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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00352-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00352-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00352-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de febrero de 2024

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: No son nulos, por violación de normas superiores, los
actos administrativos por los cuales se declaró la
caducidad de la patente de un modelo de utilidad en
razón a que su titular no pagó la tasa de mantenimiento,
aún cuando dicha decisión se adoptó sin que se le
informara previamente al interesado sobre la iniciación
de una actuación administrativa de oficio y sin que se le
permitiera rendir sus descargos, ni se le requiera su
consentimiento para la revocatoria del privilegio que le
había sido concedido.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la
Sociedad Tecnik Limitada en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo – CCA, con el fin de que se declare la nulidad
de la resolución núm. 12423 de 28 de abril de 2008, a través de la cual
la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la caducidad
del título de concesión de la patente del modelo de utilidad denominado
«QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN», que había sido otorgada a
favor de la demandante; así como la nulidad del acto administrativo ficto
que negó el recurso de reposición formulado en contra de la primera
Resolución.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La sociedad Tecnik Limitada a través de apoderado, presentó demanda
en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

“PRIMERA.- Que se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido
en la Resolución No 12423 de fecha 28 de abril del año 2008, expedida
por la Superintendencia Delegada Para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Sociedades, por cuya virtud se declaró la
caducidad del titulo de concesión de la patente de modelo de utilidad
para el denominado "QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN", la cual
había sido otorgada a favor de la sociedad TECNIK LIMITADA aquí
demandante, por medio de, la Resolución No 10955 de fecha 28 de abril
del año 2006 expedida por la Superintendencia Delegada Para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Sociedades (sic).

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo negativo
presunto, que se configuró ante el silencio administrativo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, al haber transcurrido mas
de dos meses desde la fecha en la cual se presentó el recurso de
reposición, contra la resolución cuya nulidad se depreca en el numeral
primero de las pretensiones y que declaró la caducidad de la patente de
utilidad, sin que se haya dado respuesta alguna por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio al remedio ordinario de
reposición propuesto por la aquí demandante sociedad TECNIK
LIMITADA.

TERCERA.- Que como consecuencia directa de las dos pretensiones
anteriores, se restablezca a la demandante sociedad TECNIK LIMITADA,
de cuyos atributos de la personalidad ya se dejó constancia en otro
acápite de esta demanda, en el derecho que tiene de permanecer con
la titularidad o privilegio del título de concesión de la patente de modelo
de utilidad para el denominado "QUEMADOR DE GAS PARA BAJA
PRESIÓN", la cual le fue otorgada a la aquí demandante, por medio de
la Resolución No 10955 de fecha 28 de abril del año 2006 expedida por
la Superintendencia Delegada Para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Sociedades. (sic)

CUARTA.- Que se me reconozca personería para actuar dentro de este
proceso, como procurador judicial de la sociedad TECNIK LIMITADA,
dentro de los límites y para los fines del poder a mi otorgado.”1

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes:

1
Página 384 del expediente digitalizado.

3

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

I.1.2.1. Mediante Resolución núm. 10955 de 28 de abril de 2006 la
Superintendencia de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente
de modelo de utilidad denominado «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA
PRESIÓN» a favor de la sociedad Tecnik Limitada, con vigencia entre el 12
de junio de 2002 y el 12 de junio de 2012.

I.1.2.2. Mediante Resolución 12423 de 28 de abril de 2008, la
Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial declaró la caducidad
del título de concesión de la patente de modelo de utilidad antes referida,
con fundamento en que la sociedad Tecnik Limitada no cumplió con la
obligación señalada en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, en tanto no pagó la tasa anual de mantenimiento en
el período comprendido entre el 12 de junio de 2006 y el 12 de junio de
2007 y tampoco lo hizo en el período de gracia el cual, “según el leal saber
y entender de la Superintendencia de Sociedades (SIC) se venció el día 12
de diciembre de 2006”2.

I.1.2.3. Inconforme con la señalada decisión, el 12 de mayo de 2008 la
demandante formuló recurso de reposición en contra de la Resolución 12423
en el que planteó que nunca se le formuló pliego de cargos sobre el
incumplimiento de lo ordenado en el artículo 80 de la Decisión 486, por lo
que, con fundamento en los artículos 4 y 29 de la Constitución Política,
reprochó que no era procedente la imposición de una sanción en su contra
sin que se le permitiera el derecho de rendir sus descargos.

I.1.2.4. La demandante afirmó que, luego de trascurridos mas de tres meses
desde la fecha de interposición del recurso de reposición, la entidad no había
emitido pronunciamiento alguno, razón por la que operó el silencio
administrativo negativo.

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Página 7 de la demanda, visible en la anotación núm. 52 del historial de actuaciones del proceso disponible
en SAMAI.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora manifestó que con los actos controvertidos la entidad
demandada vulneró los artículos 4 y 29 de la Constitución Política, así como
los artículos 35 y 73 del Decreto 01 de 1984.

