Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00213-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Concepto de violación: necesidad de un mínimo de argumentación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00213-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2008-00213-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de abril de 2018
CONCEPTO DE VIOLACIÓN - Necesidad de un mínimo de argumentación / DEMANDA DE NULIDAD - Deficiencia en la sustentación de cargos / DEMANDA DE NULIDAD - Debe apoyarse en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes / DEMANDA DE NULIDAD - Carga procesal de concretar e individualizar la acusación / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA – Alcance. Aplicación ante falta de concepto de violación
La Sala advierte que el único cargo que el demandante sustentó se encamina a controvertir la constitucionalidad y la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo Superior del ente universitario demandado, de excluir la revocatoria del mandato de las causales de remoción del rector previstas en el artículo 20 del Acuerdo 066 de 2005. El demandante estima que esa determinación contraviene el derecho de participación democrática que le asiste a la comunidad educativa, el cual está previsto en los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y en los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, contenido en el Acuerdo 066 de 2005. En esas condiciones, la Sala no se pronunciará respecto del artículo 67 de la Constitución Política; de los artículos 61, 63, 64 (parágrafo 2), 65 (literal e), 66 y 68 de la Ley 30 de 1992; de los artículos 8 (literales d, e, f, h, i), 16, 18, 19, 20 (literales a, b, c y d) y 23 del Acuerdo nro. 066 de 2005 (Estatuto General de la UPTC); y, del artículo 11 del Acuerdo nro. 021 de marzo 12 de 1993 (Estatuto del Profesor Universitario de la UPTC), comoquiera que en relación con estos preceptos el demandante no expuso concepto de violación y que el contenido normativo de estos preceptos no guarda relación con el único cargo que fue sustentado. […] Este requisito también se explica por cuanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo se caracteriza, en lo relativo al juzgamiento de la nulidad de actos administrativos, por el principio de la justicia rogada, comoquiera que conforme lo preceptúa el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A. […] Para satisfacer a cabalidad esta exigencia, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha puesto de presente que además de precisar qué norma del ordenamiento jurídico ha sido vulnerada, el demandante tiene la carga de explicar en forma razonable, suficiente y pertinente las razones que permitan deducir tal violación. Este presupuesto de procedibilidad no solamente dota de aptitud formal la demanda sino que también cumple el fin de asegurar la garantía del debido proceso, puesto que, en esos términos, el ejercicio del derecho de defensa por parte del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal puede adelantarse de manera cabal, al dejársele en claro desde un comienzo qué normas se consideran violadas y por qué razones.
CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Requisitos / CLARIDAD DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Concepto / certeza DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Concepto / especificidad DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Concepto / PERTINENCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Concepto / SUFICIENCIA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Concepto
[L]os cargos que presenten los demandantes contra las normas acusadas deben sustentarse en razones “[…] claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes […]” que permitan controvertir a la luz de la Carta Política y del ordenamiento jurídico la disposición legal acusada. Tales exigencias se han descrito de la siguiente manera: a) claridad, que supone la existencia de un hilo conductor en la argumentación que facilite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; b) certeza, que reclama que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “[…] y no simplemente [sobre una] deducida por el demandante […]”e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda; c) especificidad, de acuerdo con la cual la argumentación debe dar cuenta de la manera en que la disposición acusada desconoce la Carta Política o una norma jurídica, de modo que se aprecie la formulación “[…] por lo menos un cargo concreto contra la norma demandada […]”; d) pertinencia, de acuerdo con la cual el vicio que aparentemente se desprende de la norma acusada debe fundamentarse en la apreciación del contenido de una norma constitucional o legal, que se enfrenta al precepto demandado. Y por último, e) suficiencia, que guarda relación con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para acometer el estudio de constitucionalidad o de legalidad respecto del precepto demandado.
PRINCIPIO PARTICIPATIVO – Marco constitucional / PRINCIPIO PARTICIPATIVO – Alcance / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA – Límites / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y PRINCIPIO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA - En la dirección de las instituciones de educación superior
El artículo 69 de la Carta Política reconoce y garantiza la autonomía universitaria y establece que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.” En desarrollo de esa normativa constitucional, el legislador, mediante la Ley 30 de 1992, organizó el servicio público de la educación superior y precisó que la autonomía universitaria reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (artículos 28 y 29). Igualmente, desarrolló el régimen especial de las universidades del Estado y de las otras instituciones de educación superior estatales u oficiales (artículos 57 a 95). La jurisprudencia constitucional se ha ocupado de determinar el fundamento, contenido y límites de la autonomía universitaria, definiéndola como una garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de educación superior, que tiene fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, y en el manejo administrativo y financiero del ente educativo. La autonomía universitaria tiene como objeto central de protección, el ejercicio de las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje y opinión, así como la prestación del servicio público de la educación superior, sin interferencias de centros de poder ajenos al proceso formativo; es decir, con ella se pretende evitar la interferencia del poder público en la labor de las Universidades como entes generadores del conocimiento.
PODER POLÍTICO – Conformación, ejercicio y control / MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / REVOCATORIA DEL MANDATO
Una de las dimensiones puntuales en las que se materializa el principio participativo es en los llamados mecanismos de participación ciudadana, a través de los cuales el electorado es convocado para tomar decisiones que, prima facie, debían ser tomadas por los espacios representativos. En estrecha conexión con la radicación de la soberanía en el pueblo prevista en el artículo 3 Superior y con el derecho de las personas a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, reconocido en el artículo 40 ejusdem, la Constitución Política enuncia en su artículo 103 los instrumentos que concretan tal derecho: i) el voto, ii) el plebiscito, iii) el referendo, iv) la consulta popular, v) el cabildo abierto, vi) la iniciativa legislativa y vii) la revocatoria del mandato. Según lo destacó la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias, tales mecanismos promueven “la participación libre e igualitaria de cada miembro de la comunidad política.”
