Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00307-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2008-00307-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00307-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2008-00307-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
Demandada: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Acción: Nulidad simple – Código Contencioso Administrativo
Tesis: Procede la nulidad del Decreto 1405 de 2008 por falsa motivación, como quiera
que la medida adoptada a través de este acto administrativo, consistente en la fijación
de contingentes de importación como medida provisional de protección al mercado
nacional hasta tanto se adelantaran los procesos de salvaguardia general, no
corresponde con la situación fáctica que pretendía resolverse ni con las normas
invocadas como sustento de tal decisión por parte del Gobierno Nacional.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia, la demanda presentada por Oscar Mauricio
Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez contra el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo, para que se declare la nulidad del Decreto 1405 de 30 de abril de 2008 y
el numeral 5 del Acta 181 del 7 de marzo de 2008 del Comité de asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
1. Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez1, en adelante la parte
demandante, solicitaron al Honorable Consejo de Estado declarar la nulidad de:
1.1. El Decreto 1405 del 30 de abril de 2008, “Por el cual se establecen unos
contingentes para la importación de unos productos del sector calzado”,
expedido por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo.
1.2. El numeral 5º del Acta núm. 181 de 7 de marzo de 2008 del Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, a través de la
cual se recomendó al Gobierno Nacional autorizar los contingentes a la
importación de confecciones y calzado originarios de la República Popular
de China clasificados en los capítulos 61, 62, y 64, hasta el 31 de diciembre
de 2008, excepto para los productos clasificados en la partida 64.06 y
aquellas mercancías que tengan derechos antidumping vigentes.
1.2. El Acto administrativo demandado
2. Los actos demandados son del siguiente tenor literal:
• Decreto 1405 del 30 de abril de 2008
“ARTICULO 1°: Establecer los siguientes contingentes para la Importación de
productos del sector calzado originarios de la República Popular China,
clasificados en las siguientes partidas arancelarias:
Artículo 2°. La administración de los contingentes a los que se refiere el artículo
1° del presente decreto será realizada por la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo bajo el régimen de libre importación,
de conformidad con la reglamentación que expida para tal efecto.
1 A nombre propio. Cuaderno No. 1 folios 20-60
2
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
Artículo 3°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales verificará el
cumplimiento de las normas aduaneras aplicables a la Importación de los
productos que Integran los contingentes establecidos en el presente Decreto,
por parte de los importadores a quienes se haya aprobado registro de
importación.
Artículo 4°. Las disposiciones del presente decreto no aplican a las
importaciones originarias de la República Popular China, que antes de la fecha
de entrada en vigencia de este decreto hayan sido efectivamente embarcadas
hacia Colombia y que ingresen al territorio aduanero nacional o se encuentren
introducidas a Zonas Frances.
Artículo 5°. El presente Decreto comenzará a regir a partir de los quince (15)
días siguientes a su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia hasta el
31 de agosto de 2008”.
• Numeral 5 del Acta 181 del 7 de marzo de 2008 del Comité de asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior
COMIITE DE ASUNTOS ADUANEROS ARANCELARIOS Y DE COMERCIO
EXTERIOR
ACTA No. 181 (Sesión Extraordinaria)
El 07 de marzo de 2008 se celebró la sesión 181 Extraordinaria del Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A) en
las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la Ciudad
de Bogotá D.C., previa convocatoria de la Secretaria Técnica del Comité.
(…)
5. Establecimiento de contingentes para la importación de confecciones y
calzado originarios de la República Popular China clasificadas en los capítulos
61, 62 y 64
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT) presentó a consideración
del Comité, la iniciativa de establecer contingentes a la importación de
confecciones y calzado originarios de la República Popular China clasificados
en los capítulos 61, 62 y 64, excepto los productos clasificados por la partida
64.06 y aquellas mercancías que tengan derechos antidumping vigentes.
Como medida temporal para corregir la problemática del ingreso de productos
a precios sensiblemente bajos que enfrentan los sectores de la confección y el
calzado desde hace varios años, el MCIT ha previsto establecer contingentes a
la importación de estas mercancías de origen chino, mientras se abren procesos
de salvaguardia general permitida y regulada por el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC
Las características de las nuevas medidas son las siguientes:
• Ámbito de aplicación
3
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
El Comité decidió incluir dentro del ámbito de aplicación de esta medida a los
bienes producidos como no producidos en el país, con el fin de evitar el
contrabando técnico. En definitiva, los contingentes aplicarán a las
importaciones de confecciones y calzado originarias de China clasificadas en
los capítulos 61, 62 y 64 (excepto 64.06) y aquellas mercancías que tengan
derechos antidumping vigentes.
• Determinación del Cupo (Ver Anexo)
La determinación de los cupos por partida estuvo a cargo de la DIAN, y se
obtuvieron a partir del promedio simple mensual de los años 2006 V 2007, V
multiplicado por el número de meses de vigencia de la medida.
• Criterios de distribución
Los contingentes se distribuirán entre los importadores tradicionales, es decir
aquellos que registren el ingreso de mercancías de las respectivas partidas
durante los dos últimos años; y los importadores nuevos teniendo en cuenta la
fecha de su solicitud.
• Administración
La administración y distribución de los contingentes estará a cargo de la
Dirección de Comercio Exterior a través de la Subdirección de Diseño y
Administración de Operaciones.
• Vigencia
Está medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008
Evaluada la solicitud, el Comité recomendó al Gobierno Nacional autorizar los
contingentes a la importación de confecciones y calzado originarios de la
República Popular China clasificados en los capítulos 61, 62 y 64, hasta el 31
de diciembre de 2008, excepto para los productos clasificados por la partida
64.06 y aquellas mercancías que tengan derechos antidumping vigentes. Así
mismo, recomendó que los contingentes no se apliquen a las importaciones de
las mercancías efectivamente embarcadas hacia Colombia, antes de la fecha
de entrada en vigencia de este Decreto y que ingresen al territorio aduanero
nacional o se encuentren introducidas en Zonas Francas […]”.
1.3. Normas violadas según la demanda.
3. Los demandantes consideraron vulnerados los artículos 2, 13, 29, 150, 229 y 333
de la Constitución Política; los artículos 1, 2 y 4 y todos los artículos contenidos en los
Títulos I, capítulo II del relativo al “Procedimiento de la Investigación de Salvaguardia
General”, capítulo III relativo al “Daño y Amenaza de Daño”, capítulo IV relativo al
“Procedimiento para la Adopción de Medidas de Salvaguardia”, capítulo V relativo a
4
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
“medidas de Salvaguardia Provisional” del Decreto 152 de 1998; los artículos
contenidos en los Títulos I y III del Decreto 1480 de 2005 y en especial los artículos
41, 42, 43, 47, 53 y 54; los artículos XI, XIII, XIX, XX, XXI del Acuerdo General del
GATT de 1994; el Acuerdo de Textiles y Vestuario (ATV) de la OMC y los artículos 1,
2, 3 y 11 del Acuerdo de Salvaguardias de 1995 de la OMC.
