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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00206-00

Fecha
8 de julio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00206-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la excepción de inepta demanda para decidir una presunta violación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, y 37 del Decreto 1290 de 22 de abril de 2008, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente. Calle 12 Núm. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 92 Núm. único de radicación: 11001032400020090020600 Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00206-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad
Núm. único de radicación: 11001032400020090020600
Demandante: José Humberto Gómez Herrera y Lida Esperanza Martín Martín
Demandada: Nación – Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la
República, el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del
Derecho)1 y el Ministro de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Víctimas del conflicto armado – Instrumentos legales para la
protección de las víctimas – Indemnización por vía administrativa - Programa
de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas de los
Grupos Armados al Margen de la Ley – Juicio de legalidad de los actos
administrativos cuando han perdido vigencia – Ineptitud de la demanda - Cosa
juzgada - Potestad reglamentaria – Abuso de poder

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por José Humberto
Gómez Herrera y Lida Esperanza Martín Martín, contra el Gobierno Nacional
conformado por el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de
Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) y el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, en ejercicio de la acción de nulidad2, con el fin de que se

1 Mediante la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 se escindió el Ministerio del Interior y de Justicia y se
creó el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior.
2 Señalada en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 […] Por el cual se reforma el Código

Contencioso Administrativo […].

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Núm. único de radicación: 11001032400020090020600
Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

declare la nulidad del Decreto núm. 1290 de 22 de abril de 20083, por el cual
“[…] se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para
las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley […]”.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. José Humberto Gómez Herrera y Lida Esperanza Martín Martín, en adelante la
parte demandante4, presentaron demanda contra el Gobierno Nacional
conformado por el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia
(hoy Ministro de Justicia y del Derecho) y el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad,
con el fin de que se declare la nulidad del Decreto núm. 1290 de 22 de abril de
2008, por el cual “[…] se crea el Programa de Reparación Individual por vía
Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen
de la ley […]”.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión5:

“[…] declarar NULIDAD de los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 y 37 del DECRETO 1290 DEL 22 DE ABRIL 2008; "POR EL CUAL SE
CREA EL PROGRAMA DE REPARACION INDIVIDUAL POR VIA

3 Derogado por el artículo 297 del Decreto 4800 20 de diciembre de 2011 “Por el cual se reglamenta la

Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
4 En nombre propio
5 Folio 77.

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ADMINISTRATIVA PARA LAS VICTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS
ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY" […]".

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. El Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 1290 de 22
de abril de 2008, por el cual “[…] se crea el Programa de Reparación Individual
por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados
al Margen de la ley […]”, con base en las facultades atribuidas por el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política, que regula la potestad
reglamentaria con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes a través de
decretos reglamentarios.

5. Afirmó que la Ley 418 de 26 de diciembre de 19976 no le otorga función
alguna al Gobierno Nacional para derogar, modificar o reformar la Constitución
Política, debido a que la misma establece que es el Estado quien debe
garantizar los derechos y libertades. Considera que hay una injerencia del
gobierno en las competencias exclusivas del órgano legislativo con la
expedición de este decreto, el cual suprime el derecho fundamental de las
víctimas a la vivienda en condiciones dignas y a la asistencia humanitaria.

6. Asimismo, sostuvo que la Ley 975 de 25 de julio de 20057 establece que las
víctimas de las conductas violentas de los integrantes de los grupos armados
al margen de la ley, que aún no se han desmovilizado, no se hacen acreedoras

6 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la

justicia y se dictan otras disposiciones”.
7 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

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a las reparaciones que en ella se establecen, por lo que el decreto acusado no
está reglamentando la Ley 418 ni la Ley 975, al aún existir grupos armados
organizados al margen de la ley que no se han acogido al proceso de
desmovilización colectiva y/o individual y continúan su accionar delictivo en el
territorio nacional.

7. Manifestó igualmente que el Congreso de la República, hasta la fecha, no
ha expedido una norma específica donde se establezca de manera general
cómo deben ser reparadas las víctimas del conflicto interno en Colombia, lo
que significa que el Decreto acusado, es contrario a las leyes 418, 548 de 23
de diciembre de 19998, 782 de 23 de diciembre de 20029, 1106 de 22 de
diciembre de 200610, y 975.

8. Por último sostuvo que el Presidente de la República no es competente para
expedir el Decreto 1290 de 2008, amparándose en el numeral 11 del
artículo189, de la Constitución Política, porque una cosa es la potestad
reglamentaria a que hace alusión esta norma, y otra el funcionamiento legal
del Congreso cuyas funciones le fueron conferidas a través del artículo 114 de
la Constitución Política.

Normas violadas y concepto de la violación

9. La parte demandante, a lo largo de su escrito, señaló como normas violadas
las siguientes:

• Artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 34, 42, 43, 44, 51, 63, 93, 113,

8 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan

otras disposiciones”.
9 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la

Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones".
10 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las

Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”.

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114, 188, 189, 198 y 209 de la Constitución Política.
• Derecho fundamental al mínimo vital.
• Artículos 1, 3, 15 y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada
por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
• Inciso final del parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55
de la Ley 975 de 2005.

10. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de
violación:

Cargos sobre la transgresión de normas legislativas

11. Afirmó que con la expedición del Decreto 1290 de 2008 no se están
reglamentando los artículos 1, 3, 15 y 16 de la Ley 418, modificada y
prorrogada por las leyes 548, 782 y 1106; el inciso final del parágrafo del
artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 975, porque, aunque
estas normas se refieren al concepto de víctimas, jurídicamente estas buscan
que el Estado cumpla con otro tipo de obligaciones legales y no con una
reparación integral a todas las víctimas de la violencia en Colombia.

Cargo sobre la transgresión de la Ley 418

12. Manifestó que no se puede interpretar la potestad que le es concedida al
ejecutivo, a través del artículo 1º de la Ley 418, “como el caballo de batalla”
para crear normas de carácter reglamentario con el fin de reparar a las víctimas
del conflicto armado en nuestro país, cuando la norma lo que determina es que
el gobierno debe implementar las medidas necesarias para evitar la
vulneración de derechos fundamentales a la población civil, y en el evento en
que esto suceda, quien debe garantizar el goce efectivo de los derechos

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vulnerados, es el legislador, con la observancia de las garantías
constitucionales.

13. Argumentó que el artículo 3 de la Ley 418 no le está dando al ejecutivo, ni
siquiera la posibilidad de expedir un decreto que contemple una reparación,
sino que, por el contrario, lo que se le confiere es que este propenda por la
búsqueda de la paz, empleando los mecanismos idóneos para mantener el
orden social dentro de los parámetros de la justicia y la equidad.

14. Sostuvo que la interpretación que da el legislador en el artículo 15 de la
Ley 418, es que el gobierno tuviera herramientas jurídicas para implementar
los procesos de paz dentro del marco del conflicto armado que vive nuestro
país; la definición establecida por este artículo no puede ser tomada como
fundamento para determinar la reparación de la cual deben ser objeto las
víctimas.

15. Adujo que lo establecido, en el artículo 16 de la Ley 418, fue que a aquellas
personas que sufrieron o sufran daños de cualquier índole como consecuencia
del conflicto armado, una vez identificados los hechos que ocasionaron la
vulneración de los derechos fundamentales, y en ejercicio del principio de
solidaridad social, se les hará entrega de una asistencia humanitaria que no
puede ser tomada como una indemnización “solidaria” por los daños sufridos.

16. Teniendo en cuenta la anterior, la parte demandante precisó que en
ninguno de los artículos de la Ley 418 se establece que el concepto de
asistencia otorgada en ella, que esta parte considera meramente humanitario,
pueda ser interpretado como indemnización.

Cargo sobre la transgresión de la Ley 975

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17. La parte demandante afirmó que, el inciso final del parágrafo del artículo
54 de la Ley 975, le confirió potestad al ejecutivo de reglamentar el
funcionamiento del Fondo de Reparación de Víctimas de la Violencia, más no
la potestad de crear de forma arbitraria un Decreto como el acusado.

18. Manifestó que el decreto acusado viola el numeral 56.3 (sic)11 del artículo
55 de la Ley 975 de 2005, por cuanto considera que este no genera de ninguna
manera la posibilidad de crear una norma que pretenda crear otro tipo de
reparación, la cual afirma se creó en el decreto acusado, configurándose un
abuso de poder, con el cual no se garantiza la independencia de las ramas
del poder público, la unidad nacional, ni los derechos y libertades de los
colombianos, en especial, de los que han sido víctimas de la violencia.

Cargo sobre la transgresión de normas constitucionales

19. La parte demandante analiza las razones por las que considera que cada
uno de los 37 artículos del Decreto 1290 de 2008 violan las normas
constitucionales citadas, sustentando así su planteamiento de extralimitación
en sus funciones por parte del Gobierno Nacional en su expedición, y
transcribió las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1635 de 200012, T-602 de 200313, T-188 de 200714, y C-278 de
200715.

20. Finaliza agregando que el Gobierno Nacional tiene la potestad
reglamentaria conferida por la Constitución Política, con la que se pretende

11 Numeral original en la ley
12 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, acción de tutela, expediente T-328502, sentencia de

27 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
13 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, acción de tutela, expediente T-698846, sentencia de

23 de julio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.
14 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, acción de tutela, expediente T-1178911, sentencia de

15 de marzo de 2007, Magistrado Ponente, Dr. Álvaro Tafur Gálvis.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, demanda de inconstitucionalidad, expediente D-6481, sentencia de

18 de abril de 2007, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

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establecer las especificaciones para la aplicabilidad de todo el articulado de
una ley, y de esta manera, conseguir un adecuado cumplimiento de la misma,
sin que el articulado de los actos administrativos esté o pretenda estar por
encima de la ley y la Constitución, debido a que su origen es meramente de
carácter reglamentario, de igual forma, es potestad de cada gobierno de turno
modificar o derogar dichos decretos pero no pueden los gobiernos, amparados
bajo el argumento de la potestad reglamentaria, pretender con un solo decreto
reglamentar varias normas que, aunque guarden cierta similitud en su unidad
jurídica, no son las mismas y no pueden ser reglamentadas por un solo acto
administrativo, tal y coma sería la interpretación que se le podría dar al decreto
objeto de demanda, bajo este contexto, la potestad reglamentaria no puede
trascender hasta convertirse en potestad legislativa que fue lo que la parte
demandante manifiesta haber ocurrido con la expedición del decreto acusado.

Contestación de la demanda

21. La parte demandada contestó la demanda de la siguiente manera:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público16

22. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda de forma
extemporánea y, en esa medida, el Despacho sustanciador, mediante la
providencia proferida el 28 de junio de 201117, la tuvo por no contestada.

Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del
Derecho)

16 Folios 147 a 162.
17 Folio 166.

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23. El Ministerio del Interior y de Justicia contestó18 la demanda oponiéndose
a sus pretensiones en los siguientes términos:

24. El Decreto núm. 1290 de 2008 es un programa creado por iniciativa del
Presidente de la República, luego de un examen durante el mes de octubre de
2007, del estado del proceso de justicia y paz.

25. Indicó que la iniciativa de hacer un decreto que permitiera reglamentar el
programa de reparación por vía administrativa, tuvo lugar en conjunto con la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en adelante CNRR, y el
Ministerio del Interior y de Justicia. Esta idea surge tras haber elaborado
cálculos aproximados del tiempo transcurrido en lograr la reparación por vía
judicial, lo cual demoraría más de cinco años en materializarse, en los casos
en que la víctima reconociera al victimario y este aceptara dichos cargos, y
muchos más años o simplemente no habría reparación, en casos en los que
ninguna situación descrita anteriormente se diera. Con fundamento en lo
anterior, se pensó en la idea de poder resarcir en parte los daños causados a
las víctimas de los grupos armados ilegales, a través de una indemnización
(en dinero), siendo ésta una forma rápida de reparar a la mayor cantidad de
personas, otorgada de manera voluntaria.

26. Para estos efectos se llevaron a cabo consultas con asesores nacionales
y extranjeros. Se contó con el apoyo del Gobierno Español, del Centro
Internacional de Justicia Transicional, en adelante ICTJ, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, de la Organización
Internacional para las Migraciones – OIM, entre otros.

18 Po intermedio de apoderada

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27. Adujo que en el contexto de la justicia transicional, también se tuvieron en
cuenta experiencias de otros Estados como Chile, Argentina, Guatemala,
Estados Unidos, España, Perú y Turquía.

28. Informó que de común acuerdo con la CNRR, se adelantaron consultas
sociales en once ciudades del país (entre ellas Sincelejo, Bucaramanga,
Medellín, Bogotá, Cali, Valledupar, Mocoa, Pasto, Barranquilla), con asistencia
aproximada de 400 víctimas, a quienes se les informó sobre la iniciativa del
Gobierno Nacional y de las líneas generales del programa. En estas consultas
se recogieron varias observaciones y comentarios de las víctimas y de las
organizaciones de víctimas, los cuales se tuvieron en cuenta en la redacción
final del decreto. Consultas sociales que contaron con la presencia, entre
otros, de organismos internacionales como la OEA, los cuales han reconocido
la voluntad del gobierno por suministrar atención, reconocimiento y
dignificación a las víctimas, brindándoles posibilidades de acceso a diferentes
ayudas.

29. La presentación del proyecto de decreto del Programa de Reparación por
Vía Administrativa, no solo contó con la concurrencia de un número
considerable de víctimas, sino también de representantes de asociaciones de
víctimas, organismos internacionales y autoridades locales, sentando como
precedente una ambientación histórica, política, social y sicológica sobre los
fundamentos del proyecto normativo.

30. Manifestó que al interior del Gobierno Nacional se llevaron a cabo los
estudios respectivos sobre la viabilidad fiscal del proyecto por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Planeación Nacional,
la Dirección de Presupuesto y de Acción Social; y que el tema de la
indemnización fue uno de los más álgidos, presentándose como una opción

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responsable del gobierno, pues al tratarse de una indemnización masiva
necesariamente el Estado debería ajustarse a su capacidad fiscal.

31. Luego de estudiar los lineamientos jurídicos de este programa y de incluir
que se trata de un componente del Plan Nacional de Reparaciones, en el cual
viene empeñada la CNRR, se llegó a la conclusión de que era viable
jurídicamente crear dicho programa por vía de decreto reglamentario de las
Leyes 418 y 975.

32. Sostuvo que el programa de reparación administrativa creado a través del
decreto acusado representa el inicio del proceso de reparación integral a las
víctimas, con lo cual no se agotan las posibilidades de reparación por otros
conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos armados organizados al
margen de la ley.

33. Afirmó que, además de la reparación judicial establecida en la Ley 975, es
procedente que el Estado en desarrollo del principio de solidaridad y de la
obligación residual de reparar, pueda establecer un procedimiento
administrativo para reparar de manera anticipada a las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley, sin perjuicio de la obligación que
tienen los victimarios de hacer dicha reparación y el Estado de repetir contra
éstos. Agregó que en el marco de este programa las víctimas pueden aspirar
a una reparación, sin que haya habido un proceso penal y una sentencia
condenatoria.

34. Manifestó que pese a los avances logrados con la Ley de Justicia y Paz y
el gran número de versiones libres rendidas, aún no existen condenas, lo cual
impide que las víctimas puedan ser resarcidas, por lo que el Gobierno Nacional
tomó la decisión de crear un programa de reparación por vía administrativa,
en virtud del principio de solidaridad, para atender de manera pronta y efectiva

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a las víctimas de los grupos armados ilegales, sin menoscabo de la reparación
por vía judicial de la Ley de Justicia y Paz y de las demás acciones que
conlleven una reparación integral. Y, señaló que el decreto persigue que con
su aplicación se contribuya desde el poder ejecutivo a que las víctimas logren
el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, en sus componentes
de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición e
indemnización.

35. El Ministerio del Interior y de Justicia informó que se viene actualmente
trabajando en la elaboración de un documento CONPES para la atención y
reparación integral a las víctimas, donde se establecen y especifican las
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición,
como política de Estado a través de la cual se asegura su ejecución, el
seguimiento a las medidas de reparación contempladas en el Decreto 1290 de
2008 y se determinarán los responsables de la implementación de cada una
de tales medidas.

36. Respecto de los cargos de la demanda, afirmó que el artículo 1° de la Ley
418, no confiere al Estado la posibilidad de crear instrumentos para preservar
y garantizar los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política,
sino que crea esos instrumentos y vincula al Estado, particularmente al
Gobierno Nacional, en su utilización y desarrollo.