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC – Naturaleza / COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC – Para reformar sus estatutos: Derogar las normas que establecían la revocatoria del mandato como causal de remoción del rector / PRINCIPIO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA – La revocatoria del mandato no forma parte de su núcleo esencial / PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA – No es asimilable a la participación democrática de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control del poder político
Empero, de ello no se sigue que la participación democrática de la comunidad educativa en el ámbito propio del quehacer universitario, se rija por el marco normativo constitucional y legal que regula la participación democrática de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control de poder político, ni que esta se haga efectiva mediante los mecanismos o las instituciones que son característicos de esta última modalidad, pues una y otra no son en modo alguno asimilables. Cada una de ellas tiene sus propias especificidades y particularidades, de modo que no son equiparables, pues no se trata de instituciones jurídicamente equivalentes. Corolario de lo expuesto es que, desde el punto de vista constitucional y legal, la participación de la comunidad educativa en los asuntos propios del discurrir universitario no se hace efectiva a través de las instituciones o mecanismos de participación democrática que el ordenamiento jurídico ha previsto para que el ciudadano participe en la conformación, el ejercicio y el control del poder político. Según lo expuesto, la Sala considera infundado el cargo que alega falta de competencia del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC, pues las previsiones normativas contenidas en los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, plasmado en el Acuerdo 066 de 2005 en modo alguno le impedían derogar la revocatoria del mandato como causal de remoción del rector. Según quedó expuesto, el derecho de participación democrática de la comunidad educativa dista de tener el alcance que pretende conferirle el demandante, al asimilarlo al derecho político de participación democrática de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control de poder político. Se reitera que la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control “del poder político”, es una materia distinta de la especial participación de la “comunidad educativa” en la dirección de las instituciones de educación superior de que trata el artículo 68 superior, ámbito en el cual no se atiende a la calidad de ciudadano colombiano sino a las de estudiante o profesor. Por lo demás, la Sala advierte que, desde el punto de vista constitucional, el único ámbito en el que el artículo 68 de la Carta hace imperativa la participación de la comunidad educativa es en el atinente a la dirección de las instituciones de educación. En ese escenario sí es constitucional y legalmente exigible la obligación de garantizar instrumentos que aseguren la efectiva participación de la comunidad educativa en la designación de los representantes al Consejo Superior, comoquiera que este es el órgano máximo de dirección y de gobierno de la universidad y que el Estatuto general le confiere la función de designar al rector.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – PREÁMBULO / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 69 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 103 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 259 / LEY 30 DE 1992 / LEY 134 DE 1994 / ACUERDO 066 DE 2005 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NORMA DEMANDADA: ACUERDO 005 DE 2008 (28 de febrero) CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC (No anulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00213-00
Actor: GERMÁN GUEVARA OCHOA
Demandado: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓ-GICA DE COLOMBIA – UPTC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Referencia: Se resuelve en única instancia la demanda que pretende la nulidad del Acuerdo nro. 005 de febrero 28 de 2008, «Por el cual se derogan los artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Acuerdo nro. 66 de 2005», expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC
Referencia: Derogación de las normas estatutarias que establecían la revocatoria del mandato como causal de remoción del rector
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó el ciudadano GERMÁN GUEVARA OCHOA, en adelante el demandante, obrando en nombre propio, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad del Acuerdo nro. 005 de febrero 28 de 2008, “Por el cual se derogan los artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Acuerdo nro. 66 de 2005”, expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
LA DEMANDA
El demandante presentó demanda, en ejercicio de acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de solicitar la nulidad del Acuerdo nro. 005 de febrero 28 de 2008, «Por el cual se derogan los artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -Acuerdo nro. 66 de 2005», expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC.
LA NORMA ACUSADA
Es el Acuerdo nro. 005 de febrero 28 de 2008, «Por el cual se derogan los Artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Acuerdo nro. 66 de 2005», expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuyo contenido es el siguiente:
“[...]
Acuerdo nro. 005 de de 2008
(febrero 28)
Por el cual se derogan los Artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Acuerdo nro. 66 de 2005.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de las atribuciones legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 066 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 066 del 25 de octubre de 2005, se expidió el Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Que el literal d) del artículo 13 del Acuerdo 066 de 2005 del Estatuto General, faculta al Consejo Superior, para expedir y modificar los Estatutos de la Institución.
Que el citado Estatuto, en su artículo 94 prevé que cualquier modificación de su contenido, requiere de la aprobación de por lo menos, de las dos terceras partes (2/3) de los miembros del Consejo Superior, en dos sesiones diferentes realizadas con un intervalo no inferior a quince (15) días.
Que una vez puesto en vigencia el precitado Acuerdo, se evidencia que la inclusión de la revocatoria del mandato de que tratan los artículos 20 literal e) y 21, dentro del Estatuto General, resulta inapropiada por no ser armónica la disposición interna frente a las constitucionales y legales, por lo cual procede su derogatoria.
Que en sesión 01 del 31 de enero de 2008, fue aprobada en primera vuelta, con siete (7) votos, la derogatoria de los artículos 20, literal e) y 21 del Acuerdo 066 de 2005 del Estatuto General.
Que en sesión 02 del 28 de febrero de 2008 se aprobó en segunda vuelta, por siete (7) votos a favor, el Acuerdo por el cual se derogan los artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Acuerdo 066 de 2005.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
ACUERDA:
Artículo 1º.- DEROGAR el literal e) del artículo 20 del Acuerdo 066 del 25 de octubre de 2005, Estatuto General.
Articulo 2º.- DEROGAR el artículo 21 del Acuerdo 066 del 25 de octubre de 2005, Estatuto General.
Artículo 3º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
[...]”.
Presupuestos Fácticos
1.2.1 El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, al expedir el Acuerdo 066 de 2005, en concordancia con las disposiciones de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992 reconoció en favor de la comunidad universitaria el derecho de participación democrática.
1.2.2 El Acuerdo 066 de 2005 o Estatuto General de la Universidad aseguró el desarrollo de disposiciones constitucionales y legales que prevén derechos de participación democrática a los distintos sectores de la comunidad universitaria, concibiéndolos como principios y políticas institucionales y desarrollando los procedimientos para configurar sus disposiciones y designar algunas de sus autoridades colegiadas o unipersonales, así:
En el artículo 1º dispuso que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es un ente universitario autónomo, de carácter nacional, estatal y público, democrático, de régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
En su artículo 2º (literal e) declaró como uno de sus principios fundamentales la democracia participativa como imperativo constitucional, que debe promover y convocar la participación de la comunidad universitaria en la orientación y toma de decisiones, en las instancias previstas en los tratados internacionales, en la Constitución Política, en la Ley, en el Estatuto General y en sus Reglamentos universitarios.