1.4. Concepto de la violación
1.4.1. Respecto del Acta No. 181 del Comité Triple A
4. Explicó que se configuró una falta de competencia toda vez que dentro de las
funciones del Comité Triple A establecidas en el artículo 1 del Decreto 3303 de 2006,
no se encuentra la de recomendar la imposición de contingentes a las importaciones.
5. Destacó que las funciones de Comité Triple A relacionadas con la realización de
estudios y la formulación de recomendaciones al Consejo Superior de Comercio
Exterior y al Gobierno Nacional deben desarrollarse de acuerdo con las leyes que
regulan la materia de que se trate; con lo cual se puede concluir que los numerales 2
y 3 del artículo 1 del Decreto 3303 de 2006 no otorgan competencias al Comité para
adoptar medidas sobre contingentes a las importaciones.
6. Señaló que a la luz de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 y en el artículo
18, ambos del Decreto 3303 de 2006, es indiscutible que el Comité Triple A sí tiene la
competencia para recomendar la adopción de medidas restrictivas a las
importaciones, pero debe hacerlo dentro del procedimiento reglado de imposición de
salvaguardias y no como una medida transitoria hasta tanto se inicie dicho
procedimiento. Aseveró además que esta interpretación guarda consonancia con el
artículo XI del Acuerdo General GATT de 1994 y el artículo 11 del Acuerdo de
Salvaguardias.
7. Precisó que existió una violación directa de la ley toda vez que el Comité Triple
A puede ejercer sus funciones, pero debe hacerlo dentro del marco del proceso legal
establecido para la imposición de medidas de salvaguarda. Por lo tanto, al haber
5
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
ejercido dichas funciones por fuera de este marco legal, violó en forma directa la ley,
lo que además ocurrió por no haberse permitido a los afectados, consumidores e
importadores su derecho a la defensa dentro del mencionado trámite.
8. Argumentó que existió violación de la ley y del debido proceso en tanto se
pretermitió el procedimiento administrativo que debe adoptarse cuando se imponen
medidas restrictivas al comercio internacional o salvaguardias especiales, pues en
dicho proceso se fijan los volúmenes de importaciones, las condiciones en que estas
se deben realizar y se analiza si estas amenazan o causan daño a los productores
nacionales. La falta de este proceso condujo a que se recomendaran medidas para
productos que no tienen producción nacional o sobre los cuales no existían
importaciones de origen chino.
9. Agregó que, aun si las medidas de restricción a las importaciones pudieran
imponerse por fuera de las investigaciones de salvaguardia, en todo caso ha debido
darse aplicación a lo dispuesto en el literal a) numerales 1 a 3 del artículo 13 del
Decreto 3303 de 2006 y el literal c) de esta misma disposición que a su vez reenvía al
artículo 12 que regula las condiciones que deben cumplir las solicitudes de imposición
de medidas de salvaguardia y las finalidades que deben cumplir estas.
10. Agregó que se incurrió en falsa motivación en tanto lo señalado en el Acta del
Comité Triple A, que a su vez fundamentó la expedición del Decreto demandado, hace
referencia a la existencia de una situación de importaciones a precios bajos que afecta
a los sectores de la confección y el calzado, situación para lo cual existen dentro de
las normas de comercio exterior soluciones a través de la imposición de medidas
antidumping y no las de salvaguardia que erradamente se invocan y que en realidad
responden al incremento exagerado e intempestivo de importaciones.
11. En igual sentido reafirmó que la imposición de contingentes de importación
tampoco es la vía para luchar contra el contrabando, por lo que también este
argumento resulta inválido para justificar las medidas impuestas en el Decreto.
12. Adujo que la medida provisional de contingentes de importación no se encuentra
justificada a la luz de las normas del Acuerdo General del GATT ni del Decreto 152 de
6
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
1998, pues la imposición de tales restricciones debe ser el resultado de un proceso
en el que los interesados y la parte investigada pueden intervenir y exponer sus
argumentos.
13. Finalmente, sostuvo que existió falsa motivación en tanto los anexos en los
cuales se determinaron los cupos o contingentes de importación tienen como fecha
12 de marzo de 2008, esto es, una fecha posterior al cierre del Acta No. 181 del Comité
Triple A que es del 7 de marzo de 2008, por lo cual no es cierto que la información de
los anexos estuviera disponible para el momento en que se realizó la reunión y se
discutió el tema.
1.4.2. Respecto del Decreto 1405 del 30 de abril de 2008
14. Explicó que el Decreto demandado vulnera varias disposiciones constitucionales.
El artículo 13 en tanto impone la medida de contingentes de importación solo para
productos chinos cuando en el Acta núm. 181 del Comité Triple A se habla de medidas
de salvaguardia de carácter general y, por cuanto favorece solo a un sector de la
economía, esto es, a los productores nacionales de zapatos. Estas situaciones
vulneran además el artículo 2 constitucional porque van en detrimento del comercio
internacional y las importaciones.
15. También arguyó que el Decreto demandado viola el artículo 209 de la
Constitución relativo a la función pública, en tanto impone un trato discriminatorio
respecto de un solo país y de un solo sector económico.
16. Aseveró que también se trasgrede el artículo 333 al restringir el comercio sin que
se hubieren agotado las instancias pertinentes, afectando la libre competencia y la
iniciativa privada.
17. Sostuvo que el Decreto infringe de manera directa la Ley en tanto invoca como
fundamento el num. 25 del artículo 189 de la Constitución sin considerar que las
facultades del Presidente a que alude este numeral, en concreto, las relacionadas con
los temas de comercio exterior y aduanas, deben ejercerse dentro del marco fijado en
7
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
la ley (Ley 6 de 1971 y Ley 7 de 1991), según lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
150 de texto constitucional.
18. En este orden de ideas, aseveró que, aunque el Decreto alude como fundamento
a la Ley 6 de 1971, lo cierto es que esta última se refiere a la aplicación de aranceles
y no a la fijación de contingentes de importación, por lo que no puede servirle de
sustento.
19. En esta misma línea, argumentó que tampoco la Ley 7 de 1991 puede sustentar
el Decreto 1405 de 2008, en la medida en que esta ley privilegia lo que denomina el
principio de la mayor libertad posible, la protección y promoción al comercio exterior y
la iniciativa privada; mientras el Decreto demandado lo que impone son restricciones
al comercio internacional proveniente de China, concretamente a las importaciones
de confecciones y calzado, sin que además existan “coyunturas externas e internas
adversas al interés comercial del país” que sería la única excepción bajo la cual
eventualmente podrían justificarse las medidas restrictivas y los contingentes.
20. Como consecuencia de lo anterior, añadió que aunque el Gobierno Nacional tiene
el deber de amparar la industria nacional, lo cierto es que debe hacerlo a través de
una regulación correcta y conforme a los procedimientos legales preestablecidos en
el Decreto 152 de 1998, Decreto 1407 de 1999 y Decreto 1480 de 2005.