37. Indicó que lo anterior aclara que la Ley 418, al establecer los instrumentos
para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y
garantizar la plenitud de derechos y libertades fundamentales, hace referencia
a las competencias que tiene a partir de su vigencia el Gobierno Nacional (y
en menor proporción la Rama Judicial) para tomar medidas en materia de
orden público y convivencia.

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38. El Ministerio del Interior y de Justicia, frente a la vulneración de los artículos
15 y 16 de la Ley 418, sostuvo que no es cierta la conclusión del cargo
formulado en la demanda, según el cual se suprime el derecho fundamental a
la vivienda en condiciones dignas, y a la asistencia humanitaria, por lo que
para ese Ministerio resulta clara la postura constitucional según la cual no
puede confundirse la asistencia humanitaria con la obligación de reparar a las
víctimas de la violencia.

39. La asistencia humanitaria otorgada a las víctimas, en desarrollo del
principio de solidaridad social y dado el daño especial sufrido, es la ayuda
indispensable para sufragar los requerimientos esenciales a fin de satisfacer
los derechos que hayan sido menoscabados por los actos de violencia de
grupos armados ilegales. La reparación, en cambio, tiene una fuente jurídica y
circunstancias diferentes que hacen que no pueda de ninguna manera
reemplazarse con las medidas de ayuda o asistencia humanitaria.

40. El Ministerio del Interior y de Justicia indicó que el decreto acusado incluyó
lo pertinente de las leyes 418 y 975, para favor de las víctimas de la violencia
armada, en general. El universo de víctimas de que trata la Ley 418, habla de
aquellas originadas por hechos dañosos causados, bien por grupos armados
ilegales o desmovilizados, o bien por grupos armados aún activos, por lo que
la definición de víctima contenida en ambas leyes no se limita a quienes hayan
sufrido daños o perjuicios por hechos delictivos de grupos armados ilegales
desmovilizados, sino que es general, se refiere a los grupos armados
organizados al margen de la ley, sin distinción alguna.

41. Concluyó, con fundamento en las consideraciones expuestas, que el
Decreto núm. 1290 de 2008 se encuentra en consonancia con el ordenamiento
superior, pues fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, respetando en su integridad el marco

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normativo señalado en las leyes 418, y sus modificaciones posteriores, y 975,
por lo cual los cargos de impugnación carecen de fundamento.

Alegatos de conclusión

42. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 31 de mayo de 201619,
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que dentro de los diez
(10) días siguientes a su notificación presentaran sus alegatos de conclusión.

43. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa solicitó se le
diera traslado especial para intervenir de manera obligatoria dentro del
proceso, refiriendo una situación presentada con unos procesos recibidos para
conceptuar20, por lo que el Despacho sustanciador, mediante proveído de 24
de agosto de 201621 concedió el traslado solicitado.

44. Los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público se
presentaron en los términos indicados infra.

Parte demandante

45. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y añadió que la
expedición del decreto acusado fue un acto “arbitrario” del Gobierno Nacional,
violatorio de la Constitución Política, en la medida que no contó con el poder
legislativo para tratar un tema de tal importancia en la vida política y social del
país, no se respetaron los derechos humanos de la sociedad colombiana
víctima de la violencia y no se contó con la participación de los afectados.

19 Folio 177.
20 Folio 202 a 205.
21 Folio 207.

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Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

46. Sostuvo que el Decreto núm. 1290 de 2008 creó un programa de
reparaciones individual para las víctimas de la violencia en Colombia, que no
garantiza la erradicación de la impunidad ni garantiza a las víctimas una
verdadera restitución de sus derechos violados por el conflicto armado ni la
repetición de los hechos. Además, este decreto establece una única
reparación para todo el grupo familiar, indemnización que no se compadece
con la realidad de las violaciones de los derechos humanos a todos los
miembros integrantes del núcleo familiar por su exiguo monto y la forma como
se regula su entrega.

47. Concluyó que el articulado del Decreto 1290 de 2008 es inconstitucional
por no respetar las normas de derechos humanos ratificadas por Colombia, ni
los artículos de la Constitución Política invocados en la demanda. Añade que
la indemnización que se reciba terminará siendo una ayuda humanitaria más;
desconoce el derecho fundamental a la vivienda digna; no garantiza una
reparación adecuada para todas las víctimas integrantes de un solo núcleo
familiar; viola el derecho fundamental de recibir ayuda humanitaria hasta que
se reparen adecuadamente los daños; conduce a las víctimas a la indigencia
y la mendicidad; y, viola la jurisprudencia constitucional.

Parte demandada

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

48. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó sus alegatos de
conclusión en los cuales solicita declarar ajustada a derecho la norma
demandada y por tanto negar las pretensiones de la demanda; argumentando
lo siguiente:

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Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

49. El Decreto 1290 de 2008 estuvo vigente hasta la expedición de la Ley 1448
de 10 de junio de 201122 que lo derogó específicamente en su artículo 297,
aunque estableció un régimen de transición para las solicitudes de
indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del mismo.

50. Adujo que el Gobierno Nacional sí estaba facultado para reglamentar todo
lo concerniente a la reparación por vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en
consonancia con la Ley 418, sus modificaciones, y la Ley 975.

51. Precisó que la Ley 418, al igual que sus modificaciones, establece
disposiciones expresas sobre atención a las víctimas de hechos violentos que
se susciten en el marco del conflicto armado interno como; asistencia en
materia de salud, vivienda, crédito y educación, entre otros, por lo que
considera que, no es cierto que el decreto acusado suprima el derecho de las
víctimas a una vivienda en condiciones dignas y a la asistencia humanitaria.

52. Afirmó que el decreto acusado no hizo diferencia alguna al mencionar
dentro de la definición de perpetradores o victimarios, a los integrantes de los
grupos armados al margen de la ley de que trata la Ley 418, por lo que
considera que no es cierto la apreciación de la parte demandante que sostiene
que el acto acusado excluye de la reparación a las víctimas de quienes no se
han desmovilizado.

53. Manifestó conformidad con los argumentos expuestos por la parte
demandada Ministerio de Justicia y del Derecho en su escrito de contestación
de demanda, para afirmar que el Decreto acusado no transgrede la Ley 418,
ni la Ley 975. Añade que el decreto contó con la participación de las víctimas,

22 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto

armado interno y se dictan otras disposiciones”.

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organizaciones sociales y la comunidad internacional, y cita jurisprudencia de
la Corte Constitucional para precisar que éste contenía medidas de reparación
integral y no medidas de asistencia como lo considera la parte demandante,
siendo el antecedente más importante que en materia de reparación
administrativa tiene el Gobierno Nacional con la población víctima del conflicto
armado.

Ministerio del Interior y de Justicia

54. El Ministerio del Interior y de Justicia reiteró los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda y añadió que los cargos carecen de los
requisitos que prescribe la Corte Constitucional para fundamentar las razones
de anulación de una norma, en el sentido que deben ser claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes.

Concepto del Ministerio Público

55. El Ministerio Público presentó concepto solicitando denegar parcialmente
las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

56. Afirmó que no es cierto el aserto formulado por los actores sobre la manera
como el decreto acusado centraliza en el Comité de Reparaciones
Administrativas la toma de decisiones sobre las víctimas (artículo 2), anulando
la participación efectiva de la población afectada en la toma de decisiones,
porque el artículo 16 de dicho decreto garantiza una composición pluralista de
ese cuerpo colegiado.

57. Asimismo indicó como acertado el cargo formulado por la parte
demandante respecto del artículo 2 del Decreto núm. 1290 de 2008, que
establece que la implementación del programa de reparación individual por vía

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administrativa se haría de acuerdo con el orden de radicación de las solicitudes
y las disponibilidades fiscales. El agente del Ministerio Público manifestó que,
el orden en que sea formulada la solicitud de entrega no puede ser tenido en
cuenta para el acceso a las medidas consagradas en el programa de
restitución por vía administrativa, pues existen otros criterios como la
naturaleza del hecho victimizante, el daño causado, el nivel de vulnerabilidad,
la situación de discapacidad, las características del núcleo familiar, entre otros,
que deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver la solicitud de
reparación por vía administrativa.

58. Sostuvo que el concepto de sostenibilidad fiscal debe entenderse en el
sentido en que opera como pauta para el desarrollo y aplicación del programa
de restitución de tierras por vía administrativa, pero no como un factor para
restringir sus derechos.

59. Adujo respecto del cargo formulado contra el artículo 5 del decreto
acusado, según el cual, los montos consagrados en dicha norma no garantizan
el restablecimiento de todos los derechos vulnerados como consecuencia de
la violencia, que no debe prosperar porque la reparación por vía administrativa
se encuentra fundamentada en los principios de subsidiariedad y
complementariedad, y aunque por esta vía es posible que la determinación de
los montos indemnizatorios sean menores a los que se puedan obtener a
través de la reparación judicial, busca reparar al mayor número de víctimas a
través de un procedimiento más flexible y ágil.

60. Sin embargo, advierte que las ayudas humanitarias que perciba una
víctima, tales como subsidios de vivienda, no pueden ser descontados del
monto otorgado por concepto de indemnización administrativa, pues mientras
que los primeros tienen su fundamento en el principio de solidaridad social, la
reparación la tiene en el principio de responsabilidad del Estado.

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61. Manifestó que la previsión del parágrafo 5 del artículo 5 del decreto
acusado, debe mantenerse incólume, siempre y cuando se entienda que el
mecanismo allí dispuesto se concibe como un componente más de la
reparación integral, que no puede confundirse con las ayudas de asistencia
social, ni exime al Estado del deber legal de prestar asistencia humanitaria,
por lo que el subsidio de vivienda no puede descontarse del monto de la
indemnización administrativa a pagarse.

62. Indicó que el cargo formulado contra el párrafo del artículo 6 del Decreto
1290 de 2008 se basa en suposiciones, pues la norma consagra una remisión
normativa como técnica empleada por el ejecutivo, que exige completar la
disposición con otras fuentes del derecho, en particular, con las normas en
materia de restitución de tierras.

63. Afirmó que los cargos contra los artículos 12 y 13 del decreto acusado no
deben prosperar porque esta norma en ningún momento desplaza a las
autoridades judiciales para que puedan adelantar la reparación por vía judicial;
y, además, la reparación en sede administrativa se encuentra sujeta al
principio de complementariedad y subsidiariedad.

64. Encontró razonable y acorde a la ley el término establecido en el artículo
27 del decreto acusado, con el fin que pretende materializar el programa.

65. Respecto de lo establecido en el artículo 30 del Decreto 1290 de 2008, el
agente del Ministerio Publicó afirmó que, debe desaparecer del ordenamiento
jurídico la expresión “que no sean competencia de otras entidades”.

66. Sostuvo, en cuanto a la afirmación de la parte demandante, según la cual,
el artículo 34 del decreto demandado limita la posibilidad de que las víctimas

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sean asistidas por otras entidades de rango nacional o internacional diferente
a la Defensoría del Pueblo y a la CNRR, que, contrario a la interpretación que
dan los actores a la norma, esta no exime el deber de las otras ramas del poder
público de intervenir dentro del marco de sus competencias para la
materialización de los derechos de las víctimas en la construcción y
consolidación del Estado Social de Derecho.

67. Precisó, frente a la presunta violación del artículo 35 del Decreto 1290 de
2008, que, en el marco de la descentralización administrativa, las entidades
territoriales, dotadas de autonomía política, administrativa y financiera,
cumplen un papel preponderante en la implementación de los programas de
reparación de las víctimas, por lo que considera que dicho artículo debe
conciliarse con las garantías que el constituyente concedió a las entidades
territoriales.

68. Concluyó que debe decretarse de oficio la excepción de inepta demanda
en relación con los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 36, y 37 del decreto acusado.

69. Afirmó respecto de los artículos mencionados, que la parte demandante
omitió la carga procesal de formular cargos y desarrollar el concepto de
violación, explicando las razones de por qué dichas disposiciones deben
desaparecer del ordenamiento jurídico y no se encuentran amparadas por el
principio de presunción de legalidad que las cobija.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

70. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el acto
administrativo acusado; iii) cuestiones previas – juicio de legalidad de los actos
administrativos cuando han perdido vigencia; ineptitud de la demanda; cosa

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juzgada; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo internacional y
desarrollo jurisprudencial del derecho de las víctimas; vi) el marco normativo
nacional y desarrollo jurisprudencial del derecho de las víctimas; vii) el marco
normativo internacional y desarrollo jurisprudencial del derecho de reparación
integral de las víctimas; viii) el marco normativo nacional y desarrollo
jurisprudencial del derecho de reparación de las víctimas; ix) la indemnización
por vía administrativa; x) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
la potestad reglamentaria; xi) el abuso de poder, y xii) el análisis del caso en
concreto.

Competencia de la Sala

71. Vistos los artículos 128 del Código Contencioso Administrativo 23; y, el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala
Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en única instancia.

72. Agotados los trámites inherentes al procedimiento de nulidad de que trata
este asunto y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a
continuación:

Acto administrativo acusado

73. El acto acusado se transcribe de la siguiente manera:

23 “[…] Artículo128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en

Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única
instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas
del mismo orden […]”.

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22

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74. El Decreto 1290 de 22 de abril de 2008, expedido por el Presidente de la
República, el Ministro del Interior y de Justicia y el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por
vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al
Margen de la ley:

“[…] EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política; los artículos
1°, 3°, 15, y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006; el inciso final del
parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 975 de
2005, y

CONSIDERANDO: Que según el artículo 2° de la Carta Fundamental son
fines del Estado "...garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan...";

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San
José de Costa Rica, en su artículo 2° dice: "Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades";

Que el Congreso de la República expidió la Ley 975 de 2005, "por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios";

Que la Ley 975 de 2005 tiene como objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley y garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación;

Que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 975 señala que: "La interpretación y
aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de
conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones
internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de
otras normas internacionales que regulan esta misma materia";

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23

Núm. único de radicación: 11001032400020090020600
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Que el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, define como víctimas a quienes
hubieren sufrido daños directos de manera individual o colectiva, como
"consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley", "tales como
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad
física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales" y "al cónyuge,
compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida";

Que la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006 condicionó los
incisos 2° y 5° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 "...en el entendido que la
presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen
de la ley";

Que el artículo 8° de la Ley 975 señala: "El derecho de las víctimas a la
reparación comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de
las conductas";

Que de acuerdo con el inciso 1° del artículo 15 de la Ley 418 de 1997,
modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de
2006, "se entiende por víctimas de la violencia política, aquella solo personas
de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su
integridad personal o en sus bienes por razón de atentados terroristas,
combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado
interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1° de la Ley
387 de 1997".

Que el inciso 2° del artículo 42 de la Ley 975 del 25 de julio de 2005 de Justicia
y Paz dispone: "igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto
activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo
Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal
directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a
cargo del Fondo de Reparación",

Que el artículo 44 de la Ley 975 de 2005 señala: "la reparación de las víctimas
de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción";

Que el inciso 1° del artículo 45 de la Ley 975 de 2005 dispone: "las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo
al Tribunal Superior de Distrito Judicial, en relación con los hechos que sean de
su conocimiento";

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Que el inciso 1° del artículo 16 del Decreto 3391 de 2006 establece:
"Mecanismos para la Reparación de las Víctimas. Las víctimas de los delitos
cometidos por los miembros de los grupos armados organizados al margen de
la ley a quienes se aplique la Ley 975 de 2005, tienen derecho a la reparación
del daño sufrido. La reparación comprende las acciones que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no
repetición, y podrá tener carácter individual, colectiva o simbólica, según lo
establecido en la Ley 975 de 2005. En consecuencia, el carácter integral de la
reparación no se establecerá en función exclusiva de las acciones de naturaleza
económica";

Que además de la reparación judicial establecida en la Ley 975 del 25 de julio
de 2005 de Justicia y Paz, es viable que el Estado, dentro del principio de
solidaridad y la obligación residual de reparar pueda establecer un
procedimiento administrativo para reparar de manera anticipada a las víctimas
de los grupos armados organizados al margen de la ley, sin perjuicio de la
obligación de hacerlo que tienen los victimarios y el derecho de repetición del
Estado contra estos;

Que el inciso final del parágrafo del artículo 54 de la Ley 975 de 2005 faculta al
Gobierno para reglamentar el funcionamiento del Fondo para la Reparación de
las Víctimas;

Que el artículo 55 de la Ley 975 de 2005 establece que la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, a través del
fondo de que trata la citada ley, tendrá entre sus funciones la de (...): "56.3
Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar";

Que para garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación debe
tenerse en cuenta las reglas previstas por los instrumentos internacionales que
establecen varios principios fundamentales, a saber:

La reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad
de las violaciones y a la entidad del daño sufrido.

Cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera cumplir con sus
obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a la víctima.

Cuando el Estado haya resarcido a la víctima por una violación que no le sea
imputable, quien la haya cometido deberá compensar al Estado;

Que en la Sentencia C-370 de 2006, la honorable Corte Constitucional señaló:
"Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en
subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que
pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la
reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al
bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio
por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos". Además, que "El
Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una
cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan

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con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen
derecho (inciso 2° del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad
de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes" (6.2.4.4.11 de la
sentencia);

Que la Ley 975 de 2005 se refiere a la adopción de medidas integrales de
justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y de reconciliación,
según las cuales, las instituciones con competencias en ello, deben contribuir a
este proceso. En tal sentido, este decreto quiere coadyuvar a propiciar un
camino que abra actuales y futuras medidas que ayuden a garantizar una
política de reparación integral a las víctimas según los valores y derechos que
aparecen en la Ley 975, y que antes han sido mencionados;

Que es necesario incentivar y propiciar políticas que ayuden y fomenten la
reconciliación nacional entre colombianos y colombianas con aquellos que
sufrieron la violencia y de la sociedad consigo misma, y con los valores de
libertad, derechos y democracia;

Que el programa que se crea en el presente decreto constituye uno de los
componentes del Plan Nacional de Reparaciones que lidera la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, con el cual no se agotan las
posibilidades de reparación por otros conceptos en beneficio de las víctimas de
los grupos armados organizados al margen de la ley;

Que el presente programa constituye uno de los componentes del Plan Nacional
de Reparaciones que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está
elaborando y, por tanto, representa el inicio del proceso de reparación integral
a las víctimas;

Que el presente programa no pretende agotar por completo las posibilidades de
reparación por otros conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley;

Que el Gobierno estima conveniente crear un programa para la reparación
administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen
de la ley, con fundamento en el principio de solidaridad con las víctimas;

Que se hace necesario crear las condiciones propicias para que las víctimas de
los grupos armados organizados al margen de la ley participen como
ciudadanos de manera activa en la recuperación y el ejercicio pleno de sus
derechos sociales, culturales, económicos y políticos en la reconstrucción del
tejido social y la reinstitucionalización del Estado colombiano.

DECRETA:

CAPITULO I

Programa de Reparación Individual por vía Administrativa– Principios
rectores y definiciones

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Artículo 1°. Creación del programa. Créase un Programa de Reparación
Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la Ley, el cual estará a cargo de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social24. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de
reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la
expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos
fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la
ley a los que se refiere el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 975 de 2005.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente programa se adoptan
las siguientes definiciones:

Reparación individual administrativa. De acuerdo con el principio de solidaridad,
se entiende por reparación individual administrativa el conjunto de medidas de
reparación que el Estado reconozca a las víctimas de violaciones de sus
derechos fundamentales, por hechos atribuibles a los grupos armados
organizados al margen de la ley; sin perjuicio de la responsabilidad de los
victimarios y de la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado.

Derechos cubiertos por el programa. El presente programa comprende los
siguientes derechos fundamentales que hubieren sido objeto de violación:

a) Vida;

b) Integridad física;

c) Salud física y mental;

d) Libertad individual;

e) Libertad sexual.

Clases de violaciones. Para los efectos de la reparación de que trata el presente
decreto, se tendrán en cuenta los tipos de victimización o hechos previstos en
el artículo 5° del presente decreto como conductas violatorias de los derechos
fundamentales.

Víctimas. Se entiende que tienen la condición de víctimas las personas a las
que se refieren el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada
por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y el artículo 5° de la Ley
975 de 2005.

Destinatarios o beneficiarios. Se consideran destinatarios o beneficiarios del
presente programa las personas que hubieren sufrido daño directo como

24 Acción Social fue transformada por el Decreto 4155 del 3 noviembre de 2011 “Por el cual se transformó

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de
Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”.

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consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales por acción de los
grupos armados organizados al margen de la ley.

Cuando a la víctima se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida,
tendrán esa condición el cónyuge o compañero o compañera permanente o el
familiar en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa
o aquellos que dependían económicamente de la misma.

Perpetradores o victimarios. Se entiende por perpetradores o victimarios, a los
integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley de que trata
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782
de 2002 y 1106 de 2006, con independencia de que se les identifique,
aprehenda, procese o condene, y sin consideración a la relación familiar
existente entre el autor y la víctima.

Fondo para la Reparación de las Víctimas. El Fondo para la Reparación de las
Víctimas al que se refiere este decreto, es la cuenta especial sin personería
jurídica, adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, y cuyo ordenador del gasto es el
Director General de Acción Social.

Violaciones no incluidas. Los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las
violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado, no están incluidos en
el presente programa y serán regulados por las normas aplicables en estas
materias.

Artículo 3°. Principios rectores. El Programa para la Reparación Administrativa
de las Víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, además
de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, se regirá por los
siguientes principios:

Autonomía. El Comité de Reparaciones Administrativas gozará de autonomía
para evaluar los elementos que sirvan para acreditar la condición de víctima y
para decidir sobre el contenido y alcance de las peticiones de reparación
presentadas por ellas. En consecuencia, tendrá la libre valoración de los medios
de convicción que le sirvan de fundamento para tomar sus decisiones.

Colaboración armónica. Las entidades del Estado responsables de la aplicación
del presente programa, trabajarán de manera armónica y articulada para el
cumplimiento de los fines aquí previstos, sin perjuicio de su autonomía e
independencia.

Igualdad. Las medidas reparatorias de indemnización solidaria previstas en este
programa, se reconocerán y pagarán de acuerdo con los tipos de victimización
establecidos en el presente decreto.

Enfoque diferencial. Las medidas de reparación administrativa individual
tendrán un enfoque diferencial, salvo la de indemnización solidaria.

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Voluntariedad. La solicitud y aceptación de la reparación individual por la vía
administrativa es voluntaria.

Prohibición de doble reparación. Ninguna víctima podrá recibir una doble
reparación económica por el mismo concepto o violación, con cargo a los
recursos del Estado.

Solidaridad. La reparación individual por la vía administrativa de que trata el
presente programa, se fundamenta en el principio de solidaridad del Estado con
las víctimas.

Gratuidad. Las actuaciones, procedimientos y formularios de todas las
entidades públicas y personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que
intervienen en la aplicación del presente programa, serán gratuitas.

La medida de reparación económica será entregada en forma directa a la
víctima o al beneficiario asegurando la gratuidad en el trámite, para que los
destinatarios la reciban en su totalidad.

Buena fe y favorabilidad. En la ejecución del presente programa, las
disposiciones se interpretarán teniendo en cuenta la presunción de buena fe y
el principio de favorabilidad en beneficio de los destinatarios.

Gradualidad. El presente programa se implementará en forma gradual, teniendo
en cuenta el orden de radicación de las solicitudes y las disponibilidades
fiscales, salvo lo que al respecto decida en casos especiales el Comité de
Reparaciones Administrativas, de manera motivada, en razón del grado de
vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad de los hechos.

Reconocimiento y dignidad. Todas las actuaciones de las entidades públicas,
procedimientos y medidas que se adopten en la implementación del presente
programa, tienen el fin de reconocer y dignificar a las víctimas y a los
beneficiarios de estas.

CAPITULO II

Medidas de reparación

Artículo 4°. Clases de medidas de reparación administrativa. Para los efectos
del presente programa, el Comité de Reparaciones Administrativas reconocerá
y ordenará la ejecución, en cada caso particular, de las siguientes medidas de
reparación, que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes
organismos del Estado:

a) Indemnización solidaria;

b) Restitución;

c) Rehabilitación;

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d) Medidas de satisfacción;

e) Garantías de no repetición de las conductas delictivas.

Parágrafo 1°. Para la gradualidad en el pago de las indemnizaciones solidarias,
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social tendrá en cuenta lo que decida el Comité de Reparaciones
Administrativas, de manera motivada, en casos especiales en razón del grado
de vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad de los hechos.

Parágrafo 2°. La población desplazada recibirá las medidas de reparación
contempladas en el presente decreto, sin perjuicio de las demás medidas
establecidas en las normas vigentes sobre la materia.

Artículo 5°. Indemnización solidaria. El Estado reconocerá y pagará
directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de que trata el presente
decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos
fundamentales violados, las siguientes sumas de dinero:

• Homicidio, Desaparición Forzada y Secuestro:

Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.

• Lesiones Personales y Psicológicas que Produzcan Incapacidad Permanente:

Hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.

• Lesiones Personales y Psicológicas que no causen Incapacidad Permanente:

Hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

• Tortura:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

• Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

• Reclutamiento Ilegal de Menores:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

• Desplazamiento Forzado:

Hasta veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales.

Parágrafo 1°. Los montos de indemnización solidaria previstos en salarios
mínimos mensuales legales, serán los vigentes al momento del pago.

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Parágrafo 2°. En caso de concurrir varias personas con derecho a la
reparación, el monto de la indemnización solidaria se distribuirá así:

1. Una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor previsto para
la respectiva violación para el cónyuge o compañero(a) permanente, y el otro
cincuenta por ciento (50%) para los hijos.

2. A falta de cónyuge o compañero(a) permanente, el cincuenta por ciento (50%)
para los hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los padres.

3. A falta de cónyuge o compañero (a) permanente e hijos, cincuenta por ciento
(50%) para los padres y el otro cincuenta por ciento (50%) distribuido en partes
iguales entre los hermanos y demás familiares que dependieren
económicamente de la víctima directa.

4. A falta de cónyuge o compañero (a) permanente, hijos y padres, se distribuirá
el valor de la indemnización solidaria en partes iguales entre los hermanos y
demás familiares que dependieren económicamente de la víctima directa.

5. Cuando la víctima directa era soltera y fue abandonada por su padres en la
niñez, se reconocerá el monto total de la reparación al pariente más cercano
que hubiere asumido los gastos de crianza y manutención, siempre que
demuestre el parentesco y la dependencia económica.

Parágrafo 3°. Del valor de la indemnización solidaria se descontarán las sumas
de dinero que la víctima haya recibido de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, o de otra entidad del
Estado que constituya reparación.

Parágrafo 4°. En caso de que respecto a la misma víctima concurra más de
una violación, tendrá derecho a que estas se acumulen hasta un tope no mayor
de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.

En caso de que un beneficiario pueda solicitar indemnización por varias
víctimas, tendrá derecho a la indemnización solidaria por cada una de ellas.

Parágrafo 5°. La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para
quienes hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, se entregará
por núcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de Fonvivienda, con bolsa
preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo en cualquier parte del
territorio nacional para vivienda nueva o usada, con prioridad en el tiempo frente
al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual de treinta
mil familias, y se reconocerá a quienes no hubieren sido incluidos en anteriores
programas por la misma causa.

Parágrafo 6°. La población desplazada tendrá derecho a las medidas de
reparación por las otras violaciones de que fueren víctimas, sin exceder los
topes previstos en el presente decreto.

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Artículo 6°. Restitución. El Comité de Reparaciones Administrativas dispondrá,
cuando ello fuere posible, las acciones que permitan a la víctima regresar a la
situación anterior a la comisión del delito.

Parágrafo. Las medidas consistentes en restitución de tierras se regirán por las
normas aplicables a esa materia.

Artículo 7°. Rehabilitación. El Estado, a través de este programa, prestará a las
víctimas que lo requieran asistencia para su recuperación de traumas físicos y
psicológicos sufridos como consecuencia del tipo de victimización de que trata
este decreto.

Artículo 8°. Medidas de satisfacción. Sin perjuicio de lo previsto por el parágrafo
1° del artículo 4° del presente decreto, el Comité de Reparaciones
Administrativas adoptará alguna o algunas de las siguientes medidas de
satisfacción en beneficio de las víctimas o beneficiarios:

a) Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y
honor, ante la comunidad y el ofensor;

b) Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal
anterior, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social;

c) Realización de actos conmemorativos, a través de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social;

d) Otorgamiento de condecoraciones y otros reconocimientos públicos, a través
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social,

e) Realización de homenajes públicos, a través de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social;
f) Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y
reconciliación, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social;

g) Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la
victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros
de seguridad, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social;

h) Colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior,
según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades
competentes para tal fin;

i) Acceso preferente a los servicios sociales ofrecidos por el Estado, a través de
las diferentes entidades y organismos competentes,

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j) Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los
victimarios, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social.

Parágrafo. Para la aplicación de las medidas de satisfacción a que se refieren
los literales anteriores, se deberá contar con el consentimiento de las víctimas.

Artículo 9°. Garantías de no repetición de las conductas delictivas. El Gobierno
Nacional pondrá en ejecución acciones encaminadas a prevenir que las
conductas violatorias a los derechos fundamentales se repitan.

Igualmente, se adelantarán campañas de capacitación, difusión y promoción
para la observancia de las normas nacionales e internacionales sobre derechos
fundamentales.

Artículo 10. Programas para el cumplimiento de las medidas de reparación.
Para la implementación de las medidas de reparación, se tendrán en cuenta, en
cuanto fueren compatibles, los programas de los diferentes organismos del
Estado.

Los organismos del Estado informarán a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, en forma individual, sobre
las medidas de reparación otorgadas, indicando la descripción de las medidas
y el beneficiario de las mismas.

Artículo 11. Derechos no incluidos. El reconocimiento de las medidas de
reparación a las que se refiere el presente programa, no excluye aquellas que
sólo fuere posible tramitar por la vía judicial, de modo que la víctima podrá acudir
para estos efectos ante la autoridad judicial respectiva.

Artículo 12. Deducciones. En caso que el Estado ingrese en la secuencia de
reparación en un papel subsidiario o residual para dar cobertura a los derechos
de las víctimas, el Fondo para la Reparación de las Víctimas deducirá del valor
decretado judicialmente, llevado a su valor actual, la reparación que hubiere
otorgado en virtud del presente programa y que fuere susceptible de valoración
económica.

De lo anterior, se informará a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Distrito Judicial que sea competente para emitir la respectiva sentencia
condenatoria.

Artículo 13. Subrogación y repetición. En los casos en que se otorgue la
reparación individual por vía administrativa, el Estado se subrogará en el monto
de las medidas de reparación que hubiere reconocido en beneficio de las
víctimas, y tendrá derecho a repetir contra los victimarios por dichas sumas de
dinero debidamente indexadas.

Artículo 14. Gradualidad de las indemnizaciones. Las indemnizaciones a que
se refiere el presente decreto se ejecutarán por períodos anuales a más tardar

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dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de la respectiva aprobación
por parte del Comité de Reparaciones Administrativas.

CAPITULO III

Del Comité de Reparaciones

Artículo 15. Comité de Reparaciones Administrativas. El otorgamiento de las
medidas de reparación a las que se refiere el presente programa, estará a cargo
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a través de un Comité
de Reparaciones Administrativas, cuya sede principal estará ubicada en la
ciudad de Bogotá.

Artículo 16. Composición del Comité de Reparaciones Administrativas. El
Comité de Reparaciones Administrativas estará integrado por los siguientes
miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación:

a) El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, quien lo preside;

b) El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social o su delegado, quien hará las veces de Secretario
Técnico;

c) El Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o su
delegado;

d) Un miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en
representación de las víctimas, elegido por este organismo, cuya
representación será indelegable.

Parágrafo 1° Las decisiones del Comité de Reparaciones Administrativas serán
adoptadas por mayoría simple, constarán en actas y serán firmadas por el
Presidente y el Secretario Técnico, y contra las mismas únicamente procederá
el recurso de reposición.

Parágrafo 2°. El Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, o
sus delegados, cuando lo consideren pertinente, podrán asistir con voz pero sin
voto a las deliberaciones del Comité de Reparaciones Administrativas.

Parágrafo 3°. Para ejercer la veeduría al presente programa, se podrá, en
criterio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, invitar a algún
organismo de reconocida solvencia nacional o internacional, en cuyo caso
podrá intervenir en todo momento en su implementación y seguimiento.

