Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00035-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00035-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00035-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Terceros con interés: Autollanos S.A., Expreso Bolivariano S.A., Flota La Macarena
S.A., Transportes Arimena S.A., Cooperativa de Transportes Velotax y Transportes
Morichal
Tesis: No procede la nulidad de los actos demandados, en tanto fueron expedidos
por la autoridad competente, con apego a las normas superiores en que debían
fundarse y sin vulneración del debido proceso.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda presentada por Tax Meta S.A. contra el
Ministerio de Transporte, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm.105
del 15 de enero de 2008, núm. 1401 de 15 de abril de 2008 y núm. 2164 de 4 de junio
de 2008.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
1. Tax Meta S.A. (en adelante Tax Meta o la demandante) presentó demanda contra
la Nación – Ministerio de Transporte (en adelante también la demandada), en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declare la
prosperidad de las siguientes pretensiones:
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
“ 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución: 105 del 15 de Enero de 2008 "Por
la cual se autoriza la reestructuración en algunas rutas de servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera", expedida por la Sub
Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte.
2.2 Que se declare la nulidad de la resolución No. 1401 del 15 de Abril de 2008,
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución 105 del 15 de Enero de 2008”, expedida por la Sub Dirección de
Transporte del Ministerio de Transporte.
2.3 Que se declare la nulidad de la resolución 2164 del 4 de Junio de 2008. “Por
la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos por los representantes
legales de las empresas TAXMETA S.A., FLOTA SUGAMUXT S.A. y FLOTA LA
MACARENA .A.(sic), contra la resolución No. 000105 del 15 de Enero de 2008,
proferida por la Sub Dirección de Transporte” expedida por la Dirección de
Transporte y Transito del Ministerio de Transporte.
2.4. Que a manera de restablecimiento del derecho, con la obtención de la nulidad
de las resoluciones 105 del 15 de Enero de 2008, 1401 del 15 de Abril de 2008, y
2164 del 4 de Junio de 2008, las dos primeras expedidas por la Sub Dirección de
Transporte y la tercera expedida por el Director de Transporte y Transito del
Ministerio de Transporte, mi representada puede volver a operar el transporte de
pasajeros en sus rutas autorizadas en el nivel de servicio de lujo y en la clase de
vehículo bus, conforme sus respectivas autorizaciones”. (subrayas y cursivas del
texto).
1.2. Los actos administrativos demandados
2. Los actos demandados son los siguientes:
2.1. Resolución núm. 105 del 15 de enero de 2008 “Por la cual se autoriza la
reestructuración en algunas rutas de servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera" (en adelante Resolución núm. 105 de
2008)
“MINISTERIO DE TRANSPORTE
RESOLUCION No. 105 DE 2008
Por la cual se autoriza la reestructuración en algunas rutas de servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera"
EL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE
En uso de las facultades legales en especial las conferidas en los Decretos 171
de 2001 y 2053 de 2003 y
CONSIDERANDO
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
[…]
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la reestructuración del servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en las rutas señaladas
en la parte motiva de la presente resolución, el cual deberá ser prestado de la
siguiente forma en ambos sentidos de cada ruta:
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente reestructuración tendrá una vigencia de
cinco años a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar la presente resolución a las empresas
Cooperativa de Transportadores Velotax Ltda., Expreso Bolivariano S.A., Flota
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
La Macarena S.A., Tax Meta S.A., Transportes Arimena S.A., Transportes
Autollanos, S.A., y Transporte Morichal S.A.
ARTICULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Subdirección de Transporte y el de apelación ante
el Director de Transporte y Transito”1.
2.2. Resolución núm. 1401 del 15 de abril de 2008 "Por la cual se resuelven los
recursos de reposición interpuestos por los representantes legales de las
empresas TAX META S.A., FLOTA SUGAMUXI S.A. y FLOTA LA MACARENA
S.A. contra la resolución No. 105 del 15 de enero de 2008" (en adelante
Resolución núm. 1401 de 2008)
“MINISTERIO TRANSPORTE
RESOLUCION No. 001401 DE 2008
"Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los
representantes legales de las empresas TAX META S.A., FLOTA SUGAMUXI
S.A. y FLOTA LA MACARENA S.A. contra la Resolución No. 105 del 15 de
enero de 2008."
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - Decidir el recurso de reposición interpuesto por los
representantes legales de las empresas TAX META S.A., FLOTA SUGAMUXI S.A.
y FLOTA LA MACARENA S.A., en el sentido de confirmar en todas sus partes la
Resolución 105 del 15 de enero de 2008, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO. - Comunicar la presente resolución a los representantes
legales de las empresas TAX META […], FLOTA SUGAMUXI S.A. […] y FLOTA
LA MACARENA S.A., de conformidad con Io dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.
ARTICULO TERCERO. - Conceder el recurso de apelación ante el Director de
Transporte y Transito, de conformidad con Io estipulado en el Código Contencioso
Administrativo. […]”2.
1 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Cuaderno 81ED_C05_01 OTROS - PRUEBAS
Y ANEXOS. Folios 125-144
2 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Cuaderno 81ED_C05_01 OTROS - PRUEBAS
Y ANEXOS. Folios 153 -164
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
2.3. Resolución núm. 2164 del 4 de junio de 2008 “Por la cual se resuelven los
recursos de apelación interpuestos por los Representantes Legales de las
empresas TAX META S.A., FLOTA SUGAMUXI S.A. y FLOTA LA
MACARENA S.A., contra la Resolución No.000105 del 15 de enero de 2008,
proferida por la Subdirección de Transporte” (en adelante Resolución 2164 de
2008).
“MINISTERIO DE TRANSPORTE
RESOLUCIÓN No. 2164 DE 2008
"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos por los
Representantes Legales de las empresas TAX META S.A., FLOTA SUGAMUXI
S.A. y FLOTA LA MACARENA S.A., contra la Resolución No.000105 del 15 de
enero de 2008, proferida por la Subdirección de Transporte”
EL DIRECTOR DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los
Decretos 171 de 2001 y 2053 de 2003, en concordancia con Io consagrado en el
numeral 2 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y.
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - Decidir los recursos de apelación interpuestos por los
Representantes Legales de las empresas TAX META S.A. FLOTA SUGAMUXI
S.A. y FLOTA LA MACARENA S.A., en el sentido de confirmar en todas sus partes
la resolución No.000105 del 15 de enero de 2008, por las razones expuestas en
la parte motive de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO - Notificar el contenido del presente acto administrative a
los Representantes Legales de las empresas TAX META S.A. […], FLOTA
SUGAMUXI S.A. […] y FLOTA LA MACARENA S.A. […]de conformidad con Io
consagrado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrative.
ARTICULO TERCERO. - Contra el presente acto administrative no procede
recurso alguno, por la vía gubernativa por encontrarse agotada la misma. […]”3.
3 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Cuaderno 81ED_C05_01 OTROS - PRUEBAS
Y ANEXOS. Folios 125-141
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
1.3. Supuestos fácticos
3. Tras un estudio sobre el transporte terrestre de pasajeros, el Ministerio de
Transporte entregó en enero de 2007 una propuesta para la reestructuración del plan
operativo de transporte para el corredor Bogotá - Villavicencio - Llanos orientales y
viceversa, en la que señaló que era necesario un acuerdo empresarial para la
distribución de los despachos de rutas entre las distintas empresas de transporte que
atendían esta ruta.
4. El 24 de abril de 2007 las empresas Velotax Ltda, Expreso Bolivariano S.A, Flota
La Macarena S.A., Transportes Arimena S.A., Transporte Autollanos S.A., Transporte
Morichal S.A. y Tax Meta S.A. por conducto de sus representantes legales solicitaron
al Ministro de Transporte que autorizara una operación integrada de las empresas, y
que además diera por terminada la autorización de permisos transitorios y de los
convenios de colaboración empresarial existentes, que evitara la informalidad de
vehículos no autorizados, que autorizara un parador en el sitio Yomasa, que definiera
las tarifas del corredor y, finalmente, que adelantara un reglamento legal para dotar al
SAR (Sistema de Administración de Rutas) de seguridad jurídica y económica.
5. En respuesta a esta solicitud el Ministerio envió a las mencionadas empresas un
proyecto de resolución en el que a cambio de la integración que había sido solicitada,
el Ministerio resolvía la petición bajo la forma de “reestructuración de rutas”. La
empresa demandante formuló varias observaciones al proyecto remitido.
6. A través de la Resolución núm. 105 del 15 de enero de 2008 la Subdirección de
Transporte del Ministerio de Transporte, resolvió la petición de las empresas
transportadoras sin tener en cuenta las observaciones hechas por la empresa
demandante al proyecto de resolución.
7. En marzo de 2007 las empresas de transporte solicitaron la intervención de la
Procuraduría General de la Nación en el trámite, quien a su vez confirmó su
intervención sin ser claras las actuaciones realizadas por el Ministerio Público ni los
resultados de estas.
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
8. Interpuesto el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
Resolución núm. 105 del 15 de enero de 2008, el primero fue resuelto por el
subdirector de transporte a través de la Resolución núm. 1401 del 15 de abril de 2008
confirmando el acto recurrido y, el segundo, por parte del Director de Transporte y
Tránsito a través de la Resolución núm. 2164 del 4 de junio de 2008 en la cual
nuevamente se negaron las peticiones del recurrente.
1.4. Normas violadas
9. La sociedad demandante invoca como vulneradas las siguientes normas: Artículo
6, 23 y 29 de la Constitución Política; numeral 15.5 y 15.7. del artículo 15 del Decreto
2053 de 2003; artículos 37, 48 y 49 del Decreto 171 de 2001; artículo 73 del C.C.A. y
artículo 50 de la Ley 336 de 1996.
1.5. Concepto de la violación
1.5.1. La Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte desborda sus
funciones contenidas en el Decreto 2053 de julio de 2003, al expedir la
resolución 105 de enero de 2008, al carecer de la competencia para
conceder la reestructuración de las rutas y horarios en el transporte de
pasajeros por carretera y de ello se desprende la violación del artículo 6
de la Constitución Nacional
10. Indicó que dentro de las competencias asignadas en el artículo 15 del Decreto
2053 de 2003 a la Subdirección de Transporte del Ministerio, en particular, las
previstas en los numerales 5 y 7, se encuentran las de expedir actos administrativos
respecto de las autorizaciones y demás requerimientos del transporte carretero
(numeral 5), e igualmente las de expedir las homologaciones para la adjudicación de
las rutas y horarios, las de señalar la capacidad transportadora, otorgar las
habilitaciones a las empresas, conceder permisos de operación y efectuar la
declaratoria de abandono de las rutas y horarios en el perímetro nacional (numeral 7).
11. Sin perjuicio de lo anterior, enfatizó que dentro de las competencias de la
mencionada Subdirección no está la facultad de definir la “reestructuración de rutas”
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
ni la de autorizar la integración de los servicios a empresas de transporte terrestre de
pasajeros por carretera.
12. Señaló que lo previsto en el numeral 5 del artículo 15 del Decreto 2053 de 2003
no se refiere al transporte de pasajeros por carretera sino al transporte “carretero” que
es un concepto distinto.
13. Atendiendo esta diferenciación, concluyó que el Subdirector de Transporte del
Ministerio no tenía la facultad para expedir los actos administrativos objeto de
controversia ni para otorgar rutas en el transporte de pasajeros por carretera en la ruta
Bogotá - Villavicencio - Los Llanos Orientales, dado que el numeral 5 del artículo 15
del Decreto 2053 de 2003 solo le concede la facultad de expedir actos administrativos
en el transporte “carretero”.
14. Arguyó que la falta de competencia del Subdirector de Transporte generó también
una violación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política, que establece
que los funcionarios deben responder en casos de extralimitación de sus funciones.
1.5.2. La Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte y la Dirección
de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte no logran probar
que la Subdirección de Transporte tiene en sus funciones, entre ellas, las
de reestructurar el servicio de transporte terrestre de pasajeros por
carretera, entendiendo que no existe en la normatividad la figura de
integración del transporte para la prestación del servicio
15. Explicó que en la Resolución núm. 105 de 2008 “por la cual se autoriza la
reestructuración en algunas rutas de servicio público de transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera” se indicó que dicho acto se expedía en uso de las
facultades concedidas en los Decreto 171 de 2001 y 2053 de 2003; sin embargo, como
se explicó en el numeral anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2053
de 2003 la Subdirección de Transporte no tiene competencias para otorgar rutas en
el transporte de pasajeros por carretera y el Decreto 171 de 2001 solo se refiere en
su artículo 37 a la reestructuración de horarios y no de rutas.