21. Sostuvo que existía una contradicción entre el Acta de Comité Triple A y el
Decreto 1405 de 2008 al cual le sirvió de fundamento, dado que el Acta sugería
adoptar la medida de imposición de contingentes mientras se adelantaba una
investigación por Salvaguardia General, mientras que el Decreto imponía la aplicación
de contingentes solo respecto de productos chinos, lo que además derivaba en una
falsa motivación.
22. A su juicio el trato desigual, el desconocimiento de la imparcialidad y la
vulneración del principio de mayor libertad posible, todos establecidos en la Ley 7 de
1991, se tradujo igualmente en un desconocimiento del marco legal de la OMC y,
8
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
concretamente, del protocolo de adhesión de la República Popular de China a la OMC,
dentro del cual se previeron los trámites que respecto de ciertos productos podían
adoptarse y los plazos para ello.
23. Adicionalmente indicó que el Decreto vulneró lo dispuesto en el Decreto 1480 de
2005 que regula los procedimientos administrativos para la imposición de
salvaguardias.
24. Argumentó que la norma demandada también vulnera normas internacionales,
en particular, las normas del Acuerdo GATT de 1994, el Acuerdo de Textiles, Vestido
y Vestimenta, y el Acuerdo de Salvaguardias, al igual que las normas nacionales que
desarrollan este último y que establecen los procesos aplicables para la imposición de
esta clase de medidas de protección.
25. Resaltó que todos estos convenios consagran obligaciones de Colombia en el
contexto del comercio internacional, entre ellas las de no imponer restricciones a las
importaciones de un producto y menos aún medidas de carácter discriminatorio. Por
lo demás, enfatizó que no resulta posible imponer contingentes de importación como
medidas temporales dado que las disposiciones del GATT no contemplan estas
alternativas ni siquiera bajo la excepción de “medidas de urgencia sobre importación
de productos” a que hace referencia el artículo XIX.
26. Reafirmó que el Decreto en cuestión vulnera el debido proceso pues impone
medidas de contingentes sin sustento legal y probatorio, sin citar las normas que
justifican la decisión ni las normas que autorizan la medida incluso respecto de bienes
que no se producen en el territorio nacional. Enfatizó que esta conclusión sería igual
si la situación se analizará a la luz de la aplicación del Protocolo de Adhesiones de
China a la OMC, pues dentro del mismo también se prevén circunstancias especiales,
procesos, términos para la adopción de medidas restrictivas y el volumen para el
cálculo de contingentes (ver Decreto 1480 de 2005).
27. Alegó que existió desviación de poder en tanto a través del Decreto cuestionado
lo único que se buscó fue el sector de calzado en detrimento del comercio
internacional, de los importadores y los consumidores. A esto se suma que el Decreto
9
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
fue expedido por quien además es juez en los procesos de dumping y salvaguardia lo
que refleja la falta de imparcialidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2
28. De acuerdo con esta cartera Ministerial las normas demandadas se expidieron
por parte de la autoridad competente y con observancia plena de los preceptos
constitucionales y legales respectivos.
29. También arguyó que los acuerdos Internacionales prevén la posibilidad de
adoptar medidas tendientes a la protección de la industria nacional cuando quiera que
existan circunstancias de saturación en la importación de productos o mercancías, sin
que ello resulte lesivo del ordenamiento jurídico e institucional.
30. Las medidas de protección de la industria nacional tiene fines altruistas que
además protegen la fuerza laboral y por esta vía promueven la prosperidad general,
el orden justo en armonía y cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la
Constitución, sin infringir de manera alguna el derecho a la igualdad en tanto las
normas demandadas son abstractas e impersonales y para acceder a ellas
simplemente se deben acreditar unos requisitos a través de la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio. Por estas mismas razones afirmó que no se vulneró el artículo
209 constitucional.
31. Señaló que no existió violación el debido proceso y el derecho de defensa, en
tanto las materias de las normas demandadas hacen parte de los asuntos en los que
el Gobierno Nacional puede intervenir, para lo cual solo es necesario que se
convoquen los órganos asesores y se hagan los análisis correspondientes.
2 Cuaderno No. 1 folios 125 -131.
10
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
32. Indicó que en tanto las medidas no estuvieron dirigidas a un solo agente
económico, no se infringió el derecho a la defensa pues simplemente se trataba de
proteger un sector de la economía nacional.
33. No se vulneró tampoco el artículo 150 núm. 25 de la Constitución, en tanto esa
disposición faculta al presidente a intervenir en materias de comercio internacional
que requieren de celeridad y que no pueden quedar bajo la órbita del legislativo cuyos
procesos son más demorados y complejos.
34. Añadió que no se vulneró el artículo 333 pues la normativa demandada no
prohíbe ejercer una actividad económica ni restringe la iniciativa privada, dado que se
trata de una normativa general, impersonal y abstracta.
35. En relación con la infracción de la normativa internacional sostuvo que las normas
del GATT y de la OMC prevén medidas antidumping y de salvaguardia cuando quiera
que se venden productos por precios realmente bajos que generan sobreproducción
y que pueden afectar el comercio.
36. Aseveró que las medidas adoptadas son consecuentes con los dispuesto en la
Ley Marco de Comercio, Ley 7 de 1991, que le asigna al Gobierno Nacional la
posibilidad de adoptar medidas que le permitan a la economía o a un sector de la
misma superar coyunturas inesperadas e imprevistas.
37. Por último, indicó que en el presente asunto operó el fenómeno del decaimiento
del acto administrativo, en tanto el Decreto 1405 de 2008 tenía una vigencia limitada,
por lo que la acción de nulidad resulta inane en tanto dicha normativa dejó de producir
efectos a futuro.
2.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público3
3Cfr. Expediente digital de Samai. Índice 052 archivo 059_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestaciondeMinH
11
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
38. Tras solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda, esta cartera
ministerial indicó que la medida relativa a la imposición de contingentes de importación
de productos del sector del calzado provenientes de China, solo buscaba regular el
ingreso de estos productos al país protegiendo la industria nacional.
39. Argumentó que las normas demandadas se inscriben dentro de los límites de la
facultad reglamentaria de la que goza el Gobierno Nacional de acuerdo con lo
establecido en el num. 25 del artículo 189 de la Constitución Política y que deben
ejercerse con sujeción a las Leyes 7 de 1991 y 1609 de 2013; potestad que fue
ejercida en los términos y dentro de los límites reconocidos por la Corte Constitucional,
entre otras, en la sentencia C-1005 de 2008 y por la jurisprudencia del Consejo de
Estado que ha reconocido la potestad de reglamentación como una vía para el
desarrollo de la Ley.
40. A partir de la noción de potestad reglamentaria desarrollada por el Consejo de
Estado, sostuvo que esta facultad del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de
la República no necesita norma especial que la confiera y puede ser ejercida mientras
esté vigente la norma legal a reglamentar, teniendo como límite precisamente el
contenido y su alcance, sin que le sea posible ampliar, restringir, contrariar o modificar
su contenido.