Como razones de la alegada vulneración señaló:

I.1.3.1. En primer lugar, se refirió al artículo 4 de la Constitución Política y
afirmó que dicha norma refleja un criterio monista constitucionalista, por lo
que “en todo caso de incompatibilidad entre la Carta Constitucional y una
ley u otra norma jurídica de cualesquier clase, incluidos desde luego los
tratados internacionales celebrados por el gobierno de Colombia,
prevalecerá aquella y se aplicarán las disposiciones de tipo constitucional”.
A partir de ese postulado, afirmó que no son aplicables las normas de los
tratados internacionales que, a pesar de haberse celebrado y perfeccionado
conforme la ley, desconozcan los preceptos de orden constitucional, para lo
cual se refirió a la sentencia C-400 de 1998 de la Corte Constitucional3. Por
ende, aseveró que en un escenario en el que se presente una violación de
una norma de derecho constitucional por parte de un tratado de derecho
internacional, el operador administrativo o judicial está obligado a inaplicar
el tratado violatorio de la Constitución.

De otra parte, aludió al artículo 29 de la Constitución y destacó que su
aplicación es obligatoria cuando se pretendan imponer sanciones que
impactan el patrimonio de las personas. Refirió que la jurisprudencia ha
señalado que los principios de celeridad y eficacia, que rigen las actuaciones
de las Superintendencias, ceden ante la garantía del derecho fundamental
al debido proceso, de manera que cualquier investigación que desconozca

3
En el mismo sentido la demandante trajo a colación las sentencias C-295 de 1993 y C-358 de 1997.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

el derecho del inculpado de defenderse carece de sustento constitucional.
En este punto se refirió a la sentencia T-145 de 1993 para indicar que la
imposición de las sanciones debe sujetarse a las garantías procesales del
derecho a la defensa y contradicción, y el respeto por el principio de
presunción de inocencia.

Afirmó que el acto administrativo que se expida sin haberse permitido la
presentación de descargos adolece de un vicio de nulidad supralegal por
desconocimiento del derecho de defensa y violación directa del artículo 29
de la Constitución. Así, trajo a colación la jurisprudencia constitucional4 que
alude a la necesidad y obligatoriedad de que se notifique personalmente el
contenido del pliego de cargos al vinculado a una investigación
administrativa con el fin de que ejerza su derecho a la defensa, siendo este
el acto procesal de mayor efectividad en cuanto garantiza el conocimiento
real de las decisiones de la administración.

Bajo esta perspectiva, señaló que tanto el acto administrativo que decretó
la caducidad de la patente de modelo de utilidad otorgada a favor de la
demandante, como el acto administrativo ficto negativo que confirmó esa
decisión, son contrarios a derecho por inaplicación de los artículos 4 y 29 de
la Constitución Política, toda vez que fueron emitidos sin que previamente
se hubiere expedido un pliego de cargos en el que se le indicaran las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los
hechos que tipificaron la falla imputada, y en la que se le concediera un
plazo para explicar las razones por las cuales no pagó la contribución
señalada en el artículo 80 de la Decisión 486, en el supuesto de que sea
cierto que no se realizó el pago.

Expuso que la expedición de los actos demandados se encontraba
condicionada a que previamente se le hubiera formulado un pliego de cargos

4
Sentencias T-140 de 1993 y T-099 de 1995.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

a la demandante, y que este se le hubiera notificado de manera personal,
obligación que debía cumplir la Superintendencia quien tenía conocimiento
previo del domicilio actual de la sociedad actora. En esa medida, afirmó que
a pesar de que la decisión de declarar la caducidad de la patente del modelo
de utilidad se sustenta en normas de naturaleza comunitaria, los actos
demandados violaron los mandatos imperativos de la Constitución.

A su juicio, a pesar de que el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 permite
la aplicación de plano de la sanción de caducidad del derecho otorgado para
una patente de utilidad ante la falta de pago de la tasa anual fijada para el
efecto, dicha actuación de plano no tiene cabida en el derecho colombiano,
de conformidad con el artículo 29 de la Constitución que debe aplicarse de
manera prevalente. Adujo que, con el pretexto de dar cumplimiento a los
acuerdos celebrados por el gobierno colombiano, en los actos demandados
se aplicó una sanción desconociendo los mandatos de los artículos 4 y 29
de la Constitución Política y contraviniendo el deber de inaplicar la norma
comunitaria que es contraria a la Constitución.

En esa medida, insistió en que la sociedad demandante solo conoció el
contenido de las imputaciones cuando tuvo conocimiento de la resoluciones
que pusieron fin a la investigación en su contra y la sancionaron, y nunca
tuvo oportunidad de explicar “los motivos por los cuales se presentó, si es
que ciertamente se presentó, la posible falta de pago que se dice sirve de
fundamento a la juridicidad de las resoluciones aquí demandadas”, razón
por la que, en su criterio, los actos incurrieron en el vicio de anulabilidad
previsto en el artículo 84 del CCA.

De otra parte, planteó que la administración vulneró su derecho
fundamental de petición al no decidir el recurso de reposición interpuesto
en contra de la resolución núm. 12423 de 2008.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

I.1.3.2. En segundo lugar, la demandante resaltó que, según el artículo 35
del CCA, la adopción de decisiones que pongan fin a las actuaciones
administrativas se hará luego de que se le permita al destinatario el ejercicio
de su derecho a la defensa. Por su parte, el artículo 73 ibídem señala que
no es posible la revocatoria de un acto administrativo que haya creado una
situación de carácter particular, subjetiva y concreta, sin que medie el
consentimiento expreso y escrito el particular, bien sea que esa modificación
se haga a través de una revocatoria directa o con la expedición de un nuevo
acto administrativo.

