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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00456-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00456-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento en relación con el cargo de violación de los artículos 1203 y 1219 del Código de Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00 Demandante: Laurel Ltda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00456-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de febrero de 2023

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Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00
Demandante: Laurel Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2008 00456 00
Actor: Laurel Ltda.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Tesis: La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para
conocer las controversias que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad, y las
relacionadas con las decisiones adoptadas en las juntas de socios, si en los estatutos
de la compañía se pactó una cláusula compromisoria orientada a que, a través de la
justicia arbitral, se resuelvan las primeras, y, en lo atinente a las segundas, se deban
impetrar las acciones previstas en el Estatuto Comercial y procesal vigente.
No cuenta con legitimación en la causa para demandar la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que
dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios de una
compañía de responsabilidad limitada, el socio que solicitó tal declaratoria a la
Administración, si la causal que invocó fue la falta de convocatoria de otros socios a
las respectivas reuniones.
No es procedente declarar la excepción de inepta demanda, si el demandante explicó
el alcance de las normas vulneradas.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para decidir sobre
la ineficacia de los contratos de prenda por no contar con estipulación sobre la cuantía y
el plazo de la garantía.
No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se
deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones de la junta de socios, si los contratos de prenda estaban inscritos en el libro
de registro de accionistas y en la Cámara de Comercio en las fechas en las que se
llevaron a cabo las reuniones que se cuestionan.
No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se
deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las

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Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00
Demandante: Laurel Ltda.

decisiones de la Junta, si en los folios del libro de registro de socios correspondientes a
los deudores prendarios, se registró a cuáles herederos se adjudicaron los derechos
sobre las cuotas.
No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se
deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones de la Junta, si los socios que constituyeron prendas sobre sus cuotas a favor
de otra también socia, no fueron citados a las respectivas reuniones, si las disposiciones
que regulan las convocatorias no establecen que la pignoración haga perder tal derecho,
y en los contratos de prenda se acordó expresamente el traslado de las facultades de
deliberación y voto.
No son nulos, por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se
deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones de la Junta de Socios, si no se fraccionaron los votos correspondientes a las
cuotas de los socios deudores.
No son nulos, por violación del principio de confianza legítima, los actos mediante los
cuales se deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de
ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios, si la autoridad administrativa que los
expidió no cambió injustificadamente la doctrina que venía sosteniendo sobre el
particular.
No son nulos por vulneración de norma superior, los actos mediante los cuales se
deniega el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones de la Junta de Socios, si no omitieron la resolución de algunos de los
argumentos presentados en el recurso de reposición.
No es cierto que los contratos de prenda constituidos sobre las cuotas de los socios
que no fueron convocados a las reuniones no se encontraran inscritos en el libro de
registro de socios para las fechas de las reuniones de la Junta de Socios que se
cuestionan.

SENTENCIA – ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda instaurada por la sociedad Laurel Ltda.,
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), contra las

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Demandante: Laurel Ltda.

Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321-002358 del 9 de julio del
mismo año, expedidas por la Superintendencia de Sociedades, por medio de las
cuales denegó los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones adoptadas por la Junta de Socios de la sociedad Frigorífico San Martín de
Porres Ltda.

I.LA DEMANDA

La sociedad Laurel Ltda. interpuso la demanda en contra de la Superintendencia de
Sociedades en los siguientes términos1.

1.1. Pretensiones

“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No 341-000926 del 14 de
marzo de 2008 proferida por el Superintendente de Sociedades, “por la cual se
declara la improcedencia de reconocer los presupuestos de ineficacia de unas
decisiones del máximo órgano social”, de la sociedad Frigorífico San Martín de
Porres Ltda.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 321-002358 del 9 de
julio de 2008, por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la
Resolución No 341-000926 del 14 de marzo de 2008, proferida por el
Superintendente de Sociedades.

TERCERA: Que como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, se
restablezca el derecho de mi representada por la vía de que se reconozcan los
hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas por
la Junta de Socios de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., en sus
reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007; así como en todas
las reuniones en las cuales se han dado los hechos materia de la acusación en
contra de las Resoluciones acusadas.

CUARTA: Que se condene en costas a la parte demandada”2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, que resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. – NO RECONOCER la ocurrencia de los presupuestos
que dan lugar a la sanción de ineficacia respecto de las decisiones adoptadas en
las reuniones de la Junta de Socios de la sociedad denominada FRIGORÍFICO
SAN MARTIN DE PORRES LTDA., con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C.,
celebradas los días 15 de Marzo, 10 de Julio y 4 de Agosto de 2007.

1 Folios 106 a 118.
2 Folios 106 a 107.

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Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00
Demandante: Laurel Ltda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente providencia al doctor JORGE
LARA URBANEJA, en su condición de miembro de la Junta Directiva de la
compañía citada en el artículo anterior y, a la vez, de representante legal de la
sociedad Laurel Ltda., socia del mencionado ente societario, en la Avenida 82 No.
10-62, Piso 6º de la ciudad de Bogotá, D. C., así al señor ENRIQUE URIBE LEYVA
en su carácter de Representante Legal de la sociedad Frigorífico San Martín de
Porres Ltda., en la Avenida Ciudad de Cali No. 15 A 91 de la ciudad de Bogotá”3.

1.2.2. La Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008 en la parte resolutiva indicó:

“ARTÍCULO PRIMERO. – Dejar sin efectos la constancia de ejecutoria impuesta a
la Resolución 341-000926 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Negar de plano la petición especial de vinculación de
socios a la presente actuación, por las razones expuestas.

ARTÍCULO TERCERO. – CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 341-
000926 del 14 de marzo de 2008, por las razones expuestas.

ARTÍCULO CUARTO. – Notificar personalmente el contenido de la presente
providencia a la Sociedad FRIGORÍFICO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA., en
la Avenida Ciudad de Cali No. 15 A 91 de la Ciudad de Bogotá, a la Sociedad
LAUREL LTDA., y al Doctor JORGE LARA URBANEJA, en su condición de
Miembro de Junta Directiva en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6º de la Ciudad de
Bogotá, D.C.

PARAGRAFO. – Contra la presente providencia no procede recurso alguno por la
vía gubernativa”4.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas la sociedad demandante invocó los artículos 14 y 84 del CCA;
los artículos 82, 86, 90, 410, 411, 897, 1203, 1219 del Código de Comercio; los
artículos 84 y 87 de la Ley 222 de 1995, y el artículo 2410 del Código Civil.

En el acápite de hechos de la demanda, sostuvo que, mediante escritos presentados el
1º de junio, el 9 de julio y el 8 de octubre de 2007, la sociedad Laurel Ltda. solicitó a la
Superintendencia de Sociedades el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la
sanción de ineficacia, consagrada en el artículo 190 del Código de Comercio, de las
decisiones adoptadas en las reuniones de la Junta de Socios de la sociedad Frigorífico
San Martín de Porres Ltda., llevadas a cabo el 15 de marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto
de 2007.

3 Folios 5 a 21.
4 Folio 22 a 37 ibidem.

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Demandante: Laurel Ltda.

Precisó que la solicitud se fundamentó en que, para dichas reuniones, no se convocó a
los socios Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte
Uribe, Manuel Iriarte Uribe, Inversiones Alcam S.A.5, Pilar Uribe de Pombo, hoy de
Aparicio, Emilia Uribe de Pérez, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe,
CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, bajo el pretexto de que sus cuotas habían
sido dadas en prenda mediante contratos en los que conferían los derechos sociales a
la también socia Beatriz Leyva de Uribe, a quien la sucedieron Juan Manuel Uribe
Villegas, Juan Nicolás Uribe Villegas, María Caroline Uribe Clauzel, Juan Pablo Uribe
Clauzel, Bernardo Uribe Leyva, Enrique Uribe Leyva, Agustín Uribe Leyva y Julia Uribe
Leyva.

1.3.1. Para la demandante, en las votaciones ocurridas durante las mencionadas
reuniones, la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. incurrió en el
fraccionamiento ilegítimo del voto, al dividir arbitrariamente el número de cuotas de los
socios deudores entre los acreedores prendarios, sin respetar sus participaciones, para
nivelar el voto de cada uno de ellos.

En todo caso, adujo que no existe norma legal que sustente la exclusión de la
convocatoria de ningún socio en las sociedades de responsabilidad limitada,
independientemente de que sus cuotas estén embargadas o pignoradas. En tal sentido,
enfatizó que los artículos 181, 182 y 186 del Código de Comercio, que regulan las
convocatorias, no condicionan su aplicación a que los derechos del socio hayan sido
cedidos, de acuerdo con los artículos 410 y 411 ibidem, ni determinan que a las reuniones
deba citarse a los acreedores prendarios, para que ejerzan los derechos de deliberación
y voto; y que, para que ello opere de esa manera, así tendría que encontrarse establecido
en el contrato de prenda, lo cual no ocurrió en este caso.

Dijo que los hechos puestos en consideración de la Superintendencia de Sociedades,
que soportan la ineficacia de las decisiones de la Junta, constituyeron un fraude a los

5 Los señores Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe,

Manuel Iriarte Uribe y Alberto Suárez Uribe (quien cedió los derechos herenciales a Inversiones Alcam
S.A.) recibieron sus cuotas por herencia de la señora Consuelo Uribe Holguín, quien había constituido
sobre estas las prendas en favor de la señora Beatriz Leyva de Uribe.

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Demandante: Laurel Ltda.

derechos de los socios, circunstancias que fueron debidamente acreditadas por la
demandante a la entidad.

1.3.2. Advirtió que las citadas prendas eran inválidas, en los términos del artículo 410 del
Código de Comercio, pues la Superintendencia, mediante visitas e investigaciones
realizadas a la misma sociedad, confirmó que no se habían inscrito en el libro de registro
de socios, lo cual fue evidenciado en el pliego de cargos formulado en la Resolución 341-
004800 del 21 de noviembre de 2007.

Adujo que, pese a las evidencias con que contaba, la Superintendencia de Sociedades,
mediante la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, denegó el reconocimiento
de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas en
las mencionadas reuniones, acto en el cual, de manera contradictoria, invocó el pliego
de cargos consignado en la Resolución No. 341-004800 del 21 de noviembre de 2007 y
que surgió de la visita realizada a la compañía.

1.3.2.1. Manifestó que los actos acusados incurrieron en falsa motivación al concluir que
los contratos de prenda sobre las cuotas de la sociedad Alcam S.A. se encontraban
inscritos en el libro de registro de socios de la sociedad en las fechas de las reuniones
de la Junta de Socios del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007. Y acotó que,
para el 21 de noviembre de 2007, dicha sociedad no se encontraba inscrita como socia
en el libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

1.3.2.2. En este orden, sostuvo que los actos demandados incurrieron en falsa
motivación, pues señalaron que los contratos de prenda sobre las cuotas de Carmen
Iriarte Uribe; Manuel Iriarte Uribe; Pablo Iriarte Uribe, Diego Suárez Uribe y Eduardo
Suárez Uribe se encontraban inscritos en el libro de registro de socios para las fechas de
las reuniones cuestionadas, sin estarlo.

1.3.2.3. Sostuvo que en la Resolución 341-004800 del 21 de noviembre de 2007, la
Superintendencia de Sociedades determinó que no era posible conocer cuántas cuotas
cubrían tales registros, y que la forma como se llevaba el libro configuraba vulneración
de la normativa aplicable.

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1.3.2.4. Señaló que la escritura de sucesión de la señora Consuelo Uribe Holguín no
hacía alusión alguna a la prenda que ésta constituyó a favor de la señora Beatriz Leyva
de Uribe, y que, pese a eso, los actos demandados concluyeron que ese gravamen era
oponible a los socios Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe,
Pablo Iriarte Uribe y Manuel Iriarte Uribe, herederos de la primera, con base en una
simple comunicación, y que por eso no tenían que ser citados a las reuniones que se
cuestionan.

1.3.2.5. Expuso que, en los folios del libro de registro de socios correspondientes a Emilia
Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario
Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, no se indicó el
nombre ni la identificación de los herederos de la señora Beatriz Leyva de Uribe a los
que se adjudicaron los derechos prendarios sobre sus cuotas, por lo que los actos
demandados no debieron concluir que dichas cuotas estaban debidamente pignoradas.

1.3.2.6. Además, aseveró que las anteriores prendas fueron constituidas de forma
abierta, para garantizar todas las obligaciones actualmente existentes o que en el futuro
llegaren a existir, pero sin indicar el monto máximo de la garantía ni el plazo, por lo que
incumplían los presupuestos del artículo 1219 del Código de Comercio, que dice que
éstas deben tener una cuantía y un plazo claramente determinados en el contrato; y, en
consecuencia, en los términos del artículo 1203 ibidem, los respectivos contratos eran
ineficaces, lo cual debió ser objeto de pronunciamiento por parte de la Superintendencia
de Sociedades en la resolución materia de la presente demanda.

1.3.3. Argumentó que la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008 no fue
notificada a la sociedad Laurel Ltda., pero que ésta se dio por notificada por conducta
concluyente mediante la presentación de recurso de reposición, el 11 de junio de 2008.

Acotó que en dicho recurso, con fundamento en el artículo 14 CCA, solicitó que se
notificara del trámite a los socios que no fueron convocados a las reuniones que se
cuestionan, para que intervinieran en defensa de sus derechos, máxime cuando no han
participado en ninguna junta de socios desde el año 1993; pero que la Superintendencia
de Sociedades rechazó esa petición, aduciendo que la entidad únicamente tiene deberes
frente a la sociedad, y que el derecho de defensa al que debía atender era de la persona
jurídica y no el de los socios individualmente considerados.

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Demandante: Laurel Ltda.

Contra el anterior argumento, alegó que, en los términos del artículo 83 y del literal a) del
artículo 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades estaba obligada a
velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo con las disposiciones previstas en el
ordenamiento jurídico y a impedir los abusos de los órganos de dirección que impliquen
el desconocimiento de los derechos de los asociados, y que lo que se discutió en el
proceso administrativo era precisamente la celebración de las reuniones de la Junta en
ausencia de los socios mencionados, por no haber sido convocados, y la sanción legal
aplicable a tal hecho, mas no la legalidad o conveniencia de éstas.

De acuerdo con lo anterior, advirtió que la Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008,
que resolvió el recurso de reposición, vulneró el invocado artículo 14 del CCA, que ofrece
una oportunidad procesal para que personas con interés en el proceso administrativo
intervengan en defensa de sus derechos.

1.3.4. Por otra parte, alegó que dicho acto estaba insuficientemente motivado, pues no
resolvió la totalidad de los argumentos que se expusieron en el recurso de reposición
contra la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008.

En concreto, adujo que el acto omitió pronunciarse sobre los siguientes temas que fueron
propuestos en el recurso de reposición: (i) el fraccionamiento de los derechos de voto;
(ii) la falta de registro de los contratos de prenda; (iii) tendenciosos cambios de doctrina
con el fin de cohonestar pretendidos abusos de los administradores en contravía de las
posiciones expuestas por la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y
Comercio; (iv) el favorecimiento de operaciones presuntamente constitutivas de fraude
fiscal; (v) la violación del derecho de defensa de los socios deudores; (vi) el indebido
ejercicio de las competencias de la Superintendencia por no declarar la ineficacia
solicitada; (vii) el ocultamiento de evidencias o su interpretación sesgada, y (viii) la falta
de pronunciamiento de ineficacia sobre los contratos de prenda y los derechos surgidos
por causa de sucesión de los actuales herederos.