En su artículo 6 (literal e) estableció como una de sus políticas básicas el desarrollo de la democracia participativa, mediante el estímulo de la presencia real de la comunidad universitaria en los órganos de dirección de la institución, acorde con los mecanismos previstos en la Constitución Política de Colombia.
1.2.3 El demandante asevera que una vez cumplido el primer año y medio de la gestión del Rector designado, y al estar en ciernes la reglamentación de la figura de la revocatoria del mandato prevista en los artículos 20 (literal e) y 21 del Acuerdo 066 de 2005 “[…] se procedió sin consultar a la comunidad educativa y con desconocimiento a sus derechos de participación democrática al desmonte de estas figuras mediante la expedición del Acuerdo 005 de 2008, con el único propósito de impedir que la comunidad universitaria adelante el juicio que le debe anteceder (sic). Los motivos esgrimidos fueron la no congruencia de su existencia en los desarrollos reglamentarios legales de la autonomía universitaria, por ser regulaciones reservadas por el legislador a gobernadores y alcaldes y porque este instrumento podría beneficiar sectores interesados en desestabilizar una gestión rectoral, o en sustituir las disposiciones de control y vigilancia establecidas legalmente para tutelar conductas administrativas, penales, disciplinarias o fiscales […]”.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
El demandante sostiene que el Acuerdo acusado viola los artículos 1, 2, 40, 41, 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 61, 63, 64 (parágrafo 2), 65 (literal e), 66 y 68 de la Ley 30 de 1992; los artículos 1, 2 (literal e), 6 (literal e), 8 (literales d, e, f, h, i), 16, 18, 19, 20, 21 y 23 del Acuerdo nro. 066 de 2005 (Estatuto General de la UPTC); y el artículo 11 del Acuerdo nro. 021 de marzo 12 de 1993 (Estatuto del Profesor Universitario de la UPTC).
Como fundamento de lo anterior, expone el siguiente concepto de violación:
La decisión adoptada por el Consejo Superior, de expedir el Acuerdo 005 de 2008, para derogar el literal e) del artículo 20 y el artículo 21 del Acuerdo 066 del 2005 “[…] sin consultar a la comunidad universitaria por el solo temor a que esta exija su reglamentación para realizar la evaluación anual de la gestión universitaria realizada por el actual Rector […]” significa:
“[...]
a. Conculcar el derecho fundamental de la comunidad universitaria para participar en la consagración (sic) de las normas esenciales de la institución universitaria.
b. Desconocer el derecho fundamental de participación democrática de la comunidad universitaria para ejercer control y vigilancia de las funciones rectorales orientadas a cumplir los compromisos programáticos adquiridos al momento de postular su nombre a la rectoría de la institución y mediante el ejercicio de evaluación de manera que ante un resultado significativamente negativo se haga efectiva su remoción del cargo por el Consejo Superior. (Resalta la Sala)
c. Contrariar el mandato constitucional que exige que en todas las instituciones de educación se fomenten las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41 C.N.) y desconocer que la institucionalización de las prácticas en el Estatuto General de la Universidad, además de consultar a la comunidad universitaria para legitimar sus determinaciones, práctica que también debería haberse realizado para hacer las modificaciones como lo prevé el Artículo 89 del Estatuto General, (sic) revisó los elementos constitucionales consagrados tanto en la Carta Política misma como en las actas de la Asamblea Constituyente, las actas del Congreso de las sesiones con ocasión de los debates sobre la ley por la cual se organiza el servicio público de la educación superior o Ley 30 de 1992, y las sentencias producidas por la Corte Constitucional a propósito de los distintos fallos sobre la autonomía universitaria que desarrolla la ley mencionada.
d. Desconocer el Artículo 67 CN que declara que la educación, como derecho y servicio de la persona, busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, y forma al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
e. Negar el derecho al debate académico en la Universidad como institución natural para realizarlo, de manera que aporten conclusiones responsables y prospere la confrontación intelectual, en primera instancia.
f. Reiterar conductas de abuso de autoridad por parte del Consejo Superior , como la tesis de la interpretación en autoridad, de la cual solo es depositario el juez natural o el legislador. Pobre favor se le hace a la institución universitaria cuando las instancias instituidas para velar por el cumplimiento de las determinaciones legales y reglamentarias deciden evadir los procesos democráticos de evaluación de la gestión rectoral y de exigencia de cuentas que tanto se proclaman desde diversas instancias del Estado Democrático y que pregonan la moralidad administrativa con repercusiones efectivas hacia su responsables.
g. Evadir el juicio de responsabilidad que, dentro de los cauces reglamentarios concluya con una petición de revocatoria del mandato del rector, es amparar la incapacidad orientadora, fortalecer la mediocridad de una gestión y estimular la mínima solvencia moral y ética de quien desempeña los altos cargos de responsabilidad universitaria.
h. Desconocer los principios y políticas declarados en el Estatuto General y que condujeron a incorporar como reglamentación general para la designación del rector: el inscribirse como aspirante y proponer un programa de gobierno a realizar durante el período de su ejercicio y sobre el cual la comunidad universitaria apoyó su propuesta. Esos actos son consecuencia de la vocación declarada por hacer de la democracia participativa un derecho de la comunidad universitaria.
i.
Desconocer que figuras como la revocatoria del mandato rectoral … no se hizo en el interés particular de minar la capacidad de gestión de los futuros administradores universitarios, sino de desarrollar en su estatuto básico la facultad legal prevista en el Artículo 66 de la Ley 30 de 1992 de designar y remover al rector, de vincular la designación con la generación de responsabilidades políticas en sus propuestas programáticas y de prevenir a los designados de los derechos de la comunidad universitaria, en caso de ser inferiores a esas responsabilidades en concordancia con fallos constitucionales.
j. Conculcar derechos fundamentales cuyo restablecimiento provocaría inestabilidad en el devenir académico de la institución.
k. Desconoce flagrantemente el bloque de constitucionalidad respecto a la fundamentalidad (sic) del derecho a la participación.
[...]”.
2. Trámite de la demanda
El Magistrado Sustanciador del proceso, a quien le correspondió por reparto, admitió la acción de nulidad simple, mediante auto proferido el 18 de noviembre de 2008 y, dispuso notificar personalmente al Presidente del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. para que procediera a su contestación, propusiera excepciones, solicitara pruebas y allegara los documentos que pretendiera hacer valer como pruebas. A esos efectos, la Secretaría de la Sección libró despacho comisorio al Tribunal Administrativo de Boyacá. La notificación se surtió por aviso el 29 de septiembre de 2009.