A la luz de los contenidos normativos enunciados, llamó la atención sobre el
hecho de que a través de la resolución 10955 de 2006 se reconoció a la
sociedad Tecnik Limitada como titular del privilegio de patente del modelo
de utilidad denominado «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN» y, sin
que mediara su consentimiento, se expidió un nuevo acto administrativo -
la resolución núm. 12423 de 2008- que modificó el primero. Por tal razón,
afirmó que este último acto incurrió en la causal de nulidad prevista en el
artículo 84 del CCA.

Del mismo modo, reprochó que en la actuación administrativa que concluyó
con los actos demandados no se realizó la comunicación a la que se refiere
el artículo 28 del CCA, a pesar de que se inició de oficio ante el supuesto
incumplimiento de una de las obligaciones adquiridas por la sociedad Tecnik
Limitada.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

II.1. Mediante auto de 27 de julio de 2010 se admitió la demanda y se
ordenó la notificación y el traslado correspondientes a la entidad accionada
para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la
práctica de las pruebas. Igualmente, se ordenó la notificación al Ministerio
Público.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

II.2. A través de la providencia de 15 de abril de 2011, el despacho
sustanciador resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del auto
de 27 de julio de 2010, en el sentido de reponer dicha providencia para
adicionar una decisión en su parte resolutiva, cuyo tenor es el siguiente:
“De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído,
NEGAR la suspensión provisional solicitada en la demanda”.

Dicha decisión se fundamentó en que, en consideración al contenido de la
solicitud de suspensión provisional, para determinar si los actos acusados
violaron las normas invocadas de Constitución Política y del Código
Contencioso Administrativo resultaba necesario examinar las disposiciones
legales que fundamentaron la decisión adoptada por la Superintendencia de
Industria y Comercio. Igualmente, la determinación sobre la alegada
violación del derecho al debido proceso implicaba valorar las pruebas que
se practiquen, actuación que corresponde realizar en el respectivo fallo.

II.3. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, señalando que no se configuró la
violación de las normas superiores invocadas en la demanda.

En primer lugar, afirmó que son ciertos los hechos expuestos en la demanda
y planteó que la entidad resolvió el recurso de reposición interpuesto en
contra de la resolución 12423 de 2008 mediante resolución núm. 45567 de
30 de agosto de 2010, en el sentido de confirmar el acto recurrido; sin
embargo, el acto se expidió cuando la demandante ya había promovido la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del primer acto.

De otra parte, manifestó que, contrario a lo dicho por la demandante, la
resolución núm. 12423 de 28 de abril de 2008 se expidió de conformidad

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, norma que
establece la regulación en materia de propiedad industrial, dentro del marco
normativo que establece la Constitución Política. En ese sentido, invocó los
artículos 80, 277 y la disposición transitoria primera de la Decisión 486.

Resaltó que la decisión adoptada en los actos demandados obedeció
únicamente al no pago de la tasa de mantenimiento de la patente por parte
de su titular, siendo esta una de las obligaciones que impone la normativa
comunitaria. Destacó que en el artículo segundo de la resolución núm.
10955 de 28 de abril de 2006, mediante la cual se otorgó el privilegio de
patente al modelo de utilidad «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN»,
se le informó expresamente a la hoy demandante sobre su deber de cumplir
con las obligaciones establecidas en la mencionada decisión 486, so pena
de la caducidad del privilegio otorgado.

En ese orden, afirmó que, ante el incumplimiento por parte de la
demandante de su deber de realizar el pago, se produjo de pleno derecho
la caducidad de la patente, tal como se declaró en la resolución aquí
demandada. Igualmente, resaltó que la resolución acusada fue debidamente
motivada y notificada al interesado con el fin de que ejerciera su derecho a
la defensa, de manera que la Superintendencia obró de acuerdo con la
normativa andina, los principios de las actuaciones administrativas y el
debido proceso. Por ende, rechazó la alegada violación del derecho
fundamental al debido proceso planteada por la demandante.

Por otro lado, destacó que la actora no discute la ocurrencia de los hechos
que fundamentaron el acto demandado, sino que se limitó afirmar que se le
violó el debido proceso ante la aplicación del artículo 80 de la Decisión 486.
Al respecto aclaró que está última corresponde a una norma de carácter
comunitario, no internacional, como se aduce en la demanda. Además,
recordó que, conforme la doctrina de la Superintendencia, los actos
administrativos por medio de los cuales se declara la caducidad de un título

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

de patente no tienen carácter sancionatorio, sino que se limitan a declarar
una situación jurídica objetiva que se configura cuando se dan los supuestos
que generan de pleno derecho, directa y automáticamente, la caducidad del
título de patente, de modo que obedecen a las condiciones propias del
régimen especial de la Comunidad Andina. En este sentido, trajo a colación
la interpretación prejudicial 23-IP-2006, mediante la cual el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina señaló que la caducidad opera de manera
automática, de manera que no es el acto administrativo el que la genera,
sino que ello ocurre antes de él, por virtud de la ocurrencia de los supuestos
que la causan.

