64. En su condición de derecho fundamental permite al ser humano acceder al
conocimiento de tipo técnico, científico, humanístico, social y cultural y es
herramienta necesaria para el ejercicio y auge de otros derechos fundamentales
como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el mínimo vital, la
libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. La Corte
Constitucional, a propósito de las finalidades que cumple la educación ha señalado
lo siguiente:

«[…] la educación constituye una herramienta necesaria para el desarrollo y
evolución de la sociedad así como un instrumento para la construcción de la
equidad social. Ha señalado la Corte, puntualmente, que este derecho permite
la proyección social del ser humano, el acceso al conocimiento, a la ciencia y
demás bienes y valores culturales así como la realización de otros derechos
fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad,
el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política.
Su núcleo esencial está representado por el acceso y permanencia en el
sistema educativo. Al tratarse además de un servicio público, su prestación está
a cargo tanto de las entidades estatales como de los particulares, quienes
conjuntamente deben asegurar el adecuado y efectivo cubrimiento del mismo.
Dicho carácter le imprime dos (2) rasgos característicos fundamentales: la
continuidad en la prestación y el funcionamiento correcto y eficaz del sistema
educativo a través del aumento constante de la cobertura y la calidad43».

65. En su faceta de servicio público, corresponde al Estado la función de «[…]
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo» (inciso 5° del artículo 67 de la Constitución Política).
Adicionalmente, le confió la importante tarea de «[…] promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional». (artículo 70
de la Carta Fundamental).

66. La Ley General de Educación44, acorde con el espíritu de la Constitución Política
señala que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de
su dignidad, derechos y deberes (artículo 1°).

43 Sentencias de la Corte Constitucional: T-137 de 2015 y T- 537 de 2017.
44 Ley 115 de 1994 «Por la cual se expide la Ley General de Educación».

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

67. Ahora bien, la Carta Política de 1991 reconoció la importancia de las
universidades como centros de pensamiento que permiten garantizar el desarrollo
humano, social, cultural y colectivo de la sociedad y el diálogo que resulta esencial
para la construcción de la paz.

68. En la búsqueda de dicho propósito, la Constitución Política dotó a las
universidades de autonomía. En efecto, el artículo 69, señala que «[…] las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de
acuerdo con la ley». El mismo canon constitucional defirió al legislador la tarea de
definir el régimen especial de las universidades del Estado.

69. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la autonomía de
las universidades se proyecta en dos facetas: la primera de ellas apunta a la
dirección ideológica del centro, la cual confiere la potestad de señalar los planes de
estudio y los métodos y sistemas de investigación, y la segunda se refiere a la
potestad de adoptar las normas de funcionamiento interno45.

70. Según la Corte Constitucional, el principio de autonomía se concreta en los
siguientes derechos: «(i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los
mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y
administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos,
formativos, docentes, científicos y culturales; (iii) (sic46) seleccionar a sus profesores
y admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus
presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos47».

71. El grado de autonomía universitaria no es absoluto pues dicho principio debe
interpretarse de manera armónica con el conjunto de disposiciones y principios
constitucionales y de manera sistemática con la Ley 30 de 1992, por medio de la
cual se organizó el servicio público de educación superior48.

72. Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha ocupado de establecer una
serie de lineamientos sobre la autonomía de las universidades y los límites de la
misma en sede de tutela y al ejercer el control abstracto de constitucionalidad.

73. En sentencia T- 492 de 199249, la Corte Constitucional esbozó lo siguiente:

«En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para
determinar cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno;
estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus
directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación
de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y
manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas
en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo
incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas

45 Corte Constitucional C- 1435 de 25 de octubre de 2000, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
46 Error en la enumeración.
47 Ibidem.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de

2012, radicado: 11001-03-24-000-2008-00035-00, MP: Marco Antonio Velilla Moreno.
49 T- 492 de 1992, expediente T-1872, Magistrados: José Gregorio Hernández Galindo, Ponente- y Alejandro

Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada
institución universitaria para sus egresados.

En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de
una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos
superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar
previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo citado.

El papel del legislador en la materia es bien importante, ya que es en las
normas legales en donde se encuentran los límites de la señalada
autonomía, a efecto de que las universidades no se constituyan en islas
dentro del sistema jurídico y, por el contrario, cumplan la función social
que corresponde a la educación (artículo 67 C.N.) y a la tarea común de
promover el desarrollo armónico de la persona». (Negrilla fuera de texto)

74. En sentencia C-121 de 200350 discurrió en el siguiente sentido:

«Autonomía que no es de carácter absoluto, como igualmente lo ha
precisado la Corte, pues compete al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad,
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos (art. 67 C.N.); y a la ley establecer las
condiciones requeridas para la creación y gestión de los centros
educativos (artículo 68 C.N.), y dictar las disposiciones generales con arreglo
a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus
estatutos (art. 69 C.N.) Además, el artículo 69 Superior defiere a la ley el
establecimiento de un "régimen especial" para las universidades del Estado, “lo
que significa que estas instituciones se regularán por normas especiales que
pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades de educación
superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre y
cuando con ellas no se vulnere su autonomía”51.

