Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00445-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00445-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2009-00445-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00
Referencia. Acción de nulidad
Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
TESIS: LA EXCLUSIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LAS
EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL CATÁLOGO DE LAS CUENTAS
DESTINADAS PARA ACREDITAR LA LIQUIDEZ O EL MARGEN DE
SOLVENCIA NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SÍ TENÍA LA
COMPETENCIA PARA FIJAR EL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LAS EPS
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, ASÍ COMO LAS CUENTAS QUE DEBÍAN
ATENDERSE PARA ACREDITAR EL MARGEN DE SOLVENCIA DE DICHAS
ENTIDADES, A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 2º DE LA RESOLUCIÓN NÚM.
0000872 DE 2009 ACUSADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El ciudadano JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO, obrando en su propio
nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84
del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a
obtener la nulidad del artículo 2º de la Resolución núm. 000872
de 25 de junio de 2009, “[…] por la cual se modifica la Resolución
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00
Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
número 1424 de 2008 (octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución
724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para
las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud
y Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud y Servicios
de Ambulancia por Demanda […]”, expedida por el Superintendente
Nacional de Salud.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los
artículos 48, 49 y 209 de la Constitución Política; 180 de la Ley 100 de
23 de diciembre de 19931; 11, 12 y 13 del Decreto 1485 de 13 de julio
de 19942; y 5º y 8º del Decreto 515 de 20 de febrero de 2004 3,
modificado por el Decreto 3556 de 16 de septiembre de 20084.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
1
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por el cual se regula la organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la
protección al usuario en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud”.
3
“Por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen
Subsidiado, ARS”.
4
“Por el cual se modifica el Decreto núm. 515 de 2004, “por el cual se define el Sistema de Habilitación
de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, (hoy Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado- EPS’S)”.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00
Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
. PRIMER CARGO: LA RESOLUCIÓN DEMANDADA ATENTA
CONTRA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD.
Alegó que la Superintendencia Nacional de Salud, en la Resolución
núm. 000872 de 25 de junio de 2009 acusada, contentiva del Plan
único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, en adelante
EPS, excluyó las inversiones de alta liquidez, para efectos de calcular
la liquidez en el caso de las EPS del Régimen Subsidiado.
Advirtió que es absurdo que, estando autorizadas las inversiones
dentro de un margen de solvencia, la Superintendencia demandada las
desconozca, dentro de la enumeración taxativa y, por lo tanto,
excluyente de recursos diferentes a las UPC, cuando la ley y las normas
relativas al tema permiten que las EPS del Régimen Subsidiado
efectúen inversiones que deben ser tenidas en cuenta para efectos de
calcular la liquidez y la solvencia de las entidades.
Expresó que estas inversiones están autorizadas por la Ley, se
encuentran dentro de las calificadas, de acuerdo con su riesgo crediticio
como nivel alto, por cuanto tienen la más alta certeza de pago
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
oportuno, los factores de liquidez y protección son muy buenos y los
riesgos insignificantes.
Sostuvo que es claro que las inversiones autorizadas a las EPS
aseguran los fines esenciales del concepto de margen de solvencia y
liquidez, esto es, responden en forma adecuada y oportuna por sus
obligaciones con terceros, y tienen capacidad de pago para cancelar,
en un término no superior a 30 días calendarios, a partir de la fecha
establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o
prestadores de servicios de salud o usuarios.
Que por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud al excluir
este tipo de ítems, atentó contra el equilibrio de las entidades, que de
buena fe han contratado con el Estado y contra el equilibrio del sistema
mismo.
Explicó que la solvencia de las EPS, como empresas aseguradoras,
debe proteger a las empresas de una pérdida que puede llevarlas a la
quiebra. No es para proteger a los afiliados ya que puede ser atendido
en cualquier EPS, al no estar sujeto a políticas de selección de riesgos.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
Que dentro de los instrumentos legales de salvaguarda de la solvencia
de las empresas aseguradoras, se enumeran las reservas técnicas, el
control de activos e inversiones, las tarifas y notas técnicas, el
denominado capital regulatorio, conocido en el sector asegurador con
el nombre de margen de solvencia.
Que este elemento propio de las entidades financieras, que es
complementario del capital económico necesario para el desarrollo del
objeto social o misional de una empresa, se refiere a los fondos
mínimos que permiten a la entidad dar estabilidad a su actividad como
asegurador.
Argumentó que el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 100, respecto
de los requisitos de las EPS, establece que estas deben “[…]acreditar
periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y
solvencia de la entidad promotora de salud, que será fijado por el
Gobierno Nacional […]”.
Afirmó que el concepto de margen de solvencia se encuentra definido
en los artículos 5º y 8º del Decreto núm. 515, el cual fue modificado
por el Decreto núm. 3556.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
Indicó que de conformidad con el artículo 8º del Decreto núm. 1485,
las EPS de ambos regímenes, -contributivo y subsidiado-, están
claramente autorizadas para hacer inversiones con los recursos
correspondientes al margen de solvencia, con la única limitante de que
su portafolio de inversiones correspondiera al autorizado a los fondos
de cesantías.
Manifestó que con el Decreto núm. 882 de 13 de mayo de 1998 5 se
redefinió el concepto de margen de solvencia, y excluyó la restricción,
según la cual las EPS debían ceñirse al portafolio de inversiones de los
Fondos de Cesantías.
Señaló, con relación a las restricciones de las operaciones financieras
o inversiones, que en los artículos 11 y 12 del Decreto núm. 1485 se
establecieron las operaciones financieras que se debían considerar
como no autorizadas, y que en el artículo 13 del citado Decreto se tuvo
en cuenta la realización de inversiones originadas en el margen de
solvencia.
5
“Por el cual se fija el margen de solvencia que asegura la liquidez de las Entidades Promotoras de Salud
y Administradoras del Régimen Subsidiado y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
Aseveró que con la expedición del Decreto núm. 046 de 7 de febrero
de 20006, específicamente en lo establecido en el parágrafo 1 del
artículo 8º, para efectos de cumplir con el margen de solvencia y con
los recursos destinados para ello, las EPS del Régimen Subsidiado
pueden constituir inversiones de alta liquidez.
Expresó que los activos de alta liquidez se refieren a “[…] aquellos que
son considerados por la Ley como Activos de máxima seguridad o de
alta seguridad, (tales como los títulos emitidos por entidades públicas
del orden nacional, los depósitos a término en establecimientos de
crédito, operaciones activas de crédito relacionadas con operaciones
de reporto (sic) y créditos garantizados incondicionalmente con títulos
emitidos por la Nación o por el Banco de la República) por lo tanto,
tales inversiones, tal como está establecido en las normas, deben ser
tenidas en cuenta para el cálculo del margen de solvencia […]”.
. SEGUNDO CARGO: FALTA DE COMPETENCIA
Adujo que la Superintendencia Nacional de Salud no tenía motivos ni
mucho menos competencia para excluir del cálculo de margen de
6
“Por el cual se adiciona el decreto número 882 de 1998, sobre el margen de solvencia, se modifica el
artículo 4°. Del Decreto 723 de 1997, los artículos 2° y 19 del Decreto 1804 de 1999 y se dictan otras
disposiciones para garantizar la correcta aplicación y destino de los recursos del sistema de seguridad
social en salud”.
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solvencia y liquidez, aquello que estaba de sobra autorizado por
normas anteriores y de mayor jerarquía.
Afirmó que las inversiones que se realizan dentro del margen de
solvencia buscan la generación de rentabilidad de los recursos, para
mantener su valor e incrementarlos de manera confiable, lo cual es
obligatorio.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD se opuso a las
pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio,
carecen de apoyo jurídico.
Que el principio de eficiencia en el manejo de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud no puede circunscribirse a la
rentabilidad financiera de los mismos, ya que solo se destinarán a formar
parte de las ganancias de las EPS los dineros sobrantes del proceso de
compensación que se lleve a cabo con el Fondo de Solidaridad y Garantía
FOSYGA.
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Señaló que del artículo 1º del Decreto 882 se puede desprender que el
objeto del margen de solvencia, a diferencia de lo que manifestó el actor,
tiene como finalidad garantizar la prestación misma del servicio, no para
garantizar a la EPS un rendimiento con los mismos.
Advirtió que a causa de ese error, la mayoría de las EPS invierten los
recursos de la UPC en operaciones financieras como las señaladas por el
demandante y, por ello, no pueden garantizar la prestación adecuada y
oportuna de los servicios de salud a sus afiliados, teniendo que
programar la prestación de esos servicios de salud una vez que se
obtengan dichos rendimientos, utilizando indebidamente los recursos
parafiscales de destinación específica que recaudan.
Anotó que lo señalado en el citado artículo 1º fue ratificado por el Decreto
3556.
Alegó que el Decreto 1485, en su artículo 11, numeral 1, estableció como
prohibición la disposición de los recursos de la UPC hasta tanto no se
realice el correspondiente proceso de compensación con el Fondo de
Solidaridad y Garantía.