De igual modo, solicitó que se allegaran los antecedentes administrativos del Acuerdo acusado.
El proceso de fijó en lista el 6 de octubre de 2009.
2.1 Contestación de la demanda
La Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia –UPTC, mediante apoderada judicial, contestó la demanda en la oportunidad procesal correspondiente, en la cual se opuso a las pretensiones de la misma, con base en los siguientes argumentos:
1.1 En ejercicio del atributo de autonomía que el artículo 69 de la Constitución Política reconoce a las instituciones de educación superior y que desarrolla el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, a través de su Consejo Superior, está facultada para "darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos".
1.2 En tal virtud, el Consejo Superior de la Universidad expidió el Estatuto General, contenido en el Acuerdo 066 de octubre 25 de 2005.
1.3 El artículo 1 del referido Estatuto, a propósito de la naturaleza jurídica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, señala que es un ente universitario autónomo, de carácter nacional, con personería jurídica y régimen especial.
1.4 Por su parte, el artículo 13 del citado Acuerdo establece las funciones del Consejo Superior, entre las cuales se cuenta la de designar al Rector.
1.5 A su turno el artículo 94 ibídem preceptúa que:
“[…] cualquier modificación del presente Estatuto requiere la aprobación de, por lo menos, las dos terceras (2/3) partes de los Miembros del Consejo Superior, en dos (2) sesiones diferentes, realizadas con un intervalo no inferior a quince (15) días […]”.
1.6 Sostiene que el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con fundamento en las normas antes transcritas, decidió derogar los artículos 20 literal e) y 21 del Acuerdo 066 de 2005, en las sesiones llevadas a cabo, la primera, el 31 de enero de 2008 y, la segunda, el 28 de febrero del mismo año, tal como consta en las actas nros. 01 y 02, en ambas ocasiones, con una mayoría de 7 votos.
1.7 Resalta que, en las sesiones antes mencionadas, estuvieron presentes los miembros del Consejo Superior, a saber su Presidente, el delegado del Presidente de la República, el Rector, el Gobernador del Departamento de Boyacá, el representante de los ex rectores, el representante de los egresados, el representante del sector productivo y el representante estudiantil y, que en su calidad de máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, el Estatuto General lo faculta para tomar la decisión que es objeto de demanda, decisión ésta que, contra loa firmado por el demandante, no requería que fuese consultada a la comunidad universitaria.
1.8 De lo anterior concluye que mal puede afirmarse, como se hace en el libelo, que tal decisión se adoptó desconociendo los derechos de participación democrática, cuando lo cierto es que para adoptarla, se contó con la presencia y participación de todos los estamentos que integran el Consejo Superior, debiendo destacarse, en especial, la presencia de los Representantes de los estudiantes, de los egresados, de los profesores, de las directivas académicas, de los ex rectores, etc., representantes estos que fueron elegidos como integrantes del Consejo Superior, a través del mecanismo de voto directo de cada sector, tal como lo prevén los Estatutos de la Universidad.
Asimismo, manifiesta que una vez estudiado y analizado el contenido de los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 6 de la Ley 134 de mayo 31 de 1994, entre otros, se concluyó que los requisitos de procedibilidad de la figura de la revocatoria del mandato están definidos de manera clara y precisa en nuestro ordenamiento legal, para alcaldes y gobernadores, cuando estos no hayan dado cumplimiento a su programa de gobierno, y que siendo así, su aplicación es exclusiva para mandatarios territoriales del orden departamental o municipal.
Al tener la revocatoria del mandato un carácter restrictivo y excluyente, se consideró que no era procedente jurídicamente aplicarla al Rector de la Universidad, ni siquiera atendiendo el principio de autonomía que la institución aplica, al amparo del artículo 69 de la Constitución Política.
Sostiene que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC no ha violado las normas constitucionales, ni las de orden legal ni reglamentario invocadas por el accionante, porque de una parte, el ejercicio de la democracia en los extremos de candidato y elector para representantes estudiantiles, profesorales y de egresados entre otros, ante el Consejo Superior, se cumplió a cabalidad, en conformidad con el Estatuto General (Acuerdo 066 de 2005).
Para concluir, manifiesta que al expedir el Acuerdo nro. 005 de 2008, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, en manera alguna inobservó lo que en relación con la modificación del Estatuto prevé el Acuerdo 066 de 2005, pues en ejercicio pleno de sus funciones y, atendiendo lo dispuesto por el articulo 94 ibídem, adoptó la decisión que hoy es objeto de demanda, en ejercicio no sólo de la autonomía universitaria, sino, principalmente, en observancia de la Constitución y la Ley.
2.2 Alegatos de Conclusión
El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 13 de agosto de 2014, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión.
2.2.1 Las partes
El demandante y la parte demandada no hicieron manifestación alguna.
2.2.2 El concepto del Ministerio Público
El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, notificado en la oportunidad procesal correspondiente, solicita que se desestime la pretensión de nulidad del Acuerdo nro. 005 de febrero 28 de 2008, «Por el cual se derogan los Artículos 20, literal e) y 21 del Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Acuerdo nro. 66 de 2005», expedido por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por considerar que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.
El Agente del Ministerio Público comienza por advertir que el demandante no cuestiona que en la expedición del acuerdo demandado, se hubiere violado el procedimiento previsto en el estatuto de la universidad para su reforma, el cual se encuentra descrito en la parte considerativa del acto administrativo, cuyos apartes pertinentes transcribe.
El Agente del Ministerio Público, con apoyo en la sentencia C-829 de 2002 de la Corte Constitucional, sostuvo que resulta de “vital importancia” que la autorregulación de la que gozan las instituciones universitarias conforme al artículo 69 superior, no prescinda de la comunidad educativa, debiendo establecerse mecanismos internos que les permitan expresarse sobre los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad y que les aseguren su derecho a participar en las decisiones correspondientes.
En línea con este criterio jurisprudencial, el Agente del Ministerio Público resalta que conforme lo establece la Corte Constitucional, el mecanismo interno diseñado para que la comunidad académica pueda participar en la reforma de los estatutos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no es otro que la posibilidad de contar con miembros que la representen al interior del Consejo Superior Universitario.