Bajo ese entendido, afirmó que no se trata del escenario de una actuación
de carácter penal sancionatoria, como lo plantea la demanda, ni mucho
menos de una investigación en la que haya debido formularse pliego de
cargos. Por el contrario, insistió en que la caducidad es la consecuencia
jurídica del incumplimiento por parte del titular de la patente en el pago por
concepto de mantenimiento de dicho privilegio, de tal manera que la
Resolución impugnada declara la situación de la caducidad de la patente
previamente existente.

Finalmente, sobre el planteamiento de la inconstitucionalidad de la norma
Comunitaria propuesto en la demanda, puso de presente que la Corte
Constitucional determinó que la norma comunitaria se ajustaba al
ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, aseveró que la
Superintendencia aplicó en debida forma los artículos 4, 23 y 29 de la
Constitución Política, así como los artículos 35 y 73 del CCA y el 80 de la
Decisión 486, de manera que no se configuró la violación de normas
superiores planteada en la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

III.1. La demandante reiteró en líneas generales los argumentos que
expuso en la demanda.

Como planteamiento adicional, afirmó que no es procedente aplicar el
concepto que emitió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para
este caso, “en cuyo texto se deja en claro que se deben negar las
pretensiones de la demanda de la sociedad TECNIK LIMITADA” 5, porque
no es posible aplicar “la sanción” del artículo 80 de la Decisión 486, como
quiera que la declaratoria de caducidad de una patente de utilidad por falta
de pago oportuno de una contribución es una sanción objetiva, en tanto
“solo mira al comportamiento del administrado” y ello se encuentra
prohibido por el artículo 29 de la Constitución. Además, manifestó que si
se tiene en cuenta lo decidido por el Tribunal de Justicia se estaría dando
validez a disposiciones de “pacto de derecho internacional privado”,
contraviniendo los artículos 4 y 29 de la Constitución Política.

De otra parte, reprochó que el pronunciamiento del Tribunal calificó de
forma directa los hechos de la demanda y emitió un concepto sobre la forma
como debe decidirse la controversia, abrogándose funciones que le
corresponden únicamente al Consejo de Estado. Igualmente, señaló que la
interpretación se pronunció sobre el derecho sustancial nacional y calificó
aspectos fácticos del proceso, razón por la cual carece de validez y no es
obligatoria para el juez nacional. En todo caso, recordó que conforme la
misma jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sus
pronunciamientos no son de obligatorio acatamiento por lo que solicitó que
la interpretación prejudicial no sea tenida en cuenta al momento de desatar
esta controversia.

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Página 37 del los alegatos de conclusión presentados por la demandante.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

III.2. La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó los
argumentos planteados en la contestación de la demanda relacionados con
la legalidad de los actos administrativos demandados.

III.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial núm. 43-IP-2015 en la que se expusieron los antecedentes del
proceso, incluyendo los hechos y argumentos de la demanda y su
contestación, y se decidió interpretar el artículo 80 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, tal como fue solicitado por el despacho
sustanciador.

El Tribunal planteó las siguientes conclusiones:

“[…] PRIMERO: En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las
normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de
conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica
preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma
comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior
derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del
derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos,
autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias
formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son
intercambiables. Se trata, más propiamente, del principio de aplicación
inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas
comunitarias sobre las internas.

En el presente caso el Juez nacional declaró la caducidad de la patente por falta
del pago de la tasa de mantenimiento anual, en aplicación del artículo 80 de la
Decisión 486. En ningún caso se podría argumentar una violación a derechos
constitucionales consagrados en la Constitución colombiana, toda vez que es
obligación del administrado realizar el pago y, por su parte, de la oficina nacional
de declarar la caducidad de oficio. La autoridad nacional no está en la obligación
de notificarle, por lo que no existe violación al derecho a la defensa ni al debido
proceso alegado por la compañía actora.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

SEGUNDO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción
administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los
titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta
el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Según la Decisión
486 la figura operará cuando el titular no cumpla con pagar una tasa anual.

Los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de
anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en
cumplimiento del articulo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no
puede alegar desconocer ese plazo. […]”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 6,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.

V.2. El acto acusado y su fundamento

Se solicita en este proceso la nulidad de Resolución núm. 12423 de 28 de
abril del año 2008, así como del acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo en el que incurrió la Superintendencia de
Industria y Comercio al no dar respuesta frente al recurso de reposición
formulado en contra del primer acto.

El contenido de la Resolución demandada es el siguiente:

“RESOLUCIÓN 12423

Por la cual se declara la caducidad de un título de concesión de patente de
modelo de utilidad

N° 02-49807

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el
numeral 2 del artículo 14 de) Decreto 2153 de 1992, y

6
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N°10955 del 28 de abril de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio concedió privilegio de patente al
modelo de utilidad denominado "QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN", con
vigencia desde el 12 de junio de 2002 al 12 de junio del 2012. La Resolución
10955 quedó en firme el 15 de mayo de 2006.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "Para mantener vigente la
patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las
tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional
competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados."

"La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que
fue
presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.”

"Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando
conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la
solicitud de patente mantendré su vigencia plena."

"La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno
derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente".