1.5.3. Ni la demandante ni las demás empresas de transporte solicitaron la
restructuración en el radicado MT - 26315 del 24 de abril de 2007. No se
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
cumplen los requisitos para la reestructuración previstos en el artículo 37
del Decreto 171 de 2001 y en todo caso la Corte Constitucional declaró
inexequible la facultad contenida en el artículo 3 numeral 5 de la Ley 105
de 1993, para que el Ministerio de Transporte pudiese establecer
condiciones para el otorgamiento de las rutas al amparo de una
integración de servicios de transporte que es una figura inexistente en la
normativa de transporte
16. Precisó que la petición formulada al Ministro de Transporte a través del radicado
MT - 26315 del 24 de Abril de 2007, fue la de autorizar la operación integrada del
servicio de transporte de pasajeros de las empresas: Velotax Ltda., Expreso
Bolivariano S.A., Flota La Macarena S.A., Transportes Arimena, Transportes
Autollanos S.A., y Transportes Morichal S.A. para operar la ruta: Bogotá – Granada –
Bogotá así como Bogotá – Puerto Gaitán y viceversa y otras rutas descritas en un
cuadro adjunto que se incorporó a la petición-. A pesar de la claridad de la petición,
sostuvo que el Ministerio a través de la Resolución núm. 105 del 15 de enero de 2008
se pronunció sobre una reestructuración que nunca fue solicitada y en cambio guardó
silencio sobre la petición presentada. En este orden de ideas, recalcó que la
Subdirección modificó el sentido de la petición.
17. Agregó que la Subdirección de Transporte en la Resolución núm. 105 del 15 de
enero de 2008 se refirió a la reestructuración sin siquiera establecer si se cumplían
los requisitos previstos para esta figura en el artículo 37 de la Resolución 171 de 2001,
entre los cuales estaba el de garantizar que no habría afectación en la calidad del
servicio; condición que a su juicio resultó afectada por la Resolución núm. 105 de 2008
en tanto a través de ella se suprimió, sin razón alguna, el servicio de lujo que manejaba
la demandante. En esta medida dado que no estaban acreditados los presupuestos
para la reestructuración no era procedente la adopción de esta decisión.
18. Argumentó que no es cierto lo señalado por la Subdirección de Transporte en la
Resolución núm. 1401 de 2008 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición
contra la Resolución núm. 105 de 2008, en el sentido de afirmar que la supresión del
servicio de lujo obedece a que el Ministerio de Transporte puede introducir las
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
modificaciones que estime necesarias de acuerdo con lo establecido en la sentencia
C-043 de 1998.
19. En relación con este punto, afirmó que el Ministerio si bien puede modificar los
derechos de las empresas de transporte, lo cierto es debe hacerlo apoyado en un
Reglamento, en la Ley o en la Constitución. Como quiera que la facultad del Ministerio
de Transporte para establecer reglamentos en cuanto al otorgamiento de rutas y
horarios fue declarado inexequible por la sentencia C-066 de 1999, sostuvo que solo
se podía suprimir el servicio lujo si existía un reglamento superior del poder ejecutivo
o una ley que lo permitiera y que en ningún caso podía hacerlo al amparo de la
integración de servicios de transporte.
1.5.4. La Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte desconoció
en la restructuración del servicio de transporte lo establecido en el
Decreto 171 de 2001 con lo cual vulneró el principio de legalidad
consagrado en el segundo inciso del artículo 29 de la Constitución y
contradijo lo expuesto por la propia oficina jurídica del Ministerio en su
Oficio MT - 68888 del 15 de noviembre de 2007
20. Adujo que si bien en los considerandos de la Resolución núm. 105 de 2008 se
habla de “(…) migrar a una nueva estructura empresarial y a la operación por
corredores de transporte (…)”, la Subdirección de Transporte carecía de la facultad
para establecer “(…) el reglamento de corredores viales, de nueva estructura
empresarial y otros aspectos” toda vez que el artículo 15 del Decreto 2053 de 2003
no se la confiere.
21. Recordó que los reglamentos en materia de rutas y horarios de transporte de
pasajeros por carretera son competencia del poder ejecutivo y que es contradictorio
que la Subdirección de Transporte rechace o desconozca los principios que rigen el
transporte de pasajeros por carretera contenidos en el Decreto 171 de 2001, en
especial sus artículos 48 y 49 que establecen la definición de capacidad
transportadora y el régimen de afiliación.
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
22. En este orden de ideas, aseveró que la Resolución núm. 105 de 2008 creó
nuevos criterios o categorías no contemplados en la ley como son: “corredores viales”,
“nueva estructura empresarial administradora”, “control efectivo del vehículo” y
“unificación de despachos” que además no están reglamentadas por el poder ejecutivo
23. Insistió que la Subdirección de Transporte no podía modificar el régimen del
Decreto 171 de 2001 de forma caprichosa para sustentar su propio reglamento y la
reestructuración de horarios en las rutas ya mencionadas.
24. Recalcó que el propio Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio señaló en el
Memorando MT 68888 del 15 de noviembre de 2007, a través del cual se pronunció
sobre el proyecto de la Resolución núm. 105 de 2008, que era necesario expedir “un
reglamento de carácter general permanente mediante el cual se establezcan los
parámetros para adoptar esas decisiones, previo a la expedición del corredor del llano”
e indicó además que “(…) se debe determinar con claridad y precisión por parte del
despacho, si dichas etapas modifican el Decreto 171 de 2001, o actos de carácter
general expedidas por el Señor Ministro (…)”.
25. Concluyó que la Subdirección de Transporte desconoció que una transformación
como la contenida en el Resolución núm. 105 de 2008, para introducir un cambio de
modelo y pasar a un sistema de corredores viales, requería de un reglamento mayor
del presidente o del ministro. Al desconocer esta exigencia el subdirector actuó sin
competencia y vulneró el artículo 29 de la Constitución.
1.5.5. Al conceder en la petición de integración y la clase de vehículos
microbuses y camionetas sin haber sido solicitado, incurre la
Subdirección de Transporte en una decisión extra petita la cual está
prohibida porque viola el artículo 23 de la Constitución Nacional
26. Puntualizó que en la petición dirigida al Ministro de Transporte no se solicitó
nunca la restructuración ni tampoco la inclusión de vehículos microbuses y
camionetas. Por consiguiente, la Subdirección de Transporte al resolver peticiones no
formuladas violó el derecho de petición.
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Demandante: Tax Meta S.A.
27. Enfatizó que lo que en realidad debía resolver el Ministerio era la petición de
integración, pero desconociendo el objeto y el alcance de la petición ordenó la
“restructuración de rutas” e incluyó varias tipologías de vehículos como medios
autorizados, contrariando con ellos los intereses de las peticionarias e incurriendo en
un fallo extra petita.
1.5.6. Al revocar el nivel de lujo y la clase de vehículos se incurre en violación
del artículo 73 del C.C.A. puesto que se revocan esos derechos sin el
consentimiento del demandante. Además el Ministerio de Transporte
tiene la facultad genérica de revocar rutas y horarios, pero no la facultad
específica de revocar los servicios de transporte so pena de la violación
del artículo 50 de la Ley 336 de 1996 y 29 de la Constitución Nacional y la
Subdirección de Transporte carece de la competencia para establecer
reglamentos de otorgamiento de rutas y horarios o nueva estructura
empresarial, o modificar el nivel de servicio o la clase de vehículos.
28. Señaló que la demandante tenía autorizado un servicio de lujo, una clase de
vehículos (buses), y un número de sillas en las rutas: Bogotá - Puerto Gaitán y Bogotá
• Granada y viceversa, las cuales fueron revocadas sin mediar petición y sin ninguna
justificación ni técnica ni jurídica a través de la Resolución núm. 105 de 2008 y además
sin mediar consentimiento previo y expreso de su parte, con lo cual se habría
vulnerado abiertamente lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A.
29. Afirmó que, aunque el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 contiene una autorización
para revocar o modificar algunos permisos, esta atribución o facultad es de carácter
genérico y no exime a la Entidad de atender el debido proceso y dar cumplimiento al
requisito relacionado con el consentimiento expreso del titular o beneficiario del
derecho concedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del C.C.A.
30. Aseveró que cuando la Subdirección de Transporte revocó las rutas y los horarios
en el transporte terrestre de pasajeros por carretera, suprimió el servicio de lujo,
cambió el tipo de vehículos y eliminó el número de sillas, sin el consentimiento previo
y expreso del demandante, por lo que violó el derecho de defensa contenido en el
artículo 29 de la Constitución.
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Demandante: Tax Meta S.A.
31. Indicó que el Ministerio de Transporte rechazó los argumentos relacionados con
la aplicación del artículo 73 del C.C.A aduciendo que las modificaciones a las
autorizaciones o incluso su revocatoria puede tener lugar cuando se presenten
cambios de circunstancias, sin que con ello se desconozca el derecho que tiene el
particular para operar el servicio público.
32. Argumentó que lo señalado por el Ministerio en la Resolución núm. 1401 de 2008,
desconoce que el artículo 50 de la Ley 336 de 1996 establece que cualquier decisión
en relación con las modificación o autorizaciones debe ser el resultado de un proceso
administrativo sancionatorio dentro del cual se deben garantizar el debido proceso y
el derecho de defensa y no puede ser una decisión “de plano”.
33. Al respecto recalcó que la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con
la revocatoria de rutas por cambios en las circunstancias bajo las cuales se otorgaron
no guarda relación con el caso sub judice en tanto en este caso el Subdirector de
Transporte actuó sin competencia, estableció una nueva estructura empresarial o un
sistema de corredores viales y revocó las rutas y horarios sin que existiera reglamento
o ley que lo autorizara.
1.5.7. Desconocimiento de las autorizaciones de la demandante para operar el
servicio de transporte de lujo en la clase de vehículo bus
34. Insistió en que la demandante estaba autorizada para operar en las rutas ya
mencionadas el servicio de transporte de lujo a través de vehículo bus y que bajo
estas autorizaciones venía operando sin que sea cierto lo afirmado por el Ministerio
de Transporte en la página 7 de la Resolución núm. 2164 de 2008 en el sentido de
que el servicio se venía prestando por parte de Tax Meta en microbuses, lo cual no se
probó de ninguna forma ni por parte del Ministerio ni por parte del Superintendente
Delegado de Tránsito y Transporte y es contradictorio con lo señalado en diversos
apartados en el estudio técnico realizado por el Ministerio de Transporte (propuesta
para la reestructuración del plan operativo de transporte para el corredor Bogotá -
Villavicencio- Llanos Orientales y viceversa).
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Demandante: Tax Meta S.A.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Ministerio de Transporte4
35. Destacó que a través del oficio MT - 26315 del 24 de abril de 2007, las empresas
Velotax Ltda., Expreso Bolivariano, Flota la Macarena S.A., Tax Meta S.AS.
Transporte Arimena S.A., Transporte Autollanos S.A. y Transporte Morichal, bajo el
amparo de las normas de la Ley 105 de 1993 que facultan la intervención del Estado
en los servicios de transporte, presentaron una solicitud de integración empresarial
para prestar el servicios de transporte por carretera en el corredor Bogotá –
Villavicencio – Llanos orientales y viceversa.
36. Indicó que dentro de los considerandos de la petición se observan y destacan los
siguientes:
“[…] Segundo Considerando. - En conjunto las empresas solicitantes y el
Ministerio de Transporte a través de la Subdirección de Transporte, evidenciamos
una sobre oferta, que condujo a la realización de un estudio técnico para la
caracterización de la demanda.
Tercer Considerando. - En reunión con el Ministerio de Transporte y las empresas
autorizadas en el corredor en mención, hemos desarrollado un trabajo mutuo que
permite que, una vez caracterizada la demanda, se pueda proyectar una
operación conjunta y autorregulada por las partes.