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Explicó que de acuerdo con esa norma, las EPS son las encargadas de
recibir la cotización de los afiliados para el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Dichos recursos, aunque son administrados por las EPS,
no deben confundirse con su patrimonio, ni hacen parte del mismo.
Que esos recursos van a una cuenta a nombre de la EPS, que maneja
directamente el FOSYGA, quien reconoce un valor por cada afiliado que
acredite la EPS (proceso de compensación con la UPC) y con esto la EPS
sabe qué recursos debe tomar de dicha cuenta, para garantizar la
prestación de servicios de salud a sus afiliados. Una vez realizado el
proceso de compensación, la EPS conoce qué recursos de la UPC
quedarán disponibles para las inversiones que alude el actor.
Aclaró que los recursos de las UPC, anteriores al proceso de
compensación, no puede ser destinados a la rentabilidad, por cuanto
dichos recursos gozan de una destinación específica, que ha sido
designada por la Constitución Política y las leyes.
Sostuvo que la Superintendencia Nacional de Salud no ha desconocido
la facultad de inversión que tienen las EPS de ambos regímenes.
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Que es cierto que dichas inversiones deben hacerse conforme a lo que
establece la normativa especial, esto es, están autorizadas, pero no por
el total de los recursos administrados por la EPS, sino los resultantes del
proceso de compensación que no demuestran la capacidad de liquidez
de la EPS, que pasarán a ser parte de las ganancias que reportan dichas
entidades en desarrollo de su objeto social.
Indicó que la Superintendencia Nacional de Salud tiene competencia para
realizar la cuestionada modificación, señalada en la norma acusada, de
conformidad con los artículos 35, 37, 39, 40 de la Ley 1122 de 9 de enero
de 20077; y 4º y 6º del Decreto 1018 de 30 de marzo de 20078.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
7
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones”.
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“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras
disposiciones.”
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IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, la Superintendencia Nacional de Salud, a través de
escrito visible a folios 98 a 100, insistió en los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda, en el sentido de que la disposición
demandada fue expedida de acuerdo con las competencias, funciones
y en estricto cumplimiento de la ley, de tal manera que se podían fijar
los mecanismos y procedimientos contables que debían adoptar las
EPS, las IPS, las entidades que administran planes adicionales de salud
y servicios de ambulancia por demanda.
Asimismo, adujo que la resolución acusada se encuentra dentro del
marco legal; no se encuentra inmersa en nulidad alguna; no vulnera la
Constitución Política, ni la ley; y establece de manera clara el cálculo
de la liquidez de las EPS.
IV.2.- La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de
Estado9, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se
denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia, lo
siguiente:
9
Folios 103 a 109.
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Expresó que la disposición demandada toma en cuenta lo previsto por
el artículo 2º del Decreto 3556, el cual modificó el artículo 5º del
Decreto 515, norma a través de la cual se define el sistema de
habilitación del régimen subsidiado.
Que el Decreto 3556 básicamente regula lo atinente a la capacidad
financiera de las ARS y señala expresamente que el margen de
solvencia es la liquidez que deben tener las EPS para responder en
forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, sean
estos proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o los
usuarios, en los términos previstos en el Decreto 882.
Anotó que el Decreto 882 determina cuál es el margen de solvencia
que asegura la liquidez de las administradoras del régimen subsidiado.
Asimismo, establece, en su artículo 1º, que se entiende por margen de
solvencia, la liquidez que debe tener una EPS y/ o ARS, cualquiera sea
su forma legal, para responder en forma adecuada y oportuna por sus
obligaciones con terceros, sean estos proveedores de bienes o
prestadores de servicios de salud o los usuarios.
Señaló que en esa línea, se entenderá por liquidez, la capacidad de
pago que tienen las EPS y/o ARS, para cancelar, en un término no
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superior a 30 días calendarios, a partir de la fecha establecida para el
pago, las cuentas de los proveedores de bienes o prestadores de
servicios de salud o usuarios.
Afirmó que el Decreto 1485, en sus artículos 8 a 13, regula el margen
de solvencia de las ARS, las operaciones financieras autorizadas por la
EPS y establece una serie de restricciones muy generales, así como las
inversiones, las cuales están permitidas, siempre y cuando estén
directamente relacionadas con su objeto social y conforme con su
régimen legal.
Alegó que de acuerdo con lo previsto en la normativa antes indicada,
queda claro que las ARS deben mantener un margen de solvencia
suficiente para atender sus compromisos dentro del término de 30
días; y que es evidente que el margen de solvencia se encuentra
regulado en ellas, regulación que es reproducida en la disposición
acusada.
Sostuvo que de la norma demandada se desprende que existe una
liquidez o capacidad de pago por parte de las ARS, en relación con las
cuentas de pagar a 30 días calendarios, respecto del pago exclusivo de
prestaciones del servicio de salud o del usuario, lo cual se acompasa
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totalmente con el principio de eficiencia, previsto en la Constitución
Política, en la Ley Estatutaria de Salud y en la Ley 100, en la medida
en que respeta el carácter de parafiscal de los recursos del sistema.
Manifestó que la disposición acusada se sustenta en los recursos que,
en efecto, sostienen financieramente al sistema, en este caso la UPC,
que se paga en el régimen subsidiado, y demás obligaciones en materia
de seguridad social, como son los recobros, las sentencias y los
distintos eventos y contratos que, precisamente, tienen como objetivo
asegurar la prestación del servicio.
Indicó que no es cierto, como lo adujo el actor, que la única restricción
en materia de operaciones financieras para el régimen subsidiado sea
lo previsto en el Decreto 1485, norma bastante general al momento de
regular la materia.
Existen, también, las restricciones señaladas en el Decreto 882, norma
posterior y que toma en cuenta la disposición demandada, y las
indicadas en el artículo 2º de la Resolución núm. 872 de 2009, el cual
es muy claro en determinar el régimen de solvencia, que debe cumplir
la finalidad exclusiva del sistema general de salud, esto es, la debida
prestación del servicio y el cumplimiento a los usuarios, y respeta el
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principio de eficiencia en materia de seguridad social, entendiendo por
este, que los recursos deben tener una única destinación, como es la
adecuada y eficiente prestación del servicio.
Agregó que la norma acusada se basa en los recursos con los que
específicamente cuenta el sistema de salud, en el régimen subsidiado,
y que tienen como único objetivo asegurar la prestación del servicio y
no hacer parte de las inversiones que pudiera realizar el sistema, pues
todos los recursos económicos, allí enumerados, tienen que ver con el
financiamiento directo del sistema y la prestación del servicio de salud.
IV.3.- Por su parte, la actora guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del artículo 2º
de la Resolución núm. 000872 de 25 de junio de 2009, “[…] por
la cual se modifica la Resolución número 1424 de 2008 (octubre 7 de
2008), que modificó la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva
del Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud,
Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes
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Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda […]”,
expedida por el Superintendente Nacional de Salud.
La disposición acusada de la Resolución núm. 000872 de 2009 es
del siguiente tenor:
“[…] RESOLUCIÓN NÚM. 000872 DE 2009
(junio 25)
por la cual se modifica la Resolución número 1424 de 2008
(octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución 724 de junio
10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para las
Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de
Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud
y Servicios de Ambulancia por Demanda”.
El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus
atribuciones legales, y en especial de las que le confieren el
Decreto 1018 de 2008, y los artículos 232 y 233 de la Ley 100
de 1993,
CONSIDERANDO:
[…]
Artículo 2º. Se modifica el artículo 7º de la Resolución 1424
de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 7º. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del
Decreto 3556 de 2008 se entiende por liquidez la
capacidad de pago que tienen las Entidades Promotoras de
Salud del Régimen Subsidiado para cancelar, en un término no
superior a 30 días calendario a partir de la fecha establecida
para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o
prestadores de servicios de salud o usuarios. Para estos efectos
se considerarán las siguientes cuentas:
Entidades Promotoras de Salud – Privadas
11– Disponible Recursos UPC–RS
Más:
Deudores del Sistema:
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13054002 – Unidad de Pago por Capitación régimen
subsidiado– UPC
1305050205 – Recobro por cumplimiento sentencias judiciales
1305050210 – Recobros no POS – Comité Técnico Científico
13053502– Recobros a Aseguradoras en el SGSSS–Subsidiado
Menos:
13990502– Provisiones – Régimen Subsidiado (En el evento
de no constituir la cuenta de Difícil Cobro)
Proveedores Nacionales:
22051002 – Proveedores– Prestadores de Servicios de Salud
– Régimen Subsidiado
264520 – Provisión Glosas – Régimen Subsidiado
27056002 – Ingresos recibidos por anticipado/Depósitos
Recibidos de terceros en Administración (Recursos UPC–RS no
identificados)”.