[…]

También la Corte ha identificado otros aspectos concretos que sirven de
límite al ejercicio de la autonomía universitaria como son la competencia
atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con
arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos (C.P. art. 69), la facultad de configuración
legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los
servicios públicos (C.P. art. 150-23) y el respeto por el ejercicio legítimo de los
derechos fundamentales (C.P. arts. 11 y sig.) 52[…]». (Negrilla fuera de texto).

75. De acuerdo con lo anterior, resulta dable señalar que tanto la jurisprudencia
de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado se han ocupado de definir
lo relativo al fundamento constitucional y legal de la autonomía, su contenido y los
límites y han coincidido en considerar que la autonomía se traduce en la capacidad
de «autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa de la que gozan
los centros de educación superior53», la cual se concreta, entre otros atributos, en
la posibilidad de darse y modificar sus estatutos; sin embargo en el ejercicio de su
autonomía las universidades deben observar la Constitución Política y la ley.

50 Corte Constitucional, sentencia C- 121 de 18 de febrero de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández. En dicha

sentencia se analizó la constitucionalidad sobre las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el
Presidente de la República del proyecto de ley que tenía como objeto transformar la naturaleza jurídica de la
Universidad Militar Nueva Granada.
51 (Cita es original): Sentencia C-547 de 1994
52 (Cita es original): Sentencia C-1435 de 2000
53 Sentencia T-310 de 6 de mayo de 1999.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

6. Solución a los problemas jurídicos

6.1. Análisis de la legalidad del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de
28 de mayo de 1997, al igual que el parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo
021 del 31 de agosto de 2004

76. El demandante consideró que el parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018
de 28 de mayo de 1997, al igual que el parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021
del 31 de agosto de 2004 infringen el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992,
porque la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» no podía
disponer que en ausencia del Ministro de Educación o su delegado a las sesiones
del consejo superior universitario, estas podían ser presididas por el consejero que
fuera escogido por esa universidad.

77. Los apartes demandados son del siguiente tenor: (se destacan):

ACUERDO NÚMERO 018 DE 28 DE MAYO DE 1997

«ARTÍCULO 14º. Corresponde al Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, la determinación de las políticas,
objetivos y orientaciones generales de la Institución.

Como máximo órgano de dirección y gobierno su conformación es la siguiente:

a) El Ministro de Educación o su delegado, quien lo presidirá.

[…]

PARÁGRAFO 1°. En ausencia del Ministro de Educación o su delegado,
presidirá las sesiones del Consejo Superior el Consejero que acuerden los
demás miembros de la corporación.

[…]». (Negrilla fuera de texto)

ACUERDO 021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2004

«ARTÍCULO 13º. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. El Consejo
Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, y estará integrado
por:

1. El Ministro de Educación o su delegado, quien lo presidirá.

[…]

PARÁGRAFO 1°. En ausencia del Ministro de Educación o su delegado,
presidirá las sesiones del Consejo Superior el Consejero que sea
escogido por un mínimo de cinco (5) votos de los asistentes.

[…]». (Negrilla fuera de texto)

78. Por su parte, el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, norma invocada
como transgredida dispone:

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

«ARTÍCULO 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de
dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en
el caso de las instituciones de orden nacional.

b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido
vínculos con el sector universitario.

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de
los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector
universitario.

e) El Rector de la institución con voz y sin voto.

PARÁGRAFO 1o. En las universidades distritales y municipales tendrán
asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la
presidencia y no el Gobernador». (Negrilla y subrayado fuera de texto)

79. Según se evidencia, la norma transcrita enlista una serie de miembros que
integran el Consejo Superior Universitario, a saber: (i) el Ministro de Educación
Nacional o su Delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones del orden
nacional; (ii) el Gobernador, quien preside en las universidades departamentales;
(iii) un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido
vínculos con el sector universitario; (iv) un representante de las directivas
académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes,
uno del sector productivo y un ex – rector universitario y; (v) el rector de la institución
con voz pero sin voto.

80. En esas condiciones, resulta claro que el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, al
establecer la forma como estaría conformado el Consejo Superior Universitario,
como máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades dispuso que
debían tener asiento el Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo
presidirá en el caso de las instituciones del orden nacional; el gobernador, quien
preside en las universidades departamentales; un miembro designado por el
Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario; un
representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los
egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo, un ex rector
universitario, y; el rector de la institución con voz y sin voto.

81. Igualmente, la Ley 30 de 1992 les confió las siguientes funciones a los consejos
universitarios, a saber: a) definir las políticas académicas y administrativas y la
planeación institucional; b) definir la organización académica, administrativa y
financiera de la institución; c) velar porque la marcha de la institución esté acorde
con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales; d)
expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución; e) designar y
remover al rector en la forma que prevean sus estatutos; f) aprobar el presupuesto
de la institución; g) darse su propio reglamento y, h) las demás que le señalen la ley
y los estatutos (artículo 65 ibidem).