Por ello, en su concepto, al haberse posibilitado la participación de los representantes de la comunidad universitaria en la reforma del estatuto general de la universidad, no se configura transgresión alguna de las normas constitucionales y legales señaladas por el demandante.
Para concluir, el Agente del Ministerio Público sostiene que pese a que el demandante hace referencia a que se desconoció la participación de la comunidad universitaria, al revocarse el numeral e) del artículo 20 y el artículo 21 del Acuerdo 066 de 2005, no se evidencia ni se acredita de manera alguna que las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hubiesen sido cuestionadas por la comunidad universitaria de esa institución. A este respecto, pone de presente que las censuras que el demandante plantea sobre la inconveniencia de derogar la figura de la revocatoria del mandato del Rector, no constituyen en sí mismas causales de nulidad del acto administrativo demandado.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. COMPETENCIA
Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A, aplicable en virtud de lo dispuesto en del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) cuestiones previas, ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo del principio participativo, con particular referencia a la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de educación superior y, finalmente, iv) resolverá el problema jurídico.
2. CUESTIONES PREVIAS
2.1 La separación del H. Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, de la decisión del presente proceso, por habérsele aceptado la manifestación de impedimento, mediante proveído de 12 de marzo de 2018.
El Consejero sustanciador, mediante providencia de 12 de marzo de 2018, separó al H. Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdés del conocimiento de este proceso, por configurarse la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto en el expediente consta que en su condición de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, intervino en el proceso durante el traslado para alegar de conclusión y rindió concepto el 23 de septiembre de 2014, en el cual solicitó negar las súplicas de la demanda, por considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusa.
2.2 Ineptitud de los cargos que alegan violación del artículo 67 de la Constitución Política; de los artículos 61, 63, 64 (parágrafo 2), 65 (literal e), 66 y 68 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992; los artículos 8 (literales d, e, f, h, i), 16, 18, 19, 20 (literales a, b, c y d) y 23 del Acuerdo nro. 066 de 2005 (Estatuto General de la UPTC) y del artículo 11 del Acuerdo nro. 021 de marzo 12 de 1993 (Estatuto del Profesor Universitario de la UPTC)
La Sala advierte que el único cargo que el demandante sustentó se encamina a controvertir la constitucionalidad y la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo Superior del ente universitario demandado, de excluir la revocatoria del mandato de las causales de remoción del rector previstas en el artículo 20 del Acuerdo 066 de 2005.
El demandante estima que esa determinación contraviene el derecho de participación democrática que le asiste a la comunidad educativa, el cual está previsto en los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y en los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, contenido en el Acuerdo 066 de 2005.
En esas condiciones, la Sala no se pronunciará respecto del artículo 67 de la Constitución Política; de los artículos 61, 63, 64 (parágrafo 2), 65 (literal e), 66 y 68 de la Ley 30 de 1992; de los artículos 8 (literales d, e, f, h, i), 16, 18, 19, 20 (literales a, b, c y d) y 23 del Acuerdo nro. 066 de 2005 (Estatuto General de la UPTC); y, del artículo 11 del Acuerdo nro. 021 de marzo 12 de 1993 (Estatuto del Profesor Universitario de la UPTC), comoquiera que en relación con estos preceptos el demandante no expuso concepto de violación y que el contenido normativo de estos preceptos no guarda relación con el único cargo que fue sustentado.
Lo anterior se muestra consonante con el criterio jurisprudencial esbozado por esta Sección, entre otras, en la sentencia de 22 de septiembre de 2016 (M.P. María Claudia Rojas Lasso), en la que prohijó la sentencia C-561 de 2002 en la que la Corte Constitucional puso de presente lo siguiente:
“[…]
Frente a la exigencia de explicar los motivos que soportan la acusación, la Corporación ha sido enfática en manifestar que, en cuanto “el juicio de inconstitucionalidad implica la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior”, su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política.
[…]”.
Conforme se ha precisado en las pautas jurisprudenciales, los cargos que presenten los demandantes contra las normas acusadas deben sustentarse en razones “[…] claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes […]” que permitan controvertir a la luz de la Carta Política y del ordenamiento jurídico la disposición legal acusada.
Tales exigencias se han descrito de la siguiente manera: a) claridad, que supone la existencia de un hilo conductor en la argumentación que facilite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; b) certeza, que reclama que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “[…] y no simplemente [sobre una] deducida por el demandante […]” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda; c) especificidad, de acuerdo con la cual la argumentación debe dar cuenta de la manera en que la disposición acusada desconoce la Carta Política o una norma jurídica, de modo que se aprecie la formulación “[…] por lo menos un cargo concreto contra la norma demandada […]”; d) pertinencia, de acuerdo con la cual el vicio que aparentemente se desprende de la norma acusada debe fundamentarse en la apreciación del contenido de una norma constitucional o legal, que se enfrenta al precepto demandado. Y por último, e) suficiencia, que guarda relación con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para acometer el estudio de constitucionalidad o de legalidad respecto del precepto demandado.
Este requisito también se explica por cuanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo se caracteriza, en lo relativo al juzgamiento de la nulidad de actos administrativos, por el principio de la justicia rogada, comoquiera que conforme lo preceptúa el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A.:
“[…] toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:… 4º) Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación […]”.
Para satisfacer a cabalidad esta exigencia, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha puesto de presente que además de precisar qué norma del ordenamiento jurídico ha sido vulnerada, el demandante tiene la carga de explicar en forma razonable, suficiente y pertinente las razones que permitan deducir tal violación.
Este presupuesto de procedibilidad no solamente dota de aptitud formal la demanda sino que también cumple el fin de asegurar la garantía del debido proceso, puesto que, en esos términos, el ejercicio del derecho de defensa por parte del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal puede adelantarse de manera cabal, al dejársele en claro desde un comienzo qué normas se consideran violadas y por qué razones.
3. Planteamiento del problema jurídico
El problema jurídico que la Sala debe resolver se contrae a determinar si, al expedir el Acuerdo nro. 005 de 28 de febrero de 2008, por el cual derogó el artículo 20 (literal e) y el artículo 21 del Acuerdo 066 de 2005 que preveían la revocatoria del mandato como causal de remoción del rector, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en adelante el Consejo Superior, contravino los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, contenido en el Acuerdo 066 de 2005.