Entidades Promotoras de Salud – Públicas
11– Efectivo Recursos UPC–S
Más:
Deudores:
141106 – Unidad de Pago por Capitación régimen
subsidiado– UPC
14111506 – Recobro por cumplimiento sentencias judiciales
14111507 – Recobros no POS
141112 – Recobro de enfermedades de alto costo
Menos:
14801502 – Provisión para Deudores UPC Régimen
Subsidiado
Obligaciones de Seguridad Social en Salud:
255007 – Contratos de Capitación –Subsidiado
255008 – Contratos por Evento –Subsidiado
255011–Reaseguro Enfermedades de Alto Costo – Subsidiado
27909002 – Provisiones Diversas – Régimen Subsidiado
29109002 – Otros Ingresos recibidos por anticipado –
Régimen Subsidiado.
(Recursos UPC–RS no identificados) […]”. (Destacado fuera de
texto).
PRIMER CARGO: LA RESOLUCIÓN DEMANDADA ATENTA
CONTRA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
En el primer cargo, se alegó que la Superintendencia Nacional de
Salud al excluir las inversiones realizadas por las Entidades Promotoras
de Salud del Régimen Subsidiado10- EPS, del catálogo las cuentas
destinadas para acreditar el margen de solvencia o liquidez, vulneró el
principio de la eficiencia en materia de salud, atendiendo a que la
mencionadas entidades tienen la posibilidad y en algunos casos la
obligación de realizar inversiones de alta liquidez que hacen parte de
dicho margen, además de que aseguran los fines esenciales del
concepto de margen de solvencia y liquidez.
Al efecto, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencia de
4 de febrero de 202111 de esta Sección, que denegó las pretensiones
de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad del
artículo 7° de la Resolución núm. 1424 de 7 de octubre de
2008, “[…] Por la cual se modifica la Resolución 724 de junio 10 de
2008, contentiva del Plan único de Cuentas para las Entidades
Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades
que administran Planes Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia
por demanda […]”, expedida por el Superintendente Nacional de
Salud, en la cual las partes que actuaron son las mismas que en este
10
En adelante EPS.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00444-00.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00
Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
proceso, se formuló este primer cargo de idéntica manera a como se
formuló en la presente demanda, se indicaron como violadas las mismas
normas y se enjuició una disposición similar a la juzgada en este
proceso, en la cual, también, se señaló el concepto de liquidez de las
EPS del Régimen Subsidiado, se determinó el catálogo de cuentas para
acreditar el margen de solvencia y se excluyeron las inversiones de las
EPS del Régimen Subsidiado, de las cuentas destinadas a acreditar ese
margen de solvencia o liquidez.
Al respecto, es del caso aclarar que, en este proceso, se estudia la
legalidad del artículo 2º de la Resolución núm. 000872 de 2009,
disposición que, al igual que la enjuiciada en el proceso, objeto de
estudio de la sentencia prohijada de 4 de febrero de 2021, -artículo 7°
de la Resolución núm. 1424 de 7 de octubre de 2008-, se
fundamentó en el concepto de liquidez o margen de solvencia,
establecido en el Decreto núm. 3556 de 2008 que remite al Decreto
núm. 882 de 1998, pues así lo deja traslucir dicho artículo 2º
acusado:
“[…] Artículo 2º. Se modifica el artículo 7º de la Resolución
1424 de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 7º. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del
Decreto 3556 de 2008 se entiende por liquidez […]”.
(Destacado fuera de texto).
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
Asimismo, se observa que dentro de las cuentas y subcuentas señaladas
en el catálogo de cuentas para acreditar el margen de solvencia de las
EPS del Régimen Subsidiado, indicadas en el artículo 2º demandado
(objeto de estudio de este proceso), al igual que en el caso de la
sentencia prohijada, se encuentra que los activos se refieren a los
recursos de las Unidades de Pago por Capitación y que los pasivos se
derivan de la provisión de servicios en salud, de las glosas presentadas
por las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud y de los pasivos
diferidos, los cuales están directamente relacionados con la prestación
de los servicios de salud.
En dicho pronunciamiento, la Sección Primera señaló:
“[…] 49. De conformidad con las normas citadas la Sala
considera que atendiendo a la doble connotación de la salud
como servicio público y como derecho fundamental, el
principio de eficiencia debe analizarse desde una
perspectiva amplia, dado que si bien uno de sus
componentes consiste en la utilización adecuada de los
recursos financieros, este no es el único elemento que
se debe atender, por cuanto al comprometer un derecho
fundamental requiere de la gestión óptima de la
totalidad de los recursos disponibles por los actores del
sistema de seguridad social en salud para garantizar su
protección y goce efectivo por parte del usuario.
[…]
55. De conformidad con las normas indicadas la Sala considera
que el régimen subsidiado de salud se compone de un conjunto
de normas que buscan la protección de aquellas personas que
no tienen capacidad de pago para acceder a los servicios de
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
salud y en esa medida los recursos destinados para su atención
son subvencionados total o parcialmente con recursos de
carácter fiscal o con fondos destinados a la solidaridad, de esta
manera cada afiliado cuenta con un plan de beneficios de
salud anteriormente denominado plan obligatorio de
salud del régimen subsidiado, que incluye aquellos
procedimientos médicos, quirúrgicos y terapéuticos y el
suministro de medicamentos, necesarios para garantizar
su derecho a la salud, dichos beneficios son cubiertos
con los recursos denominados unidad de pago por
capitación los cuales cuentan con una destinación
específica y no se consideran una renta propia de la
Entidad Promotora de Salud.
[…]
Marco normativo sobre las inversiones
56. Visto el artículo 61 del Decreto núm. 2649 de 29 de
diciembre de 1993 “[…] por el cual se reglamenta la
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia […]”, sobre
las inversiones que establece lo siguiente:
[…] Artículo 61. Las inversiones están representadas en
títulos valores y demás documentos a cargo de otros
entes económicos, conservados con el fin de obtener
rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de
asegurar el mantenimiento de relaciones con éstos.
Cuando representan activos de fácil enajenación, respecto de
los cuales se tiene el propósito de convertirlos en efectivo antes
de un año, se denominan inversiones temporales. Las que no
cumplen con estas condiciones se denominan inversiones
permanentes.
El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos
ocasionados por su adquisición tales como comisiones,
honorarios e impuestos, una vez reexpresado como
consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser
ajustado al final del período al valor de realización, mediante
provisiones o valorizaciones.
Para este propósito se entiende por valor de realización de las
inversiones de renta variable, el promedio de cotización
representativa en las bolsas de valores en el último mes y, a
falta de éste, su valor intrínseco.
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No obstante, las inversiones en subordinadas, respecto de las
cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el
período siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes,
deben contabilizarse bajo el método de participación, excepto
cuando se adquieran y mantengan exclusivamente con la
intención de enajenarlas en un futuro inmediato, en cuyo caso
deben contabilizarse bajo el método de costo.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad
del ente económico, normas especiales pueden autorizar o
exigir que estos activos se reconozcan o valúen a su valor
presente.
PARAGRAFO. Cuando la contabilización de una inversión,
conforme a este artículo, deba cambiarse de método, los
efectos de tal cambio deben reconocerse
prospectivamente. […]” (Destacado fuera de texto)
57. Vistos: i) el artículo 1 de la Resolución 355 de 5 septiembre
de 2007 “[…] Por la cual se adopta el Plan General de
Contabilidad Pública […]” expedida por el Contador General de
la Nación y ii) el numeral 9.1.1.1 de su anexo sobre las
inversiones e instrumentos derivados que establece:
“[…]9.1.1.1 Inversiones e instrumentos derivados
143. Noción. Las inversiones representan recursos aplicados en
la creación y fortalecimiento de empresas públicas y entidades
de naturaleza privada, y en la adquisición de valores como
títulos e instrumentos derivados, en cumplimiento de políticas
financieras, económicas y sociales del Estado y que como
consecuencia pueden generar utilidades. Esta norma también
trata los instrumentos derivados con fines de cobertura de
activos.
144. Las inversiones deben reconocerse por su costo histórico
y actualizarse atendiendo la intención de realización, la
disponibilidad de información en el mercado y, tratándose de
inversiones patrimoniales, el grado de control o influencia que
se tenga sobre el ente receptor de la inversión, mediante la
aplicación de metodologías que aproximen su realidad
económica, tales como: el valor razonable, el valor presente
neto a partir de la tasa interna de retorno, el método de
participación patrimonial y el método del costo. […]
147. Las inversiones se revelan teniendo en cuenta la finalidad
con la cual se efectúan y la modalidad del título o contrato. En
relación con la finalidad, las inversiones se efectúan para
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administrar la liquidez, adquirir el control del ente receptor de
la inversión o por razones de política. En cuanto a la modalidad
del título, las inversiones se revelan en títulos de deuda y títulos
participativos. Cuando surjan provisiones o valorizaciones
deberán revelarse por separado […].
Marco normativo sobre los márgenes de solvencia de las
entidades promotoras de salud del Régimen Subsidiado
58. Vistos los numerales 6 y 7 del artículo 180 de la Ley 100,
sobre los requisitos de las Entidades Promotoras de Salud que
establece lo siguiente:
[…] Artículo 180. Requisitos de las Entidades Promotoras
de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud autorizará
como Entidades Promotoras de Salud a entidades de naturaleza
pública, privada o mixta, que cumplan con los siguientes
requisitos: […]
6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que
asegure la liquidez y solvencia de la Entidad Promotora
de Salud, que será fijado por el gobierno nacional.