[…]
Décimo Quinto. - La Subdirección de Transporte del Ministerio con base en los
resultados obtenidos en el Estudio, propuso una distribución del servicio a ofrecer;
teniendo en cuenta tanto lo previamente autorizado a cada una de las empresas
como lo servido por las mismas.
Décimo Sexto. - Una vez analizada la distribución anteriormente indicada las
empresas compartimos la formula propuesta y teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas acordamos elevar esta solicitud”.
37. Explicó que tratándose de la empresa demandante en el oficio MT - 26315 del 24
de abril de 2007 se indicó lo siguiente:
4 Cfr. Índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Cuaderno No. 3 Folios 394-415
14
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
38. Lo anterior evidencia que la demandante no relacionó el servicio de lujo sino solo
servicios básicos en camioneta y microbús de acuerdo con lo previsto en el artículo 8
y 37 del Decreto 171 de 2001.
39. Explicó que el Ministerio a través de la Subdirección de Pasajeros envió a los
representantes de las empresas de transporte que presentaron la petición un proyecto
de resolución. Enfatizó que no es cierto que a través de dicho proyecto se haya
cambiado la integración propuesta por una restructuración o que se haya dejado de
responder las observaciones de Tax Meta, pues en los considerandos de la
Resolución núm. 105 de 2008 se hizo referencia expresa a dichas observaciones y se
les dio respuesta oportuna.
40. Afirmó que todas las peticiones de las empresas, así como las observaciones
formuladas en particular por la demandante, fueron atendidas en la Resolución núm.
755 de 2008 del 29 de febrero de 2008 “Por la cual se dictan unas disposiciones en
algunas rutas de servicio público de transporte por carretera” expedida por el Ministro
de Transporte en tanto se trataba de asuntos de su competencia5.
41. Recalcó en que la Resolución núm. 755 de 2008, tras hacer un diagnóstico de
las condiciones de operación contenidas en el estudio de oferta y demanda de 2006
(elaborado por el Ministerio en coordinación con las empresas y con el apoyo de las
terminales de Bogotá y Villavicencio), reiteró: (i) que el servicio se debe prestar
conforme lo establecido en la resolución núm. 105 de 2008; (ii) que las empresas
deben atender la suspensión de horarios establecida en la Resolución No. 7811 de
2001 y en las Rutas No.4 Bogotá - Granada y Viceversa y Ruta No.9 Bogotá - Puerto
Gaitán y Viceversa; y, (iii) que las empresas deben implementar un Sistema Integrado
5 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 81ED_C05_01 OTROS - PRUEBAS
Y ANEXOS. Folios 142-147
15
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
y Unificado de despachos de origen, destino y tránsito, saliendo desde los terminales
de Bogotá y Villavicencio, atendiendo la reestructuración del servicio de que trata el
artículo primero de la Resolución núm. 105 de 2008.
42. Señaló que el Ministerio expidió la Resolución núm. 105 de 2008 y la Resolución
núm. 755 de 2008 dentro del marco normativo compuesto por el Decreto 2053 de
2003, Ley 336 de 1996 y los artículos 25 y 37 del Decreto 171 de 2001.
43. Argumentó que de acuerdo con las funciones establecidas en el Resolución núm.
007111 de 2003 y en el Decreto 2053 de 2003, sí correspondía a la Subdirección de
Transporte a través de acto administrativo pronunciarse sobre la reestructuración de
rutas y horarios en el corredor vial del Llano. Concluyó entonces que no es cierta la
falta de competencia de la citada Subdirección invocada por la demandante.
44. Indicó que la Resolución núm. 105 de 2008 tuvo como sustento lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 y en los artículos 25 y 37 del Decreto 171 de 2001
y no lo dispuesto en el artículo 36 que habla de la modificación de rutas por lo que no
es cierto el argumento basado en la lesión de esta disposición.
45. Recalcó que no es cierto que a través de la Resolución núm. 105 de 2008 la
Subdirección de Transporte haya otorgado rutas, como quiera que lo único que se
reestructuró fueron los horarios del servicio atendiendo el estudio y la propuesta
ajustada o propuesta No. 2 presentada por las empresas entre ellas la demandante.
46. Sostuvo que la Resolución núm. 105 de 2008 no afectó la capacidad
trasportadora de la empresa del demandante y que a través de ella se atendieron sus
peticiones en cuanto a despachos sin que se evidencie en ningún caso la
restructuración de las rutas ni la disminución o aumento de la capacidad.
47. Agregó que no se vulneró el artículo 37 del Decreto 171 de 2003 y por el contrario
insistió en que se le dio plena aplicación a este artículo, así como a las observaciones
16
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
realizadas por parte de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte en cuanto a su
alcance.
48. Concluyó que le correspondía al Ministerio de acuerdo con lo previsto en el literal
b) del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley 105 de 199 así como los artículos 17 y 18 de
la Ley 336 de 1996, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el
servicio de transporte de pasajeros sea prestado en condiciones de calidad,
oportunidad y seguridad y en esta medida tanto la Resolución núm. 105 de 2008 como
la núm. 755 de 2008 gozan de autenticidad porque fueron expedidas de conformidad
con estas disposiciones legales y de acuerdo con la petición presentada por las
empresas de transporte.
49. Agregó que tampoco es cierto que la Entidad haya incurrido en una decisión extra
petita en tanto los resultados del estudio de demanda como la solicitud presentada
por las empresas fue discutida en mesas de trabajo. Además, destacó que la
información que presentó Tax Meta respecto de sillas ofrecidas y los despachos fue
debidamente atendida.
50. Añadió que dentro de sus competencias, el Ministerio reorganizó y racionalizó el
servicio y no “revocó” ninguna autorización. Además, reiteró que la Resolución núm.
105 de 2008 se expidió precisamente para atender las peticiones de las empresas y
no para afectar sus derechos.
51. Como excepciones formuló la de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, bajo el argumento de que la Resolución 2164 de 4 de
junio de 2008 se notificó por edicto desfijado el 22 de julio de 2008, por lo que la
demanda debió presentarte hasta el 25 de noviembre de 2008 y solo fue presentada
el 4 de febrero de 2009.
2.2. Contestación de los Terceros Interesados
17
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
52. Como terceros interesados fueron notificadas de la demanda Velotax Ltda.,
Expreso Bolivariano S.A., Flota La Macarena S.A., Transportes Arimena S.A.,
Transportes Autollanos S.A. y Transportes Morichal S.A.
53. No presentaron contestación las sociedades Autollanos S.A., Expreso
Bolivariano S.A., Velotax Ltda. y Transportes Morichal S.A.
54. En el caso de Transportes Arimena S.A. se tuvo por no contestada la demanda
toda vez que el abogado, Dagoberto Portela Sarmiento, no allegó prueba de que quien
le otorgaba el poder tenía la capacidad para representar a la tercera interesada
2.2.1. Flora la Macarena S.A.6
55. Precisó que aunque en su momento formuló recurso de reposición y en subsidio
de apelación contra la Resolución núm. 105 de 2008, por motivos distintos a los que
esgrime el demandante en el presente proceso, no estimó necesario formular
demanda de nulidad y restablecimiento.
56. Hecha la precisión anterior, se opuso a las pretensiones 2.1. a 2.4. de la demanda
por considerar que los actos acusados no están viciados de nulidad.
57. Bajo la denominación de excepciones invocó la de insuficiente poder para
demandar, afirmando que en el poder conferido por el representante legal de Tax Meta
se refirieron los actos administrativos que serían objeto de demanda, pero se omitió
indicar contra qué entidad o entidades se podía accionar, no existiendo claridad sobre
la persona jurídica sobre la cual fue concedida tal facultad.
58. Afirmó que la circunstancia descrita anteriormente no quedó aclarada con la
demanda en tanto la misma se formuló contra el Ministerio de Transporte que no es
persona jurídica debiendo haberse formulado contra la Nación – Ministerio de
6 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. 59ED_C03_05 CONTESTACION DE LA
DEMANDA FLOTA LA MACARENA S.A.
18
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
Transporte. Como fundamento de esta “excepción” invocó la sentencia del Consejo
de Estado de 27 de mayo de 2009 con ponencia del doctor Mauricio Fajardo.
59. Adujo como segunda excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva,
en tanto el Ministerio como entidad jurídica del sector central de la administración
pública de la rama ejecutiva no tiene personería jurídica, la cual corresponde
únicamente a la Nación de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 del C.C.A. Sobre
estos mismos hechos indicó que se trata de una causal de terminación anticipada del
proceso por falta o indebida representación.
60. Argumentó como tercera excepción la de legalidad de los actos acusados en
tanto afirmó que no compartía los conceptos de violación aducidos por el demandante.
61. En relación con el concepto de violación de las normas, sostuvo que no es de
recibo el argumento según el cual el Ministerio solo tiene competencia respecto al
modo carretero, pero no respecto del transporte de pasajeros por carretera, siendo
errada la interpretación literal hecha por el actor de la palabra “carretero”.
62. Concluyó que de conformidad con el Decreto 2053 de 2003 eran claras las
competencias del Ministerio y de la Subdirección de Transporte para proferir los actos
administrativos demandados y que la expresión “carretero” incluye el transporte de
pasajeros por carretera.
63. Respecto de la solicitud de la operación integral del servicio de transporte, precisó
que la petición con radicado 26315 de 2007 fue firmada por el demandante y que en
el acuerdo de integración del cual hizo parte igualmente, se reconoció la competencia
de la Subdirección de Transportes para la “distribución” de rutas de transporte.
64. Reafirmó que la Resolución núm. 105 de 2008 no establece nuevas políticas para
el otorgamiento de rutas u horarios, sino que contiene la reestructuración de horarios
en tanto las otras medidas eran de competencia del Ministro de Transporte. En este
sentido afirmó que no hay violación de los artículos 48 y 49 del Decreto 171 de 2001,
pues los actos demandados no variaron la capacidad transportadora y en todo caso
19
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
las empresas suscriptoras del acuerdo, incluyendo la demandante, han dado
cumplimiento a la Resolución núm. 105 de 2008.
65. Expuso que dado que las resoluciones demandas no revocan las autorizaciones,
sino que hacen una reestructuración de rutas no hay lugar a invocar ni el artículo 73
del C.C.A., ni el artículo 50 de la Ley 336 de 1996.
66. Finalmente, reafirmó que el artículo 18 de la Ley 336 de 1996, como norma
especial, establece expresamente que los permisos para la prestación del servicio
público de transporte son revocables.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
67. Mediante auto del 15 de abril de 2024, el Despacho sustanciador corrió traslado
a las partes intervinientes para alegar de conclusión e informó al Ministerio Público
que antes del vencimiento del término para alegar de conclusión podía solicitar el
traslado especial.
68. En la oportunidad concedida ninguna de las partes presentó alegato de
conclusión y el Ministerio Público no hizo manifestación de ninguna naturaleza.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia de la Sala
69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, lo
ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y lo prescrito en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 20197, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer el asunto de la referencia.
70. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
20
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
4.2. Consideraciones Previas
4.2.1. La caducidad de la acción
71. La Sala analizará la excepción de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho alegada por la demandada, en tanto de encontrarse
acreditada no sería procedente realizar ningún análisis adicional.
72. Al respecto, resulta pertinente recordar que el Ministerio de Transporte dentro de
su contestación indicó que el término que tenía la demandante para presentar la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho era el 25 de noviembre de 2008 y
que la misma solo había sido radicada el 4 de febrero de 2009, habiéndose
configurado la caducidad de la acción.
73. Para constatar lo afirmado por la demandada, la Sala revisó las actuaciones
administrativas, encontrando que el último acto administrativo objeto de controversia,
esto es, la Resolución núm. 2164 de 2008 se notificó por edicto que fue fijado el 10 de
julio y desfijado el 22 de julio de 20088. Así las cosas, el término de los cuatro (4)
meses para demandar empezó a correr el día 23 de julio de 2008 y vencía el 24 de
noviembre de 2008, por ser el 23 de este mes un día no hábil (domingo).
74. Obra dentro del expediente prueba de que la demanda fue presentada ante la
secretaria del Consejo de Estado el 21 de noviembre de 2008, esto es, dentro del
término de caducidad.