1.3.5. Alegó que la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio y la
Superintendencia de Industria y Comercio, en decisiones adoptadas en diversos asuntos
desde hace más de diez (10) años, venían reconociendo que la omisión de la
convocatoria de socios era causal de la sanción de ineficacia de las decisiones que allí

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se tomaran, argumento que sustenta en las consideraciones de la Resolución 00114 del
6 de junio de 2007, expedida por la Cámara de Comercio. Que, pese a lo anterior, la
entidad aquí demandada sustentó la decisión en un cambio de doctrina que adoptó en
medio del debate administrativo, el cual dejó vacíos respecto de los derechos de los
socios.

1.3.6. Sostuvo que la entidad demandada desvió el debate y no se refirió a los
presupuestos de ineficacia, con frases inconducentes como que “Cuando quiera que la
verificación de tales circunstancias se convierte en un interminable debate probatorio,
seguido de la valoración de confusos y muy discutidos elementos de juicio…, queda
desestimada cualquier posibilidad automática de la pretendida ineficacia de pleno
derecho”6.

1.3.7. Por último, sostuvo que la Superintendencia motivó falsamente la decisión, al
señalar que la actuación había sido impulsada por la sociedad Laurel Ltda. y su
representante legal, so pretexto de la defensa de los socios deudores, y no por estos
últimos, quienes, según los actos demandados, no hicieron ningún reclamo sobre el
particular. Según la demandante, tal afirmación falta a la verdad procesal, pues los socios
afectados dirigieron comunicaciones sobre el tema a la entidad y adelantaron
actuaciones en defensa de sus derechos. Que, en todo caso, tal circunstancia es
irrelevante y la Administración estaba obligada a pronunciarse sobre los hechos que la
actora le puso de presente.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones7.

Sobre los hechos manifestó, de un lado, que en los mismos se hacían transcripciones
literales de los actos acusados, por lo que se atenía a lo allí previsto; y, por otro lado,
que se trataban de interpretaciones parcializadas y equivocadas del accionante, de
manera que se abstendría de emitir pronunciamientos de fondo sobre éstos.

6 Folio 113 del Cuaderno del Tribunal.
7 Folios 200 a 226.

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2.1. En cuanto a los argumentos de la demanda relacionados con la ineficacia de las
prendas constituidas sobre las cuotas de los socios Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe
de Pombo, hoy de Aparicio, CPR Publicidad Ltda., Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina
Suárez Uribe e Inés Largacha Salazar, por incumplimiento del artículo 1219 del Código
de Comercio, señaló que tal discusión no atañe a la sociedad Laurel Ltda. y que, de
todos modos, ésta debía ventilarse ante la Jurisdicción Ordinaria o ante el Tribunal de
Arbitramento, el cual, de hecho, profirió el laudo del 10 de mayo de 2010, que resolvió
tales aspectos.

Por otro lado, respecto a la “Presunción de legalidad. Carga de la prueba”, adujo que los
actos enjuiciados gozaban de presunción de legalidad y que, según los artículos 176 y
177, las presunciones deben tenerse por ciertas, salvo pruebas en contrario, por lo que
incumbía a la parte actora desvirtuar las mismas.

2.2. “Sobre los fundamentos de derecho y concepto de violación”, indicó que la demanda
adolecía de falta de argumentación y coherencia, debido a que no se acompañaron
elementos de juicio que sustentaran adecuadamente el concepto de violación; al punto
se citaron los artículos 82, 83 y 84 del Código de Comercio, sin que los mismos incidieran
en el procedimiento adelantado por esa entidad.

2.3. Sobre “el marco legal y fáctico observado por la Superintendencia de Sociedades
para expedir las Resoluciones Nos. 341-000926 de marzo 14 de 2006 y 321-002358 de
julio 9 de 2008, con las cuales concluyó la medida administrativa invocada por la sociedad
demandante. La decisión adoptada se ciñó a las disposiciones legales que le sirvieron
de referente”, adujo que la potestad de reconocer los presupuestos de ineficacia de las
decisiones adoptadas por la Junta de Socios está consagrada en el parágrafo del artículo
87 de la Ley 222 de 1995, que establece que, “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
897 del Código de Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a
solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción
de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, en
relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia”.

Advirtió que dicha potestad es intermedia, restrictiva y expresa, por lo que no le permite
a la Superintendencia declarar los presupuestos de ineficacia contenidos en otras
disposiciones legales ni dirimir conflictos relacionados con actos no societarios, como la

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eficacia y la validez de contratos de promesa de cesión de cuotas sociales ni de prendas
constituidas por unos socios respecto de otros, y que tales controversias deben agotarse
mediante otras acciones legales ante la Jurisdicción Ordinaria o ante el Tribunal de
Arbitramento, o incluso, a través de la conciliación, mecanismos a los que, de hecho, las
personas interesadas y legitimadas ya acudieron.

Explicó que la sanción de ineficacia, para la cual la Superintendencia de Sociedades
tiene competencia intermedia, supone una censura automática que solo puede ser
aplicada a los actos jurídicos societarios que presenten vicios notorios, manifiestos,
ostensibles y determinantes sobre el desconocimiento de las normas aplicables, esto es,
aquellos que puedan ser advertidos incluso por personas que carezcan de formación
técnica jurídica. Acotó que la sanción propia de dicha medida administrativa se
sustentaba en el artículo 190 del Código de Comercio.

2.4. Señaló que, en este caso, la citación y convocatoria de los socios acreedores
prendarios estuvo revestida de legalidad y validez, pues, en los términos del artículo 410
del Código de Comercio, las prendas originalmente constituidas mediante contratos
suscritos el 8 de junio de 1993 estaban registradas en la Cámara de Comercio y fueron
inscritas en el libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda., hecho
que fue verificado en la actuación administrativa iniciada y que no fue desvirtuado por la
sociedad demandante. Y, asimismo, se cumplió la regla del artículo 411 ibidem, que
establece que la prenda no confiere al acreedor los derechos inherentes a la calidad de
accionista, sino en virtud de estipulación o pacto expreso, si se tiene en cuenta que en la
cláusula tercera de los contratos se estipuló que estos conferían a los acreedores todos
los derechos sobre las cuotas sociales, incluyendo expresamente los de deliberación,
voto y recibo de utilidades o participaciones.

2.5. Por otra parte, aseveró que los actos atacados no variaron la doctrina de la
Superintendencia de Sociedades en relación con los derechos que otorga la prenda
sobre las cuotas sociales. Para el efecto, aportó los conceptos 220-034437 del 26 de
mayo de 2003, 220-034956 del 16 de julio de 2007 y 220-053646 del 9 de noviembre del
mismo año.

Afirmó que, en particular, en el concepto 220-053646 del 9 de noviembre de 2007,
resolvió la petición de uno de los socios de Laurel Ltda. frente al contrato de prenda sobre

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cuotas sociales, y reiteró la posición jurídica que la entidad ha mantenido, según la cual:
(i) a través de dicho contrato no se adquiere la calidad de socio, pues para ello es
necesaria la cesión de las cuotas sociales, en términos del artículo 362 del Código de
Comercio; (ii) la calidad de socio, a la cual son inherentes unos derechos políticos y
económicos que pueden cederse total o parcialmente por tratarse de derechos subjetivos
y de libre disposición, se adquiere mediante la participación en el capital; (iv) si el derecho
a participar en las deliberaciones del máximo órgano social y a votar en ellas es cedido
mediante prenda, bien puede la sociedad abstenerse de convocar a los socios titulares,
y (v) la cesión acarrea para el cesionario el derecho a ser convocado, sin que por ello
pueda afirmarse que se ha sustituido al socio, sino que se debe convocar a quien
efectivamente detenta el derecho político por virtud de la facultad transferida en forma
transitoria y voluntaria.

Por ende, sostuvo que la motivación que llevó a la adopción de la Resolución 341-000926
de 2008, preservó en todo momento el principio de legalidad y las reglas propias del
debido proceso.

2.6. Sobre “la competencia restrictiva legalmente asignada a la Superintendencia de
Sociedades para declarar el reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la
sanción de ineficacia de las sanciones adoptadas por el máximo órgano social de una de
sus vigiladas y que concluyó con la decisión contenida en la Resolución 341-00926 de
marzo 14 de 2008, confirmada por la Resolución 321-992358 de julio 9 de 2008”, reiteró
que la competencia intermedia y restrictiva de esa entidad se encuentra definida en el
parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, en armonía con el artículo 190 del Código
de Comercio.

Por ende, resaltó que el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia de las
decisiones del máximo órgano social del Frigorífico San Martín de Porres Ltda., se
encontraba limitada a establecer si éstas se adoptaron en contravención de lo previsto
en el artículo 186 del Código de Comercio, es decir, sin el cumplimiento de lo previsto en
la Ley y los estatutos en cuanto a convocación y quórum.

2.7. En cuanto a que “las Resoluciones cuya nulidad hoy se demanda, atendieron los
fundamentos de hecho y de derecho propios de la medida administrativa invocada para
la declaratoria de improcedencia del reconocimiento de los presupuestos que dan lugar

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a la sanción de ineficacia demandada”, alegó que, contrario a lo expuesto por la
demandante, la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008 sí abordó todos los
argumentos de la solicitante, pues (i) delimitó el marco legal que le asigna competencia
para adelantar esta medida administrativa; (ii) explicó los supuestos normativos que rigen
los presupuestos de ineficacia; (iii) estableció con apego a las pruebas recaudadas que
la convocatoria a los socios no incumplió la regla del artículo 186 del Código de Comercio,
pues los socios deudores habían cedido los derechos políticos de las cuotas sociales a
la acreedora por vía de la prenda; (iv) concluyó que el derecho político se materializa con
la convocatoria de los acreedores prendarios de los socios que pignoraron sus cuotas
sociales; (v) estableció que los contratos de prenda tenían plena eficacia pues se cumplió
con la formalidad del artículo 410 del mismo Código, si se tiene en cuenta que el 2 de
julio y el 13 agosto de 2004 fueron inscritos en el libro de registro de socios y en la Cámara
de Comercio del domicilio social, por lo que tales instrumentos surtieron efectos respecto
de los demás socios, de los administradores de la sociedad y de terceros; (vi) determinó
que los herederos de la señora Beatriz Leyva de Uribe eran socios acreedores prendarios
legítimos, pues la escritura pública 1648 del 31 de octubre de 2003 de la Notaría 16 de
Bogotá, que consagraba el derecho de prenda otorgado a la socia fallecida, fue inscrita
en el registro mercantil el 17 de diciembre de 2003, y (vii) resolvió el argumento de la
solicitante, relacionado con el supuesto fraccionamiento del voto con ocasión de la
adjudicación de los derechos derivados de la prenda a los herederos de la causante
Leyva de Uribe, y (viii) advirtió que carecía de competencia para pronunciarse sobre la
ineficacia de los contratos de prenda.

Señaló que la Resolución 321-002358 de julio 9 de 2008 también resolvió todos los
argumentos expuestos en el recurso de reposición, aunque en este se reiteraron los
fundamentos de la petición inicial, radicada en octubre 8 de 2007. Resaltó que los reparos
relativos al fraccionamiento de voto, la interpretación de los contratos de prenda y el
supuesto cambio de doctrina que fueron iterados en el recurso de reposición, “no
ameritaban una consideración adicional salvo la de ser rechazados, pues además de ser
infundados y tendenciosos, estaban al margen de la competencia restrictiva asignada a
la Superintendencia”8.

8 Visible a folio 214 del Cuaderno del Tribunal

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2.8. Agregó que esta resolución concluyó que la solicitud de vincular al trámite
administrativo a los demás socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda. era
improcedente, por cuanto las decisiones que se acusaban de ineficaces afectaban en
forma directa y única a la sociedad, si se tiene en cuenta que la censura estaba dirigida
contra las determinaciones del máximo órgano social.

Dijo que este acto reiteró que la Superintendencia carecía de competencia para referirse
a la legalidad de actos jurídicos no societarios y a negocios causales ajenos a la empresa
y mencionó que la falsa motivación endilgada en contra de los actos censurados solo
procedía por error de hecho o de derecho, sin que se hubiera probado ninguno de esos
eventos en el presente asunto.

2.9. Por otra parte, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
y sostuvo que si bien, de acuerdo con el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995,
en concordancia con el artículo 897 del Código de Comercio, la medida administrativa de
reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia puede ser
iniciada de oficio o a petición de parte, por lo que es válido que ésta fuera solicitada por
Laurel Ltda., no ocurre lo mismo con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues para esta debe acreditarse un interés jurídico, el cual no se encuentra en cabeza
de esa sociedad, sino de los socios que no fueron convocados por Frigorífico San Martín
de Porres Ltda. a las reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007.

Anotó que la actora no tiene la facultad expresa para obrar a nombre de los socios, ni se
dan los supuestos para presumir que actúa como agente oficiosa, ni allegó el documento
que acredite que se obra por un poder general o especial en los términos del artículo 65
del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC); y advirtió que, revisados los
certificados de existencia y representación legal, se evidenciaba que los socios de
Frigorífico San Martín de Porres Ltda. son totalmente distintos a los de Laurel Ltda., por
lo que, desde ese punto de vista, tampoco se configura la legitimación en la causa.

Con base en lo anterior, solicitó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6
de la Ley 1395 de 2010, se dicte sentencia anticipada en la que se declare probada esta
excepción.

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2.10. Luego, en el mismo acápite de excepciones, agregó un acápite titulado: “Respecto
de los supuestos fácticos invocados en la medida administrativa decidida por mi
representada en las Resoluciones 341-000926 de marzo 14 de 2008 y 321-002358 de
julio 9 de 2008, ya existe decisión del Tribunal de Arbitramento convocado por los
denominados socios deudores y por tanto a tal precedente debe remitirse la parte
demandate”, y adujo que la actora había alegado en la demanda la ineficacia de los
contratos de prenda suscritos entre los socios iniciales y la señora Beatriz Leyva de Uribe,
controversia que ya fue presentada por dichos socios ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 noviembre de 2007, de acuerdo
con la cláusula compromisoria contenida en los estatutos de Frigorífico San Martín de
Porres Ltda., trámite en el que se convocó a los herederos de la señora Beatriz Leyva de
Uribe, y que fue desatado mediante laudo arbitral del 10 de mayo de 2010.

2.11. Seguidamente, formuló la excepción de “Acción inadecuada” y señaló que, para
dirimir las controversias suscitadas al interior de órganos de dirección societarios, como
la Junta de Socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda., debía convocarse al Tribunal
de Arbitramento. Y, frente a las decisiones adoptadas en las reuniones de la Junta de
Socios, la persona interesada puede acudir a las acciones previstas en el artículo 191
del Código de Comercio y en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil. Que, de
hecho, de acuerdo con el oficio remitido por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá
(relacionado como Anexo 5 de la contestación), en ese despacho cursa proceso de
impugnación de actos de asamblea respecto de las sesiones de la Junta de Socios de la
referida sociedad, adelantadas el 15 de marzo y del 4 de agosto de 2007.