7. Tener un capital social o Fondo Social mínimo que garantice
la viabilidad económica y financiera de la Entidad, que será
fijado por el gobierno nacional […]” (Destacado fuera de texto)
59. Vistos los artículos 2, 3 y 4 del Decreto núm. 3556 de 16
de septiembre de 200812 “[…] Por el cual se modifica el Decreto
515 de 2004, “por el cual se define el Sistema de Habilitación
de las Entidades Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS,
(hoy Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado-
EPS’S)” […]”, que establecen lo siguiente:
“[…] Artículo 2°. El artículo 5° del Decreto 515 de 2004
quedará así:
“Artículo 5°. Capacidad financiera. De conformidad con lo
previsto en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, las
condiciones de capacidad financiera deberán tener en cuenta el
margen de solvencia y el capital o fondo social mínimo que, de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, garantice la
viabilidad económica y financiera de la entidad según lo
establecido en las disposiciones vigentes y lo que establezca el
Ministerio de la Protección Social en proporción al número de
12
Vigente para la fecha de expedición del acto administrativo acusado.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
afiliados y la constitución de una cuenta independiente de sus
rentas y bienes para la administración de los recursos del
régimen subsidiado, según el caso.
Para estos efectos, el margen de solvencia es la liquidez
que deben tener las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado, EPS’S para responder en forma
adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros,
sean estos proveedores de bienes o prestadores de
servicios de salud o los usuarios en los términos
establecidos en el Decreto 882 de 1998. Se entiende por
liquidez la capacidad de pago que tienen las Entidades
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado para
cancelar, en un término no superior a 30 días calendario,
a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas
de los proveedores de bienes o prestadores de servicios
de salud o usuarios, conforme a los parámetros que
señale la Superintendencia Nacional de Salud.
Conforme a lo previsto en el artículo 3° del Decreto 3260 de
2004, cuando la Entidad Promotora de Salud del Régimen
Subsidiado no solicite el giro directo de los recursos en el caso
del numeral 1 del presente artículo, no podrá acogerse a lo
previsto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto 882 de
1998" […]
Artículo 3°. El artículo 8 del Decreto 515 de 2004 quedará así:
"Artículo 8°. Condiciones de capacidad financiera. Para su
permanencia, las Entidades de que trata el presente decreto,
deberán demostrar las condiciones financieras que dieron lugar
a la habilitación para operar, mediante el cumplimiento, como
mínimo, de las siguientes obligaciones:
8.1. Presentar dentro de los términos establecidos por la
Superintendencia Nacional de Salud los estados
financieros debidamente certificados y dictaminados por
el revisor fiscal y de conformidad con el Plan Único de
Cuentas definido por la Superintendencia Nacional de
Salud.
8.2. Acreditar el monto de patrimonio mínimo previsto en las
disposiciones legales correspondientes a la naturaleza jurídica
de cada entidad, con la periodicidad que para tal efecto
establezca la Superintendencia Nacional de Salud.
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8.3. Acreditar y mantener el margen de solvencia,
conforme a las disposiciones vigentes […]
[…] Artículo 4°. El artículo 16 del Decreto 515 de 2004 quedará
así:
“Artículo 16. Revocatoria de la habilitación. La
Superintendencia Nacional de Salud revocará, total o
parcialmente, la habilitación de las Entidades Promotoras de
Salud del régimen subsidiado, conforme a las siguientes reglas:
16.1 Revocatoria total de la habilitación: La
Superintendencia Nacional de Salud revocará totalmente la
habilitación de una Entidad Promotora de Salud de régimen
subsidiado, cuando se verifique el incumplimiento de por lo
menos una de las condiciones que a continuación se señalan:
[…]
g). El incumplimiento de las condiciones de capacidad
financiera […]”
60. De conformidad con las normas señaladas la Sala considera
que: i) el margen de solvencia es un requisito que deben
cumplir las Entidades Promotoras de Salud para su
habilitación, el cual será fijado por el Gobierno Nacional; ii)
las Entidades Promotoras de Salud deben acreditar
periódicamente el margen de solvencia y mantenerlo para
demostrar su liquidez y solvencia; y iii) en el caso de las
Entidades Promotoras de Salud del Régimen subsidiado
conforme con lo establecido en el Decreto núm. 3556 de
200813, estas debían demostrar su liquidez entendida como
la capacidad de pago que poseen para cancelar, en un
término no superior a 30 días calendario, contados
desde la fecha establecida para el pago, las cuentas de
los proveedores de bienes o prestadores de servicios de
salud o usuarios de conformidad con los parámetros
establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud.
Análisis concreto del cargo
61. La parte demandante señala que la Superintendencia
Nacional de Salud no podía excluir las inversiones
realizadas por las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado dentro de las cuentas destinadas a
acreditar el margen de solvencia, atendiendo a que
13
Vigente para el momento en que se expidió el acto administrativo acusado.
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dichas entidades tienen la posibilidad y en algunos casos
la obligación de realizar inversiones de alta liquidez que
hacen parte de dicho margen.
62. La Sala observa que el aparte acusado, en su primera parte
acude al concepto de margen de solvencia establecido por el
Gobierno Nacional en el artículo 2° del Decreto núm. 3556 de
2008 que a su vez se refiere al establecido en el Decreto núm.
882 de 1998, el cual asimila el margen solvencia de las
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado a la
liquidez, entendida como la capacidad de pago con la que
cuentan dichas entidades para cancelar en un término no
superior a 30 días las cuentas de los proveedores de bienes o
prestadores de servicios de salud o usuarios.
63. No obstante, lo anterior, la parte demandante no
cuestiona dicho concepto atendiendo a que sus
argumentos se circunscriben a controvertir la segunda
parte del artículo citado, en el cual se determina el
catálogo de cuentas para acreditar el margen de
solvencia y en el que se excluyen las inversiones de las
entidades promotoras de salud del régimen subsidiado,
por lo que deberá analizarse si a partir de la definición
de margen de solvencia establecida por el Gobierno
Nacional vigente para la fecha en que se expidió el acto
acusado era posible o no excluir dicho concepto.
Eficiencia del sistema de seguridad social en salud
64. La parte demandante indica que con la exclusión de
las inversiones para acreditar el margen de solvencia de
las Entidades Promotoras de Salud del régimen
subsidiado se vulnera el principio de la eficiencia en
materia de salud.
65. De la lectura del aparte del acto administrativo acusado, se
evidencia que, para la acreditación del margen de solvencia de
las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado, se
considerarían: i) la subcuenta denominada “disponible” la cual
se encuentra ubicada dentro de los activos; […] Y de dicha
suma se restaría lo correspondiente a las provisiones y los
depósitos que corresponden a la cuenta de pasivos y los
recibidos por anticipado que corresponden a la subcuenta de
diferidos dentro de los pasivos.
66. Así las cosas, la Sala observa que, de las cuentas y
subcuentas establecidas para acreditar el margen de
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solvencia por parte de las Entidades Promotoras de
Salud, no se observa una vulneración al principio de
eficiencia del sistema de seguridad social en salud por
los siguientes motivos:
66.1 Dentro de las cuentas señaladas se encuentra que
dentro de los activos se refieren a recursos […] de las
unidades de pago por capitación del régimen subsidiado
que como se estableció tienen el atributo de estar
destinadas específicamente a la prestación de los
servicios incluidos en el plan de beneficios
anteriormente denominado plan obligatorio de salud.
66.2 Asimismo, del catálogo de cuentas y su descripción en lo
referente a los pasivos se observa que los mismos se derivan
de la provisión de bienes y servicios en salud, las glosas
presentadas por las Instituciones Prestadoras del Servicio de
Salud14 y los pasivos diferidos15, los cuales están directamente
relacionados con la prestación de los servicios de salud, y que
dada su naturaleza en principio deben ser pagados con los
recursos de las unidades de pago por capitación.
66.3 Entendida la eficiencia del sistema de seguridad
social en salud como la utilización óptima de los recursos
para la prestación de los servicios de salud, no encuentra
la Sala que al atar el margen de solvencia de las
Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado
a dichas cuentas se afecte dicho principio, toda vez que
se atiende a la destinación específica de los recursos de
las unidades de pago por capitación y se incluyen los
bienes y servicios derivados de la prestación del servicio
de salud como pasivos, lo cual demuestra la consonancia
entre el catálogo de cuentas y la naturaleza de los
recursos de la salud.
14
“[…] Las glosas son las objeciones a la facturación presentada por las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud-IPS, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las facturas y sus
respectivos soportes, las cuales pueden determinarse al interior de la misma institución o por las entidades
con las cuales se hayan celebrado contratos de prestación de servicios, tales como Empresas Promotoras
de Salud-EPS, Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Compañías de Seguros, Fondos
de Salud y otras IPS […]” (Concepto 113490 de 2008 expedida por el Subcontador General y de
Investigación encargado de la Contaduría General de la Nación).