8 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado 58ED_C03_04 OTROS
• ANEXOS CONTESTACION DE LA DEMANDA. Folio 502. Ver además certificación de notificación a
folios 504-506
21
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
”9
75. Visto lo anterior, la Sala tiene por no probada la excepción de caducidad
planteada por el Ministerio, en tanto la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue presentada dentro del término legal de los cuatro (4) meses.
4.2.2. Insuficiencia del poder para demandar y falta de legitimación en la causa
por pasiva
76. Flota La Macarena -tercero interesado- alegó en su contestación que el poder
presentado por la demandante no era claro ni suficiente, pues si bien indicaba los
actos que serían objeto de controversia no precisaba cuál era la Entidad demandada
(insuficiencia del poder presentado).
77. Igualmente indicó que la insuficiencia del poder no se habría solucionado con la
demanda en tanto esta había sido formulada contra el Ministerio de Transporte,
entidad que no tiene personería jurídica, por lo cual se habría configurado una falta de
legitimación en la casusa por pasiva y con ello una causal de terminación anticipada
del proceso.
9Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado 23ED_C02_02
DEMANDA Y ANEXOS – DEMANDA. Folio 267.
22
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
78. La Sala estima que ninguna de estas alegaciones tiene vocación de prosperidad.
En primer lugar, porque en el poder que fue conferido para presentar la demanda se
indicó que los actos que serían demandados habían sido expedidos por el Ministerio
de Transporte y, además, se identificó cada uno de ellos con número, fecha y
contenido10, por lo que era claro el alcance del poder conferido a la profesional del
derecho para representar a la sociedad Tax Meta11. A juicio de la Sala el poder debe
apreciarse de manera aunada con la demanda en la cual se identifica claramente que
la Entidad demandada es el Ministerio de Transporte.
79. En cuanto a la falta de legitimación por pasiva, la Sala observa que fue el
Ministerio de Transporte quien expidió los actos administrativos sujetos de
controversia, y por lo tanto era a esa entidad a quien le correspondía ser parte pasiva
del presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del C.C.A. que
al respecto indica:
“ARTÍCULO 149. Modificado por el art. 49, Ley 446 de 1998 Las entidades públicas y
las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes,
demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de
sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones
previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.
En los procesos contencioso-administrativos la Nación estará representada por el
ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador
Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona
de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. […]”
(Negrillas de la Sala).
80. En consecuencia, no encuentra la Sala sustento para declarar la prosperidad de
estas excepciones ni probada la causal de terminación anticipada del proceso.
4.3. Análisis del caso concreto
81. Precisados los puntos anteriores, corresponde a la Sala establecer si los actos
demandados fueron expedidos por la autoridad competente y si además atendieron
las normas en que debían fundarse, para lo cual será necesario abordar los cargos
10Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado 19ED_C01_01 PODER
11Cfr.
índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado 23ED_C02_02
DEMANDA Y ANEXOS – DEMANDA
23
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
formulados por la demandante agrupándolos en tanto ello resulte necesario por su
conexidad.
4.3.1. La intervención del Estado en el sector Transporte
82. Con miras a establecer las medidas que podía adoptar el Ministerio frente a las
peticiones formuladas por las empresas de transporte que cubrían la ruta Bogotá –
Villavicencio – Llanos orientales y viceversa, resulta determinante volver sobre
algunos principios aplicables a la intervención del servicio de transporte.
83. Sea lo primero, recordar que el transporte es un servicio público esencial en
relación con el cual la intervención del Estado vía regulatoria e inspección, tiene como
fines la prevalencia del interés general sobre el particular, la seguridad y la adecuada
prestación y protección de los usuarios.
84. Tanto la Ley 105 de 199312 como la Ley 336 de 199613 reiteran el carácter de
servicio esencial del transporte público y resaltan la importancia de la intervención del
Estado para obtener los fines del modelo de economía social de mercado, en el que
las necesidades del usuario y el interés general deben primar14.
85. En coherencia con lo señalado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
sede de tutela ha resaltado en diversas oportunidades la naturaleza del transporte
público, sus fines y sus límites. A manera de ejemplo, en la sentencia T-026 de 2006
indicó:
“4. El servicio de transporte colectivo es un servicio público. […] El servicio
de transporte colectivo es un servicio público sobre el cual el Estado está en la
obligación constitucional de asegurar la prestación eficiente del mismo a todos los
habitantes del territorio nacional. Por mandato de la misma Carta le corresponde
al Estado la regulación, el control y la vigilancia, tal como lo dispone el artículo 365
de la Constitución. Así mismo, el Estado debe regular y vigilar la industria del
transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Carta. Asuntos
que se analizaron en la sentencia T-1094 de 2005, en los siguientes términos:
12 Cfr. Artículos 2 y 3 de la Ley 105 de 1993
13 Cfr. Artículo 4, 17, 18de la Ley 336 de 1996
14 Cfr. Literal b) del artículo 2 de la Ley 105 de 1993
24
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
“3.1 La Constitución Política consagra en el numeral 23 del artículo 150 que
es función del Congreso de la República expedir las leyes que regirán la
prestación de los servicios públicos. Además, el Constituyente dispuso en el
artículo 365 de la Carta que los servicios públicos se encuentran sometidos al
régimen jurídico que establezca la ley y, podrán ser prestados por el Estado
directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares,
pero en todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y vigilancia de
los servicios en cuestión. La jurisprudencia de esta Corte ha señalado en
reiteradas ocasiones la relevancia constitucional del transporte como servicio
público. Ello en reconocimiento de la trascendencia que dicho servicio ha
adquirido en la vida moderna y que ha permitido un enorme progreso social y
crecimiento económico[1].” (sentencia T-1094 de 2005, MP, doctor Jaime
Araújo Rentaría)
Por las mismas razones constitucionales, el Estado colombiano interviene en la
industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la
Administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la
prevalencia del interés general en esta materia. En la misma sentencia se
resumieron estos conceptos así:
“En estos casos, al igual que ocurre con el contrato estatal de concesión de
servicios públicos, la Administración goza de ciertos derechos y prerrogativas
ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a
introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una
mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al
operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o
conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad
desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y
que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir
al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a
revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado,
por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en
la Constitución, la ley o los reglamentos.[2]”15. (Subraya del texto).
86. En este orden de ideas, el Estado a través del Ministerio de Transporte está
habilitado para atender las peticiones de concesión de permisos, rutas y horarios y
todas aquellas que presenten las empresas de transporte con el fin de optimizar los
servicios, hacerlos más eficientes, crear economías de escala y, en general, atender
de manera adecuada la demanda, para lo cual podrá en algunas circunstancias
adoptar decisiones de oficio a través de las cuales impone las condiciones de la
prestación del servicio de transporte en determinadas zonas y revoca los permisos
cuando las circunstancias así lo exijan.
15 Corte Constitucional, sentencia T-026 de 2006.
25
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
87. Sobre estas consideraciones generales la Sala estima necesario entrar a estudiar
en mayor detalle las funciones de la Subdirección de Transporte del Ministerio a fin de
conocer sus competencias y los límites a las mismas.
4.2.3. Las competencias de la Subdirección de Transporte
88. Bajo este numeral abordará la Sala los cargos que dentro de la demanda se
identificaron como B.1 y B.2 y que corresponden a los numerales 1.4.1 y 1.4.2. del
concepto de la violación.
89. Así, corresponde a la Sala establecer si estaba dentro de las competencias de la
Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte efectuar la reestructuración
del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en
las rutas del corredor vial Bogotá – Villavicencio – Los Llanos Orientales y viceversa,
conforme se hizo en la Resolución núm. 105 de 2008.
90. Lo primero que hay lugar a destacar es que el Decreto 2053 del 23 de julio de
2003 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se dictan
otras disposiciones”, vigente para la época de los hechos, disponía en su artículo 15
las competencias y funciones de la Subdirección de Transporte en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 15. Subdirección de Transporte. La Subdirección de Transporte
cumplirá las siguientes funciones:
[…]
15.5. Expedir los actos administrativos necesarios para las autorizaciones y
demás requerimientos relacionados con el transporte carretero, marítimo, fluvial y
férreo.
[…]
15.7. Expedir los actos administrativos en relación con los procesos de
homologaciones, adjudicación de rutas y horarios, capacidad transportadora,
habilitación, permisos de operación, declaratoria de vacancia o abandono de rutas
y horarios, para el perímetro nacional, de los modos de su competencia”.
26
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
91. Por su parte, la Resolución 007111 del 8 de agosto de 2003 establecía como
funciones a cargo del Subdirector Operativo en el área de transporte las siguientes:
“AREA DE TRANSPORTE
1. Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la formulación de las políticas,
regulación técnica en materia de transporte de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos en materia de transporte de su
competencia a nivel nacional e internacional.
[…]
5. Aprobar los estudios y expedir los actos administrativos necesarios para las
autorizaciones y demás requerimientos relacionados con el transporte carretero,
marítimo, fluvial, férreo y masivo”.
92. Adicionalmente, cabe destacar que respecto a las competencias de la
Subdirección de Transporte obra en el expediente el Memorando MT 1350-1 del 15
de noviembre de 2001 dirigido por parte del Jefe de la Oficina Jurídica al Director de
Transporte y Tránsito16, en el cual se dispuso:
“2. El artículo 1° del proyecto [Proyecto de Resolución que precedió la expedición
de la Resolución 105 del 15 de enero de 2008] autoriza la reestructuración del
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que
actualmente se tiene autorizado en las rutas de dicho corredor, en el entendido que
se está aplicando el artículo 37 y siguientes del Decreto 171 de 2001, con todas sus
formalidades establecidas
Como quiera que las rutas objeto de reestructuración abarcan la jurisdicción de los
departamentos de Cundinamarca y meta, le corresponde por competencia a la
Subdirección de Transporte expedir el acto administrativo en relación con la
reestructuración de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo
15 del Decreto 2053 de 2003” (Negrillas de la Sala)
93. Revisadas las normas citadas, la Sala encuentra que las competencias de la
Subdirección de Transporte fueron establecidas de manera muy amplia, en tanto
abarcan no solo los diferentes modos de transporte (carretero, marítimo, fluvial y
férreo) sino además las distintas clases de decisiones que pueden adoptarse respecto
de las solicitudes presentadas por las empresas de transporte, entre otras, las
16Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA, página 49
27
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Demandante: Tax Meta S.A.
homologaciones, adjudicaciones, permisos de operación, declaratoria de vacancia o
abandono etc.
94. Si bien el artículo 15 del Decreto 2053 del 23 de julio de 2003 no refiere
expresamente como competencia de la Subdirección de Transporte, la de definir,
autorizar o proceder con la “reestructuración” de las rutas y horarios o las de autorizar
la integración del servicio de transporte, lo cierto es que dentro de las funciones
generales a que alude la mencionada norma y en especial sus numerales 5 y 7 citados
anteriormente, sí que puede entenderse comprendida la competencia relacionada con
la “reestructuración” de horarios en el transporte de pasajeros por carretera, conforme
lo ratificó la oficina jurídica del Ministerio en el concepto antes citado.
95. Adicionalmente, esta interpretación es desde el punto de vista teleológico y
sistemático aquella que resulta más coherente con objetivos de las normas
mencionadas y coherente igualmente con las competencias del cargo de Subdirector
de Transporte fijadas en el Decreto que establecía las funciones de las distintas
dependencias y funcionarios del Ministerio de Transporte.
96. De otra parte, no encuentra la Sala que existan razones para considerar que la
expresión “carretero” contenida en el numeral 5 del artículo 15 del Decreto 2053 del
23 de julio de 2003, no se refiera, o mejor aún, excluya expresamente el transporte de
pasajeros por “carretera” como lo argumenta el demandante cuando afirma “[…] que
no es lo mismo transporte carretero, que transporte de pasajeros por carretera, puesto
que carretero difiere de carretera […]”, concluyendo que “[…] el Sub Director de
Transporte del Ministerio de Transporte, tiene la competencia, para conceder los actos
administrativos en el transporte de pasajeros carretero, pero carece de la facultad para
conceder los actos administrativos en el transporte de pasajeros por carretera”.
97. En realidad, el análisis literal pero descontextualizado de la expresión “carretero”
que esgrime el demandante no se corresponde con ninguno de los métodos de
interpretación de las normas, esto es, ni con el método sistemático, ni con el
teleológico ni con el de la interpretación auténtica.