TERCERO: Que el interesado no acreditó el pago de los derechos legales
correspondientes a la primera anualidad comprendida entre el 12 de junio de
2006 y el 12 de junio de 2007.

CUARTO: Que de igual manera tampoco lo hizo dentro del término de gracia de
6 meses a que hace referencia la norma en mención, el cual venció el día 12 de
diciembre de 2006.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad del título de concesión de patente
de modelo de utilidad, contenido en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor
César Torres Barrera, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de
Tecnik Ltda., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado pera la
Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación, o
dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

ARTICULO TERCERO: En firme esta providencia, hacer las anotaciones
correspondientes en los libros de registro de Propiedad Industrial y archivar el
expediente.”

V.3. Objeto de la controversia y normativa aplicable

De acuerdo con la demanda y su contestación, corresponde a la Sala
determinar si son nulos, por violación de normas superiores, los actos

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

administrativos por los cuales se declaró la caducidad de la patente del
modelo de utilidad denominado «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN»
en razón a que su titular no pagó la tasa de mantenimiento, si dicha
decisión se adoptó sin que se le informara previamente al interesado
sobre la iniciación de una actuación administrativa de oficio, ni sobre el
incumplimiento de referida obligación de pago, y sin que tampoco se le
permitiera rendir sus descargos, ni se le requiera su consentimiento para
la revocatoria del privilegio que le había sido concedido.

El texto de las normas que se invocaron como infringidas en la demanda
es del siguiente tenor:
“Constitución Política

Artículo 4: La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y
el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

“Decreto 01 de 1984
• Código Contencioso Administrativo

ARTICULO 28. DEBER DE COMUNICAR. Cuando de la actuación
administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden
resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la
actuación y el objeto de la misma.

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos
14, 34 y 35.

16

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. Habiéndose dado oportunidad a
los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria
si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente
como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo
solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión
a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan
hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.

ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación
del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo
69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en
cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que
no incidan en el sentido de la decisión.”

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó
pertinente interpretar el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, cuyo
tenor es el siguiente:
“CAPÍTULO X
De la Caducidad de la Patente

Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de
patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las
disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán
pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será
el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o
más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un
plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual
correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el
plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.
La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno
derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

V.4. EL ANÁLISIS DE FONDO DEL ASUNTO

La Sala abordará el análisis del asunto de la siguiente manera:

V.4.1 Normativa aplicable en materia de propiedad industrial en
Colombia

4.4.1.1. La parte actora manifestó en el escrito de la demanda que las
actuaciones adelantadas por la SIC mediante las cuales declaró la
caducidad del título de concesión de la patente del modelo de utilidad
denominado «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN» aplicando
normas comunitarias no era procedente, en el entendido que se debía
aplicar de manera prevalente el derecho interno colombiano frente a la
Decisión 486 de 2000, puesto que, en su consideración la SIC al dar
cumplimiento a los acuerdos celebrados por el gobierno colombiano en
los actos demandados desconoció mandatos constitucionales y legales.

Frente a lo anterior esta Sala considera necesario señalar que, en el
Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar
regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto
directo y, por tanto se deben aplicar de manera prevalente sobre las
normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma
jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la
organización internacional de integración, al respecto esta Sección en
sentencia del 29 de junio de 2019, señaló lo siguiente:

“Principios y características del Derecho Comunitario Andino

23. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se
caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,
aplicación y efecto directos.

24. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente 7 sobre las normas
internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna
como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional
de integración.

25. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del
Derecho Comunitario Andino8.

26. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 9, las decisiones
son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.

27. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las
decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa
comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se
comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido,
resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes
órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.”10

De igual manera en sentencia del 28 de abril de 2022, esta Sección
manifestó lo siguiente:

“En primer lugar, el tema de la propiedad industrial fue regulado en forma
integral por el legislador colombiano en el Título II del Libro III (artículos 534 a
618) del Código de Comercio, expedido mediante Decreto Ley 410 de 1971, y
aún vigente a la fecha.

Sin embargo, la aplicación de estas normas se encuentra suspendida por la
posterior entrada en vigencia de otras disposiciones de carácter supranacional
y/o internacional que regulan la materia, que, en virtud de lo previsto en el
numeral 16 del artículo 150 constitucional (numeral 18 del artículo 76 en la
Constitución anterior), tienen fuerza de ley.

7
Cita de cita El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas
nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…]
están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación
[…]”
8
Cita de cita De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
10
Consejo de Estado – Sección Primera – sentencia del 28 de junio de 2019 - Rad. 11001-03-24-000-2013-
00408-00 Consejo Ponente Dr. Hernando Sanchez

19

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

En efecto, y en primer término, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en
mayo de 1969, incorporado al derecho interno mediante la Ley 8ª de 1973,
Colombia entró a hacer parte de la Comunidad Andina, instrumento a través del
cual, el Estado colombiano delegó algunas competencias normativas a la
Comisión allí prevista, órgano que se expresa a través de la expedición de
Decisiones.

Un nuevo tratado complementario, suscrito entre las mismas partes a los 10 años
del acuerdo original y aprobado en Colombia mediante Ley 17 de 1980, previó
que las Decisiones de la Comisión serían directamente aplicables en los Estados
miembros a partir de su publicación, salvo que ellas mismas previeran una fecha
diferente.