15
Conforme lo establecido en el Decreto núm. 2650 de 29 de diciembre de 1993 se refiere al valor de los
ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales tienen el carácter de pasivo, que debido a su origen
y naturaleza han de influir económicamente en varios ejercicios, en los que deben ser aplicados o
distribuidos, se dividen en ingresos recibidos por anticipado, abonos diferidos, utilidad diferida en ventas
a plazos, crédito por corrección monetaria diferida e impuestos diferidos.
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67. La Sala considera que el acto administrativo acusado,
atiende la definición de margen de solvencia establecida por el
Gobierno Nacional, como se muestra a continuación:
[…]
68. Así las cosas, la Sala considera que el concepto de
margen de solvencia vigente para el momento en que se
expidió el acto acusado, establecido en el Decreto núm.
3556 de 2008 que remite al Decreto núm. 882 de 1998,
señala que el mismo debe atender a la capacidad de pago
de las Entidades Promotoras de Salud del régimen
subsidiado para cancelar las cuentas de los proveedores
de bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios,
y permite que la Superintendencia Nacional de Salud
señale los parámetros, lo cual se observa fue atendido
en el momento en que se estableció el catálogo de
cuentas para acreditar el margen de solvencia por las
siguientes razones:
68.1 Como se indicó las cuentas y subcuentas señaladas en el
catálogo de cuentas para acreditar el margen de solvencia de
las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado, se
refieren a recursos de las unidades de pago por capitación […],
tal y como lo señala el Decreto núm. 3556 de 2008, que
asimila el margen de solvencia con la capacidad de pago
para dichos conceptos.
68.2 Asimismo, dada la naturaleza del plan único de cuentas y
atendiendo a que el mismo establece las descripciones y
dinámicas de cada cuenta, el catálogo de cuentas establecido
en el artículo demandado no puede analizarse de manera
aislada y en esa medida debe considerarse su descripción.
68.2.1 Así las cosas, se evidencia que en lo referente a la
cuenta de activos disponibles la Resolución núm. 0724 de
200816 los describe de la siguiente manera: “[…] Comprende
las cuentas que registran los recursos de liquidez
inmediata, total o parcial, con que cuenta el ente económico
y puede utilizar para fines generales o específicos […]”.
(Destacado fuera de texto)
68.2.2 De esta manera se observa que, de acuerdo con
las descripciones señaladas en el plan único de cuentas
y la naturaleza de los activos disponibles, estos
encuadran en el supuesto del margen de solvencia
16
Que fue modificada en lo pertinente por el acto administrativo acusado.
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establecido en el Decreto núm. 3556 de 2008, que como
se ha indicado asimila el margen de solvencia con la
liquidez que deben tener las Entidades Promotoras de
Salud del régimen subsidiado para pagar las cuentas de
proveedores, usuarios y prestadores de servicios de
salud en un término no superior a 30 días calendario
desde la fecha establecida para pago, lo anterior por
cuanto los activos disponibles se describen como
recursos de liquidez inmediata que permiten cancelar las
cuentas en el término establecido para ello.
68.2.3 Por lo anterior, debe advertirse que la manera en
que fue establecido el catálogo de cuentas en el acto
administrativo acusado per se no afecta la eficiencia del
sistema, dado que atiende al concepto de margen de
solvencia establecido por el gobierno nacional, se
expidió por la Superintendencia Nacional de Salud que
era la entidad competente para ello y además atiende a
la destinación específica de los recursos de las unidades
de pago por capitación.
69. Asimismo, en la descripción de la subcuenta de inversiones
establecida en la Resolución 724 de 2008, da cuenta de su
naturaleza y finalidades en el ámbito de las Entidades
Promotoras de Salud al indicar “[…] Comprende las cuentas
que registran las inversiones admisibles, obligatorias,
cuentas en participación y otras inversiones adquiridas
por el ente económico con carácter temporal o
permanente, con la finalidad de mantener una reserva
secundaria de liquidez, establecer relaciones
económicas con otras entidades o para cumplir con
disposiciones legales o reglamentarias […] El origen de
los fondos para constituir inversiones de carácter
permanente de las entidades que administren recursos
del SGSSS, salvo en el caso de las inversiones
obligatorias, no podrá corresponder a los recursos
generados por concepto de UPC, toda vez que estos por ser
una parafiscalidad son de utilización exclusiva para la
prestación del Plan Obligatorio de Salud y su administración.
Tales inversiones podrán realizarse producto de la distribución
de las utilidades o excedentes anuales (capitalizaciones, entre
otros), o en su defecto de ingresos no operacionales o
extraordinarios (utilidades por venta de activos-acciones,
propiedad planta y equipo, etc.) […]”. (Destacado fuera de
texto)
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70. Del análisis de la descripción señalada supra se evidencia
que las inversiones en el caso de las Entidades Promotoras de
Salud del régimen subsidiado se dirigían a obtener una reserva
secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas o el
cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, lo cual
se ajusta a lo señalado en los numerales 56 y 57 supra, por
cuanto su finalidad es la de fortalecer financieramente a la
entidad, generar utilidades o el cumplimiento con las
obligaciones legales y reglamentarias impuestas y en esa
medida su fundamento no es en principio el de responder
por las cuentas generadas en virtud de la prestación de
los servicios de salud los cuales como se indicó cuentan
con unos recursos específicos derivados de las unidades
de pago por capitación y de otros activos derivados de la
fluidez de dichos recursos hacia la Entidad Promotora de
Salud como las deudas a favor del ente económico por
dicho concepto.
71. De igual manera, observa la Sala que la parte demandante
señala que el margen de solvencia debe proteger a las
empresas como entidad aseguradora dado que considera que
es un instrumento legal para su salvaguarda desde el punto de
vista financiero y no a los usuarios quienes pueden ser
atendidos en otras entidades o instituciones prestadoras del
servicio.
72. Para la Sala este argumento no es atendible por cuanto
como se ha indicado en esta providencia la naturaleza de
servicio público y derecho fundamental de la salud implica que
el principio de eficiencia no se circunscriba únicamente a lo
financiero o técnico, y en consecuencia no es dable
circunscribir este principio a lo netamente económico o
de mercado, y en ese sentido, su margen amplío de
protección implica la garantía de la utilización óptima de
los recursos para la prestación de los servicios de salud,
en virtud de la obligación del Estado de asegurar la
prestación eficiente de dicho servicio a los usuarios lo
cual se ve reflejado con el establecimiento del margen
de solvencia a partir de los recursos destinados para la
prestación de los servicios señalados.
73. Ahora bien, considera la parte demandante que con la
exclusión de las inversiones en plan único de cuentas para
acreditar el margen de solvencia de las Entidades Promotoras
de Salud del Régimen subsidiado, se desconoce la autorización
para realizar inversiones con los recursos correspondientes al
margen de solvencia establecidas en el artículo 8 del Decreto
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núm. 1485 de 1994 y lo previsto en los artículos 11 y 12 ibídem
sobre las operaciones financieras no autorizadas y regulación
de inversiones.
74. Al respecto la Sala considera que el texto original del
artículo 817 del Decreto núm. 1485 de 1994, establecía el
cálculo del margen de solvencia de las Entidades Promotoras
de Salud a partir del establecimiento de un monto equivalente
al resultado de multiplicar el número de beneficiarios mensual
por el promedio ponderado mensual de la unidad de pago por
capitación, asimismo se establecía que la clase, composición y
restricciones del portafolio de inversiones procedentes
correspondientes al margen de solvencia serían las previstas
para las sociedades del fondo de cesantía, lo cual se veía
reflejado en los artículos 918 y 1019 ibídem que establecían una
inversión obligatoria sobre los pagos anticipados por ventas de
planes obligatorios de salud y planes complementarios y la
posibilidad de realizar inversiones de infraestructura para
prestar servicios de salud, para las entidades que acreditaran
un margen de solvencia determinado.
75. Así las cosas, la Sala considera que si bien en el
Decreto núm. 1485 de 1994, se establecía la posibilidad
de realizar inversiones del margen de solvencia, las
mismas estaban condicionadas a la existencia de pagos
anticipados respecto de la venta del Plan Obligatorio de
17
“[…] Artículo octavo Régimen general sobre margen de solvencia. Las Entidades Promotoras de
Salud, sin excepción, deberán mantener como margen de solvencia un patrimonio mínimo
equivalente al monto que resulte de multiplicar el número de beneficiarios que tenga cada mes
por el valor del promedio ponderado mensual de la unidad de pago por capitación UPC.
Para el cálculo del valor del margen de solvencia se harán cortes trimestrales, debiendo la Entidad
Promotora de Salud acreditar como margen de solvencia la suma que resulte de realizar la operación antes
mencionada, tomando como base para dicha operación el número y composición de afiliados del período
inmediatamente anterior […]
En todo caso la garantía para el Plan Obligatorio de Salud nunca podrá ser inferior a dos mil quinientos
(2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, después del segundo año de funcionamiento.