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

82. La presencia del Ministro de Educación o su delegado, quien además debe
presidir dicho órgano de dirección y gobierno encuentra su justificación, pues a partir
de una interpretación sistemática del conjunto de disposiciones de la Ley 30 de
1992, resulta claro el querer del legislador en señalar que las universidades
estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos con
régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se
refiere a las políticas y planeación del sector educativo (artículo 57).

83. En este sentido, resulta razonable que el Ministro de Educación o su delegado
conformen el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, pues con
ello se garantiza la articulación y colaboración armónica, principios desarrollados en
el artículo 6° de la Ley 489 de 199854, de cara al cumplimiento de los fines del Estado
como garante de la correcta y eficiente prestación del servicio de educación.

84. Además de ello, la pertenencia del Ministro de Educación o su delegado resulta
justificable pues en su calidad de organismo rector le corresponde establecer las
políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad
con acceso equitativo y con permanencia en el sistema, y además, la cartera
ministerial de educación tiene a su cargo la importante tarea de generar directrices,
efectuar seguimiento y apoyar a las entidades territoriales para una adecuada
gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas
nacionales de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia
del servicio educativo y la pertinencia (numerales 1.1. y 1.4. del Decreto 5012 de
200955).

85. Así lo reconoció la Corte Constitucional, en sentencia C- 589 de 17 de
noviembre de 199756, con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 64
de la Ley 30 de 1992, oportunidad en la cual se señaló:

«La participación del Estado en el Consejo Superior de las universidades
estatales es una forma de colaboración armónica y coordinación de
actuaciones, necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones
que tales instituciones de educación están llamadas a cumplir. Lo cual ha
sido reiterado por la Corte, al señalar que:
"La esencia misma de la universidad exige pues que se le reconozca el
derecho a su autonomía; pero lo anterior no equivale a desconocer la
presencia necesaria del Estado, que debe garantizar la calidad de los
estudios e investigaciones, así como las labores de extensión, que se
imparten en las diversas entidades universitarias."57
En otros términos, si bien es cierto que las autoridades públicas no están
facultadas para determinar el destino de las universidades, ello no significa
que éstas pueden aislarse del Estado que las provee de recursos y que
tiene el deber de velar por la prestación del servicio de educación, máxime
en el caso de las universidades oficiales. Así se deduce claramente de lo

54 «ARTÍCULO 6.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin
de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y
se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades
titulares».
55 «Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de

sus dependencias».
56 Corte Constitucional, C- 589 de 13 de noviembre de 1997, MP: Carlos Gaviria Díaz. También se puede

consultar: Sentencia C- 220 de 29 de noviembre de 1997, MP: Fabio Morón Díaz.
57 (Cita es original): Sent. C-195 de 1994, antes citada

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

consagrado en el inciso final del artículo 67 de la Constitución, que dice: "La
Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley."
[…]
En conclusión, aspirar a que el Estado no tenga ninguna representación en
los órganos de dirección de las universidades estatales, para que éstas se
manejen como "células aisladas", rompería con el concepto de unidad que
identifica la organización política colombiana (art. 1 C.P.), pues con esta
participación se pretende articular la universidad con el Estado y, por tanto, no
puede entenderse como un control de tutela». (Negrilla fuera de texto)

86. Por su parte, esta Sección, en sentencia de 26 de junio de 201358, reflexionó en
el siguiente sentido:

«Nótese que esta disposición sienta el carácter de vinculadas al Ministerio de
Educación Nacional de las universidades públicas, lo que de suyo implica que
las mismas, sin reparar en su correspondencia al orden nacional o territorial,
deben ajustarse a unas políticas trazadas para el sector educativo por parte de
dicho ente.
En este orden, resulta razonable, a la luz de la normativa contenida en la Ley
30 de 1992, el que el Ministerio de Educación Nacional participe en el
órgano directivo de las mismas haciendo parte del Consejo Superior de
dichas universidades, pues de lo contario, devendría inejecutable su
función referente al oportuno seguimiento de las políticas educativas por
él trazadas59.
“Artículo 63. Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones
estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en
sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad
académica de la universidad.
[…]
La lectura de la normativa transcrita no ofrece duda alguna referente a que el
Ministerio de Educación Nacional, o su delegado, debe conformar el Consejo
Superior de las universidades públicas por mandato expreso del artículo 64 de
la Ley 30 de 1992. De este modo, resulta palmario el que en el referido órgano
directivo debe estar representado el mencionado Ministerio, so pena de
desacatar lo allí preceptuado en cuanto a la conformación de las directivas de
la Universidad». (Negrilla fuera de texto y cursivas original)

87. En el caso objeto de estudio se encuentra acreditado que el Congreso de la
República expidió la Ley 7ª de 29 de enero de 197560, por medio de la cual el
Instituto Politécnico «Diego Luis Córdoba» pasó a denominarse «Universidad
Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba”» y, según la Resolución 3274 de 25
de junio de 1993 se reconoció oficialmente como ente universitario autónomo, de