41. Adicionalmente arguyó que las normas demandadas son el resultado de la
facultad reglamentaria ampliada que tiene el Gobierno Nacional respecto de la materia
de Leyes Marco, que por tratarse de asuntos cambiantes y de carácter técnico deben
ser reguladas de manera ágil y rápida. En este mismo sentido recordó que los
Decretos que se expiden en virtud de una Ley marco son Decretos con fuerza de Ley
al ser de carácter general, abstracto e impersonal.
42. Precisó que en el caso concreto, el Decreto 1405 de 2008 se expidió por parte
del Presidente de la República con fundamento en las facultades conferidas en el
artículo 189 num. 25 de la Constitución respecto a la regulación del comercio exterior,
de conformación o con sujeción a las leyes marco a que se refiere el artículo 150 num.
12
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
19 literal c), de la Carta Política que, para el caso, es la Ley 7ª de 1991 que establece
la posibilidad de establecer contingentes arancelarios, cupos, licencias, o restricciones
a la importación.
43. En este orden de ideas, aseguró que al fijar los contingentes de importaciones de
calzado provenientes de China, el decreto demandado simplemente adoptó una
medida temporal y técnica dirigida a equilibrar la oferta externa de un producto
respecto de la capacidad del sector nacional, sin que en ningún caso se hubiera
desbordado la delegación legislativa.
44. Expresó igualmente que las normas demandadas corresponden a una evaluación
objetiva y legal del mercado que fue realizada por las instancias competentes. Recalcó
que la competencia del ejecutivo para regular el tema de comercio exterior, dentro del
marco fijado por la Ley 7ª de 1991, se activó a partir de una evaluación objetiva y
coyuntural sobre el mercado interno y el estado de la producción nacional en relación
con las importaciones de calzado, estudios que fueron realizados por las instancias
técnicas competentes.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. De la parte demandante4
45. En relación con la falsa motivación indicó que no hubo ninguna solicitud de
medidas de salvaguardia para los años 2008, 2009 y 2010 ni tampoco solicitudes de
medidas antidumping, lo que evidencia que las medidas adoptadas a través de las
normas demandadas fueron infundadas. Dicho en otros términos, indicó que la
supuesta urgencia y la necesidad de adoptar medidas que eran vitales y necesarias
para la industria nacional, que fue el argumento que sirvió de fundamento a las normas
demandadas, resultaron no ser ciertos, pues de lo contrario se habrían adelantado los
procesos pertinentes.
4 Cuaderno 1 folios 80-90
13
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
46. Precisó que tanto los procesos para la adopción de medidas antidumping como
aquellos previstos para la imposición de salvaguardias son procesos reglados que no
fueron adelantados por el Ministerio, lo que demostraría que las medidas relacionadas
con el establecimiento de contingentes de importaciones de calzado no eran
necesarias y sobre todo no cumplieron su objetivo.
47. En relación con la violación directa de la Ley y la desviación de poder expresó
que, contrario a lo expresado en la contestación de la demanda, no se cuestiona que
el Gobierno pueda adoptar medidas para proteger la industria nacional, lo cuestionado
es que tales medidas no se hayan adoptado dentro del marco legal y los
procedimientos expresamente previstos para ello.
48. En esta misma línea recalcó que las funciones del Presidente de la República
deben ser ejercidas dentro de los parámetros fijados o establecidos en la Ley 7ª de
1992, por lo cual las medidas de protección deben adoptarse por los organismos y
conforme a los procedimientos establecidos, que para ese momento estaban fijados
en los Decretos 152 de 1998, 1407 de 1999 y 1480 de 2005.
49. Reafirmó entonces que las medidas adoptadas a través de las normas
demandadas en tanto no se adoptaron dentro del marco de las competencias y
siguiendo las formalidades establecidas en la ley, están viciadas de nulidad, pues no
fueron el resultado de una investigación dentro de la cual se haya respetado el debido
proceso y el principio de legalidad.
50. Recordó que Colombia como signataria de los acuerdos de la OMC y por esta
vía del Acuerdo General del GATT y del Acuerdo de Salvaguardias, está obligada a
honrar sus compromisos multilaterales y no puede adoptar medidas restrictivas al
comercio internacional por fuera de los canales y los procesos autorizados para ello.
51. Añadió, retomando los argumentos de la contestación, que se vulneraron los
Decretos 152 de 1998, 1407 de 1999 y 1480 de 2005 que establecieron los procesos
a través de los cuales pueden imponerse restricciones, aranceles, cupos o cualquier
otra medida en el contexto de comercio internacional. Y, en especial, el Decreto 1480
14
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
de 2005 que expresamente preveía los canales y etapas para imponer medidas
relacionadas con la limitación de las importaciones de productos chinos.
52. Finalmente, manifestó su desacuerdo con lo expresado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en relación con el decaimiento del acto administrativo,
enfatizando que la pérdida de vigencia de la norma demandada no significa que la
jurisdicción pierda competencia para juzgar su legalidad ni que los particulares pierdan
su derecho a demandarla. Igualmente indicó que no es cierto el argumento del
demandado en el sentido de que no pueda demandarse la nulidad de un acto por ser
contrario a Acuerdos Internacionales de la OMC, pues tal posibilidad también ha sido
reconocida por la jurisprudencia contencioso-administrativa, con fundamento en su
carácter vinculante y obligatorio.
53. En relación con la contestación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
explicó que no puede confundirse la nulidad de los actos demandados con la
posibilidad de demandar la realización de algunas conductas en el marco de la OMC;
de manera que la demanda debe entenderse como un mecanismo para restablecer el
orden jurídico.
3.2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo5
54. Esta cartera ministerial además de ratificarse en todos los argumentos que
expuso en su contestación reiteró que adoptó las medidas que son objeto de demanda
actuando dentro de sus funciones y facultades.
55. Expuso que de acuerdo con las pruebas practicadas dentro del expediente, está
demostrada la legalidad de los actos demandados, en tanto el Ministerio actuó dentro
de sus competencias y al amparo de las normas reguladoras de la materia. Igualmente
enfatizó que la demandada garantizó en todo momento el debido proceso y estudió
de forma precisa los escritos contentivos de los recursos que permitieron el
agotamiento de la vía gubernativa.
5 Cuaderno 1 folios 78-79.
15
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
3.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente esta cartera ministerial guardó
silencio.
IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO
56. El Agente del Ministerio Público rindió concepto6 indicando, en primer lugar, que
el Acta No. 181 del Comité Triple A era un acto de trámite no susceptible de control
por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en segundo lugar,
abogando por la declaratoria de nulidad de la norma demandada con fundamento en
diversos argumentos.
57. A juicio del Ministerio Público el Decreto demandado incurrió en una falsa
motivación en tanto la supuesta afectación de la producción nacional debido a los
precios sensiblemente bajos que enfrenta el sector de la confección y el calzado,
justificaría la imposición de medidas antidumping y no de medidas de salvaguardia
general, que en esencia están previstas cuando quiera que se produzca un incremento
de las importaciones de manera súbita e inesperada que pueda afectar o causar un
daño a un sector de la producción.