La clase, composición y restricciones del portafolio de inversiones procedentes correspondientes al margen
de solvencia, mientras no se disponga en contrario por el Gobierno Nacional, serán las previstas para las
sociedades administradoras de fondos de cesantía.
Parágrafo. Para el cálculo del patrimonio se deducirá el costo de los activos destinados a la prestación
del servicio, salvo en la parte financiada con pasivos […]” (Destacado fuera de texto)
18
“[…]Artículo noveno. Margen de solvencia sobre pagos anticipados. Las entidades deberán constituir
inversiones equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) sobre los pagos anticipados superiores a dos
(2) meses de servicios, que reciban por concepto de la venta del Plan Obligatorio de Salud o de Planes
Complementarios. Con las sumas resultantes se constituirá un portafolio dentro del régimen aplicable a
los fondos de cesantía […]”.
19
“[…] Artículo décimo. Inversión del margen de solvencia Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º.
las entidades que tengan el margen de solvencia, entre un rango de cuatro mil y ocho mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha corte, podrán, a través de contratos de fiducia mercantil, siempre y
cuando el régimen legal lo permita, destinar hasta un 40% del valor del margen para realizar inversiones
directas en infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud. Cuando el valor del margen sea
superior a ocho mil salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de liquidación, podrán,
conforme el mecanismo antes descrito, invertir conforme el mecanismo previsto para infraestructura,
hasta un 65% de las sumas que excedan el monto mencionado […]”
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Salud y de Planes Complementarios y a la acreditación
de un margen de solvencia entre un rango de cuatro mil
y ocho mil salarios mínimos en el caso de las inversiones
de infraestructura, lo cual precisamente requería que se
estableciera previamente el margen de solvencia con la
utilización de la fórmula derivada del cálculo de las unidades de
pago por capitación o la existencia de pagos anticipados por
venta de los mencionados planes, lo cual aun cuando
permitía la realización de inversiones estaba supeditado
a la acreditación del margen de solvencia y la utilización
de los recursos con posterioridad a la acreditación del
margen de solvencia o en circunstancias excepcionales
como en el caso de los pagos anticipados.
76. Asimismo, la Sala resalta que en el momento en que se
expidió el acto acusado los artículos 8 y 10 del Decreto núm.
1485 de 1994 habían sido derogados por el Decreto núm. 882
de 1998, que en su artículo primero estableció que el margen
de solvencia se entendía como “[…]la liquidez que debe tener
una Entidad Promotora de Salud y/o Administradora del
Régimen Subsidiado, cualquiera sea su forma legal, para
responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones
con terceros, sean estos proveedores de bienes o prestadores
de servicios de salud o los usuarios. Se entenderá por liquidez
la capacidad de pago que tienen las Entidades Promotoras de
Salud y/o las Administradoras del Régimen Subsidiado para
cancelar, en un término no superior a 30 días calendario, a
partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los
proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o
usuarios. […]”, el cual fue igualmente señalado en el artículo 2
del Decreto núm. 3556 de 2008 ya analizado en el caso sub
examine.
77. De igual manera, del análisis de los artículos 11 y 12 del
Decreto núm. 1485 de 1994, se evidencia que, este se
circunscribe a determinar las operaciones financieras no
autorizadas, las restricciones a las operaciones entre las
Entidades Promotoras de Salud y sus subordinadas y la
regulación de inversiones, de las cuales no se evidencia la
obligatoriedad de su inclusión para el cálculo del margen de
solvencia, dado que en virtud de lo previsto en los Decretos
núms. 882 de 1998 y 3556 de 2008 este concepto en el
caso de las Entidades Promotoras de Salud del régimen
subsidiado se refiere a su liquidez y su capacidad de
pago de cuentas por los servicios de salud, proveedores
y usuarios que deben ser pagadas en principio con los
recursos de las unidades de pago por capitación pero que
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en casos excepcionales de acreditación de un margen de
solvencia alto o el pago anticipado de recursos podían
ser objeto de inversiones.
78. Asimismo, la parte demandante al desarrollar el concepto
de la violación considera que conforme lo establecido en el
parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto núm. 046 de 2000, las
Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado pueden
constituir inversiones de alta liquidez, por lo que aduce deben
ser tenidas en cuenta para el cálculo del margen de solvencia.
79. La Sala considera que dicho argumento no tiene
vocación de prosperidad por cuanto para el momento en
que fue expedido el acto administrativo acusado, el
parágrafo 1 del artículo 8 había sido derogado por el
artículo 5220 del Decreto núm. 50 de 13 de enero de 2003
“[…] Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo
financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones […]”.
80. De igual manera, observa la Sala que si bien las normas
técnicas de contabilidad establecen la posibilidad de que este
tipo de inversiones hagan parte de la liquidez, atendiendo sus
características y disponibilidad cuando son a corto plazo, en el
caso específico de las Entidades Promotoras de Salud del
régimen subsidiado dicho análisis debe matizarse, por
cuanto si bien, conforme a la norma vigente para el
momento en que se expidió el acto acusado, el concepto
de margen de solvencia se asimilaba a la liquidez, la
misma como se ha indicado estaba unida al pago de los
servicios de salud y en esa medida las cuentas para su
acreditación necesariamente debían atender a la Unidad
de Pago por Capitación y las cuentas que la contienen.
81. La Sala considera que por regla general en el caso de
las Entidades Promotoras de Salud del régimen
subsidiado las inversiones constituyen una reserva
secundaria de liquidez y, en consecuencia, no responden
al concepto de capacidad de pago a 30 días, que como se
señaló supra es el concepto al que se asimilaba el
margen de solvencia para el momento en que fue
expedido el acto administrativo acusado.
20
“[…]Artículo 52. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el
Decreto 723 de 1997 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, inciso 3º parágrafo 1º del artículo 8º del Decreto 046 de 2000 […]” (Destacado
fuera de texto).
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82. Asimismo, en lo referente a la presunta vulneración de
los artículos 5 y 8 del Decreto núm. 515 de 2004
(modificado por el Decreto núm. 3556 de 2008), la Sala
encuentra que el aparte del acto administrativo acusado, no
vulnera dichas normas por cuanto el establecimiento de las
cuentas para la acreditación del margen de solvencia por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud, atendieron al
concepto de margen de solvencia vigente y la
disponibilidad de los activos para su acreditación, a
partir de la relación existente entre los servicios de salud
y los recursos para su pago contenidos en la unidad de
pago por capitación.
83. De igual manera, atendiendo a que el plan único de cuentas
es un instrumento de contabilidad que pretende dar
uniformidad y coherencia a las operaciones contables de las
entidades, el catálogo de cuentas puede ser objeto de
modificaciones dado su dinamismo y la posibilidad de
que este se adapte a las condiciones del mercado y los
hechos económicos que se pretenden registrar,
respetando las restricciones y autorizaciones de las
normas legales que regulan el sistema, lo cual
eventualmente podría llegar a variar las cuentas y
subcuentas que se deben atender para su acreditación.
84. La Sala considera que, de conformidad con la naturaleza de
los Planes Únicos de Cuentas, la exclusión de ciertas
cuentas dentro de su catálogo no implica una restricción
o prohibición para la realización de ejercicios financieros
siempre que las Entidades Promotoras de Salud del
régimen subsidiado estuvieren autorizadas legalmente
para realizarlas, y, en consecuencia, no afecta la
utilización eficiente de los recursos por cuanto no impide
la realización de inversiones y la eventual consecución
de una reserva secundaria de liquidez o picos de liquidez
temporal que pudieran llegar a generarse en un
específico ejercicio. […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con la sentencia transcrita, la exclusión de las
inversiones realizadas por las EPS del Régimen Subsidiado del
catálogo de las cuentas destinadas a acreditar la liquidez o el
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margen de solvencia no implica una vulneración al principio de
eficiencia del sistema de seguridad social en salud, debido a que,
por regla general, en el caso de las EPS del Régimen Subsidiado las
inversiones constituyen una reserva secundaria de liquidez y, en
consecuencia, no responden al concepto de capacidad de pago a 30
días calendarios, para cancelar las cuentas de los proveedores de
bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios, al que se
asimilaba el margen de solvencia, vigente para el momento en que se
expidió el acto acusado, establecido en el Decreto núm. 3556 de 2008,
que remite al Decreto núm. 882 de 1998.
Que atendiendo a que el Plan Único de Cuentas es un instrumento de
contabilidad que pretende dar uniformidad y coherencia a las
operaciones contables de las entidades, el catálogo de cuentas puede
ser objeto de modificaciones, dado su dinamismo y la posibilidad de
que este se adapte a las condiciones del mercado y los hechos
económicos que se pretenden registrar, respetando las restricciones y
autorizaciones de las normas legales que regulan el sistema, lo cual
eventualmente podría llegar a variar las cuentas y subcuentas que se
deben atender para su acreditación.