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de

2013, radicado: 250002324000 2005 00057 01, MP: Marco Antonio Velilla Moreno. Sentencia reiterada en:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 47001-23-33-000-2012-
00029-01, actor: Lorena Paola Chiquillo Chamorro y otros, demandado: Universidad del Magdalena, MP:
Guillermo Vargas Ayala.
59 (cita es original): El Decreto 5012 de 1999 dispone:

“Artículo 1°. Objetivo. El Ministerio de Educación Nacional, tendrá como objetivos los siguientes:
1.1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con
acceso equitativo y con permanencia en el sistema.
(…)
1 .4. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades Territoriales para una adecuada gestión
de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas nacionales de ampliación de cobertura,
mejoramiento de la calidad y la eficiencia del servicio educativo y la pertinencia…”
60 «Por la cual se cambia el nombre de un Instituto de Educación Superior». Fuente:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
85398.html#:~:text=3274%20de%20junio%2025%20de,Rector%20por%20la%20v%C3%ADa%20democr%C3
%A1tica..

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 30 de 199261 y, como tal se
encuentra sujeta a la citada ley, en los términos del artículo 61 ibidem que expresa:

«ARTÍCULO 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las
instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el
estatuto básico u orgánico y las normas que deben aplicarse para su
creación, reorganización y funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el
estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cada institución.

Aquellos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y señalarán los
recursos que proceden contra los mismos». (Negrilla fuera de texto)

88. Para la Sala, acierta el demandante cuando indica que la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» no podía disponer, como en efecto
lo hizo en los preceptos demandados, que ante la ausencia del Ministro de
Educación o su delegado a las sesiones del Consejo Superior Universitario, aquel
órgano de dirección y de gobierno podía ser presidido por el consejero que fuera
escogido por los demás miembros del consejo, pues ello desconoce el tenor del
literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y, al hacerlo claramente desbordó los
límites del legislador.

89. Así las cosas, resulta inobjetable que, si bien el artículo 69 de la Constitución
Política y el legislador, a través de la Ley 30 de 1992, reconocen la autonomía
universitaria que faculta a los entes universitarios a dictar y modificar sus estatutos,
el ejercicio de esa garantía constitucional debe ejercerse bajo los estrictos
parámetros dispuestos en la referida ley.

90. En idéntico sentido se pronunció la Sala Unitaria mediante autos de 24 de julio
de 2008 y de 10 de diciembre de 2008, por medio de los cuales se resolvió decretar
la suspensión provisional de los efectos jurídicos del parágrafo 1° del artículo 14 del
Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997; del parágrafo 1° del artículo 13 del Acuerdo 021
de 31 de agosto de 2004; del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; del Acuerdo 036
de 14 de julio de 2005; y del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004, expedidos por
el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba»,
al señalarse:

«Reitera la Sala que sí se presenta la manifiesta infracción, toda vez que la Ley
es clara en disponer que es al Ministro de Educación o a quien el delegue, a quien
corresponde presidir el citado Consejo. […]

Ninguna norma dispone que los Consejos Universitarios tengan la facultad de
establecer quién puede presidir dichos Consejos cuando el Ministro no delegue a
su representante.

El artículo 64 de la Ley 30 de 1992, de manera precisa y clara determinó que el
Consejo Superior Universitario sería presidido por el Ministro de Educación
Nacional o su delegado, y no quien el Consejo determinara, como evidentemente
pretenden hacerlo los citados Acuerdos.

61 «ARTÍCULO 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las
políticas y la planeación del sector educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto
de acuerdo con las funciones que le corresponden»

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

Respecto a la vulneración de la autonomía universitaria, recuerda la Sala que
corresponde al Presidente de la República inspeccionar, vigilar y controlar el
servicio público de educación, para lo cual puede delegar en el Ministro estas
funciones.

[…] Lo anterior permite concluir que una de la formas (sic) de cumplir estas
funciones constitucionales, es a través de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley 30 de 1992 de educación, razón por la cual habrá de confirmarse el auto
recurrido62».

91. Con fundamento en las anteriores razones, la Sala considera que el parágrafo
1° del artículo 14 del Acuerdo 018 de 28 de mayo de 1997, al igual que el parágrafo
1° del artículo 13 del Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004, infringen el literal a)
del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

6.2. Análisis de la legalidad de los Acuerdos 021 del 31 de agosto de 2004, 036
del 14 de julio de 2005 y 038 del 16 de diciembre de 2004

92. El demandante consideró que los Acuerdos 021 del 31 de agosto de 2004, 036
del 14 de julio de 2005 y 038 del 16 de diciembre de 2004, en su integridad,
desconocen lo dispuesto en el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, por
cuanto el delegado de la Ministra de Educación no presidió las sesiones donde tuvo
lugar la aprobación de los referidos acuerdos, es decir, a partir de una lectura de la
demanda se desprende que el cargo de nulidad se concreta en la infracción a la
norma superior.

93. A continuación, se analizará el acervo probatorio arrimado al proceso con
miras a analizar si el referido motivo de censura está o no llamado a prosperar.