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
98. No puede entenderse, contrario a lo que afirma el demandante, que la expresión
“carretero” en el contexto de las normas de transporte se refiera únicamente a “El que
hace carros y carretas” o el “hombre que guía las caballerías o que tira de carros y
carretas” o bien la “persona que habla o se comporta con escasa educación o
blasfema con facilidad”17, pues si bien estas son acepciones de la palabra “carretero”
que se hallan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dicha palabra o
expresión no está aislada ni aparece en un ámbito literario sino que debe ser
interpretada de manera sistemática y teleológica dentro del contexto de las normas
legales del sector transporte.
99. Contrario a lo afirmado por el demandante, lo que arrojan las distintas formas de
interpretación normativa mencionadas, es que la expresión “carretero” hace referencia
al modo de transporte por carretera, que se diferencia de aquellos que se realizan por
otras vías como mar (marítimo), aire (aéreo) y ríos (fluvial). Una búsqueda simple de
la expresión “carretero” en textos legales como el Decreto 1079 de 2015 que hoy
define al Ministerio de Transporte como el encargado de la regulación de todos los
modos de transporte, ratifica esta interpretación.
100. En síntesis, para la Sala es claro que la Subdirección de Transporte si era la
competente para definir o pronunciarse sobre la restructuración de rutas del corredor
vial Bogotá – Villavicencio – Los Llanos Orientales y viceversa, por lo que además
debe indicarse que no existió una extralimitación de funciones por parte del
Subdirector, quien actuó bajo el amparo de las normas que establecen sus
competencias y funciones.
101. En todo caso la Sala precisa desde ahora, sin perjuicio de las explicaciones que
se darán más adelante, que la restructuración a la que aludió la Resolución núm. 105
de 2008, en realidad se limitó -tal como lo explicó el Ministerio de Transporte en su
contestación- a la reestructuración de horarios en la ruta previamente autorizada a las
empresas de transporte a las que se refirió el acto administrativo demandado. Las
17 Cfr. RAE
29
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
restantes decisiones -producto de las peticiones hechas por las empresas-
relacionadas con el corredor vial Bogotá – Villavicencio – Los Llanos Orientales-
fueron adoptadas por el Ministro de Transporte a través de la Resolución núm. 755
del 29 de febrero de 2008, acto que, se precisa, no fue demandado en el presente
trámite.
102. Igualmente, la Sala estima necesario señalar que el demandante solo controvirtió
la competencia de la Subdirección de Transporte y no la competencia de la Dirección
de Transporte (Director de Transporte) a pesar de que esta última fue la dependencia
que expidió la Resolución núm. 2164 de 2008 por medio de la cual se resolvió el
recurso de apelación contra la Resolución núm. 105 de 2008.
103. En el anterior orden de ideas la Sala estima que los cargos primero y segundo no
están llamados a prosperar, en tanto los actos demandados fueron expedidos por las
autoridades competentes (Subdirector de Transporte y Director de Transporte) sin que
hubiera existido extralimitación en sus funciones por lo que tampoco hay lugar a
considerar infringido el artículo 6 de la Constitución Política.
4.2.4. La figura de la restructuración de rutas y horarios regulada en el artículo
37 del Decreto 171 de 2001
104. Bajo este numeral abordará el cargo que dentro de la demanda se identificó
como B.3 y que corresponden al numeral 1.4.3 del concepto de la violación.
105. La Sala deberá definir si la Subdirección de Transporte podía tramitar la petición
de integración que fue formulada por las empresas a través del radicado MT - 26315
del 24 de abril de 2007, como una restructuración en los términos establecidos en el
artículo 37 del Decreto 171 de 0021 y, de ser así, determinar sí en efecto se cumplieron
los requisitos para ello.
4.2.4.1. Antecedentes fácticos
30
Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
106. Atendiendo lo dispuesto en la Ley 336 de 1996, en el artículo 25 del Decreto 171
de 200118 y las peticiones de las empresas19, en el año 2006 el Ministerio de
Transporte decidió realizar un estudio técnico en la ruta Bogotá – Villavicencio – Los
Llanos Orientales en coordinación con las empresas de transporte y con el apoyo de
las terminales de Bogotá y Villavicencio20, cuyo objetivo fundamental fue el siguiente:
“4.- 0BJETIV0S
4.1 - Objetivo general. El objetivo general de la propuesta para el diseño operativo
del corredor Bogotá - Villavicencio - El Llano y viceversa, busca gestionar,
organizar, planear y controlar la operación de transporte bajo el esquema de un
SISTEMA ADMINISTRADOR DE RUTAS conformado por todas las empresas
autorizadas en el mismo, bajo la estrategia de la oferta de despachos organizados
y distribuidos mediante un plan de operación dinámico, de acuerdo con las
fluctuaciones de !a demanda, de manera que se garantice, un excelente servicio
en condiciones de segundad y comodidad para los usuarios”21.
107. El estudio realizado arrojó como conclusiones que “[…] las condiciones de
operación no satisfacen de manera efectiva la demanda de transporte […]” y “[…]
Que las actuales condiciones de operación reflejadas en los resultados del estudio,
obedecen esencialmente al actual esquema empresarial basado en la afiliación de
vehículos, generando consecuencias como: operación individualizada por unidad
vehicular, intereses encontrados entre empresarios, propietarios y conductores;
prioridad para las empresas la asignación de capacidad transportadora y afiliación de
vehículos, atomización de servicio en los ejes de mayor demanda, abandono del
18 Decreto 171 de 2001. “Artículo 25. Determinación de las necesidades de movilización. Será el
Ministerio de Transporte el encargado de determinar las necesidades y demandas insatisfechas
de movilización, como de implementar las medidas conducentes para su satisfacción. Para el
efecto, la Comisión de Regulación de Transporte señalará los parámetros y condiciones generales bajo
las cuales se deben adelantar los estudios que permitan determinar la existencia de demanda
insatisfechas de movilización. Cuando los estudios no los adelante el Ministerio de Transporte, serán
contratados por las empresas interesadas en el otorgamiento de nuevos servicios y elaborados por
universidades, centros consultivos del Gobierno Nacional y consultores especializados en el área de
transporte” (Negrillas de la Sala).
19 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Considerandos de la Resolución núm.105 de
2008. Folio 6
20 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Páginas 80 y siguientes que contienen el
documento denominado “Sistema Administrador de Rutas SAR. Propuesta para la Implementación de
un modelo operativo para el corredor Bogotá D.C. – Villavicencio – Llanos Orientales.
21 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Folio 87.
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Demandante: Tax Meta S.A.
servicio en rutas de baja demanda, sobreoferta de vehículos en el corredor,
sobrecostos, guerra del centavo y con ellos ineficiencia en el servicio y altos costos
sociales”22.
108. Atendiendo los resultados del estudio y tras varias reuniones realizadas con el
Ministerio de Transporte, los representantes de Transportes Arimena S.A.,
Transportes Morichal S. A., Transportes Autollanos S.A., Flota La Macarena S.A.,
Expreso Bolivariano S.A., y Velotax Ltda., consolidaron una propuesta que fue
presentada bajo el radicado MT-24338 del 17 de abril de 200723 (petición original) con
el asunto “solicitud de integración empresarial para la prestación del servicio público
de transporte de pasajeros por carretera en el corredor Bogotá-Villavicencio-Llanos
orientales y viceversa”.
22 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Considerandos de la Resolución núm.105 de
2008.
23 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 79ED_C04_01 OTROS
• PRUEBAS Y ANEXOS. Páginas 143-149.
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Demandante: Tax Meta S.A.
109. A través de esta petición las empresas presentaron al ministro la propuesta de
un plan de despachos que había sido discutido previamente con el Ministerio y
además formularon otras peticiones respecto a la adopción de medidas relacionadas
con la terminación de permisos transitorios, convenios de colaboración empresarial,
determinación de tarifas, actualización de la normativa para viabilizar el sistema de
administración de rutas y, finalmente, adoptar las medidas necesarias para continuar
con el proceso en las rutas que conforman el corredor.
110. Respecto de esta primera versión de la petición, la demandante formuló algunas
salvedades o reservas, en los siguientes términos24:
111. Posteriormente, las empresas transportadoras presentaron una nueva versión de
la petición bajo el radicado MT - 26315 del 24 de abril de 200725 (propuesta ajustada
o petición 2), la cual fue suscrita por parte de Tax Meta sin ningún tipo de reservas o
aclaraciones según consta en las imágenes que se incluyen a continuación:
24 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 79ED_C04_01 OTROS -
PRUEBAS Y ANEXOS. Folio 142.
25 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02 DEMANDA Y
ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Páginas 194 -203.
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Demandante: Tax Meta S.A.
[…]
34
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Demandante: Tax Meta S.A.
112. Es importante resaltar que la información que suministraron las empresas de
transporte -incluyendo la demandante- dentro de la petición de integración contenida
en el radicado MT - 26315 del 24 de abril de 2007, fue la que posteriormente tuvo en
cuenta la Subdirección de Transporte, para adoptar la decisión que se incluyó en la
Resolución núm. 105 de 2008. Una comparación sencilla entre la información
entregada por las empresas transportadoras con la petición y el contenido de la
resolución prueban lo afirmado:
• Información incluida en la Propuesta de Integración Radicado MT-26315 del 24
de abril de 200726
• Información incluida en la Resolución núm. 105 de 2008
26 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02 DEMANDA Y
ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Folio 202.
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Demandante: Tax Meta S.A.
[…]
113. Si bien es cierto que con posterioridad al mencionado radicado (MT - 26315 del
24 de abril de 2007), la demandante presentó ante el Ministerio observaciones de
“carácter técnico y legal” a través de las comunicaciones con radicados MT 50049 del
28 de agostos de 200727 y MT 60085 del 5 de septiembre de 200728, las que valga
señalar coinciden con los argumentos esgrimidos en sus recursos, lo cierto es que
27 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 79ED_C04_01 OTROS -
PRUEBAS Y ANEXOS. Folios 170-171.
28 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 79ED_C04_01 OTROS -
PRUEBAS Y ANEXOS. Folios 191 a 199.
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Demandante: Tax Meta S.A.
todas estas observaciones fueron contestadas por el Ministerio en la Resolución núm.
105 de 200829.
114. Una vez recibida la propuesta ajustada o propuesta 2, el Ministerio de
Transporte través de la Subdirección de Transporte consideró satisfechos todos los
requisitos para enmarcar la solicitud formulada dentro de lo establecido en el artículo
37 del Decreto 171 de 2001, tal y como lo expuso en los considerandos de la
Resolución núm. 105 del 15 de enero de 2008:
“Que analizadas las observaciones del Representante Legal de la empresa Tax.
Meta S.A., este despacho considera que desde el punto de vista técnico el estudio
de oferta y demanda, base para la reestructuración, cumplió con todos los
requisitos y parámetros, establecidos tanto en el Decreto 171 de 2001 como en la
resolución 3202 de 1999 y que la reestructuración solicitada por los
representantes legales de todas las empresas autorizadas en las rutas
objeto de la misma, incluido el representante legal de Tax Meta S.A. se
enmarca dentro de Io establecido en el artículo 37 del Decreto 171 de 200130.
(Negrillas de la sala)
4.2.4.2. Reestructuración e Integración empresarial
115. Conociendo los antecedentes fácticos, la Sala estima necesario revisar en
detalle el contenido de la propuesta que fue presentada por las empresas bajo el
radicado MT - 26315 del 24 de abril de 200731 y examinar si los requisitos del artículo
37 del Decreto 171 de 2001 con el fin de establecer si la Subdirección de Transporte
podía dar por acreditados estos requisitos y encajar la petición en la figura de la
“reestructuración”, a pesar de que en la literalidad de la petición se hubiera hecho uso
29 Considerandos de la Resolución No. 105 del 15 de enero de 2008: “Que analizadas las observaciones
del Representante Legal de la empresa Tax. Meta S.A., este despacho considera que desde el punto
de vista técnico el estudio de oferta y demanda, base para la reestructuración, cumplió con todos los
requisitos y parámetros establecidos tanto en el Decreto 171 de 2001 como en la resolución 3202 de
1999 y que la reestructuración solicitada por los representantes legales de todas las empresas
autorizadas en las rutas objeto de la misma, incluido el representante legal de Tax meta S.A., se
enmarca dentro de Io establecido en el artículo 37 del Decreto 171 de 2001.