58. Adicionalmente consideró que existió falsa motivación por cuanto en los
considerandos del Decreto demandado se invocó la Ley 6 de 1971 que no se refiere
a las medidas de imposición de contingentes sinos al tema de aduanas. Además, se
invocó la Ley 7ª de 1991 que permite la adopción de medidas para superar coyunturas
internas o externas adversas al interés comercial del país, pero bajo los
procedimientos y organismos señalado en la materia.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia de la Sala
6 Cuaderno No. 1 folios 105- 136
16
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, lo
ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y lo prescrito en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
60. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
5.2. Sobre el impedimento
61. Mediante comunicación de 26 de noviembre de 20258, el doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro, Consejero de la Sección Primera de esta
Corporación, manifestó su impedimento en el presente asunto.
62. Mediante auto de 11 de diciembre de 20259 se declaró fundado en atención
a que cuando el doctor Mantilla Navarro fungía como Agente del Ministerio
Público rindió concepto sobre el asunto de la referencia.
5.3. Consideraciones de la Sala
63. La Sala deberá determinar si el Gobierno Nacional, en ejercicio de su potestad
reglamentaria, puede imponer como medida provisional contingentes de importación
para productos del sector calzado provenientes de China hasta tanto se adelanten los
procesos de salvaguardia general.
64. En consonancia con lo anterior, deberá determinar si la medida descrita, esto es,
la imposición de contingentes de importaciones con alcance provisional se ajusta o
está conforme con las disposiciones que regulan el comercio internacional y, en
especial, con los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en el marco de la
OMC, o si, por el contrario, la medida es contraria a estas disposiciones.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Cfr Índice 00081 del expediente digital SAMAI.
9 Cfr Índice 00084 del expediente digital SAMAI.
17
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
65. Previo a abordar en detalle los fundamentos de la nulidad invocados por los
demandantes, corresponde a la Sala referirse a dos aspectos generales e importantes
del caso. El primero de ellos, relativo a la naturaleza jurídica del Acta núm. 181 del 7
de marzo de 2008 del Comité Triple A, que es uno de los actos demandados y, el
segundo, a la procedencia de las acciones de nulidad cuando quiera que el acto
administrativo demandado ha sido derogado o ha perdido fuerza de ejecutoria, en
tanto este fue uno de los argumentos esbozados por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en su contestación.
5.3.1. Naturaleza del Acta 181 de 7 de marzo de 2008 del Comité Triple A.
66. De acuerdo con los artículos 50, 135 y 138 del C.C.A., los actos administrativos
que son susceptibles de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo son aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, o
que siendo de trámite ponen fin a la actuación administrativa.
67. En relación con el tema esta Sección ha señalado:
“Los actos administrativos de trámite son aquellos que le dan celeridad a
la actuación, es decir, impulsan el trámite propio de una decisión que ha
de tomarse con posterioridad, los cuales no son susceptibles de
demandarse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a diferencia de
los actos definitivos que ponen fin a una actuación y que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto.
En tal contexto, únicamente las decisiones de la Administración producto
de la culminación de un procedimiento administrativo, o los actos de
trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son
susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de manera, que los actos de trámite o preparatorios
distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho
control; así mismo, se exceptúan de control jurisdiccional los actos de
ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional, toda vez que a través
de ellos tampoco se decide definitivamente una actuación, pues sólo son
18
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones […]”10 (Negrillas
de la Sala).
68. Atendiendo lo señalado por la jurisprudencia, la Sala considera que el Acta No.
181 del 7 de marzo de 2008 del Comité Triple A es un acto administrativo de mero
trámite, en tanto no definió con carácter definitivo ni el cierre de una etapa procesal ni
una obligación o un derecho, ni se trató de un acto que hubiese hecho imposible la
continuación de la actuación, pues simplemente contenía una serie de
recomendaciones formuladas por el Comité al Gobierno Nacional en relación con las
medidas que debía adoptar para solucionar algunos problemas detectados frente al
comercio internacional, concretamente referidos a la importación de productos de
origen chino.
69. En el mismo sentido, el Ministerio Público a través de su concepto indicó:
“[…] esta Agencia del Ministerio Publico considera que el Acta 181 de 2008 es
un acto de tramite a través del cual el Comité de Asuntos Arancelarios y de
Comercio Exterior realiza unas recomendaciones al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo respecto a medidas de contingentes restrictivas, el cual no
tiene una decisión definitiva que le ponga fin a la actuación administrativa, razón
por la cual nos limitaremos al estudio de los cargos pertinente al acto
demandado (Decreto, 1405 de 2008)”.
70. En atención a lo anterior, la Sala contraerá su análisis a los cargos formulados
frente al Decreto 1405 de 2008 y solo hará referencia al Acta No. 181 de 7 de marzo
de 2008 del Comité Triple A en tanto esta fue invocada como fundamento de aquél.
5.3.2. La acción de nulidad sobre actos administrativos derogados o que han
perdido vigencia
71. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adujo en su contestación que la
presente acción de nulidad carece de efectos al haber operado el fenómeno del
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto
Augusto Serrato, sentencia del 6 de agosto de 2020.
19
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
decaimiento del acto administrativo, dado que el Decreto 1405 de 2008 tenía una
vigencia limitada, por lo que dejó de producir efectos a futuro.
72. La Sala reitera como ya lo ha hecho en otros pronunciamientos, que la acción de
nulidad respecto de actos que han perdido fuerza ejecutoria o han sido derogados es
procedente, dado que la vigencia y la legalidad del acto administrativo son conceptos
diferentes, por lo cual aunque el acto haya salido del ordenamiento bien porque fue
derogado o porque perdió fuerza ejecutoria, es necesario que la jurisdicción se
pronuncie sobre su validez con el propósito de que dicha declaración pueda arrojar
claridad sobre la legalidad del mismo y que en caso de declararse su nulidad esta
tenga efectos ex tunc, esto es, desde el momento mismo de la expedición del acto
administrativo y mientras esté haya surtido sus efectos.
73. En relación con el tema, destaca la sentencia de la Sala Plena del 14 de enero
de 1991 (Radicación núm. S-157) en la que esta Corporación señaló:
“[… ] Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis
expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pero no es
posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma,
como ocurriría si se mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y
superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha
revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario
a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no
restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas
acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que de un acto
administrativo, aun si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de
legalidad que le protege, y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio
del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente
restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del
juez que lo anula, lo declara ajustado a derecho. Ello, además, se ve confirmado
por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto
hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin
restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab - initio, restableciéndose
por tal razón el imperio de la legalidad.
Y por ello mismo es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos
de carácter general, impugnados en ejercicio de la acción pública de nulidad,
pues su derogatoria expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el
espacio de los efectos que haya generado, ni de la presunción de legalidad que
los cubre, la cual se extiende también a los actos de contenido particular que
hayan sido expedidos en desarrollo de ella y durante su vigencia. De lo
contrario, el juzgamiento de tales actos particulares por la jurisdicción
contenciosa resultaría imposible, pues tendría que hacerse, entre otros, a la luz
20
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
de una norma, la disposición derogada, cuya legalidad no podría controvertirse
por el hecho de no tener vigencia en el tiempo […]”. (Subrayas de la Sala).