2.12. Propuso la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de los
requisitos formales”, y alegó que la actora no fundamentó debidamente el concepto de
violación, pues no explicó por qué la Superintendencia de Sociedades vulneró las normas
que se invocan.

2.13. Por último, propuso la excepción genérica, y solicitó que se declare probado
cualquier hecho que dé lugar a la imposibilidad de estudiar las pretensiones de la
demanda o a desestimarlas por razones de fondo.

2. INTERVENCIÓN DE TERCEROS

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Mediante memorial presentado el 8 de julio de 20139, la sociedad Frigorífico San
Martín de Porres Ltda. intervino en el proceso como parte impugnadora, por tener
interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en el artículo 146 del CCA,
modificado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998, y precisó de entrada que se
encontraba liquidada, según consta en el acta de la Junta de Socios del 10 de enero
de 2013, consignada en la escritura pública 47 del 22 del mismo mes y año, que fue
inscrita en la Cámara de Comercio; pero cuyos efectos fueron suspendidos
provisionalmente por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso
abreviado de impugnación de las decisiones tomadas en la citada reunión, adelantado
por la señora Carmen Iriarte Uribe, trámite que en ese momento cursaba ante el
Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá en Descongestión, sin que se hubiere resuelto
aún el recurso de reposición interpuesto oportunamente contra dicha decisión.

3.1. Mencionó que las constituyentes de las prendas las enviaron a esa sociedad para
que fueran registradas en el correspondiente libro de socios, en observancia de lo
previsto en el artículo 410 del Código de Comercio, y versaron sobre la totalidad de las
cuotas sociales que cada prendante poseía en esa empresa, incluidos los derechos
de deliberación, voto y reparto de utilidades, de manera que carecía de sentido
convocar a los socios que habían cedido sus anotadas cuotas.

Recalcó que la beneficiaria de las prendas era la señora Beatriz Leyva de Uribe y que
una vez falleció, se adjudicaron en cantidades concretas a cada uno de sus herederos
testamentarios; estos son, los señores Agustín, Julia, Enrique y Bernardo Uribe Leyva;
Caroline y Juan Pablo Uribe Clauzel y Juan Manuel y Nicolás Uribe Villegas.

Dijo que las prendas también se inscribieron en el registro público de comercio que
lleva la Cámara de Comercio y que la validez de éstas se confirmaba con el fallo del
Tribunal de Arbitramento proferido el 10 de mayo de 2010.

3.2. Anotó que los socios que fueron convocados a las reuniones votaron
individualmente, cada uno en un mismo sentido, con todas las cuotas sociales que les

9 Folios 282 a 286.

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pertenecían y con las que tenían pignoradas, razón por la que no era cierto que las
votaciones se hubieran fraccionado.

3.3. Sostuvo que las prendas que se constituyen sobre las cuotas de una sociedad de
responsabilidad limitada para garantizar obligaciones futuras son diferentes a las
prendas sin tenencia de que tratan los artículos 1207 y 1219 del Código de Comercio,
las cuales recaen sobre bienes muebles necesarios para la explotación económica y
que estén destinados a ella o que sean resultado de la misma. Que, por lo tanto, dichas
disposiciones, que el demandante invocó como vulneradas, no son aplicables al
asunto.

3.4. Alegó que la sociedad Laurel Ltda. no está legitimada para pedir la nulidad de las
Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321-002358 del 9 de julio del
mismo año, ni para obtener, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento
de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas
por la Junta de Socios el 15 de marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto de 2007, porque
no hace parte de los socios que no fueron convocados a éstas. Es decir, porque no se
ha producido lesión de ningún derecho que a ella corresponda.

Con base en lo anterior, manifestó coadyuvar la solicitud elevada por la
Superintendencia de Sociedades, en el sentido de que, en los términos del artículo 6
de la Ley 1395 de 2010, se dicte sentencia anticipada que declare probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la sociedad Laurel
Ltda.10 presentó escrito en el que sostuvo que es la socia mayoritaria de Frigorífico
San Martín de Porres Ltda., pues tiene el treinta punto cuatrocientos cincuenta y cuatro
por ciento (30.454 %) del capital de esa empresa. Advirtió que, actuando en dicha
calidad, busca que se declare la nulidad de los actos demandados y que se restablezca
el orden jurídico respecto de la convocatoria, integración, deliberación y adopción de

10 Folios 377 a 398.

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decisiones por la Junta de Socios de esa compañía, sin la exclusión forzada de unos
socios por parte de quienes ejercen la administración y las mayorías.

De acuerdo con lo anterior, dijo que el derecho a solicitar la declaratoria de los
presupuestos de ineficacia ante la Superintendencia de Sociedades, derecho
consagrado en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, es otorgado a todos los socios sin
distinción alguna.

4.1.1. Alegó que la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Resolución 209 del
10 de septiembre de 2007, que corrigió las constancias que hasta ese momento venía
expidiendo, con base en la escritura pública 1648 del 31 de octubre de 2003, otorgada
en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá, que protocolizó la partición de los bienes de la
señora Beatriz Leyva de Uribe, acreedora prendaria, entre sus herederos, señaló que
los contratos de prenda no se encontraban debidamente inscritos en el libro de registro
de socios cuando se llevaron a cabo las reuniones.

Es decir que la Cámara de Comercio, mediante dicha resolución, señaló que las
hijuelas adjudicadas a los herederos de la acreedora prendaria solamente les
transmitieron, a título de cesión o compraventa, las cuotas sociales, pero sin referirse
a los contratos de prenda de los que dicha causante era titular.

De acuerdo con lo anterior, argumentó que el registro de la escritura pública 1648 del
31 de octubre de 2003, no involucró la inscripción de los derechos de prenda sobre las
cuotas de los deudores prendarios en favor de los herederos de la señora Beatriz
Leyva de Uribe. Y, por tanto, cuando se llevaron a cabo las reuniones objeto de
controversia, las prendas no se encontraban inscritas, ni en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio, ni en el libro de registro de socios de la sociedad a favor de
dichos herederos.

Lo anterior, según alegó, fue ratificado por la escritura pública 2134 del 26 de
septiembre de 2007, inscrita en la Cámara de Comercio el 3 de octubre de 2007,
después de llevarse a cabo las reuniones impugnadas, por medio de la cual se tramitó
la solicitud de los herederos de la señora Leyva de Uribe de inscribir en el registro
público de comercio la adjudicación del derecho de la causante en las garantías
prendarias constituidas a su favor.

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Por lo tanto, cuando se llevaron a cabo las reuniones de la Junta de Socios, los
deudores prendarios gozaban de todos sus derechos sobre las cuotas de interés social
y, en tal sentido, del derecho pleno de ser convocados a las reuniones, en las que
podían ejercer sin limitaciones sus derechos de deliberación y voto.

Además, arguyó que, al otorgamiento de la escritura pública 2134 del 26 de septiembre
de 2007, no comparecieron los deudores prendarios y, pese a eso, en ésta se les
impuso el gravamen prendario que no existía cuando recibieron de su antecesora sus
cuotas de interés social. En efecto, esa escritura fue otorgada por el apoderado de los
herederos de la señora Leyva de Uribe, de acuerdo con la constancia que aparece en
dicha escritura y en el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad.

Tales falencias en el registro de los contratos de prenda fueron evidenciadas por la
Superintendencia de Sociedades en el pliego de cargos formulado después de la
inspección que hizo a la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., acto en el
que señaló:

“En los folios correspondientes a los socios Carmen Iriarte Uribe, Diego Suárez
Uribe y Eduardo Suárez Uribe no aparece anotación sobre gravamen alguno que
recaiga sobre sus cuotas, pese a que corresponden a las cuotas pignoradas de la
señora Consuelo Uribe Holguín.

En los folios correspondientes a Emilia de Pérez, Pilar Uribe Aparicio, CPR
Publicidad Ltda., Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe e Inés
Largacha Salazar no se indicó el nombre o identificación de los herederos de
Beatriz Leyva de Uribe a quienes fueron adjudicados los derechos prendarios de
acuerdo con la escritura pública No. 1648 del 31 de octubre de 2003”.

Con base en lo anterior, dijo que la Superintendencia, pese a que quedó comprobado
que los contratos de prenda sobre las acciones de los socios deudores en favor de los
herederos de la acreedora no se encontraban inscritos en el libro de registro de socios,
como lo ordena el artículo 361 del Código de Comercio, dio por cierto que las prendas
se encontraban debidamente registradas, razón por la cual los actos acusados se
basan en presupuestos ficticios que pugnan con la realidad, por lo que fueron
expedidas con falsa motivación.

4.1.2. Enfatizó que las resoluciones demandadas constituyeron una excepción no
prevista en la ley al derecho de los socios que sean deudores prendarios, de ser

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convocados a las reuniones de las juntas de socios, fundamentos que no tienen ningún
sustento legal y que se oponen a la doctrina que venía defendiendo la propia entidad
demandada, particularmente, en la Resolución No. 220-034437 del 26 de mayo de
2003.

Adujo que únicamente se podía completar quórum en las reuniones de la asamblea
con la presencia de los socios, no con la de los acreedores prendarios, pese a que se
les hubieran conferido los derechos de deliberación y voto a través de los gravámenes
prendarios.

Agregó que el señor Enrique Uribe Leyva, que es el representante legal de Frigorífico
San Martín de Porres Ltda., incurrió en un grave conflicto de intereses al aparecer
como uno de los acreedores prendarios, de acuerdo con la escritura pública 2134 del
26 de septiembre de 2007 y el certificado de existencia y representación de la
sociedad, pues fue uno de los citados a las reuniones cuestionadas.

4.1.3. Por otro lado, alegó que los actos demandados desconocen el artículo 358 del
Código de Comercio, en virtud del cual los socios de sociedades de responsabilidad
limitada tienen una condición de particular preeminencia, en la medida en que la
representación de la sociedad y la administración de los negocios corresponde a todos
y a cada uno de ellos. Que, de acuerdo con esa prerrogativa, los socios de las
sociedades limitadas no tienen la autonomía de ceder todos los derechos inherentes
a tal calidad, sino que deben agotar el procedimiento reglado que culmina con la
suscripción y registro de la escritura pública de traspaso de las cuotas sociales, de
manera que los actos acusados constituían una modificación unilateral del contrato
social, circunstancia que era inaceptable y manifiestamente violatoria de las normas
que rigen este tipo de sociedades.

Reprochó que la decisión de la Superintendencia de Sociedades llevaría a concluir que
los acreedores prendarios se encuentran legitimados para adoptar decisiones en las
respectivas juntas, sin importar que las mismas versen sobre las responsabilidades de
los socios frente a terceros, lo que no resulta razonable.

Aseveró que la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, sostuvo que el
artículo 411 del Código de Comercio, que regula la prenda de acciones, era aplicable

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a las sociedades limitadas, en virtud de la remisión que hace el artículo 372 ibidem;
afirmación que es falsa, pues dicha norma versa sobre la prenda de acciones de
sociedades anónimas, es decir, de sociedades de capitales y no de sociedades de
personas, como era Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

4.1.4. Recalcó que la entidad desconoció el artículo 361 del Código de Comercio, que
ordena llevar un libro de registro de socios, registrado en la cámara de comercio, en el
que se anote la identificación de cada uno y el número de cuotas que posea, así como
los embargos, gravámenes y cesiones que se hayan efectuado; y los artículos 1207,
inciso segundo, 1208 y 1219 ibidem, que ordenan la inscripción de tal información en
el registro mercantil.

En ese orden, anotó que se pasaron por alto los requisitos que dichas disposiciones
imponen para que los acreedores prendarios puedan ejercer válidamente los derechos
que derivan del contrato.

4.1.5. Entre tanto, alegó que la Resolución No. 321-002358 del 9 de julio de 2008, que
resolvió el recurso de reposición, incurrió en desconocimiento de los derechos de
audiencia y defensa al denegar la convocatoria al trámite administrativo de los
deudores prendarios, bajo el argumento de que la controversia versa sobre los
derechos de sociedad y no de los socios. Al respecto, dijo que, si bien es cierto que
las decisiones que se tomaron en las reuniones emanaron del máximo órgano social
de una sociedad, son precisamente los socios, en su calidad de sujetos de derecho
con intereses legítimos, quienes pueden reclamar a las autoridades el reconocimiento
de los presupuestos de ineficacia de dichas decisiones.

4.1.6. Además, dijo que, como Frigorífico San Martín de Porres Ltda. se encuentra en
estado de disolución y liquidación, el desconocimiento de los derechos de los socios
en esta etapa incide radicalmente en temas como el pago del pasivo externo y la
distribución de los remanentes. Es decir, las decisiones que se adopten en relación
con la sociedad afectarán no solamente los derechos de los socios, sino los de
terceros, lo que pone en riesgo los intereses de Laurel Ltda., en su condición de socio
mayoritario.

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4.1.7. Precisó que el Tribunal de Arbitramento se pronunció en relación con la validez
del contrato de prenda por medio del cual se otorgaron los derechos prendarios a la
socia Beatriz Leyva de Uribe por los socios Consuelo Uribe Holguín, Pilar Uribe de
Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Emilia Uribe de Pérez y Rosario
Josefina Suárez; y en el presente asunto no se solicita la ineficacia, nulidad o
inexistencia del contrato de prenda. Por lo tanto, el laudo no tiene ningún efecto sobre
la solicitud que Laurel Ltda. planteó en este Proceso.

4.1.8. Arguyó que no había instaurado una acción inadecuada, pues ésta está
encaminada a solicitar la nulidad de determinados actos administrativos y a que se
restablezca el derecho de Laurel Ltda., como socio mayoritario, a que se declaren
cumplidos los presupuestos de ineficacia de las decisiones tomadas en las ya referidas
reuniones.

Agregó sobre el particular, que la ineficacia opera de pleno derecho, esto es, sin
necesidad de intervención judicial. Sin embargo, debido a que existe discrepancia
entre los socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en cuanto a la eficacia de las
decisiones que se adoptaron en las reuniones, el conflicto debía ser dirimido en la vía
administrativa por la Superintendencia de Sociedades y luego por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, debido a que las decisiones adoptadas por dicha entidad
vulneraron la ley.

4.1.9. Advirtió que, además, no se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de requisitos formales, pues Laurel Ltda. expresó en el capítulo VI
de la misma el concepto de la violación de las normas infringidas por los actos que se
cuestionan.

4.1.10. Frente a la intervención de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
reiteró que los deudores prendarios no pierden la facultad de ejercer los derechos
derivados de la titularidad de sus acciones, puesto que la prenda es sólo una garantía
que se hace efectiva en el evento del incumplimiento de una obligación. Asimismo,
señaló nuevamente que los contratos de prenda no estaban registrados en la Cámara
de Comercio ni el libro de registro de socios, y que Laurel Ltda. sí estaba legitimada
para instaurar la acción, pues es una de sus socias mayoritarias.

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Demandante: Laurel Ltda.