(…)

Así las cosas, las estipulaciones contenidas en los tratados constitutivos del
Acuerdo de Cartagena y las Decisiones adoptadas por la Comisión, así como en
los otros tratados internacionales a que se ha hecho referencia, tienen fuerza de
ley, hacen parte de la normativa sobre la materia vigente en Colombia, y, cuando
son posteriores, son de aplicación prevalente sobre la legislación nacional que
regule los mismos temas, la que como antes se mencionó, está contenida
principalmente en el Código de Comercio, cuyas disposiciones se consideran
suspendidas en cuanto rijan las normas supranacionales y/o internacionales a
que se ha hecho referencia.11 (…)

De lo anterior, se advierte claramente por la Sala que en los procesos
administrativos de propiedad industrial adelantados por la SIC, se deben
regir por la Decisión 486 de 2000 que establece el “Régimen Común sobre
Propiedad Industrial”, en atención a que dicha normatividad tiene un
carácter prevalente sobre las normas internas de los Estados miembros,
como es el caso colombiano.

4.1.2.2 Ahora bien, teniendo presente lo anterior, la Sala procederá a
pronunciarse sobre la solicitud planteada por el accionante encaminada a
señalar que en el presente proceso no se debía tener en cuenta la
Interpretación Prejudicial 43-IP-2015 dictada para el sub-lite por el
Tribunal de la Comunidad Andina, por cuanto en su consideración, emitió
un concepto sobre la forma como debe decidirse la controversia,
abrogándose funciones que le corresponden únicamente al Consejo de
Estado.

11
Consejo de Estado – Sección Primera – sentencia del 28 de abril de 2022 - Rad. 11001-03-24-000-2011-
00389-00 Consejo Ponente Dr. Oswaldo Giraldo.

20

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

Frente a lo anterior, es importante señalar que las interpretaciones
prejudiciales dictadas por el Tribunal Andino se encuentran reguladas en
la sección tercera, artículos 32, 33, 34, 35 y 36 de la Decisión 472 de
200012, los cuales establecen la función de interpretar por vía prejudicial
las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina al TJCA13, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las
normas comunitarias en el territorio de los países miembros. Las
disposiciones citadas son del siguiente tenor:

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación
del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el
proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de
recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará
directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable
a los efectos de la interpretación solicitada.

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la
interpretación del Tribunal.

Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el
cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la
observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente
Sección.”

Los anteriores artículos se encuentran en concordancia con lo señalado
en el artículo14 123 de la Decisión 500 de 2001 “Estatuto del Tribunal de

12
Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
14
“Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un
proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en
derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el

21

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

Justicia de la Comunidad Andina”, y el literal b) del artículo 2 del
Acuerdo15 08 del 24 de noviembre de 2017, por medio del cual se expide
el reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión
de interpretaciones prejudiciales.

Del anterior marco normativo se puede establecer que en los procesos
judiciales de única o última instancia en los cuales se deba aplicar o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, deberá el juez que conozca del proceso
solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación
prejudicial y adoptar en su sentencia lo interpretado por el Tribunal
Andino al caso concreto.

Acorde con todo lo anterior, para la Sala no son de recibo los argumentos
expuestos en precedencia por la parte demandante y, en ese sentido, se
procederá con el estudio de fondo de cada uno de los cargos planteados
de conformidad con la demanda, su contestación y atendiendo para el
efecto a lo estipulado en i) las normas comunitarias aplicables a la
caducidad del privilegio de patente y, ii) en la interpretación prejudicial
dictada por el Tribunal Andino para el caso bajo análisis, de la siguiente
manera:

V.4.2. La caducidad del privilegio de patente en la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina

Los artículos 50 a 58 de la Decisión 486 de 2000 se refieren a la
protección conferida por el privilegio de patente y señalan que su alcance
se proyecta en las facultades que se le confieren al titular de dicho

ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente
y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”
15
“Artículo 2.- Glosario de términos.-(…)b) Consulta Obligatoria: es la interpretación solicitada por órganos
jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible
de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia”

22

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
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beneficio para impedir que terceras personas realicen, sin su
consentimiento, ciertos actos que implican una afectación de su derecho
de explotación exclusiva, durante el tiempo determinado en la norma
comunitaria. En ese orden, en tanto se encuentre vigente la patente
conferida, el beneficiario cuenta con la facultad para adelantar las
acciones administrativas y judiciales que resulten necesarias para evitar
o suspender la ejecución de actos que desconozcan su derecho de
explotación exclusiva.

Ahora bien, el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 establece la figura
de la caducidad de la patente, esto es, un modo de extinción de los
derechos y la protección derivada de la concesión de un privilegio de
patente. En sus pronunciamientos, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina se ha referido a dicha figura como una “sanción
administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar
que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por
servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales
correspondientes”16.

Así las cosas, según el tenor de la referida norma, el mantenimiento de
la vigencia de la patente se encuentra sometido a una condición, la cual
consiste en que el sujeto a quien le fue conferido el privilegio cumpla con
la obligación de pagar anualmente una tasa determinada por la oficina
nacional competente, en los plazos señalados en la misma disposición
comunitaria. Se trata entonces de una exigencia que tiene como finalidad
garantizar o mantener la vigencia del certificado de patente y,
consecuencialmente, la protección de los derechos otorgados a su titular.