A juicio del demandante, el Consejo Superior, al haber derogado el artículo 20 (literal e) y el artículo 21 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General de la Universidad), conculcó a la comunidad universitaria el derecho de participar en el efectivo control de la gestión rectoral, al privarla del derecho de promover la revocatoria del mandato rectoral, en tanto las normas que fueron derogadas le facultaban para hacer uso de este mecanismo de participación.
En concepto del demandante, el Consejo Superior carecía de competencia para derogar las normas que preveían la posibilidad de que la comunidad universitaria removiera al rector, haciendo uso de la revocatoria del mandato, pues según afirma, el “desmonte” de esta figura comporta desconocimiento del derecho de participación democrática de la comunidad educativa.
4. El marco constitucional del principio participativo
La Asamblea Nacional Constituyente, principalmente en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, estableció un marco jurídico “democrático y participativo”, con la finalidad de, entre otras, "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".
En múltiples decisiones, entre ellas, en las sentencias C-180 de 1994 y C-150 de 2015 en las cuales efectuó la revisión constitucional de los proyectos que culminaron con la expedición de las Leyes Estatutarias 134 de 31 de mayo de 1994 y 1757 de 6 de julio de 2015 que regulan el marco normativo de los mecanismos políticos de participación ciudadana, la Corte Constitucional ha destacado que uno de los cambios más significativos que introdujo la Constitución de 1991, fue la institucionalización del principio participativo, el cual se proyecta en las diferentes esferas de la sociedad y de lo público.
El componente participativo de la democracia colombiana comporta una revaloración y un dimensionamiento robusto del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. En línea con lo anterior, la Sentencia C-180 de 1994 establece:
“[…] La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho […]”.
Así, pues, este principio tiene como consecuencia la potencialización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisiones, a la vez que le asigna nuevas responsabilidades como miembro activo de la sociedad.
En efecto, crea para el ciudadano la obligación de tomar partido en todas las determinaciones que lo afecten, tal como se desprende de la preceptiva de los artículos 2, 40-2, 79, 103 y 270 de la Constitución, entre otros.
En ese orden de ideas, en la ya citada sentencia C-184-94 la Corte Constitucional resaltó que el principio participativo implica un “[…]modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo[…]”.
En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional ha enfatizado en que el concepto de democracia participativa implica, además, que la ciudadanía puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en su vida, con lo cual el principal objetivo del Constituyente fue “[…] fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual […]”.
En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que “[…] uno de los fines del Estado Social de Derecho, es el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la participación no solamente política, sino en todas las decisiones que los afecten, como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 40-2, 79, 103 y 270 de la Constitución […]”, entre otros.
Así las cosas, puede decirse que con la introducción de los múltiples elementos de democracia participativa en la Constitución de 1991, el Constituyente reconoció que la democracia no se agota en las elecciones periódicas sino que la democracia, en tanto forma política bajo la cual se organiza la sociedad colombiana, tiene un efecto expansivo que busca que sus reglas se apliquen en espacios públicos y privados por igual, a través de la participación directa de los ciudadanos.
4.1. La autonomía universitaria y el principio participativo de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de educación superior
El artículo 69 de la Carta Política reconoce y garantiza la autonomía universitaria y establece que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.”
En desarrollo de esa normativa constitucional, el legislador, mediante la Ley 30 de 1992, organizó el servicio público de la educación superior y precisó que la autonomía universitaria reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (artículos 28 y 29). Igualmente, desarrolló el régimen especial de las universidades del Estado y de las otras instituciones de educación superior estatales u oficiales (artículos 57 a 95).
La jurisprudencia constitucional se ha ocupado de determinar el fundamento, contenido y límites de la autonomía universitaria, definiéndola como una garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de educación superior, que tiene fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, y en el manejo administrativo y financiero del ente educativo. La autonomía universitaria tiene como objeto central de protección, el ejercicio de las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje y opinión, así como la prestación del servicio público de la educación superior, sin interferencias de centros de poder ajenos al proceso formativo; es decir, con ella se pretende evitar la interferencia del poder público en la labor de las Universidades como entes generadores del conocimiento.
En relación con su contenido, la Corte Constitucional ha establecido que la autonomía universitaria se proyecta en dos direcciones: por un lado, en la facultad de los centros educativos de determinar su dirección ideológica y, por otro, en la potestad de los entes de educación superior, de dotarse de su propia organización interna, facetas éstas que se concretan en la posibilidad de:
“[…]
(i) Darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales; (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos.
[…]”.
Esta Sección, al referirse al principio de la autonomía universitaria, entre otras, en la sentencia de 18 de mayo de 2011 (M.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta) ha señalado que el mismo no es absoluto y que debe interpretarse de manera sistemática, esto es, en concordancia con las demás disposiciones y principios constitucionales y legales atinentes al servicio público de la educación, en sus diferentes aspectos.
Al prohijar la sentencia C-810 de 2003 de la Corte Constitucional, la Sección anotó:
“[…] La autonomía universitaria no es absoluta pues encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal. Tal conclusión resulta obvia pues el propio artículo 69 de la Constitución establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. En efecto, como lo ha sostenido esta Corte “cualquier entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer al Estado de derecho, se encuentra sujeta a límites y restricciones determinados por la Constitución y la ley”. // Similar criterio acogió la sentencia C-918 de 2002 que, reiterando la posición sostenida por esta Corte en la sentencia T-184 de 1996, señaló que la autonomía no puede entenderse como autodeterminación absoluta, ya que las universidades hacen parte del conglomerado social bajo el cual se edifica y sustenta el Estado Social de Derecho (CP art. 1°). Esta situación implica que están sometidas a su ordenamiento jurídico. Por consiguiente, el ejercicio de dicha autonomía debe llevarse a cabo de conformidad con los mandatos que consagran (sic) los valores, derechos y garantías constitucionales y con sus desarrollos legales […]”.
Como límites de la autonomía universitaria, la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes:
“[…] a) La enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República (C.P. arts. 67 y 189-21); b) la prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P. art. 150-23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción legislativa, como quiera que ésta “no significa que haya despojado al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde”, c) el respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria. A guisa de ejemplo encontramos que los derechos laborales, el derecho a la educación, el debido proceso, la igualdad, limitan el ejercicio de esta garantía […]”.
De su parte, la Corte Constitucional también ha resaltado lo siguiente:
“[…] La autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros […]”.