4.2. La Superintendencia de Sociedades11 presentó escrito de alegatos de
conclusión en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

4.2.1. Agregó que los actos demandados tuvieron en cuenta los términos en los que
se suscribieron los contratos de prenda, en cuanto cedieron a la acreedora prendaria
los derechos políticos que las cuotas concedían a los socios deudores, y, además, que
el certificado de Cámara de Comercio, que da publicidad a los terceros, daba cuenta
de la prenda, por lo que era fácil concluir que la misma estaba surtiendo efectos.
Asimismo, evidenciaron que en el libro de registro de socios estaba inscrita la misma,
como lo dispone el artículo 410 ibidem, por lo que se encontraba perfeccionada.

4.2.2. De igual manera, advirtió que el reconocimiento de los presupuestos de
ineficacia, como sanción eminentemente comercial, depende única y exclusivamente
de que se den los presupuestos para el efecto, y en este caso, su examen no depende
del conflicto que se presente entre los sucesores, producto del contrato de prenda
firmado con la socia fallecida.

4.2.3. En cuanto al fraccionamiento del voto, mencionó que la prenda era un derecho
patrimonial susceptible de ser transmitido, de modo que la división de ésta entre los
herederos representaba el mecanismo a través del cual se repartieron los derechos
inherentes a la misma. En ese sentido dijo que “lo que verdaderamente cuenta es que
todas las cuotas radicadas en cabeza de una misma persona, o que siendo varios los
acreedores prendarios con derecho a voto de un deudor prendario, no escindan su
voluntad en diversos criterios respecto de las cuotas que cada uno posea, razón
suficiente para señalar que en el presente caso no puede hablarse de fragmentación
del voto”12.

4.3. La sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.13 presentó escrito de
alegatos en que reiteró los argumentos expuestos en su escrito de intervención.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

11 Folios 337 a 341.
12 Folio 375 del Cuaderno del Tribunal.
13 Folios 367 a 370.

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El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de
la referencia.

7.2. Cuestión previa

La Sala advierte que, en el escrito de alegatos de conclusión, la demandante adicionó
los siguientes argumentos orientados a obtener la nulidad de los actos demandados, que
no habían sido expuestos en el libelo introductorio:

(i) El señor Enrique Uribe Leyva, que es el representante legal de Frigorífico San Martín
de Porres Ltda., incurrió en un grave conflicto de intereses, pues fue uno de los
acreedores prendarios citados a las reuniones cuestionadas.

(ii) Los actos demandados desconocieron el artículo 358 del Código de Comercio, que
establece que la representación y la administración de los negocios en las sociedades
de responsabilidad limitada corresponde a todos los socios, quienes solo pueden ceder
tales derechos mediante el traspaso de sus cuotas a través de escritura pública. En
consecuencia, al reconocer que ese traspaso se produjo en este caso mediante los
contratos de prenda, los actos acusados modificaron unilateralmente el contrato social.

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Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
137 del CCA, la oportunidad que tiene el demandante para exponer los puntos de
hecho y de derecho que considera pertinentes para lograr que se acoja su pretensión
por parte del Juez Contencioso Administrativo es la demanda o su reforma. El siguiente
es el sentido de la mencionada disposición:

“Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción
administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

(…)

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación”.

Siendo así, teniendo en cuenta que los cargos de nulidad ya mencionados fueron
presentados en la etapa de alegaciones, no puede la Sala abordarlos, so pena de
desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de que son
titulares la Superintendencia de Sociedades y Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
pues admitir su valoración supondría ignorar que, frente a éstos, las demandadas no
tuvieron la oportunidad de pronunciarse.

Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al indicar que
las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de congruencia entre
el petitum (pretensiones de la demanda) y el decisum, de modo que exista una total
correspondencia14.

7.3. Hechos

7.3.1. Mediante contratos suscritos el 8 de junio de 1993, Consuelo Uribe Holguín, Pilar
Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Emilia Uribe de Pérez, Beatriz Suárez Uribe, Rosario
Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, constituyeron
prendas sobre las cuotas que poseían en la sociedad Frigorífico San Martín de Porres
Ltda. en favor de la también socia Beatriz Leyva de Uribe15.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Consejera

ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 13001-23-31-000-2011-00040-02(64290).
15 Folios 62 a 64 del cuaderno principal y folios 121 a 124 del cuaderno Anexo 2.

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7.3.2. La señora Beatriz Leyva de Uribe falleció y los derechos derivados de los
mencionados contratos de prenda fueron heredados por Juan Manuel Uribe Villegas,
Juan Nicolás Uribe Villegas, María Caroline Uribe Clauzel, Juan Pablo Uribe Clauzel,
Bernardo Uribe Leyva, Enrique Uribe Leyva, Agustín Uribe Leyva y Julia Uribe Leyva.

7.3.3. La señora Consuelo Uribe Holguín falleció y sus cuotas fueron heredadas por
Eduardo Suárez Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe,
Manuel Iriarte Uribe y Alberto Suárez Uribe (el cual cedió los derechos herenciales a
Inversiones Alcam S.A.), quienes, en consecuencia, se convirtieron en socios de
Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

7.3.4. Para las reuniones de la Junta de Socios del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto
de 2007, la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. no convocó a Eduardo Suárez
Uribe, Diego Suárez Uribe, Carmen Iriarte Uribe, Pablo Iriarte Uribe, Manuel Iriarte Uribe,
Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Emilia Uribe de Pérez, Beatriz Suárez Uribe,
Rosario Josefina Suárez Uribe, Inversiones Alcam S.A., CPR Publicidad Ltda. e Inés
Largacha Salazar, sino a Juan Manuel Uribe Villegas, Juan Nicolás Uribe Villegas, María
Caroline Uribe Clauzel, Juan Pablo Uribe Clauzel, Bernardo Uribe Leyva, Enrique Uribe
Leyva, Agustín Uribe Leyva y Julia Uribe Leyva.

7.3.5. Mediante escritos presentados el 1º de junio, el 9 de julio y el 8 de octubre de 2007,
la sociedad Laurel Ltda., socia mayoritaria de Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
solicitó a la Superintendencia de Sociedades el reconocimiento de los hechos que dan
lugar a la sanción de ineficacia, que consagra el artículo 190 del Código de Comercio, de
las decisiones adoptadas en las referidas reuniones de la Junta de Socios.

7.3.6. Mediante la Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, la Superintendencia
de Sociedades denegó el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de
ineficacia de las decisiones adoptadas en las mencionadas reuniones.

7.3.7. La sociedad Laurel Ltda. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo, y solicitó que se notificara del trámite a los socios que no fueron
convocados a las reuniones que se cuestionan, para que intervinieran en defensa de sus
derechos.

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7.3.8. Mediante la Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008, la Superintendencia
resolvió en forma negativa el recurso de reposición y denegó la vinculación de los
socios que no fueron convocados a las reuniones de la Junta.

7.3.9. La ineficacia de los contratos de prenda suscritos entre los socios iniciales y la
señora Beatriz Leyva de Uribe fue presentada por dichos socios ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 noviembre de 2007,
de acuerdo con la cláusula compromisoria contenida en los estatutos de Frigorífico San
Martín de Porres Ltda., trámite en el que se convocó a los herederos de la socia
mencionada, y que fue desatado mediante laudo arbitral del 19 de mayo de 2010.

7.4. Planteamiento

La Sala observa que la controversia propuesta gira en torno a la falta de jurisdicción
de esta Corporación para resolver el asunto, pues la Superintendencia de Sociedades
considera que, de acuerdo con la cláusula compromisoria contenida en los estatutos de
Frigorífico San Martín de Porres Ltda., las discusiones suscitadas entre los socios debían
ser formuladas ante el Tribunal de Arbitramento, y las relacionadas con las decisiones
adoptadas en las reuniones de la Junta de Socios se debían proponer mediante las
acciones previstas en los artículos 191 del Código de Comercio y 421 del CPC. Al
respecto, Laurel Ltda. señala que, debido a que existía discrepancia entre los socios
sobre la ineficacia de pleno derecho de las decisiones adoptadas por dicha junta, el
conflicto debía ser planteado primero en la vía administrativa ante la Superintendencia
de Sociedades y luego ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por otra parte, en cuanto a la legitimación en la causa por activa de Laurel Ltda., las
partes coinciden en que la solicitud de reconocimiento de los hechos que dan lugar a
la sanción de ineficacia no tiene necesariamente que ser elevada por el socio
directamente afectado con los hechos que se aleguen, pues ese trámite incluso puede
ser promovido de oficio por la Superintendencia de Sociedades. La controversia se
suscita entonces en cuanto a la legitimación para reclamar la nulidad del acto
administrativo que deniega dicha solicitud, pues la entidad demandada y Frigorífico San
Martín de Porres Ltda. consideran que quienes tenían la atribución para pedir
judicialmente el reconocimiento de tales hechos eran los socios que no fueron citados a

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las reuniones que se cuestionan; mientras que la actora alega que es socia mayoritaria
de dicha compañía, por lo que estaba autorizada para reclamar el cumplimiento de la
normativa que rige la toma de decisiones en ésta. En este punto, además, está en
discusión la legitimación de Laurel Ltda. para alegar en la vía judicial la vulneración de
los artículos 14 del CCA, y 83 y 84, literal a), de la Ley 222 de 1995, por no haberse
vinculado al trámite administrativo a los socios que no fueron convocados a las referidas
reuniones.

Además, el debate propuesto tiene que ver con la ineptitud de la demanda, toda vez
que la Superintendencia de Sociedades estima que el libelo carece de argumentación
suficiente y de coherencia, debido a que no se sustentó adecuadamente el concepto de
la violación, si se tiene en cuenta que se invocaron los artículos 82, 83 y 84 del Código
de Comercio, los cuales no resultan aplicables al procedimiento administrativo en
discusión. Sobre el particular, Laurel Ltda. alegó que el capítulo VI del libelo desarrolla
de manera suficiente el concepto de la violación de las normas infringidas por los actos
que se cuestionan.

Luego, las partes discuten sobre la eficacia de las prendas que los socios Consuelo
Uribe Holguín, Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz
Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha
Salazar constituyeron sobre sus cuotas a favor de la también socia Beatriz Leyva de
Uribe, pues Laurel Ltda. señala que: (i) los contratos de prenda suscritos por Emilia Uribe
de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina
Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar no determinaron una
cuantía ni un plazo específicos, como lo ordena el artículo 1219 del Código de Comercio,
por lo que eran ineficaces en los términos del artículo 1203 ibidem, aspecto que debió
ser objeto de pronunciamiento por parte de la demandada, pero que no lo fue; (ii) al
momento de llevarse a cabo las reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de
2007, las prendas constituidas por Consuelo Uribe Holguín, Emilia Uribe de Pérez, Pilar
Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe,
CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar no habían sido inscritas en el libro de
registro de socios, como lo ordena el artículo 410 del Código de Comercio, y (iii) en los
folios del libro de registro de socios correspondientes a Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe
de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR
Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, no se indicó el nombre ni la identificación de

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los herederos de la señora Beatriz Leyva de Uribe a los que se adjudicaron los derechos
prendarios sobre sus cuotas. Al respecto, la Superintendencia de Sociedades señaló
que: (i) la potestad de reconocer los presupuestos de ineficacia de las decisiones
adoptadas por la Junta de Socios no la habilita para referirse a la validez de actos
jurídicos no societarios ni de negocios causales ajenos a la compañía, como las prendas
constituidas por unos socios respecto de otros, ni a la eficacia que éstas tengan entre las
partes que los suscriben, y (ii) los contratos de prenda fueron inscritos en el libro de
registro de socios y en la Cámara de Comercio del domicilio social el 2 de julio y el 13
agosto de 2004, esto es, antes de las reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto
de 2007, y que, en todo caso, tal discusión ya había sido resuelta por el Tribunal de
Arbitramento a través del laudo del 10 de mayo de 2010. Por su parte, la sociedad
Frigorífico San Martín de Porres Ltda. considera que las prendas sí fueron registradas
en el libro de registro de socios, y que éstas no son prendas sin tenencia, de las que
trata el artículo 1207 del Código de Comercio, por lo que no les resulta aplicable el
artículo 1219 ibidem.

También existe discrepancia sobre el traslado de los derechos que confiere la
calidad de socio, de los socios deudores prendarios a los socios acreedores,
concretamente, del derecho a ser convocados a las reuniones, pues Laurel Ltda.
considera que, de acuerdo con el artículo 411 del Código de Comercio, el traslado de
esos derechos requiere estipulación expresa en el contrato de prenda, lo cual no se
produjo en este caso, y que las disposiciones que regulan las convocatorias no
establecen que la pignoración de las cuotas haga perder tal derecho. Al punto, la
Superintendencia de Sociedades y la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.
alegan que en los contratos de prenda sí se estipuló el traslado de los derechos de
deliberación, voto y reparto de utilidades a los acreedores, por lo que carecía de
sentido convocar a los socios deudores.

Por otro lado, la discusión se propone alrededor del supuesto fraccionamiento de los
votos correspondientes a las cuotas de los socios deudores, pues Laurel Ltda. alega que
Frigorífico San Martín de Porres Ltda. las dividió arbitrariamente entre los acreedores
prendarios, sin respetar el monto de sus participaciones, para nivelar el voto de cada uno.
Mientras tanto, la Superintendencia de Sociedades estima que el fraccionamiento no se
presenta si los acreedores prendarios, aunque ejerzan conjuntamente el derecho a voto
de un mismo socio, no escindan su voluntad en diversos criterios. A su vez, Frigorífico

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San Martín de Porres Ltda. señala que los socios que fueron convocados a las
reuniones votaron individualmente, cada uno en un mismo sentido, con todas las
cuotas sociales que les pertenecían y con las que tenían pignoradas, por lo que no era
cierto que las votaciones se hubieran fraccionado.

También hay desacuerdo en lo relacionado con el cargo de violación a la confianza
legítima porque, para la demandante, la Superintendencia de Sociedades, sin
justificación alguna, cambió la doctrina que venía sosteniendo desde hace más de diez
(10) años en actos proferidos en diversos asuntos, en las que reconocía que la omisión
de la convocatoria de socios deudores, aunque hubieran trasladado los derechos
atinentes a sus cuotas mediante contrato de prenda, era causal de la sanción de
ineficacia de las decisiones que allí se tomaran. A su turno, la Superintendencia de
Sociedades considera que los actos atacados no variaron la doctrina en relación con los
derechos que otorga la prenda sobre las cuotas sociales, sino que, por el contrario,
aplicaron el criterio consistente de la entidad, según el cual, si el derecho a participar en
las deliberaciones del máximo órgano social y a votar en ellas es cedido mediante
prenda, la sociedad puede abstenerse de convocar a los socios titulares y, en su lugar,
citar a quien efectivamente detenta el derecho social.