Artículo 17. Funciones del Comité de Reparaciones Administrativas. El Comité
de Reparaciones Administrativas tendrá las siguientes funciones indelegables:

a) Decidir, para los efectos del presente programa, sobre el reconocimiento de
la calidad de víctimas y beneficiarios de los solicitantes y las medidas de
reparación que se otorgarán en cada caso particular, con base en el estudio

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técnico y las recomendaciones elaboradas por la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social;

b) Promover acciones de dignificación y reconocimiento público de las víctimas;

c) Darse su propio reglamento.

Artículo 18. Conpes para ejecución y seguimiento de las medidas de
reparación. El Gobierno Nacional expedirá un documento Conpes para
establecer y especificar las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición; asegurar la ejecución y hacerle seguimiento a las
medidas de reparación a que se refiere el presente decreto y determinar los
responsables de la implementación de cada una de estas medidas.

Artículo 19. Secretaría técnica. La Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional-Acción Social, será la entidad encargada de
recibir y tramitar las solicitudes de reparación; presentar al Comité de
Reparaciones Administrativas el estudio técnico sobre la acreditación de la
calidad de víctimas de los solicitantes, y ejecutar las medidas de reparación que
se recomienden en cada caso.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social, cuando lo considere necesario, suscribirá los convenios con las
entidades públicas o privadas para la aplicación e implementación de las
medidas de reparación.

CAPITULO IV

Procedimiento para el reconocimiento y aplicación de la reparación
individual por vía administrativa.

Artículo 20. Iniciación del procedimiento. El procedimiento para obtener la
reparación administrativa individual de que trata el presente programa, se
iniciará con la solicitud de reparación.

Artículo 21. Solicitud de reparación. Los interesados en la reparación individual
por vía administrativa deberán diligenciar, bajo la gravedad del juramento, una
solicitud con destino al Comité de Reparaciones Administrativas, en un
formulario debidamente impreso y distribuido por la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.

El formulario podrá ser reclamado y presentado en forma gratuita en las
alcaldías municipales, personerías municipales, procuradurías regionales,
distritales y provinciales, defensorías del pueblo y sedes de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz.

En caso de que el solicitante no figure en las bases de datos como víctima de
los grupos armados organizados al margen de la ley, quien reciba la solicitud

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diligenciará el formato respectivo con destino al Comité de Reparaciones
Administrativas.

Parágrafo 1°. Una vez diligenciada la solicitud, quien la reciba, deberá remitirla
de manera inmediata o a más tardar al día siguiente, y por la vía más expedita
posible a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social. Copia de la misma se entregará en el acto al
interesado con indicación del día y la hora de su diligenciamiento.

Parágrafo 2°. La remisión de las solicitudes estará a cargo de las entidades que
las recepcionen.

Parágrafo 3°. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, presentará mensualmente un informe con destino
al Comité de Reparaciones Administrativas sobre las solicitudes de reparación
recibidas.

Artículo 22. Formato para solicitar la reparación administrativa. El Comité de
Reparaciones Administrativas definirá los datos que deberán suministrar las
víctimas o sus beneficiarios al momento de formular la solicitud de reparación
por vía administrativa.

Artículo 23. Acreditación de la calidad de víctima. A partir del recibo de la
solicitud, la identificación de la verificación de la información suministrada por
las víctimas o los beneficiarios y su acreditación, estará a cargo de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social, someterá a la aprobación del Comité de Reparaciones
Administrativas la decisión y las medidas de reparación que se recomienden en
cada caso, junto con el informe sobre las fuentes que fueron tenidas en cuenta
para la verificación de la solicitud.

Artículo 24. Criterios para reconocer la calidad de víctima. Corresponde a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social- a copiar la información y documentación necesaria para el
reconocimiento del solicitante como víctima de los grupos armados organizados
al margen de la ley.

Esta información tendrá por objeto allegar elementos de juicio sobre la
veracidad de la afectación de sus derechos fundamentales, para lo cual se
tendrán en cuenta alguno o algunos de los siguientes criterios:

• La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los
hechos.

• La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante
cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente
a la ocurrencia del hecho.

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• La situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los
hechos.

• La presencia de grupos armados organizados al margen de la ley en el lugar
de los hechos.

• La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o
cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.

• La inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de
inteligencia del Estado relacionados con los hechos.

• La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante organismos
internacionales.

• El riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos
profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier
otro tipo.

• Las modalidades y circunstancias del hecho.

• La amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos
de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

• Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el
género y ocupación.

• Haber ocurrido el hecho por medio de una mina antipersona.

• La inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos:
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la
Nación; Defensoría del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional;
Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las
Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para
la Acción Integral contra las Minas Antipersonas.

Parágrafo. La enumeración que se hace en el presente artículo es meramente
enunciativa.

Artículo 25. Entrevista. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, cuando lo considere necesario,
entrevistará personalmente a los solicitantes de la reparación, quienes para
facilitar el trámite podrán aportar las pruebas que tengan en su poder para
acreditar la calidad de víctima o de beneficiario.

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La entrevista se deberá realizar en el lugar de residencia del solicitante, sin
perjuicio de que este solicite que se efectué en otro lugar, o en la sede de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social.

De todo lo anterior se deberá dejar constancia por escrito.

Artículo 26. Fuentes. Para la calificación y acreditación de la calidad de víctima
o de beneficiario, y la recomendación de las medidas de reparación, la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social,
deberá respaldar el informe respectivo en alguno o algunos de los siguientes
medios de convicción:

Fuentes Humanas:
• Entrevista.

• Denuncia de los hechos.

• Versión de los victimarios.

• Testimonios.

Fuentes Documentales:

• Publicaciones en periódicos, noticieros, revistas, libros, hojas volantes.

• Bases de datos.

• Archivos y reportes de autoridades judiciales administrativas o de policía.
• Providencias judiciales.

• Informes de los organismos de inteligencia del Estado.

• Informes de organismos internacionales de derechos humanos.

• Informes y decisiones sobre casos individuales de Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

Fuentes Técnicas:

• Dictámenes profesionales, exámenes de laboratorio y peritajes allegados por
las víctimas o destinatarios del programa.

Artículo 27. Término para resolver la solicitud. El Comité de Reparaciones
Administrativas deberá resolver la solicitud de reparación en el orden de
recepción, para lo cual contará con un término no mayor de dieciocho (18)
meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud ante la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.

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Artículo 28. Registro de Reparaciones Administrativas. Con el fin de contribuir
a la construcción y conservación de la memoria histórica, el Comité de
Reparaciones Administrativas, a través de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, llevará un registro
de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley que
hubieren sido beneficiarios de reparación, y de las medidas de reparaciones
otorgadas.

Artículo 29. Exclusión del programa. Si con posterioridad al reconocimiento de
la reparación administrativa se demostrare que la persona no tenía la calidad
de víctima o de beneficiario, o lo hubiere acreditado de manera engañosa o
fraudulenta, el Comité de Reparaciones Administrativas revocará las medidas
otorgadas, solicitará el reintegro de los recursos que hubiere reconocido y
entregado por este concepto y compulsará copias a la autoridad competente
para la investigación a que haya lugar.

CAPITULO V

Disposiciones Generales

Artículo 30. Implementación, ejecución y pago de la reparación. El pago de la
indemnización solidaria y la implementación de las medidas de reparación que
no sean competencia de otras entidades, estarán a cargo de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.

Artículo 31. Responsabilidad. Los funcionarios que de manera injustificada
retarden u omitan el trámite o la decisión de las solicitudes que les corresponda
para el cumplimiento del presente programa, estarán sujetos a las sanciones
previstas en el Código Disciplinario Unico.

Artículo 32. Límite para presentar la solicitud. La solicitud de reparación por vía
administrativa deberá presentarse a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha de la expedición del presente decreto.

Parágrafo. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima o
al beneficiario presentar oportunamente la solicitud, el término a que se refiere
la presente disposición deberá contarse a partir del momento en que cesen los
hechos que dieron lugar a la fuerza mayor o al caso fortuito.

Artículo 33. Recursos presupuestales. El Gobierno Nacional asignará los
recursos financieros y administrativos necesarios para la ejecución de este
programa, teniendo en cuenta el principio de gradualidad.

Artículo 34. Asistencia legal a las víctimas. La Defensoría del Pueblo y la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, serán los organismos
encargados de ofrecer asesoría a las víctimas y a sus beneficiarios para los
efectos del presente programa.

Artículo 35. Participación de las entidades territoriales. El Comité de
Reparaciones Administrativas podrá delegar o implementar la aplicación de

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algunas medidas de reparación, a través de las entidades territoriales del nivel
departamental, distrital o municipal, o entidades públicas del mismo orden,
cuando estas deseen participar con sus propios recursos fiscales, para lo cual
se podrán suscribir convenios interinstitucionales.

Igualmente, los departamentos, distritos y municipios, en coordinación con el
Comité de Reparaciones Administrativas, podrán desarrollar sus propios planes
de reparación, los que se considerarán como complementarios al presente
programa.

Artículo 36. Difusión. La difusión del programa de reparaciones por la vía
administrativa será coordinada por el Comité de Coordinación Interinstitucional
de Justicia y Paz, y estará a cargo de todas las entidades que lo conforman.

Artículo 37. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 46.968 de abril 22 de 2008 […]”.

Cuestiones previas

75. Esta Sección, antes de proceder a determinar los problemas jurídicos, se
pronunciará de las siguientes cuestiones previas al juicio de legalidad: i) actos
administrativos cuando han perdido vigencia; ii) la ineptitud sustantiva de la
demanda; y iii) la cosa juzgada:

El juicio de legalidad de los actos administrativos cuando han perdido
vigencia

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Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

76. La Sala advierte que el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008 fue derogado
por el artículo 297 del Decreto 4800 de 20 de diciembre de 201125.

77. No obstante, el juicio de legalidad de los actos administrativos que han
perdido vigencia resulta procedente de conformidad con las siguientes
consideraciones efectuadas por esta Corporación:

“[…] se precisa que la desaparición de las normas del ordenamiento jurídico,
como consecuencia de su derogatoria expresa o tácita, no significa que
desaparezcan con ellas los efectos jurídicos que la mismas tuvieron durante el
tiempo de su vigencia, razón por la cual, tales normas aún por fuera del mundo
jurídico pueden estar sujetas al control jurisdiccional, con el fin de establecer si
durante el período de su existencia, estuvieron ajustadas a la legalidad.

En otras palabras, la circunstancia de que un acto demandado en acción de
nulidad hubiere sido derogado o subrogado por otro, ocasiona como
consecuencia la cesación de sus efectos hacia e! futuro, lo cual no constituye
obstáculo alguno para acometer el análisis de legalidad del acto administrativo
de manera retrospectiva con el fin de examinar si en su expedición fueron
cumplidos los requisitos y elementos esenciales y así establecer si nació o no a
la vida jurídica en condiciones de validez, de tal suerte que si se llegare
demostrar la existencia de vicios en su expedición ello conllevaría a declarar su
nulidad con efectos invalidantes desde el mismo momento del nacimiento del
acto […]26”.

78. Por lo tanto, esta Sala se pronunciará de fondo en el presente asunto,
teniendo en cuenta el criterio, según el cual, basta que la norma jurídica de
carácter general haya tenido vigencia para que esta jurisdicción se pronuncie
ante una demanda de nulidad que se presente contra ella, en consideración a
los efectos que pudo producir durante su vigencia.

Marco normativo sobre la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda

79. Visto el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo establece:

25 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.
26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación 18556,
sentencia de 13 de agosto de 2008, Magistrada Ponente Dra. Myriam Guerrero de Escobar.

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“[…] Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal
competente y contendrá:

[…] 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones […]”.

80. Vistos los artículos 267 del Código Contencioso Administrativo, respecto
de la remisión al entonces Código de Procedimiento Civil (hoy Código General
del Proceso);27 el artículo 10028 del Código General del Proceso respecto de
las excepciones previas dispuso:

“[…] Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el
demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del
término de traslado de la demanda:

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones […]”.

81. Visto el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo que otorga la
facultad al fallador para que en la sentencia definitiva se decida sobre cualquier
excepción que encuentre probada.

Análisis del caso concreto en relación con la ineptitud sustantiva de la
demanda

82. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la inepta demanda tiene
dos manifestaciones principales: una la atinente a la ausencia de requisitos
formales; y otra, la indebida acumulación de pretensiones. En el presente
caso, el agente del Ministerio Público solicitó declarar de oficio la excepción
de inepta demanda respecto de los cargos formulados en contra de los

27 De conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564, en concordancia con el

numeral 6 del artículo 627 ibidem. Sobre la entrada en vigencia de la Ley 1564 consultar auto de 25 de
junio de 2014, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Enrique Gil Botero,
núm. Único de radicación 25000233600020120039501
28 Ley 1437, artículo 175; parágrafo 2: “Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo

regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso”.

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artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 32, 33, 36, y 37 del decreto acusado, por considerar que la parte
demandante omitió la carga procesal de desarrollar el concepto de violación,
explicando las razones de por qué dichas disposiciones deben desaparecer
del ordenamiento jurídico y no se encuentran amparadas por el principio de
presunción de legalidad que las cobija.

83. La Sala encuentra acertada la posición del Ministerio Público, por cuanto
se observa que la parte demandante se limitó a afirmar que los artículos
relacionados no se oponían por sí mismos a la Constitución Política, y
solicitaba su nulidad, en razón de la presunta ilegalidad de los artículos
precedentes.

84. Por lo anterior, dada la ausencia absoluta de invocación normativa y de
concepto de violación, la Sala encuentra probada de oficio la excepción de
inepta demanda por ausencia de requisitos formales respecto de los artículos
mencionados, pero también en cuanto al artículo 31 del decreto acusado,
porque de ninguno de estos la parte demandante precisó las razones de la
violación alegada ni el alcance y sentido de la misma.

85. Por tanto, en uso de la facultad oficiosa prevista en el artículo 164, inciso
segundo, del Código Contencioso Administrativo, así se declarará, y se
continuará el estudio del caso solo respecto de los artículos restantes.

86. De conformidad con el informe secretarial obrante en el expediente del
proceso, de 18 de julio de 201629, la Sala observa que esta Sección, con
ponencia del Consejero de Estado, doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
profirió sentencia el 16 de abril de 2015, en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010324000 2007 00129 00, en la que se

29 Folio 206.

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negaron las pretensiones de la demanda, la cual versaba sobre el estudio de
legalidad de algunos de los artículos del Decreto 1290 de 2008.

87. Con el propósito de dilucidar si en el presente caso se encuentra probada
la excepción de cosa juzgada respecto de la sentencia anteriormente referida,
esta Sala analizará los siguientes aspectos: i) marco jurídico y desarrollo
jurisprudencial de la cosa juzgada, ii) elementos de la cosa juzgada en los
procesos de nulidad; y iii) análisis del caso concreto.

Marco jurídico y desarrollo jurisprudencial de la excepción de cosa
juzgada

88. Visto el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre los
efectos de las sentencias que se profieren en los procesos de nulidad, dispone
lo siguiente:

“[…] Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes”
pero sólo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido
esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”
(Negrilla de la Sala).

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89. Esta Corporación30 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada
en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:

“[…] la sentencia que decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos
erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta
posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación. Sin
embargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen la
nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa petendi,
razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de
la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener
por fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó
la pretensión nugatoria […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

90. La Sala reitera, de conformidad con la norma y jurisprudencia citada supra,
que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de
la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “[…] lo cual
significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un
acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el
acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea
la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada […]”31; es decir, que la
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa
juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los
argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.

91. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo
en relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los motivos
por los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de

30 Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-02253-

01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de

octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 110010325
0002006 00388 00.

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nulidad; de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones
de una acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo
respecto de los cargos que dan lugar a su interposición.

92. Ahora bien, respecto de la posibilidad de declaratoria oficiosa de la
excepción de cosa juzgada por parte del juez, esta Corporación ha sostenido
lo siguiente:

“[…] es importante señalar que la solicitud de declaratoria del fenómeno de la
cosa juzgada, más allá de pretender la defensa de los intereses propios de las
partes, tiene por finalidad la preservación del orden jurídico y la eficacia de la
función jurisdiccional del Estado. Por consiguiente, aun cuando las partes no lo
hubieren alegado, el fallador debe dar aplicación al artículo 306 del Código de
Procedimiento Civil32 que dispone que cuando el juez halle probados los hechos
que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, razón por la cual se estudiará la excepción de cosa juzgada[…]”. 33

93. De conformidad con lo anterior, oficiosamente se estudiarán los elementos
de la cosa juzgada y su aplicación al caso concreto.