• De la aprobación del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004 «Por el cual
se reforma el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba”»

94. En el presente caso, consta que mediante Acta 009 de 18 de junio de 2004 se
estudió en primer debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se reforma
integralmente el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó,
quedando consignado lo siguiente:

«AUSENTE CON EXCUSA

Dr. Andrés Uriel Gallego Henao, Ministro de Transporte, Representante de la
Ministra de Educación y Presidente del Honorable Consejo Superior.

[…]

Los honorables Consejeros designan por unanimidad, presidente Ad-hoc, al
profesor Julio Ibarguen Mosquera, Gobernador del Departamento del Chocó.

[…]

62 La presente transcripción corresponde al auto de 10 de diciembre de 2008 que resolvió el recurso de
reposición.

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

JULIO IBARGUEN MOSQUERA CARLOS ARTURO CÓRDOBA
Presidente Ad hoc CUESTA
Consejo Superior. Secretario Consejo Superior63».

95. Igualmente, se observa que mediante Acta No. 014 de 31 de agosto de 200464,
tuvo lugar la votación del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004 «Por el cual se
reforma el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”» en la cual se expresa:

«AUSENTES

Dr. Andrés Uriel Gallego Henao, Ministro de Transporte, Representante de la
Ministra de Educación y Presidente del Honorable Consejo Superior Prof. Julio
Ibarguen Mosquera Gobernador del Departamento del Chocó.

En ausencia del Presidente del Consejo, los honorables Consejeros
designan por unanimidad, presidente Ad-hoc, AL Dr. ARTURO FERRER
CARRASCO, Representante del Sr. Presidente de la República.

Agotado el orden del día, concluye la sesión a las 8:00pm

ARTURO FERRER CARRASCO CARLOS ARTURO CÓRDOBA CUESTA
Presidente Ad hoc Secretario Consejo Superior65»
Consejo Superior.

96. Igualmente, se encuentra probado que la Ministra de Educación de ese
entonces, la señora Cecilia María Vélez White, mediante Resolución 42 de 17 de
enero de 2003, designó al señor «[…] ANDRES URIEL GALLEGO HENAO […]
Ministro de Transporte, como Delegado de la Ministra de Educación, ante el
Consejo Superior de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO
LUIS CÓRDOBA”66».

97. El Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004 «Por el cual se reforma el Estatuto
General de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”» aparece
firmado por el señor «ARTURO FERRER CARRASCO (Presidente Ad hoc) y
CARLOS CÓRDOBA CUESTA (Secretario)67».

• De la aprobación del Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005 «Por el cual
se expide el Estatuto de la Organización Electoral de la Universidad
Tecnológica del Chocó»

98. Según se lee en el Acta 010 de «16 de julio de 2005» tuvo lugar el estudio
consideración y aprobación del acuerdo por medio del cual se expide el Estatuto de
la Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, dejando
constancia de lo siguiente:

63 Cuaderno de Antecedentes Administrativos.
64 Cuaderno de Antecedentes Administrativos.
65 Cuaderno de Antecedentes Administrativos.
66 Folio 68 del Cuaderno 2.
67 Cuaderno de Antecedentes Administrativos.

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

«AUSENTES

Dr. Andrés Uriel Gallego Henao, Ministro de Transporte, Representante de la
Sra. Ministra de Educación y Presidente del Honorable Consejo Superior.

[…]

En ausencia del Presidente del Consejo, los Honorables Consejeros designan
al magíster Herman Julio Mosquera Pérez, Gobernador (E) del Departamento
del Chocó, Presidente Ad -hoc, para la sesión, quien manifiesta asumir la
responsabilidad con la entereza que demanda estar en el Honorable Consejo
Superior, agradece al Sr. Gobernador y a los asistente (sic) la designación de
Presidente Ad hoc, con igual responsabilidad a la demostrada por el Sr.
Gobernador Prof. Julio Ibarguen Mosquera, igualmente asume con entereza las
decisiones que lleguen a tomarse.

[…]

Concluye la sesión a las 2:20 pm

HERMAN JULIO MOSQUERA CARLOS ARTURO CÓRDOBA
PÉREZ CUESTA
Presidente Ad hoc Secretario Consejo Superior
Consejo Superior68».

99. En igual sentido, se encuentra probado que la Ministra de Educación de ese
entonces, la señora Cecilia María Vélez White, mediante Resolución 42 de 17 de
enero de 2003, designó al señor «[…] ANDRES URIEL GALLEGO HENAO […]
Ministro de Transporte, como Delegado de la Ministra de Educación, ante el
Consejo Superior de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO
LUIS CÓRDOBA”69».

100. El Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005 «Por el cual se expide el Estatuto de la
Organización Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó» aparece firmado
por el señor «HERMAN JULIO MOSQUERA PÉREZ (Presidente Ad hoc) y CARLOS
CÓRDOBA CUESTA (Secretario)70».