La norma indica expresamente que “la falta de pago de una tasa anual
conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la

16
Interpretación prejudicial 113-IP-2014, reiterada en la 43-IP-2015 dictada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para este proceso.

23

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
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patente o de la solicitud de patente” 17. En ese orden, la omisión en el
cumplimiento de la obligación de pago de la tasa señalada provoca que,
de forma automática y por ministerio de la Ley, se extinga el privilegio
de exclusividad del que hasta entonces disfrutaba el titular de la patente.
Por ende, tal como lo señaló el Tribunal de Justicia en la interpretación
prejudicial dictada en este trámite, ante el evento de impago de la tasa
de mantenimiento de la patente, “la Oficina Nacional Competente deberá
reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la
caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago
de la anualidad”18.

Así las cosas, debe entenderse que la obligación de realizar el pago de
una tasa de mantenimiento conforme fue prevista en el artículo 80 de la
Decisión 486 de 2000, consiste en un deber a cargo del titular de la
patente, que surge de manera correlativa en el momento en el que
empieza a disfrutar del derecho de exclusividad que le otorga la patente,
al punto en el que es una obligación que “recae de manera directa en el
solicitante, y no en la oficina nacional competente”. Por esa razón, el
Tribunal ha indicado que “le corresponde al administrado ser diligente en
el pago de las tasas anuales. Por otro lado, le corresponde a la oficina
nacional competente declarar la caducidad de la patente de pleno
derecho por el solo transcurso del tiempo, siendo esta norma de
carácter imperativo y de cumplimiento automático” 19.

Para el caso que se examina resulta relevante además la conclusión del
Tribunal según la cual la Oficina Nacional “no se encuentra en la
obligación de notificar al administrado, respecto del vencimiento del pago
de la anualidad de su patente”, pues, ante la claridad de la obligación
señalada en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 y de los términos

17
Artículo 80 de la decisión 486 de 2000
18
Folio 156 del expediente.
19
Ibídem.

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Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

en que esta debe cumplirse, y habida cuenta de que la norma enunció
expresamente la consecuencia derivada de su incumplimiento y las
condiciones en las que ello ocurriría, no existe duda de que la vigencia de
la patente se extingue automáticamente ante el incumplimiento doloso o
culposo de la obligación de pago por parte de su titular.

V.4.3. El caso concreto

En consideración al contexto normativo de la figura de la caducidad de la
patente explicado, la Sala advierte que no le asiste razón al demandante
en cuanto afirma que el acto que declaró la caducidad de la patente de
modelo de utilidad denominado «QUEMADOR DE GAS PARA BAJA
PRESIÓN» desconoció las normas superiores relacionadas con la legalidad
de un procedimiento administrativo sancionatorio y el ejercicio del
derecho de defensa.

En efecto, en primer lugar, resulta necesario aclarar que, si bien en la
interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad se refirió
a la caducidad de la patente como una “sanción” que se impone al titular
de una patente que incumple la obligación de pago de la tasa de
mantenimiento, el análisis integral de la postura enunciada por la
jurisprudencia andina evidencia que el Tribunal emplea la expresión
“sanción” con el fin de aludir a la consecuencia negativa que se produce
ante la ausencia de verificación del supuesto necesario para mantener la
patente, es decir, se hace referencia al mal que ocurre ante el referido
incumplimiento, de manera que no se alude a dicha expresión en su
acepción de pena o castigo con propósito correctivo.

En efecto, la figura no fue concebida en la normatividad andina como la
consecuencia punitiva de una infracción, ni ostenta una finalidad
correctiva y disciplinaria encaminada a reprimir acciones u omisiones
antijurídicas. Por el contrario, la caducidad de la patente conforme fue

25

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

establecida en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, es la
materialización de la condición resolutoria bajo la cual se otorga dicho
privilegio.

En ese orden, frente al cargo de vulneración de los artículos 4 y 29 de la
Constitución Política, la Sala encuentra que en realidad no existe
contradicción normativa entre la garantía del derecho fundamental al
debido proceso del que goza el beneficiario de una patente (que se deriva
del artículo 29 constitucional), y la declaratoria de la caducidad de la
patente por falta de pago de la tasa de mantenimiento prevista en el
artículo 80 de la Decisión ibidem.

En efecto, el planteamiento de la parte demandante denota una falsa
antinomia pues, en realidad, el hecho de que el legislador comunitario
haya establecido que el privilegio de patente se encontraría sometido a
una condición resolutoria consistente en una obligación de pago a cargo
del beneficiario, en nada contradice las garantías derivadas del derecho
fundamental al debido proceso, si se tiene en cuenta que desde el acto
mismo que otorga la patente se le informa al beneficiario que esta se
encuentra sometida al cumplimiento de los deberes establecidos en la
Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, en el asunto bajo examen, mediante resolución núm. 10955
de 28 de abril de 2006 el Superintendente de Industria y Comercio
concedió el privilegio de patente sobre el cual versa este proceso, en los
siguientes términos:

“RESOLUCIÓN 10955
Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad

CERTIFICADO 450

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio
de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral 27 del
artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, y

26

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad contenida en el
expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en la
disposiciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de modelo de utilidad a la
creación denominada:
“QUEMADOR DE GAS PARA BAJA PRESIÓN”
[…]

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones
establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y
su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial. […]” (Resaltado fuera del texto
original).