Elementos de la excepción de cosa juzgada en procesos de nulidad

94. Visto el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, aplicable en
virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo34, dispone:

“[…] La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero

32 Posibilidad hoy contemplada en el artículo 282 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “Por medio de

la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta, expediente 17989,

sentencia de 25 de julio de 2013, Magistrada Ponente Dra. Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez.
34 De conformidad con el numeral 1 literal b) del artículo 625 de la Ley 1564, en el presente asunto se

aplica la nueva normativa, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se profirió el 1º de
diciembre de 2014.

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o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

95. Por tanto, se considera que los elementos de la cosa juzgada son: i)
identidad jurídica de partes, ii) identidad de objeto, y iii) identidad de causa.

96. Es importante precisar que, en tratándose de procesos de nulidad, la
identidad jurídica entre las partes, es un aspecto que carece de relevancia para
la configuración de la cosa juzgada en la medida en que, estando habilitado
todo ciudadano para “[…] interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley […]”35, no es necesario que la parte demandante del
segundo proceso corresponda a la parte demandante del proceso primigenio,
precisamente, porque entre uno y otro existe un interés común, como es la
defensa de la Constitución Política y la Ley, resultando irrelevante la identidad
de las personas que participaron en el proceso.

97. En cuanto al objeto y la causa, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

“[…] tratándose de sentencias que sean emitidas dentro de un proceso en el
que se pretenda la nulidad de un acto administrativo, el objeto corresponde al
acto mismo, entretanto la causa se circunscribe a los cargos en que se
estructure la pretensión de nulidad […]36”.

Análisis del caso concreto en relación con la excepción de cosa juzgada

35 Constitución Política, artículo 40, numeral 6.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente 05001-23-

33-000-2015-02253-01, Magistrado Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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98. La Sala procede al estudio de los elementos de la excepción de cosa
juzgada, en los siguientes términos:

99. Identidad jurídica de partes. En el presente asunto es un aspecto
irrelevante, por cuanto se trata de una demanda de nulidad (acción pública),
por las razones expuestas supra.

100. Identidad de objeto. Del análisis de las pretensiones de los dos
procesos, la Sala encuentra acreditada una identidad parcial de objeto, por
cuanto la demanda impetrada en el presente proceso, y de acuerdo con las
consideraciones efectuadas en el acápite anterior, pretenden la nulidad de los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 27, 30, 34 y 35 del Decreto 1290 de 2008, y
las pretensiones del proceso de radicado 110010324000 2009 00129 00
estuvieron encaminadas a que se declarara la nulidad de los artículos 1, 2, 3,
5 (parágrafos 3 y 5), 10, 14, 16 (parágrafo 2), 19, 23 y 24 del mismo decreto.

101. Por tanto, ambas demandas pretenden la nulidad de los artículos 1, 2, 3
y 5 (parágrafos 3 y 5) del decreto acusado.

102. Identidad de causa petendi. Respecto de los fundamentos de las
demandas, se evidencia lo siguiente:

103. La parte demandante en el presente proceso señaló como normas
violadas las siguientes:

• Artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 34, 42, 43, 44, 51, 63, 93, 113,
114, 188, 189, 198 y 209 de la Constitución Política.
• Derecho fundamental al mínimo vital.
• Artículos 1, 3, 15 y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada
por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.

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• Inciso final del parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55
de la Ley 975 de 2005.

104. La parte demandante dentro del proceso de radicado 110010324000
2009 00129 00 consideró que los actos acusados violaban las siguientes
normas37:
• Artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 42, 45, 90, 93, y 94 de la
Constitución Política.
• Ley 387 de 1997.
• Ley 104 de 1993.
• Ley 678 de 2001.
• Ley 42 de 1993.
• Ley 270 de 1996.
• Ley 288 de 1996.
• Ley 1152 de 2007
• Decreto 250 de 2005
• Artículos 8, 20 25 y 63 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos.
• Artículos 3 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
• Artículos 5, 9 y 11 de la Carta Internacional sobre Derechos Humanos.
• Artículos 7 y 9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos.
• Artículos 4, 7 y 8 de la Declaración sobre Derechos del Niño

105. Por tanto, ambas pretensiones coinciden en sostener que los artículos 1,
2, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22 y 42 de la Constitución Política fueron violados.

106. Sin embargo, la Sala encuentra que, pese a que se hace referencia a
unos mismos artículos de la Constitución Política, en el presente caso no existe

37 Acápite I.1. de la parte I. Fundamentos de Derecho, de la sentencia referida.

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identidad de causa petendi, puesto que, de la lectura de la sentencia referida,
se concluye que la parte demandante en el proceso de radicado
110010324000 2009 00129 00 centra la violación de estas normas en el
argumento que al establecer el principio de solidaridad, se desconoce que fue
el Estado el que presuntamente “[…] incumplió sus deberes de protección,
respeto y garantía de los derechos humanos, por lo cual, considera que si no
se reconoce la responsabilidad del Estado en estos casos en toda su
magnitud, se está frente a una nueva victimización y por tanto frente a una
nueva violación de los derechos humanos […]”38.

107. En el presente caso, la parte demandante argumenta que con las normas
del decreto acusado se desconoce el modelo de Estado reconocido en la
Constitución Política, sus fines esenciales y el principio de unidad al
presuntamente producirse una escisión de las ramas del poder público.

108. Entonces, si bien en ambas demandas se hace una referencia general a
las normas relacionadas, el argumento central por el cual considera cada parte
demandante que se violan los principios y derechos en ellas contenidos,
resulta diferente.

109. Aunque en las dos demandas se relacionan estos artículos para precisar
la forma de Estado prevista en la Constitución Política, sus fines esenciales y
el marco normativo aplicable, las razones argumentadas son distintas. Así, por
ejemplo, con relación al reparo que efectúan ambas partes a la indemnización
solidaria establecida por el programa de reparación por vía administrativa,
mientras la parte demandante en el proceso de radicado 110010324000 2009
00129 00 considera ésta que pretende que se descuenten de ella las ayudas
humanitarias previamente recibidas por las víctimas, la parte demandante del

38 Página 32 de la sentencia referida.

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presente proceso argumenta que esta indemnización se convierte en una
ayuda humanitaria más.

110. Si bien los argumentos se basan en los mismos temas de disenso, una
lectura minuciosa de ellos permite concluir que la causa petendi de ambas
demandas es diferente y por tanto las alegaciones del presente caso merecen
ser estudiadas en una decisión judicial diferente.

111. Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probada la
excepción de cosa juzgada en el presente proceso y procederá al estudio del
problema jurídico previamente establecido en el caso sub examine.

El problema jurídico

112. Corresponde a la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con
fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes
demandante y demandada, y el agente del Ministerio Público, establecer como
problema jurídico, en el caso sub examine: si las disposiciones acusadas del
Decreto 1290 de 22 de abril de 2008,39 fueron expedidas por el Gobierno
Nacional extralimitándose en el ejercicio de sus competencias, con desviación
de las atribuciones propias de los funcionarios que las expidieron, o por
infracción de las normas en que deberían fundarse, y, en consecuencia, si
debe declarase su nulidad.

113. El problema jurídico planteado se desarrollará infra previas las siguientes
consideraciones:

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“[…] [p]or el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley. […]”

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Marco normativo internacional y desarrollo jurisprudencial del derecho
de las víctimas

114. La Sala abordará el análisis normativo de los derechos de las víctimas,
de manera especial en el marco de los conflictos armados en el orden jurídico
internacional y nacional.

115. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas40, definió
el concepto de víctima de la siguiente manera:

“[…] 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización […]”.

116. En concordancia con estos instrumentos internacionales, la Asamblea
General de la Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/14741sobre “[…]
principios Y Directrices Básicos Sobre El Derecho De Las Víctimas De
Violaciones Manifiestas De Las Normas Internacionales De Derechos
Humanos Y De Violaciones Graves Del Derecho Internacional Humanitario A
Interponer Recursos Y Obtener Reparaciones. […]”, prevé que las víctimas

40 Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 “Declaración sobre los principios fundamentales de

justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”.
41 Aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

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Núm. único de radicación: 11001032400020090020600
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tienen derecho a disponer de recursos, lo que implica: i) el acceso igual y
efectivo a la justicia; ii) la reparación adecuada, efectiva, rápida, proporcional,
y que puede incluir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición; y iii) al acceso a la información
pertinente sobre las violaciones y mecanismos de reparación, garantía dentro
de la cual se prevé el derecho a la verdad.

Derecho de las víctimas en el Derecho Internacional Humanitario

117. Visto el artículo 6 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del
12 de agosto de 194942, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II), establece reglas
relacionadas con la comisión de las conductas contrarias al ordenamiento; en
cuyo numeral 5.º señala que al fin de las hostilidades se concederá la amnistía
más amplia posible, sin perjuicio de adelantar las investigaciones, juzgamiento
y la aplicación de sanciones a quienes hayan cometido crímenes de guerra.

Derecho de las víctimas en el Derecho Penal Internacional

118. En el marco del Derecho Penal Internacional, el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional43, dispone en el preámbulo que “[…] los crímenes
más graves de trascendencia para la comunidad internacional […] no deben
quedar sin castigo […]” y declara que, por lo tanto, los Estados están decididos
a: “[…] poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir a
la prevención de nuevos crímenes […]”, por lo que es “[…] deber de todo
Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes
internacionales[…]”.

42 Aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 171 de 16 de diciembre de 1994, declarados

exequibles mediante sentencia C-225 de 18 de mayo de 1995, Magistrado Ponente: Alejandro Martinez
Caballero; decreto de promulgación 509 de 14 de marzo de 1996; y en vigor para Colombia a partir del
14 de febrero de 1996.
43 Aprobado por el Congreso Nacional mediante Ley 742 de 5 de junio de 2022, declarados exequibles

por la Corte Constitucional en sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y en vigor
para el Estado Colombiano.

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119. Vistos los artículos: i) 68 ibidem sobre Protección de las víctimas y los
testigos y su participación en las actuaciones; y ii) 75 sobre reparación a las
víctimas, establecen respectivamente principios aplicables a la reparación,
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.

Derechos de las víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

120. Visto el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre44 sobre derecho de justicia, según el cual toda persona
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y disponer de un
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de
la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

121. Vistos los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos45, los estados parte se comprometen con la efectividad de los
derechos reconocidos en ese instrumento, para lo cual deben: i) respetar y
garantizar su libre y pleno ejercicio sin distinción alguna; y ii) adoptar las
medidas legislativas o de otro tipo requeridas para el efecto de adecuar el
ordenamiento interno a la Convención. Adicionalmente, según lo previsto en
los artículos 8.1 y 25.1, el Estado debe establecer recursos efectivos, dentro

44 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la

Novena Conferencia Internacional Americana (1948).
45 Aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 16 de 1972; decreto de promulgación 2110 de 12

de ocubre de 1988 y en vigor para Colombia a partir del 18 de julo de 1978.

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de los cuales se respeten las reglas del debido proceso, a efectos de lograr la
defensa de los bienes jurídicos amenazados o quebrantados.

122. Con base en las disposiciones anteriores, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos46 consideró que el deber de garantizar los derechos
previstos en la Convención deriva la obligación del Estado de configurar
recursos judiciales efectivos bajo las reglas del debido proceso y a través de
los cuales se aseguren los derechos de las víctimas, y se materialice
el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos.

123. De esta manera, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
derecho de acceso a la administración de justicia constituye el pilar para que
la víctima pueda obtener: i) la verdad, cuyo soporte normativo proviene, de
manera relevante, de los derechos a las garantías judiciales y protección
judicial47, y ii) Derecho a la reparación.

Marco normativo nacional y desarrollo jurisprudencial del derecho de las
víctimas

124. Vista la Constitución Política de Colombia en sus artículos 1.° sobre el
Estado Social de Derecho; 2 sobre el deber de las autoridades de proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades; los artículos 15 y 21 sobre el
derecho al buen nombre y a la honra de las personas; y los artículos 29 sobre
debido proceso y 229 respecto del “[…] derecho de toda persona para acceder
a la administración de justicia. […]”.

46 Respecto de la obligación de reparación de las víctimas ver entre otros: i) Corte Interamericana de

Derechos Humanos Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989; y ii) caso
Barrios Altos vs. Perú, sentencia 14 de marzo de 2001
47 Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

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125. Visto el artículos 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que: “[…] los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia[…]”, y el artículo 94 ibidem según el cual
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución
y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos […]”.

126. Visto el artículo 15 de la Ley 41848 definió víctima así:

“[…] Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia
política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida,
o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de
atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco
del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del
artículo 1o. de la Ley 387 de 1997.

Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor
de edad que tome parte en las hostilidades […]”.

127. Visto el artículo 16 de la Ley 418 define, dispone la entrega de ayuda
humanitaria a las víctimas de la siguiente forma:

“[…] ARTÍCULO 16. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el
daño especial sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria,
entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos
esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por
los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada
por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo
de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale su
Consejo Directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la presente
ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve
dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.

48 Modificado por el artículo 6 de la Ley 782 de 2002 y respecto del cual se entiende que operó la pérdida

de ejecutoria por no haber sido prorrogado por la Ley 1738 de 18 de diciembre de 2014, por medio de la
cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006 y 1421 de 2010”.

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PARÁGRAFO 1o. En caso fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima
presentar oportunamente la solicitud, el término a que se refiere la presente
disposición debe contarse a partir del momento en que cesen los hechos motivo
de tal impedimento.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en
el Presupuesto General de la Nación –Red de Solidaridad Social–, con el objeto
de prestar asistencia humanitaria, conforme a los fines previstos en la presente
ley.

PARÁGRAFO 3o. La ayuda humanitaria será entregada por la Red de
Solidaridad Social en forma directa, asegurando la gratuidad en el trámite, para
que los beneficiarios la reciban en su totalidad.

PARÁGRAFO 4o. Los beneficios de contenido económico que se otorguen a
los desplazados se regirán por la Ley 387 de 1997 […]”49.

128. Visto el artículo 1º de la Ley 975 dispone: “[…] La presente ley tiene por
objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a
la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende
por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de
autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques,
frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate
la Ley 782 de 2002 […]”.

129. Visto el artículo 5 de la Ley 975 dispuso:

“[…] Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que
individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán
ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la

49 Modificado por el artículo 7 de la Ley 782 de 2002 y respecto del cual se entiende que operó la pérdida

de ejecutoria por no haber sido prorrogado por la Ley 1738 de 18 de diciembre de 2014, por medio de la
cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006 y 1421 de 2010”.

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víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique,
aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública
que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo
de discapacidad física*, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo
de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún
integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros
de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del
servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.50

130. De lo anterior, la Sala encuentra que el concepto de víctima se ha
integrado, evolucionado y delimitado como una definición progresiva en
función de sus derechos, que no debe entenderse de manera estática, sino
que corresponde al desarrollo mismo de los conflictos.

131. La Corte Constitucional51, en diferentes sentencias y en aplicación de los
instrumentos internacionales y la normativa constitucional citada supra, ha
desarrollado los derechos de las víctimas estableciendo el alcance y la
naturaleza de los mismos, y concretándolos en principios que fueron

50
El anterior artículo fue modificado posteriormente por el artículo 2 de la Ley 1592 de 3 de diciembre
de 2012 al que se añade: “[…] También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un
daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros
de grupos armados organizados al margen de la Ley.
51 Ver entre otras: i) sentencia C-228 de 2002, Magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa y

Eduardo Montealegre Lynett, en donde se analizan cada una de las disposiciones constitucionales para
caracterizar los derechos de las víctimas, respecto de los cual consideró: “Finalmente, los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación económica reconocidos a las víctimas o perjudicados por un hecho
punible, pueden tener como fundamento constitucional otros derechos, en especial el derecho al buen
nombre y a la honra de las personas (arts 1º, 15 y 21, CP) ; ii) Sentencia C-370 de 2006. Magistrados
Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.

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adoptadas por legislación posterior52, y que se traducen en el derecho a la
verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición.

Marco normativo internacional y desarrollo jurisprudencial del derecho
de reparación integral de las víctimas

132. Una vez definido el marco normativo internacional y nacional de los
derechos de las víctimas, los instrumentos internacionales y la normativa
nacional se han encargado de precisar el alcance del deber de investigar,
juzgar y sancionar aquellas conductas cuya comisión afecta derechos de las
víctimas como se precisa a continuación:

133. Visto el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos53,
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo cuando quiera que se
lesionen sus derechos reconocidos por la Constitución o la ley.