74. En sentencia más reciente de esta Sección, se siguió la misma línea de la
decisión de Sala Plena en los siguientes términos:
“Significa lo precedente que le asiste razón a la recurrente al afirmar que se
debe proceder a realizar el análisis de la legalidad del acto demandado, por
cuanto, produjo efectos jurídicos y aun cuando se retire del ordenamiento
jurídico, vía derogatoria -conforme se indicó en la providencia reprochada que
debía hacerse-, resulta necesario el pronunciamiento por parte del juez de lo
contencioso administrativo cuando se trata de evaluar y decidir sobre su
legalidad, incluso, si al momento de proferirse la decisión judicial ya no esté
vigente, habida cuenta que su derogación únicamente afecta su obligatoriedad,
más no así su presunción de legalidad, que solo puede ser afectada por un fallo
anulatorio.
Esa posición, respecto a los actos de carácter general impugnados en ejercicio
del medio de control de nulidad, encuentra su sustento en que su derogatoria
expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el espacio de los efectos
generados, ni de la presunción de legalidad que los protege, que se extiende a
los actos de contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo de
aquel y durante su vigencia […]”11.
75. Cabe resaltar que el Ministerio Público en su concepto acogió la jurisprudencia
de esta Corporación, en los siguientes términos:
“De la jurisprudencia antes expuesta es claro entonces que el acto acá
demandado pese a que perdió su vigencia puede ser objeto de control
jurisdiccional, pues el mismo produjo efectos durante su vigencia; ya que el'
juzgamiento de la legalidad de un acto administrative debe hacerse con relación
a las circunstancias vigentes al memento de su expedición, razón por la cual
esta Delegada considera apropiado el estudio de legalidad del Decreto 1405 de
2008”.
76. La Sala estima con fundamento en lo anterior y dado que el Decreto 1405 de
2008 estuvo vigente y surtió efectos, que es necesario que exista un pronunciamiento
expreso sobre su validez y legalidad, independientemente de que el acto haya perdido
vigencia.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de
2019, Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00091-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En igual
sentido Consejo de Estado, Sección Primera, auto interlocutorio del 7 de marzo de 2023
21
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
77. Adicionalmente, aceptar que la derogatoria del acto demandado impide el
pronunciamiento de la Jurisdicción implicaría aceptar que la Administración como
demandada tiene en sus manos la culminación o terminación de la actuación de la
Rama Judicial del Poder Público en los asuntos que le competen, afectando así la
razón de la existencia del control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y en últimas de la autonomía e independencia de la Rama Judicial.
5.3.3. Falsa Motivación de los actos demandados
78. La motivación del acto ha sido entendida como el conjunto de razones de hecho
y de derecho que justifican la adopción del acto administrativo. Los motivos
constituyen, entonces, el soporte fáctico y jurídico que dan sustento a la decisión
administrativa12.
79. Ahora bien, la falsa motivación como vicio de nulidad del acto se produce, en
los términos de la Sala, cuando se da cualquiera de los siguientes supuestos:
“El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos, a
saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el contenido
mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone
que el análisis haga referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte
motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para expedir
la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que sustentan
la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa
que invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación
jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de
desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de cinco (5)
tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una de ellas
depende de la tesis y sus fundamentos; veamos: la primera se presenta
cuando la decisión vertida en la parte resolutiva del acto no es la causa
12 Corte Constitucional T-204 de 2012.
22
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
eficiente de lo expuesto en la parte motiva. El impugnante entonces puede
controvertir la certeza de lo expuesto en cada una de ellas para determinar que lo
definido en el acto no es eficiente para producir la decisión, lo que se traduce en
una relación causa – efecto.
La segunda se formula asegurando que la motivación del acto administrativo no es
suficiente ni adecuada con el fin que se pretende alcanzar con su expedición,
aspecto este último que tendría que estar contenido en la parte resolutiva. En este
contexto, la discusión vendría a darse sobre las razones aducidas por la
Administración para la expedición de la decisión y no sobre lo resuelto, pues éste
es una meta a alcanzar. Se trataría entonces de una relación teleológica, pues se
establece a partir de un fin que pretende alcanzar la Administración con los medios
que allí enlista, pero en donde se demuestra que éstos no resultan adecuados ni
suficientes para ello, lo que se enmarca en una relación de medio a fin.
Como tercer criterio para aducir un cargo de falsa motivación encontramos aquél en
donde lo resuelto se sustenta exclusivamente en que las demás probabilidades o
hechos que se dan alrededor de ella no son posibles o no son probables, en otras
palabras, supone una exclusión de todas las demás posibilidades. Así, lo que busca
este tipo de relación excluyente es atacar el juicio de descarte de las otras posibles
alternativas que tuvo en cuenta la entidad al expedir el acto para la validez de lo
resuelto
Acontece también la falsa motivación cuando del postulado general que
invoca la autoridad demandada en la parte motiva no se deduce el resultado
pragmático que se vierte en la parte resolutiva, lo que indica que la estructura de
la argumentación se sustenta en el resultado que puedo obtener de la premisa.”
Por último, la quinta inferencia lógica que conduciría a adelantar un análisis de
invalidez por falsa motivación sería la concerniente a la relación de equivalencia
significativa, que parte de un presupuesto consistente en que el acto predica una
condición de un sujeto en las consideraciones para entenderla semejante o análoga
a otro en lo que resuelve; o, lo que es lo mismo, se estructura cuando la tesis y el
fundamento gozan de las mismas cualidades. En tal medida, demostrar la nulidad
por esta relación lógica llevaría a analizar si es cierto tanto lo afirmado en la parte
motiva como en la resolutiva, y entonces definir la validez de la decisión”13.
80. Así entonces, la falsa motivación exige que el juzgador haga una confrontación
entre el contenido del acto y la realidad fáctica y jurídica y analice si a estos últimos
se les ha dado el alcance correcto.
81. A efectos de definir si en el caso sub judice existió una falta motivación en
cualquiera de las modalidades señaladas, corresponde entonces establecer cuáles
fueron las motivaciones que invocó el Gobierno Nacional para expedir el decreto
que ahora se demanda.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera C.P. Oswaldo Giraldo
López, 29 de septiembre de 2022 Radicación núm.: 730001 23 33 000 2013 00081 01
23
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
82. En los fundamentos y considerandos del Decreto 1408 de 2008 se lee:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la
Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas en las
Leyes 6ª de 1971, 7ª de 1991, oído el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior y
CONSIDERANDO
“Que la Ley 7ª de 1991 faculta al Gobierno Nacional para expedir normas que
regulan el comercio internacional, de acuerdo con el principio que otorga
la posibilidad de adoptar, transitoriamente, mecanismos que permitan a la
economía colombiana superar coyunturas externas e internas adversas al
interés comercial del país
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en
la sesión 181 del 7 de marzo de 2008, recomendó establecer contingentes
temporales para la importación de algunos productos del sector calzado
y confecciones, clasificados por los Capítulos 61, 62 y 64, originarios de
la República Popular China, y su administración mediante el régimen de
libre importación, mientras se abren procesos de salvaguardia general
regulada por el Acuerdo sobre Salvaguardias de la CMC.