De lo trascrito se advierte que la resolución núm. 10955 de 2006
condicionó la vigencia de la patente del modelo de utilidad otorgado a
favor de la sociedad Tecnik Limitada al cumplimiento de las obligaciones
señaladas en las normas comunitarias y expresamente aludió a la
caducidad de dicho privilegio, lo cual ocurriría en las condiciones de las
normas de propiedad industrial, que comprenden, como se expuso, el
evento previsto en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000. Así las cosas,
el no pago de la tasa de mantenimiento dentro del término previsto
propiciaba el cumplimiento de dicha condición extintiva lo que a su vez
daba lugar a que, en forma unilateral, la administración, en cualquier
tiempo declarara la ocurrencia de ese fenómeno, como efectivamente
ocurrió en la resolución acusada.

En consonancia con la anterior conclusión, la Sala advierte que los
artículos 28 y 35 del CCA invocados por el demandante tampoco
resultaron vulnerados con la decisión de declarar la caducidad de la
patente del modelo de utilidad otorgado a favor de la sociedad Tecnik
limitada, aun cuando esa determinación se adoptó sin que se le hubiera
informado al interesado sobre la iniciación de una actuación
administrativa de oficio y sin que se le permitiera rendir descargos,

27

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

supuestos contenidos en los artículos citados. Ello, por cuanto lo cierto es
que las normas que rigen las actuaciones administrativas iniciadas de
oficio no son pertinentes respecto del supuesto de caducidad de la
patente por falta de pago de la tasa de mantenimiento, el cual se
encuentra regulado a través de la norma especial comunitaria de la
Decisión 486 de 2000. Según esta disposición, en el acaecimiento de la
caducidad no tiene incidencia la voluntad de la administración, sino que
se trata del reconocimiento de una situación que surge de pleno derecho
y respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tan
solo surte una función declarativa.

Por la misma razón, no es cierto que el acto demandado se trate de una
revocatoria directa de un acto administrativo que creó una situación de
carácter particular y concreta que necesitaba para su revocatoria el
consentimiento expreso y escrito del demandante, puesto que, como se
explicó supra, al caso concreto le era aplicable de manera prevalente la
normativa comunitaria, es decir, el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000
que establece que al evidenciar la falta de pago de la tasa de
mantenimiento era procedente declarar la caducidad de la patente y, en
consecuencia, dicho pronunciamiento no representó una vulneración del
artículo 73 del CCA invocado por el demandante.

En efecto, la inactividad de la actora frente a su obligación de pago de la
tasa de mantenimiento de la patente – cuestión que no fue controvertida
ni desvirtuada con la demanda- surtió una consecuencia respecto del
derecho que le había sido reconocido y la ubicó en una circunstancia
frente a la cual la administración solo intervino para declarar una
situación objetiva, que devino de la aplicación de una norma comunitaria
que informó previamente de la implicación jurídica que en el acto acusado
se reconoce. Ello es así, por cuanto, como ha quedado establecido, la
caducidad por falta de pago de las tasas se produce de pleno derecho.

28

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

Así las cosas, lo cierto es que el acto acusado no fue expedido como
consecuencia de una actuación administrativa sancionatoria, sino que
consiste en el reconocimiento del acaecimiento de una condición
resolutoria a la que estaba sometido un derecho. Por ello, en este caso
no era obligatorio notificar la iniciación de una actuación administrativa
de oficio y tampoco había lugar a formular un pliego de cargos ni correr
traslado para descargos, en los términos que pretendía la demandante.

Con todo, en el asunto examinado la garantía del derecho fundamental
al debido proceso de la accionante se materializó en la oportunidad que
se le concedió a la accionante para manifestar su inconformidad y
plantear su tesis respecto de la improcedencia de la declaratoria de
caducidad, al interponer el recurso de reposición contra la resolución
núm. 12423 de 2008, que según adujo la Superintendencia de Industria
y Comercio, y se advierte en el expediente administrativo allegado a esta
actuación, fue desatado a través de la resolución núm. 45567 de 30 de
agosto de 2010 en el sentido de confirmarla.

V.5. CONCLUSIÓN

De conformidad con las consideraciones explicadas, y a partir de la
aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Sala concluye que la
parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos demandados, pues no se demostró que al declarar la caducidad de
la patente del modelo de utilidad denominado «QUEMADOR DE GAS PARA
BAJA PRESIÓN» en razón a que la sociedad Tecnik Limitada no pagó la
tasa de mantenimiento, la demandada hubiera vulnerado los artículos 4
y 29 de la Constitución Política, ni 28, 35 y 73 del CCA.

En consecuencia, ante la falta de vocación de los cargos formulados, la
Sala negará las pretensiones de la demanda con fundamento en las

29

Radicado: 11001-03-24-000-2008-00352-00
Demandante: TECNIK LTDA.

consideraciones expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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