134. Visto el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos54
prevé el compromiso de los estados partes de: i) respetar y garantizar, sin
distinción alguna, los derechos reconocidos en dicho instrumento –párrafo 1;
ii) adecuar el derecho interno a las disposiciones del Pacto –párrafo 2–.
Asimismo, se refiere al deber de los estados de garantizar que, ante la
amenaza o violación de los bienes protegidos; y iii) todas las personas cuenten
con recursos efectivos, incluso si los causantes de tal situación están en
ejercicio de funciones oficiales –párrafo 3–.

52 Los derechos de las víctimas en situaciones de transición, a la verdad, la justicia y la reparación con

garantías de no repetición, alcanzaron su positivización constitucional con la reforma efectuada por el
Acto Legislativo 01 de 2012, específicamente a través de la adición del artículo 66 Transitorio.
53 Aprobada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

artículos 8: “[…] 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley […]”.
54 Aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 74 de 1968; decreto de promulgación 2110 de 12

de ocubre de 1988 y en vigor para Colombia a partir del 23 de marzo de 1976.

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Derecho a la reparación integral de las víctimas en el Derecho
Internacional Humanitario

135. Los instrumentos internacionales que conforman el derecho internacional
humanitario brindan un marco jurídico para determinar el alcance del deber de
investigar, juzgar y sancionar y, por lo tanto, de los derechos de las víctimas.

136. Frente a la reparación a las víctimas, el Protocolo II no presenta norma
expresa aplicable a conflictos armados sin carácter internacional. No obstante
lo anterior, el Protocolo adicional a los convenios de Ginebra sobre la
protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional
(Protocolo I) de 194955, prevé en el artículo 91 que: “[l]a Parte en conflicto que
violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estará
obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los
actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.
[…]”

137. La Corte Constitucional56 refiriéndose al conflicto interno en Colombia, en
la sentencia C-579 de 2013 respecto de conductas que pertenecen a las
categorías de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio,
sostuvo que entre el DIH –ley especial en situaciones de conflicto– y el DIDH
–aplicable en todo tiempo– se presenta el principio de complementariedad,
relación que encuentra en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra,
cuya regulación es similar a la que abarca el DIDH. Al respecto consideró:

“[…] [e]n esa medida, puede afirmarse que bajo estas posturas, las conductas
violatorias a los derechos humanos que se cometan en el marco de un conflicto
armado deben obedecer a la calificación que para ello dé el ordenamiento

55
Aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 11 de 21 de julio de 1992, declarados exequibles
mediante sentencia C-574 de 1992, Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón ; decreto de promulgación
82 de 12 de enero de 1996; y en vigor para Colombia a partir del 1.° de marzo de 1994.

56 Corte Constitucional. Sentencia C-579 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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especial aplicable, es decir, el Derecho Internacional Humanitario. […] Así, las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de un
conflicto armado, al compartir disposiciones de protección conjuntas y
convergentes, y en la medida en que el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos no tiene herramientas para regular situaciones en conflicto, pueden
ser subsumidas en las categorías de crímenes de guerra, lesa humanidad y
genocidio, con miras a darle mayor protección a las víctimas. […]”

Derecho a la reparación de las víctimas en el Derecho Penal Internacional

138. El preámbulo del Estatuto de Roma, respecto de la reparación integral a
las víctimas, tuvo como fundamento entre otros, el reconocimiento de “[…] los
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas
en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia […]”.

139. En este contexto, el Estatuto de Roma regula aspectos tales como: i) la
imprescriptibilidad de los delitos de competencia de la Corte Penal
Internacional57; ii) las circunstancias eximentes de responsabilidad58; y iii) la
protección de las víctimas y los testigos, y su participación en las actuaciones
ante la Corte Penal59, así como la reparación a las víctimas60.

Derechos a la reparación de las víctimas en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos

140. Vistos los artículos 1.°, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, respecto de las obligaciones estatales en materia de
investigación y juzgamiento de violaciones contra los Derechos Humanos, que

57 Artículo 29
58 Artículo 31
59 Artículo 68
60 Artículo 75

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los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en esa Convención y “[…] a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción[…]”, sin discriminación alguna61;
así mismo a adoptar, “[…] las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades […]”62

141. En el mismo sentido, la Convención señala que “[…] toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley […]”, entre otras cosas para “[…] la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter […]”63 y añade que “[…] toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos […]”.

142. La Corte Interamericana de Derechos Humanos64, respecto de tutela
judicial efectiva de los derechos, a través de la cual no sólo obtengan
reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la
verdad y a la justicia sostuvo:

“[…] la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los
derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de
la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar.
En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no
basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
[…] (negrilla fuera de texto)

61 Artículo 1-1
62 Artículo 2
63 Artículo 8
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts.
27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de
octubre de 1987, Serie A No. 9, párrafo. 24.

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143. La misma Corte Interamericana65 en un asunto sometido a su
consideración indicó: lo siguiente:

"[…] Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo
el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través
de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los
estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos humanos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado
y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos. […]” (negrilla fuera de texto)

144. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en reciente oportunidad 66
sostuvo como contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos,
las leyes que dejaban a las víctimas sin la posibilidad de saber la verdad y
obtener justicia, a pesar de que el Estado estaba dispuesto a reconocerles una
reparación económica. Al respecto sostuvo:

"[…] 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones
de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“42. La Corte, (...) considera que las leyes de amnistía adoptadas por
el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas
sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez,
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron
el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de
la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura,

65 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988.
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs.

Perú), Sentencia de 14 de Marzo de 2001. La Corte Interamericana decidió que las leyes de amnistía
peruanas eran contrarias a la Convención y que el Estado era responsable por violar el derecho de las
víctimas a conocer la verdad sobre los hechos y obtener justicia en cada caso, a pesar de haber aceptado
su responsabilidad y decidido otorgar una reparación material a las víctimas.

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enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos
ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la
Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del
caso. (...)
“43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las
obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las
providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la
protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo
y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es
por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que
tengan este efecto, como lo son las leyes de auto amnistía, incurren en
una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos
1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de auto amnistía conducen a la
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo
que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la
Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de
los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya
que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide
a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la
reparación correspondiente. […]” (negrilla fuera de texto)

145. Los instrumentos internacionales citados supra y respecto de los cuales
la Sala abordará el análisis del presente asunto, constituyen el bloque de
internacionalidad67 que exigen un deber de respeto, protección y garantía los
derechos humanos al que pertenecen Tratados o Convenciones del DIDH,
tanto del ámbito universal como regional.

Marco normativo nacional y desarrollo jurisprudencial del derecho de
reparación de las víctimas

146. Visto el numeral 7 del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia,
la Fiscalía General de la Nación debe: “[…] Velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal,

67 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de

octubre de 2019, consideró respecto del bloque de internacionalidad: “[…] Estos instrumentos, como
parte de un Bloque de Internacionalidad, contienen principios y normas de obligatorio cumplimiento para
el Estado Colombiano, que constituyen parámetros para la aplicación e interpretación de las normas.
[…]“.

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la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal y los mecanismos de justicia restaurativa. […]”

147. Visto el artículo 50 de la Ley 975, sobre la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, dispone su composición y vigencia así:

“[…] Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por
el Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el
Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de
justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;
Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el
Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría
Técnica.

El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a
cinco personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.

Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años […]”.

147. Visto el artículo 54 de la Ley 975 crea el Fondo para la Reparación de las
Víctimas de la siguiente manera:

“[…] Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta
especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la
Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a
las reglas del derecho privado.

El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título
se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se
refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y
donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.

Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la
Contraloría General de la República.

PARÁGRAFO. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se
entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado
por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes
vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de
dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta
se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen
de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

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El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo
concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de
buena fe […]68”.

148. Visto el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 97569, disponía:

“[…] La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente
ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo,
las siguientes funciones:

[…] 56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar […]”.

149. La Corte Constitucional70 ha entendido que el derecho a la reparación
integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1) busca
restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que
se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones
concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de
satisfacción y no repetición […]”.

150. Esta Corporación recientemente precisó el término de la siguiente
manera:

“[…] la Sala comprende como víctima a todo sujeto, individuo o persona que
sufre un menoscabo, violación o vulneración en el goce o disfrute de los
derechos humanos consagrados en las normas convencionales y
constitucionales, o que se afecta en sus garantías del derecho internacional
humanitario […]”71

68 Artículo derogado por el artículo 41 de la Ley 1592 de 3 de diciembre de 2012, y adicionado
posteriormente por el artículo 177 de la Ley 1448 y el artículo 13 de la Ley 1151 de 2007.
69 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 "por la cual se dictan

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones”.
70 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicación

56282, sentencia de 10 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.

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151. Por su parte, la Corte Constitucional “ha reconocido que se trata de
víctimas del conflicto armado cuando los hechos acaecidos guardan una
relación de conexidad suficiente con este72”, y ha entendido como hechos
acaecidos en el marco del conflicto armado:

“[…] (i) los desplazamientos intraurbanos, (ii) el confinamiento de la población;
(iii) la violencia sexual contra las mujeres; (iv) la violencia generalizada; (v) las
amenazas provenientes de actores armados desmovilizados; (vi) las acciones
legítimas del Estado; (vi) las actuaciones atípicas del Estado; (viii) los hechos
atribuibles a bandas criminales; (ix) los hechos atribuibles a grupos armados no
identificados, y (x) por grupos de seguridad privados, entre otros ejemplos. Si
bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con el
conflicto armado, para determinar quiénes son víctimas por hechos ocurridos
en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado que
es necesario examinar en cada caso concreto si existe una relación cercana y
suficiente con el conflicto armado interno […]73”.

Indemnización por vía administrativa

152. Los derechos de las víctimas han sido agrupados por la ONU en tres
grandes bloques, a saber: derecho de saber, derecho a la justicia y derecho a
la reparación74.

153. Esta agrupación ha sido estudiada por la doctrina de la siguiente manera:

“[…] Tras el conocimiento de los hechos y el acceso a la justicia, las víctimas
tienen derecho a la reparación, es decir, a recibir una compensación que, el
victimario (en principio) o el Estado (ante la ausencia de responsable), debe
otorgar a las víctimas por los daños y perjuicios causados. Este derecho se
configura necesariamente a través de las medidas, individuales y colectivas, de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Así, reparar a las víctimas de la violencia significa entonces cubrir la
integralidad de los daños y perjuicios causados, buscando -en lo posible- el
regreso de la víctima a la situación anterior, una compensación de tipo material

72 Corte Constitucional, Sala Plena, radicación D-8997, demanda de inconstitucionalidad, sentencia de

10 de octubre de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.
73 Idem.
74 Informe elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la Decisión 1996/119 de la Subcomisión

de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, de la ONU, Sesión 49 de 12 de octubre
de 1997, “La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos – La cuestión de la
impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos).

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o económico y la debida atención médica, psicológica, jurídica y social
necesarias. Además, requiere el despliegue de acciones concretas que
simbólicamente permita la dignificación de las víctimas, como son el
reconocimiento público por parte de los victimarios y el Estado de la
responsabilidad que les compete en los hechos violentos, las ceremonias
conmemorativas, los monumentos o los museos de la memoria y las solicitudes
públicas de perdón […]”75.

154. Por su parte, la CIDH, en el marco de la implementación de la Ley de
Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), presentó, por solicitud del Gobierno de
Colombia el 19 de febrero de 2008, un documento que recoge los
“Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones” en el
cual estableció:

“[…] 3. El Estado, al definir una política pública de reparación, debe apuntar a
reparar los daños causados por la violencia paramilitar, y en base a los
estándares del derecho internacional de los derechos humanos, disponiendo de
vías administrativas, ágiles y de escaso costo, para el acceso a programas de
reparaciones económicas. Esto, sin perjuicio de las demás formas de
reparación no materiales, reparaciones colectivas y de los programas y
servicios sociales que pudieran establecerse para la población afectada durante
el conflicto. Dicha política debe ser implementada según los criterios de
reparación que fueran señalados por la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.

4. El programa de reparación administrativa que vaya a ser implementada por
el Estado deberá necesariamente reflejar el resultado de un proceso abierto y
transparente de diálogo y consulta previa con la sociedad civil y las instituciones
del Estado involucradas, que legitime y garantice la continuidad, irreversibilidad
e institucionalidad de dicha política. En este sentido, la CIDH entiende que es
preciso que el programa integral de reparaciones funcione como una política de
Estado que le otorgue estabilidad y una vigencia sostenida en el tiempo. La
implementación de un programa de reparaciones integrales como el que se
plantea necesita de un compromiso de solidaridad social por parte de la
sociedad colombiana con las víctimas del conflicto, el cual sería facilitado por
un proceso de consulta previa amplio y profundo […]”.

75 La reparación administrativa a las víctimas de la violencia en Colombia, análisis del Decreto 1290 de

2008, páginas 26 y 27, Departamento de Trabajo Social, Programa de Iniciativas para la Paz y la
Convivencia – PIUPC, Bogotá D.C., 2012.

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155. La CIDH aclaró que la reparación por vía administrativa es un camino
complementario y no excluyente de la búsqueda de reparación por vía judicial
al disponer:

“[…] 6. Si el programa integral de reparaciones ofreciera una vía administrativa
como opción frente al incidente judicial de reparación de la Ley de Justicia y
Paz, la CIDH entiende que no debería convertirse en un camino excluyente,
sino complementario de este incidente. En vista de que el objeto de la
reparación administrativa sería diferente del objeto del incidente judicial de
reparación.

7. La CIDH ha sido informada que el Estado al implementar un programa
administrativo de reparaciones para las víctimas de ciertas violaciones, no lo
haría en función de asumir una responsabilidad jurídica por los hechos
reparados, sino como expresión de un compromiso político y humanitario con
las víctimas del conflicto. La CIDH entiende que el concepto de reparación tiene
sus raíces en un principio de obligación, en contraste con un pago ex gratia. Por
ello, entendemos que el procedimiento administrativo de reparaciones, no
debería implicar un desistimiento de la acción judicial contencioso administrativa
que busca precisamente la determinación de la responsabilidad jurídica del
Estado, así como tampoco un desistimiento del incidente de reparación. […]
Asimismo, el Estado podría siempre compensar lo que otorgue a través del
programa de reparaciones administrativas, de lo que pudiera verse obligado a
reparar en un proceso contencioso administrativo […]”76.

156. La Defensoría del Pueblo, conforme sus funciones constitucionales,
diferenció la reparación por vía administrativa de la judicial de la siguiente
manera:

“[…] la reparación a través de programas administrativos se define en
contraposición a la reparación por vía judicial, en la medida en que los requisitos
relacionados con la prueba de los hechos violentos que se denuncian son
menos exigentes que en ésta; además los plazos y requisitos que se imponen
a las víctimas son menos rigurosos debido a que uno de los propósitos de los
procedimientos administrativos de reparación es descargar a las víctimas de las
dificultades y los costos del litigio como vía para obtener reparaciones […]77”.

157. La CIDH también advirtió sobre la necesidad de garantizar el debido
proceso en sede administrativa afirmando:

76 Idem.
77 Documento: El Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa: Una mirada desde las

víctimas. Página 11. Defensoría del Pueblo, 2010.

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“[…]. 9. Respecto a los procedimientos a implementarse en el marco del
programa de reparaciones integrales la CIDH considera que éstos deben
respetar los derechos y garantías establecidas en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana. Dichos procedimientos deberán garantizar estándares
mínimos de respeto del derecho al debido proceso.

10. Entre los elementos que componen el debido proceso en sede
administrativa la CIDH ha identificado: la garantía de una audiencia pública de
determinación de derechos, el derecho a la representación legal, la notificación
previa sobre la existencia del proceso, el derecho a contar con una decisión
fundada, la publicidad de la actuación administrativa, el derecho al plazo
razonable y el derecho a la revisión judicial de las decisiones administrativas
[…]”.

Programa de reparación individual por vía administrativa

158. De conformidad con lo expuesto anteriormente, el Gobierno Nacional creó
el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas
de los Grupos Armados al Margen de la Ley mediante el Decreto 1290 de 22
de abril de 2008, con base en los artículos 2 y 189, inciso 11 de la Constitución
Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos78, la Ley 418,
975, el Decreto 3391 de 29 de septiembre de 200679, y las consideraciones
efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 200680, bajo
el principio de solidaridad y la obligación residual que tiene el Estado de
reparar de manera anticipada a las víctimas, sin perjuicio de la obligación de
hacerlo que tienen los victimarios81.