• De la aprobación del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004 «Por el
cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0021 del 31 de agosto de 2004
y se autoriza al señor rector para hacer una compilación de normas»

101. De otro lado, se vislumbra que mediante Acta 023 de 16 de diciembre de 2004
tuvo lugar la aprobación del Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004, en la cual se
expresa:

«AUSENTES

Dr. Andrés Uriel Gallego Henao, Ministro de Transporte, Representante de la
Sra. Ministra de Educación y Presidente del Honorable Consejo Superior.

[…]

68 Cuaderno de antecedentes administrativos.
69 Folio 68 del Cuaderno 2.
70 Cuaderno de antecedentes administrativos.

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Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

En ausencia del Presidente del Consejo, los Honorables Consejeros designan
al Dr. Ovidio Cortez García, Gobernador encargado del departamento del
Chocó, como Presidente Ad-hoc, para la sesión.

[…]

OVIDIO CORTES (sic) GARCÍA CARLOS ARTURO CÓRDOBA
Presidente Ad hoc CUESTA
Secretario Consejo Superior71»

102. En igual sentido, se encuentra probado que la Ministra de Educación de ese
entonces, la señora Cecilia María Vélez White, mediante Resolución No. 42 de 17
de enero de 2003, designó al señor «[…] ANDRES URIEL GALLEGO HENAO […]
Ministro de Transporte, como Delegado de la Ministra de Educación, ante el
Consejo Superior de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO
LUIS CÓRDOBA”72».

103. El Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004 «Por el cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004 y se autoriza al señor rector
para hacer una compilación de normas» aparece firmado por «OVIDIO CORTEZ
GARCÍA (Presidente Ad-hoc) y CARLOS CÓRDOBA CUESTA (Secretario)73».

104. Así las cosas, se encuentra probado que el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó aprobó los Acuerdos 021 de 31 de agosto de
2004, 036 del 14 de julio de 2005 y 038 del 16 de diciembre de 2004, en sesiones
presididas, en su orden, por el señor Arturo Ferrer Carrasco, Herman Julio
Mosquera Pérez y Ovidio Cortez García, en su calidad de presidentes ad hoc, esto
es, por personas que no tenían la facultad para presidir esas sesiones, pues según
consta mediante la Resolución 042 de 17 de enero de 2003, la Ministra de
Educación de ese entonces, la señora Cecilia María Vélez White designó al señor
Andrés Uriel Gallego Henao como Delegado de la Ministra de Educación ante el
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, razones suficientes
para declarar la prosperidad del cargo de nulidad por infracción del literal a) del
artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

105. Cabe destacar que la delegación es un instrumento propio de la actividad
administrativa, mediante la cual se produce una transferencia de una determinada
facultad o atribución a través de un acto de delegación, para que sean ejercidas por
otro funcionario, bajo su responsabilidad, siempre y cuando exista una habilitación
previa desde el punto de vista legal74.

106. Esta Sección, en sentencia de 5 de septiembre de 201375, se pronunció en
igual sentido al analizar la legalidad del Acuerdo 015 de 24 de febrero de 2005 «Por

71 Cuaderno de antecedentes administrativos.
72 Folio 68 del Cuaderno 2.
73 Cuaderno de antecedentes administrativos.
74 A propósito de las características de la delegación resulta ilustrativo el concepto de la Sala de Consulta y de

Servicio Civil de 11 de noviembre de 2014, radicado: 11001-03-06-000-2014-00218-00(2228), MP: Álvaro
Namén Vargas (E).
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de septiembre

de 2013, radicado: 11001-03-24-000-2009-00470-00, MP: Marco Antonio Velilla.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 14 de octubre
de 2021, radicado: 11001-03-24-000-2009-00100-00, MP: Hernando Sánchez declare probada de oficio la
excepción de cosa juzgada respecto de la nulidad del Acuerdo núm. 0015 de 24 de febrero de 2005, por el cual

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

el cual se reforma el estatuto profesoral de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luis Córdoba», por idénticos motivos de censura, oportunidad en la cual se
arribó a la siguiente conclusión:

«En ese orden de ideas, es claro para la Sala que se vulneró la norma ante
citada, toda vez que, en ningún momento se vislumbra que se pueda designar
a persona diferente al Ministro de Educación o a su delegado para fungir como
presidente del Consejo Superior de la Universidad, tal y como sucedió en el sub
lite, en donde, se designó como presidente, se reitera, al señor Julio Ibarguen
Mosquera, Gobernador del Chocó.

Además, vislumbra el Plenario que, a folio 40 del expediente, en el inciso final
del numeral 10 del Acta No. 003 de 24 de febrero de 2005, se expresa:

“Siendo las 3:40 Pm, el Ministro manifiesta que se debe ausentar por
compromisos en Bogotá y antes que le cierren el aeropuerto, no sin antes
manifestar su voto favorable en las decisiones que se sigan tomando durante la
sesión y acordando que en el mes de abril (…). Por convocatoria de los
presentes asume la presidencia el señor Gobernador”.