30 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Considerandos de la Resolución núm.105 de
2008.
31 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 79ED_C04_01 OTROS
• PRUEBAS Y ANEXOS. Folios 159-167 e igualmente en Índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
Archivo denominado: 20ED_C01_02 DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA. Páginas 194 -203.
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Demandante: Tax Meta S.A.
de la expresión “integración empresarial” tal y como consta en los siguientes apartados
del radicado ya mencionado:
“
[…]
Se autorice la operación de manera integrada a las empresas, Cooperativa de
Transportes VELOTAX LTDA., EXPRESO BOLIVARIANO S.A., FLOTA LA
MACARENA S.A., TAX META S.A., TRANSPORTES ARIMENA
S.A.,TRANSPORTES AUTOLLANOS S.A. y TRANSPORTES MORICHAL S.A.
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de
Pasajeros por Carretera, de acuerdo a la siguiente distribución de despachos,
que aparece en cuadro adjunto, la cual garantiza la satisfacción de la
demanda de manera segura, oportuna, eficaz y autocontrolada. Esta
distribución será ajustada de manera proporcional, directamente por las empresas
teniendo en cuenta la dinámica de la demanda […]” (Negrilla de la Sala)
116. Para claridad sobre el proceder de la Subdirección de Transporte es importante
resaltar que dentro del capítulo V del Decreto 171 de 2001 se regulaban distintos
aspectos y vicisitudes relacionados con la prestación del servicio de transporte por
carretera así, por ejemplo, la prolongación de rutas, el cambio de nivel de servicios, la
reestructuración de horarios y, desde luego, la integración entre empresas.
117. En relación con la figura de la reestructuración el artículo 37 del Decreto 171
de 2001 literalmente establecía:
“Las empresas de transporte que tengan autorizada una ruta en origen - destino,
podrán solicitar conjuntamente la modificación, incremento o disminución de sus
horarios.
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Demandante: Tax Meta S.A.
Para Io anterior, suscribirán un acta de acuerdo que contemple la distribución de
los horarios en las 24 horas de cada día, indicando el término de duración del
acuerdo, el cual no podrá ser inferior a un año.
El acuerdo, que bajo ninguna circunstancia implica incremento de las capacidades
transportadoras de las empresas, debe garantizar que la demanda será suficiente
y debidamente atendida y que la calidad del servicio no se verá desmejorada.
Para tal efecto deberán registrar ante el Ministerio de Transporte el acta de
acuerdo, debiendo empezar a servir los nuevos servicios dentro de los quince (15)
días siguientes de ejecutoria del Acto Administrativo mediante la cual se reconoce
la reestructuración.
En caso de terminación del acuerdo, cada empresa continuará prestando los
servicios que tenía autorizados antes de su celebración.
PARAGRAFO. - Cuando no exista consenso para la suscripción del acta de
acuerdo, previa autorización del Ministerio de Transporte, sin generar paralelismo
con los horarios de otras empresas, cada empresa registrará aquellos que
servirá”.
118. Por su parte, el artículo 41 del Decreto 171 de 2001 en relación con los
acuerdos de colaboración y a la integración señalaba lo siguiente:
“Artículo 42. Convenios de colaboración empresarial. Reglamentado por la
Resolución del Min. Transporte 1018 de 2009. El Ministerio de Transporte, por
intermedio de la Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor autorizará
convenios de colaboración empresarial bajo las figuras del consorcio, unión
temporal o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la
racionalización del uso del equipo automotor, procurando una mejor, eficiente,
cómoda y segura prestación del servicio.
Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente
autorizados a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los efectos
continuará con la responsabilidad acerca de su adecuada prestación.
Igualmente se autorizarán para la conformación de consorcios o de
sociedades comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o
subsistemas de rutas y de acuerdo con la demanda, para la integración a
sistemas de transporte masivo, el Ministerio de Transporte podrá reestructurar
y modificar los horarios autorizados.
En caso de terminación de un convenio, cada empresa continuará prestando los
servicios que tenía autorizados antes de su celebración” (Negrillas de la Sala).
119. Vistas las normas anteriores, salta a la vista que la “reestructuración” y la
“integración” eran figuras diferentes con un alcance igualmente distinto. Mientras la
reestructuración implicaba la petición de varias empresas para la modificación,
incremento o disminución de sus horarios, teniendo el deber de suscribir un acuerdo
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
con este fin además de incluir una distribución de horarios en las 24 horas de cada
día; la integración conllevaba la celebración de un acuerdo de colaboración, bajo las
formas del consorcio, unión temporal o asociación de empresas habilitadas, cuyo fin
era la racionalización del uso del equipo automotor o bien la integración de sistemas
de transporte masivo.
120. Revisado el documento con radicado MT - 26315 del 24 de abril de 2007, la
Sala observa que si bien este se denominó “Solicitud Integración empresarial para la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros por carretera en el Corredor
Bogotá - Villavicencio - Llanos Orientales y viceversa” de su contenido se evidencia
que el mismo no correspondía a un contrato de colaboración bajo la forma de
consorcio, unión temporal o las demás mencionadas en el artículo 41 del Decreto 171
de 2001, ni tampoco atendía a las finalidades de esta clase de figura en los términos
descritas en esta norma, esto es, no tenía por objeto ni la racionalización del uso del
equipo automotor ni la integración a sistemas de transporte masivo.
121. Así las cosas, descartada la aplicación de la figura de la integración empresarial
procede la Sala a examinar el documento con radicado MT- 26315 del 24 de abril de
2007, del cual deben destacarse: (i) Que fue presentado por todas las empresas que
tenían autorizadas las rutas del Corredor Bogotá - Villavicencio - Llanos Orientales;
(ii) Que no implicaba el incremento o disminución de las capacidades transportadores
y (iii) Que contenía una petición que en términos generales se contraía a la
autorización de la operación integrada bajo un acuerdo de distribución de despachos,
que fue incluido como anexo a y a través del cual las empresas afirmaron que lograrían
la satisfacción de la demanda de manera segura, oportuna, eficaz y autocontrolada.
Destacan los siguientes apartados:
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Demandante: Tax Meta S.A.
[…]
122. Se resalta que en el documento con radicado MT-26315 del 24 de abril de 2007
se incluyeron otras solicitudes o peticiones, a saber: (i) la terminación de los acuerdos
de colaboración empresarial; (ii) que las labores de control y vigilancia por parte de
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Demandante: Tax Meta S.A.
las autoridades competentes se ejerza de manera eficiente y permanente; (iii) que se
habilite o autorice el funcionamiento de un parador; (iv) que se determinen las tarifas
para las diferentes rutas; (v) que se examine el marco legal para dotar al SAR de los
elementos que garanticen su adecuado funcionamiento y que este pueda adoptar
ajustes operativos como consecuencia de la fluctuación de la demanda y, finalmente,
(vi) que se dé un acompañamiento permanente del Ministerio para desarrollar todos
los puntos mencionados.
123. Para la Sala el documento con radicado MT-26315 del 24 de abril de 2007
contenía múltiples aspectos relacionados con el Corredor Bogotá – Villavicencio –
Llanos Orientales y viceversa, entre los cuales, solo uno de ellos se refería al acuerdo
de distribución de despachos, petición que fue debidamente atendida por la
Subdirección de Transporte a través de la aplicación de la figura de la restructuración
de horarios y, más específicamente de los despachos aplicables a cada empresa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la del Decreto 171 de 2001.
124. Las restantes solicitudes [entre otras, la suspensión de la libertad de horarios y
tarifas, dejar sin efectos los convenios de colaboración empresarial y los permisos
especiales y transitorios32, también fueron atendidas por el Ministerio pero en este
caso a través de un acto administrativo distinto, esto es, en la Resolución núm. 755
del 29 de febrero de 2008 expedida por el Ministro de Transporte por tratarse de temas
que eran de su competencia.
125. Lo anteriormente señalado consta en los considerandos de la Resolución núm.
105 del 15 de enero de 2008 en la cual se indicó:
“Que por recomendación de la Oficina jurídica de este Ministerio mediante
memorando MT-68888 de noviembre 15 de 2007 el presente acto
administrativo solo contiene la reestructuración de horarios (despachos)
competencia de esta Subdirección y las medidas sobre la integración
empresarial, tarifas, permisos transitorios, libertad de horarios, convenios y
32Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA 81ED_C05_01 OTROS - PRUEBAS Y ANEXOS.
Folios 148 -150
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
unificación de despachos se adoptaran por el despacho del señor Ministro
en acto administrative diferente”33. (
126. Y en el mismo sentido también puede verse la Resolución 02164 de 2008 a
través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
núm. 105 de 2008, en la que se dispuso:
“En cuanto a Io expuesto sobre la no resolución de todas las solicitudes, es un
argumento que no está llamado a prosperar toda vez que en el mismo concepto
de la Oficina Jurídica (MT-68888 de 2007) en forma bastante Clara -en relación
con la resolución impugnada- contempló que el presente acto administrativo
solo contiene la reestructuración de horarios (despachos) y que en
tratándose de las demás medidas concernientes a la integración
empresarial, como tarifas, permisos transitorios, convenios, etc., las mismas
se adoptarán por el despacho del señor Ministro en un acto administrative
diferente, es decir, que hay que diferenciar Io que constituye una reestructuración
realizada como producto de una concertación y estudio de oferta y demanda
realizado, de lo que es la nueva reglamentación frente a los aspectos allí
contemplados y sobre los cuales se adelanta el proceso correspondiente para su
expedición, tan cierto es lo expresado, que el 29 de febrero de 2008 se expidió la
Resolución No.000755 a través de la cual se contempló, entre otros aspectos, que
los Convenios de Colaboración Empresarial y los Permisos Especiales y
Transitorios autorizados en las rutas señaladas en la precitada normativa
quedaban sin vigencia a los treinta (30) días de la ejecutoria del Acto
Administrativo No.000105 de 2008”34 (Negrilla del texto).
127. Contrario a lo señalado por el demandante la Sala encontró que la Subdirección
de Transporte, atendiendo una de las finalidades de la petición y encontrando
satisfechas las exigencias del artículo 37 ejusdem, procedió con la reestructuración
de horarios considerando la información que le fue suministrada por las propias
peticionarias. Téngase presente además que la petición cumplía lo dispuesto en el
artículo 37 en tanto (i) fue formulada por las empresas que atendían la ruta en
cuestión; (ii) se trataba de un acuerdo de distribución de horarios en las 24 horas de
cada día; (iii) no se trataba de un incremento de capacidad; (iv) a través de la
propuesta se trataba de atender de manera más completa la demanda y brindar un
mejor servicio, luego no implicaba una desmejora del mismo; y (v) no suponía en
ningún caso la constitución de una Unión Temporal o un Consorcio o cualquier otra
forma de colaboración.
33 Ibidem
34 Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02 DEMANDA Y
ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
4.2.4.3. Otros aspectos relacionados con la reestructuración de rutas
128. A lo largo de su demanda, Tax Meta realiza otra serie de afirmaciones,
disquisiciones en relación con la figura de la reestructuración con el fin de demostrar
que esta era improcedente. Pasa la Sala a revisar cada uno de estos argumentos.
129. En primer lugar, el demandante aduce que no podía aplicarse la figura de la
reestructuración en la medida en que lo autorizado a través de la Resolución núm.105
de 2008 implicaba una desmejora de la calidad del servicio y por esta vía el
incumplimiento de uno de los requisitos del artículo 37 del Decreto 171 de 2001, por
cuanto la Subdirección habría suprimido sin razón alguna el servicio de lujo en la clase
buses que tenía previamente autorizado la empresa demandante.
130. Respecto a este argumento, en la Resolución núm. 1401 de 2008 a través de
la cual se desató el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 105
de 2008, la Subdirección de Transporte afirmó:
“Sobre el desmejoramiento de la calidad del servicio, del cual dice el recurrente
fue afectado por cuanto se le suprimió el nivel de servicio de lujo, esta
Subdirección actuó conforme a los fundamentos prescritos en los Artículos
25 y 37 del Decreto 171 de 2001, además de Io consagrado en el Artículo 18
de la Ley 336 de 1996, en tal sentido, es de tener en cuenta que las
autorizaciones administrativas en materia de servicios públicos protege la
prevalencia del interés colectivo sobre el interés particular al igual que todo
lo que esgrime el estado (sic) social de derecho[…]”35. (Negrillas de la Sala).