159. Este programa se desarrolló luego de la propuesta formulada por la
CNRR, hoy Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas82, de

78 Pacto de San José, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.
79 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005”.
80 Corte Constitucional, Sala Plena, demanda de inconstitucionalidad, expediente D-6032, sentencia de

18 de mayo de 2006, Magistrados Ponente Drs. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
81 La reparación administrativa a las víctimas de la violencia en Colombia, análisis del Decreto 1290 de

2008, página 28, Departamento de Trabajo Social, Programa de Iniciativas para la Paz y la Convivencia
– PIUPC, Bogotá D.C., 2012.
82 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley 1448 de 2011.

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conformidad con sus funciones establecidas en el artículo 51 de la Ley 975.
En efecto, la CNRR, consideró que el 95% de las víctimas no tenían
identificado su victimario, por lo que, dadas las exigencias probatorias, no
tendrían la posibilidad de acceder a la reparación consagrada en la Ley 975,
siendo la reparación por vía administrativa una alternativa más adecuada para
las víctimas83.

160. La CNRR aclaró que la reparación administrativa no puede ir en
detrimento de otros derechos de las víctimas tales como la verdad, la justicia
y otras formas de reparación84.

161. La ejecución del programa inició el 15 de agosto de 2008, ante lo cual
“[…] las víctimas acudieron de manera masiva e ininterrumpida a las entidades
encargadas de recibir el formulario, a través del cual, plasmaron sus
expectativas frente al beneficio del programa de reparación […]85”, lo que “[…]
implicó esfuerzos institucionales encaminados a brindar la debida y pertinente
orientación acerca de qué esperar o qué no es posible obtener por medio de
este programa […]”86.

162. Conforme los marcos normativos internacionales y nacionales expuestos
supra, la Sala abordará el estudio de legalidad del acto acusado conforme los
cargos formulados en la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el ejercicio de la
potestad reglamentaria

162. Visto el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política establece:

83 Acta de reunión de la CNRR de los días 23 y 24 de octubre de 2007.
84 Idem.
85 Documento: El Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa: Una mirada desde las

víctimas. Defensoría del Pueblo, 2010.
86 Idem.

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“[…] Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: […]

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]”.

163. Esta Sección87 ha señalado que la norma citada supra faculta al
Presidente de la República, en su condición de suprema autoridad
administrativa, para expedir normas orientadas necesariamente a la correcta
ejecución de la ley sin necesidad de disposición expresa que la conceda y que,
la potestad indicada es inversamente proporcional a la extensión de la ley; esto
es, que ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor
campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria y viceversa.

164. El alcance de la potestad reglamentaria depende del desarrollo que el
legislador haga de la materia, toda vez que, puede regular íntegramente una
materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o abstenerse de reglar
algunos aspectos para que el Presidente de la República la reglamente para
su debida aplicación.

165. La sentencia citada supra señaló que la potestad reglamentaria no es
absoluta porque tiene como límite y radio de acción a la Constitución Política
y a la ley, y no puede ejercerse para alterar o modificar el contenido y espíritu
de la ley.

166. Asimismo, la Corte Constitucional88 se ha pronunciado sobre la facultad
reglamentaria, considerando que el ejercicio de la potestad reglamentaria se

87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril

de 2019; radicación 11001032400020090057100, Magistrado Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato
Valdés;
88 Corte Constitucional; sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009; Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla

Pinilla.

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amplía o restringe en la medida en que el Congreso de la República utilice en
mayor o menor grado sus poderes jurídicos. En este sentido, ha expresado:

“[…] La doctrina y la práctica han demostrado que la potestad reglamentaria del
ejecutivo es inversamente proporcional a la extensión de la ley. De suerte que,
ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de
acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa.

¿Qué factores determinan que ello ocurra?

En esencia, la mayoría de las veces, el ejercicio íntegro o precario de la
potestad de configuración normativa depende de la voluntad del legislador, es
decir, ante la valoración política de la materia a desarrollar, el Congreso de la
República bien puede determinar que regula una materia en su integridad, sin
dejar margen alguna a la reglamentación o, por el contrario, abstenerse de
reglar explícitamente algunos aspectos, permitiendo el desenvolvimiento
posterior de las atribuciones presidenciales de reglamentación para que la
norma pueda ser debidamente aplicada.

No obstante, esta capacidad del Congreso para determinar la extensión de la
regulación de una institución tiene distintos límites que vienen dados por las
especificidades de las materias objeto de dicha regulación. Así, por ejemplo, el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, somete a estricta
reserva legal, entre otras, la regulación de materias tales como impuestos o
leyes estatutarias. Para esta Corporación, es claro que la regulación de los
elementos esenciales de materias sometidas a reserva de ley, no son
susceptibles de ser regulados a través del ejercicio de la potestad
reglamentaria, salvo en cuestiones accesorias y de detalle, so pena de
contrariar disposiciones imperativas de raigambre Superior (C.P. arts. 152 y
338) […]”.

167. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional consideró que el desarrollo
de la potestad reglamentaria exige que la ley haya configurado previamente
una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual el Gobierno
Nacional (conformado por el Presidente de la República y el Ministro del
ramo), pueda ejercer la función de reglamentar la ley, con miras a su debida
aplicación, de tal suerte que si el legislador no define ese presupuesto
normativo básico estaría delegando en el Gobierno Nacional lo que la
Constitución Política ha querido que no sea materia de reglamento sino de
ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la
existencia previa de un contenido legal por reglamentar.

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168. En suma, el ejercicio de la potestad reglamentaria conlleva: i) el ejercicio
de una función administrativa; ii) tiene como propósito precisar y detallar la ley
para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente; iii) finaliza con la
expedición de actos de carácter general y abstractos; iv) el acto que resulta
no es una nueva ley, sino un acto complementario de esta; v) promueve la
organización y el funcionamiento de la administración; vi) representa un
mecanismo de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo; vii) no
puede ejercerse en el caso de materias que deben necesariamente regularse
a través de una ley y; viii) no es posible ejercer la potestad reglamentaria
cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones precisas y claras que
no requieren de una regulación adicional para su ejecución.

El abuso de poder

169. Visto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, dispuso:

“ […] Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que
deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios
u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que
los profirió […]” (Negrilla de la Sala).

170. Esta Corporación ha entendido que la desviación de poder se configura
cuando:

“[…] la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto
administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros
diferentes. En otras palabras, el acto administrativo, aunque comporta
externamente las formalidades exigidas por la ley, está orientado a fines
distintos para los que fue investido el funcionario emisor. Y en casos como este
corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad

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con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere
[…]”89.

171. Así mismo, esta Corporación ha clasificado las diferentes
manifestaciones de la desviación de poder en dos grandes grupos, así:

“[…] aquellos casos en que i) el acto o contrato administrativo es ajeno a
cualquier interés público –venganza personal, motivación política, interés de un
tercero o del propio funcionario; y, ii) el acto o contrato es adoptado en desarrollo
de un interés público, pero que no es aquel para el cual le fue conferida
competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se aproxima
igualmente la desviación de procedimiento en la que la administración disimula
el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un
procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas
formalidades o de suprimir ciertas garantías […]”90.

172. Por lo anterior, el abuso de poder se ha considerado una forma de
desviación de poder91, y en todo caso, esta Corporación ha reiterado que:

“[…] cuando se alega desviación de poder como causal para pedir la nulidad de
un acto administrativo y como consecuencia un eventual restablecimiento de
derecho, quien pretenda esa declaración está obligado a aportar tales pruebas
que el Juez del conocimiento no tenga la más mínima duda de que al expedir el
acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó
obtener el fin obvio y normal determinado al efecto, sino que, por el contrario,
se valió de aquella modalidad administrativa para que se obtuviera como
resultado una situación en un todo diversa a la que explícitamente busca la ley
[…]”92.

Análisis del caso concreto

89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección quinta, expediente 3644, sentencia

de 8 de septiembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Darío Quiñones Pinilla.
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, Subsección B,

expediente 4541-13, sentencia de 20 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección C, expediente

34587, sentencia de 1º de julio de 2015, Magistrada Ponente Dra. Olga Mélida Valle de La Hoz.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, expediente 3259,

sentencia de 31 de agosto de 1988, Magistrada Ponente Dra. Clara Forero de Castro.

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173. Atendiendo al marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos supra, la Sala procede al análisis del material probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

174. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las
partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de
la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos
de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado, en los siguientes términos:

175. El Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la República, el
Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) y el
Ministro de Hacienda y Crédito Público, profirió el Decreto 1290 de 22 de abril
de 2008, por el cual “[…] se crea el Programa de Reparación Individual por
vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al
Margen de la ley […]”93.

176. El Gobierno Nacional, expuso los motivos por los cuales se profirió el
decreto acusado y las normas en las que se basó para ello94.

177. El Gobierno Nacional, previo a la expedición del decreto acusado, realizó
consultas sociales a nivel nacional, las cuales obedecieron a un cronograma
y a una metodología previamente diseñadas. De estas consultas se dejó
registro escrito discriminado por ciudades95.

93 Folios 2 a 22.
94 Parte introductoria y considerativa del Decreto 1290 de 22 de abril de 2008.
95 Folios 110 a 113.

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Solución al caso concreto

178. Las normas y la jurisprudencia anteriormente citadas le permiten a la Sala
delimitar el marco normativo internacional y nacional y el desarrollo
jurisprudencial respecto del concepto de víctima y su posición en el conflicto
armado; los instrumentos legales para la protección de las víctimas; la
indemnización por vía administrativa; el Programa de Reparación Individual
por Vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados al Margen de
la Ley; la potestad reglamentaria; y el abuso de poder, con el fin de hacer el
análisis de la legalidad del acto acusado.

179. Del análisis de los hechos presentados en la demanda, los argumentos
expuestos por la parte demandante y la parte demandada, durante las
diferentes oportunidades procesales, así como el acervo probatorio, se logró
establecer que la parte demandante funda sus pretensiones en afirmar que el
acto acusado no cumplió con los requisitos de legalidad, por lo tanto, debe ser
anulado.

180. De los antecedentes expuestos se puede concluir que la parte
demandante argumenta que el decreto acusado viola las normas de la
Constitución en cuanto desconoce:

 La forma del Estado colombiano como república unitaria democrática96,
 Los fines esenciales del estado97,
 La supremacía de la constitución98,
 La protección de los derechos a:
• La no discriminación99;

96 Artículo 1º, Constitución Política.
97 Artículo 2º, Constitución Política.
98 Artículo 4, Constitución Política.
99 Artículo 5, Constitución Política.

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• La vida100;
• La no desaparición forzada, la tortura ni los tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes101;
• La igualdad102;
• La honra103;
• La paz104;
• Elevar peticiones y obtener su respuesta105;
• La prohibición de penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación106;
• La familia107;
• La igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres108;
• Los niños109;
• Vivienda digna110;
• Los bienes de uso público111;
 La prevalencia de los tratados internacionales112;
 La división de poderes y la colaboración armónica113;
 Las atribuciones del Congreso114;
 Las atribuciones del Presidente115, sus funciones116 y
responsabilidad117; y,
 La función administrativa118.

100 Artículo 11, Constitución Política.
101 Artículo 12, Constitución Política.
102 Artículo 13, Constitución Política.
103 Artículo 21, Constitución Política.
104 Artículo 22, Constitución Política.
105 Artículo 23, Constitución Política.
106 Artículo 34, Constitución Política.
107 Artículo 42, Constitución Política.
108 Artículo 43, Constitución Política.
109 Artículo 44, Constitución Política.
110 Artículo 51, Constitución Política.
111 Artículo 63, Constitución Política.
112 Artículo 93, Constitución Política.
113 Artículo 113, Constitución Política.
114 Artículo 114, Constitución Política.
115 Artículo 188, Constitución Política.
116 Artículo 189, Constitución Política.
117 Artículo 198, Constitución Política.
118 Artículo 209, Constitución Política.

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181. Así mismo, la parte demandante alega que el decreto acusado viola el
derecho fundamental al mínimo vital, y agrega que trasgrede las normas
legales en cuanto:

 Excede las facultades legales y reglamenta arbitrariamente materias
reservadas al legislador119;
 Limita el concepto de víctima y la clase de reparación a las cual son
acreedoras120;
 Confunde la asistencia humanitaria con una indemnización solidaria 121;

182. La parte demandante concluye que lo anterior demuestra que se
configuró un abuso de poder con el que no se garantiza la independencia de
las ramas del poder público, la unidad nacional, ni los derechos y libertades de
los colombianos, en especial, de los que han sido víctimas de la violencia.

183. Por tanto, de la lectura anterior, la Sala, a efecto del respectivo juicio de
legalidad, concluye que la parte demandante precisa su concepto de violación
en que el decreto acusado: i) fue expedido con extralimitación de las
competencias; ii) con desviación de las atribuciones propias del funcionario
que los profirió; y, iii) con infracción las normas en que debería fundarse; por
lo que se procederá al estudio de esos tres cargos.

Extralimitación de las competencias

184. En primer lugar, la Sala observa que, como quedó establecido en el
acápite del marco normativo y el desarrollo jurisprudencial, la creación del
Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas

119 Artículo 1 y 3 Ley 418, artículo 54, parágrafo Ley 975.
120 Artículo 15 Ley 418.
121 Artículo 16 Ley 418.

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de los Grupos Armados al Margen de la ley obedeció a una articulación de
consideraciones que incluyeron el concepto dinámico de víctima y su situación
en el conflicto armado, los instrumentos legales para su protección, y, entre
ellos, la indemnización por vía administrativa.

185. En el marco de este desarrollo se atendieron las recomendaciones de
actores internacionales, como fue el caso de la CIDH, así como la colaboración
de entidades nacionales y la participación de las víctimas, mediante consultas
que contaron con un cronograma y tuvieron una metodología previamente
desarrollados.

186. Estas consultas públicas se llevaron a cabo a lo largo de todo el territorio
nacional como lo fue en las ciudades de Barranquilla, Valledupar,
Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali, Pasto y Mocoa, contrario a la afirmación
del demandante que: “[…] el Gobierno nacional (sic) no permitió ni promovió
la participación del pueblo, ni de las víctimas para su creación […]”.

187. El Decreto fue expedido por el Gobierno Nacional conformado por el
Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro
de Justicia y del Derecho) y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, con
base en las atribuciones conferidas por el inciso 11 del artículo 189 de la
Constitución Política que confiere al Presidente la facultad de expedir decretos
reglamentarios para la ejecución de las leyes.

188. También tuvo como fundamento los artículos 1, 3, 15 y 16 de la Ley 418
(y sus correspondientes modificaciones), que establecen que sus normas
buscan dotar al Estado de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia de
la forma de estado adoptada mediante la Constitución Política, y garantizar la
plenitud de los derechos y libertades que en ella y en los tratados
internacionales aprobados por Colombia se reconocen. De igual forma la Ley

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418 define el concepto de víctima para los efectos de esa ley, y establece que
éstas recibirán asistencia humanitaria en desarrollo del principio de solidaridad
social.

189. Así mismo, el Gobierno Nacional se basó en el inciso final del parágrafo
del artículo 54 de la Ley 975 que crea el Fondo para la Reparación de las
Víctimas; y el numeral 56.3 (sic) del artículo 55 de la misma ley, que establece
que la Red de Solidaridad Social, a través del fondo referido anteriormente,
tendrá a su cargo adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya
lugar.

190. Ahora bien, mediante la Ley 975 se crea la CNRR cuyas funciones se
concentran en efectuar las labores correspondientes para garantizar la
reparación efectiva de las víctimas, mediante seguimientos, verificaciones,
evaluaciones periódicas, informes y recomendaciones.

191. En desarrollo de estas funciones, la CNRR concluyó que la reparación
por vía administrativa era la alternativa más adecuada para las víctimas que
en la mayoría de los casos nunca alcanzaban a obtener ninguna reparación
judicial, recomendación que fue una de las bases de este programa y se
encontraba de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CIDH, también
expuestos anteriormente.

192. De lo anterior se observa que el Gobierno Nacional desarrolló con el
decreto acusado los instrumentos eficaces a los que se refirió la ley, para
asegurar la forma de Estado prevista en el artículo 1º de la Constitución
Política, al que la parte demandante hace referencia, y garantizar la plenitud
de los derechos y libertades a los que la parte demandante también se remite
creando el programa de reparación por vía administrativa que ocupa la
atención de la Sala.