4.2. Los mecanismos de participación ciudadana en la conformación, el ejercicio y el control del poder político
El artículo 40 Constitucional prevé las formas específicas en las que el pueblo, en tanto titular del poder público, participa en la conformación, ejercicio y control del poder político.
El artículo 40 superior reconoce las diferentes relaciones del ciudadano con el poder político y, a partir de ellas, asegura posiciones constitucionales de variada índole.
La primera relación posible con el poder político es la relativa a su conformación. En ese vínculo los titulares del derecho a participar tienen la competencia para formar o constituir, en el sentido de definir quienes lo ejercen, el poder político. Por ello son titulares del derecho a elegir y a ser elegidos (núm. 1), del derecho a tomar parte en elecciones (núm. 2), del derecho a revocar el mandato de los elegidos (núm. 4) y del derecho de acceder al desempeño de funciones públicas (núm. 7). Esta expresión del derecho a participar supone un relativo predominio de las manifestaciones representativas de la democracia –aunque no excluye manifestaciones de democracia directa- en tanto los ciudadanos se ocupan de determinar quienes representarán y ejercerán, históricamente, el poder del Estado.
La segunda relación comprende la relativa al ejercicio del poder político. En este caso, el derecho a participar se concreta en la posibilidad de adoptar decisiones que implican una materialización directa del poder político. En esta manifestación se inscriben, con intensidad y consecuencias diferenciadas, el derecho a tomar parte en plebiscitos, referendos y consultas populares (núm. 2), el derecho a tener iniciativa en las corporaciones públicas (núm. 5) y el derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellos y a difundir sus ideas y programas (núm. 3). En esta relación con el poder político se encuentran comprendidas las manifestaciones no intermediadas de la participación en tanto los ciudadanos promueven o adoptan decisiones que, en otros casos, podrían o no serlo por sus representantes. Es por ello que la Corte Constitucional ha advertido que uno de los grandes cambios que supone el tránsito de una democracia exclusivamente representativa a una democracia participativa consiste en que “los ciudadanos no votan sólo para elegir, sino también para decidir.”
La tercera relación que prevé el artículo 40 con el poder político es la de control. En ella las personas asumen una perspectiva diferente en tanto su derecho se concreta en la facultad de vigilar o inspeccionar las actividades desplegadas por las autoridades en ejercicio del poder político. A partir de este tipo de vínculo con el poder se reconoce el derecho a revocar el mandato (núm. 4), a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución Política y la ley (núm. 6), a presentar peticiones respetuosas a las autoridades públicas (art. 23) y a constituir y participar en organizaciones orientadas a vigilar la gestión pública (arts. 103. inc. 3, 270 y 369).
Adicionalmente, en esta tercera relación se manifiestan formas representativas del control político, esto es, el despliegue de actividades de control a la gestión por parte de los representantes elegidos.
Esta disposición se complementa con el artículo 103 de la Constitución Política al disponer que el ejercicio de la soberanía del pueblo, lo que equivale a decir -en términos del artículo 40 Superior- el ejercicio del poder político, se manifiesta de múltiples maneras en el ordenamiento jurídico colombiano en el voto, en el plebiscito, en el referendo, en la consulta popular, en el cabildo abierto, en la iniciativa legislativa y en la revocatoria del mandato.
Esa misma disposición establece, dado el reconocimiento del derecho a controlar el poder político -también referido en el artículo 40 Superior-, la obligación del Estado de contribuir a la organización, promoción y capacitación de diferentes asociaciones a efectos de que puedan incidir en las instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.
En línea con lo dispuesto en los preceptos constitucionales precitados, el artículo 6 de la Ley 134 de mayo 31 de 1994, definió la revocatoria como el derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.
Ello se muestra consonante con lo dispuesto en el artículo 259 Superior, a cuyo tenor:
“[…] Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático […]”.
En concepto de la Corte Constitucional la revocatoria del mandato consiste en:
“[…] La posibilidad con la que cuenta el pueblo de responsabilizar políticamente el incumplimiento de aquello que haya prometido determinado candidato y por lo cual fue elegido […]”.
La Corte Constitucional ha tenido oportunidad de explicar el fundamento de la revocatoria señalando que:
“[…] la estrategia constitucional determina tanto para los gobernantes como para los gobernados, una relación recíproca y de compromiso entre el voto y el cumplimiento del programa electoral […].” Como consecuencia de ello “[…] las promesas electorales bajo el nuevo esquema constitucional deben cumplirse, lo cual explica que los electores puedan adelantar la revocatoria del mandato […].”
En síntesis:
Una de las dimensiones puntuales en las que se materializa el principio participativo es en los llamados mecanismos de participación ciudadana, a través de los cuales el electorado es convocado para tomar decisiones que, prima facie, debían ser tomadas por los espacios representativos.
En estrecha conexión con la radicación de la soberanía en el pueblo prevista en el artículo 3 Superior y con el derecho de las personas a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, reconocido en el artículo 40 ejusdem, la Constitución Política enuncia en su artículo 103 los instrumentos que concretan tal derecho: i) el voto, ii) el plebiscito, iii) el referendo, iv) la consulta popular, v) el cabildo abierto, vi) la iniciativa legislativa y vii) la revocatoria del mandato.
Según lo destacó la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias, tales mecanismos promueven “la participación libre e igualitaria de cada miembro de la comunidad política.”
5. Análisis de los cargos formulados
De conformidad con el Acuerdo 066 de 2005, “por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es un ente universitario autónomo, de carácter nacional, estatal y público, democrático, de régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo.
Es cierto que los artículos 2° (literal e) y 6° (literal e) del Acuerdo 066 de 2005, erigen la democracia participativa en un principio fundamental orientador de la gestión de la UPTC, al disponer lo siguiente:
“[…]
Artículo 2.- La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia estará orientada por los siguientes principios fundamentales:
[…]
e) DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, en cuanto está abierta a todas las personas, sin exclusión, por consideraciones de nacionalidad, etnia, ideología, credo o de cualquier otra índole que no sea la acreditación de las calidades académicas que la institución establezca para su acceso; y en cuanto promueve y convoca la participación de la comunidad universitaria en la orientación y toma de decisiones, en las instancias previstas en los tratados internacionales, en la Constitución Política, en la ley, en el presente Estatuto y en sus Reglamentos. (Resalta la Sala)
[…]
Artículo 6.- Las políticas básicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia son:
[…]
e) Desarrollar la democracia participativa, mediante el estímulo de la presencia real de la comunidad universitaria en los órganos de dirección de la institución, acorde con los mecanismos previstos en la Constitución Política de Colombia; fomentar y reconocer las organizaciones gremiales, con el objetivo de consolidar formas de representación, concertación, control y vigilancia de la gestión universitaria. (Resalta la Sala)
[…]”.