131. Para la Sala es claro que la demandada antes que negar las modificaciones
efectuadas respecto al servicio de lujo, justifica esta decisión a partir de las normas
especiales que en el sector transporte autorizan introducir modificaciones a las
autorizaciones y permisos (artículo 18 de la Ley 336 de 1996) y en la jurisprudencia
que ha avalado esta clase de decisiones, por ejemplo, la sentencia T-1094 de 2005.
35Cfr. índice 049 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20ED_C01_02
DEMANDA Y ANEXOS - ANEXOS DE LA DEMANDA., página 28
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132. Al respecto la Sala estima que siendo el transporte un servicio público esencial
bajo la vigilancia e intervención del Estado, existiendo normas especiales que habilitan
la introducción de cambios y modificaciones en los permisos y autorizaciones
concedidas a las empresas, sin que además resulte necesaria la autorización expresa
del titular o beneficiario del permiso, y siendo prioritario garantizar la prevalencia del
interés general sobre el particular, los cambios hechos en el servicio de lujo estaban
plenamente justificados y en esta medida no implicaban una afectación en la calidad
del servicio ni tampoco un incumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo
37 del Decreto 171 de 2001.
133. En segundo lugar, resulta relevante examinar los efectos que pudieran derivar
para el caso sub judice de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-
066 de 1999, por cuanto el demandante indicó que a la luz de este fallo la Subdirección
de Transporte no podía establecer las condiciones para el otorgamiento de rutas al
amparo de la figura de la integración de servicios, pues esta es una figura inexistente
en la normativa de transporte y que en cualquier lugar sería necesario una Ley o
Reglamento que lo habilitara.
134. Visto el fallo C-066 de 1999 por medio del cual se declaró inexequible la
expresión “a través del Ministerio de Transporte o sus organismos adscritos”,
contenida en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, la Sala estima que ni
la decisión de la Corte ni sus considerandos tienen efectos sobre el análisis hecho
hasta este punto en relación con las funciones de la Subdirección de Transporte.
135. Debe tenerse presente que el fallo de constitucionalidad recalca que la potestad
reglamentaria en materia de transporte y concretamente sobre las condiciones para
el otorgamiento de rutas, se encuentra radicada en cabeza del presidente de la
República.
136. Al respecto debe resaltarse que (i) la reestructuración estaba regulada para el
momento de los hechos por el Decreto 171 de 2001 que fue expedido por el
presidente, con lo cual no se habría desconocido su potestad reglamentaria y (ii) la
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reestructuración hecha a través de la Resolución núm. 105 de 2008 se limitó a una
restructuración de horarios (despachos) que fue solicitada por las propias empresas
según viene de explicarse.
137. Para la Sala, no le asiste razón al demandante en este punto, en tanto la
Subdirección de Transporte no accedió a la petición de integración por no estar
satisfechas los elementos de esta figura y no se actuó en contravía del fallo de
constitucionalidad en tanto la figura de la restructuración a la que sí se le dio aplicación
estaba regulada en un Decreto de orden presidencial.
138. En tercer lugar, tampoco encuentra la Sala que haya existido una decisión extra
petita por parte del Ministerio, pues según lo ya anotado y explicado, la Subdirección
de Transporte del Ministerio atendiendo los términos de la petición presentada por las
empresas bajo radicado MT-26315 del 24 de abril de 2007, consideró que una parte
de las solicitudes formuladas podía atenderse bajo la figura jurídica de la
reestructuración (artículo 37 del Decreto 171 de 2001), mientras otras debían ser
atendidas por el Ministro en tanto se trataba de temas de su competencia, como en
efecto ocurrió a través de la Resolución 755 del 29 de febrero de 2008.
139. Es importante recordar que la petición de las empresas fue suscrita por la
demandante sin ninguna clase de salvedades o aclaraciones, que la petición conforme
se vio en párrafos precedentes abarcó diversos asuntos, siendo uno de ellos el
acuerdo de distribución de despachos, por lo que su definición a través de la
Resolución núm. 105 de 2008 antes que ser una respuesta por fuera de lo pedido
implicó una respuesta puntual a la petición por parte de la Entidad.
140. En consecuencia, la Sala estima que no son de recibo ninguno de los
argumentos expuestos por el demandante en relación con la supuesta aplicación
errónea de la figura de la reestructuración cuando lo requerido por las empresas fue
la integración ni tampoco la alegación de que no podía darse curso a esta figura en
tanto no se cumplían las exigencias del artículo 37 del Decreto 171 de 2001.
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141. Por todo lo expuesto bajo este numeral, el cargo tercero y todos aquellos
argumentos relacionados con la improcedencia de la figura de la reestructuración
tampoco resulta admisibles.
4.2.5. La violación del Decreto 171 de 2001 por parte del Ministerio de
Transporte para reestructurar el servicio de transporte
142. Bajo este numeral abordará la Sala el cargo que dentro de la demanda se
identificó como B.4 y que corresponde al numeral 1.4.4 del concepto de la violación.
143. Según lo ya expuesto en el concepto de violación, el demandante consideró
que el Ministerio había vulnerado lo dispuesto en el Decreto 171 de 2011 en tanto que
en los considerandos de la Resolución núm. 105 de 2008 invocó “[…] la necesidad
de migrar a una nueva estructura empresarial y a la operaciones por corredores
de transporte[…]” lo cual exigía que el presidente de la República expidiera un
Reglamento sobre el tema dado que la Subdirección de Transporte no podía expedir
su propio Reglamento de “corredores viales” pues ello implicaba una vulneración del
artículo 29 de la Constitución Nacional.
144. A juicio del demandante también implicaba una violación del principio de
legalidad, parte del derecho al debido proceso, el que efectuara el juzgamiento de la
reestructuración o integración de los servicios de transporte de pasajeros
desconociendo el sistema de afiliación contenido en los artículos 48 y 49 del Decreto
171 de 2001.
145. Para resolver la Sala reitera que el Gobierno Nacional reglamentó el Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, por medio del
Decreto 171 del 5 de febrero de 2001, en el cual se dispusieron las reglas generales
sobre las autorizaciones y permisos, capacidad transportadora, concesión de rutas y
horarios entre otros asuntos.
146. Y es en este contexto normativo que deben entenderse las recomendaciones
del Jefe de la Oficina Jurídica al Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de
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Transporte en el Memorando MT 1350 -1 del 15 de noviembre de 2001, en el sentido
de que dada la relevancia de algunos temas estos no solo requerían de la existencia
de un Reglamento previo, sino que además debía examinarse si eran competencia
del Director o bien del Ministro. En el memorando se indicó:
“1. De acuerdo con el texto del artículo 5° del proyecto de acto administrativo
sometido a estudio se deduce que se implementarán las fases primera, segunda y
tercera del nuevo esquema de transporte por corredores viales, sería necesario
expedir un Reglamento de carácter general mediante el cual se establezca los
parámetros para adoptar estas decisiones, previo a la expedición del acto de
restructuración del corredor del llano. Por lo tanto, se debe determinar con claridad
y precisión por parte de su despacho si dichas etapas modifican el Decreto 171 de
2001 o actos de carácter general expedidas por el Señor Ministro, para efectuar las
modificaciones que se requieran.
3. […] Algunos aspectos podrían considerarse de la órbita el Despacho del
Señor Ministro de Transporte, y otros del resorte de la Dirección de
Transporte y Transito o de Subdirección de Transporte de este Ministerio,
previa expedición del Reglamento de carácter general si se modifican
aspectos del Decreto 171 de 2001.
4. […] Precisamente por la circunstancia anotada se imponer la necesidad de
adoptar las determinaciones derivadas de las competencias funcionales del señor
Ministro de Transporte y de la Subdirección de Transporte, respectivamente, por
separado, para garantizar el ejercicio del derecho a las dos instancias respecto de
las decisiones administrativas emitidas en las Subdirección citada. […]” (Negrilla de
la Sala).
147. En consecuencia, lo indicado en los considerandos de la Resolución núm. 105
de 2008 -y también de la Resolución núm. 755 de 2008- en relación con el cambio
hacia una nueva estructura empresarial y la operación por corredores viales fue una
manifestación derivada de las conclusiones del estudio de la demanda realizado por
el Ministerio y del plan general que se proyectaba realizar en tres fases y dentro del
cual se insertó como una sola de las medidas necesarias para mejorar el servicio en
la Ruta Bogotá – Villavicencio – Llanos Orientales la reestructuración de los horarios.
148. Por lo demás, tal como se evidencia en el del Memorando citado, algunos de
los temas que pretendían regularse y sobre los cuales se consultaba a la oficina
asesora jurídica del Ministerio, requerían de la expedición de un Reglamento siempre
que lo regulado modificará el Decreto 171 de 2001 y, de otra la definición de la
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autoridad competente, esto es, establecer si era un tema que debía definir el Ministro
o de un tema del Subdirector de Transporte.
149. Pues bien, toda vez que lo definido en la Resolución núm. 105 de 2008 no
implicó una reforma o modificación del Decreto 171 de 2001 sino que bien por el
contrario se ajustó a lo dispuesto en su artículo 37 sobre el tema de la reestructuración,
no encuentra la Sala que para estos casos resultara indispensable la expedición de
un Reglamento, pues este solo era imperativo cuando lo regulado mediante el acto
administrativo implicará una modificación del Decreto reglamentario lo que se reitera
no ocurrió en el presente caso.
150. En este orden de ideas no existió vulneración del principio de legalidad, en tanto
el acto de expidió dentro del marco de la norma que rige el transporte de pasajeros
por carreta, esto es, el Decreto 171 de 2001 y sin desconocer las normas sobre
capacidad transportadora y afiliación lo regulado fueron los horarios (despachos)
sobre las rutas ya autorizadas a las empresas que suscribieron la petición dirigida al
Ministerio con el radicado MT- 26315 del 24 de abril de 2007.
151. Por lo expuesto anteriormente este cargo tampoco no prospera.
4.2.6. La presunta decisión extra petita del Ministerio de Transporte
152. Bajo este numeral abordará la Sala el cargo que dentro de la demanda se
identificó como B. 5 y que corresponde al numeral 1.4.5 del concepto de violación.
153. Debe la Sala determinar si al referirse la Resolución núm. 105 del 15 de enero
de 2008 a la reestructuración de rutas y a la clase de vehículos microbuses y camiones
respecto de la empresa demandante, se incurrió en una decisión extra petita dado que
en la solicitud formulada por las empresas (radicado MT- 26315 del 24 de abril de
2007) nunca se pidió la restructuración de rutas ni tampoco se incluyó en la petición
de clase de vehículos microbuses y camionetas. Deberá determinarse además si esta
situación genera una vulneración del derecho de petición
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154. En cuanto a si existió una decisión extra petita al haber procedido la
Subdirección de Transporte a la reestructuración de horarios en la ruta Bogotá –
Villavicencio – Llanos Orientales, la Sala se remite a lo ya indicado en el numeral 4.2.4.
de este fallo, complementando lo allí indicado en el sentido de afirmar que tampoco
existió una vulneración del derecho de petición en tanto la solicitud hecha a través del
radicado MT- 26315 del 24 de abril de 2007 fue en realidad resultado de un consenso
entre las empresas suscriptoras de la petición y el Ministerio de Transporte.
155. Ahora bien, en cuanto al otorgamiento en la clase de vehículos microbuses y
camionetas, la Sala considera que tampoco se presentó ni la situación de una decisión
extra petita, -calificativo por demás reservado a decisiones de orden judicial- ni una
vulneración al derecho de petición, en tanto los horarios y despachos consignados en
la Resolución núm. 105 de 2008 corresponden a los que resultaron del estudio de
demanda y fueron informados por las propias empresas en sus peticiones y en las
reuniones sostenidas con el Ministerio, que para el caso de la empresa demandante
fueron las siguientes:
156. Así las cosas, lo reconocido por el Ministerio fue lo que resultó de la realidad
constatada e informada. No puede la Sala dejar de señalar que era de cargo del
demandante revisar la información que fue suministrada en la petición al Ministerio y
que igualmente era de su cargo solicitar las correcciones o hacer las reservas del
caso.