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193. Estos instrumentos legales, desarrollados por el decreto acusado,
garantizan la reparación integral para las víctimas y para los miembros de su
familia, a través de medidas como la indemnización administrativa, cuyos
criterios de distribución y montos, así como procedimiento están previamente
definidos en la ley y en el decreto acusado, para efecto de optimizar la entrega
de los rubros indemnizatorios correspondientes a quienes acrediten la calidad
de víctimas directas y a sus familiares, previendo incluso mecanismos de
revocatoria para los casos en que la indemnización fuere entregada a quien
no es titular del derecho.

194. Así que, dado que el legislador se limitó a conferir al estado herramientas
eficaces en las leyes 418 y 975, de conformidad con los planteamientos
expuestos respecto de la extensión de la potestad reglamentaria, esta Sala
estima que el Gobierno Nacional actuó dentro del margen de sus
competencias y no excedió su potestad reglamentaria mediante la expedición
del decreto acusado, el cual tuvo en cuenta los límites establecidos por la
Constitución y la ley, cuyo contenido y espíritu no intentó alterar ni modificar.

195. El decreto acusado, en concordancia con la ley y los parámetros
internacionales de reparación de víctimas, atiende los derechos de las
mismas; y se erige como uno de los componentes del Plan Nacional de
Reparaciones, con el cual no se agotan las posibilidades de reparación por
otros conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos armados
organizados al margen de la ley122

196. Contrario a lo afirmado por el demandante, el Decreto 1290 de 2008, en
desarrollo de la ley, acoge las reglas previstas por los instrumentos
internacionales que establecen los principios fundamentales a la reparación

122 Considerando núm. 24 del decreto acusado

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suficiente, efectiva, rápida, y proporcional a la gravedad de las violaciones y a
la entidad del daño sufrido, y conforme a la Ley 975, “[…] es viable que el
Estado, dentro del principio de solidaridad y la obligación residual de reparar
pueda establecer un procedimiento administrativo para reparar de manera
anticipada a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la
ley, sin perjuicio de la obligación de hacerlo que tienen los victimarios y el
derecho de repetición del Estado contra estos […]”123.

197. En consecuencia, la Sala no considera que el acto administrativo acusado
se haya expedido por fuera de las competencias del órgano emisor, por cuanto
no se excedió la potestad reglamentaria, por lo que, el cargo no prosperará.

Desviación de las atribuciones propias del funcionario

198. La anterior consideración sirve de base para el estudio del cargo
relacionado con la desviación o abuso de poder en la que, a juicio de la parte
demandante, presuntamente incurrió la administración con la expedición del
decreto acusado y que la Sala considera que no se configuró debido a que, de
conformidad con la valoración probatoria efectuada y el estudio del marco
jurídico y jurisprudencial, no se encuentra que el Gobierno Nacional haya
actuado en búsqueda de satisfacción de un interés personal al expedir el acto
acusado.

199. Es así como de conformidad con la posición jurisprudencial de esta
Corporación estudiada anteriormente, el acto acusado no se enmarca ni en un
caso ajeno a un interés público, ni obedece a una desviación de procedimiento,
por el contrario, busca establecer una forma de reparación alternativa, célere,
efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad
del daño sufrido, para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley,

123 Considerando núm. 14

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y fundada en el principio de solidaridad al crear “[…] las condiciones propicias
para que las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley
participen como ciudadanos de manera activa en la recuperación y el ejercicio
pleno de sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos en la
reconstrucción del tejido social y la reinstitucionalización del Estado
colombiano. […]”124

200. Por lo tanto, el cargo de abuso de poder tampoco está llamado a
prosperar.

Infracción de las normas en que debería fundarse

201. Respecto del cargo de infracción de las normas en que debería fundarse,
debe indicarse que, el programa fue establecido como uno de los
componentes del Plan Nacional de Reparaciones y expresamente se
manifestó que con él “[…] no se agotan las posibilidades de reparación por
otros conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos armados al margen
de la ley […]”.

202. La parte demandante basa la razón de sus argumentos en la presunta
violación de los derechos constitucionalmente protegidos que fueron referidos
anteriormente.

203. La Sala encuentra que esta violación no se configura respecto de ninguna
de las normas transcritas, puesto que el programa creado mediante el decreto
acusado especifica que “[…] no pretende agotar por completo las posibilidades
de reparación por otros conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley […]”, así que solo representa una
garantía más para el pleno disfrute de cada derecho y no lo limita ni coarta.

124 Último párrafo de las consideraciones del decreto acusado.

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Por lo tanto, la Sala no considera acertada la afirmación de la parte
demandante que el decreto acusado establece “[…] cuáles (sic) son los únicos
derechos de las víctimas que deben ser reparados […]”.

204. Lo anterior resulta cierto, más aún cuando en la parte considerativa del
decreto acusado se relacionan no solo los aspectos regulados por la ley, sino
también los argumentos expuestos por la jurisprudencia constitucional, como
lo son las expresas referencias a la sentencia C-370 de 2006, que estudió la
exequibilidad de la Ley 975.

205. La Sala considera que la expedición del decreto acusado, tal como quedó
expuesto, obedeció a un proyecto articulado de instituciones nacionales e
internacionales, públicas y privadas y contó con la participación de las
víctimas, no buscó la nugatoria de derechos sino lograr la consecución de los
mismos atendiendo al principio de solidaridad y conforme los parámetros de
subsidiariedad y complementariedad, poniendo de presente que los Estados
deben esforzarse por resarcir a las víctimas cuando el responsable de la
violación no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones.

206. El programa no obsta para que se creen otros programas o mecanismos
que cobijen a otras víctimas no contempladas en el decreto, aunque este
reconoce en sus consideraciones que el concepto de víctima es dinámico y
hace referencia no solo a las acepciones contempladas en la legalidad, sino
también a las precisiones efectuadas al respecto por la Corte Constitucional.

207. El que el acto acusado sea reglamentario de ciertas leyes, no constituye
un obstáculo para que con posterioridad se expidan diferentes
reglamentaciones con base en otras leyes. Adicionalmente, el programa prevé
unos criterios para el reconocimiento de la calidad de víctima que no se agotan
en bases de datos administrativas o judiciales, e incluso incluyen publicaciones

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de medios de comunicación y aspectos como la situación de orden público en
el momento y lugar en el que ocurrieron los hechos, y en la presencia de
grupos armados organizados al margen de la ley en esos lugares, así como
factores subjetivos de amistad o enemistad.
208. La característica según la cual el acto acusado no es un acto limitante,
tiene fundamento en su propia normativa cuando establece “[…] En tal sentido,
este decreto quiere coadyuvar a propiciar un camino que abra actuales y
futuras medidas que ayuden a garantizar una política de reparación integral a
las víctimas […]”, de lo que se concluye que su propósito además es el de
incentivar y propiciar políticas que ayuden y fomenten la reconciliación
nacional.

209. No comporta ilegalidad alguna el que se excluyan ciertos delitos del
presente programa, porque no establece que respecto de ellos no se cause
ninguna reparación, sino que se indica que estos serán regulados por las
normas aplicables en estas materias, sin que ello signifique que el decreto
acusado vaya en contra de la dignidad humana.

210. La Sala pone de presente que, el programa creado mediante el decreto
acusado establece un punto de partida en la reparación por vía administrativa,
no un punto final a la misma.

211. La parte demandante afirma que, el decreto acusado “[…] de manera
arbitraria centraliza las decisiones que se toman respecto de las víctimas en
un comité creado por el mismo, que anula totalmente la posibilidad de la
discusión, participación, y toma de decisiones por parte de los afectados y
otros órganos del Estado, quedando la primacía de los derechos inalienables
de la persona en un total desconocimiento […]”.

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212. Al respecto, la Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante por cuanto el artículo 16 del decreto acusado establece que el
Comité de Reparaciones Administrativas, órgano encargado del otorgamiento
de las medidas de reparación a las que se refiere el programa125, estará
compuesto por el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y
del Derecho) o su delegado; el Director de Acción Social (hoy DPS) o su
delegado, el presidente de la CNRR o su delegado, y un miembro de esta
comisión en representación de las víctimas, elegido por ese organismo y cuya
representación será indelegable.

213. A su vez, la CNRR, de conformidad con lo establecido en el artículo 50
de la Ley 975, se encuentra conformada por el Vicepresidente de la República
o su delegado, el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro
del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) o su delegado;
el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Defensor del
Pueblo; dos Representantes de Organizaciones de Víctimas: y el Director de
la Red de Solidaridad Social.

214. De lo anterior se observa claramente la pluralidad de organismos que
conforman ambos cuerpos y la presencia obligada en estos de representantes
de organizaciones de víctimas, además de la presencia de organismos de
control del Estado, y del ministerio público como lo son la Procuraduría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que constitucionalmente fueron
creados para evitar el desconocimiento de los derechos al que la parte
demandante hace referencia.

215. En cuanto a la gradualidad de la implementación del programa, la Sala
considera que no viola ninguno de los principios referidos por la parte
demandante, y por el contrario resulta acorde a criterios de planeación y

125 Artículo 15 del decreto acusado.

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sostenibilidad fiscal, que por tratarse de un mecanismo inicial, es el primer
programa de reparación por vía administrativa con el que cuenta el Estado
colombiano.

216. Tampoco considera la Sala que el hecho que la implementación se
efectúe teniendo en cuenta el orden de radicación de las solicitudes y las
disponibilidades fiscales vaya en contra de la legalidad, por cuanto la misma
norma establece excepciones según lo decida “[…] en casos especiales el
Comité de Reparaciones Administrativas, de manera motivada, en razón del
grado de vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad de los hechos […]”. Por
lo tanto, la Sala no comparte los argumentos expuestos por la parte
demandante ni por el agente del Ministerio Público en relación con este punto,
puesto que resulta coherente y equitativo que el orden inicial esté determinado
por la radicación de la solicitud, el cual, no obstante, está sujeto a las
correspondientes excepciones a las que haya lugar de acuerdo al caso en
concreto.

217. El establecimiento de un monto para la reparación por vía administrativa
tampoco implica un desconocimiento del derecho fundamental al mínimo vital,
porque, se insiste, el programa no es la única, sino tan solo una de las
herramientas para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas. Lo
mismo se predice del derecho a la vivienda en condiciones dignas argüido por
la parte demandante.

218. Y es que la parte demandante centra sus pretensiones en el componente
monetario del programa de reparación por vía administrativa, pero debe tener
en cuenta que las medidas establecidas en él no se agotan en dinero. En
efecto, el decreto acusado también regula otros conceptos que nacional e
internacionalmente se han entendido que componen la reparación integral a
las víctimas, como lo son las medidas, individuales y colectivas, de restitución,

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indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Concentrarse solamente en la reparación monetaria sería valorar el daño y el
sufrimiento de las víctimas únicamente en razón a ese factor.

219. Si la parte demandante cuestiona la efectividad del programa, debe
precisarse que una cosa es la efectividad de la medida y otra su legalidad que
es el estudio que se lleva a cabo mediante el ejercicio de la presente acción.

220. El decreto acusado también establece la asistencia legal a las víctimas
por parte de la Defensoría del Pueblo y la CNRR, lo que, a juicio de la Sala, y
al contrario de los argumentos de la parte demandante, no constituye una
limitación de los derechos de las víctimas sino una previsión sobre la
necesidad de asesoría legal para el aseguramiento efectivo de estos derechos.
La interpretación de esta disposición debe entonces conciliarse con las
funciones conferidas a la CNRR mediante el artículo 51 de la Ley 975, y las
consideraciones respecto de este punto efectuadas en la sentencia de la Corte
Constitucional C-370 de 2006, anteriormente referida.

221. No se violan los derechos de la población desplazada, en especial el
derecho a la igualdad al que se refiere la parte demandante, debido a que el
parágrafo 2 del artículo 4 del decreto acusado regula que “[…] La población
desplazada recibirá las medidas de reparación contempladas en el presente
decreto, sin perjuicio de las demás medidas establecidas en las normas
vigentes sobre la materia […]” (Subrayado de la Sala).

222. La parte demandante sostiene que la creación del programa de
reparación por vía administrativa desconoce el principio de la unidad y
pretende que las víctimas sean reparadas por una sola vía, judicial o
administrativa.

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223. La Sala no comparte este argumento puesto que cada una de estas
formas de reparación comportan una fuente diferente, mientras que la primera
se funda en la retribución, la segunda lo hace en el principio de solidaridad,
por lo que nada obsta a que se sigan dos procesos diferentes para la
reparación por cada una de las fuentes. Acoger como acertado este
planteamiento, equivaldría a afirmar que la reparación penal, civil y
administrativa rompen el principio de unidad que refuta la parte demandante.

224. La Sala no observa que la reparación por vía administrativa incluya la
noción de asistencia humanitaria. En efecto, el parágrafo tercero del artículo 5
del decreto acusado, indica que del valor de la indemnización solidaria se
descontarán las sumas de dinero que la víctima haya recibido del Estado y
constituyan reparación, concepto que no abarca el término de asistencia
humanitaria, debido a que, como lo expresó la parte demandada Ministerio del
Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho) en su escrito de
contestación de demanda, mientras que la asistencia humanitaria es una
ayuda indispensable, la reparación tiene una fuente jurídica y circunstancias
diferentes que no permiten que sea reemplazada con medidas de ayuda o
asistencia humanitaria. El decreto acusado entonces, no confunde la
asistencia humanitaria con una indemnización solidaria.

225. Respecto de la consideración del agente del Ministerio Público en cuanto
a la necesidad de retiro del ordenamiento jurídico de la expresión “[…] que no
sean competencia de otras entidades […]” contenida en el artículo 30 del
decreto acusado, la Sala considera que no debe ser acogida por cuanto si bien
el artículo primero del decreto acusado establece que el programa estará a
cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional - Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social), esta previsión no obsta para que se dé la colaboración
armónica a la que alude la parte demandante y el desarrollo del programa

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pueda llevarse a cabo mediante otras entidades estatales como lo es el Fondo
Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA.

226. A juicio de la Sala, el término “[…] que no sean competencia de otras
entidades […]” refuerza el argumento que este programa es solo un punto de
partida en la reparación por vía administrativa y pueden luego establecerse
otras indemnizaciones solidarias y medidas de reparación, y delimita la función
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
• Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social),
en el marco de lo previsto en la ley.

227. Por último, en cuanto a la advertencia del agente del Ministerio Público
que indica que el artículo 35 del decreto acusado debe conciliarse con las
garantías que el constituyente deparó a las entidades territoriales, encuentra
la Sala que el mismo establece la posibilidad de “[…] delegar o implementar la
aplicación de algunas medidas de reparación, a través de las entidades
territoriales del nivel departamental, distrital o municipal, o entidades públicas
del mismo orden, cuando estas deseen participar con sus propios recursos
fiscales, para lo cual se podrán suscribir convenios interinstitucionales […]”. La
norma también dispone que “[…] los departamentos, distritos y municipios, en
coordinación con el Comité de Reparaciones Administrativas, podrán
desarrollar sus propios planes de reparación, los que se considerarán como
complementarios al presente programa […]”.

228. Por lo anterior, no se limitan las garantías constitucionales reconocidas a
las entidades territoriales, sino que se prevé su participación activa dentro del
programa, o la posibilidad de desarrollo de programas propios si así lo
consideran estas, y establece el carácter de complementariedad de ambos, al
disponer que aquellos se considerarán complementarios del presente
programa.

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Conclusiones de la Sala

229.La Sala considera que la parte demandante no logró desvirtuar la
legalidad de los artículos objeto de control indicados supra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12,
13, 27, 30, 34, y 35 del Decreto 1290 de 22 de abril de 2008 por lo que los
cargos de: i) extralimitación de las competencias; ii) desviación de las
atribuciones propias del funcionario que los profirió; e iii) infracción de las
normas en que debería fundarse no fueron probados y, por consiguiente, se
negarán las pretensiones de la demanda. Con respecto a los artículos 7, 8, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36,
y 37, la Sala declarará de oficio la excepción de inepta demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la excepción de inepta demanda para
decidir una presunta violación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, y 37 del Decreto 1290
de 22 de abril de 2008, por las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente.

Calle 12 Núm. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Núm. único de radicación: 11001032400020090020600
Demandante: José Humberto Gómez Herrera y otra

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNADO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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