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Y que, de conformidad con la naturaleza de los Planes Únicos de
Cuentas, la exclusión de ciertas cuentas dentro de su catálogo
no implica una restricción o prohibición para la realización de
ejercicios financieros siempre que las EPS del Régimen Subsidiado
estuvieren autorizadas legalmente para realizarlas, y, en consecuencia,
no afecta la utilización eficiente de los recursos, por cuanto no impide
la realización de inversiones y la eventual consecución de una reserva
secundaria de liquidez o picos de liquidez temporal que pudieran llegar
a generarse en un especifico ejercicio.
Por tal razón, este cargo no está llamado a prosperar.
SEGUNDO CARGO: FALTA DE COMPETENCIA
El segundo cargo se refiere a que la Superintendencia Nacional de
Salud no tenía motivos ni mucho menos competencia para excluir del
cálculo de margen de solvencia y liquidez, a través de la disposición
acusada, aquello que estaba de sobra autorizado por normas anteriores
y de mayor jerarquía.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la antes citada
sentencia de 4 de febrero de 202121 de esta Sección, en la que se
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00444-00.
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precisó que de conformidad con el numeral 6 y parágrafo del artículo
4º y el numeral 30 del artículo 6º del Decreto núm. 1018; los artículos
155 y 233 de la Ley 100; y 39 y 40 de la Ley 112222, la
Superintendencia Nacional de Salud sí tenía la competencia para fijar
el Plan Único de Cuentas de las EPS del Régimen Subsidiado, así como
las cuentas que debían atenderse para acreditar el margen de solvencia
de dichas entidades, al contar con una habilitación legal expresa para
ello y contribuir a la eficiencia en su gestión como organismo de
dirección, vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
La referida sentencia, además, puntualizó que, en lo concerniente a la
exclusión dentro del catálogo de cuentas para la acreditación del
margen de solvencia de las inversiones y su conveniencia respecto del
sistema de seguridad social en salud, se tendría en cuenta lo analizado,
en el cargo de nulidad referente a la presunta afectación a la eficiencia
del sistema, atendiendo a que se refiere al presunto desconocimiento
de normas superiores y no a un tema propio de la competencia para la
expedición del acto administrativo acusado.
22
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de
dictan otras disposiciones”.
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Al respecto, cabe mencionar, que la Resolución núm. 0000872 de
2009, contentiva del artículo 2º acusado, en este caso, al igual que
la Resolución núm. 1424 de 7 de octubre de 2008, enjuiciada en
el proceso objeto de estudio en la sentencia de 4 de febrero de
202123 de esta Sección, hace referencia al Plan Único de Cuentas para
las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud
y Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud y Servicios
de Ambulancia por Demanda; y fue expedida por el Superintendente
Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, y en
especial de las que le confieren el Decreto 1018 de 2008, y los artículos
232 y 233 de la Ley 100 de 1993, conforme consta en su
encabezamiento. Por lo tanto, no cabe duda que la sentencia de 4 de
febrero de 2021 resulta aplicable al caso bajo examen, como a este
cargo de violación, y, en tal sentido, se reiteran las consideraciones
expuestas, sobre este asunto.
Así, discurrió la Sala, en la citada sentencia:
“[…] Naturaleza jurídica y funciones administrativas de
la Superintendencia Nacional de Salud
25. Vistos: i) el artículo 48 de la Constitución Política sobre la
seguridad social; ii) el artículo 49 ibídem sobre el derecho a la
salud; y iii) el numeral 22 del artículo 189 ibídem sobre las
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00444-00.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
funciones del Presidente de la República, que establecen lo
siguiente:
“[…] Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a
la Seguridad Social.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas
o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella […]”
“[…] Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la
prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su
cargo en los términos y condiciones señalados en la ley […]”
“[…] Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República
como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: […]
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de
los servicios públicos […]” (Destacado fuera de texto)
26. Vistos los artículos 155 y 233 de la Ley 100, sobre los
integrantes del sistema de seguridad social en salud y la
Superintendencia Nacional de Salud, que establecen lo
siguiente:
[…] Artículo 155. Integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad
Social en Salud está integrado por:
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1. Organismos de Dirección, Vigilancia y Control:
a) Los Ministerios de Salud y Trabajo;
b) El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
c) La Superintendencia Nacional en Salud;
2. Los Organismos de administración y financiación:
a) Las Entidades Promotoras de Salud […]
Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de
salud. La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo
adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente […]”
27. Vistos los artículos 39 y 40 de la Ley 1122 de 9 de
enero de 200724 sobre los objetivos de la Superintendencia
Nacional de Salud y sus facultades y competencias, que
establecen lo siguiente:
“[…] Artículo 39. Objetivos de la Superintendencia
Nacional De Salud. La Superintendencia Nacional de Salud,
en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y
control, desarrollará, además de los señalados en otras
disposiciones, los siguientes objetivos:
a) Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del
Sistema General de Seguridad Social en Salud;
b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos del
servicio público esencial de Seguridad Social en Salud;
c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y promover el
mejoramiento integral del mismo;
d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su
derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en
salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en
salud;
e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice
sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los
profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de
salud;
f) Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo,
administración, custodia y aplicación de los recursos con
destino a la prestación de los servicios de salud;
24
“[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema General de Seguridad Social en Salud y
de dictan otras disposiciones […]”.
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g) Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante
dentro de los actores del Sistema General de Seguridad Social
en Salud;
h) Promover la participación ciudadana y establecer
mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, que
deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de
los actores del Sistema […]
Artículo 40. Funciones y facultades de la
Superintendencia Nacional De Salud. La Superintendencia
Nacional de Salud, además de las funciones y facultades ya
establecidas en otras disposiciones, cumplirá dentro del
Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, las siguientes:
a) Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control al
Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, y demás actores del
sistema, incluidos los regímenes especiales y exceptuados
contemplados en la Ley 100 de 1993;
b) Inspeccionar, vigilar y controlar que las Direcciones
Territoriales de Salud cumplan a cabalidad con las funciones
señaladas por ley, conforme a los principios que rigen a las
actuaciones de los funcionarios del Estado, e imponer las
sanciones a que haya lugar. En virtud de la misma potestad
mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte
podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se
tramitan en las entidades territoriales de salud, cuando se
evidencia la vulneración de dichos principios;
c) Con sujeción a las normas contenidas en el Código
Contencioso Administrativo, señalará los procedimientos
aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de
Salud respecto de las investigaciones administrativas
sancionatorias que deba surtir, respetando los derechos del
debido proceso, defensa, o contradicción y doble instancia;
d) Introducir mecanismos de autorregulación y solución
alternativa de conflictos en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud;
e) Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia
y control frente a sus vigilados, en cuyo desarrollo podrá iniciar,
proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de
competencia de los demás órganos que ejercen inspección,
vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, garantizando el ejercicio de la ética
profesional, la adecuada relación médico paciente y el respeto
de los actores del sistema por la dignidad de los pacientes y de
los profesionales de la salud;
f) Sancionar en el ámbito de su competencia y denunciar ante
las instancias competentes las posibles irregularidades que se
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puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad
Social de Salud;
g) Vigilar, inspeccionar y controlar que se cumplan los criterios
para la determinación, identificación y selección de
beneficiarios y aplicación del gasto social en salud por parte de
las Entidades Territoriales;
h) Vigilar que las Instituciones aseguradoras y prestadoras del
Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y
apliquen dentro de un término no superior a seis (6) meses, un
Código de conducta y de buen gobierno que oriente la
prestación de los servicios a su cargo y asegure la realización
de los fines de la presente ley;
i) Autorizar la constitución y/o habilitación y expedir el
certificado de funcionamiento de las Entidades Promotoras de
Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado;
j) Las demás que conforme a las disposiciones legales se
requieran para el cumplimiento de sus objetivos.
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de su función de
inspección y vigilancia, la Superintendencia Nacional de Salud
podrá contratar la realización de programas o labores
especiales con firmas de auditoría […]”
28. De conformidad con las normas citadas la Sala considera
que la atención de la salud tiene una doble connotación por
cuanto además de ser un derecho, es un servicio público a
cargo del Estado y en consecuencia corresponde al Presidente
de la República ejercer su inspección y vigilancia, función que
es desarrollada a través de la Superintendencia Nacional de
Salud, la cual es una autoridad administrativa que tiene la
función de formular, dirigir y coordinar la política de inspección,
vigilancia y control del sistema general de la seguridad social
en salud, definiendo políticas y estrategias para la protección
de los ciudadanos y sus derechos en materia de salud.
[…]
30. La parte demandante aduce que la Superintendencia
Nacional de Salud “[…] no tenía motivos ni de
conveniencia, ni mucho menos de competencia para
excluir del cálculo de margen de solvencia y liquidez,
aquello que estaba de sobra autorizado por normas
anteriores y de mayor jerarquía […]”
31. Para resolver este cargo de nulidad, la Sala analizará los
siguientes temas: i) la competencia de la Superintendencia
Nacional de Salud para expedir el Plan Único de cuentas de las
Entidades Promotoras de Salud y ii) análisis concreto del cargo.