De otro lado, se debate la falta de motivación de los actos demandados, pues Laurel
Ltda. alega: (i) que no se refirieron a la eficacia de las prendas constituidas por Emilia
Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario
Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar, en relación con
las cuales en la solicitud se alegó que no habían establecido una cuantía ni un plazo
específicos, como lo ordena el artículo 1219 del Código de Comercio, y (ii) que la
Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008, que agotó la vía gubernativa, no se
pronunció sobre todos los argumentos presentados en el recurso de reposición, más
concretamente, sobre el fraccionamiento de los votos, la falta de registro de los contratos
de prenda, el cambio de doctrina y la ineficacia de los contratos de prenda, entre otros.
Por su parte, la Superintendencia de Sociedades señaló que la Resolución 341-000926
del 14 de marzo de 2008 ya había resuelto en su totalidad los fundamentos de la solicitud,
y que la Resolución 321-002358 del 9 de julio del mismo año también los abordó a
plenitud, aunque los referidos al fraccionamiento del voto, al registro de los contratos de
prenda y al supuesto cambio de doctrina no ameritaban valoración adicional, salvo la de
ser rechazados, por resultar infundados y tendenciosos.

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Además, la discusión propuesta se refiere a la falsa motivación de los actos
demandados, pues Laurel Ltda. alega que no es cierto, como estos sostuvieron: (i) que
los contratos de prenda sobre las cuotas de los socios que no fueron convocados a las
reuniones se encontraran inscritos en el libro de registro de socios, y (ii) que la actuación
únicamente había sido impulsada por la sociedad demandante y no por los socios
deudores, pues, por el contrario, estos dirigieron comunicaciones sobre el tema a la
entidad y adelantaron actuaciones en defensa de sus derechos. Al respecto, la
Superintendencia y Frigorífico San Martín de Porres Ltda. señalaron que tales registros
se llevaron a cabo el 17 de diciembre de 2003, el 2 de julio de 2004 y el 13 agosto del
mismo año.

7.5. De la falta de jurisdicción

Como primer aspecto, la Sala deberá determinar si la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es competente para conocer las controversias que surjan entre los
socios o entre estos y la sociedad, y las relacionadas con las decisiones adoptadas en
las juntas de socios, si en los estatutos de la compañía se pactó una cláusula
compromisoria orientada a que, a través de la justicia arbitral, se resuelvan las
primeras, y, en lo atinente a las segundas, se deban impetrar las acciones previstas
en el Estatuto Comercial y procesal vigente.

Para lo anterior, es menester aludir al objeto de la controversia que se ventiló en la
justicia arbitral, de modo que se defina si la discusión que ocupa la atención de la Sala
es similar y por ende prospera la excepción invocada por el extremo pasivo del litigio.

Pues bien, de acuerdo con los elementos que obran en el plenario, se advierte que
Emilia Uribe de Pérez, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda., los
herederos de la señora Consuelo Uribe Holguín (Carmen Iriarte Uribe, Manuel Iriarte
Uribe, Pablo Iriarte Uribe, Diego Suárez Uribe, Eduardo Suárez Uribe e Inversiones
Alcam S.A., quien actuó como cesionaria de los derechos de herencia de Alberto
Suárez Uribe), y el heredero de Beatriz Suárez Uribe (Alejandro Cuéllar Suárez),
presentaron ante el Tribunal de Arbitramento la controversia contra los herederos de
Beatriz Leyva de Uribe (Enrique Uribe Leyva, Agustín Uribe Leyva, Bernardo Uribe
Leyva y Julia Uribe Leyva), y los herederos por representación o legatarios de la misma

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señora (María Caroline Uribe Clauzel, Juan Pablo Uribe Clauzel, Nicolás Uribe Villegas
y Juan Manuel Uribe Villegas). Además, se vincularon como litisconsortes necesarias
a las señoras Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio e Inés Largacha Salazar16.

Las pretensiones formuladas en esa oportunidad giraron en torno a la ineficacia y
nulidad de un contrato de promesa de cesión de cuotas sociales de Frigorífico San Martin
de Porres Ltda. y de los contratos de prenda suscritos el 8 de junio de 1993, mediante
los cuales se trasladaron los derechos sociales a la señora Beatriz Leyva de Uribe;
controversia que, en efecto, le correspondía dirimir al Tribunal de Arbitramento, por
tratarse de relaciones de carácter privado, surgidas entre los socios de dicha compañía,
lo que se encuadra en la competencia asignada a él en virtud de la cláusula
compromisoria.

La solicitud fue resuelta a través del laudo del 10 de mayo de 2010, en el que el Tribunal
de Arbitramento dispuso:

“Primero. - Declarar probada la excepción de prescripción extintiva formulada por
los convocados según los términos expresados en la parte motiva de esta
providencia, respecto de todas las pretensiones presentadas en las demandas.

Segundo. - Denegar la totalidad de las pretensiones presentadas en las demandas.

(…)”.

Ahora, la discusión que le planteó Laurel Ltda. a la Superintendencia de Sociedades
giró en torno a la declaratoria de los presupuestos que dan lugar a la sanción de
ineficacia de las decisiones adoptadas el 15 de marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto
de 2007 por la Junta de Socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda., sobre la base
del incumplimiento de los requisitos de eficacia y validez de los referidos contratos de
prenda.

Así, para resolver tal conflicto, a la autoridad no le correspondía establecer si los
contratos de prenda cumplían con los presupuestos para generar obligaciones entre
quienes los suscribieron, cuestión asignada por acuerdo de los socios a la justicia
arbitral, sino verificar si los mismos eran eficaces ante la sociedad Frigorífico San
Martín de Porres Ltda., esto es, si habían producido o no el traslado de los derechos

16 Folios 28 y 29 del cuaderno Anexo 1.

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sociales de los socios deudores a los acreedores prendarios, y en tal sentido, si había
lugar al reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las
decisiones de la Junta de Socios.

La controversia en sede administrativa fue desatada por la Superintendencia de
Sociedades a través de las Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321-
002358 del 9 de julio del mismo año, que denegaron las súplicas de Laurel Ltda.

Estos actos se profirieron en ejercicio de una función administrativa17 y, por tanto,
están sujetos al control de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo por
lo que se analizará en el punto 7.8.1 de esta sentencia, en relación con el cargo del
incumplimiento de los artículos 1203 y 1219 del Código de Comercio.

En consecuencia, no le asistió razón a la entidad demandada al alegar la falta de
jurisdicción, pues el objeto de lo ventilado en sede del Tribunal de Arbitramento era
diferente a lo que nos ocupa.

7.6. De la legitimación en la causa por activa

Corresponde a la Sala determinar si cuenta con legitimación en la causa para
demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la
Superintendencia de Sociedades deniega el reconocimiento de los hechos que dan
lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios de una
compañía de responsabilidad limitada, el socio que solicitó tal declaratoria a la
Administración, si la causal que invocó fue la falta de convocatoria de otros socios a
las respectivas reuniones.

Sobre el particular, es menester señalar que la legitimación en la causa constituye un
presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. La ausencia de este requisito
enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas de la demanda.

17 En la sentencia del 5 de diciembre de 2019, Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón,
radicación número: 11001-03-24-000-2011-0099-00A, esta Sala distinguió entre las funciones
jurisdiccionales y las administrativas de la Superintendencia de Sociedades, y concluyó que los actos
mediante los cuales esta resuelve sobre el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la ineficacia
de las decisiones de las juntas de socios, consagrados en el Libro Segundo del Código de Comercio,
se expiden en ejercicio de las competencias de índole administrativa.

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En relación con la legitimación en la causa, la Corporación ha sostenido lo siguiente18:

“La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición
sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de
la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según
la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los
primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa
consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra
autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones
contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica
sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla
exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal”.
(Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, esta Sección se ha pronunciado, así19:

“Tal como lo ha venido sosteniendo la Sala en innumerables pronunciamientos, la
legitimación en la causa (legitimatio ad causam) la tiene aquella persona que, de
conformidad con la ley sustancial, se encuentra jurídicamente habilitada para
formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, por ostentar la
condición de sujeto activo o pasivo en la relación jurídica, en cuyo contexto se
desenvuelve la controversia a resolver”.

Como se aprecia, la legitimación en la causa desde el extremo activo requiere que éste
sea titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la
perspectiva pasiva de la relación jurídico-procesal, supone la existencia de un sujeto
llamado a responder, a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés
que es objeto del litigio. En ese orden de ideas, para la acreditación de la legitimación
en la causa por activa es necesaria la verificación de que quien demanda tenga la
titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso.

La Sección Tercera ha expuesto sobre este preciso tópico lo que se transcribe a
continuación, siendo reiterado hasta nuestros días20:

“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y
necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o
al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Consejera ponente: Ruth

Stella Correa Palacio, expediente: 16.271.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2010, Consejero ponente:

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación: 17001-23-31-000-2005-00674-01.

20 Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, expediente

13.356.

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Demandante: Laurel Ltda.

pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante
el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un
hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque
quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para
hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado,
de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos
en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no
es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser
absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del
demandante”. (Subrayas de la Sala).

Se agrega a lo dicho que lo que exige la ley para impetrar válidamente la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho es que sea promovida por quien se crea
lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica (artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo).

Al respecto, conviene recordar que las acciones o medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho buscan el pronunciamiento de invalidez del acto con la
finalidad exclusiva de procurar la pretensión consecuencial de restablecimiento o
indemnización, por lo que la decisión final tiene claros efectos inter-partes, es decir,
frente a quienes participan de la actuación judicial como partes o litisconsortes
necesarios. Lo anterior significa que, de prosperar las pretensiones, el
pronunciamiento de nulidad no se hace extensivo a sujetos ajenos al proceso
respectivo, ni tiene efectos erga omnes, como sí sucede en la acción o medio de
control de nulidad, que busca la protección del orden jurídico y el interés general.

En estos casos, entonces, la legitimación por activa debe ser examinada frente a la
pretensión consecuencial, bien sea implícita o explícita, pues es ésta la que determina
si la parte actora tiene interés en la demanda, derivada de un derecho afectado y del
cual es titular.

Ahora bien, en los términos de los artículos 87 de la Ley 222 de 1995, 133 de la Ley
446 de 1998 y 2, numeral 19º, del Decreto Ley 1080 de 1996, vigente para la época
de los hechos, es claro que el trámite administrativo orientado al reconocimiento de los
presupuestos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la asamblea
o junta de socios procede de oficio o a solicitud de parte. Por lo tanto, como lo aceptó
la propia Superintendencia en la contestación de la demanda, el adelantamiento de
esta actuación no depende de que el socio directamente afectado con tales hechos

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eleve la solicitud, sino que puede ser iniciado por otros socios que en tal calidad tienen
un interés legítimo en que se verifique la eficacia de las decisiones de la compañía.

En tal sentido, la Sala estima que, cuando el artículo 133 de la Ley 446 de 199821,
incorporado en el numeral 8º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, señala que, a falta de acuerdo de las partes sobre la ocurrencia de las
causales de ineficacia, podrá una de ellas solicitar a la Superintendencia su
reconocimiento, no se refiere necesariamente al directo afectado por el hecho que se
invoca como causal de la ineficacia de la decisión, sino a las partes que participaron o
pudieron haber participado en la reunión de la junta o asamblea en la que ésta fue
adoptada. En efecto, lo que en esos casos se discute es la validez de la decisión
societaria, aspecto que no está necesariamente ligado a la situación subjetiva del socio
que la cuestiona, sino al cumplimiento de los presupuestos legales y estatutarios para
su adopción, entre los que se encuentran, por ejemplo, los quórums y las
convocatorias.

En el sub lite, la controversia planteada por Laurel Ltda. ante la Superintendencia de
Sociedades gira en torno a la falta de convocatoria de algunos socios de Frigorífico
San Martín de Porres Ltda. a las reuniones de la Junta que se llevaron a cabo el 15 de
marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto de 2007, circunstancia que, en principio, evidencia
la afectación de intereses jurídicos ajenos a ella. Sin embargo, como titular de los
derechos que se desprenden de su participación económica en la sociedad, le asistía
el interés de que las decisiones que allí se adoptaron cumplieran con los requisitos de
ley, entre los que se encuentra la convocatoria de los socios con derecho a deliberar
y votar.

Bajo las anteriores premisas, la sociedad Laurel Ltda. solicitó en la vía administrativa
a la Superintendencia de Sociedades el reconocimiento de los hechos que dan lugar

21 “Artículo 133. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo incorporado en el Artículo 326

Numeral 8o. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta incorporación determina que el texto
vigente es el artículo 326, Numeral 8o. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Sentencia C-930-
06> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 897 del Código de Comercio, las Superintendencias
Bancaria, de Sociedades o de Valores podrán de oficio efectuar el reconocimiento de los presupuestos
de ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio. Así mismo, a falta de acuerdo de
las partes sobre la ocurrencia de dichas causales de ineficacia, podrá una de ellas solicitar a la
respectiva Superintendencia su reconocimiento. En relación con las sociedades no vigiladas
permanentemente por las referidas entidades, tal función será asumida por la Superintendencia de
Sociedades”.

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a la sanción de ineficacia de las decisiones adoptadas en las referidas reuniones de
Junta de Socios. Frente a esa solicitud, la entidad emitió pronunciamiento de fondo
mediante las Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321-002358 del 9
de julio del mismo año.

Siendo así, lo que legitima a la sociedad actora para pedir la nulidad de dichos actos
administrativos es el interés que le asiste en la restauración del orden jurídico que pide
como pretensión consecuencial, esto es, la ineficacia de las mencionadas decisiones
que la afectarían como socia de dicha compañía, las cuales, según alega, se adoptaron
sin la participación y el voto de quienes debían ser convocados.

Para la Sala, en el caso concreto no es posible establecer una ruptura entre la facultad
de promover el trámite administrativo y la de acudir al juez para atacar la decisión
desfavorable, como lo propone la Superintendencia de Sociedades. La posibilidad de
obtener el pronunciamiento de fondo de esa entidad en relación con la ineficacia de
las decisiones de la junta de socios, mediante un acto que resuelva esa situación
jurídica particular y concreta, lleva aparejada la de obtener su anulación por parte de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, junto al restablecimiento del derecho
que, valga reiterar, en este caso consiste en la pretensión consecuencial de ineficacia
de las decisiones de la Junta de Socios.

Por lo tanto, a Laurel Ltda. le asistía la legitimación para controvertir en la vía judicial
los mencionados actos administrativos.

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Sin embargo, la sociedad actora no estaba legitimada para alegar la vulneración de
los artículos 14 del CCA22, y 8323 y 84, literal a)24, de la Ley 222 de 1995, por no
haberse vinculado al trámite administrativo a los socios que no fueron convocados a
las reuniones. En efecto, este cargo no se sustenta en uno de los presupuestos de
ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios, que, como se vio, Laurel Ltda. podía
alegar bajo el amparo de los derechos que se desprenden de su participación
económica en Frigorífico San Martín de Porres Ltda., sino que corresponde a una
supuesta irregularidad acaecida en el procedimiento adelantado ante la
Superintendencia, que únicamente habría afectado el derecho de defensa de los
socios que no fueron convocados, que son quienes, en consecuencia, estaban
legitimados para alegar la vulneración de estas disposiciones.