Empero, de ello no se sigue que la participación democrática de la comunidad educativa en el ámbito propio del quehacer universitario, se rija por el marco normativo constitucional y legal que regula la participación democrática de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control de poder político, ni que esta se haga efectiva mediante los mecanismos o las instituciones que son característicos de esta última modalidad, pues una y otra no son en modo alguno asimilables.
Cada una de ellas tiene sus propias especificidades y particularidades, de modo que no son equiparables, pues no se trata de instituciones jurídicamente equivalentes.
Corolario de lo expuesto es que, desde el punto de vista constitucional y legal, la participación de la comunidad educativa en los asuntos propios del discurrir universitario no se hace efectiva a través de las instituciones o mecanismos de participación democrática que el ordenamiento jurídico ha previsto para que el ciudadano participe en la conformación, el ejercicio y el control del poder político.
Según lo expuesto, la Sala considera infundado el cargo que alega falta de competencia del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC, pues las previsiones normativas contenidas en los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, plasmado en el Acuerdo 066 de 2005 en modo alguno le impedían derogar la revocatoria del mandato como causal de remoción del rector.
Según quedó expuesto, el derecho de participación democrática de la comunidad educativa dista de tener el alcance que pretende conferirle el demandante, al asimilarlo al derecho político de participación democrática de los ciudadanos en la conformación, el ejercicio y el control de poder político.
Se reitera que la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control “del poder político”, es una materia distinta de la especial participación de la “comunidad educativa” en la dirección de las instituciones de educación superior de que trata el artículo 68 superior, ámbito en el cual no se atiende a la calidad de ciudadano colombiano sino a las de estudiante o profesor.
Por lo demás, la Sala advierte que, desde el punto de vista constitucional, el único ámbito en el que el artículo 68 de la Carta hace imperativa la participación de la comunidad educativa es en el atinente a la dirección de las instituciones de educación. En ese escenario sí es constitucional y legalmente exigible la obligación de garantizar instrumentos que aseguren la efectiva participación de la comunidad educativa en la designación de los representantes al Consejo Superior, comoquiera que este es el órgano máximo de dirección y de gobierno de la universidad y que el Estatuto general le confiere la función de designar al rector.
6. Conclusión
La Sala concluye que, contrariamente a lo afirmado por el demandante, el Consejo Superior Universitario de la UPTC, sí tenía competencia para derogar el artículo 20 (literal e) y el artículo 21 del Acuerdo 066 de 2005, en ejercicio de la facultad de reformar los estatutos que le confiere el artículo 13 (literal d) ejusdem, como quiera que los artículos 1, 2, 68 y 69 de la Constitución y los artículos 1, 2 (literal e) y 6 (literal e) del Estatuto General de la Universidad, no establecen que la revocatoria del mandato rectoral forme parte del núcleo esencial del derecho de participación democrática que se reconoce a la comunidad educativa.
El artículo 68, inciso segundo, de la Constitución Política, establece que “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”. Así pues, el derecho que la norma precitada le reconoce, la faculta para participar en la escogencia de las directivas de la institución universitaria, más no en su remoción.
Como quedó visto, según los artículos 40-2 y 103 de la Constitución y las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, la revocatoria del mandato únicamente se aplica a los alcaldes y gobernadores, en atención a lo establecido en materia de voto programático en el artículo 259 Superior.
Ello en modo alguno significa que una deficiente gestión se quede en la impunidad, pues el literal c) del artículo 20 del Acuerdo 066 de 2005 establece que el Rector podrá ser suspendido o removido por el Consejo Superior, previa garantía del debido proceso, por voto afirmativo de la mayoría absoluta de los integrantes, en caso de “incumplimiento de sus deberes”.
En este sentido se decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar en nombre y representación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, a la doctora Bellanith Avila Castillo con c.c. nro. 23.780.163 expedida en Tunja y con T.P. nro. 72.575 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Se presentó el 9 de junio de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA (Ley 1437 de enero 18 de 2011), la cual empezó el 2 de julio de 2012, conforme lo dispuso el artículo 308 ídem.
Decreto 01 de 2 de enero de 1984.
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
Folio 23
Folio 73
Folio 75
“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”.
Folio 160
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia.
El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
Folio 177
Folios 178 y 179
Folios 163 a 167
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
Nro. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00417-01 (Acumulados nros.1001-03-15-000-2003-01000-01) Demandantees: Juan Pablo Cardona González, Armando Arciniegas Niño y Miguel Antonio Peña Peña.
M.P. Rodrigo Escobar Gil. Expediente D-3885 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 77, 78 y 217 (subrogado por el artículo 54 del Decreto 2304 de 1989) del Código Contencioso Administrativo. Demandante: Jorge Luis Pabón Apicella
Sentencia C-357 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencias C-568 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas y la sentencia C-503 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Ibídem.
Ibídem.
M.P. Hernando Herrera Vergara
M.P. Mauricio González Cuervo
“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.”
“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999. Ver también las sentencias C-089 de 1994, T- 473 de 2003 y C-127 de 2004, entre otras.
Diario Oficial nro. 40.700 de 29 de diciembre de 1992.
Entre otras, ver sentencias T-492 de 1992, T-310 de 1999, T-286 de 2005, T-886 de 2009, C-829 de 2002 y C-810 de 2003, todas de la Corte Constitucional.
Sentencia C-1435 de 2000.
Nro. único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00294-00. Demandante: Armando Valencia Casas
M.P. Eduardo Montealegre Lynnett
Sentencia T-180 A de 2010. En esta sentencia se sintetizan los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a los límites de la autonomía administrativa.
Sentencia C-829 de 2002.
Sentencia T-631 de 2001.
“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”.
Sentencia C-041 de 2004. La Corte Constitucional se había ya referido a la revocatoria en las sentencias T-470 de 1992, C-011 de 1994 y C-180 de 1994.
Sentencia T-263 de 2010.
Sentencia T-1037 de 2010.
Sentencia T-006 de 1992.
Folio 172
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