Que en la misma sesión el citado Comité recomendó que los contingentes no
se apliquen a las Importaciones de mercancías efectivamente embarcadas
hacia Colombia, antes de la fecha de entrada en vigencia de este decreto y que
ingresen al territorio aduanero nacional o se encuentren introducidas en Zonas
Francas”. (Negrillas de la Sala).
83. Lo primero es señalar que la Ley 6ª de 1971 (que se encuentra en el
encabezado de la norma) no podía servir de sustento al Decreto demandado en
tanto su objeto o materia difiere del regulado por este. En efecto, la Ley 6ª de 1971
regula la imposición de aranceles, tarifas y otras disposiciones relacionadas con el
régimen de aduanas, sin referirse a la adopción de medidas provisionales en el
contexto del comercio internacional y menos aún a contingentes de importaciones
de productos con un origen determinado.
84. Ahora bien, de acuerdo con el primer considerando, el Decreto 1405 de 2008
se expidió en desarrollo de las facultades establecidas en la Ley 7ª de 1991 en virtud
de la cuales el Gobierno Nacional puede adoptar medidas transitorias que permiten
a la economía colombiana superar coyunturas internas o externas.
24
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
85. En relación con este fundamento la Sala encuentra que en efecto el Presidente
de la República tiene potestad reglamentaria en temas de Comercio Internacional,
de acuerdo con lo previsto en el núm. 25 del artículo 189 de la Constitución; sin
embargo, esta potestad debe ser ejercida dentro de los términos establecidos en la
ley, que, para el caso concreto, corresponde a la Ley 7ª de 1991, que se invoca
como fundamento de la decisión contenida en el Decreto demandado.
86. Revisado el texto de la Ley 7ª de 1991, la Sala encuentra que entre los
principios sobre los que ella se sustenta está el de la mayor libertad de comercio
posible (artículos 1 y 3), lo que implica que las medidas restrictivas (como los
contingentes a las importaciones) al comercio internacional deben ser la excepción
y estar plenamente justificadas.
87. Así las cosas, atendiendo la perspectiva general de la libertad de comercio, si
bien es cierto que el Gobierno puede adoptar mecanismos transitorios para proteger
la economía nacional de coyunturas específicas o incluso de prácticas desleales o
restrictivas en el contexto internacional, dichas medidas además de excepcionales
deben ser adoptadas por las autoridades responsables y dentro del marco de los
procedimientos específicamente reglados para ello, o bien dentro del marco de
medidas que pueden hacer parte de una convenio bilateral o multilateral. En este
sentido destacan los siguientes artículos de la Ley 7ª de 1991 en mención:
• Artículo 2 num. 8 indica:
“ARTÍCULO 2º. Al expedir las normas por las cuales habrá de regularse el comercio
internacional del país, el Gobierno Nacional deberá hacerlo con sometimiento a los
siguiente principios: […]
8) Adoptar, sólo transitoriamente, mecanismos que permitan a la economía colombiana
superar coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del país”.
Los anteriores principios se aplicarán con arreglo a los criterios de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que orientan las actuaciones
administrativas.
• Artículo 3:
25
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
“ARTÍCULO 3º. Las importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios se
realizarán dentro del principio de libertad del comercio internacional en cuanto lo
permitan las condiciones coyunturales de la economía (…)”
• Artículo 10:
“ARTÍCULO 10º. El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las
prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la
protección de la producción nacional contra esas prácticas y señalará los organismos y
procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia.
En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y
factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o
definitivos que, con el fin de prevenir y contrarrestar dichas prácticas, podrán imponer
la autoridad competente”.
88. En relación con el segundo considerando del Decreto 1405 de 2008, referido
al Acta No. 181 del Comité Triple A (que como ya se indicó no es un acto
administrativo susceptible de control por parte de esta jurisdicción), resulta evidente
que la misma contiene la recomendación al Gobierno Nacional de adoptar medidas
provisionales, bajo el supuesto de que las mismas permitirían corregir “(…) la
problemática del ingreso de productos a precios sensiblemente bajos que enfrentan
los sectores de la confección y el calzado desde hace varios años”.
89. Revisada el Acta se anota además que la medida recomendada era de carácter
provisional, en tanto el Comité Triple A expresamente señaló que los contingentes
o límites a las importaciones del sector calzado debían tener vigencia únicamente
hasta que abrieran los procesos de salvaguardia general permitidos y regulados por
el acuerdo de salvaguardia de la OMC.
90. En síntesis, según lo establecido en el Acta en cuestión, la adopción de
contingentes a la importación de mercancías chinas se recomendó con el fin de
corregir una situación de “precios sensiblemente bajos” y como “medida temporal”,
hasta tanto se abrieran los procesos de salvaguardia general.
91. Pues bien, tal como lo reconoció el Ministerio Público en su concepto, en los
términos en que está formulada la recomendación del Comité Triple A, esta adolece
de un error grave, en tanto las situaciones de precios bajos dentro del contexto
26
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
internacional no se solucionan o canalizan por la vía de las salvaguardias sino del
estudio e imposición de derechos antidumping.
92. Las medidas de salvaguardia y los derechos antidumping buscan garantizar las
condiciones de lealtad y equidad en el comercio internacional de bienes y servicios.
Ahora bien, mientras las medidas de salvaguardia consisten en restricciones
comerciales de carácter temporal que un país aplica a las importaciones de un
producto específico; los derechos antidumping consisten en la imposición de un
arancel a las importaciones de un producto con el fin de que el mismo ingrese al
mercado nacional a un precio que sea igual o superior a aquel que tiene en el país
de exportación de manera que no afecte al productor nacional.
93. Las medidas de salvaguardia se aplican para corregir situaciones en las que
se produce un incremento inusitado de importaciones que causan o pueden causar
un daño grave a un sector de la economía nacional y que pueden aplicarse con
carácter particular o general si involucra a diversos sectores económicos y no solo
a algunos14.
94. En cualquier caso, las medidas de salvaguardia al ser de carácter restrictivo
aun si se trata de medidas de orden temporal, deben ser aplicadas una vez agota
do el procedimiento correspondiente (previsto para ese momento en el Decreto 152
de 1998) o bien porque existe un Convenio Internacional que prevé el uso de estos
mecanismos y el procedimiento concreto para su aplicación.