En conclusión, Laurel Ltda. sí estaba legitimada para reclamar la nulidad de las
Resoluciones 341-000926 del 14 de marzo de 2008 y 321-002358 del 9 de julio del
mismo año, pues le asistía un interés en la pretensión consecuencial de
restablecimiento, concretamente, en la declaratoria de los presupuestos que dan lugar
a la ineficacia de las decisiones de la junta de socios de Frigorífico San Martín de
Porres Ltda, que, a su juicio, no fueron válidamente adoptadas. Empero, no lo estaba
para proponer el cargo de violación del derecho de defensa por falta de vinculación al
trámite surtido ante la autoridad administrativa, facultad que se encontraba en cabeza

22 “Artículo 14. Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la

autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las
resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La
citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se hará la publicación
de que trata el artículo siguiente”.
23 “Artículo 83. Inspección. La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de

Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos
que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y
administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre
operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar
investigaciones administrativas a estas sociedades”.
24 “Artículo 84. Vigilancia. La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades

para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su
formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos.
La vigilancia se ejercerá en forma permanente.
Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. También
estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la
información señalada en el artículo anterior o de la práctica de una investigación administrativa,
establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:
a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento
de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
(…)”.

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de los socios que no fueron citados a las reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de
agosto de 2007.

7.7. De la ineptitud de la demanda

La Sala deberá establecer si es procedente declarar la excepción de inepta demanda,
si el demandante no explicó el alcance de las normas vulneradas.

Para resolver este problema, corresponde determinar si es cierto que el demandante
no explicó el alcance de las normas vulneradas.

En este caso, la sociedad Laurel Ltda. invocó como normas infringidas los artículos 14
y 84 del CCA; 82, 86, 90, 410, 411, 897, 1203, 1219 del Código de Comercio; 84 y 87
de la Ley 222 de 1995, y 2410 del Código Civil. En los acápites de hechos y de
concepto de violación, expuso el alcance de estas disposiciones frente al caso particular,
esto es, explicó por qué los actos demandados las infringieron.

En concreto, manifestó que a las reuniones de la Junta de Socios de Frigorífico San
Martín de Porres Ltda., llevadas a cabo el 15 de marzo, el 10 de julio y el 4 de agosto de
2007, no fueron citados varios socios bajo el pretexto de que habían cedido sus derechos
mediante contratos de prenda, los cuales, a su juicio, carecían de los presupuestos de
eficacia, principalmente porque no habían sido inscritos en el libro de registro de socios
ni en la Cámara de Comercio y porque en algunos de ellos no se habían determinado
una cuantía y un plazo fijos. Asimismo, sostuvo que la normativa aplicable no
condicionaba la citación de los socios a que sus cuotas estuvieran embargadas o
pignoradas. Y que la Superintendencia no había vinculado al trámite administrativo a los
socios afectados por la falta de citación, por lo que se les había vulnerado el derecho a
la defensa.

Siendo así, para la Sala, no se encuentra configurada la ineptitud de la demanda en los
términos alegados por la Superintendencia de Sociedades, pues la actora expuso las
normas que se consideran violadas y explicó el alcance de éstas frente al caso particular;
es decir, las razones por las que considera que los actos demandados las infringieron,
todo lo cual redundó en la construcción del planteamiento del conflicto a desatar.

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En todo caso, conviene señalar que, contrario a lo manifestado por la entidad
demandada, el hecho de que se invoquen disposiciones que no resultan aplicables al
caso no hace que se configure la ineptitud de la demanda, pues la adecuación de las
fuentes jurídicas al caso concreto es justamente el estudio de fondo que debe realizar
el Juez de lo Contencioso Administrativo, para determinar si el acto atacado vulnera o
no el ordenamiento jurídico.

En tal escenario, la Sala abordará el análisis de fondo del asunto, para lo cual será
necesario aludir al contexto normativo que antecedió la expedición de los actos que se
acusan.

7.8. De la eficacia de los contratos de prenda

7.8.1. En este punto, la Sala deberá establecer si son nulos, por vulneración de norma
superior, los actos mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento
de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la junta de
socios, si el demandante alega que los contratos de prenda que se constituyeron sobre
las cuotas de las que eran titulares algunos socios, resultaban ineficaces por no contar
con estipulación sobre la cuantía y el plazo de la garantía, y la Superintendencia omite
pronunciarse sobre ello.

Resolver tal cuestión impone traer a colación lo establecido en los artículos 120325 y 1219
del Código de Comercio, que rezan:

“Artículo 1203. Ineficacia de estipulaciones. Toda estipulación que, directa o
indirectamente, en forma ostensible u oculta, tienda a permitir que el acreedor
disponga de la prenda o se la apropie por medios distintos de los previstos en la
ley, no producirá efecto alguno”. (Subrayas de la Sala).

“Artículo 1219. Prenda para constituir garantía de obligaciones futuras. La
prenda de que trata este Capítulo podrá también constituirse para garantizar
obligaciones futuras hasta por una cuantía y por un plazo claramente determinados
en el contrato”. (Subrayas de la Sala).

De acuerdo con las disposiciones citadas, las prendas que se constituyen para garantizar
obligaciones futuras deben establecer una cuantía y un plazo específicos; y son

25 El artículo 1203 del Código de Comercio fue derogado por el artículo 91 de la Ley 1676 de 2013.

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ineficaces las estipulaciones que tiendan a permitir que el acreedor disponga o se
apodere indebidamente de la cosa dada en prenda.

Para la Sala es claro que el objeto de la regulación de las disposiciones invocadas por
la demandante como sustento de la alegada ineficacia de los referidos contratos de
prenda, es el cumplimiento de los presupuestos para que éstos generen obligaciones
entre quienes los suscriben, cuestión que es ajena a la competencia de la
Superintendencia de Sociedades y, por ende, a esta jurisdicción.

Cabe destacar que, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 8726 de la Ley 222 de
1995, en el artículo 133 de la Ley 446 de 1998 y en el numeral 19º del artículo 2 del
derogado Decreto Ley 1080 de 199627, la competencia de la SuperSociedades en
estos asuntos se circunscribe al reconocimiento de los hechos que dan lugar a la
sanción de ineficacia en los casos contemplados en el Libro Segundo del Código de
Comercio, atribución que no involucra el estudio de aspectos sustanciales de los
negocios de naturaleza mercantil que celebren los socios entre sí.

Tales cuestiones están sujetas al derecho privado y, por tanto, en principio,
corresponden a la Jurisdicción Ordinaria Civil. Empero, en este caso, los estatutos de la
sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. contienen una cláusula compromisoria
que indica que los conflictos suscitados entre los socios o entre estos y la sociedad
serían sometidos a árbitros28:

26 Esta norma, antes de ser modificado por el artículo 152 del Decreto Ley 19 de 2012, establecía:

“Artículo 87. En todo caso, en cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria o de Valores, uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital
social o alguno de sus administradores, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la
adopción de cualquiera de las siguientes medidas administrativas:
(…)
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio, la Superintendencia
de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que
den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio,
en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia”. (Subrayas
de la Sala).
27 “Artículo 2. Funciones de la superintendencia de sociedades. La Superintendencia de Sociedades

desarrollará las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden, mediante el ejercicio
de las siguientes funciones:
(…)
19. Reconocer, de oficio o a solicitud de parte, la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la
sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, en relación
con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia; (…)”.
28 Laudo del 10 de mayo de 2010. Folios 27 a 73 del cuaderno Anexo 1.

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“Si ocurriesen diferencias entre los socios o entre ellos y la sociedad, sea durante
la existencia de la misma o al tiempo de su disolución y liquidación tales diferencias
serán sometidas a arbitradores, nombrados por cada una de las partes en disputa
y un tercero a falta de acuerdo entre los principales y por el presidente de la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los socios fallarán conforme a la ley. (Folio 5 del
Cuaderno de Pruebas No. 2)”.

Siendo así, las controversias que se suscitaron en relación con la eficacia o la validez
de los contratos de prenda, en cuanto a sus efectos sustanciales entre las partes, es
decir, en cuanto al cumplimiento de los presupuestos para generar válidamente
obligaciones entre quienes los suscribieron, debían ser ventiladas ante el Tribunal de
Arbitramento, de acuerdo con lo pactado en la cláusula compromisoria.

En consecuencia, el debate que sobre el particular propuso Laurel Ltda. no correspondía
en su momento a la Superintendencia de Sociedades ni ahora a esta jurisdicción.

Por lo tanto, la Sala tendrá que inhibirse respecto del cargo de violación de los artículos
1203 y 1219 del Código de Comercio.

7.8.2. Ahora, debe definirse si son nulos, por vulneración de norma superior, los actos
mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento de los hechos que
dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la junta de socios, si los
contratos de prenda no estaban inscritos en el libro de registro de accionistas y en la
Cámara de Comercio en las fechas en las que se llevaron a cabo las reuniones que se
cuestionan.

Como quedó fijado en los antecedentes del caso y en el planteamiento, la
Superintendencia adujo que tal inscripción sí se había llevado a cabo, aspecto que
conduce a la Sala a analizar si es cierto que ello aconteció o no, dado que es el
fundamento de la pretensión de Laurel Ltda. en este punto.

Pues bien, según la demandante, al momento de llevarse a cabo las reuniones del 15 de
marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007, no habían sido inscritas en el libro de registro
de socios, como lo ordena el artículo 41029 del Código de Comercio, ninguna de las

29“Artículo 410. Perfeccionamiento de la anticresis de acciones. La prenda y el usufructo de
acciones nominativas se perfeccionarán mediante registro en el libro de acciones; la de acciones al
portador mediante la entrega del título o títulos respectivos al acreedor o al usufructuario”.

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prendas constituidas a favor de la también socia Beatriz Leyva de Uribe, lo cual había
quedado consignado en la Resolución 341-004800 del 21 de noviembre de 200730,
mediante la cual la Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos contra
Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

Sin embargo, la Sala advierte que en ese acto administrativo la Superintendencia no
señaló que todas las prendas objeto de controversia carecieran de la inscripción en el
libro de registro de socios de Frigorífico San Martín de Porres Ltda. En cualquier caso,
en dicho documento aparecen inscritas a mano en la columna de observaciones, aunque
sin indicar la fecha de la inscripción, las prendas constituidas por los socios mencionados,
indicando que, por documento del 24 de junio de 1993, cada uno pignoró sus respectivas
cuotas a favor de Beatriz Leyva de Uribe31.

Además, en el plenario también obra el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., expedido el 26 de octubre de
2007, en el que se certifica que dichos contratos se encontraban inscritos en la Cámara
de Comercio desde el 15 de julio y el 13 de agosto de 2004, esto es, antes de la
celebración de las reuniones de la Junta de Socios del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de
agosto de 2007, que aquí se cuestionan32:

“***CERTIFICA***
QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE JUNIO DE 1993 INSCRITA
EL15 DE JULIO DE 2004 BAJO EL NO. 00189898 DEL LIBRO XI INES
LARGACHA DE SALAZAR CONSTITUYE PRENDA A FAVOR DE BEATRIZ
LEYVA DE URIBE SOBRE TODAS LAS 3.923 CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
***CERTIFICA***
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE 8 DE JUNIO DE 1993, INSCRITO EL 15
DE JULIO DE 2004 BAJO EL NO. 189899 DEL LIBRO XI, C.P.R PUBLICIDAD
LIMITADA CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA SOBRE LAS
5265 CUOTAS QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN FAVOR
DE BEATRIZ LEYVA DE URIBE.
***CERTIFICA***
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE 08 DE JUNIO DE 1993, INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NO. 189931 DEL LIBRO XI, LOS SEÑORES
PILAR URIBE DE POMBO, BEATRIZ SUAREZ URIBE, EMILIA URIBE DE
PEREZ, ROSARIO JOSEFINA SUAREZ URIBE, CONSUELO URIBE HOLGUIN
(REPRESENTADA POR SUS HEREDEROS); CARMEN IRIARTE URIBE,
MANUEL IRIARTE URIBE, PABLO IRIARTE URIBE, ALBERTO SUAREZ URIBE,
DIEGO SUAREZ URIBE, EDUARDO SUAREZ URIBE, CAMILO ROBLEDO

30 Folios 89 a 98 del cuaderno principal.
31 Folios 5, 8, 10, 11, 22, 23, 24 del cuaderno Anexo 3.
32 Folios 48 a 55 del cuaderno Anexo 2.

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Radicado: 11001 03 24 000 2008 00456 00
Demandante: Laurel Ltda.

IRIARTE, DANIEL ROBLEDO IRIARTE, MANUEL IRIARTE GARCIA, ALBERTO
SUAREZ LOZANO, NICOLAS ROBLEDO IRIARTE, JUANA ROBLEDO IRIARTE,
CAMILO SUAREZ LOZANO, PABLO GABRIEL IRIARTE GARCIA, FELIPE
IRIARTE GARCIA, E INVERSIONES ALCAM S.A. CONSTITUYERON PRENDA
SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE BEATRIZ LEYVA DE URIBE (REPRESENTADA
POR SUS HEREDEROS); AGUSTIN ESTEBAN, ENRIQUE, BERNARDO Y JULIA
URIBE LEYVA”.

Por lo tanto, no es cierto que la totalidad de las prendas objeto de la controversia no
estuvieran inscritas en el libro de registro de socios, pues, por un lado, la única prueba
que Laurel Ltda. adujo de su afirmación, esto es, la Resolución 341-004800 del 21 de
noviembre de 2007, no corrobora su dicho; y por otro, la revisión de las demás pruebas
allegadas al plenario indica que el registro sí se realizó en dicho libro y en la Cámara de
Comercio.

Bajo tal entendimiento, y dado que la premisa en la que se funda la causal de nulidad no
se logró demostrar, no es procedente analizar el cargo de esa manera construido.

7.8.3. Por otro lado, la Sala se ocupará de precisar si son nulos, por vulneración de norma
superior, los actos mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento
de los hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la junta, si
en los folios del libro de registro de socios correspondientes a los deudores prendarios,
no se había registrado a cuáles herederos de Beatriz Leyva de Uribe se habían
adjudicado los derechos sobre sus cuotas.

Pues bien, corresponde identificar si el fundamento del cargo de nulidad es cierto, esto
es, si está probado que en los folios del libro de registro de socios correspondientes a los
deudores prendarios, no se había registrado a cuáles herederos de Beatriz Leyva de
Uribe se habían adjudicado los derechos sobre sus cuotas.

Revisado el expediente, se observa igualmente que en los folios correspondientes a los
socios mencionados aparece registrada la asignación de un número de cuotas específico
a cada uno de los herederos de la señora Beatriz Leyva de Uribe, así:

• El folio de la señora Emilia Uribe de Pérez indica que “Mediante Escritura Pública No.
1648 de octubre 31 de 2003, sucesión de Beatriz Leyva de Uribe, aclarada mediane la
Escritura Pública 2134 de la Notaría 16 de Bogotá del 26 de septiembre de 2007,

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quedaron pignoradas (gravadas con prenda) sus 3292 cuotas sociales a favor de las
siguientes personas: Julia Uribe 955, Agustín Uribe 691, Enrique Uribe 691, Bernardo
Uribe 691, Juan Pablo Uribe 99”33.

• El folio de la señora Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio, indica que “Mediante
Escritura Pública N° 1648 de octubre 31 de 2003, sucesión de Beatriz Leyva de Uribe,
aclarada mediane la Escritura Pública 2134 de la Notaría 16 de Bogotá del 26 de
septiembre de 2007, quedaron pignoradas (gravadas con prenda) sus 2822 cuotas
sociales a favor de las siguientes personas (acreedores prendarios): Julia Uribe 818,
Agustín Uribe 593, Enrique Uribe 593, Bernardo Uribe 593, Juan Pablo Uribe 84, María
Caroline Uribe 56, Nicolás Uribe 56, Juan Manuel Uribe 29”34.