157. Por las razones expuestas este cargo no está llamado a prosperar.
4.2.7. Vulneración del artículo 73 del C.C.A. en tanto la Resolución núm. 105 del
15 de enero de 2008 revocó el nivel de lujo y la clase de vehículos
autorizados a la demandante
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158. Bajo este numeral abordará la Sala los cargos que dentro de la demanda se
identificaron como B.6 y B.7 y que corresponde a los numerales 1.4.6. y 1.4.7. de la
presente demanda, por tener el mismo argumento central.
159. Conforme se indicó al ahondar sobre los cargos y los fundamentos de la
violación, la empresa demandante adujo que los actos administrativos demandados
vulneraban el artículo 73 del C.C.A. al modificar las condiciones sobre las cuales se
le había autorizado a esta empresa su operación en cuando al servicio de lujo y la
operación a través de buses, sin contar con su expresa autorización o consentimiento
el cual era requerida en tanto se trataba de derechos de índole particular.
160. Si bien en este punto el demandante admite que el Ministerio tiene la facultad
genérica de revocar rutas y horarios, indica que no tiene la competencia de revocar
los servicios de transporte (caso del transporte de lujo) y al haberlo hecho vulneró el
artículo 50 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 29 de la Constitución Nacional.
161. Para el demandante el argumento fundado en el artículo 18 de la Ley 336 de
1996 según el cual los permisos son revocables, no es admisible, pues a su juicio, con
fundamento en algunas decisiones del Consejo de Estado (Sección Primera sentencia
del 16 de febrero de 1982, exp. 3503 y Sección Primera sentencia del 8 de noviembre
de 1996, exp. 2479) para la revocatoria, por ejemplo, de rutas, se requiere el
consentimiento expreso del beneficiario y además haber agotado un procedimiento
sancionatorio previo de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 336 de
1996.
162. El Ministerio indicó que bajo el amparo de las normas especiales del sector
transporte y de la jurisprudencia constitucional, cuando se produzca un cambio de
circunstancias pueden adoptarse cambios sin que sea necesario contar con
autorización o el consentimiento del beneficiario del permiso atendiendo lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 336 de 1996.
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163. En efecto, en relación con el servicio de lujo en la Resolución núm. 1401 del 15
de abril de 2008 se afirmó:
“Sobre el desmejoramiento de la calidad del servicio, del cual dice el recurrente
fue afectado por cuanto se le suprimió el nivel de servicio de lujo, esta
Subdirección actuó conforme a los fundamentos prescritos en los Artículos 25 y
37 del Decreto 171 de 2001, además de Io consagrado en el Artículo 18 de la Ley
336 de 1996, en tal sentido, es de tener en cuenta que las autorizaciones
administrativas en materia de servicios públicos protegen la prevalencia del interés
colectivo sobre el interés particular […]”36.
164. Y, respecto la necesidad de contar con el consentimiento del afectado en esta
misma resolución se destacó:
“Sobre el desmejoramiento de la calidad del servicio, del cual dice el recurrente
fue afectado por cuanto se le suprimió el nivel de servicio de lujo, esta
Subdirección actuó conforme a los fundamentos prescritos en los Artículos 25 y
37 del Decreto 171 de 2001, además de Io consagrado en el Artículo 18 de la Ley
336 de 1996, en tal sentido, es de tener en cuenta que las autorizaciones
administrativas en materia de servicios públicos protege la prevalencia del interés
colectivo sobre el interés particular al igual que todo Io que esgrime el Estado
social de derecho, sobre este último postulado el H. Magistrado Rodrigo Escobar
Gil de la Corte Constitucional en sentencia C-1078 de 2002 […]”.
165. En cuanto al clase de vehículos, en la resolución No. 2164 del 4 de junio de
2008 se indicó:
“[…] que como ejemplo se puede citar lo expresado por el quejoso que se ve
afectado al cambiar el servicio de transporte de bus a microbús desmejorando la
calidad del servicio cuando del estudio real se tiene que la mencionada empresa
está prestando el servicio en esta clase de servicio microbús, de ahí que no
se puede afectar una situación que pretende hacer valer cuando esta no es
real [...]” (El subrayado es nuestro)
166. En este contexto, lo primero que hace notar la Sala es que por ser el transporte
un servicio público esencial bajo la vigilancia e intervención del Estado, existen normas
especiales que habilitan la introducción de cambios y modificaciones en los permisos
y autorizaciones concedidas a las empresas, sin que sea necesario el consentimiento
del titular o en los términos del artículo 73 del C.C.A. Ejemplo claro de ello es el artículo
18 de la Ley 336 de 1996 que literalmente dispone:
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“ARTÍCULO 18.- El permiso para prestar el servicio público de transporte es
revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo
las condiciones en él establecidas”.
167. Lo segundo es que lo esgrimido por el demandante en este cargo contradice -
al menos parcialmente- lo afirmado por él en otros apartados de su demanda, pues
en este punto sí que admite o reconoce que es posible revocar las condiciones de los
permisos y autorizaciones dados a las empresas de transporte, solo que para ello se
requiere contar con el consentimiento expreso del interesado o afectado.
168. Lo tercero es que para la Sala resulta claro que el Ministerio admite las
modificaciones efectuadas respecto al servicio de lujo y es claro también que dicha
entidad justifica o fundamenta sus decisiones en las normas especiales del sector del
transporte que autorizan introducir modificaciones a las autorizaciones y permisos e
igualmente en las conductas desplegadas por el demandante en la prestación del
servicio.
169. Para la Sala los argumentos del Ministerio soportados en las normas especiales
y en la jurisprudencia constitucional sobre la materia encuentran asidero en tanto que
dentro de sus competencias se encuentran las de introducir cambios en los permisos
y autorizaciones cuando se presente un cambio de circunstancias, conforme lo ha
admitido la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-1094 de 2005 con
ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería en la cual reiterando lo señalado en el
Sentencia T-604 de 1992, se dispuso:
“3.2. Ahora bien, el capítulo IV de la Ley 336 de 1996 establece que las
condiciones de prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la
habilitación y a la expedición de un permiso[2]. Ha dicho la Corte respecto de este
tema que las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de
autorización otorgadas por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de
policía administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o
reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la seguridad
pública, aquellos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico,
como ocurre en el caso de los servicios públicos. Por esta razón, la licencia,
permiso o habilitación constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el
particular deviene ilegítima. Además, debe señalarse que la intervención estatal
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Demandante: Tax Meta S.A.
en el otorgamiento y prórroga de las licencias, reviste aún mayor importancia
tratándose de aquellas que se dan para ejercer una actividad que implica la
prestación de un servicio público. En estos casos, al igual que ocurre con el
contrato estatal de concesión de servicios públicos, la Administración goza de
ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como
son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere
necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del
servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a
las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control
sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella
involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a
exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a
revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por
razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la
Constitución, la ley o los reglamentos” (Negrilla de la Sala).
170. Por lo demás, los argumentos del Ministerio igualmente encuentran respaldo
en la jurisprudencia de esta Sección a través de la cual se ha reconocido la potestad
de modificar los permisos y licencias.
“Acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta Sección de manera
pacífica ha señalado que la administración tiene la facultad para revocar
permisos o autorizaciones, en materia de transporte, por tratarse de
derechos temporales y precarios, bien sea porque se haya producido un cambio
de las condiciones que dieron lugar a su expedición, para optimizar la prestación
del servicio o porque el ordenamiento jurídico así lo prevea. Por ejemplo, en
sentencia del 2 de abril de 2009https://app-vlex-
com.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/search/jurisdiction:CO+content_type:2+source:2
714_014_014.002/permiso+de+transporte+son+revocables/vid/846618258 [Consejo de
Estado, Sección Primera, número de radicado: 11001-03-24-000-2003-00132-01],
esta Sección dijo:
“[…] De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, numeral
23 y 365 de la Constitución Política, es función del Congreso de la
República regular mediante Ley el régimen jurídico de la prestación de los
servicios públicos.
[…]
El transporte es un servicio público que está bajo la regulación del Estado,
quien ejerce el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación
en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Es deber del Estado
evitar que se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que
afecten los intereses de los usuarios.
El numeral 7 del artículo 3° de la ley 105 de 1993 dispone que la prestación
del servicio público de transporte estará sometida al otorgamiento de
permisos o contratos de concesión a operadores por parte del Ministerio de
Transporte.
[…]
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Demandante: Tax Meta S.A.
La naturaleza jurídica de los permisos o contratos de concesión está
enmarcada dentro de la revocabilidad de dichos actos, por cuanto, está
de por medio la prestación del servicio público de transporte.
En consecuencia, cuando la actividad llevada a cabo por el particular
involucra intereses que superan a los suyos y comprometen derechos
de la colectividad en los que media un interés público, es deber de la
Administración no solo velar por su cumplimiento eficiente, so pena de
revocar el permiso de operación, sino también reacondicionarlo o
adecuarlo, en forma razonada y justa, a las circunstancias
sobrevinientes a su expedición, y que hubieran sido determinantes
para concederlo de haber existido en su oportunidad.
Con esto no se pretende desconocer el derecho que la Administración
otorga al particular para operar un servicio público. Sin embargo, como
ha quedado explicado, dado que se trata de una actividad en la que
resulta comprometido el interés general, el derecho otorgado es
precario y temporal y, por tanto, puede resultar afectado en cuanto a
su ejecución, o bien por determinaciones de la Administración
dirigidas a la optimización del servicio, o bien por normas posteriores
de carácter legal o reglamentario, también dictadas por motivos de
utilidad pública o de interés general.
En este sentido el artículo 18 de la Ley 336 de 1996, establece:
“El permiso para la prestación del servicio público de transporte
es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo
autorizado bajo las condiciones en él establecidas”
En conclusión, el permiso para prestar el servicio público de transporte
es, en esencia, revocable, lo que permite inferir que no genera
derechos adquiridos, por lo que desde esta misma perspectiva tampoco
los generarían las autorizaciones otorgadas en virtud de los convenios.
[…]”37. (Destacado fuera de texto original es de la sentencia que reitera).
171. En cuarto lugar, estima la Sala que no puede perderse de vista que la
Resolución núm. 105 de 2008 fue el resultado de la concertación hecha entre el
Ministerio y las empresas de transporte con base en la información presentada por
estas incluyendo la demandante, sin que en medio de este proceso Tax Meta hubiera
formulado correcciones o solicitudes especiales.
172. Tratándose de la supuesta vulneración del artículo 50 de la Ley 336 de 1996
referente al trámite de los procesos sancionatorios la Sala hace varias precisiones. En
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1 de
junio de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato.
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primer lugar, tal como se ha dicho en la presente decisión, la reestructuración
contenida en la Resolución núm. 105 de 2008 fue una reestructuración de horarios y
no de rutas de manera que no hubo afectación de capacidad autorizada a dada
empresa. En segundo lugar, el proceso sancionatorio tiene lugar cuando “[…] tenga
conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte […]” que es
un tema diferente al ocurrido en el caso sub judice y tercero los cambios en permisos
son decisiones que por ley resultan procedentes.
173. Como consecuencia de lo anterior la Sala considera que no se vulneró el
artículo 73 del C.C.A., ni tampoco el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, toda vez que
los cambios en el servicio de lujo y en los medios autorizados (buses) corresponden
al legítimo ejercicio de las competencias del Ministerio cuando quiera que se
presenten circunstancias especiales y sea necesario garantizar la prevalecía del
interés general sobre el particular.
174. En razón de lo anterior los cargos analizados bajo este numeral tampoco
prosperan.
4.3. Condena en costas
175. Vistos el artículo 171 del C.C.A sobre la condena en costas y considerando la
conducta de las partes, la Sala no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR como no probadas las excepciones de caducidad,
insuficiencia de poder para demandar y la falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Número de radicación: 11001 03 24 000 2009 00035 00
Demandante: Tax Meta S.A.
SEGUNDO: NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NEGAR la condena en costas a la parte demandante.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
NAVARRO Consejero de Estado
Consejero de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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