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Competencia de la Superintendencia Nacional de Salud
para fijar los mecanismos y procedimientos contables de
las Entidades Promotoras de Salud
32. Vistos: el numeral 6 y parágrafo del artículo 4 y el
numeral 30 del artículo 6 del Decreto núm. 1018 de 30
de marzo de 200725 “[…] por el cual se modifica la estructura
de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras
disposiciones […]”, que establecen lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Ámbito de Inspección, Vigilancia y Control.
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, en el
marco que determine la ley, la inspección, vigilancia y control
de:
6. Las Entidades Administradores de Planes de Beneficios
de Salud (EAPB) de cualquier naturaleza […]
Parágrafo. Se entiende por Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades Promotoras
de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Empresas
Solidarias de Salud, las Asociaciones Mutuales en sus
actividades de Salud, las Entidades que administren planes
adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las
entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al
régimen de excepción de salud y las universidades en sus
actividades de salud […]
[…] Artículo 6°. Funciones. La Superintendencia Nacional de
Salud tendrá las siguientes funciones: […]
30. Fijar con sujeción a los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a
las instrucciones del Contador General de la Nación,
cuando sea del caso, los mecanismos y procedimientos
contables que deben adoptar los hospitales, las empresas
de medicina prepagada, las Empresas Sociales del Estado, las
entidades especiales de previsión social, las Instituciones
Prestadoras de Servicio de Salud y las Entidades Promotoras
de Salud, cuando no estén sujetas a la inspección,
vigilancia y control de otra autoridad […] (Destacado
fuera de texto)
33. Esta Sección ha considerado respecto de la competencia de
la Superintendencia Nacional de Salud para establecer los
25
Vigente para la fecha en que se expidió el acto administrativo acusado. Posteriormente fue derogado en
el artículo 37 del Decreto núm. 2642 de 7 de noviembre de 2013 “[…] Por medio del cual se modifica la
estructura de la Superintendencia Nacional de Salud […]”.
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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO
mecanismos y procedimientos contables de las Entidades
Promotoras de Salud, lo siguiente26:
[…] esta Sección ha reconocido que la facultad de instrucción
que en materia contable le compete a la Superintendencia
Nacional de Salud sobre sus vigiladas es limitada, toda vez que
la misma no puede desconocer los mandatos constitucionales
y legales ni apartarse de las disposiciones adoptadas por el
Contador General de la Nación en relación con tales materias
[…]”
34. De conformidad con las normas citadas supra, la Sala
considera que la Superintendencia Nacional de Salud tiene una
función de instrucción y supervisión respecto de los
mecanismos y procedimientos de contabilidad que deben
adoptar las Entidades Promotoras de Salud, la cual debe
atender a las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y las instrucciones del Contador
General de la Nación y además deben estar acordes con la
Constitución Política y las normas legales pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
Plan único de Cuentas
35. Vistos los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto núm. 2650 de
29 de diciembre de 1993 “[…] Por el cual se modifica el Plan
Único de Cuentas para los comerciantes […]”, sobre el objetivo,
contenido y elementos de los planes únicos de cuentas que
establecen lo siguiente:
“[…] Artículo 1° Objetivo. El Plan Único de Cuentas busca la
uniformidad en el registro de las operaciones económicas
realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la
transparencia de la información contable y por consiguiente, su
claridad, confiabilidad y comparabilidad.
Artículo 2° Contenido. El Plan Único de Cuentas está
compuesto por un Catálogo de Cuentas y la descripción y
dinámica para la aplicación de las mismas las cuales deben
observarse en el registro contable de todas las operaciones o
transacciones económicas.
Artículo 3° Catálogos de cuentas. El Catálogo de Cuentas
contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,
grupos, cuentas y subcuentas del activo, pasivo, patrimonio,
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 16 de marzo de 2012, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00197-01.
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ingresos, gastos, costos de ventas, costos de producción o de
operación y de orden.
Dicho catálogo está conformado por los códigos numéricos
indicativos de cada cuenta y la denominación de las mismas.
Artículo 4° Descripciones y dinámicas. Las descripciones
expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases,
grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican las
operaciones a registrar en cada una de las cuentas.
Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las
cuentas y realizar los diferentes movimientos contables que las
afecten […]”
36. La Corte Constitucional ha considerado respecto del plan
de cuentas, sus características y elementos lo siguiente27:
“[…] El plan de cuentas es la organización sistemática y
metódica de las distintas operaciones o transacciones
económicas realizadas por una entidad o empresa
determinada. La finalidad de estos planes es simplemente
lograr la uniformidad en el registro de dichas operaciones. Los
planes de cuentas permiten entonces ordenar, clasificar
y presentar la información contable en forma clara,
precisa y comprensible, con el fin de facilitar su manejo,
tanto para los entes que la elaboran como para los
órganos de control.
Generalmente el plan de cuentas se compone de dos partes:
1) un catálogo de cuentas que contiene una relación
ordenada y clasificada de los distintos grupos, clases,
cuentas y subcuentas, identificadas con códigos y su
respectiva denominación; y 2) la descripción y dinámica
para la aplicación de las mismas, es decir, los
procedimientos a seguir. La descripción consiste en detallar
los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas
incluidas en el catálogo; y la dinámica indica la forma en que
se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes
movimientos contables que las afecten.
Puede concluirse entonces, que el plan de cuentas permite
obtener una información contable detallada, completa y
comprensible del manejo de los recursos e inversiones
de una determinada entidad pública, lo cual facilita en
27
Corte Constitucional, sentencia C-570 de 6 de noviembre de 1997, M.P Carlos Gaviria Díaz.
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gran medida el cumplimiento de sus labores, el
conocimiento veraz de su estado financiero y la toma de
decisiones, al igual que la vigilancia y control de los
dineros por los organismos encargados de ello […]”
(Destacado fuera de texto).
37. De conformidad con las normas señaladas la Sala considera
que los planes de cuentas son una herramienta de contabilidad
que permite la organización en el registro de la información
contable atendiendo a los principios de uniformidad, claridad,
confiabilidad y comparabilidad, la cual se compone
generalmente de un catálogo de cuentas, las descripciones y
dinámicas, las cuales permiten clasificar de manera ordenada
las clases, grupos, cuentas y subcuentas para su posterior
registro.
Análisis concreto del cargo
38. La Sala considera que la Superintendencia Nacional de
Salud tenía la competencia para expedir el artículo 7° de la
Resolución 1424 de 7 de octubre de 2008, mediante la cual se
modifica el Plan Único de Cuentas de las Entidades Promotoras
de Salud, por las siguientes razones:
38.1 Conforme con las normas señaladas en el numeral 32
supra, la Superintendencia Nacional de Salud tiene dentro de
sus funciones la de fijar los mecanismos y procedimientos de
contabilidad que deben adoptar las Entidades Promotoras de
Salud, cuando estén sometidas a su inspección, vigilancia y
control.
38.2 El Plan único de Cuentas es una herramienta de
contabilidad que permite la organización uniforme del registro
de información contable, por lo que la Superintendencia
Nacional de Salud era competente para fijar las cuentas que
debían atenderse para acreditar el margen de solvencia de las
Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado al ser
una entidad sometida a su inspección, vigilancia y control.
38.3 Asimismo, de conformidad con las normas citadas en los
numerales 26 y 27 supra la Superintendencia Nacional de Salud
como organismo de Dirección, vigilancia y control del sistema
general de seguridad social en salud, tiene dentro de sus
objetivos, el de vigilar el cumplimiento de las normas que
regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
velando por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo,
administración, custodia y aplicación de los recursos destinados
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a la prestación de los servicios de salud, razón por la cual la
determinación de un plan único de cuentas, y un catálogo de
cuentas específico para la acreditación del margen de
solvencia, se convierte en una herramienta útil y necesaria
para ejercer las mencionadas funciones y optimizar la
recolección y análisis de los estados contables de las entidades
sujetas a su vigilancia.
39. En suma, la Sala concluye que la Superintendencia
Nacional de Salud tenía la competencia para fijar el Plan
Único de Cuentas de las Entidades Promotoras de Salud
del Régimen subsidiado al contar con una habilitación
legal expresa para ello y contribuir a la eficiencia en su
gestión como organismo de dirección, vigilancia y
control dentro del sistema general de seguridad social
en salud, razones por las cuales este cargo no está
llamado a prosperar.
40. No obstante lo anterior, la Sala considera que lo
referente a la exclusión dentro del catálogo de cuentas
para la acreditación del margen de solvencia de las
inversiones y su conveniencia respecto del sistema de
seguridad social en salud, debe ser analizado en el cargo
de nulidad referente a la presunta afectación a la
eficiencia del sistema, atendiendo a que se refiere al
presunto desconocimiento de normas superiores y no a
un tema propio de la competencia para la expedición del
acto administrativo acusado. […]” (Destacado fuera de
texto).
En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas legales
invocadas por los actores, razón suficiente para que se mantenga la
presunción de legalidad que ampara el artículo 2º, acusado, de la
Resolución núm. 0000872 de 2009 y no se acceda a las súplicas de
la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes,
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo
que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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