• El folio de la señora Beatriz Suárez Uribe indica que “Mediante Escritura Pública N°
1648 de octubre 31 de 2003, sucesión de Beatriz Leyva de Uribe, aclarada mediane la
Escritura Pública 2134 de la Notaría 16 de Bogotá del 26 de septiembre de 2007,
quedaron pignoradas (gravadas con prenda) sus 941 cuotas sociales a las siguientes
personas (acreedores prendarios): Julia Uribe 273, Agustín Uribe 198, Juan Pablo Uribe
28, María Caroline Uribe 18, Nicolás Uribe 18, Juan Manuel Uribe 10”35.

• El folio de la señora Rosario Josefina Suárez Uribe señala que “Mediante Escritura
Pública N° 1648 de octubre 31 de 2003, sucesión de Beatriz Leyva de Uribe, aclarada
mediane la Escritura Pública 2134 de la Notaría 16 de Bogotá del 26 de septiembre de
2007, quedaron pignoradas (gravadas con prenda) sus 941 cuotas sociales a favor de
las siguientes personas (acreedores prendarios): Julia Uribe 273, Agustín Uribe 198,
Bernardo Uribe 198, Juan Pablo Uribe 28, María Caroline Uribe 18, Nicolás Uribe 18,
Juan Manuel Uribe 10”36.

• El folio correspondiente a CPR Publicidad Ltda. señala que “Mediante Escritura Pública
N° 1648 de octubre 31 de 2003, sucesión de Beatriz Leyva de Uribe, aclarada mediane
la Escritura Pública 2134 de la Notaría 16 de Bogotá del 26 de septiembre de 2007,
quedaron pignoradas (gravadas con prenda) sus 5265 cuotas sociales a favor de las

33 Folio 10 del libro de registro de socios, cuaderno Anexo 3.
34 Folio 11 ibidem.
35 Folio 23 ibidem.
36 Folio 24 ibidem.

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siguientes personas (acreedores prendarios): Julia Uribe 1527, Agustín Uribe 1105,
Bernardo Uribe 1105, Juan Pablo Uribe 158, María Caroline Uribe 106, Nicolás Uribe
106, Juan Manuel Uribe 53”37.

• El folio de la señora Inés Largacha Salazar indica “En la sucesión de Beatriz Leyva de
Uribe cada una de las cuotas sociales quedaron pignoradas así: Julia Uribe 1.137;
Agustín Uribe 824; Juan Pablo Uribe 118; Ma Caroline Uribe 79; Nicolás Uribe 79; Juan
Manuel Uribe 38; Enrique Uribe 824”38.

En este orden, se advierte que la Resolución 341-004800 del 21 de noviembre de 2007,
al analizar: “g) Si los derechos de prenda fueron objeto del proceso de sucesión y a
quiénes fue adjudicado”, concluyó que el asunto no daba lugar a la formulación de ningún
cargo, por las siguientes razones:

“A su turno, se determinó que respecto del literal g) del considerando segundo, no
da lugar a la formulación de cargos, toda vez que mediante Escritura Pública N°
1648 del 31 de octubre de 2003 se solemnizó la sucesión de la señora Beatriz
Leyva de Uribe en cuyas hijuelas se estableció lo siguiente: ‘2. El derecho a que le
sean traspasadas, a título de cesión o compraventa, cuotas sociales en la sociedad
FRIGORÍFICO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA. de las que la causante tenía
derecho a que se le traspasaran en virtud de promesa de compraventa, junto con
el derecho de prenda que incluye el voto y la percepción de las utilidades y
participaciones correspondientes a dichas cuotas sociales y junto con los poderes
que le fueron otorgados a la causante para presentar a los socios prometientes
vendedores y pignorantes ante dicha sociedad, (…)’. (Se subraya).

Conforme a dicha escritura y de acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, la adjudicación de las diez mil seiscientas treinta y dos
(10632) cuotas sociales y derechos prendarios sobre veinte mil cuatrocientas
setenta y seis (20476) cuotas de Beatriz Leyva de Uribe fueron adjudicadas así: i)
Julia Uribe Leyva Tres mil ochenta y tres (3083) cuotas y derechos prendarios
sobre cinco mil novecientas treinta y ocho (5938) cuotas, ii) Agustín Esteban Uribe
Ley–a - Dos mil doscientas treinta y tres (2233) cuotas y derechos prendarios sobre
Cuatro mil trescientas (4300) cuotas, iii) Enrique Uribe Ley–a - Dos mil doscientas
treinta y tres (2233) cuotas y derechos prendarios sobre Cuatro mil trescientas
(4300) cuotas, iv) Bernardo Uribe Ley–a - Dos mil doscientas treinta y tres (2233)
cuotas y derechos prendarios sobre cuatro mil trescientas (4300) cuotas, v) Juan
Pablo Uribe Clauzel -Trescientas diecinueve (319) cuotas y derechos prendarios
sobre seiscientas catorce (614) cuotas, vi) María Caroline Uribe Clauzel
Doscientas trece (213) cuotas y derechos prendarios sobre cuatrocientas nueve
(409) cuotas, vii) Nicolás Uribe Villeg–s - Doscientas trece (213) cuotas y derechos
prendarios sobre cuatrocientas nueve (409) cuotas y viii) Juan Manuel Uribe Villeg–
s - Ciento cinco (105) cuotas y derechos prendarios sobre doscientas seis (206)
cuotas”. (Subrayas de la Sala).

37 Folio 22 ibidem.
38 Folio 22 ibidem.

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Asimismo, el certificado de existencia y representación legal de Frigorífico San Martín de
Porres Ltda. indicó en detalle las hijuelas asignadas a cada uno de los herederos de la
señora Beatriz Leyva de Uribe39.

Quiere decir lo anterior que, contra lo alegado por la demandante, no es cierto que se
haya presentado omisión en cuanto a la inscripción de las cuotas de los socios deudores
que fueron adjudicadas a cada uno de los herederos de Beatriz Leyva de Uribe, pues el
libro de registro allegado al plenario da cuenta del cumplimiento de ese deber. De hecho,
la Superintendencia de Sociedades, al elevar el pliego de cargos, no evidenció ningún
reproche sobre el particular.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala considera que la supuesta omisión no constituía un
hecho que diera lugar a la ineficacia de las decisiones adoptadas por la junta de socios
y, en tal sentido, no invalidaría los actos demandados. En efecto, como se verá a
continuación, está probado que Emilia Uribe de Pérez, Pilar Uribe de Pombo, hoy de
Aparicio, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR Publicidad Ltda. e
Inés Largacha Salazar trasladaron sus derechos de deliberación y voto mediante
contratos de prenda a Beatriz Leyva de Uribe y que ésta, a su vez, traspasó por causa
de muerte tales prerrogativas a sus herederos, hechos que fueron inscritos en el libro de
registro de socios y en el certificado de existencia y representación legal de la compañía.

Por lo tanto, estaba suficientemente claro, en virtud de los anteriores registros, que los
derechos sociales no estaban en cabeza de los deudores prendarios, resultando
innecesario, para tales efectos, que el libro indicara el número de cuotas que había sido
asignado a cada heredero.

En consecuencia, tampoco prospera el cargo de nulidad por violación del artículo 410 del
Código de Comercio, al no haberse acreditado la certeza de la premisa fáctica de la cual
se sirve para construirlo.

7.9. Del traslado de los derechos sociales y políticos

39 Hojas 3 a 10 del documento, cuaderno Anexo 2.

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Le corresponde a la Sala determinar si son nulos, por vulneración de norma superior, los
actos mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento de los hechos
que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta, si los socios que
constituyeron prendas sobre sus cuotas a favor de otra también socia, no fueron citados
a las respectivas reuniones.

Pues bien, de entrada lo que observa la Sala es que el accionante incurre en una
imprecisión al momento de sustentar el cargo, pues parte de la premisa de que el artículo
411 de Código de Comercio40, que regula lo concerniente a los derechos de los
acreedores prendarios en las sociedades anónimas, no es aplicable a las sociedades de
responsabilidad limitada, cuando en realidad, dicha disposición sí podía ser empleada
por la entidad accionada, en virtud de la remisión expresa prevista en el artículo 372
ibidem, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“Artículo 372. Aplicación de normas de sociedad anónima en lo no previsto
para sociedad de responsabilidad limitada. En lo no previsto en este Título o en
los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las
disposiciones sobre sociedades anónimas”.

Sumado a lo expuesto, es menester poner de presente que la actora entró en
contradicción en los escritos de demanda y de alegatos de conclusión, pues en el primero
fue del criterio que el artículo 411 del Código de Comercio fue vulnerado con la expedición
de los actos acusados, ello bajo el argumento que el traslado de los derechos políticos y
sociales requiere estipulación expresa en el contrato de prenda, sin que así se hiciera;
pero, posteriormente, varió dicha postura en el segundo de los aludidos memoriales,
dado que está vez reprochó que las decisiones censuradas eran inválidas dado que
aplicaban la disposición en cuestión sin tener en consideración que ésta sólo podía ser
empleada en asuntos relacionados con las sociedades anónimas y no para los de
responsabilidad limitada, en razón a que estas últimas se constituyen por personas y no
por acciones.

40 “Artículo 411. Derechos del acreedor prendario. La prenda no conferirá al acreedor los derechos

inherentes a la calidad de accionista sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El escrito o
documento en que conste el correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la sociedad los
derechos que se confieran al acreedor; y cuando se trata de acciones al portador, dicho documento será
suficiente para que el deudor ejerza los derechos de accionista no conferidos al acreedor. (Subrayas de
la Sala).

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Siendo ello así, resta establecer si en los respectivos contratos no se acordó
expresamente el traslado de los derechos de deliberación y voto.

Al respecto, en el expediente obran los contratos suscritos el 8 de junio de 1993,
mediante los cuales Consuelo Uribe Holguín, Pilar Uribe de Pombo, hoy de Aparicio,
Emilia Uribe de Pérez, Beatriz Suárez Uribe, Rosario Josefina Suárez Uribe, CPR
Publicidad Ltda. e Inés Largacha Salazar constituyeron prendas sobre las cuotas que
poseían en la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en favor de la también
socia Beatriz Leyva de Uribe41.

Las cláusulas terceras de esos acuerdos de voluntades, en esencia, señalan lo siguiente:

“TERCERA. – La presente prenda confiere a LA ACREEDORA PRENDARIA todos
los derechos de LA PIGNORANTE sobre las cuotas sociales pignoradas,
derivados de su calidad de socias, incluyendo expresamente las de deliberación,
voto y recibo de utilidades o participaciones”42.

Por lo tanto, la Sala advierte que no es cierto lo aducido por Laurel Ltda. cuando
sostuvo que en este caso no se había pactado el traslado de los derechos de
deliberación y voto de los socios deudores a la acreedora, pues éstos, en ejercicio de
la autonomía de la voluntad, transfirieron expresamente esas prerrogativas a la
acreedora Beatriz Leyva de Uribe y ésta, a su vez, por causa de muerte los traspasó
a sus herederos.

En consecuencia, es claro que en el presente asunto debía observarse lo pactado en
los aludidos negocios jurídicos en concordancia con los previsto en el artículo 411
ibidem, sin que le sea dable a esta Jurisdicción verificar la legalidad de la estipulación
contractual, pues ello excede el ámbito de su competencia.

No prospera entonces el cargo de vulneración del artículo 411 del Código de Comercio,
y de infracción de los derechos de los socios deudores.

7.10. Del fraccionamiento ilegítimo de los votos

41 Folios 62 a 64 del cuaderno principal y folios 121 a 124 del cuaderno Anexo 2.
42 Transcripción tomada del contrato suscrito por Inés Largacha Salazar, folio 63 del cuaderno principal.

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A continuación, la Sala debe establecer si son nulos, por vulneración de norma superior,
los actos mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento de los
hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios,
bajo la consideración expuesta por el demandante, que Frigorífico San Martín de Porres
Ltda. fraccionó los votos correspondientes a las cuotas de los socios deudores,
dividiéndolas entre los herederos de la acreedora prendaria Beatriz Leyva de Uribe, sin
tener en cuenta el monto de la participación que tenía cada uno.

Así las cosas, debe señalarse que la figura del fraccionamiento del voto es de origen
doctrinal43 y se ha entendido que ello acontece cuando la misma persona, en
posibilidad de votar, divide su voto en atención al número de cuotas que son de su
propiedad. Por ende, un mismo socio se encuentra obligado a votar uniformemente las
distintas decisiones que adopte la respectiva sociedad, independiente del número de
cuotas que posea.

Circunstancia distinta a la que se presenta en los casos en los que los derechos
derivados de las acciones o cuotas de un socio están en poder de otra persona en
virtud de una prenda o fiducia, pues en esos eventos el tenedor de acciones o cuotas
ejerce el derecho a votar en el sentido que desee, en representación del total de
acciones o cuotas que detenta, y en el número de ellas, aunque comprendan la de
varios propietarios.

En el caso concreto, de acuerdo con las inscripciones del libro de registro de socios,
con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Frigorífico San
Martín de Porres Ltda. y con las consideraciones de la Resolución 341-004800 del 21
de noviembre de 2007, la Sala observa que a los herederos de la señora Beatriz Leyva
de Uribe les fueron adjudicados los derechos prendarios sobre un número específico
de cuotas de cada uno de los socios deudores.

Por lo tanto, los acreedores prendarios ejercieron los derechos respectivos votando en
un mismo sentido con todos los derechos que detentaban, aspecto que no fue
desvirtuado por la actora, quien se limitó a señalar que las cuotas de los socios
deudores fueron divididas arbitrariamente entre los herederos, sin respetar la

43 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-24185 del 23 de mayo del 2002, Oficio 220-034669 del

18 de julio del 2002 y Oficio 220-121561 del 2 de octubre de 2009.

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proporción de cada deudor; situación que en sí misma no es configurativa del alegado
fraccionamiento, máxime cuando la asignación de los derechos prendarios sobre
determinado número de cuotas a cada heredero no es un acto que dependa de la
compañía, sino de la sucesión”.

De acuerdo con lo expuesto, no prospera el cargo por fraccionamiento ilegítimo de los
votos.

7.11. Violación a la confianza legítima por cambio injustificado de criterio

La Sala debe establecer si son nulos, por violación del principio de confianza legítima,
los actos mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento de los
hechos que dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios,
si dicha entidad cambió injustificadamente la doctrina que venía sosteniendo sobre el
particular.

Responder tal cuestión impone primeramente definir si es cierto que hubo cambio de
postura de manera injustificada.

Como fundamento del cambio de doctrina alegado, la actora allegó copia de la
Resolución 00114 del 6 de junio de 200744, expedida por la Cámara de Comercio, en la
que, según alega, se refleja la postura que con anterioridad había expuesto la
Superintendencia de Sociedades.