95. El Decreto 152 de 1998 que define los requisitos de la salvaguardia y el
procedimiento a seguir para la imposición de esta medida, se expidió tras la
suscripción de la Ley 170 de 1994 a través del cual se incorporaron al ordenamiento
nacional el Acuerdo Constitutivo de la OMC y, en especial, el Acuerdo de
Salvaguardias relativo a la aplicación del artículo XIX del Acuerdo General sobre
14 El respecto el artículo 2 del Decreto 152 de 1998 Artículo 2°. Salvaguardia general. Se podrá aplicar una
medida de salvaguardia si se ha determinado, que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal
cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de
producción nacional que produce productos similares o directamente competidores.
27
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
Aranceles Aduaneros y Comercio –Acuerdo GATT de 1994. Luego, este decreto se
encontraba en armonía con los compromisos adquiridos por Colombia en el
contexto Internacional, dentro del cual prima el principio de libertad de comercio.
96. Es preciso destacar que el Decreto 152 de 1998 prevé que la imposición de
una salvaguardia debe agotar un proceso que inicia con la presentación de una
solicitud por parte de una proporción importante de la rama de producción nacional
que debe cumplir las exigencias del artículo 7 de la norma, la recepción de
conformidad, la evaluación del mérito de la petición y de ser el caso dar lugar a la
apertura de una investigación.
97. Según el señalado Decreto dentro de la investigación de la cual deben
participar las partes interesadas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la
Secretaría del Comité Triple A, las partes interesadas pueden aportar y solicitar
pruebas, participar en su práctica así como en las visitas de verificación ordenadas,
pueden participar en las audiencias y presentar sus alegatos y, sólo una vez
agotadas todas estas fases, podrá adoptarse una decisión que deberá contar con
la intervención final del Comité Triple A15.
98. En el presente este caso no obra dentro del expediente constancia de que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo haya adelantado -superadas las
medidas provisionales a las que aluden las normas demandadas- el procedimiento
descrito anteriormente, con el fin de imponer medidas de salvaguardia general a los
productos provenientes de China en el sector del calzado.
99. A diferencia de las salvaguardias, el dumping es considerado una práctica
desleal en el comercio internacional, que consiste en el ingreso del producto al
territorio del país importador a un precio menor a aquel que tiene en su país de
origen (exportador). Es por naturaleza una práctica que afecta el mercado de
destino en tanto los precios especialmente bajos de los productos importados que
ingresan al país suelen perjudicar a los productores y comerciantes nacionales.
15 Decreto 152 de 1998 artículos 6 al 19.
28
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
100. En los casos de dumping las autoridades competentes dentro del marco de sus
funciones y siguiendo el procedimiento establecido legalmente para ello, pueden
imponer las denominadas medidas antidumping a través de las cuales se procura
corregir el precio excesivamente bajo del producto importado que ingresa al
mercado nacional.
101. Al igual que las medidas de salvaguardia y otras medidas de protección,
defensa o estabilización, las normas nacionales de lucha contra el dumping se
basan en las normas de la OMC, las cuales exigen la realización de un
procedimiento previo dentro del cual se deben demostrar los presupuestos de su
aplicación y su necesidad.
102. Hechas estas consideraciones, es evidente que la razón fáctica invocada por
el Comité Triple A, esto es, los precios excesivamente bajos de los productos
originarios de China, no se corresponde con la imposición de contingentes
provisionales a las importaciones que establece el Decreto 1403 de 2008, pues
según lo atrás señalado para los casos de precios bajos la medida jurídicamente
adecuada son los derechos antidumping.
103. Dicho en otros términos, contrario a lo que en derecho correspondía, en el Acta
No. 81 del Comité Triple A consta que frente a la situación de precios bajos se
recomienda la imposición de contingentes de importación hasta tanto se adelanten
los procesos de salvaguardia, medida que como ya se expuso no está prevista para
solucionar esta clase de problemas sino únicamente los relacionados con
incrementos desmedidos de las importaciones.
104. Siendo lo anterior suficiente para evidenciar la disonancia entra la situación
fáctica y la jurídica, no puede dejar de advertir la Sala que cualquiera fuera la medida
aplicable, la de salvaguardia o la de los derechos antidumping, su imposición en
todo caso debía estar precedida del procedimiento establecido para ello en las
normas generales o en el convenio particular de comercio internacional, aun si la
medida aplicable -cualquiera fuera- iba a tener carácter provisional.
29
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
105. En síntesis, a juicio de la Sala existió falsa motivación del Decreto 1405 de
2008 por cuanto (i) la Ley 6ª de 1971 que se invoca como fundamento, no se refiere
a la imposición de contingentes sino al régimen de aranceles y aduanas; (ii) El Acta
No. 181 del Comité Triple A, que igualmente se cita como sustento del Decreto,
adujo una situación fáctica a la que no resulta aplicable la medida recomendada,
pues frente a una situación de precios bajos lo correspondiente era la aplicación de
medidas antidumping y no de salvaguardia; (iii) El Acta No. 181 del Comité Triple
igualmente recomendó una medida de carácter provisional, es decir, cuya vigencia
debía mantenerse hasta tanto se adelantaran los trámites de salvaguardia general,
cuando ninguna de las normas que regulan la imposición de medidas de protección
y defensa (salvaguardia o de derechos antidumping) prevén la imposición de
medidas provisionales sin procedimiento previo.
106. Aunque a juicio de la Sala este argumento es suficiente para declarar la nulidad
del Decreto 1405 de 2008 demandado, se considera importante precisar que a la
luz de las normas de comercio exterior y las normas de la OMC incorporadas en la
legislación nacional, toda medida que limite o restrinja el comercio, ya sea a través
de la imposición de aranceles, cuotas, contingentes, medidas antidumping o
cualquier otra, solo puede imponerse en el marco o como resultado de un
procedimiento previo que está reglado y en el que los interesados pueden intervenir
y ejercer plenamente sus derechos, o bien en el marco de un convenio que
establezca los motivos y los canales para la adopción de tal medida.
5.4. Condena en costas
107. Según lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A.16, no hay lugar a condenar en
costas, por cuanto la naturaleza de la acción que se estudió -pública- exime de su
fijación. En este orden, no resulta apropiado analizar la conducta de la parte vencida
para determinar su causación.
16 Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: “[…] ARTICULO 171.
CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES PÚBLICAS, el
Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. […]”
30
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda y, en
consecuencia, declararse INHIBIDA para pronunciarse respecto de la nulidad del
numeral 5º del Acta núm. 181 de 7 de marzo de 2008 del Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, a través de la cual se recomendó
al Gobierno Nacional autorizar los contingentes a la importación de confecciones y
calzado originarios de la República Popular de China clasificados en los capítulos
61, 62, y 64, hasta el 31 de diciembre de 2008, excepto para los productos
clasificados en la partida 64.06 y aquellas mercancías que tengan derechos
antidumping vigentes.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Decreto 1405 del 30 de abril de 2008, “Por el
cual se establecen unos contingentes para la importación de unos productos del sector
calzado”, expedido por el Ministro de Hacienda y Crédito y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.
TERCERO: NEGAR por las razones expuestas en la parte motiva la condena en
costas a la parte demandante.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
31
Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00307 00
Demandante: Oscar Mauricio Buitrago Rico y Gloria Isabel Arango Gómez
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.