Cabe resaltar entonces, cómo por medio de la voluntad particular de los
intervinientes en el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó
“Diego Luís (sic) Córdoba”, se está modificando una norma de carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento, lo que no resulta aceptable desde de
(sic) ningún punto de vista, toda vez que, de permitirse, cualquier otra
Universidad del Orden Nacional podría hacer lo mismo, generando entonces un
caos en la prestación del servicio público de la educación, que al tener dicho
carácter todos sus procedimientos deben ceñirse obligatoriamente a toda
normativa legislativa y constitucional que le sea aplicable, en aras de garantizar
la transparencia en la prestación del mismo.
[…]
Así pues, no resulta procedente que con base en el principio de la autonomía
universitaria se esté excusando a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego
Luís Córdoba” de cumplir con los parámetros legales y constitucionales
correspondientes.

En ese sentido, se hace necesario, decretar la nulidad del Acuerdo 0015 de 24
de febrero de 2005 “Por el cual se reforma el estatuto profesoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, toda vez que, el
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís
Córdoba”, designó por unanimidad como presidente al señor Julio Ibarguen
Mosquera, Gobernador del Chocó y, en ningún momento, a un delegado del
Ministro de Educación; accediendo así a las súplicas de la demanda de
nulidad». (Subrayado y cursivas original del texto).

107. Por las citadas razones, la Sala declarará la nulidad de los Acuerdos 021 de
31 de agosto de 2004, 036 del 14 de julio de 2005 y 038 del 16 de diciembre de
2004.

108. Aun cuando en el proceso identificado con el radicado 2008-00306-00, la
parte demandante cuestionó la legalidad de algunos apartes contenidos en el
Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2004, concretamente, el numeral 5° del artículo

se reforma el Estatuto Profesoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, expedido por
el Consejo Superior de dicha institución educative y ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia de 5 de
septiembre de 2013, expediente identificado con número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00470-00,
citada con anterioridad.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

13 (parcial); los numerales 6° y 7° del artículo 24 (parciales) y; el numeral 5° del
artículo 47 (parcial) por haber transgredido los artículos 69, 84, 122, 124 y 150
(numeral 23) de la Constitución Política y; los artículos 64 (inciso d), 68, 71 y 107
de la Ley 30 de 1992, la Sala por razones de economía procesal y por sustracción
de materia no analizará dichos argumentos, habida cuenta que en el problema
jurídico anterior se declaró la nulidad de la totalidad del referido acuerdo76.

6.3. Análisis de la legalidad de los Acuerdos 00035 de 30 de octubre de 2008,
00034 de 30 de octubre de 2008, 0040 de 28 de noviembre de 2008, 0042 de 19
de diciembre de 2008, 001 de 6 de enero de 2009, 003 de 13 de enero de 2009,
0004 de 29 de enero de 2009 y; 0005 de 29 de enero de 2009

109. El demandante consideró que los Acuerdos 00035 de 30 de octubre de 2008,
00034 de 30 de octubre de 2008, 0040 de 28 de noviembre de 2008, 0042 de 19 de
diciembre de 2008, 001 de 6 de enero de 2009, 003 de 13 de enero de 2009, 0004
de 29 de enero de 2009 y; 0005 de 29 de enero de 2009 por las siguientes razones:

110. En primer lugar, señaló que los referidos acuerdos se expidieron con
fundamento en los Acuerdos números 021 de 31 de agosto de 2004 y 036 de 2005,
a su vez suspendidos por el Consejo de Estado, mediante autos de 24 de julio y 10
de diciembre de 2008.

111. En segundo lugar, porque aseguró que los citados acuerdos «[…] fueron
aprobados por miembros del Consejo Superior no legitimados para actuar como tal
y mucho menos para aprobar acuerdos al interior del Consejo de la Universidad, en
primer lugar, porque su elección se produjo con fundamento en unas normas hoy
suspendidas y en segundo lugar y en gracia de discusión, porque según el mismo
SECRETARIO GENERAL de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis
Córdoba», el acta de posesión no esta (sic) aprobada de acuerdo a manifestado en
escrito del 23 y 27 de enero del presente año, los cuales anexo como pruebas».

112. Finalmente, planteó que la Ministra de Educación o su delegado no presidió
las sesiones donde tuvo lugar la aprobación de los referidos acuerdos.

113. En relación con el primer motivo de censura, debe señalarse que la figura de
la pérdida de ejecutoria o del decaimiento del acto administrativo no puede ser
invocada como causal de nulidad autónoma, pues estas se encuentran previstas de
forma taxativa en el artículo 84 del CCA, esto es, por infracción de las normas en
que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo
incompetente, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia
y de defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de poder, motivo por el
cual la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno.

114. Así lo ha expresado con suficiente claridad esta Sección al señalar que «[…]
la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, cuando han
desaparecido sus fundamentos de derecho, no constituye causal de nulidad de los

76 En relación con el tema se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2021, radicado: 11001-03-26-000-2018-00061-00 (61463), MP:
José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00101-00 (ACUMULADO: 11001-0324-000-2008-
00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

mismos, pues el fenómeno del decaimiento del acto ocurre durante la vida de éste,
mientras que su legalidad debe analizarse en el momento de su nacimiento. Se
trata, entonces, de dos fenómenos diferentes77».

115. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la censura planteada por el actor
según la cual señala que los referidos acuerdos fueron aprobados por miembros del
Consejo Superior que no tenían facultad para actuar, el demandante tenía la carga
de probar la afirmación en que soporta su dicho, esto es, que los referidos acuerdos
fueron aprobados por miembros de ese órgano de dirección y de gobierno que no
se encontraban legitimados y, con ello dar cumplimiento al deber que se desprende
del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

116. En consecuencia, no es suficiente con señalar que el Secretario General de la
Universidad, en respuestas de fechas de 23 y 27 de enero de 2008 había
expresado, en su orden, que «[…] me permito informarle que dicha acta no se
encuentra aún aprobada, ya que la misma se aprobará en la sesión ordinaria del
mes de enero prevista para el día jueves 29 del presente mes78» y, además, «[…]
en efecto los miembros del Consejo Superior que fueron elegidos en el proceso
electoral universitario realizado en el mes de septiembre tomaron posesión de sus
dignidades en sesión de Consejo Superior realizado el 23 de diciembre de 2008, y
es por ello que la posesión de dichos representantes queda consignada en el acta
de dicha sesión, la cual queda en firme cuando la misma sea aprobada; evento que
está previsto para la sesión ordinaria del mes de enero, que se debe llevar a cabo
el día 29 de enero de 2009».

117. Finalmente, el actor planteó que la Ministra de Educación o su delegado no
presidió las sesiones donde tuvo lugar la aprobación de los referidos acuerdos.
Sobre el particular y una vez revisado el expediente, consta que el Ministerio de
Educación Nacional certificó lo siguiente en relación con las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó en
las cuales tuvo lugar la aprobación de los Acuerdos 00035 de 30 de octubre de
2008, 00034 de 30 de octubre de 2008, 0040 de 28 de noviembre de 2008, 0042 de
19 de diciembre de 2008, 001 de 6 de enero de 2009, 003 de 13 de enero de 2009,
0004 de 29 de enero de 2009 y; 0005 de 29 de enero de 200979.

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de abril de 2001,

radicado: 25000-23-24-000-1998-1039-01 (6358), MP: Manuel Santiago Urueta Ayola.
78 Folio 394 del Cuaderno 3.
79 La imagen se encuentra visible en el folio 558 del Cuaderno 3.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

118. Además, junto con el referido oficio, el Ministerio de Educación aportó los
siguientes documentos: (i) la Resolución 7527 de 29 de octubre de 2008 «Por la
cual se hace una delegación» al «doctor GIOVANNI CORTES SERRANO (...) como
delegado de la Ministra de Educación Nacional, ante el Consejo Superior de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ- DIEGO LUIS CORDOBA, por la
reunión que se llevará a cabo el día 30 de octubre de 2008 80»; (ii) la Resolución
4619 de 12 de octubre de 2005 «Por la cual se hace una delegación» a la «doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ (…) como delegada de la Ministra de
Educación Nacional, ante el Consejo Superior de la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ- DIEGO LUIS CORDOBA81» y, (iii) las resoluciones
por medio de las cuales se confiere comisiones de servicio82.

80 Folio 565 del Cuaderno 3.
81 Folio 567 del Cuaderno 3.
82 (i) Resolución 7288 de 27 de octubre de 2008 “Por la cual se otorga una comisión al señor Giovanni Cortés

Serrano (folio 564) y; (ii) Resolución 8680 de 25 de noviembre (año ilegible) «Por la cual se confiere una
comisión de servicios» a la señora María Victoria Angulo González (folio 566).

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

119. Lo anterior denota que las sesiones donde tuvo lugar la aprobación de los
referidos acuerdos fueron presididas por el delegado de la señora Ministra de
Educación de ese entonces, motivo por el cual el cargo en mención será
despachado desfavorablemente, a lo que se suma que el hecho de que las sesiones
se hayan realizado de manera virtual no constituye un vicio sustancial que tenga la
virtualidad de afectar su validez.

120. Con fundamento en las precitadas razones, la Sala negará la nulidad de los
Acuerdos 00035 de 30 de octubre de 2008, 00034 de 30 de octubre de 2008, 0040
de 28 de noviembre de 2008, 0042 de 19 de diciembre de 2008, 001 de 6 de enero
de 2009, 003 de 13 de enero de 2009, 0004 de 29 de enero de 2009 y; 0005 de 29
de enero de 2009, todos expedidos por el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».

121. Por último, esta Sala se abstendrá de condenar en costas en tanto que no
concurren los supuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del parágrafo 1° del artículo 14 del Acuerdo 018
de 28 de mayo de 1997, expedido por el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba».

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004; del
Acuerdo 036 de 14 de julio de 2005; y del Acuerdo 038 de 16 de diciembre de 2004,
expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba».

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

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00306-00)
Demandantes: Yadir Antonio Torres Palacios y Armando Valencia Casas

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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