La Sala observa que, en efecto, en las consideraciones de la mencionada resolución,
la Cámara de Comercio citó apartes del Concepto 220-27442 del 29 de junio de 2001,
en el que la Superintendencia de Sociedades señaló:

“Al respecto esta entidad ha conceptuado que "…el usufructuario desde ningún
punto de vista se convierte en socio de la compañía por cuanto la titularidad de la
cuota y por tanto la condición de socio corresponde, como es evidente, al
propietario de las mismas; por ende no es dable admitir que cuando concurran
simultáneamente el titular de las cuotas y el usufructuario de parte de las mismas
se constituya entre ellos pluralidad de socios, bien sea que voten en igual o
diferente sentido, pues el usufructuario para ese efecto no puede ser tenido como
un tercero diferente al socio.

44 Folios 99 a 105 (reverso), cuaderno principal.

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Por la razón expresada no se puede constituir la junta de socios con la asistencia
únicamente del socio que ha entregado en usufructo parte de sus cuotas y el
"usufructuario" de las restantes toda vez que no se presenta la pluralidad de socios
requerida para poder sesionar válidamente" (Oficio 220-8934 del 14 de marzo de
1996). Argumento que igualmente explica porque no es viable admitir que exista
pluralidad con la presencia de dos usufructuarios de un solo socio”. (Subrayas de
la Sala).

La resolución también citó el oficio 220-34437 de mayo de 2003, en el que la
Superintendencia de Sociedades se refiere a la convocatoria del acreedor prendario a
las reuniones de la sociedad, así:

“No obstante, frente al caso de la prenda sobre cuotas sociales que involucre los
derechos políticos derivados de la condición de socios, en opinión de este
Organismo no hay lugar a convocar al acreedor prendario habida cuenta que el
contrato que garantiza la obligación no tiene la virtud de sustituir a un asociado por
otro, máxime en una sociedad de base personalista, como en el presente caso.

Resulta indispensable hacer énfasis en el hecho de que para que el socio
constituya prenda sobre sus cuotas, no se requiere que medie la anuencia de sus
con asociados ni la de la junta de socios, razón por la cual mal podría utilizarse la
garantía en cuestión para constituirse en una compuerta que dé lugar a la “cesión”
que comporte el cambio de titularidad de cuotas sociales.

Así las cosas, habrá de ser el propio deudor quien ponga en inmediato
conocimiento de su acreedor la convocatoria que le fue efectuada, a efectos de
posibilitar el cabal ejercicio de los derechos conferidos a este último a través del
contrato de prenda”. (Subrayas de la Sala).

Y el Concepto 220-41814 del 27 agosto 2004, en el que la Superintendencia sostuvo:

“Al respecto, me permito manifestarles que los argumentos expuestos en el escrito
en cuestión, son contrarios a la doctrina adoptada por esta Superintendencia,
contenida en el oficio 220-27442 del 29 de junio de 2001, la cual está plenamente
vigente y copia del cual anexo al presente, en el que entre otras consideraciones
resalto lo siguiente: ‘...el usufructuario desde ningún punto de vista se convierte en
socio de la compañía por cuanto la titularidad de la cuota y por tanto la condición
de socio corresponde, como es evidente, al propietario de las mismas; por ende
no es dable admitir que cuando concurran simultáneamente el titular de las cuotas
y el usufructuario de parte de las mismas se constituya entre ellos pluralidad de
socios, bien sea que voten en igual o diferente sentido, pues el usufructuario para
ese efecto no puede ser tenido como un tercero diferente al socio’”. (Subrayas de
la Sala).

Lo primero que advierte la Sala es que los pronunciamientos invocados por la
demandante no son actos por medio de los cuales la Superintendencia de Sociedades
haya resuelto sobre el reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de
ineficacia de las decisiones de las juntas de socios, sino de oficios y conceptos en los

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que la entidad dio respuesta a consultas específicas. Por lo tanto, no se puede hablar
de un cambio injustificado de criterio, pues se trata de manifestaciones realizadas en
escenarios disímiles.

En todo caso, se observa que los documentos citados no corroboran los argumentos
de la demandante, pues en ellos la entidad no manifestó que la citación de los
acreedores prendarios invalidara las decisiones adoptadas en las reuniones. Por el
contrario, lo que allí conceptuó fue que: (i) no se puede constituir la junta de socios con
la asistencia únicamente del socio que ha entregado en usufructo parte de sus cuotas
y del usufructuario, y (ii) no se puede utilizar la figura de la prenda para ceder o cambiar
la titularidad de las cuotas sociales, por lo que el deudor debe informar al acreedor
sobre la convocatoria, para que este ejerza sus derechos ante la sociedad.

Siendo así, no prospera el cargo de violación a la confianza legítima.

7.12. De la falta de motivación

La Sala debe determinar si son nulos, por vulneración de norma superior, los actos
mediante los cuales la SuperSociedades denegó el reconocimiento de los hechos que
dan lugar a la sanción de ineficacia de las decisiones de la Junta de Socios, si el acto
que agotó la vía gubernativa omitió la resolución de algunos de los argumentos
presentados en el recurso de reposición.

Desatar el anterior interrogante supone analizar si es cierto que la Superintendencia
demandada no resolvió los reparos ventilados en el recurso que procedía en la vía
gubernativa.

Al respecto, se encuentra que la Resolución 321-002358 del 9 de julio de 2008, dijo lo
siguiente en relación con los argumentos del recurso de reposición sobre los cuales la
demandante alega que no hubo pronunciamiento:

“Se adicionan alegatos extremos y salidos de tono, en los cuales se acusa a la
Superintendencia de propiciar con la resolución recurrida:

a) El fraccionamiento de los derechos de voto

b) La indebida interpretación de los registros de los contratos de prenda.

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c) Tendenciosos cambios de doctrina con el fin de cohonestar pretendidos
abusos de los administradores en contravía de las posiciones doctrinales
de la Cámara de Comercio y de la Superintendencia de Industria y
Comercio,

d) El favorecimiento de operaciones presuntamente constitutivas de fraude
fiscal.

e) La violación del derecho de defensa de los socios deudores.

f) El indebido ejercicio de las competencias de la Superintendencia por no
declarar la ineficacia solicitada.

g) El favorecimiento de conductas delictivas

h) El ocultamiento de evidencias o su interpretación sesgada;

i) La utilización de interpuesta persona para cambiar posiciones doctrinales
en beneficio de los contradictores de los peticionarios.

j) La ausencia de pronunciamiento de ineficacia sobre los contratos de
prenda y los derechos surgidos por causa de sucesión en los actuales
herederos.

En el contexto descrito, la Superintendencia de Sociedades rechaza enfáticamente
los cuestionamientos sin fundamento de que es objeto, poniendo en tela de juicio
su imparcialidad en el ejercicio de sus competencias y entiende que la
problemática de la sociedad y las aspiraciones de los recurrentes involucran
diversas facetas que escapan la competencia de la entidad en el ejercicio de la
potestad de reconocimiento de presupuestos de ineficacia, consagrada en el
artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

Los elementos descritos son suficientes para retomar el curso del examen de las
decisiones que corresponden a este trámite, circunscritos específicamente a los
elementos objeto de valoración, que para el caso concreto están determinados
exclusivamente por la mentada presencia de vicios en la convocatoria de las
reuniones de marzo, julio y agosto de 2007, en la Sociedad Frigorífico San Martín
de Forres Ltda., pues las demás discusiones sobre la legalidad de las prendas, el
negocio causal, son propias del ejercicio de las acciones ordinarias y ameritan la
intervención del aparato jurisdiccional de acuerdo con las competencias señaladas
en la ley”. (Subrayas de la Sala).

Entonces, la Sala evidencia que la Superintendencia de Sociedades sí se pronunció
en relación con los argumentos sobre los que la demandante alegó la falta de
motivación. En efecto, la entidad señaló que estos no resultaban admisibles porque
ponían en tela de juicio su imparcialidad frente a la resolución del asunto, y que,
adicionalmente, resultaban ajenos a la competencia que se estaba ejerciendo en el
asunto, esto es, la del reconocimiento de los hechos que dan lugar a la sanción de
ineficacia, consagrada en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

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Dicho de otro modo, la Superintendencia de Sociedades rechazó expresamente los
argumentos mencionados y señaló las razones por las que éstos no tenían por qué ser
objeto de un pronunciamiento en el acto administrativo, razones que, para la Sala son
motivación suficiente.

Otra cosa es que la demandante no estuviera de acuerdo con las razones que expuso
la Administración, caso en el cual no estaríamos frente a una ausencia de motivación,
sino frente a una inconformidad contra la motivación del acto, la cual bien pudo ser
planteada mediante una controversia contra sus fundamentos jurídicos, lo que no
ocurrió.

No prospera, entonces, el cargo de falta de motivación así formulado.

7.13. De la falsa motivación

Por último, la Sala debe determinar si los actos demandados están viciados de nulidad
por falsa motivación, si el actor alega que no es cierto que los contratos de prenda
constituidos sobre las cuotas de los socios que no fueron convocados a las reuniones se
encontraran inscritos en el libro de registro de socios para las fechas correspondientes.

La falsa motivación debe ser entendida desde tres (3) enfoques distintos, a saber: la
falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida motivación,
aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el contenido mismo del acto
censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone que el análisis haga
referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento acerca
de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la
decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar los
supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que sustentan la expedición del
acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que invoca la Administración

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no tiene el alcance para definir la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en
un juicio de nulidad será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de cinco (5)
tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una de ellas depende
de la tesis y sus fundamentos; veamos: la primera se presenta cuando la decisión
vertida en la parte resolutiva del acto no es la causa eficiente de lo expuesto en la parte
motiva. El impugnante entonces puede controvertir la certeza de lo expuesto en cada
una de ellas para determinar que lo definido en el acto no es eficiente para producir la
decisión, lo que se traduce en una relación causa - efecto.

La segunda se formula asegurando que la motivación del acto administrativo no es
suficiente ni adecuada con el fin que se pretende alcanzar con su expedición, aspecto
este último que tendría que estar contenido en la parte resolutiva. En este contexto, la
discusión vendría a darse sobre las razones aducidas por la Administración para la
expedición de la decisión y no sobre lo resuelto, pues este es una meta por alcanzar.
Se trataría entonces de una relación teleológica, pues se establece a partir de un fin
que pretende alcanzar la Administración con los medios que allí enlista, pero en donde
se demuestra que éstos no resultan adecuados ni suficientes para ello, lo que se
enmarca en una relación de medio a fin.

Como tercer criterio para aducir un cargo de falsa motivación encontramos aquél en
donde lo resuelto se sustenta exclusivamente en que las demás probabilidades o
hechos que se dan alrededor de ella no son posibles o no son probables, en otras
palabras, supone una exclusión de todas las demás posibilidades. Así, lo que busca
este tipo de relación excluyente es atacar el juicio de descarte de las otras posibles
alternativas que tuvo en cuenta la entidad al expedir el acto para la validez de lo
resuelto.

Acontece también la falsa motivación cuando del postulado general que invoca la
autoridad demandada en la parte motiva no se deduce el resultado pragmático que se
vierte en la parte resolutiva, lo que indica que la estructura de la argumentación se
sustenta en el resultado que puedo obtener de la premisa.

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Por último, la quinta inferencia lógica que conduciría a adelantar un análisis de
invalidez por falsa motivación sería la concerniente a la relación de equivalencia
significativa, que parte de un presupuesto consistente en que el acto predica una
condición de un sujeto en las consideraciones para entenderla semejante o análoga a
otro en lo que resuelve; o, lo que es lo mismo, se estructura cuando la tesis y el
fundamento gozan de las mismas cualidades. En tal medida, demostrar la nulidad por
esta relación lógica llevaría a analizar si es cierto tanto lo afirmado en la parte motiva
como en la resolutiva, y entonces definir la validez de la decisión.

7.13.1. Ahora bien, para resolver el problema planteado, es pertinente tener en cuenta el
análisis que efectuó la Superintendencia de Sociedades en los considerandos de la
Resolución 341-000926 del 14 de marzo de 2008, en relación con la inscripción de los
contratos de prenda en el libro de registro de la sociedad Frigorífico San Martín de
Porres Ltda. y en la Cámara de Comercio:

“Puntualizados los anteriores conceptos, procede entonces examinar la situación,
frente a los terceros en general y a la sociedad en particular, de la prenda en
cuestión y de los derechos que en virtud de la misma le fueron conferidos a la
acreedora prendaria, señora Beatriz Leyva de Uribe, encontrando (…) que para la
fecha de las reuniones cuyas decisiones se hallan tachadas de ineficacia, los
referidos contratos de prenda se encontraban inscritos no solamente en el Libro de
Registro de Socios de la compañía, tal como se pudo constatar en la visita
realizada a las instalaciones del ente societario, sino en la Cámara de Comercio
del domicilio social, tal como se aprecia en el certificado de existencia y
representación legal expedido por esa Entidad, en donde figuran las inscripciones
números 00189898, 00189899 y 00189931 del 2 de Julio de 2004 los dos primeros
y del 13 de Agosto de ese mismo año el último.

Así las cosas, y en virtud de la existencia de ambos registros, es completamente
claro y cierto que las aludidas prendas se encuentran produciendo plenos efectos
legales tanto entre las partes acreedora prendaria y deudores prendarios, como
frente a la sociedad y a terceros en general, puesto que habiéndose cumplido los
requisitos del registro de los referidos contratos en la Cámara de Comercio
correspondiente al domicilio social, así como su inscripción en el libro de registro
de socios, lo que bien podría darse en llamar el registro privado de dicha garantía
en oposición al registro público de comercio que se cumple ante la Cámara de
Comercio, es indudable que las prendas en cuestión están surtiendo los efectos
previstos por la ley y los contratos respectivos”. (Subrayas de la Sala).

Entonces, la entidad verificó que los mencionados registros sí se habían realizado y, por
tanto, contrario a lo alegado por la solicitante, concluyó que los contratos de prenda
producían plenos efectos frente a la sociedad y los terceros.

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Para corroborar las conclusiones del acto demandado, basta con remitirse al análisis que
efectuó la Sala al resolver el problema jurídico relacionado con la eficacia de los contratos
de prenda, cuando advirtió que, contrario a lo alegado por Laurel Ltda., estos sí se
encontraban inscritos en el libro de registro de socios y en el certificado de existencia y
representación de Frigorífico San Martín de Porres Ltda.

No prospera entonces el cargo de falsa motivación.

7.14. Conclusión

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala concluye que no prosperó ninguno de
los cargos propuestos por Laurel Ltda. contra las Resoluciones 341-000926 del 14 de
marzo de 2008 y 321-002358 del 9 de julio del mismo año, mediante las cuales la
Superintendencia de Sociedades denegó el reconocimiento de los presupuestos de
ineficacia de las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de Frigorífico San Martín
de Porres Ltda. en las reuniones del 15 de marzo, 10 de julio y 4 de agosto de 2007,
razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda. No obstante, la Sala se
inhibirá de resolver el cargo de violación de los artículos 1203 y 1219 del Código de
Comercio, por encontrarse configurada la falta de jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento en relación con el cargo de violación
de los artículos 1203 y 1219 del Código de Comercio, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las consideraciones
esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.

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Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 16 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaro Voto

El presente fallo fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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